Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-1.844/12-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 373/375 vta. y, en consecuencia, confirmar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial que obra a fs. 360/367 vta., con costas.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-1.844/12-TSJ Sentencia N°: 569 Actor: MANUALE LEOPOLDO VICENTE Demandado: ECHEVERRIA MARIA ELENA Objeto: ESCRITURACION Fecha: 06-05-14 Texto: TOMO XVII – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 569.-
FOLIO Nº 3.238/3.241.-
PROT. ELECT. TSS1 008 S.141
Río Gallegos, 6 de mayo de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “MANUALE LEOPOLDO VICENTE c/ ECHEVERRÍA MARÍA ELENA s/ ESCRITURACIÓN”, Expte. Nº M-17.757/00 (M-1.844/12-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento del Excmo. Tribunal Superior de Justicia como consecuencia del recurso de casación interpuesto a fs. 373/375 vta. por la parte actora contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil. Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial a fs. 360/367 vta., en cuanto rechaza el recurso de apelación articulado contra la dictada en la Primera Instancia y la confirma. Esta última había rechazado la demanda de escrituración de un inmueble por la falta de integración de la litis iniciada contra la vendedora y no contra la condómina del mismo.- Inicia el tratamiento de sus agravios, solicitando que “…SE CASE LA SENTENCIA, SE REVOQUE DICHA SENTENCIA POR VIOLACIÓN DE LA LEY Y EN CONSECUENCIA SE HAGA LUGAR A LA DEMANDA DE ESCRITURACIÓN OPORTUNAMENTE INTERPUESTA, APLICANDO LAS COSTAS A LA DEMANDADA.
SUBSIDIARIAMENTE SI RESULTASE EN DEFINITIVA IMPOSIBLE LA ESCRITURACIÓN DEMANDADA, SE CONDENE A LA ACCIONADA EN ESTE JUICIO AL PAGO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS RESULTANTES, CON EXPRESA IMPOSICIÓN DE COSTAS…” (confr. fs. 373). Expresa que se han violado los artículos 1936 y 1874 del Código Civil, conculcando también las garantías emergentes del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Que “…se ha violado a criterio de esta parte el art. 1329 del Código Civil, que establece para la compra frustrada el derecho del comprador a percibir los daños…” (confr. fs. 374). Y que “…el fallo en crisis, mención alguna hace al agravio expuesto en la apelación, sobre la violación del art. 1063 del Código Civil que dice que “la confirmación tácita es la que resulta de la ejecución voluntaria, total o parcial de un acto sujeto a una acción de nulidad”, y a su vez el art. 1064 establece “la confirmación sea expresa o tácita, no exige el concurso de la parte a cuyo favor se hace”.
Es decir, no solo la demandada en estos autos “no debió solicitar el concurso de su madre para cumplir la escrituración, puesto que tenía poder de disposición, sino que su madre, en su testimonial reconoce no solo el mandato sino para la operación en concreto...” (confr.. fs. 374 vta.). Y culmina: “…Esta violación de dos artículos sustanciales del Código Civil, se unen a la violación del allanamiento -bajo una condición que se cumplió- de la demandada, que podía escriturar por el poder, a concretar la susodicha escrituración. Es decir el fallo ha violado el Código Procesal en cuanto a las consecuencias que implica el allanamiento parcial o total a una demanda en un juicio. Cerrado el argumento de V.E. sobre el tema procesal del “litis consorcio”, se ha omitido todo el plexo legal relativo al mandato y las facultades que otorga, y a todas las normas que aun suponiendo su deficiencia, implican recepción de mandato tácito y de la confirmación de actos nulos, todo ello en perjuicio del suscripto como parte actora, al cual se le pagó una deuda laboral reconocida, por medio de una “promesa de escrituración”, que ahora la accionada elude no por sus propios argumentos, sino por la aplicación de oficio de un ritual procesal que no es necesario en las circunstancias de la causa, para que la obligación de la patronal, tardía y morosamente culpable, se consolide…” (confr. fs. 374 vta.).
Por último hace reserva de caso federal.-
II. Que, a fs. 377/379, se declara inadmisible el recurso articulado, interponiendo la actora recurso de queja por recurso de casación denegado, el que tuvo favorable receptación por este Alto Cuerpo (confr. fs. 446 y vta.), revocando el interlocutorio de la Cámara por haber sido mal denegado el recurso de casación y abriendo la instancia extraordinaria que ahora nos convoca.-
Corrido que fue el traslado previsto en el artículo 8° de la ley 1687 (confr..fs. 446, Punto 3º), ambas partes hacen uso del derecho conferido. La actora presentando el memorial a fs. 449 y vta., manteniendo las causales y argumentaciones expuestas en su escrito recursivo. Por su parte, la demandada contesta a fs. 452/455, solicitando el rechazo de la pretensión recursiva de la actora y expresando que “…las sentencias dictadas en ambas instancias anteriores que han rechazado la demanda contra la Sra. Echeverría, no merecen ser modificadas de manera alguna…” (confr. fs. 452). Cita doctrina y jurisprudencia y solicita el rechazo del recurso articulado por su contraria, con expresa imposición de costas.- A fs. 457/458 vta., toma intervención el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, quien en su dictamen concluye que “…el Recurso de Casación articulado por la accionante es procedente…” (confr. fs. 458 vta.). Arriba a esa conclusión el señor representante del Ministerio Público Fiscal, luego de considerar que en “…la sentencia impugnada de fs. 360/367vta., se ha incurrido en franca Violación de la Ley y Quebrantamiento de Forma tal como lo prevén los Arts. 2 y 3 inc. a) de la Ley Provincial 1687…” (confr. fs. 458 y vta.). En su opinión “…resulta con toda nitidez que en autos se ha agregado un poder general de administración y disposición de la Sra. Guza de Echeverría a favor de María Elena Echeverría de Correa, su hija, hoy accionada, prueba de ello lo constituyen las propias declaraciones esgrimidas por la Sra. Guza al expresar que “de todo se encargaba su hija”, confirmando el compromiso oportunamente asumido mediante boleto de compraventa entre las partes, que se agrega a fs. 219/vta, pues esta a las claras, con los argumentos hasta aquí expuestos que al actor, Sr. Manuale, se le prometió en venta un inmueble y la demandada, quien firmó el compromiso de escriturar por medio del boleto de compraventa de mención, no hubo de hacerlo incumpliendo la obligación contraída en los términos de la cláusula tercera que dice textualmente: “...se efectuará la correspondiente escritura traslativa de dominio...”, soslayando la normativa del Art. 1936 del Código Civil toda vez que: “la ratificación equivale al mandato”...” (confr. fs. 458).- A fs. 459, se dictó la providencia de autos para sentencia.-
III. Que, atendiendo a los términos del recurso extraordinario provincial de casación articulado por la actora, el planteo se desarrolla a través del carril impugnativo previsto en el artículo 3° inciso a) de la ley 1687 -Recurso de Casación-; atribuyendo al decisorio dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, incurrir en un defecto en apreciación y aplicación legal con relación a los hechos y constancias de la causa, o error de subsunción; esto es, que el ataque del recurrente se dirige a cuestionar la actividad de juzgamiento de la Cámara “ad quem” en su tarea de subsunción de los hechos, en la correcta aplicación e interpretación de la normas aplicables al caso.
Que en el esquema recursivo se refiere a los artículos 1063, 1064, 1329, 1936, 1874 y concordantes del Código Civil, artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y artículo 285 del CPC y C.- Al ingresar en el estudio de la cuestión que nos es traída, y en una primera aproximación vinculada a la materia, es preciso señalar como axioma esencial para la dilucidación del caso, que toda norma como regulación de conducta implica una disposición genérica que debe ser analizada a la luz de las circunstancias fácticas que tiende a regular, de lo contrario puede transformarse en un marco carente de contenido. Así, deben ser conjugadas las circunstancias de hecho y las normas aplicables al caso, debiendo respetarse necesaria y acordemente la simetría expuesta entre la acción intentada y el derecho a fijar.- En esa dirección corresponde destacarse que el principal agravio que sustenta el recurso en trato, señala que la sentencia impugnada esquiva abordar la cuestión relativa al “…“?poder general de administración y disposición de la Sra.
Guza de Echeverría a favor de la demandada María Elena Echeverría de Correa…” Y que consta que tal operación de venta del inmueble es “consentida” por dicha mandante. Es decir, se ignoran “hechos relevantes” que tienen consecuencias jurídicas fundamentales, porque no solo existe un mandato por el cual la accionada en estos actuados podía vender el solar, sino que dicho mandato ha sido ratificado por la condómino, y ello configura una causa autónoma de validez, por lo dispuesto en el art. 1936 del Código Civil…” (confr. fs. 373 vta.), y que “…por otro lado…, aunque fuese admisible el intento “rigorista ritualista” de obligar a llevar a juicio a la sra. Guza de Echeverría, que había dado poder para la operación…, resulta altamente injusto que en ese caso no se haya condenado a la apoderada María Elena Echeverría a abonar los daños y perjuicios conforme las pautas del Código civil.
Es decir, se la [ha] exceptuado de una norma de reparación admitiendo entonces un “enriquecimiento sin causa” de la accionada…” (confr. fs. 374).- Es así entonces, que deben confrontarse las críticas ya enunciadas al fallo en crisis con los antecedentes que hubieron de fijarse en las sentencias precedentes. El Juez de Grado, rechaza la acción entablada por estimar que ante la “…falta de integración de la litis… la demanda debió haberse integrado, no solo con la vendedora, la Sra. María Elena Echeverría (titular registral del 50% del bien), sino con la otra condómina, la Sra. Margarita Julia Guza (cfr. fs. 12)…” (confr. fs. 318 vta.).-
En ese orden de ideas, es dable destacar que de acuerdo con la regla adjetiva establecida en el artículo 89 del CPC y C, el litisconsorcio necesario se configura cuando la sentencia no pudiere pronunciarse útilmente más que con relación a varias partes. De modo que la litis deberá integrarse con todos los intervinientes que indivisiblemente se encuentren vinculados en la relación jurídica sustancial de que se trate, porque en la medida de su interés jurídico debe tomar intervención ya sea como demandante o como demandado. “En el litisconsorcio necesario, la relación es única y vincula a todos los intervinientes en forma indivisible. La legitimación de todos los intervinientes aparece por los efectos inevitables de la sentencia sobre todos ellos y por la necesaria participación de los mismos en el proceso” (confr.
Falcón, Enrique M., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación – comentado, concordado y anotado”, Abeledo-Perrot, 2006, Tomo I, pág. 796). En el caso, la acción es desestimada por no haberse integrado al proceso a la condómina Margarita Julia Guza, habida cuenta el carácter indivisible que presenta la obligación de escriturar.- Así, consideramos que la cuestión medular en el caso es expuesta por la Excma. Cámara, cuando expresa en su sentencia que “…el actor no rebate el argumento medular de la sentencia en crisis, esto es la deficiencia en la integración de la litis al demandar a la Sra. María Elena Echeverría, condómina en un 50% de la propiedad que pretende escriturar omitiendo integrar a la acción a la Sra.
Margarita Guza titular dominial del 50% restante… Por lo expuesto asiste razón al sentenciante al rechazar la demanda porque en el caso sub exámine se configura un litisconsorcio necesario en los términos del art. 89 del C.P.C. y C., por lo que la deficiente integración de la litis deviene en que la sentencia no puede ser dictada útilmente, toda vez que lo pretendido es una obligación indivisible respecto a las mencionadas condóminas en tanto la relación es única y vincula a las intervinientes en forma indivisible…” (confr. fs. 364). Se agrega a continuación: “?Conforme lo resuelto, no habiéndose expedido sobre el fondo de la cuestión debatida y por ende la sentencia carece de efectos de cosa juzgada, no corresponde expedirse sobre los daños y perjuicios reclamados por el actor subsidiariamente a la pretensión de escriturar?” (confr. fs. 365 vta.).- En primer lugar, y dado que nos hallamos ante una demanda por escrituración, debe citarse el primer párrafo del artículo 89 del código procesal provincial, que dispone: “LITISCONSORCIO NECESARIO.
Cuando la sentencia no pudiere pronunciarse útilmente más que con relación a varias partes, éstas habrán de demandar o ser demandadas en un mismo proceso…”.-
Debemos recordar que existe litisconsorcio necesario “?cuando la eficacia de la sentencia se halla subordinada a la circunstancia de que la pretensión procesal sea propuesta por varias personas o frente a varias personas, o simultáneamente, por y frente a varias personas… La noción del litisconsorcio de este tipo está presidida por la necesidad de integración de la litis con la totalidad de quienes poseen vocación por parte de la misma. Esto conduce a que, en tales supuestos, debe existir una única sentencia que se pronuncie sobre el objeto del pleito de manera válida para todas las partes intervinientes? De lo contrario se arribaría a una sentencia inútil, inocua o de ejecución imposible?” (confr.
Elena I. Highton – Beatriz A. Areán, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación – Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y juridprudencial, Tomo 2, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2004, pág. 306).- La SCBA también se ha expedido al respecto diciendo que “?Existe litisconsorcio necesario cuando en virtud de una disposición legal o por la naturaleza de la relación jurídica controvertida, la pretensión hecha valer en juicio sólo es proponible por todos los legitimados (activo), o contra todos los legitimados (pasivo), o por ambos a la vez (mixto). En estos casos, a la pluralidad de partes no corresponde una pluralidad de causas. La relación sustancial controvertida es sólo una, pero como es única para varios sujetos en forma que las modificaciones de ella, para ser eficaces, tienen que operar conjuntamente en relación a todos, se exige que al proceso en que hay que decidir esa única relación sean llamados necesariamente todos los sujetos de ella, a fin de que la decisión forme estado en orden también a todos (cfr.
Calamandrei, “Instituciones de Derecho Procesal Civil”, ed. Ejea, vol. II, p. 310; Martínez, “Procesos con sujetos múltiples”, t. I, p. 90). Como explica Palacio, a este tipo de litisconsorcio se refiere el art. 89 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto dispone que “cuando la sentencia no pudiera pronunciarse útilmente más que con relación a varias partes éstas habrán de demandar o ser demandadas en un mismo proceso” (“Derecho Procesal Civil”, t. III, p. 207 y sigtes.)?” (confr. Ac 71139, Sent. del 21-3-2001, en autos: “Castillo, Dolores Mabel y otro c/ Banco Cooperativo de La Plata Ltdo. y Otros s/ Acción de nulidad”, Publicaciones: DJBA 160, 187). También ha expresado: “?El sentido de esta institución procesal radica en el valor eficacia de la sentencia a dictarse, receptado en el ya transcripto art. 89 del Código Procesal Civil y Comercial (“Cuando la sentencia no pudiere pronunciarse útilmente...”).
Chiovenda fue el primer expositor del concepto de sentencia “inutiliter data”. En su enseñanza, la imposibilidad jurídica de pronunciarse separadamente respecto de varios, se tiene cuando la sentencia pronunciada respecto de uno solo entre los varios no tiene por sí ningún valor legal (“Sobre el litisconsorcio necesario”, en “Ensayos de derecho procesal civil”, trad. Santiago Sentis Melendo, Ejea, 1949, vol. 3, p. 309, cit. por Martínez, t. I, p. 115 y sigtes.). O también, como lo señala la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fundamento del litisconsorcio necesario reside en la exigencia de resguardar el derecho de defensa de todos aquellos cointeresados, a los cuales ha de extenderse la cosa juzgada propia de la sentencia dictada respecto del fondo del asunto (Fallos, 258:375; 256:198, cit. por Morello y otros, “Códigos”, t.
II-B, p. 343)?” (confr. SCBA, fallo citado).- Refiriéndonos en particular a la acción de escrituración, las obligaciones indivisibles, como la de escriturar, “?son indivisibles porque la prestación debida no puede ser cumplida sino por entero; pero, a diferencia de las obligaciones indivisibles ordinarias en las que cada sujeto actúa independientemente, las primeras imponen una actuación conjunta de todo el frente de acreedores o deudores. Se produce así un litisconsorcio necesario, donde los actos de unos benefician o perjudican a los otros. Por lo tanto, si esa obligación pesa sobre varios condóminos o en favor de varios adquirentes, para su cumplimiento es necesario que concurran todos los compradores o todos los vendedores a firmar el instrumento.
En caso contrario, el acto sería de ningún valor para todos los que lo hubieran firmado?” (confr. Elena I. Highton – Beagtriz A. Areán, ob. cit., pág. 327).- Conteste con ello, se ha expresado: “la acción de escriturar tiene naturaleza indivisible y para su adecuado planteo y resolución es necesario constituir entre los deudores de dicha “obligación de hacer”, un litisconsorcio necesario (art. 89, C.P.C. y C.)” (confr. SCBA, C 94315, Sent. del 18-6-2008, en autos: “Ceciaga, Omar c/ Francione, Magdalena y otros s/ Escrituración”).-
En el caso, siendo la obligación de escriturar indivisible, como se ha expresado (arts. 670 y 680, CC), existe un litisconsorcio necesario, que como consecuencia, “?Advertida en la sentencia la falta de integración de la litis, corresponde el rechazo de la demanda de escrituración. Sin embargo, este modo de decidir la cuestión no produce el efecto de cosa juzgada que impida reeditar en otro proceso la acción de escrituración?” (confr. Carlos J. Colombo – Claudio M. Kiper, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación – Anotado y comentado, Buenos Aires, La Ley, 2006, T° I, 2da. ed., págs.. 576/577).- Es por lo expuesto, que la sentencia en crisis deviene irreprochable.-
Como corolario de lo antedicho, la Excma. Cámara resalta la imposibilidad de expedirse sobre el fondo de la cuestión y por consiguiente respecto de los daños y perjuicios reclamados en forma subsidiaria al interponer la demanda (fs. 15/16), decisión ésta que resulta ajustada a derecho.-
En razón de todo lo analizado y considerado es que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 373/375 vta. y, en consecuencia, confirmar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial que obra a fs. 360/367 vta., con costas al recurrente perdidoso (art. 68, CPC y C).-
Por ello, jurisprudencia y normas legales citadas, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 373/375 vta. y, en consecuencia, confirmar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial que obra a fs. 360/367 vta., con costas.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, ley Uno, t.o. ley 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1008S.141 Tomo: XVII Sentencia: 569.-
Folio N°: 3.238/3.241.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia