Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 36.128-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de nulidad interpuesto, con costas
2Confirmar parcialmente la Resolución N° 7577/2014 (DE PRLA), dictada en las actuaciones SIGEA N° 12197-5876-2009, por la que se condena a la firma MANUFACTURA DE FIBRAS SINTÉTICAS S.A al pago de una multa igual al 30% del valor en aduana de la mercadería en infracción, cuyo monto asciende a la suma de $ 3.764,14 (Pesos tres mil setecientos sesenta y cuatro con 14/100.-) y se la intima al pago de los tributos por la suma de USD 950,16 (Dólares Estadounidenses Novecientos cincuenta con 16/100) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A, con más los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del CA, hasta la fecha de total y efectivo pago. Con costas a la actora sobre los montos que se confirman y a la demandada sobre el importe que se revoca.
3Revocar el IVA Adicional y Ganancias, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-57795974-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 10 de Junio de 2026 SINTETICAS S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación, con la presidencia a cargo del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados “MANUFACTURA DE FIBRAS SINTETICAS S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, Expediente N° 36.128-A.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que a fs. 9/23 se presenta por apoderado la firma MANUFACTURA DE FIBRAS SINTETICAS S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 7577/2014 (DE PRLA), recaída en las actuaciones administrativas N° 12197-5876-2009, con fecha 31 de octubre de 2014, por la cual se la condena por la supuesta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA, al pago de $ 449.956,50 en concepto de multa correspondiente al 30% del valor en aduana de la mercadería en infracción y se la intima al pago de USD 75.720,00 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA y la suma de $ 211.029,00 en concepto de IVA adicional y ganancias, respecto del DIT N° 03001IT14002598J, cuyo vencimiento operó el 22/04/2004. Explica que la firma importadora cumplió en tiempo y forma con todas las cargas y obligaciones asumidas con motivo del régimen de importación temporaria y que la aduana procedió a la devolución de la póliza de caución afectada a la DIT en cuestión. Plantea la nulidad del acto de apertura de sumario y la consecuente prescripción de las acciones para imponer penas y reclamar tributos. Alega que el mismo adolece de los requisitos esenciales exigidos por la ley para ser válido. Se agravia de la lesión al derecho de defensa en juicio toda vez que la Aduana ha violado el derecho constitucional de ser juzgado en un plazo razonable. Cuestiona el planteo que realiza la Aduana sobre la falta de nacionalización de las pérdidas autorizadas por el CTC. Manifiesta la inconstitucionalidad de la deuda expresada en dólares estadounidenses y de su tasa de interés. Ofrece prueba. Solicita se decrete la nulidad de la apertura de sumario y la prescripción de la acción aduanera con expresa imposición de costas a la aduana.
II. Que a fs. 35/42 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Por imperativo procesal, niega todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por la actora que no fuesen de su especial reconocimiento. Efectúa una reseña de las actuaciones.
Destaca que no corresponde la declaración de nulidad del auto de apertura del sumario y que, en consecuencia, no ha operado la prescripción de las acciones fiscales penales ni tributarias.
Destaca que, de los hechos relatados, se halla acreditado fehacientemente que la firma importadora no ha cumplido con la reexportación total y completa de los insumos importados, antes del vencimiento de la importación temporaria. Que la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente, el cabal cumplimiento de sus obligaciones.
Agrega que los argumentos vertidos por la recurrente deben ser desvirtuados atento a las manifestaciones expuestas toda vez que se han reunido los elementos configurativos del tipo penal descripto en la norma; art. 970 del CA. Hace reserva de Caso Federal. Ofrece Prueba. Solicita se dicte sentencia confirmando el fallo apelado, con expresa imposición de costas.
III. Que a fs. 46 se tiene por contestado el traslado y por acompañadas las actuaciones administrativas correspondientes a la presente causa. A fs.54/55 se hace lugar a la prueba informativa ofrecida por la actora. A fs. 106 se certifica la producción de prueba. A fs. 107 se declara clausurado el período probatorio y se elevan los autos a la Sala “E”. A fs. 111 se dicta llamado de autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas Nº 12197-5876-2009 se inician a fs. 1 con la denuncia N° 1045/09 respecto del importador MANUFACTURA DE FIBRAS SINTETICAS S.A. por la infracción al art. 970 del CA, correspondiente a la DIT N° 03001IT14002598J con vencimiento 22/04/2004. A fs. 2/6 se adjunta impresión de pantalla de consulta SIM de la DIT en cuestión. A fs. 7, mediante nota N° 5716/2009 (SE PRTE) se formula denuncia por el total de la mercadería importada y se solicita al Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, la notificación del acto. A fs. 8 se instruye sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del CA y se solicita a la División Verificación a fin de que se sirva informar valor en aduana, derechos y demás gravámenes de la mercadería ingresada mediante la DIT 03001IT14002598J. A fs. 10 se adjunta impresión de pantalla de la consulta de la garantía asociada a la DIT en cuestión -03001010313R- de la cual surge que la misma se encuentra en estado ENTREGADA con fecha 01/08/2003. A fs. 13/14 obra liquidación de multa y tributos. A fs. 16 y vta. se corrió vista de la instrucción de sumario a la firma importadora, la que es notificada el 25/07/2014, según constancia de fs. 18. A fs. 19/26 contesta vista la importadora. A fs. 31 se adjunta copia de declaración jurada de cancelación de DIT. Mediante nota N° 2404/14 (SE PRTE) obrante a fs. 33, se informa que: “no se puede efectuar el cruce de rigor dado que no cuenta con la declaración jurada necesaria en concordancia con la resolución 479/95”. Asimismo, no se encuentran aportado la nacionalización de las perdidas (IC84). A fs. 36 obra nueva liquidación de multa y tributos. A fs. 37/38 se dicta la resolución N° 7577/2014 (DE PRLA), apelada en autos. La que es notificada el 02/06/2015 según constancia de fs. 40. A fs. 43 se remiten los autos a la División Causas Tributarias a los fines de su competencia.
V. Que, acaecido el vencimiento del plazo de permanencia de la destinación temporaria involucrada, el servicio aduanero consideró configurada, prima facie, la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero, de conformidad con lo informado mediante Nota N° 5716/2009 (SE PRTE), de fecha 03/09/2009, obrante a fs. 7 de las actuaciones administrativas.
En dicha oportunidad, la Sección Procedimientos Técnicos informó que, del control operativo efectuado, no se había constatado el cumplimiento del régimen conforme a la normativa vigente, por lo que estimó que se estaría, prima facie, en presencia de una transgresión al régimen de destinación suspensiva, respecto de la DIT N° 03001IT14002598J, cuyo vencimiento operó el 22/04/2004.
Asimismo, se dejó constancia de que la denuncia se formulaba por la totalidad de la mercadería importada temporariamente, por no haberse acreditado debidamente el cumplimiento del régimen. También se indicó que no se adjuntaba la carpeta original por no encontrarse en el área, acompañándose impresiones del Sistema Oficial María, sin perjuicio de la posterior agregación de los originales de las destinaciones en caso de ser hallados. Sobre esa base, el servicio aduanero dio inicio a las actuaciones sumariales a fin de determinar si la firma importadora había regularizado en legal tiempo y forma la mercadería ingresada temporariamente mediante la destinación indicada.
VI. Que, en primer término, corresponde tratar el planteo de nulidad articulado por la actora respecto del auto de apertura del sumario.
Que dicho planteo no puede prosperar. En efecto, del acto obrante a fs. 8 de las actuaciones administrativas surge identificada la destinación comprometida, esto es, la DIT N° 03001IT14002598J; la firma importadora involucrada; el vencimiento del plazo de permanencia; y la infracción prima facie atribuida, en los términos del art. 970 del Código Aduanero. Tales extremos resultan suficientes para habilitar la instrucción del sumario en los términos de los arts. 1090 inc. c) y 1094 del citado cuerpo legal.
Que la circunstancia de que el servicio aduanero se haya valido de constancias extraídas del sistema informático oficial no priva, por sí sola, de causa ni de validez al acto de apertura, máxime cuando dichas constancias individualizan adecuadamente la operación involucrada y no fueron concreta y eficazmente redargüidas de falsedad ni desvirtuadas por prueba concluyente en contrario.
En este sentido, corresponde señalar que el planteo de nulidad no puede sustentarse en una mera discrepancia con la suficiencia de los elementos reunidos por el servicio aduanero al inicio del procedimiento, ni en la sola ausencia de la carpeta original de la destinación, cuando las constancias incorporadas permiten identificar la operación, el sujeto responsable, el vencimiento del plazo acordado y la infracción presuntamente configurada. Que, por lo demás, no se advierte en el caso una afectación concreta del derecho de defensa. La recurrente conoció la imputación formulada, contestó la vista conferida, acompañó documentación respaldatoria, ofreció prueba y pudo articular ante este Tribunal todos los argumentos que estimó conducentes en defensa de su derecho. En consecuencia, no se verifica una nulidad ni un perjuicio actual y efectivo que justifique la declaración pretendida.
Que, en tal sentido, resulta aplicable la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual, cuando la restricción de la defensa en juicio se invoca respecto del procedimiento sustanciado en sede administrativa, no se configura una violación efectiva del art. 18 de la Constitución Nacional si el interesado cuenta con la posibilidad de subsanar esa eventual restricción en una etapa jurisdiccional posterior. Ello es precisamente lo que acontece en autos, en tanto la actora tuvo oportunidad de ofrecer y producir prueba, controvertir las constancias administrativas y exponer con amplitud sus defensas ante este Tribunal. Por lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de nulidad articulado por la actora, con costas (art. 1163 del Código Aduanero).
VII. Que, en relación al planteo de prescripción opuesto por la actora respecto de la acción del Fisco para percibir tributos, corresponde señalar que, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 803 y 804 del Código Aduanero, dicha acción prescribe por el transcurso de cinco (5) años, computados a partir del 1° de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado. En el caso, habiéndose configurado éste el 22/04/2004, el cómputo de la prescripción comenzó el 01/01/2005.
Que dicho plazo se suspendió el 03/11/2009 con el dictado del auto de apertura del sumario, conforme lo previsto en el art. 805, inc. a), del C.A., suspensión que se extendió hasta el dictado de la resolución que habilitó el ejercicio de la acción para percibir los tributos, esto es, hasta el 31/10/2014, fecha en que fue dictada la Resolución N° 7577/2014 (DE PRLA) apelada en autos.
Que, asimismo, la corrida de vista dictada el 05/05/2014 y notificada el 25/07/2014, mediante la cual se puso en conocimiento de la imputada la liquidación tributaria practicada, produjo el efecto interruptivo previsto en el art. 806, inc. a), del C.A., comenzando a correr un nuevo plazo de prescripción a partir del día siguiente, es decir, desde el 26/07/2014.
Que, posteriormente, la notificación de la resolución apelada, efectuada el 02/06/2015, y la interposición del recurso ante este Tribunal el 12/06/2015, determinaron la nueva suspensión del curso de la prescripción en los términos del art. 805, inc. c), del C.A.
Que, por lo expuesto, la acción del Fisco para percibir los tributos reclamados a la firma importadora no se encuentra prescripta, por lo que corresponde desestimar el planteo articulado por la actora, con costas.
VIII. Que, en relación al planteo de prescripción opuesto por la actora respecto de la acción del Fisco para imponer la multa prevista en el art. 970 del Código Aduanero, corresponde señalar que, conforme lo dispuesto en el art. 934 del citado cuerpo legal, dicha acción prescribe por el transcurso de cinco (5) años. Que, de acuerdo con lo establecido en el art. 935 del C.A., dicho plazo debe computarse a partir del 1° de enero del año siguiente a aquel en que se hubiere cometido la infracción. En el caso, habiéndose producido el vencimiento de la destinación temporaria el 22/04/2004, el curso de la prescripción comenzó el 01/01/2005. Que el dictado del auto de apertura del sumario el 03/11/2009 interrumpió el curso de la prescripción, conforme lo previsto en el art. 937, inc. a), del C.A., sin que resulte exigible la notificación de dicho auto para la producción de tal efecto.
Que, en consecuencia, no se verifica en autos la prescripción de la acción aduanera para imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A., por lo que corresponde desestimar también este aspecto del planteo articulado por la recurrente, con costas.
IX. Que, en cuanto al agravio vinculado con la entrega o desafectación de la garantía oportunamente constituida, tampoco puede tener favorable acogida.
En efecto, la circunstancia de que la póliza o garantía figure como entregada, desafectada o liberada no implica, por sí sola, la cancelación de la obligación tributaria ni la extinción de la eventual responsabilidad infraccional derivada del incumplimiento del régimen de importación temporaria. Se trata, en todo caso, de una constancia administrativa relativa al instrumento caucional constituido, carente de efectos liberatorios autónomos respecto del cumplimiento integral de las obligaciones impuestas por el régimen.
En tal sentido, la liberación de la garantía no sustituye la acreditación de la regularización de la destinación en los términos exigidos por la normativa aplicable, esto es, mediante la demostración fehaciente de la reexportación, la importación para consumo o cualquier otro modo legal de cancelación previsto. Dicho de otro modo, la desafectación de la caución puede constituir un dato a ponderar junto con las restantes constancias de la causa, pero no basta, por sí misma, para tener por extinguidas las obligaciones tributarias ni para descartar la configuración de la infracción imputada.
Ello es así, máxime cuando la garantía solo asegura un riesgo patrimonial eventual y no constituye prueba suficiente del efectivo cumplimiento del régimen. Por consiguiente, no asiste razón a la recurrente en cuanto pretende atribuir a la mera entrega de la garantía un efecto cancelatorio que la normativa no le reconoce.
X. Que sentado lo que antecede, en cuanto al fondo del asunto, corresponde resolver si se ajusta a derecho la Res. N° 7577/2014 (DE PRLA) en cuanto a los agravios planteados por la actora respecto a la imputación por parte del Servicio Aduanero en relación a la falta de regularización en tiempo y forma de la DIT en cuestión. Que la recurrente adjuntó en el expediente administrativo, copia de los CTC N° 0787-00, solicitud de CTC N° 061-007897/99 y CTC N° 0642-00, solicitud de CTC N° 061-005333/99, copia de planilla de descarga correspondiente a la DIT en cuestión, copias de los PE N° 03033EC03000882X, 03033EC03000883J, 03033EC03000884K, 03033EC03000885L, 03033EC03000891X, 03033EC03000892J, 03033EC03000893K, 03033EC03000906F, 03033EC03000907G, 03033EC03000916G, 03033EC03000917H, 03033EC03000919J, 03033EC03000920B, 03033EC03000921C, 03033EC03000924F, 03033EC03000938K, 03033EC03000930C, 03033EC03000928J, 03033EC03000939L, 03033EC03000948L, 03033EC03000949M, 03033EC03000950E, 03033EC03000951F, 03033EC03000953H, 03033EC03000960F, 03033EC03000961G, 03033EC03000962H, 03033EC03000985M, 03033EC03001007V, 03033EC03001021R, 03033EC03001028B, 03033EC03001029C, 03033EC03001022S, con sus correspondientes hojas de descarga.
Que, sentado ello, corresponde analizar la eficacia probatoria de las constancias del Sistema Informático MALVINA (SIM) acompañadas en autos a fin de determinar si resultan idóneas para acreditar, en este caso, la regularización invocada por la actora.
Al respecto, cabe señalar que las impresiones extraídas del SIM, en tanto provienen del sistema informático oficial utilizado por el servicio aduanero para el registro y seguimiento de las destinaciones, constituyen elementos aptos de convicción, aun cuando no obren agregados los originales documentales, siempre que no hayan sido concreta y eficazmente desconocidas, redargüidas de falsedad o desvirtuadas por prueba en contrario. El material probatorio extraído del Sistema Informático Malvina (SIM), erigido como Registro Único y Oficial de la Dirección General de Aduanas (DGA), constituye prueba documental legalmente idónea para la sustentación de la instrucción sumarial. Dicha validación se impone en el marco de la transformación digital y la eficacia administrativa ("paperless") que rige a los servicios aduaneros modernos, reconociendo en el SIM la fuente primigenia de la información oficial y garantizando a la constancia certificada por el funcionario su pleno valor probatorio y eficacia jurídica.
En consecuencia, las impresiones del SIM acompañadas en autos pueden ser consideradas a los fines de verificar la operatoria cuestionada y determinar, junto con el resto del material probatorio, el alcance de la regularización invocada por la recurrente.
XI. Que conforme las constancias obrantes en las actuaciones administrativas que corren agregadas por cuerda mediante la DIT N° 03001IT14002598J, registrada el 28/04/2003 ante la Aduana de Buenos Aires, el importador “MANUFACTURA DE FIBRAS SINTETICAS S.A.” documentó la importación temporaria de 421.988 Kg. de “Etilenglicol”, mercadería clasificada en la PA 2905.31.00.000Y al amparo del decreto 1439/96 para su industrialización y posterior exportación. Que el 28/04/2003 se concedió el libramiento a plaza y se autorizó la permanencia de la mercadería importada temporariamente por un plazo de 360 días, operando, en consecuencia, su vencimiento el 22/04/2004, lo cual no se encuentra controvertido en autos. Que el importador manifiesta haber reexportado la totalidad de la mercadería importada, mediante los PE listados en la Declaración Jurada de fs. 31 de las Actuaciones Administrativas.
XII. Que, cabe destacar, que la destinación involucrada en autos, fue documentada en los términos del Decreto Nº 1439/96 que establece el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial en virtud del cual la mercadería que se importa para ser sometida a un proceso industrial, debe ser exportada a consumo bajo la nueva forma resultante dentro del plazo de un año, prorrogable por otro plazo igual.
Que la Resolución ANA Nº 479/95 vigente a la fecha de oficialización de la destinación, enumera la documental requerida a los fines de la cancelación de la importación temporaria, esto es, el permiso de embarque correspondiente a la reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante, en el cual se debe consignar “... lo relativo al Certificado de Tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número de DIT (Aduana de registro-dígito), clase y cantidad de la mercadería importada, comprendida en la que se exporta y el vencimiento de la importación temporaria” (Anexo III, punto 3.3.3.). Que, para acceder a dicho beneficio, el Decreto Nº 1439/96 impone al beneficiario la obligación de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación -CTC- que emite la Secretaría de Industria de acuerdo a las declaraciones de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por el importador. Que, al respecto, el art. 14 del citado decreto establece que: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos, si los mismos tienen valor comercial (...)”. Que el CTC es el documento que establece la relación insumo/producto de manera que, a través del mismo, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados en forma temporaria fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta. Que en lo que se refiere a la importación temporaria, el artículo 250 del CA establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen de importación temporaria para los beneficiarios del mismo, es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado al efecto.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del CA sanciona al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”.
Que la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente, el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción, produce la inversión de la carga de la prueba.
XIII. Que, el CTC N° 0787-00, correspondiente a la solicitud de CTC N° 061-007897/99 y el CTC N° 0642-00, correspondiente a la solicitud de CTC N° 061-005333/99, menciona una relación insumo producto de 0,412 kg. de insumo por cada 1 kg. de producto final exportable y un índice de pérdidas del 32.4 % lo cual coincide en un todo con lo descargado por la importadora y reflejado en la DDJJ de fs. 31 act. adm.
Que las pérdidas son parte de las mercaderías ingresadas bajo el régimen de importación temporal para perfeccionamiento que no se incorporan físicamente al producto final exportado debido al proceso productivo. Estas pérdidas deben ser justificadas técnicamente y reconocidas en el CTC (Certificado de Tipificación y Clasificación)
Que el Decreto 1439/96 reglamenta regímenes de importación temporaria, estableciendo condiciones específicas para la exención de tributos. Si se cumplen los requisitos de perfeccionamiento industrial y de tal proceso se producen pérdidas, no corresponde la nacionalización de las mismas siempre que no tengan valor residual y estén reflejadas en el correspondiente CTC Que el art. 21 del decreto 1439/96 prescribe que; Se considerarán pérdidas las mermas, residuos y sobrantes irrecuperables, no estando por ello sujetos al tratamiento arancelario de importación para consumo. En aquellos casos en que se determine que los residuos y sobrantes tienen valor comercial, los mismos estarán sujetos a valoración aduanera y deberán exportarse o importarse para consumo dentro de los TRES (3) meses de realizada la última exportación, con lo cual se habrá cumplido la obligación impuesta en el régimen. En el supuesto que la mercadería se importe para consumo, se deberán pagar los tributos que gravan dicha importación y la tasa de estadística que correspondan a su clasificación según su nuevo estado. Cuando los residuos y sobrantes derivados del perfeccionamiento industrial provengan en parte de mercaderías de origen nacional, a los efectos de su importación para consumo se computará únicamente la parte proporcional atribuible a las mercaderías importadas temporariamente bajo este régimen.
Se reconocen como pérdidas, aquellas mermas inevitables inherentes al proceso industrial de transformación o perfeccionamiento de la mercadería importada. Las pérdidas se caracterizan por la imposibilidad de recuperación física del insumo tras el proceso productivo. Se trata de un porcentaje del insumo importado que se consume o se pierde durante la fabricación y cuya integración final en el producto no se puede comprobar mediante pesaje o medición directa.
Este es el punto que la distingue de los "residuos" o "desperdicios", para que se considere perdida, este no debe tener ninguna utilidad económica. Si el sobrante tiene algún valor residual, ya sea como desperdicio o pudiera reciclarse, se considera residuo o sobrante y debe recibir un tratamiento aduanero distinto (reexportación o nacionalización mediante destinación IC84 con el consecuente pago de derechos de importación). La pérdida, al "desaparecer", se considera con valor cero y, consecuentemente no corresponde nacionalización alguna. El CTC detalla cantidad de insumo que forma parte del producto final resultante y que es incorporado al mismo, que en este caso es de 0,412 kg. por cada Kg. de producto final y qué porcentaje es pérdida, en este caso es el 32.4%, cabe aclarar que esta parte del insumo no integra el producto final, sino que se pierde en el proceso productivo, por lo tanto, es irrecuperable.
Al ser consideradas pérdidas, las mercaderías desaparecidas o transformadas no están sujetas a la obligación de reexportación o al pago de derechos de importación mediante nacionalización (IC84), siempre que estén detalladas en el CTC como tales.
Es importante distinguir las pérdidas (que desaparecen o se consumen) de los residuos/desechos (que permanecen y pueden tener valor comercial), ya que estos últimos pueden requerir un tratamiento específico ya se a la reexportación de los mismos o pago de tributos mediante la nacionalización de estos.
Que, en función de lo expuesto, corresponde concluir que las pérdidas generadas durante el proceso de perfeccionamiento industrial, en tanto se encuentran debidamente contempladas en los Certificados de Tipificación y Clasificación acompañados en autos, no se hallaban sujetas a nacionalización, razón por la cual no resulta ajustado a derecho exigir a la importadora el cumplimiento de una obligación que la normativa aplicable no imponía.
XIV. Que, el CTC N° 0787/00 correspondiente a la solicitud N° 061-007897/99 menciona la posición arancelaria N.C.M 5503.20.10 y los PE N° 03033EC03000919J, 03033EC03000938K, 03033EC03000949M, 03033EC03000953H, 03033EC03000961G, 03033EC03001028B, 03033EC03001029C fueron declarados por la PA N.C.M 5503.20.00. Esta diferencia de posición arancelaria obedece al cambio de dicha PA. Que el capítulo, la partida y la subpartida no sufrieron modificaciones, pues el cambio se produjo únicamente a nivel de la subpartida regional (séptimo y octavo digito) y que la descripción de dicha partida se mantiene igual. En ese sentido observo que por un mero rigorismo formal no corresponde tener por incumplido el régimen, cuando del análisis de documentación obrante en las actuaciones se concluye que los CTC resultan plenamente aplicables por cuanto las posiciones arancelarias NCM declaradas en los permisos de embarque (5503.20.00) y en el CTC (5503.20.10) describen la misma mercadería.
Que, del análisis de la documentación oportunamente aportada, se pudo acreditar la descarga de 416.692,73 Kg de merecería importada temporalmente, quedando un saldo en infracción de 5.295.27 Kg. según se desprende de la declaración jurada de descarga de insumos obrante a fs. 31 act. adm. conforme el siguiente detalle:
XV. Que aunque la actora no formuló un agravio específico respecto de las percepciones de IVA Adicional y Ganancias, sin embargo, por aplicación de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A)”, fallado el 26/11/19, en donde dispuso “…que cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”, corresponde revocar dichas percepciones. Con costas por su orden en virtud de que dicho pronunciamiento es de fecha posterior al dictado de la resolución objeto de apelación, como así también, a la fecha de interposición del presente recurso.
XVI. Que en consecuencia corresponde modificar la exigencia tributaria surgida de la liquidación realizada por el Servicio Aduanero a fs. 36 act. adm. por la cantidad de 5.295,27 kg. de mercadería en infracción al art. 970 del CA, según el siguiente detalle:
XVII. Que, en virtud de lo expuesto cabe confirmar parcialmente la Resolución N° 7577/2014 (DE PRLA), recaída en las actuaciones SIGEA N° 12197-5876-2009, por la cual se la intima al pago de una multa igual al 30% del valor en aduana de la mercadería en infracción, cuyo monto asciende a la suma de $ 3.764,14 y se lo intima al pago de los tributos por la suma de USD 950,16 más los intereses previstos en el art. 794 del CA, respecto de la DIT N° 03001IT14002598J.
XVIII. Que, atento al modo en que se resuelve, corresponde imponer las costas del planteo de nulidad a la actora vencida (art. 1163 del Código Aduanero).
En cuanto al fondo de la cuestión, y toda vez que la resolución apelada se confirma solo parcialmente, corresponde distribuir las costas según los respectivos vencimientos: con costas a la actora sobre los montos que se confirman y a la demandada sobre el importe que se revoca (art. 1163 del Código Aduanero).
Por ello, VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de nulidad interpuesto, con costas 2.- Confirmar parcialmente la Resolución N° 7577/2014 (DE PRLA), dictada en las actuaciones SIGEA N° 12197-5876-2009, por la que se condena a la firma MANUFACTURA DE FIBRAS SINTÉTICAS S.A al pago de una multa igual al 30% del valor en aduana de la mercadería en infracción, cuyo monto asciende a la suma de $ 3.764,14 (Pesos tres mil setecientos sesenta y cuatro con 14/100.-) y se la intima al pago de los tributos por la suma de USD 950,16 (Dólares Estadounidenses Novecientos cincuenta con 16/100) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A, con más los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del CA, hasta la fecha de total y efectivo pago. Con costas a la actora sobre los montos que se confirman y a la demandada sobre el importe que se revoca.
3. Revocar el IVA Adicional y Ganancias, con costas por su orden.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero al voto precedente.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1. Rechazar el planteo de nulidad interpuesto, con costas 2.- Confirmar parcialmente la Resolución N° 7577/2014 (DE PRLA), dictada en las actuaciones SIGEA N° 12197-5876-2009, por la que se condena a la firma MANUFACTURA DE FIBRAS SINTÉTICAS S.A al pago de una multa igual al 30% del valor en aduana de la mercadería en infracción, cuyo monto asciende a la suma de $ 3.764,14 (Pesos tres mil setecientos sesenta y cuatro con 14/100.-) y se la intima al pago de los tributos por la suma de USD 950,16 (Dólares Estadounidenses Novecientos cincuenta con 16/100) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A, con más los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del CA, hasta la fecha de total y efectivo pago. Con costas a la actora sobre los montos que se confirman y a la demandada sobre el importe que se revoca.
3. Revocar el IVA Adicional y Ganancias, con costas por su orden.
Regístrese y notifíquese. Firme la presente, por Secretaría General de Asuntos aduaneros, remítanse en devolución a la DGA las actuaciones administrativas. Archívese.
Suscriben la presente los Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación (conf. art. 1162 del C.A. y art. 52 del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Fiscal de la Nación).
Date: 2026.06.09 22:58:41 ART Date: 2026.06.10 14:04:04 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.10 14:04:34 -03:00
Fin de la sentencia