Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal deducido a fs. 776/796 vta. por el defensor de PABLO DANIEL MANSE, con costas por su orden.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA OTROS RECURSOS Nº:030 OBJETO: RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
FECHA: 25 de junio de 2019 AUTOS: "MANSE PABLO DANIEL S/HOMICIDIO SIMPLE", Expte. Nº M-1039/17/T.S.J.-
I.-) Que llega la presente causa a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de analizar la admisibilidad del recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 776/796 vta. por la defensa oficial de PABLO DANIEL MANSE, contra el interlocutorio dictado por este Alto Cuerpo, a fs. 755/764 vta., el que resuelve "...1º) RECHAZAR el recurso de casación interpuesto a fs. 731/735 y por el Defensor de PABLO DANIEL MANSE...".-
II.-) Que la defensa de MANSE planteó "...violación a la defensa en juicio, al debido proceso (art. 18 CN), así como arbitrariedad de la sentencia... se sostiene desde ésta Defensa Técnica que tal como se encuentra reflejada la mensuración del quantum punitivo en contra de mi pupilo, ha mediado en el caso, una valoración selectiva y arbitraria de los elementos mencionados como pautas agravantes de la sanción -que por otra parte y como más adelante se abundará no merecen esa calificación- y si bien se señalaron circunstancias atenuantes es decir que concurren en beneficio de Manse, las mismas no se ven reflejadas en la pena finalmente impuesta, que de este modo jamás podría justificar un apartamiento tal del mínimo legal como se dió en la sentencia impugnada.
Lo expuesto permite sostener primero que ha quedado seriamente afectada la debida proporcionalidad entre el delito y la medida de la condena y segundo que cabe señalar como la sentencia en el punto atacado carece de fundamentación suficiente, lo que origina y da sustento a la procedencia de este remedio extraordinario pues si bien los magistrados en el fallo impugnado indicaron algunas circunstancias atenuantes y agravantes que tuvieron en consideración al momento de individualizar la pena, no explicaron ni siquiera fugazmente las demás pautas de mensuración que establece el art. 41 del Código Penal..." (fs. 786 vta.).- Agregó que "...Su objeto es entonces evitar situaciones de arbitrariedad ante la ausencia de tales requisitos y en consecuencia en tal contexto la pena impuesta a mi defendido no ha sido motivada suficientemente en los términos de la legislación aplicable.
Cabe destacar que en los supuestos de penas divisibles por razón de tiempo o cantidad, los tribunales fijarán condena de acuerdo a las circunstancias agravantes y atenuantes de cada caso y de conformidad con las pautas del art. 41 del CP... no se observa la proporcionalidad exigida sino que por el contrario la pena impuesta a Manse se presenta como excesiva en relación a los parámetros evaluados para su fijación. Este vicio además de constituir un quiebre en la fundamentación implica una errónea aplicación de la norma contenida en el art. 40 del código adjetivo.. en definitiva V.E. si bien es cierto que lo relativo a la aplicación de las reglas de los arts. 40 y 41 del Código Penal es materia propia de los jueces de mérito, quienes se encuentran investidos de facultades discrecionales para fijar la sanción, dicha potestad no los exime de fundar debidamente los motivos que los llevaron a arribar a una pena determinada..." (fs. 787 vta.).- Manifestó que "...esta defensa técnica fundamenta el presente recurso, descalificando la sentencia recurrida como acto jurisdiccional válido puesto que con su dictado se ha verificado un claro vicio de arbitrariedad, consistente en la convalidación del fallo del 'a-quo' que incurrió en la inobservancia de lo dispuesto en los arts. 40 y 41 del Código Penal, derivada esencialmente de no haber explicitado los incisos 1º y 2º del art. 41 del CP ni señalar fundadamente en la sentencia en que consistieron cada una de las pautas de mensuración tomadas en cuenta al momento de individualizar la pena impuesta a mi asistido así como que se omitieron valorar conforme las constancias de la causa, elementos que claramente se traducen en atenuantes de la sanción...
