Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 957/970, por la Defensa de MATIAS EXEQUIEL DÍAZ.-
2Confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 949/954 y vta.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA INTERLOCUTORIO Nº:019 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
FECHA: 07 de Abril de 2015.-
AUTOS: "MANSILLA, SEBASTIÁN MAXIMILIANO S/ ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO Y POR RESULTAR LA VÍCTIMA CON LESIONES GRAVES EN CONCURSO REAL CON TENENCIA DE ARMA DE FUEGO DE GUERRA SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL y DIAZ MATIAS EXEQUIEL S/ ROBO DOBLEMENTE CALIFICADO POR EL USO DE ARMAS y POR LA VÍCTIMA CON LESIONES GRAVES", Expte. Nº 4461/12 (M-830/13/TSJ)
Río Gallegos, 07 de abril de 2015.-
Los presentes autos caratulados: "MANSILLA, SEBASTIÁN MAXIMILIANO S/ ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO Y POR RESULTAR LA VÍCTIMA CON LESIONES GRAVES EN CONCURSO REAL CON TENENCIA DE ARMA DE FUEGO DE GUERRA SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL y DIAZ MATIAS EXEQUIEL S/ ROBO DOBLEMENTE CALIFICADO POR EL USO DE ARMAS y POR LA VÍCTIMA CON LESIONES GRAVES", Expte. Nº 4461/12 (M-830/13/TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y,
I.-) Que, llegan a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia los presentes autos, en razón del recurso de casación interpuesto a fs. 957/970, por los Defensores particulares, Dres. Santiago Luis Pinto y Jesús Rodríguez Cimolai, del imputado Matías Exequiel Díaz, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 949/954 y vta., que en su parte resolutiva dispone condenar a Matías Exequiel Díaz – de las demás circunstancias personales obrantes en autos- a la pena de (7) siete años de prisión de cumplimiento efectivo por considerarlo autor penalmente responsable del delito de Robo doblemente agravado por el uso de armas y por resultar la víctima con Lesiones Graves (art. 166 incs. 1 y 2 C.P), debiendo soportar las costas del proceso (art. 29 inc.3 C.P), cometido en la ciudad de Río Gallegos, en perjuicio del Sr. José Eugenio Ruiz, el 24 de mayo de 2012.- Que, el recurso de casación en tratamiento fue concedido por el Tribunal de grado a fs. 972/973, y sostenido en esta instancia a fs. 991.-
II.-) La Defensa se agravia, en primer lugar, que la sentencia impugnada ha violado el principio de congruencia y, además, por su insuficiente motivación su decisorio es nulo. En este sentido expresa: "...Que, en el caso que nos convoca, el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL claramente acusó al Sr. DIAZ IGOR de haber sido él quien ejecutó los disparos en el comercio "Drugstore Laprida", y era deber legal de la Excma. CÁMARA CRIMINAL expedirse expresamente sobre la intervención o rol que le cabía a cada uno de los imputados, cuando a las claras se desprende que el Tribunal jamás resuelve categóricamente tan importante extremo, sino que se limita a una arbitraria y retaceada transcripción de la prueba recopilada en autos, pero carente de un análisis serio y objetivo que defina la función que habría tenido cada uno de los imputados, ni cómo es que arriba a los distintos grados de prelación que evidentemente imprime a las distintas medidas de prueba colectadas en autos...".- Más adelante, luego de citar las pruebas que a su modo de ver desincriminan a su asistido, agrega: "...Que, el Decisorio en crisis carece de cualquier serio fundamento que alcance a desvirtuar el valor convictivo de las pruebas aquí señaladas, que claramente demuestran la inocencia de los Sres.
MANSILLA Y DIAZ; repugnando al Estado de Derecho que una Sentencia que tiene por objeto pronunciarse sobre la responsabilidad penal de ciudadanos, incurra en tamañas arbitrariedades, imprimiéndole fuera de toda lógica mayor trascendencia a pruebas de orden secundario y sospechosamente incorporada, en desmedro de aquella otra producida con mayor grado de certeza y contralor del Órgano Jurisdiccional en completo apego a las normas procedimentales, y además, como colofón de todo ello, omite pronunciarse expresamente sobre la intervención que el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL endilga a cada uno de los consortes procesales...".- Prosigue: "...Que, la íntima relación entre el principio de congruencia, el deber de los jueces de motivar debidamente sus Sentencias, y el axioma constitucional del non bis in ídem, ya sido reconocido por el SUPERIOR TRIBUNAL DE ENTRE RÍOS, disponiéndose la absolución del imputado en casos como el que nos convoca, donde se incurre en flagrante e intolerable arbitrariedad en la valoración de las pruebas de cargo, como infra se detallará en los subsiguientes agravios, en violación a las prescripciones del Art. 116 del C.P.P., lo que desde ya provoca la nulidad del Decisorio en crisis...".- Concluyendo "...Es que, frente a la contundencia de la crítica que aquí se le formula, el Decisorio en crisis se expone como lo que realmente es: una decisión meramente dogmática y arbitraria, carente de toda seria fundamentación, que retacea el conglomerado probatorio recopilado en autos, y que olvida toda reminiscencia de los principios pro homine e in dubio pro reo, incorporados a nuestro bloque de Constitucionalidad, por imperio del Art. 8 del PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA, y por el Art. 14 del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, en función de la nueva redacción del Art. 75, Inc. 22, de la Constitución Nacional...".- En el siguiente capítulo titulado: "...SEGUNDO AGRAVIO: LA DECLARACIÓN TESTIMONIAL DEL SR.
RAFAEL EMILIANO SOTO...". Donde el recurrente cuestiona el valor convictivo de su declaración, expresando las razones de su discrepancia con el otorgado por los sentenciantes. En este sentido destaca la calidad de sospechoso de Soto de los hechos delictivos materia de investigación, concluyendo, que: "...Queda claramente expuesto que el Sr. SOTO efectivamente había cometido los hechos materia de investigación en esta Causa Judicial ya que las coincidencias son excesivas, y además, de fs. 136 a fs. 192 no existe ninguna prueba que seriamente erradique toda sospecha de su responsabilidad penal en estas Actuaciones...".- Refuerza la exposición explicando "...las contradicciones de la declaración del Sr.
Rafael Emiliano SOTO con las restantes pruebas incorporadas en autos- Arbitrariedad de la Sentencia en crisis...".-
Sintetiza manifestando "...el Decisorio en crisis, al darle crédito a los dichos del Sr. SOTO sin explicar debidamente los motivos por los cuales decide desoír la inocencia que prácticamente a gritos le exclama el conjunto de conglomerado probatorio según el criterio de la sana crítica, incurre en desdeñable arbitrariedad, y ofrece sólo formalismos vacuos que operan como resquicios para evitar verdades fundamentaciones que lleven a reconstruir la verdad material o histórica, siendo operativo el criterio que desde hace tiempo impuso el Cimero Tribunal Nacional al exigir a los magistrados fundar debidamente sus Decisorios so pena de su invalidez: 'Es condición de validez de las sentencias judiciales que ellas sean fundadas y constituyan, en consecuencia, derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas en la causa'...”.- En el capítulo titulado: "...TERCER AGRAVIO: LA ARBITRARIEDAD EN LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA INDICIARIA- NULIDAD...".-
Continúa con la puntualización de su discrepancia con los motivos invocados en la sentencia para apoyar el decisorio.-
Prosigue: "...CUARTO AGRAVIO: LA INCORPORACIÓN POR LECTURA DE LA DECLARACIÓN TESTIMONIAL DEL SR. JOSÉ LUIS HERRERA- VALOR CONVICTIVO DEL TESTIGO DE OÍDAS...".
Donde cuestiona el valor convictivo de la declaración del testigo mencionado. Expresando: "...el cual merece ser criticado en forma análoga a los dichos volcados por el Sr. Rafael SOTO, vale decir, por una parte, su incorporación como prueba de cargo, y por la otra, el desmedido y arbitrario valor convictivo que decide imprimirle la Excma. CÁMARA CRIMINAL...".-
Finalmente, con el título: "...QUINTO AGRAVIO: ARBITRARIEDAD EN EL ENCUADRE LEGAL POR Y EN LA PENA-FALTA DE FUNDAMENTACIÓN SUFICIENTE – VIOLACIÓN PRINCIPIO DE CONGRUENCIA...". Expone, en forma subsidiaria, la arbitrariedad del monto de pena impuesta, destacando la violación del principio de congruencia, por la aplicación de una agravante que no fue invocada por el titular de la acción pública en oportunidad de realizar su alegato.-
También, en el siguiente parágrafo, esgrime la arbitrariedad de la cuantificación de la condena, por carecer de motivación suficiente.-
III.-) Este Alto Cuerpo, a los efectos de realizar un adecuado tratamiento de la admisibilidad formal de los motivos expuestos por el recurrente, para dar fundamento al medio de impugnación extraordinario articulado, examinará con tal propósito los mismos, a los efectos de resguardar la correcta aplicación de la doctrina sentada por la C.S.J.N en el caso “CASAL” (“Casal, Matías E. Y otro”, 20/IX/05, La Ley Suplemento Penal octubre 2005), en torno a la garantía constitucional de la doble instancia penal.- Efectivamente, a modo de conclusión de la extensión de la materia revisable en la instancia extraordinaria, conforme a los mandatos constitucionales, el más Alto Tribunal de Justicia de la Nación en dicha oportunidad sentó: "...con el texto del art. 456 entendido exegéticamente y en armonía con los arts. 8°, inc. 2°, h), de la CADH y 14, inc.5°, del Pacto Internacional, resulta aplicable en nuestro derecho la teoría que en la doctrina alemana se conoce como del agotamiento de la capacidad de revisión o de la capacidad de rendimiento (Leistungsfähigkeit), y con ello se abandona definitivamente la limitación del recurso de casación a las llamadas cuestiones de derecho...".- Entonces, desde esta óptica, se asumirá la revisión de los motivos a través de los cuales el recurrente pretende fundar el medio de impugnación intentado.-
IV.-) Para atender adecuadamente los agravios defensivos, es necesario traer a colación sintéticamente los hechos asumidos en el fallo, que se encuentra bajo estudio de este Tribunal, y que constituyen el objeto de reproche de la defensa.-
Así las cosas, la sentencia de la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial consideró probado que: "...En primer lugar, ha quedado plenamente acreditado que el día 24 de Mayo de 2012, siendo aproximadamente las 23:50 hs., dos sujetos con sus rostros cubiertos ingresaron al local comercial denominado “Drugstore Laprida” sito en calle Laprida 990 de esta ciudad y previo exhibir un arma de fuego sustrajeron dinero en efectivo que se encontraba en la caja registradora y efectuado dos disparos hiriendo de gravedad con uno de ellos al propietario de dicho comercio, el Sr. José Eugenio Ruiz. Asimismo, se pudo comprobar que en el obrador situado en la Parcela Nro. 17 de la Mza. 120 del Barrio San Benito de esta ciudad, propiedad de Cristina Varsovia Álvarez, se hallaron una escopeta marca “Winchester” calibre 12 color negra con chimaza y culata de madera Nro. De serie E686444 y un arma de fuego tipo revolver marca Magnum calibre 357 Nro. De serie 15442633 color negra con cachas de madera, sin que existiera documentación que justifique la debida tenencia...".- V.-) La Defensa se agravia por a) la violación del principio de congruencia; b) la valoración efectuada por los sentenciantes de la declaración testimonial del Sr. Emiliano Rafael SOTO; c) arbitrariedad en la evaluación de la prueba indiciaria d) incorporación por lectura del testimonio del Sr. José Luis Herrera e) arbitrariedad de la pena impuesta f) falta de fundamentación suficiente.-
Respecto al primer planteo de la defensa, violación del principio de congruencia, se procede a transcribir las partes pertinentes de la indagatoria, el procesamiento, la requisitoria de elevación a juicio y de la sentencia objeto de este recurso.-
En su declaración indagatoria se le atribuye el hecho que consiste en: "...que el día 24 de mayo de 2012, siendo aproximadamente las 23.50 hs., habría ingresado junto a Sebastián Mansilla al local comercial denominado “Drugstore Laprida” sito en calle Laprida 990 de esta ciudad, y previo exhibir un arma de fuego habrían sustraído dinero en efectivo que se encontraba en la caja registradora y efectuado dos disparos, de los cuales uno de ellos habría sido dirigido hacia el propietario de dicho comercio, el Sr. José Eugenio Ruiz, quien a raíz del mismo resultado con lesiones de carácter grave, para luego retirarse raudamente del lugar. Que el mencionado hecho se califica provisoriamente como constitutivo del delito de ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO Y POR RESULTAR LA VÍCTIMA CON LESIONES GRAVES (Art. 166 inc. 1º y 2º del Código Penal)...".- En el dictado del auto de procesamiento en "...DE LA QUE RESULTA: Que se le imputa a Matías Exequiel Díaz el hecho consistente en que el día 24 de mayo de 2012, siendo aproximadamente las 23.50 hs., habría ingresado junto a Sebastián Mansilla al local comercial denominado “Drugstore Laprida” sito en calle Laprida 990 de esta ciudad, y previo exhibir un arma de fuego habrían sustraído dinero en efectivo que se encontraba en al caja registradora y efectuado dos disparos, de los cuales uno de ellos habría sido dirigido hacia el propietario de dicho comercio, el Sr.
José Eugenio Ruiz, quien a raíz del mismo resulto con lesiones de carácter graves, para luego retirarse raudamente del lugar… 3) ORDENAR EL PROCESAMIENTO Y PRISIÓN PREVENTIVA de MATIAS EXEQUIEL DIAZ, de demás circunstancias personales obrantes en autos, por encontrarlo incurso “prima facie” en el delito de ROBO DOBLEMENTE CALIFICADO POR EL USO DE ARMAS Y POR RESULTAR LA VÍCTIMA CON LESIONES GRAVES, previsto y reprimido por el artículo 166, inciso 1 y 2 del Código Penal de la Nación...".- En el requerimiento de elevación a juicio "...II. HECHO INCRIMINADO: Que se le imputa a MATIAS EXEQUIEL DIAZ que el día 24 de Mayo de 2012, siendo aproximadamente las 23.50 hs., habría ingresado junto a Sebastián Mansilla al local comercial denominado “Drugstore Laprida” sito en calle Laprida 990 de esta ciudad, y previo exhibir un arma de fuego habrían sustraído dinero en efectivo que se encontraba en la caja registradora y efectuado dos disparos, de los cuales uno de ellos habría sido dirigido hacia el propietario de dicho comercio, el Sr.
José Eugenio Ruiz, quien a raíz del mismo resulto con lesiones de carácter graves, para luego retirarse raudamente del lugar… y oportunamente se dicte… en el caso de MATIAS EXEQUIEL DIAZ como constitutivo del delito de ROBO DOBLEMENTE CALIFICADO POR EL USO DE ARMAS Y POR LA VÍCTIMA CON LESIONES GRAVES (Art. 166 inc. 1º y 2º del Código Penal)...".- Por último, los hechos narrados en la sentencia fueron transcriptos en el punto IV.-) condenando por: "...ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO POR EL USO DE ARMAS Y POR RESULTAR LA VÍCTIMA CON LESIONES GRAVES (ART. 166 INCS. 1 Y 2 C.P)...".-
De esta manera se ha podido demostrar que los hechos descriptos no muestran un ápice de duda en punto al respeto del principio de congruencia fáctico en las distintas etapas del proceso.-
En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene dicho que "...en orden a la justicia represiva, es deber de los magistrados, cualesquiera que fuesen las peticiones de la acusación y la defensa o las calificaciones que ellas mismas hayan formulado con carácter provisional, precisar las figuras delictivas que juzgan, con plena libertad y exclusiva subordinación a la ley, pero que este deber encuentra su límite en el ajuste del pronunciamiento a los hechos que constituyeron la materia del juicio..." (Fallos 316:2713). De allí se desprende que el mentado principio de congruencia no se verá transgredido siempre que exista identidad entre el hecho imputado en la indagatoria, el incluido en el auto de procesamiento, el que fuera materia de acusación -requerimiento- y el que la sentencia tuvo por probado, extremos que se cumplieron acabadamente en autos.- Así, "...Es evidente derivación del principio de congruencia, como expresión de la defensa en juicio, que el hecho materia de la condena debe satisfacer idénticos parámetros de exactitud, resultando inadmisible que el condenado no pueda conocer cuál es el hecho por el cual se lo condena y cómo se ha llevado, en lo que a él atañe personalmente, la subsunción en el tipo penal respectivo; ello es así en todos los casos, aun en aquellos en los que el acusado puede reconstruir la materia del reproche a partir de su propio conocimiento de los hechos, pues de lo contrario se estaría haciendo recaer sobre él la misión -eminentemente estatal- de formular correcta y precisamente la imputación..." (voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi) -CSJN, "Navarro, Rolando Luis y otros S/ homicidio culposo", 09/08/2001, 324:2133, (Nazareno, Belluscio, Boggiano, López, Bossert, Vázquez; Moliné O´Connor y Petracchi)- (Jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba; Maximiliano Hairabedián, Milagros Gorgas y Jeremías Carot, Pág. 626/627).- El principio de congruencia impedirá juzgar por fuera de los hechos descriptos en aquellos actos, esto es por fuera de las circunstancias históricas que conforman el objeto procesal del debate. El exceso implica violación de la contradicción y, en definitiva, de la garantía del debido proceso, por ausencia de defensa.-
