Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de nulidad interpuesto, con costas
2Confirmar parcialmente la Resolución N° 7670/2014 (DE PRLA), dictada en las actuaciones SIGEA N° 12197-5871-2009, por la que se condena a la firma MANUFACTURA DE FIBRAS SINTÉTICAS S.A. al pago de una multa igual al 30% del valor en aduana de la mercadería en infracción, cuyo monto asciende a la suma de $14.843,92 (Pesos, Catorce mil ochocientos cuarenta y tres con 92/100.-) y se la intima al pago de los tributos por la suma de USD 4.022,84 (Dólares Estadounidenses Cuatro mil veintidós con 84/100) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A, con más los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del CA, hasta la fecha de su total y efectivo pago. Con costas a la actora sobre los montos que se confirman y a la demandada sobre el importe que se revoca.
3Revocar el Derecho Adicional con costas a la demandada.
4Revocar el IVA Adicional y Ganancias, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-52518067-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 27 de Mayo de 2026 S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”.
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación, y con la presidencia a cargo del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados “MANUFACTURA DE FIBRAS SINTETICAS S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, Exp. 35.650-A.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo I.- Que a fs. 14/22 se presenta por apoderado la firma MANUFACTURA DE FIBRAS SINTETICAS S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 7670/2014 (DE PRLA), recaída en las actuaciones administrativas N° 12197-5871-2009, con fecha 06 de noviembre de 2014, por la cual se la condena por la supuesta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA, al pago de $ 190.410,64 en concepto de multa y se la intima al pago de USD 50.908,64 en concepto tributos, y $ 136.263,47 en concepto de IVA adicional y ganancias, respecto de la DIT N° 03001IT14004093B, cuyo vencimiento operó el 28/06/2004.
Expone que la firma importadora cumplió en tiempo y forma con todas las cargas y obligaciones asumidas con motivo del régimen de importación temporaria y que la aduana procedió a la devolución de la póliza de caución afectada a la DIT en cuestión. Sostiene que los CTC incorporados amparan plenamente la mercadería exportada y guardan relación con la transformación de la mercadería importada. Agrega que es falso el argumento de la aduana en referencia a la falta de nacionalización de las perdidas toda vez que no corresponde dicha nacionalización como si lo es en el caso de las mermas. Manifiesta la lesión al derecho de defensa en juicio toda vez que la Aduana ha violado el derecho constitucional de ser juzgado en un plazo razonable. Se agravia de la inconstitucionalidad de la deuda expresada en dólares estadounidenses y de su tasa de interés. Ofrece prueba. Solicita se resuelva la nulidad y se haga lugar al recurso interpuesto. Con costas.
II. Que a fs. 34/39 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Por imperativo procesal, niega todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por la actora que no fuesen de su especial reconocimiento. Efectúa una reseña de las actuaciones. Manifiesta que en modo alguno se ha vulnerado el derecho de defensa pudiendo identificar los hechos constitutivos de la infracción que se le imputaba y articular respecto de ellos las defensas del caso. Con respecto al planteo de nulidad, expone que, el interesado debe demostrar el perjuicio concreto que le ha conferido el vicio que invoca dado que la validez de los actos administrativos se presupuesta según el perjuicio que sufren los intereses intervinientes. En orden al agravio relativo al derecho de defensa, menciona que, el art. 1089 del CA determina que “cuando no se hubieren trabado medidas cautelares, el servicio aduanero proseguirá la investigación hasta su conclusión, oportunidad en la que deberán elevarse las actuaciones al administrador”. Destaca que, de los hechos relatados, se halla acreditado fehacientemente que la firma importadora no ha cumplido con la reexportación total y completa de los insumos importados, antes del vencimiento de la importación temporaria. Que la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente, el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En relación al fondo, destaca que la infracción en trato se encuentra tipificada por el CA sancionando el incumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia del beneficio de la importación temporaria, que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora y es ella quien debe demostrar en forma fehaciente que ha cumplido acabadamente con sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado. Hace reserva de Caso Federal. Ofrece Prueba. Solicita se dicte sentencia rechazando la apelación interpuesta, con expresa imposición de costas.
III. Que a fs. 40 se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas correspondientes a la presente causa y se abre la causa a prueba por el plazo de 60 días. A fs. 119 se certifica la producción de prueba. A fs. 120 se declara clausurado el período probatorio y se elevan los autos a la Sala “E”. A fs. 125 se dicta llamado de autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas Nº 12197-5871-2009 se inician a fs. 1 con la denuncia N° 1050/09 respecto del importador MANUFACTURA DE FIBRAS SINTETICAS S.A. por la infracción al art. 970 del CA, correspondiente a la DIT N° 03001IT14004093B con vencimiento 28/06/2004. A fs. 2/7 se adjunta impresión de pantalla de consulta SIM de la DIT en cuestión. A fs. 8, mediante nota N° 5711/2009 (SE PRTE) se formula denuncia por el total de la mercadería importada y se solicita al Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, la notificación del acto resolutorio. A fs. 9 se instruye sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del CA y se solicita a la Sección Procedimientos Técnicos que adjunte la carpeta original de la destinación aduanera objeto de la denuncia de autos, la que es respondida a fs. 10 indicando que la documentación solicitada no pudo ser hallada. A fs. 11 obra impresión de pantalla de la consulta de la garantía asociada a la DIT en cuestión - 03001017050W- de la cual surge que la misma se encuentra en estado ENTREGADA con fecha 10/09/2003. A fs. 15 obra liquidación de multa y tributos. A fs. 17 y vta. se corrió vista de la instrucción de sumario a la firma importadora, la que es notificada el 04/09/2014, según constancia de fs. 19. A fs. 20/27 contesta vista la importadora. Mediante nota N° 2453/14 (SE PRTE) obrante a fs. 33, se informa que se encuentran descargada la cantidad de 101.976,89 Kg. y en infracción la cantidad de 306.023,11 Kg. debido a que el CTC 0787/00 no tipifica la PA del producto exportado y que el porcentaje de pérdidas ya está incluido en la relación insumo producto. A fs. 35 se rectifica la liquidación de multa y tributos. a fs. 36/49 se agregan impresiones de pantalla de consulta SIM de los permisos de embarque afectados a la descarga de la DIT en cuestión. A fs. 59/61 se dicta la resolución N° 7670/2014 (DE PRLA), apelada en autos. La que es notificada el 05/03/2015, según constancia de fs. 68.
V. Que, acaecido el vencimiento del plazo de permanencia, el servicio aduanero consideró configurada la infracción al art. 970 del CA de acuerdo a lo informado mediante nota N° 2453/14 (SE PRTE) de fecha 27/10/2014 obrante a fs. 33 de las act. adm. por la cual se informa “que se encuentran descargada la cantidad de 101.976,89 Kg. y en infracción la cantidad de 306.023,11 Kg. debido a que el CTC 0787/00 no tipifica la PA del producto exportado y que el porcentaje de pérdidas ya está incluido en la relación insumo producto”.
VI. En virtud de que la actora cuenta con esta instancia jurisdiccional para subsanar cualquier indefensión que hubiera podido sufrir en sede administrativa, no advierto afectación actual a su derecho de defensa en juicio. Que, por lo expuesto, resulta aplicable la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros fallos: 205:549 y 267:393). Cabe señalar que atento a la posibilidad de la actora en esta instancia de ofrecer y producir prueba con toda amplitud y exponer todos los argumentos que estime convenientes, sin restricción alguna, el posible agravio del que habla la actora se torna improcedente.
VII. Que, en relación al planteo de prescripción opuesto por la actora respecto de la acción del Fisco para imponer la multa prevista en el art. 970 del Código Aduanero, corresponde señalar que, conforme lo dispuesto en el art. 934 del citado cuerpo legal, dicha acción prescribe por el transcurso de cinco (5) años. Que, de acuerdo con lo establecido en el art. 935 del CA, dicho plazo debe computarse a partir del 1° de enero del año siguiente a aquel en que se hubiere cometido la infracción. En el caso, habiéndose producido el vencimiento de la destinación temporaria el 28/06/2004, el curso de la prescripción comenzó el 01/01/2005. Que el dictado del auto de apertura del sumario el 12/11/2009 interrumpió el curso de la prescripción, conforme lo previsto en el art. 937, inc. a), del CA, sin que resulte exigible la notificación de dicho auto para la producción de tal efecto.
Que, en consecuencia, no se verifica en autos la prescripción de la acción aduanera para imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A., por lo que corresponde desestimar también este aspecto del planteo articulado por la recurrente.
VIII. Que, en relación al planteo de prescripción opuesto por la actora respecto de la acción del Fisco para percibir tributos, corresponde señalar que, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 803 y 804 del Código Aduanero, dicha acción prescribe por el transcurso de cinco (5) años, computados a partir del 1° de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado. En el caso, habiéndose configurado éste el 28/06/2004, el cómputo de la prescripción comenzó el 01/01/2005.
Que dicho plazo se suspendió el 12/11/2009 con el dictado del auto de apertura del sumario, conforme lo previsto en el art. 805, inc. a), del CA, suspensión que se extendió hasta el dictado de la resolución que habilitó el ejercicio de la acción para percibir los tributos, esto es, hasta el 06/11/2014, fecha en que fue dictada la Resolución N° 7670/2014 (DE PRLA) apelada en autos.
Que, asimismo, la corrida de vista dictada el 21/04/2014 y notificada el 04/09/2014, mediante la cual se puso en conocimiento de la imputada la liquidación tributaria practicada, produjo el efecto interruptivo previsto en el art. 806, inc. a), del C.A., comenzando a correr un nuevo plazo de prescripción a partir del día siguiente, es decir, desde el 05/09/2014.
Que, posteriormente, la notificación de la resolución apelada, efectuada, el 05/03/2015, y la interposición del recurso ante este Tribunal el 27/03/2015, determinaron la nueva suspensión del curso de la prescripción en los términos del art. 805, inc. c), del C.A.
Que, por lo expuesto, la acción del Fisco para percibir los tributos reclamados a la firma importadora no se encuentra prescripta, por lo que corresponde desestimar el planteo articulado por la actora.
IX. Que, en cuanto al agravio vinculado con la entrega o desafectación de la garantía oportunamente constituida, tampoco puede tener favorable acogida.
En efecto, la circunstancia de que la póliza o garantía figure como entregada, desafectada o liberada no implica, por sí sola, la cancelación de la obligación tributaria ni la extinción de la eventual responsabilidad infraccional derivada del incumplimiento del régimen de importación temporaria. Se trata, en todo caso, de una constancia administrativa relativa al instrumento caucional constituido, carente de efectos liberatorios autónomos respecto del cumplimiento integral de las obligaciones impuestas por el régimen.
En tal sentido, la liberación de la garantía no sustituye la acreditación de la regularización de la destinación en los términos exigidos por la normativa aplicable, esto es, mediante la demostración fehaciente de la reexportación, la importación para consumo o cualquier otro modo legal de cancelación previsto. Dicho de otro modo, la desafectación de la caución puede constituir un dato a ponderar junto con las restantes constancias de la causa, pero no basta, por sí misma, para tener por extinguidas las obligaciones tributarias ni para descartar la configuración de la infracción imputada.
Ello es así, máxime cuando la garantía solo asegura un riesgo patrimonial eventual y no constituye prueba suficiente del efectivo cumplimiento del régimen.
Por consiguiente, no asiste razón a la recurrente en cuanto pretende atribuir a la mera entrega de la garantía un efecto cancelatorio que la normativa no le reconoce.
X. Que, sentado lo que antecede, corresponde analizar si se ajusta a derecho la Resolución N° 7670/2014 (DE PRLA) en cuanto atribuye a la actora el incumplimiento de la cancelación de la DIT N° 03001IT14004093B. No se encuentra controvertido en autos que dicha destinación fue oficializada el 30/06/2003 ante la Aduana de Buenos Aires y librada a plaza el 04/07/2003.
Que la recurrente adjuntó, como anexo al expediente administrativo, copia de los CTC N° 0642-00 y 0787-00, copia de planilla de descarga correspondiente a la DIT en cuestión, copias de los PE N° 03033EC03001310S, 03033EC03001312U, 03033EC03001316B, 03033EC03001334B, 03033EC03001335C, 03033EC03001338F, 03033EC03001339G, 03033EC03001345D, 03033EC03001353C, 03033EC03001358H, 03033EC03001359X, 03033EC03001360A, 03033EC03001361B, 03033EC03001363D, con sus correspondientes hojas de descarga. Que el permiso de embarque N° 03033EC03001309D a pesar de estar incluido en la descarga y mencionado en la DDJJ, no fue adjuntado.
Que, sentado ello, corresponde analizar la eficacia probatoria de las constancias del Sistema Informático MALVINA (SIM) acompañadas en autos a fin de determinar si resultan idóneas para acreditar, en este caso, la regularización invocada por la actora.
Al respecto, cabe señalar que las impresiones extraídas del SIM, en tanto provienen del sistema informático oficial utilizado por el servicio aduanero para el registro y seguimiento de las destinaciones, constituyen elementos aptos de convicción, aun cuando no obren agregados los originales documentales, siempre que no hayan sido concreta y eficazmente desconocidas, redargüidas de falsedad o desvirtuadas por prueba en contrario. El material probatorio extraído del Sistema Informático Malvina (SIM), Registro Oficial de la Dirección General de Aduanas (DGA), constituye prueba documental legalmente idónea para la sustentación de la instrucción sumarial. Dicha validación se impone en el marco de la transformación digital y la eficacia administrativa (" paperless") que rige a los servicios aduaneros modernos, reconociendo en el SIM la fuente primigenia de la información oficial y garantizando a la constancia certificada por el funcionario su pleno valor probatorio y eficacia jurídica.
En consecuencia, las impresiones del SIM acompañadas en autos pueden ser consideradas a los fines de verificar la operatoria cuestionada y determinar, junto con el resto del material probatorio, el alcance de la regularización invocada por la recurrente.
XI. Que conforme las constancias obrantes en las actuaciones administrativas que corren agregadas por cuerda mediante la DIT N° 03001IT14004093B, registrada el 30/06/2003 ante la Aduana de Buenos Aires, el importador “MANUFACTURA DE FIBRAS SINTETICAS S.A.” documentó la importación temporaria de 408.000,00 Kg de Ácido Tereftálico Puro, mercadería clasificada en la PA 2917.36.00.000Q al amparo del decreto 1439/96 para su industrialización y posterior exportación. Que el 04/07/2003 se concedió el libramiento a plaza y se autorizó la permanencia de la mercadería importada temporariamente por un plazo de 360 días, operando, en consecuencia, su vencimiento el 28/06/2004, lo cual no se encuentra controvertido en autos. Que el importador manifiesta haber reexportado la totalidad de la mercadería importada, mediante los PE listados en la Declaración Jurada adjunta como anexo de las Actuaciones Administrativas.
XII. Que, cabe destacar, que la destinación involucrada en autos, fue documentada en los términos del Decreto Nº 1439/96 que establece el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial en virtud del cual la mercadería que se importa para ser sometida a un proceso industrial, debe ser exportada a consumo bajo la nueva forma resultante dentro del plazo de un año, prorrogable por otro plazo igual.
Que la Resolución ANA Nº 479/95 vigente a la fecha de oficialización de la destinación, enumera la documental requerida a los fines de la cancelación de la importación temporaria, esto es, el permiso de embarque correspondiente a la reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante, en el cual se debe consignar “... lo relativo al Certificado de Tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número de DIT (Aduana de registro-dígito), clase y cantidad de la mercadería importada, comprendida en la que se exporta y el vencimiento de la importación temporaria” (Anexo III, punto 3.3.3.).
Que, para acceder a dicho beneficio, el Decreto Nº 1439/96 impone al beneficiario la obligación de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación -CTC- que emite la Secretaría de Industria de acuerdo a las declaraciones de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por el importador. Que, al respecto, el art. 14 del citado decreto establece que: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos, si los mismos tienen valor comercial (...)”.
Que el CTC es el documento que establece la relación insumo/producto de manera que, a través del mismo, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados en forma temporaria fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta. Que en lo que se refiere a la importación temporaria, el artículo 250 del CA establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen de importación temporaria para los beneficiarios del mismo, es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado al efecto.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del CA sanciona al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”.
Que la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente, el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción, produce la inversión de la carga de la prueba.
XIII. Que, de las constancias obrantes en autos, surge que los Certificados de Tipificación y Clasificación N° 0787-00, correspondiente a la solicitud N° 061-007897/99, y N° 0642-00, correspondiente a la solicitud N° 061- 005333/99, prevén para la operatoria examinada una relación insumo/producto de 0,963 kg de insumo por cada 1 kg de producto final exportable, así como un índice de pérdidas del 25,6 %, extremos que deben ser ponderados a los fines de verificar el debido cumplimiento del régimen de importación temporaria.
Que, en ese marco, corresponde recordar que las pérdidas son aquellas porciones del insumo importado que, como consecuencia necesaria del proceso de perfeccionamiento industrial, no se incorporan físicamente al producto final exportado, por resultar consumidas, evaporadas, transformadas o irrecuperables durante dicho proceso. Tales pérdidas deben encontrarse debidamente justificadas desde el punto de vista técnico y reflejadas en el correspondiente CTC, a fin de diferenciarlas de los residuos, sobrantes o desperdicios con valor comercial. Que el art. 21 del decreto 1439/96 establece que las pérdidas, entendidas como mermas, residuos y sobrantes irrecuperables, no se hallan sujetas al tratamiento arancelario de importación para consumo. Distinta es la situación de aquellos residuos o sobrantes que posean valor comercial, los cuales sí deben ser exportados o importados para consumo dentro del plazo allí previsto, con el consecuente pago de los tributos que correspondan según su nuevo estado.
Que, por consiguiente, cuando las pérdidas derivadas del proceso industrial se encuentran expresamente contempladas en el CTC y carecen de valor comercial autónomo, no corresponde exigir su nacionalización mediante destinación IC84, pues no media a su respecto obligación de importación para consumo en los términos del régimen aplicable.
Que, en el caso, del análisis conjunto de los CTC acompañados, de la declaración jurada anexa a las actuaciones administrativas y de la documentación respaldatoria de descarga, se desprende que la recurrente documentó la cancelación de la mayor parte de la mercadería importada temporariamente mediante los permisos de embarque acompañados, resultando únicamente improcedente computar la descarga correspondiente al PE N° 03033EC03001309D, por no haber sido agregado al expediente.
Que no puede compartirse el criterio del servicio aduanero en cuanto sostuvo que el porcentaje de pérdidas ya se hallaba comprendido en la relación insumo/producto, pues de la propia estructura del CTC surge que ambos conceptos responden a magnitudes distintas y cumplen funciones diferentes dentro del régimen. En efecto, la relación insumo/producto determina la cantidad de insumo necesaria para obtener una unidad de producto exportable, mientras que el índice de pérdidas identifica aquella porción del insumo que, como consecuencia del proceso industrial, no se incorpora al producto final por resultar irrecuperable. Por ello, no cabe confundir ambos parámetros ni considerar que la sola mención de la relación insumo/producto absorba o neutralice, sin más, el tratamiento específico que el propio CTC reconoce a las pérdidas.
Que, en efecto, del cuadro obrante en autos surge que dicho permiso de embarque representa 17.749,43 kg de insumo utilizado y 6.107,33 kg de pérdidas asociadas, lo que determina un total de 23.856,76 kg no acreditados, con un valor CIF de USD 16.744,41, siendo ese, y no otro, el alcance de la porción de mercadería que puede considerarse en infracción.
Que, asimismo, respecto de los permisos de embarque amparados por el CTC N° 0787/00, la diferencia observada entre la posición arancelaria consignada en dicho certificado (NCM 5503.20.10) y la declarada en los permisos de embarque (NCM 5503.20.00) no resulta suficiente, por sí sola, para tener por incumplido el régimen, toda vez que el cambio se produjo únicamente a nivel de la subpartida regional -séptimo y octavo dígito-, sin alteración del capítulo, partida, subpartida ni de la identidad material de la mercadería exportada.
Que, en tales condiciones, corresponde concluir que las pérdidas verificadas durante el proceso industrial, en tanto se hallaban expresamente contempladas en los CTC agregados a la causa y no poseían valor comercial autónomo, no estaban sujetas a nacionalización en los términos del art. 21 del decreto 1439/96. En consecuencia, la imputación formulada por el servicio aduanero solo puede prosperar respecto de la porción de mercadería cuya descarga no fue debidamente acreditada, esto es, la correspondiente al permiso de embarque no acompañado.
XIV. Que corresponde a este Tribunal determinar si resulta ajustada a derecho la imputación efectuada (infracción al art. 970 del CA) así como la exigencia tributaria que fuera intimada a cancelar la firma MANUFACTURA DE FIBRAS SINTETICAS S.A., respecto de la DIT N° 03001IT14004093B, oficializada ante la Aduana de Buenos Aires el 30/06/2003, cuyo vencimiento operó el 28/06/2004.
Que la firma importadora manifiesta haber cumplido con el régimen cancelando el total de la DIT y que la documentación necesaria para constatar la reexportación fue aportada en el expediente administrativo.
XV. Que, del análisis de la documentación oportunamente aportada, se pudo acreditar la descarga de la mercadería reexportada mediante los PE N° 03033EC03001310S, 03033EC03001312U, 03033EC03001316B, 03033EC03001334B, 03033EC03001335C, 03033EC03001338F, 03033EC03001339G, 03033EC03001345D, 03033EC03001353C, 03033EC03001358H, 03033EC03001359X, 03033EC03001360A, 03033EC03001361B, y 03033EC03001363D, toda vez que los mismos cuentan con la hoja de descarga con el detalle de la mercadería descargada y el CTC utilizado.
Que el permiso de embarque N° 03033EC03001309D, incluido en la descarga y mencionado en la DDJJ, no fue adjuntado por lo que no es posible tenerlo en cuenta para acreditar la descarga pretendida por la actora. Que, el CTC N° 0787/00 correspondiente a la solicitud N° 061-007897/99 menciona la posición arancelaria N.C.M 5503.20.10 y los PE N° 03033EC03001310S, 03033EC03001312U, 03033EC03001316B, 03033EC03001334B, 03033EC03001338F, 03033EC03001339G, 03033EC03001359X, 03033EC03001361B, y 03033EC03001363D fueron declarados por la PA N.C.M 5503.20.00. Esta diferencia de posición arancelaria obedece al cambio de dicha PA. Que el capítulo, la partida y la subpartida no sufrieron modificaciones, pues el cambio se produjo únicamente a nivel de la subpartida regional (séptimo y octavo digito) y que la descripción de dicha partida se mantiene igual. En ese sentido observo que por un mero rigorismo formal no corresponde tener por incumplido el régimen, cuando del análisis de documentación obrante en las actuaciones se concluye que los CTC resultan plenamente aplicables por cuanto las posiciones arancelarias NCM declaradas en los permisos de embarque (5503.20.00) y en el CTC (5503.20.10) describen la misma mercadería.
Tal situación se visualiza en el siguiente cuadro:
XVI. Que si bien la actora no formuló un agravio autónomo respecto del derecho adicional, su examen resulta inescindible del alcance de la liquidación tributaria apelada, y en consecuencia, por razones de economía procesal y seguridad jurídica corresponde revocar el derecho adicional que exige la aduana, por aplicación al caso de autos del fallo recaído in re “IEF LATINOAMERICANA SA (TF 16.912-A) c/DGA”, del 14/08/13, en el que aplica y remite en lo pertinente a las consideraciones y criterio establecido en la causa “FRISHER SRL (TF 16.236-A) c/DGA”, también del 14/08/13, en la que revocó la exigencia del derecho adicional previsto en el art. 15 de la resol ME 72/92, limitando el pago a los casos en que se solicita la importación para consumo regular de las mercaderías importadas temporariamente. Con costas a la demandada en virtud de que dicho pronunciamiento es de fecha anterior al dictado de la resolución objeto de apelación, como así también, a la fecha de interposición del presente recurso.
XVII. Que aunque la actora no formuló un agravio específico respecto de las percepciones de IVA Adicional y Ganancias, sin embargo, por aplicación de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A)”, fallado el 26/11/19, en donde dispuso “…que cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”, corresponde revocar dichas percepciones. Con costas por su orden en virtud de que dicho pronunciamiento es de fecha posterior al dictado de la resolución objeto de apelación, como así también, a la fecha de interposición del presente recurso.
XVIII. Que en consecuencia corresponde modificar la exigencia tributaria surgida de la liquidación realizada por el Servicio Aduanero a fs. 35 act. adm. por la cantidad de 23.856,76 kg. de mercadería en infracción al art. 970 del CA, según el siguiente detalle:
XIX. Que, en consecuencia, y conforme a lo expuesto, corresponde confirmar parcialmente la Resolución N° 7670/2014 (DE PRLA), recaída en las actuaciones SIGEA N° 12197-5871-2009, en cuanto intima a la firma importadora al pago de los tributos correspondientes a la mercadería cuya infracción subsiste, los que ascienden a la suma de USD 4.022,84, respecto de la DIT N° 03001IT14004093B, con más los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero hasta la fecha de su total y efectivo pago.
Que, en cuanto a la sanción aplicable, corresponde señalar que el art. 970 del Código Aduanero prevé una multa de uno a cinco veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo de la mercadería en infracción, no pudiendo en ningún caso ser inferior al treinta por ciento (30%) del valor en aduana de la mercadería. En el caso, toda vez que la multa equivalente a una vez el monto de los tributos resultaría inferior a dicho mínimo legal, corresponde aplicar este último.
Que, conforme la liquidación practicada sobre la base de la mercadería cuya infracción se mantiene, el valor en aduana asciende a la suma de $ 49.479,74, por lo que el treinta por ciento (30%) de dicho importe arroja una multa de $ 14.843,92, monto que corresponde confirmar.
Por ello, VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de nulidad interpuesto, con costas 2.- Confirmar parcialmente la Resolución N° 7670/2014 (DE PRLA), dictada en las actuaciones SIGEA N° 12197-5871-2009, por la que se condena a la firma MANUFACTURA DE FIBRAS SINTÉTICAS S.A. al pago de una multa igual al 30% del valor en aduana de la mercadería en infracción, cuyo monto asciende a la suma de $ 14.843,92 (Pesos, Catorce mil ochocientos cuarenta y tres con 92/100.-) y se la intima al pago de los tributos por la suma de USD 4.022,84 (Dólares Estadounidenses Cuatro mil veintidós con 84/100) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A, con más los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del CA, hasta la fecha de su total y efectivo pago. Con costas a la actora sobre los montos que se confirman y a la demandada sobre el importe que se revoca.
3. Revocar el Derecho Adicional con costas a la demandada.
4. Revocar el IVA Adicional y Ganancias, con costas por su orden.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero al voto precedente.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1. Rechazar el planteo de nulidad interpuesto, con costas 2.- Confirmar parcialmente la Resolución N° 7670/2014 (DE PRLA), dictada en las actuaciones SIGEA N° 12197-5871-2009, por la que se condena a la firma MANUFACTURA DE FIBRAS SINTÉTICAS S.A. al pago de una multa igual al 30% del valor en aduana de la mercadería en infracción, cuyo monto asciende a la suma de $14.843,92 (Pesos, Catorce mil ochocientos cuarenta y tres con 92/100.-) y se la intima al pago de los tributos por la suma de USD 4.022,84 (Dólares Estadounidenses Cuatro mil veintidós con 84/100) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A, con más los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del CA, hasta la fecha de su total y efectivo pago. Con costas a la actora sobre los montos que se confirman y a la demandada sobre el importe que se revoca.
3. Revocar el Derecho Adicional con costas a la demandada.
4. Revocar el IVA Adicional y Ganancias, con costas por su orden.
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos aduaneros, remítanse en devolución a la DGA las actuaciones administrativas. Archívese.
Suscriben la presente los Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación (conf. art. 1162 del C.A. y art. 52 del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Fiscal de la Nación).
Date: 2026.05.22 17:38:33 ART Date: 2026.05.27 14:17:09 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.27 14:17:40 -03:00
Fin de la sentencia