Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-2347/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte demandada en PE225613-2021, con costas.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-2347/19-TSJ Interlocutorio N°: 488 Actor: MANSILLA CARINA ALEJANDRA Demandada: ASOCIACION CLUB DEPORTIVO HISPANO AMERICANO Objeto: LABORAL Fecha: 23-10-2024 Texto: TOMO X -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 488 FOLIO Nº 1846/1849 PROT. ELECT. TSS1 014 O.241
Río Gallegos, 23 de octubre de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “MANSILLA CARINA ALEJANDRA c/ ASOCIACION CLUB DEPORTIVO HISPANO AMERICANO s/ LABORAL”, Expte. Nº M-24.784/12 (M-2347/19-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Alto Cuerpo en virtud del recurso extraordinario federal que articulara la parte demandada en PE225613-2021 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la resolución dictada por este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fs. 366/370, por cuanto declara mal concedido el recurso de casación que interpusiera a fs. 345/350 vta..-
La parte demandada funda el recurso interpuesto manifestando que: “...en el caso de autos se halla en juego la garantía del debido proceso prevista en el artículo 18° de la Constitución Nacional y de protección a la propiedad prevista en el Artículo 17° de la Constitución Nacional, garantías que se desconocieron palmariamente al dictar la resolución aquí recurrida.” (cfr. PE225613-2021, pág. 2).-
Expresa que, si bien en el caso el análisis se centra en cuestiones de valoración de extremos fácticos -acerca de la actividad principal del demandado, encuadramiento convencional y diferencias salariales- la ausencia total de fundamentos fácticos y jurídicos en la resolución apelada torna viable el recurso extraordinario planteado (cfr. PE cit., págs. 2/3).-
Entiende que el fallo recurrido violenta el artículo 18 de la Constitución Nacional, en tanto se encuentra fundado en meras convicciones del juzgador, apartándose de las constancias de la causa y de la solución normativa prevista para el caso. Agrega que la sentencia recurrida sólo satisface de manera aparente la exigencia constitucional de adecuada fundamentación (cfr. PE cit., pág. 3).-
Sostiene que: “No obstante fundarse este agravio federal en cuestiones de hecho y de prueba, corresponde en fundamento a la arbitrariedad apuntada la admisibilidad del recurso extraordinario articulado...” (cfr. PE cit., pág. 3).-
Aduce que la sentencia de la Cámara de Apelaciones resulta contraria al derecho de defensa, ya que representa una clara violación del principio de seguridad jurídica, al contradecir palmariamente lo resuelto en los autos caratulados: “Vargas Paula Andrea c/ Asociación Club Deportivo Hispano Americano s/ Laboral”, Expte. Nº 16.659/13 (16.174/16) Tomo VII -Sentencia- Reg. 171 Folio 126/130 Prot. Elect. A102 104 S.161, del 29 de junio de 2016, en el que, en una litis con un reclamo idéntico, declaró aplicable el CCT 370/75 (cfr. PE cit., págs. 18/19).- Afirma que se agravia de la resolución que declara mal concedido el recurso de casación, toda vez que de sus considerandos y, por ende, de sus resultandos surge que: “…deviene un fallo arbitrario, al realizar apreciaciones dogmáticas y ser contrario al propio actuar del Tribunal Superior de Justicia en un caso análogo que reconoce haber habilitado la instancia y por ende dictado sentencia.” (cfr. PE cit., pág. 21).-
Argumenta que no existe razón fundada para no habilitar la instancia recursiva. Sigue diciendo que: “…es más evidente aún lo arbitrario cuando se dice que en un caso análogo se procedió por el Alto Cuerpo de distinta manera, debiendo haber actuado en igual sentido en base además a la Teoría de los Propios Actos. Así la sentencia recurrida resulta totalmente arbitraria y groseramente infundada, y por ende contraria a derecho, afectando seriamente la garantía constitucional prevista en el art. 17 de la Carta Magna.” (cfr. PE cit., págs. 21/22).- Advera que se puede observar la palmaria arbitrariedad en el interlocutorio cuando se mencionan estándares vacíos, fórmulas y frases sin vinculación alguna con la situación jurídica que se debía resolver (cfr. PE cit., pág. 23).-
Observa que, si bien las cuestiones de índole procesal que no resuelven el fondo de la cuestión controvertida no son, en principio, impugnables por la vía del recurso extraordinario, corresponde hacer una excepción a esta regla cuando concurre un supuesto de privación de justicia que afecta en forma directa e inmediata el derecho de defensa en juicio y se verifica un gravamen de imposible o muy difícil reparación ulterior, lo cual permite que la decisión sea equiparable a definitiva en sus efectos (cfr. PE cit., pág. 24).- Luego se ordena correr traslado del recurso extraordinario, a la parte contraria, quien debidamente notificada, no contesta (cfr. PE870022-2024).-
