Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución (DE PRLA) n° 7459/13 apelada en autos.
2Imponer las costas al Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-64595484-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 1 de Julio de 2026 D.G.A. s/ recurso de apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Juan M. Soria, para dictar sentencia en los autos caratulados “MANUFACTURA DE MOTORES ARGENTINOS S.R.L. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, expte. n° 34974-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 10/14 vta., se presentan la firma epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) n° 7459/13, recaída en la actuación SIGEA n° 12197-12333-2005, en cuanto se la condena por infracción al art. 970 del C.A. respecto de la operación de importación temporaria documentada mediante la destinación n° 02 001 IT16 000199 F, intimándosele el pago de una multa de $ 15.235,06, a la suma de US$ 17.588,43 en concepto de tributos adeudados con más los intereses .
En sustento de su pretensión, efectúa un relato de los hechos que dieron lugar al dictado de la resolución apelada, formula consideraciones en torno al art. 970 del C.A. y aduce que la Aduana imposibilitó el ejercicio de su derecho de defensa. Afirma haber reexportado la totalidad de la mercadería importada temporalmente en tiempo y forma, y que la liberación de la garantía acredita el cumplimiento de la obligación comprometida. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita la revocación de la resolución apelada.
A f. 362, se presenta Aseguradora de Créditos y Garantías S.A., por intermedio de apoderado con patrocinio letrado, e interpone recurso de apelación contra la misma resolución, en cuanto se la condena al pago de la suma de US$ 17.588,43 en concepto de tributos adeudados con más los intereses, respecto de idéntica destinación de importación temporaria.
Plantea la nulidad de la resolución cuestionada con fundamento en que su parte resolutiva formula los cargos tributarios a la aseguradora Chubb Argentina de Seguros S.A. y no a la propia Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. Alega asimismo la nulidad derivada de la falta de acompañamiento de la póliza por parte del Fisco. Cuestiona la determinación tributaria en cuanto comprende rubros excluidos de la cobertura, tales como el IVA adicional, el anticipo de Impuesto a las Ganancias, el derecho adicional y la reclamación en moneda extranjera. Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. A fs. 42/49 vta., se presenta el Fisco y contesta el traslado en los autos Manufactura de Motores Argentinos S.R.L. c/DGA s/apelación” , oportunamente conferido. Por imperativo procesal, niega todas y cada una de las afirmaciones de hecho y derecho esgrimidas por la actora que no fueren objeto de su especial reconocimiento. Efectúa una reseña de lo actuado en sede administrativa, y afirma que ésta no aportó la totalidad de la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento alegado. Rechaza por inexacto el planteo de nulidad, cita jurisprudencia en apoyo de su postura, ofrece como prueba las actuaciones administrativas que adjunta, hace reserva del caso federal y solicita la confirmación de la resolución apelada, con costas.
A fs. 380/383 vta., el Fisco contesta el traslado en los autos de la coactora Aseguradora de Créditos y Garantías S.A., negando por imperativo procesal las afirmaciones de la recurrente. Efectúa reseña de los antecedentes administrativos, contesta los agravios y solicita la confirmación de la resolución apelada, con costas.
III. Respecto a la prueba, se requirió al Fisco la SIGEA n° 12197-12333-2005. Esto es, la mencionada en el encabezado de la resolución apelada.
Sin embargo, una vez incorporadas a estos actuados se advierte que las mismas no guardan relación con la empresa Manufactura de Motores Argentinos S.R.L., como tampoco obra en las mismas la resolución puesta en crisis, sino que culmina con la resolución (DE PRLA) N°007112/13.
Ante esta situación, a f. 252 se intimó a la demandada a acompañar o acreditar haber gestionado la remisión del expediente administrativo en el cual se dictó la Resolución DE PRLA n° 7459/13, aquí apelada.
La representación fiscal solicitó sucesivas ampliaciones de plazo y, finalmente, a f. 284, informó que —como resultado de una exhaustiva búsqueda— el expediente n° 12197-12231-2005 - donde supuestamente se dictó la resolución apelada - se encontraría vinculado a la causa TFN n° 34.991-A, caratulada “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A”, la cual se halla acumulada a las presentes, no habiendo efectivamente acompañado la actuación 12197-12231-2005, en tales actuados, ello de conformidad con el sello de f. 384.
Paralelamente, se requirió a la actora que acompañara las copias del sumario que obraran en su poder, a fin de identificar las actuaciones administrativas en las que supuestamente se dictó la resolución impugnada (f. 277), intimación que se reiteró el 6 de febrero de 2019 (f. 282). La actora dio cumplimiento a dicho requerimiento a f. 344.
IV. Que mediante PV-0226-35458155-APN-VOCXVII#TFN, se clausuró el periodo probatorio y se elevaron los actuados a esta Sala. Finalmente, a fs. 416/424, la actora hizo uso de su derecho a alegar, formulando consideraciones respecto de la contestación del recurso, de los hechos, de los fundamentos jurídicos, impugnando la liquidación practicada y denunciando la indebida dilación en la tramitación de las actuaciones y la consiguiente vulneración de los derechos constitucionales de su representada.
A fs. 427 los autos quedaron en estado de dictar sentencia.
V. Ingresando al examen del fondo de la cuestión y en lo que respecta a la firma actora, corresponde señalar que la causa exhibe una circunstancia de singular relevancia que condiciona, en forma determinante, la suerte del pronunciamiento: la ausencia de las actuaciones administrativas sobre las cuales se edificó la imputación originaria.
Partamos de la base de que esta instrucción no cuenta con la actuación administrativa conforme la cual se instruyó el sumario infraccional y la resolución apelada nada tiene que ver con el número de la actuación administrativa inserto en ella.
Entiéndase, el material probatorio obrante en la causa consta, en definitiva, de las contestaciones de los oficios y las copias aportadas por la actora en relación a la operación involucrada en el sumario infraccional.
Dicha documentación consta de :
a. Declaraciones juradas del estado de despacho de importación temporal respecto de la DIT 02001IT16000199F, subdividida en ítem I, ítem II, ítem III con dos sub-ítem, ítem IV con seis subítem e ítem V con 3 sub- ítem.
b. Impresiones de pantalla del SIM, de las destinaciones, conforme las cuales se habría exportado la mercadería importada temporariamente.
c. Certificados de tipificación y clasificación Nros. 1698, 1513, 1823, 1221, 2483, 1439 y 1443. d. La instrucción de sumario, recaída, supuestamente, en la actuación 12197-12231-2005, en relación a la operación documentada mediante la DIT 02001IT16000199F, cuyo vencimiento operaria el 18/04/2004.
e. Copia simple de la DIT 02001IT16000199F, oficializada en fecha 26/04/2002, sin carpeta contenedora ni documentación complementaria.
Ahora bien, en base a esta única documentación de lo que sería el expediente administrativo mediante el cual tramitó el sumario infraccional, puedo afirmar los siguientes extremos:
1. No se puede determinar la fecha de comisión de la infracción por cuanto no se tiene ni la fecha cierta de vencimiento de la DIT, ni las constancias de la existencia/inexistencia de eventuales prorrogas.
2. No hay constancia de la mercadería efectivamente ingresada, ya que la copia que acompaña la actora no posee el conforme de la autoridad aduanera.
3. No se puede analizar la vigencia o no de las acciones del Fisco para imponer penas y exigir tributos en relación a la operación involucrada al no contar con la totalidad de las constancias de los actos administrativos que tienen impacto o relevancia en tal sentido, más allá de la simple copia de la supuesta instrucción del sumario.
En este orden y aún sorteando los impedimentos señalados precedentemente, al ingresar en el análisis de la resolución apelada se advierte que la imputación formulada por el servicio aduanero se circunscribe al cumplimiento de 128.655 unidades de la mercadería importada temporariamente, quedando en infracción 47964 unidades.
Entiéndase, de las 176.619 unidades importadas temporariamente mediante la DIT involucrada el servicio aduanero tuvo por re-exportada una parte de la mercadería, labrando la infracción respecto del saldo cuya situación no fue regularizada, todo ello en base a un supuesto informe de la sección procedimientos técnicos, y a raíz del cual se procedió a liquidar tributos y multas.
En esta cauce y aun considerando la documental obrante a los fines de analizar el eventual complimiento de las obligaciones – sin perjuicio de todo lo señalado al respecto-, lo cierto es que en este estadio resulta imposible individualizar cuales son los ítems con sus respectivos sub-ítem (ítem I, ítem II, ítem III con dos sub-ítem, ítem IV con seis sub-ítem e ítem V con 3 sub- ítems) que fueron considerados por el servicio aduanero a efectos de la infracción imputada, ello para poder realizar la descarga de los mismos. De este modo y conforme lo señalado, resulta materialmente imposible reconstruir el iter lógico seguido por la administración para arribar a la conclusión condenatoria, y en consecuencia, este Tribunal se ve impedido de ejercer cabalmente la función revisora que le es propia.
Nótese, no se trata de una deficiencia meramente formal: antes bien, importa una limitación sustancial para la jurisdicción de alzada, en tanto obsta a la verificación de los presupuestos de hecho y de derecho que el acto sancionatorio debería reunir.
Que, en tales condiciones, no se cuenta con elementos de convicción suficientes que permitan tener por acreditada o nó, con el grado de certeza necesario en materia sancionatoria, la configuración de la conducta prevista en el art. 970 del Código Aduanero.
La misma conclusión se impone respecto del cargo tributario determinado en la resolución apelada. La verificación de la existencia de una obligación de tal naturaleza requiere, igualmente, el examen de la causa fuente que la justifique. Esto es la determinación tributaria respecto de la obligación incumplida, máxime cuando ni siquiera fue acompañada la liquidación tributaria correspondiente.
En esta lógica, los extremos señalados cristalizan la ausencia de fundamentos que hubieran servido al servicio aduanero para imputar el reproche, siendo que esta instrucción no cuenta con la actuación administrativa conforme la cual transcurrió el procedimiento y la resolución apelada nada tiene que ver con el número de la actuación administrativa inserto en ella, y la consecuencia de ello no puede ser otra que revocar la resolución apelada y ASÍ LO PROPONGO.
VII. En lo que respecta a la co-actora Aseguradora de Créditos y Garantías S.A., la conclusión no puede ser diferente.
Dicho postulado descansa en dos pilares fundamentas, a saber: 1) la ausencia del expediente administrativo, lo que impide —en forma análoga a lo ya expuesto— tener por acreditados los elementos fácticos y jurídicos que sustentan su eventual responsabilidad al pago de los tributos; 2) la falta de incorporación de la póliza de caución, circunstancia que imposibilita determinar la existencia de la obligación que habría asumido la aseguradora.
Coadyuva a la revocación el hecho de que el acto aquí recurrido presenta una incongruencia que, por sí sola, comprometería su validez: mientras que la parte expositiva de la resolución individualiza a la aquí coactora como obligada, la parte dispositiva formula el cargo tributario a nombre de la aseguradora Chubb Argentina de Seguros S.A., que es una persona jurídica distinta. Semejante discordancia entre los distintos segmentos del acto administrativo lo priva de la coherencia interna indispensable para su subsistencia. Por las razones expuestas, la resolución en crisis debe ser revocada también en lo que respecta a la coactora aseguradora.
VIII. Atento al modo en que se resuelve el presente y a que los argumentos expuestos resultan suficientes y conducentes para la solución adoptada, deviene inoficioso el tratamiento de las restantes cuestiones planteadas por las partes.
IX. En cuanto a las costas del proceso, en virtud de lo expuesto precedentemente, no advierto razones que ameriten apartarme del principio general de la derrota, por lo que estimo ajustado a derecho imponerlas al Fisco vencido (art. 1163 C.A.).
Por ello, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución (DE PRLA) n° 7459/13 apelada en autos.
2. Imponer las costas al Fisco.
Así lo voto.-
El Dr. Soria dijo:
Adhiero al voto del Vocal Preopinante.
Así lo voto.-
Por lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución (DE PRLA) n° 7459/13 apelada en autos.
2. Imponer las costas al Fisco.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Juan M. Soria (art. 52 del R.P.T.F.N.).
Date: 2026.06.30 20:25:51 ART Date: 2026.07.01 10:57:20 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Subrogante Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.07.01 10:58:27 -03:00
Fin de la sentencia