Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 35734-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación del 5/04/20243, en todos sus términos, con costas a la demandada vencida (arts. 68, 1º parte del C.P.C.C.N. y 1163 del C.A.); y
2Confirmar, reducir y regular los emolumentos de los letrados de la actora de conformidad a lo expresado en el considerando XII).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
44.337/2023 “Manufactura de Fibras Sintéticas SA (TF 35734-A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”
Buenos Aires, 22 de marzo de 2024.
VISTOS Y
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 5/04/2023 y su aclaratoria de fecha 28/04/2023, el Tribunal Fiscal de la Nación –por mayoría- declaró la nulidad del auto de apertura del sumario. En consecuencia, declaró prescripta la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos contra manufactura de Fibras Sintéticas SA, relativos a la actuación Nro. 12197-5873-2009. Con costas a la DGA.
Para así decidir, sostuvo que, luego de compulsar las actuaciones administrativas SIGEA 12197-5873-2009, advirtió que, el auto de apertura de sumario de fecha 12/11/2009 no daba cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 1094 del CA, atento que al momento de su apertura del sumario, el servicio aduanero no contaba con la carpeta original de la destinación de importación temporal n° 03001IT14004090V o su copia, lo que constituía la causa y antecedente del procedimiento infraccional. Ponderó que, tampoco obraba el informe de la División Verificación indicando valor en aduana y gravamen de la mercadería a la fecha de la infracción y, si la misma resultaba de importación prohibida por el régimen general, ni tampoco se había determinado el monto de los tributos adeudados por intermedio de la Sección Liquidaciones.
Argumentó que la resolución de apertura de sumario no es un simple acto administrativo de mero trámite sino que es de suma importancia porque es el acto CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II por el cual el administrador entiende que existen motivos suficientes para iniciar el procedimiento, a efectos de constatar si los hechos denunciados constituyen o no una infracción aduanera. Además, es el acto necesariamente previo a la resolución que dispone correr vista de lo actuado a los presuntos responsables, a efectos de que por primera vez presenten sus defensas.
Puntualizó que, en el propio auto de apertura de sumario, el Jefe de la División Secretaría de Actuación n° 4 remitió las actuaciones a la Sección Procedimientos Técnicos, a fin de que se adjunte la carpeta correspondiente a la destinación aduanera. Refirió que, en respuesta a dicha solicitud, en la Nota n° 734/10 de fecha 7/01/2010 se informó que habiéndose efectuado una nueva y exhaustiva búsqueda de la destinación denunciada en autos la misma no pudo ser localizada. Asimismo, en dicha Nota se indicó que, las actuaciones se podían sustanciar adecuadamente con las impresiones SIM de las pantallas del despacho de importación temporal que se acompañaba, sin perjuicio de la posterior agregación de la carpeta original, de la cual continuaba su búsqueda. Observó que, a pesar de no contar con la carpeta original de la destinación o su copia, el servicio aduanero decidió continuar con el procedimiento infraccional y dictó la resolución objeto de recurso. Expuso que la falta de agregación de la carpeta original del DIT o su copia impidió verificar la fecha de su oficialización de la operación, corroborar su vencimiento, determinar si por el mismo se había concedido o no prórroga, a los fines de la regularización del régimen y si la recurrente había importado temporariamente la mercadería al amparo del decreto 1439/96.
Añadió que, sin la carpeta original, tampoco era posible realizar la descarga, es decir, no se podía corroborar qué porcentaje de la mercadería importada temporariamente fue efectivamente reexportada o en su defecto importada a consumo, puesto que dicha carpeta poseía los datos necesarios, a CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II efectos de poder verificar el cumplimiento o incumplimiento del régimen de destinación suspensiva de importación temporaria.
Advirtió que, fue la propia denunciante quien informó que no encontró la carpeta original y que con el fin de no dilatar más el trámite, previo a abrir el sumario, adjuntó las impresiones del Sistema María, sin perjuicio de la posterior agregación del original de la destinación, lo que finalmente no ocurrió. Adujo que, el deber de guarda de la documentación le compete al servicio aduanero y más aún, si la documentación se encuentra involucrada en discusión administrativa o judicial. Afirmó que el administrado era un colaborador en la tarea, a través de lo que pudiera tener en su poder o en su defecto, su despachante de aduana. Ello no desobligaba al servicio aduanero de acompañar la documentación original del despacho de importación temporaria por el que se imputaba a la firma importadora la infracción prevista en el artículo 970 del C.A.
Por otra parte, indicó que, de la compulsa de los antecedentes administrativos surgía que la valoración y clasificación de la mercadería fue realizada el 8/08/11, mientras que la liquidación de tributos se practicó recién en el año 2014, es decir, luego de transcurrido el plazo quinquenal para el impulso de la acción del fisco para percibir tributos que venció el 31/12/09.
Entendió que, en definitiva, los antecedentes con los que contaba la Aduana en el expediente administrativo nunca pudieron servir de causa al auto que dispuso la apertura del sumario, en los términos del artículo 1090 inc. c) del CA.
En consecuencia, consideró que, el acto de apertura del sumario era nulo de nulidad absoluta, en tanto era violatorio de la ley y al estar viciado tanto por la causa, violaba los principios del debido proceso y del derecho de defensa, ambos de raigambre constitucional.
Por último entendió que correspondía analizar la prescripción de las facultades del fisco para imponer penas y reclamar el pago de tributos.
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En relación a ello, señaló que, el plazo de prescripción era de cinco años, conforme los artículos 803 y 934 del C.A. respectivamente que, comenzó a correr el 1/01/2005 (el hecho gravado tuvo lugar el 26/06/04 al vencerse el plazo de la importación temporaria) en los términos de los artículos 804 y 935 del C.A. y de no mediar causales suspensivas e interrupciones operaba el 31/1/2009. Y no obstante, de entenderse que el referido acto de apertura del sumario debía evaluarse de modo integrado con el auto de corrida de vista, es decir que a ese momento el servicio aduanero pudo agregar la destinación de marras, a los efectos de subsanar las irregularidades de las que adolecía la apertura del sumario y proseguir con la investigación sumarial, ello no ocurrió.
En tales condiciones, al ser nulo el auto de apertura del sumario, el mismo no pudo suspender ni interrumpir la prescripción en los términos del 805 inciso a) y 937 inc. a) respectivamente del Código Aduanero.
II. Que contra dicho pronunciamiento, con fecha 30/05/2023 el Estado Nacional-AFIP-DGA interpuso recurso de apelación, expresando agravios el 22/06/2023, los que fueron contestados por la contraria el 3/08/2023. Se agravia la recurrente porque entiende que carece de asidero pretender que la instrucción de sumario reúna todos y cada uno de los elementos estipulados por el art. 1094 del C.A., por una simple cuestión de sentido común. Esgrime que, sostener la obligatoriedad de llevar adelante sin distingo cada uno de los incisos no encuentra refugio lógico-jurídico alguno. De ahí que se insista con la imperiosa necesidad de no “automatizar” la aplicación del artículo. Considera que, esta interpretación, disociada del plexo normativo aduanero, generará consecuencias indeseables para el sistema (dispendio jurisdiccional y hasta afectación de derechos individuales por medidas cautelares innecesarias). Asimismo, se debe tener en cuenta que los recursos que se poseen por definición son limitados. Por lo tanto, pretender que lo previsto en el art. 1094 del C.A. se cumpla al pie de la letra para todos los casos (sin meritar la necesidad de cumplir CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II con cada una de las medidas preventivas) acarrearía una franca contradicción a los tres principios de la actividad administrativa: eficacia, eficiencia y economía. Destaca que, el auto cuya nulidad se combate es la consecuencia natural de sus antecedentes. En efecto, de la denuncia y del auto de apertura de sumario surge la infracción endilgada, los presuntos imputados y la destinación aduanera. Aduce que, otra cuestión que debe tenerse en cuenta respecto a la concreta afectación al derecho de defensa de la contraria, es que el importador a la fecha de los acontecimientos siempre tuvo la posibilidad de acceder a toda la información consultando “mis operaciones aduaneras”.
Alega que, de este modo, al aperturarse el sumario, se encontraban individualizados los hechos, los presuntos responsables, la operación aduanera, la infracción endilgada y las liquidaciones de tributos. Por lo tanto, el auto de apertura del sumario es plenamente válido y productor de los efectos que el Código Aduanero le ha otorgado.
Indica que, el artículo 1094 del C.A. no refiere a cómo, en qué orden y cuándo deben ser agregados los elementos que lo componen, como así tampoco, no existe parte alguna en la que se refiera a la nulidad del auto de apertura del sumario por el faltante de uno de los elementos descriptos en el citado artículo. En definitiva, considera que, se está ante un excesivo rigorismo formal demostrado por la interpretación exegeta de una norma cuya aplicación literal implica un dispendio jurisdiccional y toma de medidas inconducentes. En segundo lugar, se agravia porque entiende que la carpeta de la destinación o su copia, no es más que la declaración aduanera efectuada por el importador, por intermedio de su despachante en el sistema Malvina. Pone de relieve que, las impresiones de pantalla acompañadas no son más que la constancia certificada por un funcionario público de lo efectivamente declarado por el importador en dicho sistema.
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Afirma que, la información obrante en el SIM es exactamente la misma que la obrante en la destinación impresa. Por este motivo, resulta un exceso de rigor formal anular un acto administrativo por falta de agregación de una destinación cuando sus características surgen de las impresiones de pantalla del sistema en el cual se efectuó dicha declaración.
En este contexto, puntualiza que la actora, jamás desconoció los datos de la importación temporal incumplida. Pues no desconoció haberla efectuado, ni su número, ni su fecha de vencimiento, ni la mercadería importada temporalmente, ni la liquidación todos los datos que surgen de las impresiones de pantalla del SIM. Destaca que, el artículo 1094 del Código Aduanero no exige expresamente la agregación de la carpeta ni en original ni en copia y la exigencia del Tribunal Fiscal se encuentra cumplida con la agregación de las impresiones de pantalla del SIM. En consecuencia, la sentencia atacada no reviste sustento legal alguno debiendo ser dejada sin efecto.
Resalta que, la apertura del sumario fue consentida por la actora toda vez que aquella contaba con un plazo de cinco días para solicitar su nulidad y no lo hizo. Es más, en su presentación no desconoció ninguno de los datos insertos en el acto de apertura del sumario. Particularmente, no desconoció haber efectuado la destinación de importación temporal, ni su fecha de vencimiento, ni la mercadería importada.
Por último, señala que, siendo válido el acto de apertura del sumario, resulta que no ha acaecido la prescripción de las acciones de su parte. Argumenta que, respecto de la acción para el cobro de tributos, el texto legal dispone específicamente la suspensión del cómputo del plazo con su solo dictado, cuestión que es pacífica la jurisprudencia. Por consiguiente, el plazo quinquenal comenzó a correr a partir del 1/01/2005. Es decir que, la acción para el cobro de tributos prescribiría el 31/12/2009, pero sin embargo se instruyó sumario dentro del plazo legal y por consiguiente se suspendió la prescripción. Desde la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II instrucción sumarial hasta el dictado del pronunciamiento respectivo, que habilitare la vía ejecutiva, la prescripción de la acción tributaria se suspende. Manifiesta que, por otro lado y en lo que respecta a la acción de su parte para imponer penas, los hechos investigados datan del 2004. Consecuentemente, la prescripción -de no haber mediado actos interruptores hubiese operado el 31/12/2009-, pero fue interrumpida con la apertura sumarial. Por eso, al haberse dictado el fallo administrativo condenatorio el 6/11/2014, la acción del fisco para imponer sanciones no está prescripta.
III. Que mediante el pronunciamiento de fecha 15/06/2023, el Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios profesionales del Dr. Gustavo Zunino por su actuación en el carácter de letrado apoderado de la parte actora respecto a la primera y segunda etapa del proceso, en la suma de VEINTIUN MIL PESOS ($ 21.000), a la que corresponderá adicionar la suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($ 4.410) en concepto de IVA, atento a que el citado letrado reviste la condición de inscripto frente a ese impuesto. Dicho importe deberá ser soportado por la demandada, atento a la forma en que han sido impuestas las costas en el decisorio del 5 de abril de 2023. Reguló los honorarios profesionales del Dr.
Gustavo Zunino por su actuación en el carácter de letrado apoderado de la parte actora, por su actuación en la presente causa y conforme lo dispuesto por la ley 27.423 y Acordada CSJN N° 13/18, modificada por la Acordada CSJN N° 9/23, respecto a la tercera etapa del proceso, en la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($ 480.000), equivalente a 32,14 unidades de medida arancelaria (UMA), a la que corresponderá adicionar la suma de CIEN MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 100.800) en concepto de IVA. Dicho importe deberá ser soportado por la demandada, atento a la forma en que han sido impuestas las costas en el decisorio del 5 de abril de 2023. Reguló los honorarios profesionales de la Dra. Cora Zunino por su actuación en el carácter de letrada patrocinante de la parte actora respecto a la primera y segunda etapa del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II proceso, en la suma de CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 54.000).
Dicho importe deberá ser soportado por la demandada, atento a la forma en que han sido impuestas las costas en el decisorio del 5 de abril de 2023. Reguló los honorarios profesionales del Dr. Javier Zunino por su actuación en el carácter de letrado patrocinante de la parte actora, por su actuación en la presente causa y conforme lo dispuesto por la ley 27.423 y Acordada CSJN N° 13/18, modificada por la Acordada CSJN N° 9/23, respecto a la tercera etapa del proceso, en la suma de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 1.234.000), equivalente a 82,64 unidades de medida arancelaria (UMA), a la que corresponderá adicionar la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($ 259.140) en concepto de IVA.
Dicho importe deberá ser soportado por la demandada, atento a la forma en que han sido impuestas las costas en el decisorio del 5 de abril de 2023.
Contra dicho pronunciamiento interpusieron sendos recursos de apelación, los Dres. Gustavo y Javier Zunino, por derecho propio el 26/06/82023 (por bajos) y el Estado Nacional el 30/06/2023 (por altos).
IV. Que, la cuestión principal consiste en determinar si el auto de apertura del sumario resultó inhábil o no para interrumpir el curso de la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas por infracciones aduaneras y para requerir el pago de los tributos, de conformidad con los requisitos establecidos en el art. 1094 del Código Aduanero.
V. Que, en este contexto, conviene recordar que la acción del Fisco Nacional para reclamar el pago de tributos e imponer penas prescribe por el transcurso de cinco años (arts. 803 y 934, CA), y ese término comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido o constatado la infracción y/o producido el hecho gravado (arts. 804 y 935 del mismo ordenamiento).
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Por su parte, el artículo 805, inciso a, del Código dispone que se suspende el plazo de prescripción desde la apertura del sumario en la causa que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión; mientras que el artículo 937, inciso a, establece que la prescripción de la acción para imponer penas se interrumpe por el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario. La causal de suspensión del plazo de prescripción prevista en el citado artículo 805, inciso a), fue ideada en consideración a que la acción del Fisco para percibir el tributo no se halla expedita, debiendo esperarse hasta la finalización de la causa abierta para investigar la existencia de un ilícito aduanero.
Sin embargo, para que el auto de apertura del sumario tenga virtualidad para suspender y/o interrumpir el cómputo de la prescripción, debe tratarse de un acto válido, es decir que reúna los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente.
En este sentido, el artículo 1094 del Código Aduanero identifica los enunciados obligatorios con que debe contar la resolución que dispone la apertura del sumario, y establece que “el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”. De ello se sigue que para considerar al auto de apertura de sumario como un acto válido resulta necesario que se haya dado cumplimiento a los recaudos CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II que se acaban de referir; incluyendo una clara identificación de los hechos constitutivos de la infracción para luego correr vista de lo actuado y posibilitar al intimado al pago ejercer correctamente su derecho de defensa. La falta de alguno de los elementos referidos deriva indefectiblemente en la nulidad del acto (conf. esta Sala, en autos 40.306/2013 “Agencia Marítima TAGSA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 18/3/2014).
VI. Que, de las actuaciones administrativas nro. 12.197-5873-2009, se desprende que:
(i) del Acta de Denuncia de fecha 4/09/2009 surge que los hechos consistieron en una “infracción prima facie tipificada en el art. 970 del C.A. para la destinación: 03001IT4004090V por la cantidad de mercadería que se detalla en la nota adjunta” (fs. 1).
(ii) con fecha 12/11/2009 se dispuso la instrucción de sumario y asimismo, se ordenó remitir las actuaciones a Procedimientos Técnicos, a fin de que se proceda a agregar la carpeta correspondiente a la destinación aduanera objeto de la denuncia de autos (fs. 9).
(iii) con fecha 7/01/2010 la Sección Procedimientos Técnicos informó “habiéndose efectuada una nueva y exhaustiva búsqueda de la destinación denunciada en autos, la misma no pudo ser localizada (…) se pueden sustanciar adecuadamente con las impresiones SIM de las pantallas del despacho de importación temporal, sin perjuicio de la posterior agregación de la carpeta original (…)” (v. fs. 10, énfasis agregado).
(iv) a fs. 20 obra la liquidación del monto de la multa y los tributos, SIN INDICARSE FECHA.
(v) con fecha 25/08/2014 se dispuso la corrida de vista a la actora y se le hizo saber que “si dentro del plazo para contestar la vista realizan el pago voluntario de la multa mínima pretendida en autos, cuyo importe asciende a la suma de $161.070 (…), se declarará extinguida la acción penal (…). Se hace CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II saber que el importe de los tributos a U$S 43.545,50 (…), la que fue notificada con fecha 9/09/2014 (fs. 21 y vta. y fs. 27 y vta.).
(vi) con fecha 17/09/2014 la actora presentó su descargo, planteando la prescripción de la acción y el cumplimiento del régimen (fs. 28/33 vta.). (vii) con fecha 27/10/2014 el Jefe de Procedimientos Técnicos informó que: “(…) la destinación del asunto, se encuentra descargada según el siguiente detalle, con los saldos sin nacionalizar que se describen a continuación: (…) Mercadería en Infracción: 210.521,13 kilos (…)” (fs. 39).
(viii) con fecha 3/11/2014 se remitieron las actuaciones a la Div. Secretaría de Actuación n° 6 “a los fines que tenga a bien informar el monto de la multa y tributos…correspondiente a la mercadería en infracción (…). Asimismo, deberá excluirse el Derecho Adicional, conforme el caso FRISHER SRL (…)” (fs. 40). (ix) a fs. 41 obra la nueva liquidación del monto de la multa y los tributos, SIN INDICARSE FECHA.
(x) con fecha 6/11/2014 el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros dictó la resolución DE PRLA nº 7669/2014, aquí impugnada (fs. 61/63).
(xi) con fecha 11/11/2014 el Subdirector General aprobó la resolución n° 7669/14, mediante la resolución n° SDG TLA n° 1541/14 (fs. 67/68).
VII. Que de lo expuesto, se desprende que el auto de apertura del sumario del 01/11/04, no cumplió con los extremos legales exigidos por el artículo 1094 del Código Aduanero para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye al acto de inicio de la facultad investigativa (art. 805, inc. a), pues no contaba con la carpeta original del DIT 03001IT14004090V o su copia, documentación que constituye la causa y antecedente del procedimiento infraccional. Tampoco contenía el valor en aduana de la mercadería y los gravámenes a la fecha de la infracción, ni se había determinado la liquidación de los tributos que pudieren corresponder, la que se habría realizado (en el año 2014)
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cuando ya había operado la prescripción de la acción fiscal (31/12/2009). Al respecto, cuadra añadir que, la vista conferida a la actora tampoco pudo subsanar las irregularidades del auto del 12/11/2009, atento que se dispuso con fecha 25/08/2014, es decir una vez operado el plazo de prescripción.
VIII. Que, en este contexto y tal como lo señalara el Tribunal Fiscal, la falta de agregación de la carpeta original del DIT o su copia impide verificar la fecha de su oficialización, corroborar su vencimiento, determinar si por el mismo se ha concedido o no prórroga, a los fines de la regularización del régimen y asimismo, si la actora importó temporariamente la mercadería al amparo del decreto 1439/96, tal como surgiría de las impresiones de Pantalla. Tampoco es posible realizar la descarga pues no se puede corroborar qué porcentaje de la mercadería importada temporariamente fue efectivamente reexportada, o en su defecto, importada a consumo. Al respecto cuadra añadir que, fue la propia demandada quien informó que no encontró la carpeta original del despacho de importación y que, con el fin de no dilatar aún más el trámite previo a abrir el sumario, adjuntaba las impresiones del Sistema Oficial María, sin perjuicio de la posterior agregación de la destinación original, lo que nunca ocurrió.
Por otra parte, y respecto de la falta de la liquidación tributaria, al momento de abrir el sumario, se ha sostenido que, como regla general, disponer la liquidación de los tributos, reviste una importancia fundamental, dado que: (i) evidencia el interés del organismo aduanero en percibir dicho tributo, lo que justifica que el plazo sea suspendido según el art. 805, inc.a), del Código Aduanero; (ii) garantiza la defensa en juicio y el juzgamiento del particular en un plazo razonable, al exigir cierta celeridad en la liquidación del tributo y su correspondiente vista al particular y (iii) en el caso de diversas multas, la liquidación del tributo sirve para cuantificar el monto de las multas (conf. Sala III, in re, "Arte Radiotelevisivo Argentino SA (TF28836-A) c/DGA", Expte. No. 21.830/2012, del 6/6/2013 y expte. n° 3.063/2020 “Sancor Cooperativa de Seguros CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II Limitada TF 40026-A c/ DGA, s/Recurso Directo de Organismo Externo”, del 17/03/21).
Por tal razón, la realización de la liquidación tributaria correspondiente, no se trataba de una formalidad carente de sentido sustancial, sino que era fundamental para el normal desarrollo del procedimiento aduanero.
De este modo, resulta de toda claridad que la resolución de apertura del sumario es nula, de nulidad absoluta en tanto violatorio de la ley aplicable y carece, por ende de aptitud para suspender e interrumpir la prescripción de las acciones del Fisco Nacional para percibir los tributos e imponer multa, respectivamente (conf. esta Sala, en autos 21.906/2017 “Denso Manufacturing Argentina SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 13/7/2017).
IX. Que, confirmada la declaración de nulidad de la resolución de apertura del sumario, no habiéndose verificado alguna de las causales suspensivas y/o interruptivas del término liberatorio quinquenal (rector en la especie tanto en lo relativo a la acción para perseguir el cobro de tributos como para imponer penas por la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero; conf. artículos 803 y 934, ambos del Código Aduanero), en relación a la Destinación de Importación “03001IT4004090V”, y teniendo en cuenta que el plazo de prescripción comenzó a correr el 1/1/2005, se concluye que la prescripción efectivamente operó el 31/12/2009, por lo que a la fecha del dictado de la resolución DE PRLA n° 7669/2014, se encontraba prescripta la facultad de la aduana para imponer penas y reclamar el pago de tributos.
Cabe aclarar en este punto que, si bien el instituto de la prescripción es de aplicación restrictiva, razón por la cual en caso de duda, debe preferirse la solución que mantenga vivo el derecho (del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema en Fallos: 327:1629 y 329:1012, entre otros), la nulidad del acto administrativo por ausencia de alguno de sus requisitos CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II esenciales es de carácter absoluto y no puede ser soslayada (art. 14, inc. b), LNPA), pues importaría afectar el derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución Nacional.
En consecuencia, el acto obrante a fs. 9 de las actuaciones administrativas debe reputarse nulo, de nulidad absoluta en tanto violatorio de la ley aplicable – término que comprende tanto al ordenamiento constitucional como la violación de una ley, un reglamento, un tratado una resolución (conf. dictamen de la PTN 196:80)-, y carece, por ende de aptitud para suspender e interrumpir la prescripción de las acciones del Fisco para percibir los tributos e imponer la multa, respectivamente (en idéntico sentido Sala IV in re: “YPF SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo” del 27/04/2017 y “Agencia Marítima TAGSA SA (TF 27435-A) c/DGA”, del 11/06/13 y sus citas).
X. Que a mayor abundamiento, cabe añadir, que la demandada no se ha agraviado respecto de la oportunidad en que la actora ha formulado el planteo de nulidad del auto de apertura del sumario (recurso de apelación presentado ante el Tribunal Fiscal de la Nación –apartado IV, punto 1)-), lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 277 del C.P.C.C., limita las facultades revisoras de la Sala (en similar sentido, esta Sala, in re: expte. nº 74812/2017 “Ferrero Argentina SA c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, del 28/12/2017).
En consecuencia, corresponde desestimar el recurso intentado y confirmar la sentencia apelada en todos sus términos.
XI. Que las costas de la instancia judicial se imponen a cargo del Fisco Nacional, por no advertirse motivos que justifiquen apartarse del principio general de la derrota rector en la materia (conf. artículo 68, primera parte, del CPCCN).
XII. Que a fin de tratar los recursos interpuestos; en primer término, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limitaría la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in rebus’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 - XII-97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A.”, del 2-IV-98, entre otras), razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional. Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).
Y, recientemente en la causa “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/acción declarativa”, sentencia del 4/09/2018 (Fallos: 341:1063), sostuvo, en cuanto a la ley aplicable a los trabajos cumplidos con anterioridad a la entrada en vigencia la ley 27.423 y su promulgación parcial dispuesta por decreto 1077/17 que, en el caso de los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, por lo que el nuevo régimen legal, no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución y agregó que a los fines arancelarios, los intereses no CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II integran el monto del juicio (v. Cons. 3° y 4° del voto mayoritario); cabiendo en el caso, atenerse al fraccionamiento efectuado por el T.F.N. en la regulación de fecha 15/06/2023.
Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucradosconf. Resol. 7669/2014 (F4), convertido a pesos y lo resuelto con fecha 05/04/2023 y precedentemente-; atento al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos profesionales desarrollados durante las etapas del pelito cumplidas bajo la vigencia de la ley 21.839, corresponde confirmar los honorarios fijados con fecha 15/06/2023 en los puntos 1°) y 3°), en favor de los DRES. GUSTAVO ZUNINO y CORA ZUNINO, apoderado y patrocinante de la actora, respectivamente (arts. 6, 7, 9, 10, 19, 22, 37, 38 y ccdtes. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432).
Por las tareas cumplidas bajo el régimen de la ley 27.423, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y el monto involucrado - conf. Resol. 7669/2014 (F4), convertido a pesos y lo resuelto con fecha 05/04/2023 y precedentemente-; atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada en el marco del pleito; corresponde reducir los honorarios fijados en los puntos 2°) y 4°) de la regulación de fecha 16/06/2023, reduciendo a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($162.284) – equivalente a 4 UMA- y PESOS CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ ($405.710) -equivalente a 10 UMA- los emolumentos de los DRES. GUSTAVO ZUNINO y JAVIER ZUNINO, apoderado y patrocinante, respectivamente, actuantes en la defensa de la actora (arts. 14, 16, 20, 21, 24, 29, 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423 – Dto. 1077/17).
Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido y el modo en que se impusieron las costas, corresponde regular en la suma de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II NOVENTA CENTAVOS ($117.655,90) –equivalente a 2,90 UMA- y PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($294.139,75) -equivalente a 7,25 UMA- los emolumentos de los DRES. GUSTAVO ZUNINO y JAVIER ZUNINO, apoderado y patrocinante, respectivamente, actuantes en la defensa de la actora (arts. 16, 20, 24, 29, 30, 44 inc b) y ccdtes. de la ley 27.423).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re "Beccar Varela Emilio-Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
En consecuencia, este Tribunal
1. desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación del 5/04/20243, en todos sus términos, con costas a la demandada vencida (arts. 68, 1º parte del C.P.C.C.N. y 1163 del C.A.); y 2°) confirmar, reducir y regular los emolumentos de los letrados de la actora de conformidad a lo expresado en el considerando XII).
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.
JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARIA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MARQUEZ CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
Fin de la sentencia