Corrida la vista correspondiente al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, dictamina respecto del recurso impetrado, en lo que aquí interesa, que: “No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada, constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio y contemple los términos del fallo en recurso, del cual deben rebatirse, mediante una prolija crítica, todos y cada uno de los argumentos en que se apoya y dan lugar a los agravios (Fallos 308:761, 2263 y 2421; 310:722; 311:499 y 2619) […] En síntesis, la cuestión federal que habilita un recurso extraordinario tiene que perfilarse como un aspecto central del debate judicial y no meramente accidental o lateral cuya solución sea indispensable para sentenciar en el proceso (Fallos 312:1494), por ello soy de opinión que V.E. debe declarar inadmisible el recurso impetrado.” (cfr. PE1473660-2024).- Pasan los presentes al Acuerdo en PE896423-2024.-
II. Analizando la presentación de la parte demandada y tal como lo disponen los artículos 257 del CPC y C de la Nación, 14 y 15 de la Ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por la CSJN Nº 38/2011 y 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/12), corresponde que este Tribunal verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formal y sustancial del recurso articulado.-
En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que, el recaudo exigido por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa que la recurrente dio cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011. Si bien se ha presentado en formato digital, en las propiedades del documento se advierte que lo ha deducido en tamaño A4.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007, teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º por su similar Nº 3/12.-
Que, en dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado parcialmente los requisitos de los artículos primero y segundo de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal. En efecto, la presentación no supera las cuarenta (40) páginas, ha sido escrita con letra claramente legible, las páginas 8, 9, 10 y 11 exceden los 26 renglones (art. 1º del Reglamento) y cuenta con una carátula, en hoja aparte, conteniendo las exigencias establecidas en el artículo 2º; incumpliendo el requisito establecido en el inciso h) del citado artículo, esto es, la indicación de la fecha de notificación del pronunciamiento impugnado.- No obstante, dichos incumplimientos no serán tenidos como un impedimento que obstaculice la eventual admisión del recurso intentado- a fin de no incurrir en un exceso de rigor formal- atento lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos: “Arzúa, Horacio Ricardo Mario c/ Estado Nacional - Administración de Parques Nacionales res. 11/2000”, del 2 de marzo de 2011 (Fallos 334:196).-
Por otra parte y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida, tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia de la Corte elaborada en la materia, fue dictada por el Máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales.-
En relación a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º, el escrito recursivo logra poner de manifiesto parcialmente las observancias de los requerimientos del inciso b). Pese a que realizó un relato de las circunstancias relevantes del caso, ello no resulta suficiente para considerar cumplido el mencionado inciso, dado que omitió precisar la vinculación existente -en cada una de las etapas- con la cuestión constitucional planteada (cfr. Gil Domínguez, Andrés: “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja”, Ed. Ediar, 2011, pág. 107).- Con relación al requisito establecido en el artículo 3º inciso c) de la Acordada Nº 4/2007, se observa que el recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación, es decir, no acreditó la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (cfr. Gil Domínguez, Andrés: “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja”, Ed. Edial, Págs. 108/109), sino que se limitó a realizar un análisis de lo que, considera, debería haber resuelto este Alto Cuerpo.- Un capítulo aparte debemos dedicar a la inobservancia de los artículos 3º, incisos d) y e) de la Acordada 4/2007 y 14 de la Ley Nº 48. Para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos: 148:60; 306:1740; 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por el Cimero Tribunal Nacional (cfr. autos: “Reynoso Edgardo R. c/ Borzi Celia T.”, publicado en E.D. 126- 170 y 171) y por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48.
Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como “cuestión federal”. Según la doctrina, la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Tribiño, Carlos R.: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, pág. 104).- La recurrente funda el presente recurso extraordinario en el artículo 14 de la Ley Nº 48 sin especificar en cual de sus incisos, y enumerando las normas y jurisprudencia que considera vulneradas. En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (art. 14, inc. 1º de la Ley Nº 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (art. 14, inc. 2º de la Ley Nº 48) y tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (art. 14, inc. 3º de la Ley Nº 48); al contrario, en el fallo recurrido, se declaró mal concedido el recurso de casación interpuesto por la demandada (cfr. fs. 345/350 vta.).- Por otra parte, es sabido que existe relación directa e inmediata cuando de la cuestión federal depende necesariamente, en todo o en parte, la decisión del litigio.
Si, por el contrario, la causa puede ser resuelta por otros fundamentos, si no es indispensable pronunciarse sobre aquella para decidir el pleito, falta relación directa (cfr. aut. y ob. cits., pág. 116).-
A la luz de la doctrina citada podemos advertir que en este proceso no existe una relación directa con la cuestión federal invocada, ya que el litigio se resolvió en base a normas provinciales y de derecho común por tratarse de típicas cuestiones de hecho y prueba respecto a la aplicación de un convenio colectivo de trabajo y diferencias salariales, en relación al cual se cuestiona la interpretación realizada por el Tribunal de Alzada.-
Dicho en otras palabras, la materia en discusión no es una cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria en los términos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Es decir, los asuntos traídos a juzgamiento de este Tribunal Superior de Justicia atañen exclusivamente al orden local, como son los temas de índole procesal (cfr. arts. 75 inc. 12 y 121 de la CN), de modo que se agotan en el ámbito de la jurisdicción provincial, sin posibilidad de ser revisados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya competencia apelada ha sido creada en resguardo exclusivo de las instituciones nacionales, las que en el caso no se encuentran comprometidas.- Cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional, constituye una mera enunciación de principios y normas constitucionales supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal o la excepcional arbitrariedad en el caso. De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional.- En mérito de ello -la inexistencia de cuestión federal- es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3º, inciso d) y e) de la Acordada 4/2007, tal como se ha expresado precedentemente.-
III. Asimismo, la recurrente insiste en plantear su recurso en torno a una de las causales a través de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ingresado en algunas ocasiones a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones de derecho común: la arbitrariedad. Respecto de este carril por el que intenta encauzar su recurso, debe recordarse que la Corte ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Federal (Fallos 325:3265).- En autos, la presentación denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que el presentante realiza un análisis y transcripción de lo resuelto oportunamente por este Tribunal Superior de Justicia, sin lograr una argumentación crítica capaz de revertir la decisión lograda.
Ello, por cuanto el verdadero agravio del recurrente es el criterio adoptado por este Alto Cuerpo, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya éste por una interpretación más favorable a sus intereses.- En efecto, este Tribunal ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura. Contrariamente a lo que sostiene la recurrente, en la resolución se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos: 313:559, 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos 237:74).- En este sentido, también debemos señalar que la doctrina jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recurso extraordinario federal ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el apelante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos: 308:761 y 2421; 310:722; 311:499).
No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada -constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio- y contemple los términos del fallo en recurso.- Corresponde concluir entonces, que los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que se soslayan en definitiva los argumentos del resolutorio, poniendo al descubierto la mera disconformidad con la solución dada a la causa, extremos que en modo alguno viabilizan la admisibilidad del remedio intentado.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte demandada en PE225613-2021, con costas.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia las Sras. Vocales Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos (art. 27, 22º párrafo de la Ley Nº 1600 y modificatorias.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1014O.241 Tomo: X Interlocutorio: 488 Folio N°: 1846/1849 Secretaría: 1
Fin de la sentencia