Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 31952-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación deducido por el Fisco Nacional (DGA), con costas (art. 68 primer párrafo del CPCCN).
Teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y las etapas cumplidas, SE CONFIRMAN los honorarios fijados a fs. 156 del Dr. Jorge Luis Peluffo y, sobre pautas análogas a las enunciadas y considerando, además, el resultado del recurso, SE FIJAN sus emolumentos por las tareas cumplidas en la alzada (cfr. fs. 153/155) en la suma de pesos $ 1.260 (pesos mil doscientos sesenta; arts. 6, 7, 9, 14, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores).
42343/2018, MANUFACTURA DE MOTORES ARGENTINOS SRL TF 31952-A/4 Y OTRO c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 8 de agosto de 2019 [CMP] Y VISTOS: para resolver los autos “Manufactura de Motores Argentinos SRL TF 31952-A/ 4 y otro c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, expte. 42.343/2018 [TF 31.952-A/4], venidos en recurso, y
I. El Tribunal Fiscal de la Nación, por sentencia obrante a fs. 130/133 vta. resolvió: (i) revocar la resolución N° 3537/2012 dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en el expediente administrativo N° 12197-12290-2005; (ii) costas a la demandada.
Mediante la citada Resolución 3537/2012, se había condenado a la actora al pago de una multa y diferencia de tributos por la comisión de infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero, en relación a la destinación N° 03001IT16001221Z.
Para decidir como lo hizo, en lo que aquí interesa señalar, tras hacer un relato de las actuaciones administrativas del expte. 12197-12290-2005, el TFN precisó que no resulta materia de controversia entre las partes que mediante destinación 030014IT1001221Z, oficializada el 17/12/2003 ante la Aduana de Buenos Aires, la firma Manufactura de Motores documentó la importación temporaria de 378 unidades de partes y accesorios para vehículos móviles, que clasificaba en la P.A. 8708.29.99.990J. Asimismo, que mediante la resolución apelada en autos, se formuló cargo por tributos y multas por considerar que no resultó acreditado el cumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria, atento a que el número de los CTC acompañados no conduce con los que figuran en las planillas de descarga de los permisos de embarque.
El TFN indicó que ante sus estrados la importadora sostuvo que la mercadería importada temporariamente fue reexportada en su totalidad, en tiempo y forma, mediante los P.E. acompañados en sobre separado en las actuaciones administrativas, que la obligación de emitir el correspondiente CTC era de la Secretaría de Industria y no del importador, por lo tanto solicita que se tenga por válida y definitiva la Declaración Jurada de Insumos presentada oportunamente. Por su parte, relató que en las actuaciones administrativas obran agregadas las carpetas correspondientes a los permisos de embarque N° 4001EC03011499K, 04001EC03034194H y 04001EC03005946X, que las actoras consideran como cancelatorios de los DIT en cuestión. Asimismo, que en dichas actuaciones se acompañó copia de la solicitud de CTC S01:0265868/02 y sus rectificatorias S01:0006719/04, S01:19302/04, S01:0087224/04 y S04:0199170/06. El TFN consideró que, en función de lo previsto en la resolución 72/92 del Ministerio de Economía, dado el tiempo transcurrido sin que la Secretaría de Industria y Comercio se expidiera sobre la declaración jurada de insumos, mermas, sobrantes y residuos presentada por el importación temporaria, correspondía tener por válido y con carácter definitivo las solicitudes de CTC acompañadas por la importadora.
Alta en sistema: 12/08/2019 Siguiendo el análisis, el TFN mencionó que la DGA consideró configurada la infracción prevista en el art. 970 del C.A. por no corresponder el número de solicitud de CTC que la actora detalla en la descarga adjunta en los permisos de embarque con las aportadas en el expediente administrativo, a los que alude como cancelatorios de la mercadería en cuestión. En este punto, el TFN valoró que “sin perjuicio de que el número de expediente que declara la actora en la planilla de descarga no coincide con el aportado en el sumario administrativo, del análisis de la documentación obrante en la causa, más precisamente de la descarga de los permisos de embarque y de las solicitudes de CTC acompañadas surge que la actora reexportó la totalidad de los insumos importados temporariamente mediante el DIT 03001IT6001221Z. Que tratándose de una inconsistencia que en nada modifica la operación documentada, corresponde tener por acreditada la reexportación de la mercadería involucrada” (fs. 132 vta.), conforme al cuadro que detalló. Del mismo surge, según detalla el propio TFN, que:
- Mediante el PE 04001EC03005946K, oficializado el 2/03/2004, la firma Manufactura de Motores Argentinos documentó la exportación de 312 unidades del producto clasificado bajo P.A. 8414.59.90.000G; que mediante descarga adjunta en el PE surge que canceló 302 unidades del insumo importado temporalmente mediante el DIT 03001IT16001221Z.
- Mediante el PE 04001EC03034194H, oficializado el 27/10/2004, la firma MMA documentó la exportación de 143 unidades del producto clasificado bajo P.A. 8414.59.90.000g; que la descarga adjunta en el PE surge que canceló 63 unidades del insumo importado temporalmente mediante el DIT 03001IT16001221Z.
- Mediante el PE 04001EC03011944K, oficializado el 22/04/2004, la firma MMA documentó la exportación de 384 unidades del producto clasificado bajo PA 8414.59.90.000G; que de la descarga adjunta en el PE surge que canceló 13 unidades del insumo importado temporalmente mediante el DIT 03001IT16001221Z.
Por su parte, señaló que de la solicitud de CTC S01:0265868/02 (adjunta a fs. 70/75 de las act. adm) y rectificada mediante solicitud S01:0199170/06 (adjunta a fs. 88/90 de las act. adm) surge que para la elaboración del producto exportado que clasificó bajo la P.A. 8414.59.90.000G, y en relación al DIT en referencia, utilizó una relación insumo-producto de 1,01 unidades de insumo por cada producto y un porcentaje de pérdida de 1% de producto.
Por ello, concluyó el TFN que correspondía tener por cumplidas las obligaciones inherentes a la operación de importación temporaria documentada al amparo del DIT 03001IT16001221Z, y en consecuencia revocar la resolución apelada.
II. El Fisco Nacional (DGA) apeló la sentencia a fs. 136, expresó agravios a fs. 142/144, el recurso fue concedido a fs. 145, replicado a fs. 151/152 por la actora y a fs. 153/155 por la aseguradora.
En lo sustancial, se agravia que se tuviera por definitiva las Declaraciones Juradas de Insumos que presentó la actora. Considera que es cierto que la falta de expedición en término de los CTC por la Secretaría de Industria y Comercio no es imputable a la actora, pero no cumplió con Alta en sistema: 12/08/2019 intimar tal expedición, en el término fijado por el art. 18 de la Resolución 18/92 MEYOYSP, esto es, 5 días antes del vencimiento del plazo de 90 días contemplado en el art. 9 del mismo texto legal. Señala que en autos no hay constancias que acredite el cumplimiento de dicho extremo por la parte contraria, y que dicha falencia, en el marco de un esquema probatorio en el cual el onus probandi recae sobre la importadora atento al régimen especial que constituye la importación temporal de mercaderías, solo puede ser interpretada como que la actora no ha dado cumplimiento a su obligación de intimar a la Secretaria de Industria y Comercio, en legal tiempo y forma, para la emisión del correspondiente CTC.
Concluye en que faltando la constancia de intimación, no puede eximírselo de la obligación de presentar los CTC, por lo cual le asistió razón en cuanto tuvo por no acreditadas las oblgiaciones impuestas a la contraria y en consecuencia dictó la resolución revocada.
III. El TFN reguló a fs. 156 los honorarios del abogado Jorge Luis Peluffo por su actuación ante esa instancia en carácter de apoderado y patrocinante de la actora en la suma de pesos cuatro mil doscientos ($ 4.200).
El abogado Jorge Luis Peluffo apeló la regulación de honorarios a fs. 161, por considerarlos bajos; en tanto que la DGA hizo lo propio a fs. 162, por considerarlos altos. Ambos recursos fueron concedidos a fs. 163.
IV. Preliminarmente se debe señalar que no cabe, por principio, revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión (CSJN en Fallos: 300:985; esta Sala en las causas “Renault Argentina SA” del 07/03/95 y “SIAT SA (TF 16.680-A) c/ DGA”, sentencia del 14/11/09). Puesto que, en virtud de lo normado por el art. 1.180 del Código Aduanero, está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartarse la aplicación de aquél principio (esta Sala, “Agencia Marítima Tagsa SA (TF 18034-A) C/ DGA”, expte. 25.245/2005, sentencia del 20/10/11). Vale decir que si un actor o demandado en causas como la de la especie pretende la revisión por parte de ésta Alzada de aspectos fácticos de una sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, el recurso previsto en el artículo 1.180, inc. c) del Código Aduanero le exige cumplir un requisito de procedencia previo para habilitar la intervención de éste Tribunal, esto es, demostrar el error en la apreciación de la prueba por parte del TFN, que además, como se dijo, debe tener la característica de ser arbitrario o irrazonable.
V. Teniendo presente esa regla, corresponde señalar que del memorial de agravios obrante a fs. 141/148 se advierte que la demandada cuestiona, precisamente, la valoración de los hechos y la prueba obrante en la causa efectuada por el Tribunal Fiscal de la Nación. No obstante, como se puede apreciar de la transcripción de la sentencia y de los agravios, la demandada en modo alguno ha cumplido con la carga de desarrollar los argumentos que demuestren que dicha Alta en sistema: 12/08/2019 valoración por parte del TFN fue arbitraria o incurrió en un error manifiesto, de manera tal que amerite la revisión por parte de esta Cámara.
Puntualmente, cabe destacar que el argumento referido a que la actora no habría dado cumplimiento a su obligación de intimar a la Secretaría de Industria y Comercio en los términos del art. 18 de la Resolución 18/92, es planteado por la demandada recién en su expresión de agravios ante esta Alzada, pues no fue esgrimido en la contestación del recurso ante el TFN (cfr. fs. 45/47). El argumento versa sobre el cumplimiento o no de una norma (el art. 18 de la Resolución 18/92) y por ende la producción de su consecuencia (el carácter definitivo y válido de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos presentada por el usuario), por lo cual involucra la verificación de un supuesto fáctico que, por el principio de congruencia, si la demandada lo cuestiona como parte de su defensa, debió ser opuesta en la instancia anterior para dar oportunidad a la contraria de defenderse y al aquo de expedirse sobre el mismo. El principio de congruencia impide aceptar dicho argumento de la demandada ante esta Alzada, dado que, como se dijo, no constituye una cuestión de derecho.
Sin perjuicio de ello, y solo a mayor abundamiento, no puede dejar de hacerse notar que la mera invocación por la demandada del presunto incumplimiento de la actora del requisito de intimación constituye, tal como fue formulado, el recurso a un rigor formal excesivo. No puede perderse de vista que, por un lado, es el propio Estado el que incumplió el plazo de noventa días para emitir los CTC, y por otro, la demandada no ha cuestionado el contenido de las declaraciones juradas cuya validez tuvo por cierta, afirmando su inexactitud o error. Así las cosas, el agravio se sustenta únicamente en un formalismo sin que se pueda advertir la finalidad perseguida, más que Estado se beneficie de su omisión en expedir los CTC.
Por ello, SE RESUELVE: rechazar el recurso de apelación deducido por el Fisco Nacional (DGA), con costas (art. 68 primer párrafo del CPCCN).
Teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y las etapas cumplidas, SE CONFIRMAN los honorarios fijados a fs. 156 del Dr. Jorge Luis Peluffo y, sobre pautas análogas a las enunciadas y considerando, además, el resultado del recurso, SE FIJAN sus emolumentos por las tareas cumplidas en la alzada (cfr. fs. 153/155) en la suma de pesos $ 1.260 (pesos mil doscientos sesenta; arts. 6, 7, 9, 14, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO JORGE ESTEBAN ARGENTO
Alta en sistema: 12/08/2019
Fin de la sentencia