Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 37842-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar la resolución de fs. 249/252vta., con costas (art. 68, primer párr., CPCCN).
2En atención a la intimación cursada en el punto V del primer auto, notificado al demandado el 29/7/24, sin que aquél cumpliera con la obligación de liquidar la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, corresponde aplicar astreintes de $100 diarios a partir del quinto día de notificada la presente, hasta tanto se proporcionen los elementos necesarios para la determinación del tributo. Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de no demorar el trámite del expediente, cabe remitir los autos al Representante del Fisco para que determine el monto de la tasa de justicia a exigir (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 12116/2024 “MANUFACTURA DE FIBRAS SINTETICAS SA (TF 37842-A) Y
OTRO c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, septiembre de 2024.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 249/252vta., el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución DE PRLA 1201/16, dictada en la actuación SIGEA 12197-3487-2007, en cuanto había condenado a Manufactura de Fibras Sintéticas SA al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero con relación a la destinación de importación temporaria 05 001 IT14 001249D, así como al pago de los tributos adeudados; esto último, en forma solidaria con la garante Aseguradora de Créditos y Garantías SA.
Impuso las costas al Fisco Nacional.
Para resolver de tal modo, en lo que ahora interesa señalar, señaló que a través de la aludida destinación la actora había importado temporariamente 299.113 kilogramos de alcoholes clasificados en la posición arancelaria 2905.31.00.000Y, cuyo plazo de permanencia vencía el 15/2/06.
Dejó ver que se encontraba a cargo de la beneficiaria dar a conocer los permisos de embarque mediante los cuales había reexportado esa mercadería, de acuerdo con lo previsto en el artículo 250 del Código Aduanero. Además, señaló que, tratándose de mercadería importada para perfeccionamiento al amparo del decreto 1439/96, se encontraba específicamente reglada la obligación de certificar la relación entre los insumos y el producto exportado, mediante los correspondientes Certificados de Tipificación y Clasificación; como así también, la de consignar en los permisos de embarque las referencias necesarias a la importación de la mercadería. Ponderó que, en el caso, la importadora había acompañado en sede aduanera copia de los permisos de embarque involucrados en la descarga, así como de los CTC 0787-00 y 0642-00; cuya autenticidad y aplicabilidad al caso no había sido desconocida.
Refirió que el servicio aduanero había reconocido la descarga de 119.387,88 kilogramos de mercadería y determinado un saldo de 179.725,448 kilogramos sin reexportar, al entender que la actora había aplicado mal la relación insumo-producto declarada en los CTC. Sin embargo, el tribunal consideró que esa conclusión era errada, porque se había omitido contemplar el porcentaje de pérdidas que reconocían los certificados aplicables (32%). Tuvo en cuenta, entonces, que del cuadro elaborado por la importadora a fs. 17 de las actuaciones administrativas surgía que se habían descargado 202.200,39 kilogramos de insumos, tomando únicamente en consideración la relación insumo-producto declarada en los certificados (0,412 kg/1 kg). Y que, si a ello se sumaba la cantidad de 96.912,61 kilogramos, representativa de las pérdidas, se arribaba a la conclusión de que toda la mercadería había sido regularizada; es decir, los 299.113 kilogramos.
En adición a lo expuesto, indicó que el Fisco no había explicitado cuál era la inconsistencia en la aplicación de la relación insumo-producto, ni demostrado cómo llegó a la cantidad de kilos que consideró reexportados.
2. Que, disconforme con la decisión, a fs. 258 interpuso apelación el Fisco Nacional, que se concedió a fs. 259, se fundó a fs. 262/267 y fue replicada por las coactoras a fs. 271/273vta. y 275/281.
En sustancia, indicó que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria recaía sobre la parte actora y que el servicio aduanero había explicado, de manera clara y precisa, los motivos por los cuales consideró que había 179.725,448 kilogramos de insumos sin reexportar. Indicó que resultaba insustancial exponer la operación aritmética realizada. Refirió, en particular, al informe obrante a fs. 49 de los antecedentes administrativos. Remarcó que se había indicado que el CTC no era de aplicación y que los cumplidos de embarque debían estar cruzados con los CTC definitivos y “en conjunción con la fecha de vencimiento” (fs. 264). Por otra parte, aludió a la obligación de sustituir la declaración jurada del importador por el CTC definitivo (fs. 265vta.) y a otros deberes previstos en el régimen especial al que se había acogido la actora, como ser la constitución de una garantía (fs. 266). Por último, hizo consideraciones con respecto a la pertinencia del cobro el derecho adicional estatuido en el artículo 23 del decreto 1439/96 (fs. 266/vta.).
3. Que la cuestión debatida requiere de la valoración de circunstancias de hecho y prueba que, como principio, se encuentran marginadas del examen que corresponde realizar en esta Alzada, dada la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta (art. 1180, ap. b, CA); y tampoco surge de las actuaciones que hubiera mediado un error de magnitud suficiente para apartarse de la decisión tomada por el Tribunal Fiscal de la Nación en ejercicio de sus facultades propias para apreciar los hechos de la causa (cfr. esta Sala, causas 2708/12 “Maritime Shipping Agency SRL”, sentencia del 26/6/12, y 7625/19 “Abbot Laboratories Argentina SA”, sent. del 29/8/19, entre otras).
Debe contemplarse que, en los supuestos de importación temporaria con fines de transformación ―como el que aquí es materia de examen―, la documentación necesaria para acreditar de modo fehaciente la reexportación de los insumos son los correspondientes permisos de embarque y CTC ―o copia de aquellos instrumentos, frente a la imposibilidad de acompañarlos―, a fin de poder constatar la relación insumo-producto y, con ello, la efectiva regularización de la mercadería introducida CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 12116/2024 “MANUFACTURA DE FIBRAS SINTETICAS SA (TF 37842-A) Y OTRO c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
mediante los DIT en cuestión (cfr. esta Sala, causa 35392/10, “Orandi Y Massera SA”, sent. del 15/03/11, y sus citas).
Como afirma el recurrente, se trata de un régimen de excepción, por lo que la prueba del cumplimiento de la obligación impuesta en razón de su otorgamiento cae en cabeza del beneficiario; quien debe probarlo por medio de la documentación antes mencionada (cfr. esta Sala, causas 13079/10 “La Mercantil Andina Cía Argentina de Seguros SA”, sent. del 8/7/10, y 41282/17 “Chubb Argentina de Seguros SA”, sent. del 12/2/15, entre otras).
Ahora bien, en el caso particular, el Tribunal Fiscal de la Nación determinó la suficiencia de la prueba documental que la importadora había proporcionado en sede aduanera y el Fisco no controvirtió puntualmente sus apreciaciones; lo que impide hacer lugar a sus planteos (doctr. Fallos: 332:752; 334:1302; 344:3625; entre otros). El memorial efectuó cuestionamientos generales y aludió a distintas obligaciones que se desprenden del régimen del decreto 1439/96 y su reglamentación; pero, en concreto, no expuso errores en el razonamiento ni en los cálculos que hizo el tribunal de origen, sobre la base de considerar el 32,4% de pérdidas que –en efecto– reconocen los CTC definitivos 0787-00 y 0642-00, cuya copia está ensobrada a fs.17 de los antecedentes. En todo caso, el recurrente debió haber señalado a esta Cámara de qué manera era posible arribar a la cantidad de mercadería en infracción que se determinó en el informe de fs. 49 de las actuaciones administrativas, incluso si se contemplaba aquel porcentaje de pérdidas.
Resta señalar que, tanto el aludido informe de fs. 49, como la motivación de la resolución DE PRLA 1201/06, establecieron que el cumplimiento de la obligación de reexportar fue parcial con una lacónica referencia a que había sido “mal aplicada la RIP de los CTC involucrados” (v. esp. la remisión a los términos del informe, a fs. 53vta., act. adm.). Es decir que, más allá de lo que insinuó el recurrente, en el caso no se formalizó ningún reproche por falta de expedición de los CTC definitivos –los que, como se mencionó, obran en la causa–, ni por ausencia de cumplidos o indebida consignación de las referencias a la importación en las planillas de descarga de los permisos de embarque.
Todo esto, impide hacer lugar a la apelación.
Por consiguiente, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar la resolución de fs. 249/252vta., con costas (art. 68, primer párr., CPCCN).
2. En atención a la intimación cursada en el punto V del primer auto, notificado al demandado el 29/7/24, sin que aquél cumpliera con la obligación de liquidar la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, corresponde aplicar astreintes de $100 diarios a partir del quinto día de notificada la presente, hasta tanto se proporcionen los elementos necesarios para la determinación del tributo. Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de no demorar el trámite del expediente, cabe remitir los autos al Representante del Fisco para que determine el monto de la tasa de justicia a exigir (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
Regístrese, notifíquese y cúmplase con la remisión al Representante del Fisco.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia