Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 35773-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso interpuesto por Directv, revocar la resolución dictada el 2/12/2019 por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación y, en consecuencia, dejar sin efecto la resolución DE PRLA 6717/2014; y
2Distribuir por su orden las costas vinculadas tanto a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación así como por ante esta instancia judicial.
///nos Aires, 13 de septiembre de 2022.-
VISTOS estos autos 15.515/2022 “Mapfre Argentina Seguros SA (TF 35.773-A y Acum. TF 35.778-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y
I. Por resolución DE PRLA 6717/2014, el señor jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros:
-condenó a Galaxy Entertainment Argentina SA, actualmente Directv Argentina SA (Directv), al pago de una multa de $34.785 por infracción al artículo 970 del Código Aduanero respecto de la mercadería ingresada temporalmente mediante el despacho de importación temporario (DIT) “03 073 IT14 000215 C” (conf. su artículo 1°);
-dispuso el comiso de la mercadería en cuestión, que resultaba prohibida, o bien, en caso de no resultar posible efectivizar su secuestro, el pago por parte de Directv de una multa, en los términos del artículo 922 del Código Aduanero, equivalente a su valor en plaza, por un total de $158.798 (conf. su artículo 2°);
-ordenó el secuestro de la mercadería, debiendo luego ingresar a la Sección Secuestros (conf. su artículo 3°);
-decidió la subasta y/o donación y/o destrucción de los bienes, según correspondiera de conformidad con la normativa vigente y la previa verificación y aforo del bien (conf. su artículo 4°); -formuló cargo por el monto de la multa impuesta en los términos del artículo 924 del Código Aduanero (conf. su artículo 5°); y -formuló cargo a Galaxy Entertainment Argentina SA (Directv), y a Mapfre Argentina de Seguros SA (Mapfre), por los tributos adeudados, que ascendían a U$S19.600,19 y $22.369, dejando sentado que en lo que respecta a la garante debía estarse a los límites máximos estipulados en cada póliza; e intimado a su pago en los términos del artículo 794 del Código Aduanero, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el artículo 1122 de igual precepto normativo (conf. su artículo 6°). Para así decidir, el funcionario administrativo decisor entendió que:
*correspondía rechazar el planteo de nulidad por no haber sido afectado el derecho de defensa de la encartada, máxime contando con la posibilidad de subsanar la restricción a tal derecho en una etapa jurisdiccional posterior;
*Directv no acreditó la reexportación de la totalidad de la mercadería en cuestión, ello en tanto la prueba obrante en la causa resultaba insuficiente para constatar el cumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria; encontrándose a cargo de la importadora demostrar fehacientemente que cumplió con la obligación de reexportar la mercadería temporalmente importada por dicho régimen especial, o bien que se procedió a su importación para consumo dentro del plazo de permanencia;
*al no poder tener por acreditada la reexportación de la mercadería, en la especie, se verificaban elementos constitutivos de la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero; *dadas las circunstancias fácticas del caso, correspondía aplicar como sanción una multa igual a una vez el importe de los tributos que gravaban la importación para consumo de la mercadería en infracción y, al encontrarse prohibida tal operatoria por el Anexo XIV del decreto 690/2002, correspondía -además- su comiso o, en su defecto, la multa sustitutiva igual a su valor en plaza;
*la obligación tributaria no se encontraba cancelada, por lo que correspondía formular cargo por la suma de U$S19.600,19 en concepto de derecho de importación y $22.369 en concepto de percepciones a cuenta de IVA (IVA adicional) y del Impuesto a las Ganancias; y *la póliza en cuestión se encontraba pendiente de cancelación y activa, por lo que resultaban exigibles los montos garantizados de conformidad y con los alcances de dichos contratos y con los límites numéricos afianzados.
Disconformes con lo resuelto, tanto Mapfre como Directv (1 y 2) interpusieron, en los términos del artículo 1132 del Código Aduanero, recurso de apelación por ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
II. Por resolución del 2/12/2019, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación:
-confirmó la multa impuesta a Directv por infracción al artículo 970 del Código Aduanero, con costas a cargo de la recurrente; -confirmó parcialmente el artículo 6° de la resolución DE PRLA 6717/2014, declarando que la deuda ascendía a U$S11.912,48, en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, y a $22.352,99 por los rubros de adicional de IVA e Impuesto a las ganancias, en ambos casos con más los intereses devengados desde el 4/4/2014 y hasta la fecha de total y efectivo pago;
-determinó que el monto que podía ser exigido a Mapfre ascendía a $198.000, suma asegurada por la póliza suscripta, o el importe de los tributos si resultara menor, con más los intereses devengados sobre dichos rubros en los términos de los artículos 794, 1101 y 1103, todos del Código Aduanero; y -dispuso que las costas concernientes al debate en torno a la liquidación practicada debían ser soportadas conforme los mutuos vencimientos, en un 61% por las recurrentes y en el 39% restante por el Fisco Nacional.
Para así decidir, el organismo administrativo con facultades jurisdiccionales entendió que:
*correspondía desestimar el planteo de nulidad del auto de instrucción de sumario, que cumplía con los recaudos previstos en el artículo 1094 del Código Aduanero;
*correspondía rechazar el planteo de prescripción de la acción del Fisco Nacional para imponer penas, formulado por Directv, ya que el término quinquenal rector en la especie, que -según la fecha en que operó el plazo de permanencia de la mercadería dentro del territorio aduanero, esto es, el 29/1/2004 y a la luz de lo normado por el artículo 935 del Código Aduanero- comenzó a correr a partir del 1/1/2005, fue interrumpido el 11/11/2009 con el dictado del auto de apertura del sumario, reanudado el día siguiente y nuevamente interrumpido el 1/10/2014 con el dictado de la resolución DE PRLA 6717/2014;
*se ajustaba a derecho la resolución aduanera en cuanto exigía el pago de tributos y sancionaba con una multa por infracción a lo normado por el artículo 970 del Código Aduanero. En este sentido, resaltó que de la documentación obrante en las actuaciones administrativas, así como de la prueba rendida, no surgía la efectiva regularización de la destinación de importación temporaria, en tanto la falta de certificado de clasificación y tipificación “S01009100/03” denunciado en la hoja de descarga PE “03 073 EC03 001355 X” impedía acreditar la correspondiente cancelación de los 300 decodificadores temporalmente importados mediante el DIT “03 073 IT14 000215 C” e identificados en la factura comercial “10205”. Al respecto, precisó que, con su apelación, la importadora acompañó copia simple del permiso “03 073 EC03 001355 X”, cuyo original no pudo ser localizado por el servicio aduanero, así como tampoco el original ni copia certificada del CTC “S010009100/03” según lo manifestado por la Secretaría de Comercio.
Asimismo, explicó que correspondía a los beneficiarios de regímenes preferenciales, como el bajo examen, la obligación de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera adecuada, el cabal cumplimiento de las condiciones a las que la reglamentación condicionaba la ventaja de importar la mercadería sin el pago de los tributos que gravaban la destinación definitiva de importación. Finalmente, siempre en lo que al punto refiere, explicó que en caso de vencimiento del plazo de permanencia sin cumplirse con la obligación de regularizar la situación de la mercadería, correspondía estar a lo normado en el artículo 274, apartado 1°, literal a), del Código Aduanero, que prevé que la misma se considerará importada para consumo en caso de no haber regularizado su situación, resultando quien hubiera llevado a cabo la operatoria, así como su garante, responsables de las correspondientes obligaciones tributarias.
*Mapfre debía responder por todos los tributos adeudados por la importadora que gravaban la importación para consumo de la mercadería al tiempo de producirse el siniestro, es decir, al cometerse la infracción; ello con el tope dado por el monto garantizado; *el IVA adicional y el anticipo del Impuesto a las Ganancias fueron debidamente liquidados en pesos desde un inicio; *correspondía excluir de la liquidación practicada al derecho adicional, ello conforme lo decidido por el Alto Tribunal en autos “Codorniu Argentina SA”, “Fisher SRL” e “IEF Latinoamericana SA”; *los únicos rubros que se determinaban en moneda nacional desde su origen resultaban ser el IVA adicional y el Impuesto a las Ganancias, mientras que la deuda tributaria nació en dólares estadounidenses y, para su conversión, ha de utilizarse el tipo de cambio vendedor que informara el Banco de la Nación Argentina correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, de conformidad con lo dispuesto en la resolución general AFIP 3271/2022; y *la deuda tributaria involucrada en autos ascendía a U$S11.912,48 y $22.352,99; debiendo adicionarse los intereses correspondientes desde el 4/4/2014, a cuyos efectos no regía el tope para el garante en cuanto a su responsabilidad, tal como surgía de la póliza suscripta para la operatoria fiscalizada.
III. Disconforme con lo resuelto, Directv interpuso recurso de apelación, fundando oportunamente su pretensión.
En sustancial síntesis, se quejó:
i) de la desestimación del planteo de nulidad del auto de apertura de sumario.
Sostuvo que dicho acto resultaba inválido por no cumplir con los recaudos establecidos por el artículo 1094 del Código Aduanero, ello en tanto la autoridad administrativa no señaló la razón por la cual no se habría regularizado la destinación de importación, ni se aforó la mercadería, ni se practicó la liquidación de los tributos que pudiera corresponder, siendo agregada la valoración aduanera con posterioridad a que se dispusiera la apertura de sumario; incumpliendo así, en particular el recaudo establecido en el literal d) del precepto bajo referencia.
Tildó de inidónea la liquidación obrante a fs. 6 y 7 de las actuaciones administrativas, por encontrarse expresada en dólares e incluyendo conceptos que no debían reclamarse, y de extemporánea la incorporada a fs. 13 y 14.
Explicó que la vista le fue corrida en función de los montos determinados por la liquidación de fs. 13 y 14, incorporada al sumario en forma posterior al dictado del auto de apertura.
Concluyó, en este sentido, que el auto de apertura de sumario careció de los elementos exigidos por la normativa aplicable para considerarlo un acto administrativo válido y eficaz a los fines interruptivos del curso de la prescripción, en particular por no haber imputado hecho concreto alguno ni individualizado la norma legal en la cual encuadraría la conducta reprochada, así como lo relativo a la liquidación tributaria; importando ello un cercenamiento claro a su derecho de defensa. Citó jurisprudencia en lo que a la cuestión bajo examen refiere que, a su entender, avalaría su postura.
ii) del rechazo del planteo de prescripción, con asiento en la validación del auto de apertura del sumario.
Sostuvo que por la resolución apelada se omitió considerar que el auto de apertura de sumario (del 11/11/2009) fue dictado cuatro años y once meses después de efectuada la denuncia; demorando el servicio aduanero casi cinco años más para notificarla de dicha decisión (en marzo de 2014); no existiendo razón valedera que justificase semejante demora.
Alegó que la autoridad administrativa habría abusado de las previsiones de los artículos 934, 935 y 937 del Código Aduanero; luciendo contrario a derecho que, siendo el plazo de prescripción para imponer sanciones de cinco años, desde el hecho investigado hasta el dictado de la resolución sancionatoria hubiesen transcurrido diez años. Resaltó que lo actuado violentaba el principio de seguridad jurídica y el derecho al debido proceso adjetivo.
Añadió que la notificación del acto de corrida de vista del sumario se efectuó excediendo los plazos previstos en el artículo 142 del CPPN y en el artículo 40 del decreto reglamentario de la ley 19.549, ambos de aplicación supletoria al procedimiento aduanero; lo que tornaba inválido al procedimiento seguido e ineficaz al auto de apertura a prueba al efecto de interrumpir el curso de la prescripción.
Citó jurisprudencia que avalaría su postura en lo que al punto refiere.
Sin perjuicio de lo hasta aquí apuntado, señaló que, aún cuando se tuviera por válido al auto de apertura de sumario, la acción del servicio aduanero para percibir tributos habría operado.
Al respecto, explicó que, en tal hipótesis, de conformidad con lo normado por el artículo 805 del Código Aduanero, con el dictado del auto de apertura de sumario se habrían suspendido los plazos, más no interrumpido, desde ese entonces y hasta el dictado de la resolución impugnada; por manera que, sumando el tiempo transcurrido entre el 1/1/2005 y el 11/11/2009, sumado al lapso cursado desde el 2/10/2014, luego de dictado el acto aduanero, y hasta su notificación, cursada el 14/4/2015, la acción se encontraba prescripta.
Finalmente, en lo que al punto refiere, agregó que la Administración incurrió en una demora irrazonable e injustificada en la tramitación del procedimiento seguido en su contra, que llevaba, desde la oficialización de la destinación más de dieciocho años; pretendiendo que, conforme los lineamientos resultantes del pronunciamiento del Alto Tribunal en autos “Lociser”, se declarara sin efecto el reclamo seguido en su contra.
iii) de lo decidido en cuanto a un supuesto incumplimiento de su parte con las obligaciones resultantes del régimen de importación temporal, habiendo sido oportunamente demostrada la reexportación de la mercadería en trato dentro del plazo normativamente establecido al efecto.
Refirió que por el pronunciamiento apelado se efectuó una incorrecta valoración de los hechos, del derecho así como de la prueba rendida.
Destacó la imposibilidad de ejercer acabadamente su derecho de defensa dados los extensos plazos transcurridos desde la operatoria hasta que fuera instruido el sumario y su posterior notificación. Tildó de irrazonable pretender que luego de diez años, la carga de la prueba del cumplimiento del régimen de importación temporal continuara sobre su parte; siendo castigada por no contar con la documentación correspondiente, no obstante lo cual acompañó todos los documentos en su poder para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
Tildó de arbitrario e ilegítimo el criterio seguido en lo que respecta al deber de conservación de la documentación aduanera, obligándola a contar con archivos relacionados con una operatoria llevada a cabo más hace más de once años.
Recordó que conforme lo normado por la disposición 455/1998, debía conservar los despachos de importación temporaria por el término de cinco años y los permisos de embarque durante seis años, a partir del 1° de enero del año siguiente de la fecha del documento o del último documento; precepto que -por cierto- nada indicaba en lo correspondiente al CTC.
Al ser ello así, continuó, resultaba irrazonable exigirle que demostrara el cumplimiento del régimen en cuestión, pretendiendo que conservara documentos más allá de los términos normativamente previstos al efecto.
Remarcó haber acompañado toda la documentación en su poder y haber solicitado la producción de prueba en poder de terceros; habiendo acreditado -o al menos intentado- demostrar el cumplimiento del régimen de importación temporal mediante la copia del permiso de embarque y de las impresiones de pantalla del SIM en las cuales se consignaban los datos de su registro y estado “cancelado”.
Postuló que lo decidido avalaba un arbitrario y desidioso actuar del servicio aduanero; quien demoró excesivamente en instruir y notificar el auto de apertura de sumario, dificultando el ejercicio de su defensa.
Indicó que si la mercadería no hubiera sido exportada, el SIM informaría el estado de la operación como “OFI” (oficializada), lo que no ocurrió en la especie; de modo que el propio sistema aduanero daba cuenta que su parte no incumplió el régimen bajo trato.
Señaló que, conforme lo hasta aquí argumentado, la resolución DE PRLA 6717/2014 se encontraba viciada en su causa, debiendo ser declarada nula.
Recordó la teoría de los actos propios.
iv) de la omisión de tratar su planteo en lo que respecta a la improcedencia del reclamo de pago del IVA adicional y del anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias, encontrándose vencidos los plazos para la presentación de las declaraciones juradas correspondientes a los períodos fiscales en los cuales dichas percepciones habrían resultado aplicables.
Refirió que la Aduana no podía reclamarle los mencionados conceptos luego de vencidos los plazos legales para la presentación de las declaraciones juradas correspondientes a los períodos en los cuales tales percepciones resultarían aplicables. Pidió que se siguiera el criterio resultante del precedente del Alto Tribunal “Cladd ITA SA”, sent. del 26/11/2019.
v) de la falta de tratamiento de su planteo en lo concerniente a la tasa de interés aplicable respecto de las deudas determinadas en dólares estadounidenses.
Manifestó que el Tribunal Fiscal de la Nación omitió analizar su planteo en punto a la improcedencia de aplicar una tasa del 3% anual sobre una deuda determinada en dólares estadounidenses, resultando ello arbitrario y confiscatorio.
Planteó la improcedencia de aplicar las tasas de interés fijadas por la resolución MEyP 314/2004 y modificatorias; pretendiendo que se siguieran los lineamientos de la resolución MH 598/2019, que dispone la aplicación de una tasa de interés del 0.83%.
Subsidiariamente solicitó que se siguiera el criterio sentado por la Sala V del Fuero en autos “Procesadora de Boratos”, por la que redujo la tasa de interés a aplicar en casos como el bajo examen al 1%.
Finalmente, requirió que en tanto de lo expuesto resultaba que no existían elementos suficientes para acreditar el incumplimiento imputado por la autoridad aduanera, conforme lo normado por el artículo 898 del Código Aduanero se aplicara el principio in dubio pro reo y se dispusiera lo que le resultara más favorable.
Por lo expuesto, Directv solicitó que se revocara la resolución apelada y, en consecuencia, se dejara sin efecto el acto aduanero y se dispusiera la liberación de la garantía oportunamente constituida con relación al DIT involucrado en autos.
Dicha presentación fue replicada por el Fisco Nacional, quien -en definitiva- solicitó su desestimación.
IV. En la especie, de las actuaciones administrativas AFIP 12210-6827-2006 que se tienen a la vista, se desprende que:
i) por denuncia de oficio 2/2007, el 18/2/2007 la titular de la Dirección Aduana de Ezeiza labró el acta correspondiente contra Galaxy Entertainment Argentina SA (Directv) por supuesta infracción al artículo 970 del Código Aduanero con relación al DIT “03 073 IT14 00215 C” cuyo vencimiento del término para dar cumplimiento a las obligaciones resultantes del régimen de importación temporaria al que la firma operara el 29/1/2004 (fs. 1);
ii) el 8/1/2007 y el 31/1/2007 la sección liquidaciones de la división verificación de la dirección Aduana de Ezeiza practicó la liquidación tributaria;
iii) mediante resolución del 11/11/2009, el jefe interino del departamento de procedimientos legales aduaneros de la AFIP - DGA dispuso la instrucción de sumario contra Galaxy Entertainment Argentina SA (Directv), en los términos del artículo 1090, inciso c), del Código Aduanero, atento al incumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria respecto del documento “03 073 IT14 000215 C” por no haber acreditado debidamente la reexportación de la mercadería importada temporalmente, lo que constituía prima facie la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero (fs. 12).
