Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 35652-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia(i) acoger los agravios de la Aduana y revocar la sentencia apelada en cuanto declaró la nulidad del acto de apertura del sumario y la consecuente prescripción de la acción del Fisco Nacional para imponer la multa y exigir los tributos; (ii) devolver los autos a la instancia de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte pronunciamiento sobre los elementos sustanciales del pleito; (iii) distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado dada la forma en que se decide (art. 68, segundo párrafo, y 279 CPCCN) y (iv) dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 108 y vta. y declarar inoficioso el tratamiento de los recursos de apelación por altos y por bajos de fs. 127 y 131/133, respectivamente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 3396/2022, “MANUFACTURA DE FIBRAS SINTÉTICAS SA -
TF 35652-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
En Buenos Aires, a los 22 días del mes de septiembre de 2022, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en los autos “MANUFACTURA DE FIBRAS SINTÉTICAS SA–TF 35652-A c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, La Dra. Liliana María Heiland dijo:
I. La firma Manufactura de Fibras Sintéticas SA (en adte.
MAFISA) recurrió, en los términos del art. 1132 ap.1º inc. a) del Código Aduanero (en adte. CA), la res. DE PRLA nº 8983/14, que la condenó por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA aplicándole una multa y se le exigió el pago de tributos con relación a la mercadería introducida temporalmente documentada mediante la destinación 02 001 IT14 007750.
II. Por pronunciamiento de fs. 102/104vta., la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad del auto de apertura del sumario y prescriptas las acciones del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos.
Para decidir así, el tribunal consideró que:
a) El acto de apertura de sumario no cumple con todos los requisitos legales exigidos por el art. 1094 del CA, porque se produjo sin la agregación del original del despacho de importación temporaria involucrado en la denuncia. Y que tampoco fueron agregados la póliza y los permisos de embarque que pudieran haber descargado el DIT. b) El vencimiento del DIT involucrado habría operado en fecha 10/12/04, siendo el plazo de prescripción de 5 años tanto para imponer penas (conf. art. 934 del CA) como para perseguir el cobro de tributos por parte del fisco (conf. art. 803 del CA). Dicho plazo comenzó a correr a partir del 1/1/05 (conf. arts. 804 y 935 del CA), no habiendo mediado causales suspensivas ni interruptivas de prescripción, la misma operó el 31/12/09.
III. Apela y expresa agravios la AFIP (fs. 148/154 vta.), los que fueron contestados por MAFISA (fs. 171/177 vta.).
En síntesis, sostuvo que:
a) El excesivo rigor formal con el que el tribunal interpretó el acto de apertura del sumario; pues no es necesario que deba cumplir con todos los requisitos del art. 1094 del CA sin merituar su necesidad.
Se confunde “disponer” con “liquidar”, como lo ha hecho con los incisos a) (medidas cautelares que correspondieren), c) (cuando lo considere necesario) y d) (tributos que pudieren corresponder). b) No caben dudas de que la apertura de sumario es un acto administrativo alcanzado por la ley 19.549 y que le es aplicable la presunción de legitimidad de los arts. 12 y 19. Y que todavía empleando el sistema de nulidades, resultaría imposible obtener la nulidad de la instrucción del sumario. Aún en el supuesto de que la Corte Suprema concluya su viabilidad, tampoco podrá neutralizarse su efecto suspensivo.
Lo sucedido con posterioridad a la instrucción del sumario responde a la costumbre emanada del propio fuero penal. El juez administrativo se ha propuesto ratificar la denuncia, no hacerla, recabando aún más elementos.
IV. Así planteado el problema, en primer lugar, se impone revisar lo normado en el Capítulo Tercero de la Sección XIV del Código Aduanero, que prescribe el procedimiento infraccional. Mientras que el art. 1090 determina los actos procesales que debe cumplir el administrador cuando recibe las actuaciones CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 3396/2022, “MANUFACTURA DE FIBRAS SINTÉTICAS SA - TF 35652-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
administrativas; el art. 1091 se aplica cuando ya se decidió la apertura del sumario. Expresa que tiene por objeto: a) comprobar la existencia de una infracción aduanera; b) determinar los responsables; c) averiguar las circunstancias relevantes para su calificación legal y la graduación de las penas aplicables; d) disponer las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las penas que pudieren corresponder.
El administrador que ha recibido la denuncia y consideró ajustada la apertura del sumario contencioso, presume que existen elementos suficientes para aperturar la causa y, cumplidas las medidas dispuestas en el art. 1094 del CA, correrá vista de lo actuado al presunto responsable para que presente sus defensas.
El art. 1094 del CA exige que, con carácter previo a correr la vista de lo actuado, el agente aduanero determine los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción así como el resultado de la verificación, clasificación, valoración de la mercadería involucrada, y la liquidación del tributo.1 El art. 1101 prevé correr la vista de las actuaciones a los presuntos responsables por un plazo de diez días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare.
Es ineludible destacar que, en virtud del art. 1103, la vista también tiene los efectos de la notificación de la liquidación de los 1 1094 CA: “…dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
tributos a los que alude el inc. d) del art. 1094, lo que conlleva la interrupción de la prescripción de los tributos anudados a la operación (art. 805, inc. a).
Habiendo escuchado al presunto responsable, se deben extremar las medidas para comprobar si verdaderamente se cometió la infracción aduanera y, en caso afirmativo, quiénes fueron los responsables. También analizar las circunstancias de la causa para determinar la graduación de las penas y disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de aquéllas.
Todo este procedimiento ha de respetar las garantías del debido proceso adjetivo, de defensa en juicio y la búsqueda de la verdad material.
V. En particular, a la firma MAFISA se le imputó la infracción prevista en el Capítulo Décimo “Transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva”, punto 1 del art. 970 del CA: “El que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o del de exportación temporaria, según el caso, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo según el caso, de la mercadería en infracción, multa que no podrá ser inferior al treinta por ciento del valor en aduana de la mercadería, aun cuando ésta no estuviere gravada.”
En estos supuestos de destinación temporaria, se establece un estricto sistema de control a través de la comprobación de destino y se imponen exigencias formales al importador por parte de la Aduana. Todo ello así, con la finalidad de detectar las infracciones al régimen y la integración de los tributos adeudados.
La destinación de importación temporaria conforma un régimen de excepción que permite la introducción y permanencia temporal de mercadería en el territorio aduanero, beneficiándose su CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 3396/2022, “MANUFACTURA DE FIBRAS SINTÉTICAS SA - TF 35652-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
importador con un privilegio: no abonar los tributos correspondientes a una importación regular.
Régimen de privilegio con arreglo al cual, insisto, el Estado sujeta a su beneficiario a la observancia de ciertos requisitos. Lo hace para que se cumpla con su finalidad y para impedir la desnaturalización del instituto en sí mismo (art. 250 y ss, del C.A.; esta sala, en “Macario Da Silva, Angélica”, del 12/11/15; “GCI SA”, del 11/12/15; y “Don Roberto SA”, del 24/4/19).
Ello así, es el importador quien debe probar que cumplió con el régimen: reexportar en tiempo y forma, acreditándolo ante la Aduana.
VI. De los antecedentes administrativos surge que:
(a) La actuación nº 12197-5749-2009 se originó en el acta denuncia del 4/9/09 (fo. 1). Allí se indicó que se formulaba denuncia por infracción prima facie tipificada en el art. 970 del CA para la destinación: 03001IT14007750E, por la cantidad de mercadería detallada en las constancias de impresión del Sistema MARIA (fos. 2/6).
La nota de elevación al Departamento Procedimientos Legales Aduaneros señala que la importadora no regularizó la mercadería en trato. Asimismo, se lee “no se adjunta la carpeta original por no encontrarse en el área y con el fin de no dilatar aun más el trámite correspondiente, se adjuntan los PRINT del Sistema Oficial Maria” (sic, ver fo. 10).
A fo. 11 luce adunado el acto que dispuso la apertura del sumario que dice: “VISTO la denuncia efectuada por la Sección Procedimientos Técnicos de la que surge que la firma MANUFACTURA DE FIBRAS SINTÉTICAS SA (CUIT 30-
59718871-0) no habría regularizado la situación de la mercadería ingresada al amparo del D.I.T. 03001IT14007750E cuyo vencimiento operó el 10/12/04, lo que configuraría la infracción prevista y penada por el art. 970 del CA, DISPONESE LA INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO, en los términos del art. 1090 inc. c) del citado texto legal, por presunta configuración de la infracción indicada”.
Y se agrega: “PREVIO A TODO TRAMITE PASE al AREA DENUNCIANTE a los fines de que por sí o por su intermedio, se proceda a obtener la documentación original respaldatoria de la denuncia efectuada.”
(b) La Aduana entregó en devolución la póliza nº03 001 035138 G, que garantizó la operación documentada con el DIT referido (ver fos. 15 y 17 impresión de pantalla Sistema MARIA, ratificado por informe de la DV SAC 4, de fo. 30 de los ant. adm.). Resta agregar que, de la prueba informativa realizada durante el procedimiento ante el Tribunal Fiscal, la Sección Operativa y Registral Importación informó que la misma fue entregada el 24/9/04 y la denuncia se efectuó el 19/12/03 (ver fs. 58 exp. judicial). Asimismo, agregó que, de los registros obrantes en el Sistema Malvina, no se cuenta con eventos cancelatorios asociados, por lo que la DIT en trato registraba el saldo completo.
(c) El administrador ratificó la denuncia debido a que: 1) no cumple con la Res. 479/95, toda vez que falta la cantidad exportada y detalle de CTC por permiso de embarque (6 CTC) en la declaración jurada aportada. De la misma manera no contiene ni firma ni sello aclaratorio; 2) De acuerdo a la DDJJ toma en cuenta las pérdidas y no realiza nacionalización de las mismas; 3) en la documentación adjunta se visualizan permisos de embarque que no contienen hoja de descarga (fos. 36/39).
VII. Visto lo actuado (sin prueba en contrario) y de cara a las normas aplicables desde que no son aquí motivo de cuestionamiento, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 3396/2022, “MANUFACTURA DE FIBRAS SINTÉTICAS SA - TF 35652-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
puedo adelantar la procedencia de los agravios del Fisco. Ello así pues:
A) En tales condiciones no es ocioso recordar la razón de ser del régimen, de acuerdo a las normas que lo implementaron. Como se vio (cons. V), es el importador quien debe acreditar el cumplimiento de la obligación de reexportación. Sin embargo, lo cierto es que las copias los permisos de embarque y los certificados de tipificación por la importadora presentados, fueron impugnados por el servicio aduanero.
B) En consecuencia, a fin de discernir, en el caso, la aptitud del acto de apertura del sumario para interrumpir o suspender el curso del plazo de prescripción de la acción del fisco para imponer la multa y liquidar los tributos, es necesario recordar el objeto y fin de las nulidades procesales. Las que deben ser ponderadas con criterio restrictivo en resguardo de la defensa en juicio, por lo que, en cada caso, debe acreditarse el perjuicio ocasionado a ese derecho (CSJ Fallos 320:1611; esta sala en “Kimberly Clark Argentina SA”, del 4/6/19, “Catardo, Emmanuel”, del 4/7/19 y “Nestlé Argentina SA”, del 2/6/22; esta Cámara, Sala III “Garriga Marcelo”, del 27/2/18; y Sala IV “Garnero, Víctor Hugo”, del 30/7/09, entre muchos otros). Lo cual, aplicado al procedimiento administrativo, ha llevado a la Corte a sostener que “cuando la supuesta restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior” (CSJ, Fallos: 205:549; 212:456; 218:535; 247:52; 267:393; 273:134 y 331:2769). De esta forma, si el recurrente tuvo oportunidad suficiente de ofrecer y producir las pruebas de las que se habría visto privado en sede administrativa y formular las defensas relativas a su descargo, invalidar lo actuado carece de finalidad práctica y trascendencia, e importaría declarar la nulidad por la nulidad misma, solución inaceptable en el ámbito del derecho procesal (CSJ, Fallos 320:1611; 325:1649; 324:1564; 322:507, entre otros; en el mismo sentido esta Sala “Catardo, Emmanuel”, ya cit.; “Moncho Vicente Rafael”, del 24/5/22, entre otros).
Es más, el art. 1050 del Código Aduanero dispone que no se podrá declarar la nulidad de un acto del procedimiento si éste, no obstante su irregularidad, hubiera logrado la finalidad a que estaba destinado. La norma sigue el principio de instrumentalidad de las formas, según el cual los actos procesales constituyen un medio para obtener la tutela del derecho de defensa en juicio (art. 169 del CPCCN).
En suma, por principio, no cualquier irregularidad de un acto procesal determina su nulidad, si de ella no resulta una afectación sustancial al derecho de defensa del interesado.
C) Más allá de las deficiencias que, a la luz de una estricta aplicación del art. 1094 del CA, pudiera contener el auto de fo. 11 del sumario, lo cierto es que en sus fundamentos consideró que la actora, “…no habría regularizado la situación de la mercadería ingresada al amparo del D.I.T. 03001IT14007750E cuyo vencimiento operó el 10/12/04, lo que configuraría la infracción prevista y penada por el art. 970 del CA…” razón por la cual se dispuso la instrucción de sumario, en los términos del 1090, inc. c) del mencionado plexo normativo. Asimismo, ordenando los pases internos necesarios para que se realice la liquidación de los tributos adeudados previo a correr vista al imputado.
De tal modo, no se observa incumplimiento alguno respecto de los requisitos impuestos por el art. 1094 del CA (esta Sala, causas “ABB SA”, del 26/9/17 y “Heil Trailer Internacional SA”, del 9/5/19).
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D) Robustece lo anterior, que la causal de nulidad por parte del tribunal administrativo del acto de apertura del sumario, no fue opuesta por MAFISA en la oportunidad pertinente.
Ello así, pues según el art. 1104 del CA “Dentro del plazo previsto en el artículo 1101, los supuestos responsables podrán impugnar las actuaciones sumariales cumplidas, con fundamento en los defectos de forma de que adolecieren, no pudiendo hacerlo en lo sucesivo”.
Sin embargo, la firma actora efectuó su descargo ante el traslado conferido en las actuaciones Nº 12197 –5749– 2009, sin oponer la nulidad de la apertura del sumario por lo que consintió dicho acto en sede administrativa (en dicha instancia no se opuso su nulidad).
Además, asiste razón a la recurrente en cuanto ha puesto de relieve que los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad (art. 12 de la ley 19.549), y que ésta subsiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente (confr., CSJ, Fallos 319:1476 y esta Sala I en “Luis M. Pagliara S.A.”, del 6/11/2018, expte. nº 11.330/2011; y por mayoría en “Moncho Vicente Rafael”, del 24/5/22, entre otros).
En este sentido, se advierte que el acto de apertura del sumario produjo todos sus efectos jurídicos desde su dictado, entre ellos, la interrupción del plazo de prescripción que se encontraba en curso. De tal suerte, al momento del dictado de la Resolución DE PRLA 8983/14 la acción no estaba prescripta (en la misma línea “Mercedes Benz Argentina S.A.”, Sala III, del 30/11/21).
En su consecuencia, la nulidad declarada por el Tribunal Fiscal de la Nación no puede ser mantenida.