Por ellos se ha afirmado que pese a la libertad de los jueces de precisar las figuras delictivas que juzgan, con exclusiva subordinación a la ley, ese deber encuentra su límite en el ajuste del pronunciamiento a los hechos que constituyen la materia del juicio (CS-Fallos, 313:2140; LL. 1998-C-80; CNCP, Sala I, LL, 1998-D-348; CNCP, Sala II, JA, 1996-II-547; entre muchas)(Código Procesal Penal, Anales Doctrinal y Jurisprudencial, Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray; T° 2, Pág. 1070, ED. Hammurabi).- En conclusión, el hecho por el cual se ha condenado al recurrente resulta ser idéntico al atribuido desde el inicio de este proceso, manteniéndose, en tal sentido, incólume el derecho de defensa de los condenados, al no haber experimentado la imputación ninguna variación fáctica perjudicial para ello.-
VI.-) Corresponde en este apartado ocuparnos de la nulidad de la declaración de Rafael Soto articulado por el recurrente.-
Dicha cuestión, nulidad de la testimonial antes mencionada, fue planteada por la Defensa al inicio del debate, como cuestión preliminar.-
Al expedirse el Ministerio Fiscal en dicha oportunidad, se inclina por el rechazo de ésta, invocando el art. 162 del C.P.P., al entender que se trataría de una nulidad relativa.-
El art. 199 del C.P.P., claramente, resta eficacia probatoria a los actos que vulneren garantías Constitucionales, en consecuencia la razón del rechazo de la nulidad articulada por la Defensa, ahora recurrente, encuentra su fundamento en que se reclama la sanción procesal de nulidad por la nulidad misma.-
Ello así, ya que la irregularidad formal argumentada por el recurrente, consistente en recibir declaración testimonial del Sr. Soto, existiendo el peligro que éste se autoincriminara, devino abstracta, ya que tal hipótesis no aconteció.-
Cabe recordar que la sanción de nulidad de un acto procesal, obedece a una irregularidad formal de éste que lesiona un derecho constitucional que aquella tiende a tutelar.-
La sanción de nulidad, entonces, tiene su razón de ser en la lesión de un derecho causado por la violación de la forma que la protege. Si la irregularidad formal no acarrea la lesión de un derecho, no corresponde quitarle eficacia al acto procesal por la existencia de aquella. He aquí que se repite que "no hay nulidad por la nulidad misma".-
Ahora bien, en la encuesta que nos ocupa, resulta evidente que lo cuestionado por el recurrente no es la forma sino el contenido del acto procesal en cuanto a su fuerza probatoria.-
Ésta, en cada caso, no se resuelve por la sanción procesal de nulidad sino a través de su apreciación por la sana crítica.-
Se reitera, nuevamente, que si conforme a los argumentos del recurrente, se hubiera puesto en peligro la prohibición de autoincriminarse, por parte de Soto al declarar como testigo, tal cuestión devino abstracta al no acontecer tal situación.-
En consecuencia, corresponde rechazar el planteo formulado por la Defensa técnica consistente en articular la nulidad del testimonio del Sr. Emiliano Soto.-
En síntesis, sin hesitar resulta la ajenidad del Sr. Emiliano Soto con respecto al hecho perpetrado en perjuicio del local "Drugstore Laprida", constitutivo del objeto del sub judice.-
En orden al agravio edificado en torno a la valoración de la prueba testimonial ventilada en el juicio, en particular, la correspondiente a Rafael Emiliano Soto, y los restantes elementos de juicio, así como el manejo de la llamada prueba indiciaria, corresponde observar que el recurrente solo expone un punto de vista diferente al de los sentenciantes.-
VII.-) Con relación a la arbitrariedad alegada, corresponde inicialmente advertir, que los argumentos empleados por el recurrente delatan, nuevamente, su discrepancia con la valoración de la prueba efectuada por los Sres. Jueces que, concluyeron en la certeza del hecho objeto de este proceso, más no la prescindencia de prueba con aptitud para tener incidencia en el fallo.-
Esta proposición se expone para mostrar que los agravios de la defensa no exhiben una hipótesis de arbitrariedad. La sentencia no ha marginado ningún elemento de prueba, ingresado al debate, cuya consideración hubiera llevado a un fallo distinto. Sabemos que, efectivamente, una sentencia que prescinda de ponderar prueba relevante ingresada legítimamente al proceso, constituye una hipótesis de arbitrariedad, pues, la motivación o fundamento del fallo ha de ser, necesariamente, incompleto, por tanto parcial.- No se advierte que la sentencia impugnada incurriera en valoración absurda de la prueba, pues el Tribunal de juicio vincula con criterio lógico los elementos de convicción colectados en la causa; podrá compartirse o no las conclusiones a las que se arriban, pero no por ello puede catalogarse como arbitrario al pronunciamiento.-
En síntesis, en la sentencia de fs. 949/954 vta., se aprecia que los medios probatorios han sido analizados en forma conjunta, interpretados y valorados en correcta subsunción al hecho reprochado.-
Como bien lo sostiene la doctrina, la causal de absurdo o arbitrariedad, en principio, sólo resulta procedente para revocar o impugnar un fallo cuando el vicio apuntado constituye un impedimento para declarar la ley aplicable, sea sustantiva o formal. Para que tal vicio extraordinario se configure "...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación..." (Juan Carlos Hitters, "Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación", Editorial LEP, 2º edición, pág. 479).- La Excma. C.S.J.N. sobre la doctrina de la arbitrariedad -desde sus inicios- estableció la distinción entre aquella y el error, pues sostuvo que le competía intervenir sólo "...en los casos extraordinarios de sentencias arbitrarias, desprovistas de todo apoyo legal, fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces, y no cuando haya simplemente interpretación errónea de las leyes, a juicio de los litigantes..." (Fallos, 112:384, 2/XII/1909, "Rey, Celestino c/ Rocha, Alfredo y Eduardo").- Por tal motivo, la Excma. Corte Suprema de Justicia diferenció la arbitrariedad de las simples equivocaciones o errores en la interpretación judicial: no cualquier desacierto u omisión da lugar al recurso extraordinario por sentencia arbitraria.-
Es dable agregar que este Alto Cuerpo ha hecho suyo el criterio aplicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la arbitrariedad en interlocutorios tales como "Miranda, Epifanio Ulises s/ infracción art. 119 CP", Tº XIV, Rº 017, Fº 084/094; "Soto, Víctor Ramón s/ homicidio simple" Tº XIV, Rº 014, Fº 066/077; "Muñoz Juan Carlos s/ robo calificado por el uso de arma de fuego..." Tº XIV, Rº 004, Fº 014/019; "González, Bernardo Neris Oscar s/ privación ilegal de la libertad calificada en c/r..." Tº XIII, Rº 022, Fº 119/126; "Moraes Omar Enrique s/ apremios ilegales", Tº XIII, Rº 27, Fº 152/156; "Zamora, José Eduardo s/ incendio seguido de muerte" Tº XIII, Rº 34, Fº 191/199; entre otros.- En resumen, no resulta viable impugnar la fundamentación del fallo como lo hace la defensa, sobre la base de un punto de vista diferente, puesto que no ha demostrado que en el pronunciamiento condenatorio, haya incurrido arbitrariamente en un apartamiento del derecho aplicable o en omisiones sustanciales en la valoración de la prueba; siendo la discrepancia en la interpretación de los hechos insuficiente para sustentar la tacha de arbitrariedad.- En este sentido a modo de ilustración, en lo pertinente, de la sentencia impugnada corresponde colacionar: "...Respecto de este hecho tal como se pudiera apreciar en la audiencia de debate, el testigo Rafael Emiliano Soto, quien en un primer momento se mostró equívoco a decir la verdad de lo sucedido poniendo incluso hasta en duda el contenido del acta de fs. 192 que se le exhibiera pero que en la segunda oportunidad no solo la ratificó sino que además declaró ante este Tribunal que todo lo que había dicho en la instrucción era la verdad; no dudó en afirmar que los que cometieron el robo en el comercio "Laprida" fueron Matías Díaz y Sebastián Mansilla.
Aclara Soto, en su declaración escrita, que cuando allanaron el domicilio de Díaz él estuvo en ese lugar momentos antes y que al otro día se enteró que el arma que habían usado para cometer el robo la habían escondido en el alero de la casa; dicho comentario lo escuchó de boca del propio Díaz quien además se jactaba, contento, en el quincho de su casa, de haber sido el autor del hecho...".- Por su parte, el testigo Soto Expresa que 'Sebita' (haciendo alusión a Mansilla), contaba que 'Mata' o sea Díaz, entró y disparó al hombre del kiosco sin darle tiempo a nada y que el arma era 'tremenda'; que 'Mata' le decía a 'Seba' textualmente: "...viste como voló cuando le pegué el tiro, como tres metros...".-
Con respecto al arma, Soto manifiesta que Picuntureo se la alquiló a Díaz a cambio de parte del dinero robado y que luego debía devolvérsela, prueba que abona lo dicho es la imagen contenida en las fotografías de fs 327 y 328 extraídas del teléfono celular de José Luis Herrera, quien a su vez en declaración incorporada por lectura, confirma que esas fotografías las tomó él en el quincho de la casa de Matías Díaz, el día del allanamiento y que la persona que aparece en las secuencias fotográficas mostrando el arma plateada de grueso calibre, es Juan Pablo Picuntureo.- Prueba de que Soto estuvo en la casa de Matías Díaz el día del procedimiento, lo que se puso en dudas, son los dichos vertidos por los amigos del propio imputado; Fernando Sebastián Segura, Juan Pablo Borquez y Fernando Manríquez; todos ellos en su oportunidad afirmaron en audiencia tal circunstancia, existiendo coincidencia con lo manifestado por Soto e incluso por Díaz en la declaración indagatoria de fs. 452 y 455.-
Pero más allá de lo manifestado por Soto, José Luis Herrera coincide con su relato en varios aspectos. Así dijo que el día del allanamiento en la casa de Díaz escuchó que Picuntureo le recriminaba o le reprochaba que le había utilizado el arma y las balas y que Díaz "cancheriaba" por lo que había hecho. Herrera reconoce haber tomado la foto obrante a fs. 327 en la que aparece Picuntureo en el quincho de "Mata" el día del allanamiento, posando con el arma plateada que cree que es la misma que utilizara Díaz en el hecho porque Picuntureo no tenía otra en ese momento. Aclara el testigo que estaban presentes en la casa de Díaz, "Sebita", Picuntureo y él, y que después llegaron los otros pibes, entre ellos, Soto. Otro dato indiciario importante aportado por Herrera es el hecho de que Picuntureo, mediante mensaje de texto, le solicita de manera insistente que vaya a la casa de Matías Díaz porque lo necesitaba, manifestando: "...te necesito, estos ya vardearon...".- En cuanto al arma plateada que fuera exhibida por el individuo con el rostro cubierto en la secuencia de fotográfica de fs. 327 a quien Herrera identifica como Picuntureo, guarda similitud con la que fuera utilizada por los agresores de José Ruiz el día del atraco a su comercio y así lo expresaron el testigo presencial Rodrigo Nicolás Barros y el propio damnificado cuando se los escuchó en audiencia.-
Se verifica, como antes se dijo, la sola discrepancia del recurrente con la motivación de la sentencia atacada, circunstancia que no satisface el requisito de admisibilidad formal de fundamentación suficiente del recurso de casación.-
En otro orden de ideas, en cuanto al agravio relativo a la ponderación del testimonio de Luis Herrera, la circunstancia que este elemento de juicio haya sido incorporado al debate por lectura, no implica, como lo pretende la defensa, la imposibilidad de su empleo para cumplir con una de las finalidades del proceso, esto es la reconstrucción histórica del hecho que constituye su objeto.-
Dicho elemento como los restantes, ha de ser ponderado, conforme a la sana crítica, donde el peso de los dichos del testigo ausente serán considerados, sin el aporte de la inmediación, por el Tribunal de Juicio.-
VIII.-) Corresponde en este apartado tratar la arbitrariedad de la pena planteada por la Defensa.-
Es dable aclarar, que la fijación del quantum de la pena, es una facultad que le compete a los jueces y solamente es revisable en casación, cuando se demuestre su arbitrariedad -tal cual como lo esgrime la Defensa-; es decir que la potestad de la cual se encuentran investidos, no exime a los sentenciantes de fundar debidamente los motivos que lo llevaron a arribar a una pena determinada.-
En tal sentido, el agravio tiene su fundamento en las disposiciones de la Constitución Nacional, en donde surge el deber de motivar las sentencias.-
Esta garantía constitucional de justicia fundada en el régimen republicano de gobierno, impone la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para dictar sus sentencias y facilita el control de la actuación judicial. Sin duda alguna, la exigencia de motivar responde al propósito de poder controlar así la conducta de quienes administran justicia en su nombre. "...Se resguarda a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces, que no podrán así dejarse arrastrar por impresiones puramente subjetivas ni decidir las causas a capricho, sino que están obligados a enunciar las pruebas que dan base a su juicio y a valorarlas racionalmente..." (Gravier, Ernesto R., "La motivación de las sentencias", en Comercio y Justicia, 15 y 16 de octubre de 1961).- Además, concretamente en la determinación de la pena, el deber de motivación no sólo viene impuesto por la Constitución Nacional y las normas del Código Procesal Penal (Arts. 116 y 387 inc 2º), sino que la propia existencia de los artículos 40 y 41 del Código Penal implican "...un deber de fundamentación explícito que permita un control crítico racional del proceso de decisión..." (conf. Ziffer, Patricia, "Lineamientos para la determinación de la pena", Ad-Hoc, Buenos Aires, 1996, p. 26).- Dentro del contexto señalado, se ha sostenido que "...la motivación de la decisión judicial que impone una pena debe permitir conocer de manera concreta cuáles son las razones por las que el tribunal ha escogido la sanción que aplica y no otra..."; razón por la cual "...ese conocimiento no debe ser logrado mediante un esfuerzo de intuición, sino que ha de quedar claramente a disposición de quien lea el fallo, de manera de que no sólo se advierta el marco legal aplicable, sino el uso particular que se ha hecho de él..." (conf. FLEMING, Abel/LÓPEZ VIÑALS, Pablo, "Las penas", 1º Edición, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, p. 27/28).- En el caso en concreto de autos los magistrados han dado suficientes motivos y razones para la aplicación de la pena impuesta.-
En este sentido debemos recordar que en la motivación del fallo expresa: "...Que para establecer la sanción justa aplicable, se debe tomar en cuenta la participación de los imputados y la calificación legal que fuera establecida, actuando de conformidad con las pautas establecidas por los artículos 40 y 41 del Código Penal... Se ha tenido en cuenta para analizar la sanción justa la edad de los enjuiciados, la entidad del daño ocasionado, la gran violencia desplegada en el desarrollo conductual, la acción que cada uno de ellos dentro de sus roles hubo de desarrollar, y en particular, al actitud bien temeraria por parte de Diaz, la que se aparta de la simple intimidación al producir dos disparos, uno para amedrentar y alertar a los individuos que se encontraban en el comercio y el otro dirigido a la humanidad de José Eugenio Ruiz para detenerlo ante la reacción de éste al defender a su hija que estaba siendo amenazada con el arma de fuego en la cabeza... Son estos los motivos que me llevan a aplicar dentro de la escala penal correspondiente, tanto a Matías Exequiel Díaz como a Sebastián Maximiliano Mansilla la pena de (7) siete años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos que les fueran imputados, más las costas del proceso (art. 29 inc. 3 CP)..." (fs. 953 vta./954).- Por lo expuesto, se puede concluir que la graduación de la pena realizada por los integrantes de la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, no puede ser catalogada como arbitraria, en tanto el fallo ha fijado los lineamientos para la determinación de la pena y los ha merituado en el caso concreto, dentro de la escala penal correspondiente a la calificación legal, ponderando agravantes y atenuantes de acuerdo con las constancias de la causa.- Resumiendo, la fijación del quantum de la sanción, resulta una derivación razonable de las constancias de la causa, dando de esa forma, estricto cumplimiento a lo previsto en los artículos 40 y 41 del Código Penal.-
Como bien lo sostiene la jurisprudencia, la decisión cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido (Fallos: 293:294; 299:226; 300:92; 301:449; 303:808, entre otros).-
IX.-) Que, por todo ello, de conformidad a lo establecido en los arts. 446 y 448 del C.P.P., corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 957/970, por la Defensa de MATÍAS EXEQUIEL DÍAZ en todas sus partes, confirmando la sentencia dictada a fs. 949/954 y vta., por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial.-
Que, por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrinas citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto a fs. 957/970, por la Defensa de MATIAS EXEQUIEL DÍAZ.-
2. CONFIRMAR la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 949/954 y vta.-
3. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.-
La presente resolución se dicta con la firma de cinco vocales del Tribunal, por resultar mayoría concordante en la solución del caso (art. 27 de la Ley Nº Uno -T.O. Ley 2404).-
FIRMADO: Dra. Clara Salazar –Presidente del Tribunal Superior de Justicia; Dr. Daniel Mauricio Mariani-Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Alicia de los Angeles Mercau-Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos-Vocal; Ante mí:Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2026I.151 TOMO:XIX– INTERLOCUTORIOS- T.S.J.
REGISTRO Nº:019 FOLIO Nº:062/069 SECRETARIA:2
Fin de la sentencia