Por dicho auto, asimismo, se dispuso la remisión de las actuaciones al contador del departamento de procedimientos legales aduaneros a sus efectos; área que efectuó el cálculo de los tributos y multas que la sumariada adeudaría con motivo de la situación denunciada por la que se iniciara el sumario en cuestión (fs. 13 y 14).
iv) por resolución del 11/3/2014, el responsable de la división secretaría de actuación N° 1 (DE PLA) dispuso correr vista de las actuaciones a la nombrada firma, siendo citada y emplazada para que en el término de diez días de notificada, compareciera a efectos de ejercer su derecho de defensa y ofreciera todas las pruebas de las que intentara valerse, imputándole la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero; otorgándole la posibilidad de efectuar el pago voluntario de la multa mínima pretendida en autos (que ascendía a la suma de $34.784,44) y de efectuar el abandono de la mercadería a favor del Estado en zona primaria aduanera, por resultar de importación prohibida según Anexo XIV del decreto 690/2002, en cuyo caso se declararía la extinción de la acción penal y no se registraría el antecedente del caso; y haciéndole saber que las sumas debidas en concepto de obligaciones aduaneras ascendían a un total de U$S19.436 y las correspondientes a percepciones de IVA adicional y del Impuesto a las ganancias a un total de $20.212,16, haciéndole saber que, para su conversión a pesos se utilizaría el tipo de cambio vendedor que informara el Banco Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondientes al día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago, conforme lo normado por la resolución AFIP 3271/2012 y dejando sentado que con la notificación de este auto se producían los efectos contemplados en el artículo 794 del Código Aduanero en lo que respecta a los intereses que pudieran corresponder (fs. 16).
Por ese mismo auto también se dispuso la citación de Mapfre Argentina de Seguros SA en los términos del artículo 1092 del Código Aduanero, a efectos de que ejerciera las defensas que correspondiera según lo dispuesto en los artículos 2020 a 2023 del Código Civil, produciendo la notificación los efectos antes apuntados en lo que refiere a los intereses que pudieran corresponder.
Asimismo, se hizo saber que, en caso de ofrecer como defensa la documental por la que se hubiera regularizado la operatoria temporal bajo trato (destinaciones, declaración jurada de descarga de relación insumos-productos y CTC), debía ser presentada en original o en copia debidamente certificada por escribano público, bajo apercibimiento de continuar las actuaciones según su estado.
De ello, Directv fue anoticiado el 19/3/2014 (ver fs. 20).
v) el 3/4/2014, Directv presentó su descargo, planteando la prescripción de la acción del Fisco Nacional para sancionar la infracción imputada, resultando irregular el auto de apertura de sumario, así como la irrazonable prolongación de las actuaciones, la improcedencia del reclamo tributario por cumplimiento del régimen de importación temporal, así como del derecho adicional y de la percepción de IVA e Impuesto a las Ganancias (fs. 21/29).
En esa oportunidad, acompañó como prueba documental impresión de pantalla del SIM de la que surgiría que la importación temporal de la mercadería involucrada en el caso fue cancelada en tiempo y forma; requiriendo asimismo que la AFIP – DGA acompañara el cumplido de embarque correspondiente al despacho de exportación en cuestión e informara si los datos resultantes de la documentación que acompañaba coincidían con la obrante en su base de datos (ver esp. fs. 28 y vuelta y 45).
vi) el 13/5/2014, Mapfre se presentó y contestó vista (fs. 67/70); y vii) previa intervención de la división procedimientos técnicos, que informó el 3/9/2014 que las impresiones de pantalla del SIM glosadas a fs. 71/74 se desprendía que la destinación bajo examen no contaba con eventos de cancelación asociados (fs. 77), fue dictada la resolución DE PRLA 6717/2014, del 1/10/2014, aquí cuestionada, cuyos términos y alcances fueron precisados en el Considerando I.
V. En este contexto fáctico y a la luz de los agravios propuestos por el apelante, cuadra señalar que razones de economía procesal, llevan al Tribunal a dar tratamiento liminar a la cuestión de fondo debatida en autos, esto es, el incumplimiento del régimen de importación temporaria y la aplicación de una multa en los términos del artículo 970 del Código Aduanero, con más el reclamo tributario.
VI. Al respecto, recuérdese que el artículo 970 del Código Aduanero dispone que quien no cumpla con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria, según el caso, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de los tributos que gravaran la importación para consumo o la exportación para consumo, según el caso, de la mercadería en infracción; multa que no podrá ser inferior al treinta por ciento del valor de los bienes en cuestión.
Así, tratándose la importación temporal de un beneficio de excepción al régimen general, la prueba del cumplimiento de la obligación impuesta en razón de su otorgamiento recae en su beneficiario, quien ha de probarlo por medio de la documentación con la que ha de contar en su poder (conf. esta Sala, en autos 29.712/2015 “Pilar Partes SA - Estudio Fiorillo - Gugueiro & Asociados c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 22/9/2015 y su cita; entre otros). Y, en principio, la documentación necesaria para acreditar de modo fehaciente la reexportación son los correspondientes permisos de embarque y certificados de tipificación y clasificación -o, en su defecto, copias de aquellos instrumentos-, de forma tal de constatar la relación insumo-producto y la efectiva reexportación de la mercadería introducida en forma temporaria (conf. Sala IV del Fuero, en autos 35.392/2010 “Orandi y Massera SA (TF 19.648-A) c/DGA”, resol. del 15/03/2011 y sus citas).
VII. Ahora bien, en la especie, según se refirió previamente, Directv ingresó el 30/1/2003 al territorio nacional bajo el régimen de importación temporaria trescientos receptores-decodificadores integrados (IRD) de señales digitalizadas de video codificadas a través del DIT “03 073 IT14 00215 C”, comprometiéndose a su posterior reexportación con fecha límite para dar cumplimiento tales obligaciones el 29/1/2004.
La autoridad aduanera, entendió que, al vencimiento de dicho término, la mercadería en cuestión no habría sido reexportada, resultando subsumible lo acontecido en el supuesto previsto normado por el artículo 970 del Código Aduanero, todo lo cual fue plasmado por la resolución aquí impugnada, oportunamente reseñada.
Directv, entre otras cuestiones, sostuvo -desde un inicio- haber dado cumplimiento al régimen de importación temporario, procediendo a la reexportación en tiempo y forma de los trescientos equipos decodificadores.
La Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, por el pronunciamiento recurrido, consideró que la actora no habría probado, por el medio idóneo, la condición de sujeción al régimen especial bajo trato. Ahora bien, de la compulsa de los antecedentes del caso, surge que:
-en el sobre contenedor de fs. 4 de las actuaciones administrativas lucen tanto la declaración de importación temporaria “03 073 IT14 000215 C” como la de exportación a consumo “03 073 EC03 001355 X”, oficializadas el 30/1/2003 y el 11/2/2003; advirtiéndose que este último documento no cuenta con firma o constancia de intervención por parte de la autoridad aduanera, pero sí refiere a la misma cantidad de unidades y por el mismo concepto de bienes, con análogas características;
-al presentar su descargo, Directv acompañó una impresión de pantalla del sistema María que haría mención a la cancelación de la importación temporal con fecha 11/2/2003 (fs. 45 del expediente administrativo), es decir, la misma que resultaría de la declaración de exportación a consumo antes apuntada.
A su vez, en cuanto aquí importa, en esa oportunidad, como prueba, solicitó que se oficiara al área competente de la Aduana a efectos de que acompañara el cumplido de embarque correspondiente al despacho de exportación permiso de embarque “03 073 EC03 001355 X”, así como también para que aportara todos los datos relativos a dicho documentos y, asimismo, para que indicara si los datos resultantes de la impresión de pantalla del sistema SIM que acompañara coincidían con los que surgían del SIM (ver esp. fs. 28 y vuelta del expediente administrativo).
-en forma previa al dictado del acto aduanero, por pedido del responsable de la división secretaría de actuación 1 del departamento de procedimientos legales aduaneros de la AFIP - DGA, luce un informe emitido por el jefe interino de la dirección procedimientos técnicos de la Dirección Aduana de Ezeiza, por medio del cual se indicó, por un lado, que se ratificaba la denuncia formulada en su oportunidad, por resultar necesario contar con el CTC definitivo a fin de poder efectuar el informe técnico al fin de acreditar la correspondiente cancelación del DIT en cuestión; y, por otro, que las impresiones de pantalla del SIM glosadas a fs. 71/74 respecto de la destinación “03 073 EC03 001355 X” no poseían eventos de cancelación asociados (ver fs. 71 a 77 del expediente administrativo).
-al tiempo de apelar ante el Tribunal Fiscal de la Nación, Directv, en cuanto aquí importa, acompañó la impresión de pantalla del SIM presentada también al ejercer ante el servicio aduanero su derecho de defensa, así como también requirió que se oficiara a la AFIP - DGA al fin de que acompañara los antecedentes del caso y los permisos de embarque originales que oficializara con relación al despacho “03 073 EC03 001355 X”, con fecha 11/2/2003, de la que surgiría la descarga de la mercadería importada y su cumplido; y, asimismo, informara los datos relativos al permiso de embarque en cuestión que obraban en su sistema informático, en particular, los relacionados al cumplido de embarque, e informara si los datos que surgían de la impresión del SIM coincidían con los que surgían de su base de información (ver fs. 60/73 del expediente judicial; esp. fs. 72). Como resultado de la prueba mencionada:
-por nota 677/2017 la división control ex ante de la AFIP - DGA informó que no contaba con las destinaciones involucradas en autos, procediendo a imprimir las pantallas del SIM, resaltando en dichos documentos los datos requeridos; haciendo hincapié en que, conforme lo normado por la disposición AFIP 455/1998, los plazos de conservación de los documentos pretendidos se encontraban vencidos (ver fs. 112/117 del expediente judicial).
Al punto, cabe destacar que, como datos “resaltados”
de las impresiones de pantalla del SIM incorporadas a la respuesta bajo referencia, lucen el número de declaración de exportación para consumo con DIT para transformación con estado “cancelada” y con fecha de oficialización 11/2/2003 (ver esp. fs. 112), figurando como fecha de cumplido/libramiento el 12/2/2003, de “Reg. SIM cumplido” el 15/2/2003 y como circuito de selección el “verde” (ver esp. fs. 114); a lo que cabe añadir que en la sección “identificador de la declaración” se refiere a la misma cantidad de unidades que las que oportunamente fueran importadas temporalmente (ver esp. fs. 115).
-Directv requirió como medida para mejor proveer que se oficiara (ver fs. 137/140 del expediente judicial; esp. fs. 139 vuelta): *al servicio aduanero para que localizara y remitiera el original del permiso de embarque “03 073 EC03 001355 X” y su documentación complementaria;
*a la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción para que remitiera original o copia certificada del CTC “S010009100/03” o, en su defecto, indicara todos los datos relacionados de los que tuviera registro; y *al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) a fin de que remitiera original o copia certificada del CTC antes referido o, en su defecto, informara los datos asociados al mismo que tuviera en su registro.
Admitidos tales medidas de prueba (fs. 143), cabe destacar que, en lo que refiere al CTC, ni el INTI ni la Dirección de Exportaciones (área a la que se derivara el pedido) dieron con el paradero de la documentación y la información peticionada (fs. 149, 154 y 164). Y, en lo concerniente al permiso de embarque, se recibió análoga respuesta a la anteriormente reseñada, obrante a fs. 112/117, destacando nuevamente el vencimiento del plazo de conservación de documentación (fs. 171/175 del expediente judicial). Al respecto, Directv manifestó que la mercadería amparada por el CTC había sido reexportada el 12/2/2003, es decir, antes de la remisión de las actuaciones al INTI, lo que ocurrió el 28/4/2003; y que la información resultante de las impresiones de pantalla del SIM acompañadas por la autoridad aduanera resultaba coincidente con la obrante en la prueba que acompañara, que acreditaba la exportación de la mercadería importada temporalmente (fs. 177 y vuelta del expediente judicial).
VIII. Así las cosas, las específicas circunstancias que se acaban de apuntar, en especial el tiempo transcurrido desde la fecha en que fuera llevada a cabo la importación temporaria (30/1/2003) como desde la de vencimiento del término para reexportar los bienes en cuestión (29/1/2004) y hasta que fuera anoticiado Directv de la existencia de la actuación sumarial que concluyera con el dictado de la resolución sancionatoria aquí discutida (19/3/2014), dan cuenta de un particular estado de situación que si bien no releva al importador de la carga de la prueba del cumplimiento del régimen al que voluntariamente se sometió, permiten verificar un supuesto que exige una valoración particular de lo acontecido, que resguarde debidamente el derecho de defensa de Directv.
Es que, el prolongado lapso transcurrido entre la verificación de los hechos objeto de fiscalización por parte de la autoridad aduanera, y el anoticiamiento dirigido a Directv respecto de la existencia de sumario seguido en su contra con asiento en tales sucesos, tienen necesaria implicancia en lo concerniente a la estrictez con la que ha de juzgarse el cumplimiento del régimen especial al que se acogiera, en particular en lo relativo a la acreditación de la reexportación de la mercadería; encontrándose al tiempo de otorgársele la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, en una situación de clara “desventaja”. Al punto, téngase presente que las autoridades administrativas requeridas al fin de que acompañaran cierta documental (esp. permisos de embarque y CTC) dieron respuesta negativa y acusaron la inexigibilidad de contar con aquella atento al tiempo transcurrido desde su eventual registro, habiendo vencido el plazo por el cual, conforme lo normado por la resolución AFIP 455/1998 debía ser resguardada.
Asimismo, sin necesidad de ahondar en la cuestión, evaluada la tramitación del sumario administrativo, se desprende que si bien en ninguna oportunidad habría operado el plazo de prescripción quinquenal rector en la materia (dada la verificación de actos con aptitud de interrumpir su curso), desde que acontecieron los hechos investigados y hasta que Directv fue notificada de la existencia del sumario seguido en su contra transcurrieron más de diez años; con las necesarias y lógicas implicancias que a nivel conservación de documentación ello pudo tener; todo lo cual revela un contexto que condicionó negativamente la posición desde la cual la encartada pudo ejercer su derecho de defensa. Ello, sumado a la postura asumida en su descargo por Directv (quien acompañó la documental con la que en ese entonces contaba, en pos de demostrar la reexportación en término de la mercadería importada temporalmente), así como las respuestas recibidas por parte de los organismos que deberían contar con copia de los documentos exigidos al fin de probar ello; a lo que se añade la información resultante del sistema la AFIP – DGA, aspectos previamente referenciados, resultan extremos que, valorados a la luz de la sana crítica (arg. artículo 386 del CPCCN), evidencian un estado de situación puntual y concreto que torna razonable la aplicación del lineamiento consagrado en el artículo 898 del Código Aduanero.
En efecto, surge con claridad la situación de inferioridad en la que fue colocada la actora, toda vez que al tiempo en que se corrió vista de lo actuado a la sumariada en los términos del artículo 1101 del Código Aduanero, Directv ya no estaba en condiciones de producir toda la prueba que hacía a su derecho, porque habían transcurrido más de diez años desde los hechos fiscalizados, sumado a que, en ese entonces, el plazo de conservación de la documentación por parte de las autoridades administrativas oficiadas (ver disposición AFIP 455/1998), necesaria para acreditar el cumplimiento de la importación temporal, se encontraba vencido.
En este contexto, se comprueba la configuración de un claro agravio constitucional, materializado en la existencia de un grave menoscabo en el ejercicio del derecho de defensa (conf. -mutatis mutandis, en cuanto a la lógica aplicada- Sala IV, en autos 39.183/2017 “Gibaut Hnos. Manufacturas de cuero SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 19/12/2017).
En tales condiciones, la solución que debe adoptarse no puede ser otra que aquella que mejor preserve el derecho de defensa del particular (conf. esta Sala, en autos “Compañía elaboradora de productos alimenticios SA (TF 9543-A) c/DGA”, resol. del 1/10/2009) y amerita que se aplique el beneficio previsto en el artículo 898 del Código Aduanero, pues lo cierto es que las circunstancias enunciadas son susceptibles de generar una situación de seria y por cierto razonable duda respecto de los hechos acaecidos, que no puede ser resuelta en su contra por imperio de lo prescripto por el citado precepto normativo. Lo hasta aquí expuesto, a entender del Tribunal da cuenta que en la especie no ha sido suficientemente verificada la plataforma fáctica exigida como para aplicar la sanción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, pues se configura una seria y razonable duda al respecto, que impide tener por acreditado el supuesto que justifica la aplicación de la consecuencia disvaliosa, ya sea en lo referido al castigo aplicado, así como al reclamo tributario seguido.
Por ello, corresponde admitir la apelación deducida por Directv, revocar el pronunciamiento dictado por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación y, en consecuencia, dejar sin efecto la resolución DE PRLA 6717/2014.
IX. En función de lo hasta aquí decidido, deviene inoficioso expedirse respecto de los restantes argumentos recursivos propuestos formulados por Directv.
X. En atención al modo en que se decide y a las particularidades del caso, que se desprenden de lo hasta aquí expuesto, corresponde que las costas vinculadas tanto a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación así como por ante esta instancia judicial, sean distribuidas por su orden (conf. artículos 68, segunda parte, y 279, ambos del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero, según la modificación dispuesta por la ley 27.430).
En consecuencia, el Tribunal RESUELVE:
1. admitir el recurso interpuesto por Directv, revocar la resolución dictada el 2/12/2019 por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación y, en consecuencia, dejar sin efecto la resolución DE PRLA 6717/2014; y 2°) distribuir por su orden las costas vinculadas tanto a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación así como por ante esta instancia judicial.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírese a la instancia de origen.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia