Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 35733-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los planteos de nulidad y prescripción opuestos por la firma importadora, sin costas.
2Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 6798/2014, dictada en el expediente administrativo N° 12197-5868-2009, en cuanto a que condena a la firma Manufactura de Fibras Sintéticas S.A. al pago de una multa y tributos en relación a 406.143,25 kg. de la mercadería en infracción documentada mediante la DIT 03001IT14001260R.
3Declarar que el monto de los tributos adeudados asciende a u$s 63.184,04 con más los intereses del art. 794 del CA, calculados desde el 30/06/2014 y hasta el efectivo pago y el monto de la multa asciende a $ 231.868,33.
4Revocar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 9133/2013, dictada en el expediente administrativo N° 12039-906-2008, en cuanto a los conceptos de derecho adicional y percepciones del IVA e Impuesto a las Ganancias, con costas por su orden.
5Las costas por lo decidido en los puntos 2 y 3 se imponen según los respectivos vencimientos, los que se estiman en un 85 % a cargo de la actora y un 15 % a cargo de la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-95079437-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 29 de Septiembre de 2026 Dirección General de Aduanas s/ apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dr. Christian M. González Palazzo, Palo A. Garbarino y Juan M. Soria, a fin de resolver en los autos caratulados “MANUFACTURA DE FIBRAS SINTETICAS S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente n° 35733-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 11-20 vta. se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros (DE PRLA) N° 6798/14, dictada el 8/10/14 en el expediente administrativo Actuación SIGEA N° 12197-5868-2009, por la que se la condenó, en los términos del art. 970 del Código Aduanero (CA), al pago de una multa igual a una vez el importe de los tributos que gravan la importación para consumo de 443.482,42 kg. de la mercadería importada temporariamente mediante la destinación de importación temporaria (DIT) N° 03001IT14001260R y se le formuló cargo por los tributos adeudados. Se refiere a los antecedentes de la causa. Plantea la nulidad del procedimiento y de la resolución referida. Sostiene que el acto de apertura del sumario de fecha 18/12/2008, del cual se le corrió vista el 12/06/2014, se dictó al solo efecto interruptivo de la prescripción dado que con posterioridad no se impulsó la investigación. Afirma que no resulta válido en los términos del art. 1094 del CA dado que careció de los requisitos allí establecidos. Sostiene que la Aduana no cumplió con los pasos del procedimiento infraccional conforme lo establecen los arts. 1107, 1108, 1109, 1109, 1110, 1112 y cctes. del CA. Alega menoscabo a los derechos de defensa y propiedad. Sostiene que la resolución apelada carece de causa y motivación. Opone la prescripción de las acciones del fisco para imponer penas y exigir tributos. Alega que la Aduana ha violado el derecho constitucional a ser juzgado en un plazo razonable. En subsidio afirma que ha cumplido en tiempo y forma con el régimen del Decreto 1439/96 y por ende ha quedado demostrada la inexistencia de la infracción imputada. Asimismo impugna la liquidación efectuada por la Aduana en cuanto a la determinación de la multa y los tributos expresados en dólares estadounidenses, el tipo de cambio y la tasa de interés aplicada. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Formula reserva del caso federal. Solicita se deje sin efecto la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 32-35, se presenta el representante fiscal, contesta el traslado que le fuera conferido respecto del recurso de apelación interpuesto. Realiza una breve descripción de los hechos y de lo actuado en sede administrativa. Niega genéricamente todos y cada uno de los hechos y las manifestaciones de la contraria expresamente no reconocidas. Realiza consideraciones con respecto al planteo de nulidad y oposición de prescripción alegadas por la recurrente. Sostiene que la sanción impuesta es ajustada a derecho, dado que la firma importadora no acreditó en tiempo y forma el cumplimiento con las obligaciones del régimen de importación temporal y ello es causa suficiente para imputarle la comisión de la infracción. Efectúa un análisis respecto del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la recurrente relativas al régimen especial del Decreto 1439/96 y la finalidad de las imposiciones del régimen de importación temporaria. Realiza consideraciones respecto de la determinación de los tributos en dólares estadounidenses y la tasa de interés aplicable. Cita jurisprudencia. Acompaña las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197- 5868-2009. Formula reserva del caso federal. Solicita se dicte sentencia confirmando la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 46 se proveyó la prueba ofrecida por la actora.
A fs. 133 se clausuró el período probatorio.
A fs. 140 se elevaron las actuaciones al conocimiento e intervención de la Sala “F” y se pusieron a alegar. A fs. 143-147 presentó alegato la recurrente y a fs.148 se dejó constancia de que la demandada no hizo uso del derecho conferido.
A fs. 149 quedaron los autos en estado de dictar sentencia.
IV. De la compulsa de las actuaciones administrativas n° 12197-5868-2009 surge que las mismas se iniciaron con el acta de denuncia, obrante a fs. 1, por la presunta infracción tipificada en el art. 970 del CA respecto de la totalidad de la mercadería importada mediante la DIT 03001IT14001260R, oficializada el 27/02/03, cuyo vencimiento operó el 1/03/04, consistente en 552 toneladas (t) de ácido tereftálico, es decir 552.000 kg., clasificada en la Posición Arancelaria (P.A.) 2917.36.00.000Q. A fs. 5, el 14/10/09 se dispuso la apertura del sumario. A fs. 9 se realizó el aforo de la mercadería y a fs. 10 la determinación de la multa y tributos. A fs. 12 y vta. se corrió vista a la importadora quien contestó a fs. 20-27 y aportó como prueba copia de los permisos de embarque (PE) mediante los cuales afirma haberla cancelado, como así también copia de los Certificados de Tipificación y clasificación (CTC) nros. 0787-00 y 0642-00. Luego del análisis de la documentación acompañada por la firma importadora, a fs. 32, la Secretaría de Procedimientos Técnicos (SE PRTE), mediante Nota N° 2275/14, rectificó la denuncia e informó que del total de la mercadería importada resultó cancelada la cantidad de 108.517,58 kg. y en infracción el saldo restante de 443.482,42 kg. Asimismo dejó constancia de que: “…las pérdidas tangibles deben deducirse de la relación insumo producto determinada por el CTC de aplicación y su cantidad se debe registrar mediante el Subrégimen IC84.”
En consecuencia se re determinó el monto de la multa y tributos y a fs. 60-61 vta. se dictó la resolución apelada en autos.
V. Sentado ello y previamente a adentrarme en el análisis de las cuestiones de fondo relativas al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria, corresponde expedirse sobre los planteos de nulidad y excepción de prescripción opuestos por la firma importadora en su escrito recursivo.
La importadora plantea la nulidad de la apertura sumarial dispuesta por el servicio aduanero el 14/10/09 y cuestiona su efecto interruptivo/suspensivo de la prescripción, dado que según argumenta, dicho acto no reunió los requisitos exigidos por el art. 1094 del CA en tanto alega que fue dictado al sólo efecto de producir la interrupción del plazo de prescripción, dado que no se impulsó el procedimiento ni la investigación, razón por la cual, dicho acto, no constituye la resolución fundada que contempla el art. 1094 del CA. Al respecto cita las sentencias de la Sala F del Tribunal Fiscal en autos “Hamburg Sud Sucursal Argentina S.A.”, del 2/05/13 y “Kimberly Clark Argentina S.A.” del 6/03/15. La recurrente sostiene que en la apertura sumarial no se dieron a conocer los hechos investigados y por los cuales se le imputa la infracción de autos. Como consecuencia de ello se vulneraron los derechos de la actora a un debido proceso y a ejercer su defensa en juicio.
Asimismo afirma que la investigación realizada por parte del servicio aduanero se extendió en demasía por su propia inacción.
En este orden de ideas, entiende que la resolución apelada excedió el marco de lo razonable en cuanto a las exigencias a la importadora y fue dictada con el único propósito de procurar eludir el límite de la prescripción, sin ahondar en la búsqueda de la verdad material. Considera que el servicio aduanero menoscabó gravemente su derecho de defensa al dictar, en esas condiciones, la resolución en cuestión, la cual carece de razones firmes que la sostengan como acto administrativo válido, dado que se encuentra viciada en sus elementos esenciales: causa y motivación Respecto de lo esgrimido cabe señalar, en primer lugar, que la nulidad es un modo excepcional de extinción de las obligaciones. Como tal debe ser analizada con suma prudencia y evaluarse con rigurosidad la consecución de cada uno de los extremos del planteo recursivo. Ello a fin de determinar si los mismos son suficientes para convencer a este juzgador de declarar la invalidez e ineficacia de los actos jurídicos llevados a cabo por la Administración.
En esta inteligencia y en segundo lugar, con relación a lo expresado por la recurrente respecto de la falta de cumplimiento con los requisitos del art. 1094 del CA, cabe destacar que las condiciones fácticas de la presente causa difieren sustancialmente respecto de los precedentes citados por la asistencia técnica de la recurrente pues centralmente se colige, de la compulsa de las actuaciones administrativas, que en el sobre contenedor obrante a fs. 3 se encuentra la documentación relativa a la DIT en cuestión. Asimismo, como ya se expresó, a fs. 1 se encuentra glosada el acta de denuncia del 4/09/09 formulada por la División Registro de Importación. Así también a fs. 9 se da intervención a la División Verificación para la determinación del valor en aduana de las mercaderías objeto de la destinación y el cálculo de tributos. A fs. 10 se realiza la determinación de tributos y multa. Con lo que concluyo se hayan reunidos los requisitos establecidos en el art. 1094 del C.A. para otorgar validez al acto de apertura sumarial.
En tercer lugar, respecto de lo manifestado por la recurrente en cuanto a la afectación al derecho de defensa, surge de las constancias de las actuaciones administrativas, que la importadora ha tenido oportunidad de acreditar la cancelación de la destinación en trato. Además ha tenido oportunidad de contestar en tiempo y forma la corrida de vista dispuesta e interponer el recurso de apelación de autos contra la resolución dictada, instancia que permite su revisión, como así también el ofrecimiento de las pruebas que considere hacen a su defensa.
Atento a la posibilidad de la actora, en esta instancia, de ofrecer y producir prueba con toda amplitud, oponer defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables en este sentido. Reiterada doctrina y jurisprudencia tiene resuelto que no es necesario que se analicen la totalidad de los argumentos de las partes, bastando con considerar aquellas que, entiende el juzgador, son relevantes a los fines de alcanzar la solución de la causa. En esta instancia resulta posible meritar tanto la prueba obrante en las actuaciones administrativas como la aquí ofrecida por la recurrente. No se evidencia, entonces, la alegada violación del derecho de defensa, ya que los presuntos vicios del procedimiento no le causan a la parte indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado mediante la intervención de este Tribunal. Resulta así de aplicación al caso la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior. (Entre otros fallos: 205-549 y 267-393).
Por lo expuesto no se infiere una conculcación del citado derecho, sino que, por el contrario, el mismo ha sido ejercido en debido tiempo y forma, a través de los mecanismos previstos en las normas aplicables. Corresponde, entonces, rechazar el agravio de la recurrente en ese sentido.
VI. Con respecto a la excepción de prescripción de las acciones del Fisco para imponer penas y exigir tributos, el código rector en la materia establece que por el transcurso del plazo de cinco años se prescribe la acción del Fisco para imponer penas o percibir tributos regidos por la legislación aduanera. Dicho plazo comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o de la fecha en que se hubiese producido el hecho gravado, estableciendo las causales de suspensión o interrupción de dicho plazo, según el caso.
En el caso de autos, el vencimiento de la importación temporaria que originó el sumario administrativo operó el 1/03/04, por lo que el plazo de prescripción quinquenal comenzó a correr el 1/1/2005 (arts. 934y 935 del CA) y fue interrumpido el 14/10/09 por el auto de apertura del sumario (art. 937, inc. a), reanudándose al día siguiente, sin que a estos efectos se requiera su notificación (CSJN, Fallos: 332:1109). En estas condiciones, la resolución fue dictada el 8/10/14, esto es, antes de que operara la prescripción de la acción del Fisco para imponer la multa, por lo que corresponde desestimar la excepción interpuesta (arts. 936 y 937, inc. d).
Es menester recordar que la fecha en que fue notificado el fallo aduanero no tiene relevancia para el cómputo de la prescripción porque el CA es categórico al establecer en el inc. d) del art. 937, como causal de interrupción de la acción para imponer penas por infracciones aduaneras, “el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera" (conf. CNACAF, en pleno, autos: "Hughes Tool S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas", del 23/09/2003, JA 2003 IV 38.
Tampoco ha prescripto la acción del Fisco para reclamar los tributos, atento a que el plazo que comenzó a correr el 1/1/2005 se encuentra suspendido, conforme lo establecido en los arts. 803, 804, 805, incs. a) y c) del CA.
No obstante ello, la recurrente basó su argumento para alegar la prescripción en que el acto de apertura del sumario resultaba nulo, por lo que consideró, no tendría entidad suspensiva o interruptiva en los términos de los arts. 805, inc. a) y 937, inc. a) del CA.
Los argumentos relativos a la validez del acto de apertura sumarial han sido desarrollados en el considerando anterior al cual me remito en mérito a la brevedad.
VII. No obstante lo expresado en los considerandos precedentes, la recurrente, en su escrito de apelación, se agravia por considerar que se encuentra afectada la garantía del “plazo razonable” de duración del proceso. Expresa que la desmedida extensión de los plazos del procedimiento, es decir más de diez (10) años transcurridos desde el vencimiento de la DIT y la notificación de la corrida de vista, le produjo serios inconvenientes con relación a su defensa.
Al efecto, corresponde señalar que el principio del “plazo razonable” es aplicable a toda índole de procedimientos, pero sobre todo al proceso penal, con la finalidad de que el sujeto que se encuentra bajo tratamiento legal no permanezca largo tiempo bajo acusación y asegurar que la causa se decida prontamente. Dicho concepto fue, asimismo, aplicado a los procedimientos infraccionales.
En tal sentido, considero que la violación a la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable no surge de la constatación automática del transcurso de un plazo “ideal” determinado, sino del examen particularizado de las circunstancias de cada caso.
La CSJN en el caso: "Losicer, Jorge" precisó que existen ciertas pautas para valorar dichas circunstancias, las cuales pueden resumirse en: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades jurisdiccionales y d) el análisis global del procedimiento. Además en esta causa se evidencia una situación bien distinta a la que analizó aquel tribunal en el precedente citado. Del relevamiento realizado respecto de la evolución del procedimiento sumario y conforme lo expresado en el considerando V, no se advierte que la extensión del plazo del trámite se traduzca en una privación, en perjuicio de la actora, de ejercer sus defensas en tiempo y forma, tanto en sede administrativa, como ante este Tribunal Fiscal.
Lo hasta aquí expuesto es suficiente para considerar que en el caso de autos no se encuentra afectada la garantía del plazo razonable de duración de los procesos, por lo que corresponde rechazar el agravio de la recurrente en ese sentido.
VIII. En cuanto a lo alegado por la actora con relación a la devolución de la garantía, cabe destacar que la circunstancia de que la póliza haya sido desafectada o liberada, no implica que ha sido cancelada la obligación tributaria, mucho menos la eximición de responsabilidad infraccional derivada del incumplimiento del régimen de importación temporaria. No constituye la acreditación de la regularización de la DIT en los términos exigidos por la normativa aplicable, esto es la demostración fehaciente de la reexportación o importación a consumo de la mercadería importada temporariamente.
La desafectación de la garantía puede constituir un dato ponderable conjuntamente con el resto de las constancias de autos, pero no basta por sí sola para tener por cumplidas las obligaciones impuestas a la importadora, máxime cuando dicha garantía solo asegura un riesgo patrimonial eventual, pero no constituye prueba suficiente del efectivo cumplimiento del régimen.
Por lo expuesto no asiste razón a la actora en su pretensión de atribuir a la entrega de la garantía un efecto cancelatorio de la DIT.
IX. Sentado lo que antecede, en cuanto al fondo de la cuestión traída a conocimiento, no resulta controvertido que mediante la DIT 03001IT14001260R, oficializada el 27/02/03, la firma Manufactura de Fibras Sintéticas S.A, documentó la importación temporaria, en los términos del Decreto 1439/96, de 552.000 kg. de ácido tereftálico, clasificado en la P.A. 2917.36.00.000Q, para la fabricación de fibras sintéticas poliéster.
El vencimiento de la destinación operaba el 1/03/04.
Obra en el expediente administrativo (fs. 3) la carpeta original de la destinación denunciada. Vencido el plazo referido y ante la falta de acreditación de la cancelación por parte de la importadora, la Sección Procedimientos Técnicos de la Aduana de Buenos Aires labró el acta de denuncia obrante a fs. 1 de las actuaciones, por presunta infracción art. 970 del CA, respecto de la totalidad de la mercadería importada temporariamente.
La norma mencionada establece que “...El que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o exportación temporaria, según el caso, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo, según el caso, de la mercadería en infracción, multa que no podrá ser inferior al TREINTA (30%) por ciento del valor en aduana de la mercadería, aun cuando ésta no estuviere gravada.”, ello sin perjuicio de la exigencia de los tributos que gravaren la importación para consumo.
Asimismo, la Resolución de la ex Administración Nacional de Aduanas (ANA) N° 479/95 establece el mecanismo idóneo para acreditar el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Esto es la presentación de los permisos de embarque (PE) por los que se documentara la exportación para consumo del producto elaborado con dicho insumo, con la correspondiente “descarga” de la DIT –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– con su mención y la de la respectiva cantidad de insumo; y/o mediante los despachos de importación por los que se documentara regularmente la importación para consumo de dicho insumo (importación para consumo de la mercadería importada), sin perjuicio de las facultades de control aduanero sobre lo declarado en tal sentido.
Asimismo, cabe señalar que es indispensable la presentación del CTC por cuanto sin él no se puede determinar la relación insumo/producto entre la mercadería importada temporariamente y la exportada bajo una nueva forma, como también las mermas, sobrantes y pérdidas resultantes del proceso de transformación.
Además, tanto la reexportación como la importación a consumo de los insumos y mermas, en caso de que corresponda, deben realizarse dentro de los plazos estipulados.
En este sentido, corrida la vista de la apertura sumarial, la firma importadora acompañó copias de la documentación que obraba en su poder para acreditar la cancelación de la importación temporaria. Dicha documentación se encuentra agregada en el sobre de fs. 31 de las actuaciones administrativas. La aquí actora sostuvo que la mercadería importada temporariamente fue reexportada en su totalidad mediante las operaciones documentadas al amparo de permisos de embarque (PE) cuyas copias acompañó. Asimismo, en su contestación de vista, acompañó copias de los CTC nros. 0787-00 y 0642-00, aplicables a su entender.
Cabe destacar que el servicio aduanero, en virtud de la documentación acompañada por la firma importadora para acreditar el cumplimiento con el régimen del Decreto 1439/96, consideró no regularizada la situación de 443.482,42 kg. de la mercadería de la DIT en cuestión respecto de la cual, una vez concluido el sumario, dictó la resolución aquí apelada.
Visto lo precedente corresponde analizar si, en base a la documentación obrante en autos, se puede constatar el cumplimiento de las obligaciones asumidas al momento de realizar la operación de importación temporaria documentada, en relación a la mercadería denunciada.
Al respecto es necesario señalar que el fundamento empleado por el servicio aduanero en instancia administrativa radicó en que: “…en relación al CTC 0787-00, la posición arancelaria no tipifica el producto importado. Asimismo se deja constancia que las pérdidas tangibles deben deducirse de la relación insumo producto determinada por el CTC de aplicación y su cantidad se debe registrar mediante el sub-regimen IC84”
Ahora bien, de la documental obrante en las actuaciones administrativas y constancias de autos, surge que las copias de la documentación de los PE aportadas por la importadora y mediante los cuales alegó haber dado cumplimiento a su obligación de reexportación, son completas, por cuanto cuentan con el cumplido y la intervención del personal aduanero, como así también con la correspondiente hoja de descarga. No han sido desconocidas ni observadas por la demandada.
Por otra parte, de la contestación del oficio dirigido a la Dirección General de Aduanas (DGA) surge que a fs. 65-125 de autos, se acompañaron las impresiones de pantalla del Sistema Informático Malvina (SIM) de los PE vinculados. Así también a fs. 126 la DGA informó la imposibilidad de acompañar las carpetas originales de los PE debido a que la Dirección General del Archivo General de la Nación autorizó la desafectación documental de los PE de los años 1999 a 2003, tarea que se llevó a cabo en los meses de enero y febrero de 2011.
Sin embargo, a pesar de no contar con los originales de los PE, dicha circunstancia no impide su verificación y análisis, sobre la base de las copias de los mismos y demás documentación aportada por las partes, obrante en las actuaciones administrativas y en autos, máxime teniendo en cuenta el plazo transcurrido desde las operaciones en cuestión.
X. Corresponde entonces, en base a la documentación obrante en estos actuados y la acompañada en la instancia administrativa, determinar si la importadora dio cabal cumplimiento a las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria.
Compulsados la destinación de importación temporaria, los PE y los CTC aportados, se corrobora: (i) Mediante la DIT 03001IT14001260R, la recurrente importó 552.000 kg. de ácido tereftálico clasificados en la P.A. 2917.36.00.000Q, para la fabricación de fibras sintéticas poliéster. (ii) Asimismo obran en autos copia de los CTC nros. 0787-00 y 0642-00 (fs. 31 de las actuaciones administrativas).
(iii) DESCARGA DE LA MERCADERÍA IMPORTADA TEMPORARIAMENTE:
De la verificación efectuada en virtud de las pruebas obrantes en autos, se colige lo siguiente:
1. Mediante los PE nros. 03033EC03000442A, 03033EC000461B, 03033EC03000419E, 03033EC03000409D, 03033EC03000408C y 03033EC03000394G se reexportó mercadería clasificada en la P.A. 5402.42.00.
2. Respecto de la mercadería exportada mediante los PE referidos en el punto anterior, el insumo importado temporariamente según la DIT en trato, se encuentra amparado por el CTC 0642-00 acompañado en autos.
3. Realizados los cálculos correspondientes en base a las relaciones de insumo/producto expresadas en el CTC referido, las cantidades de la mercadería importada temporariamente y la reexportada mediante los PE detallados, se corrobora que se acreditó la cancelación de la DIT en cuestión por la cantidad de 108.517,58 kg de ácido tereftálico, clasificado en la P.A. 2917.36.00.000Q.
4. Asimismo, en relación a los PE nros. 03033EC03000469J, 03033EC03000467H,03033EC03000466G, 03033EC000444C, 03033EC03000443B, 03033EC03000422V, 03033EC03000421U, 03033EC03000427D, 03033EC03000426C, 03033EC03000410S, 03001EC03006399M, 03001EC03006396J, 03033EC03000407B, 03033EC03000404V, 03033EC03000400R y 03033EC0300398K mediante los cuales se exporta mercadería clasificada en la P.A. 5503.20.00, el CTC 0787-00 vinculado a los mismos no identifica ese código numérico aduanero de producto terminado, sino que consigna P.A. 5503.20.10, la cual no concuerda con la mencionada P.A. 5503.20.00 declarada en los PE como correspondiente a la mercadería exportada. Ambas P.A. representan diferentes niveles de especificidad o distintas aperturas dentro de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). El Código 5503.20.10 corresponde a un ítem arancelario específico de 8 dígitos (por ejemplo, fibras discontinuas de poliéster bicomponentes con diferentes puntos de fusión), mientras que el código 5503.20.00 representa una apertura genérica o residual de 8 dígitos para las fibras de poliéster cuando no están desglosadas en tipologías más específicas dentro de esa subpartida del Sistema Armonizado. Si bien la P.A. consignada en el CTC referido tipifica el insumo importado, no tipifica el producto final exportado mediante los PE referidos. En consecuencia no pueden ser tomados como cancelatorios de la DIT en análisis, ya que no resulta aplicable el CTC acompañado y vinculado. Esta situación evidencia un error de discrepancia arancelaria insalvable, ya que en los PE y en el CTC se declaran productos finales distintos. En otras palabras, conforme la P.A. consignada en los PE en cuestión el producto exportado se trata de una fibra de poliéster común o genérica (P.A. 5503.20.00), mientras que el proceso productivo aprobado bajo el CTC 0787-00 exigía que se exportara una fibra "bicomponente con distintos puntos de fusión" (P.A. 5503.20.10) para poder descargar los insumos temporales importados.
XI. Con relación a las pérdidas el CTC 0642-00 menciona una relación insumo/producto de 0.963 kg. de insumo por cada 1 kg. de producto final exportable y un índice de pérdidas del 25,6 % lo cual coincide en un todo con lo descargado por la importadora y reflejado en la DDJJ anexa, obrante en el sobre de fs. 31 de las actuaciones administrativas.
Las pérdidas son parte de la mercadería importada temporariamente que no se incorporan al producto final exportado, debido al proceso productivo. Deben ser justificadas técnicamente y diferenciadas de la relación insumo/producto reconocida en el CTC.
En este sentido el Decreto 1439/96 reglamenta regímenes de importación temporaria estableciendo condiciones específicas para la exención de tributos.
Si se cumplen los requisitos de perfeccionamiento industrial y de tal proceso se producen pérdidas, no corresponde su importación a consumo, siempre que carezcan de valor residual y se encuentren reflejadas en el CTC.
El art. 21 del decreto referido establece: “Se considerarán pérdidas las mermas, residuos y sobrantes irrecuperables, no estando por ello sujetos al tratamiento arancelario de importación para consumo. En aquellos casos en que se determine que los residuos y sobrantes tienen valor comercial, los mismos estarán sujetos a valoración aduanera y deberán exportarse o importarse para consumo dentro de los TRES (3) meses de realizada la última exportación, con lo cual se habrá cumplido la obligación impuesta en el régimen. En el supuesto que la mercadería se importe para consumo, se deberán pagar los tributos que gravan dicha importación y la tasa de estadística que correspondan a su clasificación según su nuevo estado. Cuando los residuos y sobrantes derivados del perfeccionamiento industrial provengan en parte de mercaderías de origen nacional, a los efectos de su importación para consumo se computará únicamente la parte proporcional atribuible a las mercaderías importadas temporariamente bajo este régimen.”
En efecto, las pérdidas se caracterizan por la imposibilidad de recupero tras el proceso productivo. Se trata de un porcentaje del insumo importado que se consume o se pierde durante la fabricación, es irrecuperable y no integra el producto final. A diferencia de los residuos o desperdicios que pueden tener utilidad económica y deben importarse a consumo mediante la destinación IC84 con el consecuente pago de tributos, las pérdidas tienen valor cero, por lo que no corresponde someterlas a una destinación de importación a consumo.
En ese orden de ideas, el CTC 0642-00 detalla una cantidad de insumo importado temporariamente utilizado de 0,963 kg. por cada kg. de producto final y el porcentaje de pérdida es del 25,600 %, no sujeto a obligación alguna de importación.
Ahora bien, la Aduana consideró que las pérdidas debían deducirse de la relación insumo producto determinada por el CTC de aplicación.
Al respecto cabe destacar que la relación insumo/producto expresa la cantidad de insumo que forma parte del producto, mientras que las pérdidas no forman parte del producto final exportado, por lo que lo declarado por la importadora resulta concordante con lo expresado en el CTC afectado a la descarga.
XII. En virtud de lo expuesto en los considerandos X y XI, se concluye que la cantidad de insumo utilizado en la producción del producto final es de 108.517,38 kg. y la cantidad de insumo que se perdió durante el proceso productivo es de 37.339,37 kg. la cual no debe ser afectada a destinación alguna. Es decir que se ha cancelado la mercadería importada temporariamente mediante la DIT en trato, por la cantidad de 145.856,75 kg. conforme los datos que surgen de las hojas de descarga de los PE detallados en el cuadro a continuación, como así también de la relación insumo/producto que surge del CTC 0642-00 aplicable.
Cantidad Insumo Perdida Permiso de Relac. 25,6 % CTC exportada utilizado embarque Ins./prod.
kg. kg. en kg.
03033EC03000442A0642-0021762 0,963 20956,81 7210,94 03033EC03000461B0642-0021870 0,963 21060,81 7246,73 03033EC03000419E 0642-0022023 0,963 3300 1135,55 03033EC03000409D0642-0021870 0,963 21060,81 7246,73 03033EC03000408C0642-0021870 0,963 21060,81 7246,73 03033EC03000394G
0642-00 11007 0,963 10599,74 3646,71 Item 1 0642-00 10881 0,963 10478,40 3605,98 Item 2 TOTALES 109395 108517,38 37339,37 Asimismo, se verifica que se ha configurado la infracción establecida en el art. 970 del CA por la cantidad de 406.143,25 kg. de la mercadería importada temporariamente. Ello por cuanto, como ya se expresó, el CTC 0787-00 aplicado a los PE nros. 03033EC03000469J, 03033EC03000467H,03033EC03000466G, 03033EC000444C, 03033EC03000443B, 03033EC03000422V, 03033EC03000421U, 03033EC03000427D, 03033EC03000426C, 03033EC03000410S, 03001EC03006399M, 03001EC03006396J, 03033EC03000407B, 03033EC03000404V, 03033EC03000400R y 03033EC0300398K no identifica la P.A. del producto exportado.
XIII. Sentado lo anterior, corresponde analizar la procedencia de los conceptos Iva adicional y percepciones del Impuesto a las Ganancias, que conforman la exigencia tributaria de la resolución en crisis.
En orden a lo dispuesto en el precedente “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01 s/ Dirección General de Aduanas” corresponde declarar que en el caso de autos se dan los presupuestos de hecho y de derecho analizados por nuestro Máximo Tribunal, por lo que considero que no corresponde la exigencia de las percepciones en cuestión.
Respecto a la imposición de costas, en la medida en que el precedente antes referido fue dictado con posterioridad al trámite de estos autos y no fue denunciado como hecho nuevo por la actora, resulta razonable que las costas del proceso se distribuyan, en este punto, en el orden causado (conf. CNACAF, Sala V en autos “DU PONT ARGENTINA SRL (TF 38483-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, expediente N° 1461/2025, sentencia del 30/09/2025).
XIV. En relación a los agravios de la recurrente respecto del reclamo en dólares, la tasa de interés y el tipo de cambio aplicable para valorar la mercadería, establecer la base imponible y determinar la obligación tributaria, la importadora cuestiona lo dispuesto en la Resolución General AFIP N° 3271/12. Sostiene que el art. 20 de la Ley 23.905 no resulta aplicable dado que habría quedado derogado por lo previsto en el art. 9 del Acuerdo para la Aplicación del Artículo VII del GATT, aprobado por Ley 24.245. Cabe señalar, en primer lugar, que resulta de plena aplicación el art. 20 de la Ley 23.905, el cual estableció que los derechos de importación y de exportación, así como los demás tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo, se determinarán “en dólares estadounidenses” y agregó que “el pago puede efectuarse (…) en dólares o en la moneda nacional”, caso éste en que “la equivalencia se determinará conforme el tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago”. Ello por la sencilla razón de que, al ser la Ley 23.905 posterior al dictado del art. 639 del CA –y los diversos supuestos a los que éste remite, contemplados en los arts. 637 y 638 del mismo cuerpo legal–, ha de estarse a lo dispuesto en ella.
El art. 20 de la Ley 23.905 regula, por un lado, la moneda en que se determinan las deudas tributarias originadas en operaciones aduaneras, es decir en dólares estadounidenses y por otro, la forma en que pueden cancelarse. La conversión a moneda de curso legal no debe ser entendida como un mecanismo de actualización de los créditos, sino como la manera de facilitar al obligado su pago.
La cuestión aquí debatida debe resolverse de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en la causa “CENCOSUD S.A. (TF 29.535-A) c/ DGA”, sentencia del 15/05/14 (C. 1242, XLIX), que en su Considerando 7º) sostuvo que: “(...) los tributos cuya restitución se admitió fueron abonados en pesos, producto de haberse convertido el importe de los dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 20 de la ley 23.905. En consecuencia la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago, pues (...) no existe suma alguna que deba ser devuelta en dólares estadounidenses”. En cuanto a lo dispuesto por el art. 9 del Acuerdo de Valor del GATT queda librada a la legislación de los países miembros la determinación de la necesidad de conversión de moneda extranjera. En nuestro país, a partir del art. 20 de la ley 23.905 y al determinarse allí la liquidación de los tributos en moneda dólar deja de ser necesaria la conversión de moneda para determinar el valor en aduana, por cuanto el importe de tributos en moneda dólar se obtiene —sin convertir nada— sobre la base y/o sobre precios expresados en moneda dólar. Por lo tanto cuando se pague en pesos —y especialmente cuando se trate de una determinación suplementaria efectuada en dólares, el tipo de cambio deberá ser el legalmente dispuesto, es decir, el del día anterior al del pago.
En consecuencia debe rechazarse el planteo de la recurrente en este sentido.
En segundo lugar y respecto al agravio de la recurrente relativo a la tasa de interés aplicada cabe poner de manifiesto que la misma ha sido fijada conforme a la normativa vigente y este Tribunal es incompetente para su modificación.
XV. En virtud de lo expresado en los considerandos precedentes, corresponde practicar nueva liquidación de tributos y multa, aplicable al caso de autos:
Liquidación de tributos:
DIT 03001IT14001260R
Valor en aduana de la mercadería no cancelada: 406.143,25 kg.
u$s 264.689,88 Derechos de Importación (2 %)
u$s 5.293,80.-
Estadística (0,5%)
u$s 1.323,45.-
Base imponible I.V.A. u$s 271.307,13 I.V.A. (21%)
u$s 56.566,79.-
Total tributos: u$s 63.184,04 En este orden, el monto de tributos adeudados asciende a dólares estadounidenses sesenta y tres mil ciento ochenta y cuatro con 04/100 (u$s 63.184,04) más los intereses correspondientes según art. 794 del CA, desde el 30/06/2014 y hasta la fecha de su efectivo pago.
Asimismo, el monto de la multa dispuesta, fijada en una vez los tributos que gravaren la importación para consumo, no pudiendo ser inferior al 30 % del valor en aduana de la mercadería, conforme lo establecido en el art. 970 del CA, asciende a la suma de pesos doscientos treinta y un mil ochocientos sesenta y ocho con 33/100 ($ 231.868,33), calculada al tipo de cambio de $ 2,92 por cada u$s, según cotización oficial tipo vendedor al 1/03/04, fecha del vencimiento de la DIT.
XVI. Por último, en cuanto a las costas del proceso, a excepción de las dispuestas en el considerando XIII, se imponen según los respectivos vencimientos, los que se estiman en un 85 % a cargo de la actora y un 15 % a cargo de la demandada.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Rechazar los planteos de nulidad y prescripción opuestos por la firma importadora, sin costas.
2. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 6798/2014, dictada en el expediente administrativo N° 12197-5868-2009, en cuanto a que condena a la firma Manufactura de Fibras Sintéticas S.A. al pago de una multa y tributos en relación a 406.143,25 kg. de la mercadería en infracción documentada mediante la DIT 03001IT14001260R.
3. Declarar que el monto de los tributos adeudados asciende a u$s 63.184,04 con más los intereses del art. 794 del CA, calculados desde el 30/06/2014 y hasta el efectivo pago y el monto de la multa asciende a $ 231.868,33.
4. Revocar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 9133/2013, dictada en el expediente administrativo N° 12039-906-2008, en cuanto a los conceptos de derecho adicional y percepciones del IVA e Impuesto a las Ganancias, con costas por su orden.
5. Las costas por lo decidido en los puntos 2 y 3 se imponen según los respectivos vencimientos, los que se estiman en un 85 % a cargo de la actora y un 15 % a cargo de la demandada.
Así lo voto.
El Dr. Garbarino dijo:
1. Que sin perjuicio de la postura tradicional del suscripto en materia prescriptiva, cabe concluir que en la litis no ha operado el plazo prescriptivo legal, toda vez que si bien la resolución apelada ha sido dictada en fecha 8/10/2014 y notificada en fecha 8/4/2015, es decir, en exceso del plazo legalmente estipulado a tal efecto, de modo subsidiario (confr. Art. 1017 de la ley 22.415), que es de CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación (confr. art. 40 de la ley 19.549, vigente al momento de los hechos del caso), lo cierto es que a los fines de dicho cómputo corresponde tener en plena consideración la causal de suspensión establecida en el artículo 17 de las ley 26.840 (B.O. 3/6/2013) en materia tributaria. Por lo tanto, adhiero en lo sustancial a lo decidido en el voto que antecede, salvo en relación a la tasa de interés aplicada en la especie.
2. Que, bajo tales premisas, y sin perjuicio de la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Orazio Arcana“, del 18/03/1986 (Fallos: 308:283) y “Neumáticos Goodyear S.A.”, del 9/11/2000 (Fallos: 323:3412), la que indudablemente ha respondido, en cada oportunidad, al contexto económico y social en el que dichos pronunciamientos fueron emitidos, cabe colegir que la utilización de tasas con guarismos diferenciales de la magnitud de las que se aplican en los supuestos donde interviene el Fisco Nacional como actor y como demandado patentizan un evidente contraste y marcan una desproporción totalmente irrazonable , no cumpliendo con su verdadera función, cual sería resarcir la mora en el cumplimiento de las obligaciones, sino que más bien constituyen un enriquecimiento indebido del Estado en desmedro de los derechos de los particulares.
3. Que ello es así, máxime cuando la Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que “el poder estatal de crear impuestos no es omnívodo ni ilimitado, pues tiene un natural valladar en los preceptos constitucionales que requiere que las contribuciones sean razonables en cuanto no han de menoscabar con exceso el derecho de propiedad del contribuyente que debe soportarlas” (Fallos 235:883, 332:1571; entre muchos otros).
4. Que, por lo tanto, por estrictas razones de equidad y justicia tributaria la deuda aduanera en cuestión debe fijarse en sus justos y éticos límites, (mutatis mutandi voto del suscripto –en disidencia- de fecha 21 de diciembre de 2018 in re “Alpemar S.R.L., entre otros, que tramitara por ante la Vocalía de la 16°Nominación, donde se redujo la tasa de interés resarcitorio en dólares que aplica el Fisco Nacional en caso de mora del contribuyente del 3% al 1% mensual), principalmente bajo el actual contexto económico y financiero.
5. Que, por ello, corresponde que a los fines de calcular los intereses resarcitorios devengados en la presente litis se utilice dicho porcentual (1% mensual -12 % anual- desde los 10 días posteriores a la corrida de vista hasta el 17 de julio de 2019), y a partir del 18 de julio de 2019 se utilice la tasa para operaciones en dólares contemplada en las Resoluciones Nros. 598/2019 del Ministerio de Hacienda (B.O. 18/7/2019), 559/2022 del Ministerio de Economía (B.O. 25/8/2022), 3/2024 del Ministerio de Economía (B.O. 22/1/2024) y 823/2025 (B.O. 25/6/2025), siendo que dicha normativa es sobreviniente a la doctrina sustentada oportunamente por el suscripto en materia de tasas de interés en el precedente supra relatado.
ASÍ LO VOTO.-
El Dr. Soria dijo:
Que, en mi calidad de vocal instructor, debo intervenir solamente para dirimir la diferencia existente entre los vocales titulares respecto de la tasa de interés aplicable. En tal sentido adhiero en lo sustancial al voto del Dr. González Palazzo.
Sin perjuicio de ello, respecto de la cuestión de fondo, dejo expresamente a salvo mi criterio, expresado en causas análogas de igual carátula -"Manufactura de Fibras Sintéticas S.A.", tramitadas en la Vocalía 13a de la Sala "E" (exptes. 35.651-A; 36.510-A; 35.651-A y 35.731-A). En dichos precedentes se consideró, en general, reexportada toda la mercadería. Como sucedía en los referidos casos, en el presente la Aduana consideró que el CTC 787/00 no tipificaba el producto exportado por la diferencia de la posición arancelaria del producto -conforme el CTC- respecto de la declarada en los permisos de embarque. En los pronunciamientos de la Sala E se señaló que esa diferencia obedecía a una modificación a nivel de la subpartida regional, por lo que se trataba, en realidad, de la misma posición arancelaria y, por ende, se dio por reexportado el saldo, no configurándose la infracción y dejando sin efecto el reclamo tributario. En virtud de lo expresado precedentemente, por voto de la MAYORÍA SE RESUELVE:
1. Rechazar los planteos de nulidad y prescripción opuestos por la firma importadora, sin costas.
2. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 6798/2014, dictada en el expediente administrativo N° 12197-5868-2009, en cuanto a que condena a la firma Manufactura de Fibras Sintéticas S.A. al pago de una multa y tributos en relación a 406.143,25 kg. de la mercadería en infracción documentada mediante la DIT 03001IT14001260R.
3. Declarar que el monto de los tributos adeudados asciende a u$s 63.184,04 con más los intereses del art. 794 del CA, calculados desde el 30/06/2014 y hasta el efectivo pago y el monto de la multa asciende a $ 231.868,33.
4. Revocar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 9133/2013, dictada en el expediente administrativo N° 12039-906-2008, en cuanto a los conceptos de derecho adicional y percepciones del IVA e Impuesto a las Ganancias, con costas por su orden.
5. Las costas por lo decidido en los puntos 2 y 3 se imponen según los respectivos vencimientos, los que se estiman en un 85 % a cargo de la actora y un 15 % a cargo de la demandada.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben a la presente los Dres. Christian M. González Palazzo, Pablo A. Garbarino y Juan M. Soria.
Date: 2026.09.22 15:39:19 ART Date: 2026.09.22 20:38:20 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Juan Manuel Soria Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.29 17:39:10 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.29 17:39:54 -03:00
Fin de la sentencia