VIII. Que, así las cosas, corresponde admitir el recurso interpuesto y dejar sin efecto la sentencia apelada.
Sin perjuicio de ello, toda vez que el Tribunal Fiscal no se ha expedido en relación a las demás cuestiones planteadas por la parte actora en su escrito inicial se impone disponer la remisión de la causa al tribunal de origen, a efectos de se dicte un nuevo pronunciamiento que otorgue adecuado tratamiento a dichos planteos.
IX. Las costas de ambas instancias deben ser soportadas en el orden causado en atención al modo en que se resuelve (art. 68, segunda parte, del CPCCN). Asimismo, de acuerdo con la solución que aquí se propicia corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios obrante a fojas 108vta. y declarar insustancial el tratamiento de los recursos contra ella deducidos.
X. En mérito de las razones expuestas, propongo al Acuerdo: hacer lugar al recurso de apelación presentado por la AFIP y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento cuestionado y remitir las presentes actuaciones nuevamente al tribunal de origen a los fines señalados en el Considerando VIII. Con costas en el orden causado atento la forma en que se decide (art. 68, segunda parte, del CPCCN). La jueza Clara María do Pico dijo:
Si bien esta sala sostuvo, tal como lo pone de relieve el Tribunal Fiscal, que el auto que dispuso la instrucción del sumario era nulo cuando, previo a su dictado, se había procedido a la devolución de la garantía comprometida en la operación y no se había agregado la documentación original —entre otras circunstancias que evidenciaban un vicio en los elementos causa y motivación de ese acto—, lo cierto es que, tal como lo hace notar el voto de la jueza Heiland, aquí, por aplicación de lo dispuesto en el art. 1104 CA, no es posible adoptar CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 3396/2022, “MANUFACTURA DE FIBRAS SINTÉTICAS SA - TF 35652-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
igual temperamento. Es que, al contestar la vista conferida, la actora no efectuó planteo alguno sobre este aspecto.
Por ese motivo, comparto las consideraciones vertidas en el punto VII.D) del voto que antecede y la solución que ello proyecta en el progreso de los agravios de la Aduana.
Así voto.
El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
I. Comparto la reseña de los antecedentes del caso que se expone en los puntos I, II y III del voto de la jueza Liliana María Heiland.
II. La cuestión capital consiste en determinar si el auto de apertura del sumario resultó hábil o no para suspender o interrumpir el curso de la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y para requerir el pago de tributos, de conformidad con los requisitos previstos en el artículo 1094 del Código Aduanero.
Dicho artículo establece que “[e]n la resolución que dispusiere la apertura del sumario, el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objetos del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”.
III. Esta sala ha puesto de resalto que, tal como se señala en la exposición de motivos del Código Aduanero, la determinación de los hechos que se reputan constitutivos de la infracción resultan de vital importancia, pues no solamente la persona imputada podrá tener cabal conocimiento de las conductas investigadas —lo que incide en un mayor amparo de su derecho de defensa (ver sección 14, título 2, capítulo 3 de la Exposición de Motivos)—, sino que, además, implica la primera intervención de la administración aduanera, quien frente a la posibilidad de desestimar la denuncia u ordenar ampliar la investigación, resuelve disponer la apertura del sumario por considerar que existen motivos suficientes para iniciar el procedimiento (causas “Enod SA c/ DGA”, “Arcángel Maggio SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “ABB SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 10 de septiembre de 2013, del 14 de julio de 2016 y del 26 de septiembre de 2017, respectivamente, entre otras).
Si se repara, entonces, en la finalidad del auto de apertura, aparece en juego con mayor fuerza de convicción la necesidad de que éste exhiba de la manera más clara y precisa posible los hechos que se reputan constitutivos de la infracción que se pretende investigar (esta sala, causas “Ferrero Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Nestlé Argentina SA (TF 37302-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 12 de marzo de 2019 y del 2 de junio de 2022, respectivamente, entre otras).
IV. Para que el auto de apertura del sumario tenga, pues, la aptitud de interrumpir el cómputo de la prescripción, debe comportar un acto válido y para ello es necesario que reúna los requisitos formales y materiales contemplados en el Código Aduanero (esta sala, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 3396/2022, “MANUFACTURA DE FIBRAS SINTÉTICAS SA - TF 35652-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
causas “Federal Express Corporation c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 17 de julio de 2020 y “Arcángel Maggio”, citada).
V. Con apoyo en esas consideraciones, puede afirmarse que el acto de apertura del sumario, del 11 de diciembre de 2009, en tanto el jefe del departamento de procedimientos legales aduaneros expresó: “VISTO: La denuncia efectuada por la Sección Procedimientos Técnicos de la que surge que la firma ‘MANUFACTURA DE FIBRAS SINTETICAS SA’ […] no habría regularizado la situación de la mercadería ingresada al amparo del D.I.T. 03001IT14007750E […] lo que configuraría la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A. DISPONESE LA INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO”, no reúne los requisitos contemplados en el artículo 1094 del Código Aduanero, por lo que carece de idoneidad para influir en el curso de la prescripción.
Ciertamente, la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, fundada en la violación al régimen de importación temporaria, puede configurarse por diversas causas —falta de regularización de la mercadería ingresada temporariamente, o regularización fuera de término, o someter la mercadería a una finalidad distinta a la que fue denunciada, entre otros supuestos— por lo que se advierte que al momento del dictado del auto de apertura del sumario no se encontraban determinados con claridad los hechos constitutivos de la infracción imputada (esta sala, causas “Ferrero Argentina” y “Nestlé Argentina”, ya citadas, entre otras).
VI. Es necesario añadir, complementariamente, los siguientes datos relevantes:
1. La aduana no tuvo en cuenta que previamente al acto de apertura del sumario, la sección procedimientos técnicos había informado que no se adjuntaba “la carpeta original por no encontrarse en el área” (fs. 10).
2. En el auto de apertura del sumario se ordenó la remisión “al AREA DENUNCIANTE a los fines de que por sí o por su intermedio, se proceda a obtener la documentación original respaldatoria de la denuncia efectuada” (fs. 11).
Tal como señaló el Tribunal Fiscal, el auto de apertura “se produjo sin la agregación del original del despacho de importación temporaria involucrado en la denuncia […] tampoco fueron agregados la póliza y los permisos de embarque que pudieran haber descargado el DIT […] incluso al momento del dictado de la resolución definitiva no se había agregado el DIT original”.
3. La aduana hizo saber que “la póliza de caución que garantizó el DIT objeto de autos ha sido entregada” (fs. 30; esta sala, causa “Henkel Argentina SA (TF 35406-A) c/DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 14 de octubre de 2021).
VII. En suma, el auto de apertura del sumario carece de aptitud para suspender e interrumpir el curso de la prescripción de las acciones del fisco para percibir tributos e imponer multas.
VIII. Por tanto, debe desestimarse los agravios ofrecidos por la parte demandada y confirmarse el pronunciamiento apelado, con costas (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
En mérito de las razones expuestas, voto por desestimar los agravios, confirmar el pronunciamiento apelado e imponer las costas de esta instancia a la parte demandada.
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En función del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal, por mayoría, RESUELVE: (i) acoger los agravios de la Aduana y revocar la sentencia apelada en cuanto declaró la nulidad del acto de apertura del sumario y la consecuente prescripción de la acción del Fisco Nacional para imponer la multa y exigir los tributos; (ii) devolver los autos a la instancia de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte pronunciamiento sobre los elementos sustanciales del pleito; (iii) distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado dada la forma en que se decide (art. 68, segundo párrafo, y 279 CPCCN) y (iv) dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 108 y vta. y declarar inoficioso el tratamiento de los recursos de apelación por altos y por bajos de fs. 127 y 131/133, respectivamente.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Liliana María Heiland Clara María do Pico Rodolfo Eduardo Facio (en disidencia)
Fin de la sentencia