Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-2347/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 345/350 vta. y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 357/358.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-2347/19-TSJ Interlocutorio N°: 3620 Actor: MANSILLA CARINA ALEJANDRA Demandada: ASOCIACIÓN CLUB DEPORTIVO HISPANO AMERICANO Objeto: LABORAL Fecha: 05-08-2021 Texto: TOMO XXXII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3620 FOLIO Nº 6293/6297 PROT. ELECT. TSS1 041 I.211
Río Gallegos, 5 de agosto de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “MANSILLA CARINA ALEJANDRA C/ ASOCIACIÓN CLUB DEPORTIVO HISPANO AMERICANO S/ LABORAL”, Expte. Nº M-24.784/12 (M-2347/19-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver, y;
Voto de los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau:
I. Que, llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, por intermedio de sus letrados apoderados, Dres. Nicolás Pedro Eduardo Cévalo Boro y Karina Paola Saúl (cfr. fs. 345/350 vta.), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 326/342 vta., que revocó parcialmente la sentencia de Primera Instancia, admitiendo parcialmente la demanda entablada.- La parte demandada recurre el fallo de Segunda Instancia en los términos del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, acusando violación de la ley. Además de ello, se incluye la queja por la imposición a su parte de las costas de Primera Instancia y el 80% de las costas de Segunda Instancia (cfr. fs. 345 y vta.).-
II. La parte actora promovió demanda laboral reclamando su inclusión en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 462/06, con más las diferencias salariales que se hubieren devengado (cfr. fs. 10/12 vta.).-
Por su parte, la accionada sostuvo que el correcto encuadre convencional de la actora es el del CCT N° 370/75, por lo cual solicita el rechazo de la pretensión (cfr. fs. 39/47).-
La sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia rechazó la demanda (cfr. fs. 283/288).-
Por su parte, la Excma. Cámara de Apelaciones en su sentencia de fs. 326/342 vta., resuelve revocar parcialmente la sentencia de grado, admitiendo parcialmente la demanda entablada por la Sra. Mansilla, determinando que el encuadramiento convencional aplicable es el N° 462/06, admitiendo el pago de las diferencias salariales. Además de ello, se revoca el punto 2°) de la sentencia recurrida, imponiendo las costas de Primera Instancia a la demandada. Por último, impone las costas de Segunda Instancia en un 80% a la parte demandada y en un 20% a la parte actora.- De modo liminar, se afirma en el recurso en tratamiento, que vienen a impugnar el fallo emitido por la Excma. Cámara de Apelaciones “...por vulnerar la garantía de defensa en juicio y por violación de la ley al revocar parcialmente la Sentencia de Grado admitiendo la demanda entablada y determinando que el encuadramiento convencional aplicable es el Nro. 462/06 y en consecuencia resuelve admitir el pago de diferencias salariales como asimismo, impone las costas de Primera Instancia a cargo de mi representada en su totalidad, y un 80% de las costas de esta Segunda Instancia también a mi representada.” (cfr. fs. 345 y vta.).- Sostiene, que: “...tratando de analizar los pocos argumentos del a-quem, sostenemos que afirmar que el C.C.T aplicable resulta ser el convenio más favorable al trabajador por imperio del art. 9 de la L.C.T resulta ser un absurdo jurídico, ello puesto que pacíficamente se sostiene que la actividad principal del trabajador es la que se erige como indicadora del encuadramiento convencional... Obviamente el Juez ni siquiera explica como arriba a la afirmación que el C.C.T 462/2006 es más favorable que el CCT 370/75.” (cfr. foja 348).- Expone que: “La Sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones con su nueva composición resulta contraria al derecho de defensa de esta parte ya que representa una franca violación del principio de seguridad jurídica al contradecirse palmariamente con lo resuelto en los autos caratulados: 'Vargas Paula Andrea c/ Asociación Club Deportivo Hispano Americano s/ Laboral', Expte. 16659/13 (16.174/16) Registro Nro. 171 del Tomo VII -Sentencia- Folio: 126/130 Prot. Elect. A 102 104 S.161 que con fecha 29 de Junio de 2016 en una litis con un reclamo idéntico declaró aplicable el CCT 370/75 y que se encuentra a estudio de ese Alto Cuerpo.” (cfr. foja 349 vta.).- Hacen reserva del caso federal (cfr. fs. 349 vta./350).-
A fs. 357/358 la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
A foja 364 pasan los presentes al Acuerdo.-
III. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
A dicho fin, no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido reiteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que este Tribunal Superior de Justicia puede entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, sólo si se reúnen determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 2667/2670).- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
A la luz de estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva de fs. 345/350 vta. no satisface mínimamente los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
Los argumentos desplegados en la impugnación bajo estudio remiten a típicas cuestiones de hecho y prueba, ajenas en principio a esta instancia extraordinaria, salvo demostración de absurdo o arbitrariedad, lo que no se vislumbra en el caso de autos.-
La temática planteada no resulta susceptible de revisión -en principio- en esta instancia extraordinaria. Así, este Alto Cuerpo ha sostenido en reiteradas oportunidades que todo lo relativo a la interpretación y aplicación de las convenciones colectivas de trabajo no es materia que pueda y merezca ser revisada mediante los recursos extraordinarios provinciales, por ser una típica cuestión de hecho ajena al conocimiento del Tribunal Superior de Justicia, salvo absurdo o violación de las leyes que la rigen (cfr. Interlocutorio, Tomos X, Reg. 1383, Folio 1924/1926; XXII, Reg. 2786, Folio 4347/4350; XXIII, Reg. 2853, Folio 4494/4497; XXIV, Reg. 2954, Folio 4747/4750; XXV, Reg. 3043, Folio 4931/4934, XXXI, Reg. 3548, Folio 6114/6118, entre otros), circunstancias que -como se adelantó- no aparecen demostradas en el recurso bajo análisis.- En idéntico sentido se ha expedido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, al afirmar que: “…como los convenios colectivos no constituyen ley en sentido formal, sino un contrato, su aplicación e interpretación es cuestión circunstancial propia de la instancia ordinaria y ajena a la casación…” (cfr.
“Maller”, causa L PL 82.300, sent. de 19/07/2006, entre otras). En este sendero, indicó que “…la interpretación de las cláusulas de una convención colectiva de trabajo, o su aplicación a una específica relación laboral, constituye una cuestión privativa de los jueces de grado y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo…” (cfr. “Arce”, causa L PL 118.380, sent. del 11/04/2018 y “Pérez”, causa L PL 110.090, sent. del 11/09/2013, entre otras).- De igual modo, este Alto Cuerpo ha resuelto que el discernimiento de un reclamo por diferencias salariales constituye una cuestión de hecho y prueba -materia propia de los jueces de grado- que es, en principio, irrevisable en casación, salvo el caso de absurdo en la valoración de la prueba (cfr.
Interlocutorio, Tomos XXIII, Reg. 2878, Folio 4536/4539, XXIV, Reg. 2906, Folio 4616/4618 XXXI, Reg. 3548, Folio 6114/6118). En esta línea, el Cimero Tribunal bonaerense sostuvo que “…determinar si al trabajador le corresponde -o no- percibir alguna suma de dinero en concepto de diferencias salariales, es función privativa del tribunal del trabajo y las conclusiones que al respecto formulen -por referirse a una típica cuestión de hecho- no son en principio revisables en casación, salvo el supuesto excepcional de absurdo…” (cfr. “Castillo”, causa LP L 82.019 S, sent. del 7/09/2005; “Iriarte”, causa LP L 93.883 S, sent. del 28/05/2008; “Attene Ramos” causa LP L 108.252 S, sent. del 06/06/2012).-
IV. En este marco, se advierte que el escrito portador del recurso evidencia endebles críticas no apontocadas en argumentos jurídicos y fácticos que permitan calificarlas de razonadas o fundadas, omitiendo rebatir las razones esenciales brindadas por la Excma. Cámara de Apelaciones.-
Por el contrario, las afirmaciones de la recurrente pretenden discurrir libremente sobre su particular interpretación del caso y la forma en que debió fallarse. Empero, omite desplegar un desarrollo argumental que patentice un yerro en el razonamiento revelado en el acto sentencial cuestionado.-
Es que, apartándose de la línea reflexiva que llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión objetada, los impugnantes se limitan a proponer un renovado análisis de los hechos y las pruebas según su propio y personal criterio valorativo, poniendo sólo en evidencia la pretensión de disputarles el ejercicio de la facultad que les asiste -en modo privativo- en lo vinculado a la interpretación de las cláusulas de la convención colectiva de trabajo y a dirimir si en el caso concreto se verificaron la existencia de diferencias remuneratorias.- La mera expresión de una opinión discrepante no basta para acreditar -ante las cuestiones de hecho- que las definiciones que contiene a su respecto el pronunciamiento del tribunal de grado, sean portadoras del vicio del ab-surdo.-
Como consecuencia de lo precedentemente señalado, los argumentos reseñados ut supra aparecen como meros criterios discordantes con la solución adoptada por el Tribunal de Alzada.-
Idéntica suerte adversa debe correr el cuestionamiento vincula-do con la supuesta afectación del derecho de defensa, en la medida en que el impugnante omite indicar de que forma se produjo la transgresión que predica -dado que sus agravios no pasan del mero enunciado- sin hacer referencia a su aplicación concreta al caso y sin explicar de que manera se habrían afectado las prerrogativas que ellos tutelan. En esta línea, este Alto Cuerpo ha sostenido inveteradamente que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de que manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156, entre otros).- Como corolario de lo expuesto, se debe concluir que las críticas de la recurrente sólo traducen diferencias de criterio con el Juzgador y no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.
Máxime cuando la interpretación sustentada por la Excma. Cámara de Apelaciones resulta suficientemente motivada, lo que avienta la posibilidad de su descalificación como acto jurisdiccional inválido. En esta inteligencia, este Alto Cuerpo ha sostenido que: “…no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente, por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación (conf. Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3194, Folio 5253/5255, entre otros). En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo; violación de la ley o de la doctrina legal; y/o quebrantamiento de forma…” (cfr.
Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3344, Folio 5580/5584), circunstancias éstas que no se avizoran en la presente causa.- En cambio, dichas circunstancias sí fueron oportunamente advertidas en un caso análogo y que fuera el mismo precedente citado por la demandada en su recurso (Punto III, foja 349 vta.). En dichos autos este Tribunal ya se expidió respecto del encuadre convencional en la sentencia registrada al Tomo XX, Reg. 673, Folio 3903/3909, en similar sentido que resolviera la Cámara en el presente caso.-
V. Finalmente, y respecto del agravio relativo a las costas, este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que el cuestionamiento relativo a la imposición y distribución de las mismas, en principio, es ajeno a esta instancia extraordinaria. Así lo ha sostenido uniformemente al expresar que: “...'...'...se encuentra detraída al conocimiento en casación por constituir una típica cuestión de hecho y de derecho procesal que escapa al control de esta instancia; constituyendo un principio general la irrevisibilidad sobre la base de que aquella imposición es facultad privativa de los jueces de grado, siendo el tema ajeno a la instancia extraordinaria, salvo cuando las costas se impusieran a quien no resultare vencido, o que exista inequidad en los criterios de distribución'…'...” (cfr. Interlocutorio, Tomos XXIX, Reg. 3423, Folio 5778/5781; XXX, Reg. 3502, Folio 5959/5995 y Reg. 3504, Folio 5999/6002, entre otros).- En el presente caso no se avizora ninguno de los supuestos excepcionales que habilitan el conocimiento en esta instancia extraordinaria.-
En el sub lite no puede considerarse que se haya alterado la calidad de vencido. Y: “…mientras no se altere la calidad de parte vencida en que se asienta el instituto de la imposición de las costas, el tema no es tratable en casación…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo V, Reg. 868, Folio 993/994 y Sentencia, Tomo XIII, Reg. 467, Folio 2539/2542).-
La imposición de las costas resuelta por el Tribunal de Alzada exhibe una argumentación suficiente que la aleja de los actos jurisdiccionales infun- dados o arbitrarios.-
VI. Que en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte demandada a fs. 345/350 vta. no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 357/358, de conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Así lo votamos.- Voto de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández:
I. Si bien concuerdo con la solución a la que arriban mis distinguidos colegas preopinantes, esto es, que el recurso de casación articulado por la parte demandada a fs. 345/350 vta. no logra habilitar la presente instancia, lo hago en virtud de los fundamentos que desarrollaré a continuación.-
II.-Los argumentos desplegados en la impugnación bajo estudio remiten a típicas cuestiones de hecho y prueba, ajenas en principio a esta instancia extraordinaria, salvo demostración de absurdo o arbitrariedad, lo que no se vislumbra en el caso de autos.-
La temática planteada no resulta susceptible de revisión -en principio- en esta instancia extraordinaria. Así, este Alto Cuerpo ha sostenido en reiteradas oportunidades que todo lo relativo a la interpretación y aplicación de las convenciones colectivas de trabajo no es materia que pueda y merezca ser revisada mediante los recursos extraordinarios provinciales, por ser una típica cuestión de hecho ajena al conocimiento del Tribunal Superior de Justicia, salvo absurdo o violación de las leyes que la rigen (cfr. Interlocutorio, Tomos X, Reg. 1383, Folio 1924/1926; XXII, Reg. 2786, Folio 4347/4350; XXIII, Reg. 2853, Folio 4494/4497; XXIV, Reg. 2954, Folio 4747/4750; XXV, Reg. 3043, Folio 4931/4934, entre otros), circunstancias que no aparecen plenamente demostradas en el recurso bajo análisis.- En idéntico sentido se ha expedido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, al afirmar que: “…como los convenios colectivos no constituyen ley en sentido formal, sino un contrato, su aplicación e interpretación es cuestión circunstancial propia de la instancia ordinaria y ajena a la casación…” (cfr.
“Maller”, causa L. 82.300, sent. de 19/07/2006, entre otras). En este sendero, indicó que “…la interpretación de las cláusulas de una convención colectiva de trabajo, o su aplicación a una específica relación laboral, constituye una cuestión privativa de los jueces de grado y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo...” (cfr. “Pérez” causa L. 110.090, sent. de 11/09/2013 y “Arce”, causa L. 118.380, sent. de 11/04/2018, entre otras) y que: “...defi-nir si un convenio colectivo de trabajo resulta aplicable o no a algunos trabajadores o si determinada actividad se encuentra comprendida en el mismo -en tanto cuestión fáctica- constituye una facultad privativa de los jueces de grado cuya decisión se encuentra exenta de revisión en casación…” (cfr.
“Villaverde, Raúl Abel c/ Jockey Club de Mar del Plata s/ Bonificación sobre venta de boletos”, del 06/03/1990, www.informaciónlegal.com.ar, Cita Online: AR/JUR/1595/1990).- En este marco, se advierte que el escrito portador del recurso evidencia endebles críticas no apontocadas en argumentos jurídicos y fácticos que permitan calificarlas de razonadas o fundadas. En efecto, la recurrente se limita a proponer un renovado análisis de los hechos y las pruebas según su propio y personal criterio valorativo, poniendo sólo en evidencia la pretensión de disputarles a los jueces de grado el ejercicio de la facultad que les asiste -en modo privativo- en lo vinculado a la interpretación de las cláusulas de la convención colectiva de trabajo.- Cabe rememorar que este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que cuando existen distintas visiones sobre el thema decidendum, como sucede en el presente caso, la adhesión a una teoría -por parte del Juzgador- no constituye materia que deba tratarse en casación, pues ello no implica -en principio- el haber incurrido en violación de la ley o arbitrariedad (cfr.
Interlocutorios, Tomos XXII, Reg. 2813, Folio 4400/4404; XXIII, Reg. 2880, Folio 4541/4546; XXIV, Reg. 2977, Folio 4800/4803; XXV, Reg. 3038, Folio 4915/4919 y XXIX, Reg. 3384, Folio 5662/5666).- Debe reputarse insuficiente, asimismo, el agravio vinculado con la supuesta afectación de derechos o garantías de orden constitucional como los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional, en la medida en que la impugnante omite indicar de qué forma se produjo la transgresión que predica -dado que sus agravios no pasan del mero enunciado- sin hacer referencia a su aplicación concreta al caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las prerrogativas que ellos tutelan.
En esta línea, este Alto Cuerpo ha sostenido inveteradamente que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156, entre otros).-
III. Por lo demás, comparto los fundamentos sostenidos por mis colegas preopinantes en lo referido al agravio relativo a las costas impuestas en la anterior instancia.-
IV. Como corolario de lo expuesto, se debe concluir que las críticas de la recurrente no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.-
En virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte demandada a fs. 345/350 vta. no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 357/358, de conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Así lo voto.- Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayo-ritario y concordante de los Sres. Vocales Dr. Daniel Mauricio Mariani, Dr. Enrique Osvaldo Peretti, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau; el voto por sus propios fundamentos de la Sra. Vocal Dra. Reneé Guadalupe Fernández, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 345/350 vta. y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 357/358.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Presidenta, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal a/c de Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1041I.211 Tomo: XXXII Interlocutorio: 3620 Folio N°: 6293/6297 Secretaría: 1
Fin de la sentencia