De todo lo expuesto V.E. se colige que la pena impuesta a mi defendido no fue debidamente merituada ni fundamentada y no se condice la imposición de una pena por demás elevada del tope mínimo, con los hechos probados en la causa así como con los informes sociales, médicos y de personalidad de mi defendido..." (fs.788).- Sostuvo que "...Debe destacarse que este tipo de anomalía resulta incompatible con la garantía de defensa en juicio. En consecuencia el recurso extraordinario que por el presente se fundamenta debe tener favorable acogida por V.E. pues el rechazo del remedio casatorio ha tenido lugar tan solo mediante afirmaciones de carácter general que no pueden reputarse como respuesta jurisdiccional válida..." (fs. 789).-
Planteó "...en consecuencia V.E. el rechazo del remedio casatorio, vulnera la garantía de revisión del fallo condenatorio y a todo evento patentiza el vicio de arbitrariedad originado por las escuetas y vagas referencias limitándose a una remisión mecánica de los fundamentos que oportunamente fueran cuestionados mediante el recurso de casación, aludiendo genéricamente a determinados elementos pero sin explicar las razones y grado en que cada uno de ellos dosificaron la pena... como se advierte V.E. la resolución en crisis ha fallado contra la concesión del recurso casatorio a partir de un esquema argumental que, como se puede apreciar no ha consultado el núcleo del planteo efectuado por la defensa, centrado en la determinación del alcance y observancia de la garantía constitucional de debido proceso legal y defensa en juicio consagrada en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional así como en el ordenamiento vigente al momento del acto cuestionado como determinada por medio de numerosos precedentes jurisprudenciales dictados por V.E.
Este vicio de fundamentación no sería tan grave si no fuera porque el núcleo argumental al que aludí y que fuera expuesto por la defensa, que nada tiene en común con la búsqueda de una tercera instancia 'ordinaria' ni siquiera fue mencionado en el momento de resolver acerca de la admisibilidad del recurso articulado..." (fs. 790).- Señaló "...es así como se advierte la arbitrariedad de la decisión en crisis que, suprimiendo toda referencia a la cuestión constitucional alegada e involucrada en el caso, se limitó a efectuar el rechazo del recurso de casación... el rechazo del recurso sólo trasunta un excesivo rigor formal desatendiendo el tratamiento jurisdiccional de serias alegaciones relativas a la vulneración de las garantías constitucionales que deben regir en todo proceso penal, lo que conduce a la procedencia de éste remedio extraordinario federal a los fines de garantizar adecuadamente el respeto a los derechos y garantías de todo justiciable en causa penal así como los principios sentados por V.E..." (fs. 790).- Sostuvo "...en efecto, tal como surge de los antecedentes de la resolución ahora atacada, el rechazo del recurso de casación, importa la negación de la fiscalización del resolutorio atacado ello por cuanto como ya se manifestara de ningún modo fueron tratados los agravios que concretamente fueran expresados en oportunidad de fundamentarse el recurso incoado.
Concretamente los argumentos utilizados para rechazar el recurso, son completamente incompatibles con la idea de un recurso amplio que signifique concederle verdaderamente al imputado la oportunidad de defenderse una vez más, tal como lo consagran el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos al conceder al derecho del justiciable a recurrir ante un tribunal superior..." (fs. 790 vta.).- Manifestó "...así las cosas sostengo ante V.E. que el fallo en crisis causa agravio a mi defendido por cuanto se ha configurado violación al debido proceso legal así como a la defensa en juicio, garantías constitucionales cuya transgresión generan por sí solas la cuestión federal suficiente que fundamenta el presente recurso extraordinario.
En orden a ello es que se insiste en abordar la cuestión en concreto, en tanto configura un cuadro de grave afectación constitucional que se mantuvo en el tiempo y que no ha sido subsanado pese al agotamiento de las instancias jurisdiccionales previas ..." (fs. 792 vta.).-
Finalmente manifestó que "...el resolutorio no ha efectuado un análisis de los agravios vertidos y omite así la verdadera aplicación de normas y garantías constitucionales en juego, poniéndose en cuestión al omitirse la aplicación de normas, la validez de una ley del Congreso habiendo sido la decisión contraria a su validez, todo lo cual configura asimismo cuestión federal bastante lo que origina la procedencia del recurso extraordinario que se incoa (fs. 793 vta.)... La violación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso legal (art. 18 CN) y del principio de legalidad, poseen íntima y directa relación con los agravios vertidos y en definitiva con los hechos de la causa, lo que viabiliza sin más la procedencia del presente recurso extraordinario.
Así las cosas sostengo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no se ha cumplimentado en la resolución atacada con el deber constitucional de fundar su decisión ya que sólo se encuentra satisfecha esa exigencia de modo aparente pues como ya se dijera se ha omitido toda consideración al núcleo de alegaciones referidas a violaciones de garantías constitucionales (fs. 794 vta.)... que con el alcance explicitado la cuestión federal que se somete a estudio por medio de éste recurso, resulta totalmente apta, toda vez que el tribunal sólo explicó de modo arbitrario el quantum de la sanción sobre la base de pautas objetivas, sin tampoco tener en cuenta las subjetivas (fs. 795)... que en consecuencia se requiere que, en base a las argumentaciones jurídicas desarrolladas la Corte Suprema de Justicia de la Nación tache de arbitrariedad la sentencia dictada en los presentes autos, revocándola en cuanto fuere materia del recurso aquí interpuesto..." (fs. 795 vta.).- III.-) Que a fs. 797 se ordena traslado del recurso extraordinario al Sr.
Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien, a fs. 798/799, dictamina que: "...resulta necesario como previo, pronunciarme en cuanto a si el libelo recursivo ha superado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad que tal vía recursiva exige conforme las prescripciones del artículo 14 de la ley 48 para la prosperidad de su concesión. Con ello me refiero a la interposición en tiempo y forma; a la introducción y mantenimiento de la 'cuestión federal' así como que fue deducido contra una sentencia definitiva dictada por el tribunal de la causa en el ámbito de la provincia y que ella sea contraria al derecho federal invocado así como la deducción, tramitación específica, oportuna y formal del recurso, entre ello si se ha dado cumplimiento a lo exigido por la acordada Nro. 4/07 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Asimismo debo acotar que el remedio procesal escogido, como recurso de apelación federal resulta una modalidad impugnaticia que el régimen argentino adoptó del sistema judicial norteamericano, como ya se ha dicho otras veces, con la finalidad de asegurar el mantenimiento de la supremacía constitucional, garantizado en nuestro ordenamiento legal vigente por los arts. 31, 116 y 117 de la CN. Si bien las prescripciones precedentemente señaladas se encuentran cumplimentadas en la pieza recursiva extraordinaria en análisis; el recurrente al describir las razones que justifican el remedio intentado, articula la hipótesis que en abstracto podría ser encasillada como tipo jurisprudencial de valoración absurda y arbitrariedad.
En ese entendimiento, considero V.E. que el recurso interpuesto no supera el pertinente juicio de admisibilidad puesto que los agravios que lo originan no cuentan con fundamento suficiente para la invocación de indudable carácter excepcional como lo constituye la arbitrariedad, ello atento no detectarse en la sentencia que se recurre, valoración absurda ni pronunciamiento arbitrario manifiesto, ni apartamiento de los principios de la lógica que justifiquen la excepción y extraordinario remedio federal, toda vez que tampoco se encuentra afectado el principio de la sana crítica. Ello en tanto los motivos señalados para explicar los vicios presuntamente detectados en el pronunciamiento impugnado no logran ab initio demostrar la ausencia de razones en un andamiaje intelectual, como así tampoco que el fallo en cuestión, se haya apartado manifiestamente de la ley aplicable al caso de marras.
En efecto la sola mención efectuada de los preceptos constitucionales y pretendidamente desconocidos, no autoriza a concluir que la misma se haya concretado. De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional... La doctrina jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recurso extraordinario federal ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de 'fundamentación autónoma' a que se refiere el art. 15 de la ley 48 pues según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el apelante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian... de su lado, el art. 3 inciso d) de la acordada 4/2007, impone al recurrente la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas.
No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada, constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio y contemple los términos del fallo en recurso, del cual deben rebatirse, mediante una prolija crítica, todos y cada uno de los argumentos en que se apoya y dan lugar a agravios... la expresión de fundamentos del recurso extraordinario debe ser completa, integral y abarcadora de todo lo ocurrido en la causa resultando necesario para su admisibilidad el desarrollo jurídico demostrativo de que la resolución cuestionada por el recurso sea contraria al derecho federal invocado y que cause gravamen.
El agravio que sustente el recurso debe ser propio, jurídicamente protegido, concreto, efectivo y actual, este recaudo no cumplido en el presente y exigido por el art. 15 de la ley 48 constituye lo que en doctrina se denomina fundamentación autónoma del recurso extraordinario, de tal modo que su fundamento resulte de los autos y tenga una relación directa e inmediata con las cuestiones de validez de los artículos de la Constitución, leyes, tratados o comisiones en disputa. Esta exigencia consiste en que el escrito mediante el cual se articula el remedio federal, demuestre la presencia de una cuestión Federal, cuya solución no ha logrado satisfacer las expectativas de los recurrentes. Por ende no basta refutar una a una las cuestiones ni la decisión que los recurrentes estimen correctas, deben rebatirse los fundamentos de la sentencia cuestionada con agravios razonados y sin omitirse ningún fundamento de carácter decisivo.
En especial la cuestión federal que debe guardar con lo debatido y decidido, relación directa e inmediata pues lo contrario conduce a la no procedencia del recurso... en el sub lite, la presentación denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que el ensayo recursivo esbozado no alcanza a ser una crítica capaz de revertir la decisión atacada, y la enunciación de las normas constitucionales supuestamente vulneradas no logra demostrar configuración de esta en el concreto caso de autos. En síntesis, la cuestión federal que habilita un recurso extraordinario tiene que perfilarse como un aspecto central de debate judicial y no meramente accidental o lateral cuya solución sea indispensable para sentenciar en el proceso (fallos 312:1494) por ello soy de opinión que V.E. debe declarar inadmisible el recurso impetrado...".- IV.-) Que corresponde, entonces, verificar si se cumplen los requisitos de admisibilidad del recurso de marras, tal y como lo dispone el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable a la especie); los arts. 14 y 15 de la Ley n° 48; y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación números 4/2007 (integrada por la Acordada Nº 3/2012), 31/2011 y 38/2011.
A fin de definir si la cuestión federal planteada guarda alguna elemental conexión con la realidad del caso, pues es deber de los órganos judiciales competentes resolver circunstanciadamente si la apelación federal, prima facie valorada, cuenta con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso excepcional de competencia para la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 323:3081).- En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el recurso se articuló ante este Tribunal Superior, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo exigido por el artículo 257 de CPC y C de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa que el recurrente dió cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011, al presentar el recurso deducido en formato de hoja A 4.-
Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde entonces, el análisis a la luz de las previsiones de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 2º de la Acordada N° 3/2012 y el punto 2° de la Acordada 31/2011, que regula los requisitos que deben cumplir los escritos de interposición de un recurso extraordinario federal.-
En este análisis se constata que la presentación no supera las 40 páginas, cada una de las cuales no sobrepasa los 26 renglones y han sido escritas con letra claramente legible (art. 1). Cuenta, asimismo, con la carátula en hoja aparte con las exigencias establecidas en el artículo 2º de la norma mencionada.-
Asimismo, se advierte que el recurrente constituyó domicilio en la Capital Federal [conf. artículo 2º, inciso d) de la Acordada Nº 4/2007] y que consignó el código de usuario contemplado en la Acordada Nº 31/2011, el cual resulta obligatorio en virtud de lo dispuesto por el artículo 4º de la Acordada Nº 3/2012.-
Al analizar los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida es asimilable a sentencia definitiva [entendiéndose por tales aquellas que ponen fin al pleito o hacen imposible su continuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (conf. sum. Fallos: 303:633)], fue dictada por el máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales (inciso a); así como también requiere un relato de las circunstancias relevantes del caso relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal (inciso b), lo cual se encuentra cumplido en la presentación en estudio. Hasta aquí llega el cumplimiento de los requisitos del artículo 3º.- Ahora bien, al continuar con el estudio del recurso vemos que el escrito no cumple cabalmente con los recaudos previstos en los incisos c), d) y e) del art. 3° de la Acordada N° 4/2007, conforme se detallará a continuación.-
En efecto, el recurrente no logra demostrar cuál es el perjuicio constitucional personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación que el pronunciamiento impugnado le ocasiona, sino que sólo se limita a mencionar una serie de derechos que emanan de la Constitución Federal y que, dice, han sido menoscabados [conf. art. 3º inc. c), de la Acordada 4/2007].-
Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia del artículo 3º incisos d) y e) de la Acordada 4/2007 y 14 de la Ley 48.-
Entre otros requisitos, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley 48. Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como cuestión federal. La cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales.-
El recurrente funda su recurso extraordinario en el artículo 14º de la ley 48 sin especificar en cuál de sus incisos y sin indicar adecuadamente de qué forma fueron vulneradas las normas que considera infringidas (cfr. fs. 796).-
En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (art. 14º, inc. 1 de la Ley 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (art. 14º, inc. 2 de la Ley 48), ni tampoco se decidió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (art. 14º, inc. 3 de la Ley 48).-
Esto es así ya que en el sub lite se resolvió, en definitiva, sobre la responsabilidad penal del encartado, sin que para llegar a tal conclusión se haya debatido en el pleito ninguna cuestión federal, lo que hace inadmisible el recurso extraordinario (cfr. Fallos: 101:70 y sum. Fallos: 148:62; y 307:129).-
Al respecto, adviértase que los motivos mencionados en el recurso extraordinario federal de fs. 776/796 vta. están referidos en última instancia a la aplicación de derecho común, por lo que fácil resulta advertir que tales causales devienen inatendibles para un remedio federal, constituyendo motivo suficiente para declarar inadmisible la presentación en estudio.-
En numerosos precedentes este Tribunal ha expresado que adhiere a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de vedar la habilitación del recurso extraordinario a cuestiones que se muestran típicamente vinculadas al derecho común, las que por vía de principio se encuentran marginadas de la instancia extraordinaria (T.S.J. Santa Cruz, Tº I, Sentencias, Rº 9, Folio 15/18; Fallos 310:927; 310:2114; 311:1171, entre otros).-
Las razones que sustentan el criterio apuntado para vedar la viabilidad de los recursos extraordinarios son: a) Esa especie de disposiciones normativas, interpretación del derecho común, son de hermenéutica privativa de los jueces de la respectiva instancia; y b) Ese tipo de normas no afectan el orden de prelación normativo consagrado en el artículo 31 de la Constitución Federal (cfr. Palacio, Lino Enrique, El recurso extraordinario federal, Abeledo Perrot, 1997, pág. 161). A ello debemos adunar un tercer motivo: que el recurso extraordinario federal está destinado a preservar el principio que inviste a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como intérprete final de la Constitución Nacional, pero no como exégeta final del derecho común.- En esta inteligencia ha entendido el Cimero Tribunal Nacional que "...La interpretación y aplicación de la Constitución y normas de derecho local efectuadas por los tribunales provinciales son ajenas a la instancia extraordinaria..." (Fallos 312: 2110), salvo que el tribunal superior de la causa prescinda de dar un tratamiento adecuado a la controversia, supuesto excepcional no verificado en autos.-
Por otra parte, no se desarrolla en el escrito "...la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas..." [conf. inciso d) del art. 3º], como así tampoco la "fundamentación autónoma" a que se refiere el artículo 15º de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo impugnado, de modo tal que el recurrente debe rebatir todos los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (conf. sum. Fallos: 308:2421; 331:2149 y Fallos: 311:499 -dictamen del Procurador General que la Corte comparte-). No se cumple con este recaudo cuando, como sucede en el recurso en estudio, los agravios vertidos no constituyen una crítica concreta y razonada de los argumentos en los que se apoya la sentencia (cfr. sum. Fallos: 323:1261 y 331:809).- Tampoco se advierte "...la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso; ni que la decisión impugnada es contraria al derecho esgrimido por el apelante con fundamento en aquéllas..." [cfr. Acordada 4/2007, art. 3º, inciso e)].-
Esto se sigue -como se observó más arriba- de la inexistencia de cuestión federal (conf. art. 14º de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (cfr. Palacio de Caeiro, Silvia B., Recurso Extraordinario Federal, 2º Ed. Bs. As., La Ley 2012. p. 431/432; y TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Otros Recursos, Reg. 362, Folio 1365/1368).-
V.-) Que con respecto del otro carril por el que se intenta encauzar el recurso, debe recordarse que la Corte Suprema ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, la revisión de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces como la "sentencia fundada en ley" a que hacen referencia los artículos 17º y 18º de la Constitución Federal (Fallo 325:3265 y sus citas).- Su finalidad es resguardar las garantías de defensa en juicio y debido proceso, exigiendo que los pronunciamientos de los jueces sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (cfr. Fallos: 261:209; 274:135; 279:355; 284:119; y 297:100).-
No puede prosperar la denuncia de arbitrariedad que se le enrostra a la sentencia de marras, toda vez que no se observan en el pronunciamiento impugnado ninguno de los presupuestos que las configuran. Sobre la materia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que: "...No puede tenerse por demostrada a los fines del recurso extraordinario la arbitrariedad de la sentencia... si los agravios vertidos configuran meras discrepancias con los argumentos y fundamentos del decisorio y versan sobre cuestiones de hecho, prueba e interpretación de normas de derecho común..." (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 05/09/2002, 'G., G. c. Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno y otro', LL 2003-A, 47 - DJ 2002-3, 803 - RCyS 2002, 1088).- En función de lo antedicho y de la lectura del resolutorio atacado, se constata que este Alto Tribunal realizó una interpretación de los elementos obrantes en la causa y de la normativa aplicable que no se vislumbra como arbitraria.
Sobre esta cuestión, es oportuno traer a colación parte de los considerandos de la resolución obrante a fs. 755/764 vta. "...con relación a la arbitrariedad alegada, corresponde inicialmente advertir, que los argumentos empleados por el recurrente delata su discrepancia con la valoración de la prueba efectuada por los Sres. Jueces quienes concluyeron en la certeza del hecho objeto de este proceso, más no la prescindencia de prueba con aptitud para tener incidencia en el fallo. Esta proposición se expone para mostrar que los agravios de la defensa no exhiben una hipótesis de arbitrariedad. La sentencia no ha marginado ningún elemento de prueba, ingresado al debate, cuya consideración hubiera llevado a un fallo distinto.
Sabemos que, efectivamente, una sentencia que prescinda de ponderar prueba relevante ingresada legítimamente al proceso, constituye una hipótesis de arbitrariedad, pues, la motivación o fundamento del fallo ha de ser, necesariamente, incompleto, por tanto parcial. No se advierte que la sentencia impugnada incurriera en valoración absurda de la prueba, pues en el voto de la jueza que encabeza el pronunciamiento, se vincula con criterio lógico los elementos de convicción colectados en la causa; podrá compartirse o no las conclusiones a las que se arriban, pero no por ello puede catalogarse como arbitrario el pronunciamiento. En la sentencia de fs. 706/714, se aprecia que los medios probatorios han sido analizados en forma conjunta e interpretados y valorados en correcta subsunción al hecho reprochado, exhibiendo una solvente apreciación de la prueba ingresada al juicio a través de la sana crítica...
En resumen, no resulta viable impugnar la fundamentación del fallo como lo hace la defensa, sobre la base de un punto de vista diferente, puesto que no han demostrado que en el pronunciamiento condenatorio, haya incurrido arbitrariamente en un apartamiento del derecho aplicable o en omisiones sustanciales en la valoración de la prueba; siendo la discrepancia y reedición de lo expuesto en los alegatos en la interpretación de los hechos insuficiente para sustentar la tacha de arbitrariedad... por lo expuesto, se puede concluir que la graduación de la pena realizada por los integrantes de la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial, no puede ser catalogada como arbitraria, en tanto el fallo ha fijado los lineamientos para la determinación de la pena y los ha merituado al caso en concreto, ponderando agravantes y atenuantes de acuerdo con las constancias de la causa...".- En atención a lo expuesto se debe afirmar que la tacha de arbitrariedad, en consecuencia, cabe sólo frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a resulta de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (cfr. sum.
Fallos 311:1950; 315:449; 323:3139). Ninguna de las circunstancias apuntadas acontece en autos, toda vez que este Tribunal ha explicado las razones jurídicas en las cuales se apoya la decisión, adunándolas con citas doctrinarias y jurisprudenciales que son contestes con el criterio sustentado.-
Abonando la doctrina fijada por la C.S.J.N. en los autos "Casal, Matías E. Y otro" (fallo del 20/IX/05, La Ley Suplemento Penal octubre 2005), este Alto Cuerpo hubo de cumplir con la finalidad y el espíritu del citado precedente, efectuando una revisión integral del hecho imputado y la prueba de cargo que condujo a la condena del imputado.-
En el resolutorio de fs. 755/764 vta., este Tribunal se avocó al "contralor de logicidad" del fallo de la Excma. Cámara Criminal, verificando la razonabilidad de la materialidad histórica imputada a PABLO DANIEL MANSE y que la interpretación y valoración de los elementos probatorios fuera realizada en forma adecuada y pormenorizada, agotando esta instancia casatoria su capacidad revisora, acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y la jurisprudencia internacional en la materia, orientando en tal sentido la interpretación de las normas procesales locales.-
Surge evidente, por lo tanto, la insuficiencia recursiva ya que no logran perforar la barrera establecida en el art. 15 de la Ley Nº 48, que exige la fundamentación suficiente del recurso y la relación directa e inmediata a cuestiones de validez del orden jurídico federal, ámbito normal del recurso extraordinario que debe ser excepcional, mostrando una sentencia "arbitraria", "insostenible", "irregular" o carente de fundamentos suficientes para sustentarla o desprovista de todo apoyo legal y fundada tan sólo en la voluntad de los jueces que lo suscriben (Carrió, Genaro y Carrió, Alejandro, El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria, Abeledo Perrot, 1983, Tº I, pág. 25. Ver también T.S.J., Santa Cruz, Tº I, Otros Recursos, Rº 16, Fº 43/45; entre varios).- VII.-) Que a mayor abundamiento, compartiendo este Tribunal Superior de Justicia lo dictaminado por el Sr. Agente Fiscal, la discrepancia del recurrente con el criterio y valoración de las normas de naturaleza no federal, o la sola refutación de los argumentos del fallo sin demostrar la violación de las normas constitucionales, no habilita por si sólo la "excepcionalidad" de la apelación extraordinaria federal, aplicada al caso de arbitrariedad, más aún cuando el recurso en tratamiento carece de la fundamentación autónoma exigida para declarar su procedencia.-
Precisamente -por competer a una jurisdicción excepcional- el control de constitucionalidad no puede ser ejercido cuando el asunto no compromete la supremacía federal garantizada por el art. 31 de la Constitución Nacional, pues, de no ser así, la Corte Suprema actuaría con un poder general de revisión de las sentencias de los tribunales locales alterando el sistema federal de gobierno (Fallos 1:28; 5:59; 13:115; 15:174; 72:73; 91:228; 100:203; 210:543; 214:257; 219:109; 223:486; 234:163; 236:286; 241:351; 251:7; 257:37; 281:267 y 286:148 entre otros). Sobre tal pilar y conforme se expusiera, "...el recurso extraordinario presupone la decisión exclusiva sobre puntos de derecho federal..." (Fallos 196:184), ya que si así no fuera, la Corte Suprema actuaría como un Tribunal ordinario de última instancia (Fallos 114:148; 185:358; 189:188; 190:220 y 193:11, entre otros).- En este sentido, cabe destacar el ayuno de precisa fundamentación del recurso sub examine, pues carece de la debida conexión entre la materia del pleito y el derecho federal que estima desconocido, no divisándose en autos la posibilidad de que al reclamante se le hubiere cercenado derecho alguno garantizado por los arts. 14 y 18 CN; ni 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.-
Sobre el particular, la CSJN ha establecido que la sola mención de la afectación de preceptos constitucionales no alcanza para abrir la vía extraordinaria (cfr. sum Fallos: 165:62, 266:135 y 310:2306; entre otros). Sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho o garantía que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar la cuestión federal. De otro modo, la jurisdicción extraordinaria sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho no federal (cfr. sum Fallos: 310:2306).- En autos, el recurrente sólo se ha limitado a enumerar derechos y garantías constitucionales que considera menoscabados, sin explicar de qué manera el fallo produjo esa violación.-
VIII.-) Que por lo expuesto, no encontrándose configurados los extremos que justifiquen la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por tratarse de planteos ajenos a los arts. 14 y 15 de la Ley Nº 48, y no cumplir con lo establecido con la Acordada de la CSJN 04/2007, corresponde rechazar el recurso articulado, con costas por su orden, en razón de la naturaleza y finalidad institucional del mismo.-
Por todo ello, oídos que fuera el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, por aplicación de las normas legales, doctrina y jurisprudencia antes citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. NO CONCEDER el recurso extraordinario federal deducido a fs. 776/796 vta. por el defensor de PABLO DANIEL MANSE, con costas por su orden.-
2. Regístrese, Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los presentes autos mediante oficio de estilo.-
FIRMADO: Dra. Paula E. Ludueña -Presidente Tribunal Superior de Justicia; Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal; Reneé Guadalupe Fernández - Vocal. Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz -Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2003O.191 TOMO:IV– OTROS RECURSOS- T.S.J.
REGISTRO Nº:030 FOLIO Nº: 191/198 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia