Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 31.355-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas, en todos sus términos, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-102247200-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 31 de Agosto de 2023 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación) y Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación), a fin de resolver el Expediente N° 31.355-I y sus acumulados Nros. 31.356-I, 35.640-I y 44.849-I caratulado: “MAR DEL MAR EXPORT SA s/ recurso de apelación”.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fojas 121/149vta, 334/364vta la recurrente interpone recurso de apelación contra las resoluciones de fecha 20/12/2007 de la AFIP-DGI, mediante las cuales se determinó su obligación tributaria frente al impuesto al valor agregado, períodos fiscales 10/02 a 12/04 y al impuesto a las ganancias, períodos fiscales 2001 y 2002; más la adición de los intereses resarcitorios. Asimismo, se le aplicó multa en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a), b) y c) de la ley 11683 (IVA se aplica con relación a los períodos fiscales 10 a 12/2004 y Ganancias, por el período 2001).-
Posteriormente, a fojas 1142/1165 y 1251/1274 interpone recurso de apelación contra las resoluciones de fecha 10/11/2011 y 31/8/2015 de la AFIP-DGI, por medio de las cuales se le aplicó sanción. Por la primera de ellas, se aplicó sanción en los términos del art. 46 y 47 incs. a), b) y c) de la ley 11683 referida al impuesto a las ganancias, período fiscal 2002. Por la segunda, se aplicó multa bajo igual figura penal con relación al impuesto al valor agregado por los períodos fiscales 02 a 09/2004.-
En primer lugar describe las observaciones efectuadas por el organismo fiscal, a saber; no se consideró en las ddjj el débito de los períodos fiscales diciembre de 2003, febrero y marzo de 2004 por provenir de notas de crédito emitidas por la firma Pesquera Claramar SA por no estar justificada la razón de su emisión; se ajustó el débito fiscal de los períodos octubre de 2002 a diciembre de 2004 considerando como ingreso de mercado interno, las acreditaciones bancarias que según ella corresponden a aportes de los socios y cheques de terceros por cuenta y orden; y se impugnó el crédito fiscal de las facturas registradas en el libro iva compras por considerar a los proveedores “29 de Diciembre SRL” y “Diez Enrique” como apócrifos.
A continuación expone las razones por las cuales considera la improcedencia de la impugnación de las notas de crédito de la firma Pesquera Claramar S.A. En ese sentido, expresa los argumentos para refutar las observaciones efectuadas con relación a las Notas de Crédito Nros. 2739 y 2752. Explica que aquella firma y ella son sociedades vinculadas y en el plano comercial poseían un convenio que se ajusta a los usos y costumbres del sector pesquero por el cual Pesquera Claramar SA se obligaba a abastecer prioritariamente su demanda y ella se comprometía a adelantar los recursos financieros para las campañas del buque Ribazón Darine. Esto, dice, le permitía asegurar la provisión de la materia prima y asegurar un precio diferencial respecto al mercado. Añade que se conviene entre las partes que si en el año 2003 se incrementaba en más de un 50% la captura, se efectuaría un descuento progresivo en función del incremento neto del ciclo 2002 sobre el 2003, que daría derecho al comprador a un descuento sobre el total de los montos facturados en ambos períodos. Entiende que dado que se adquirió más del 85% de la producción de aquella firma y a su vez se financió la puesta en marcha del buque, resulta razonable convenir entre las partes un descuento en el precio del 6,8% en función de las campañas 2002 y 2003 y de acuerdo a las costumbres del mercado.
Considera que es improcedente la comparación efectuada por el ente fiscal con los precios del pescado en el mercado interno. En efecto, dice, ya que al comparar un precio promedio en un mercado donde los bienes no son fungibles, ello conlleva sin dudas a error. Agrega que existen infinidad de especies y dentro de cada una los precios varían sensiblemente en función de la calidad. Explica que el precio de mercado obtenido de la firma Coomarpes Ltda no es representativo del sector pesquero pues se considera a un solo ente, el cual está organizado como cooperativa y que posee una particular estructura económica y financiera.
Con relación a la Nota de Crédito N° 2758 explica que como Pesquera Claramar SA suspendió un convenio de suministro, se convino ese descuento adicional a modo de indemnización y en compensación por los daños y perjuicios sufridos. Dicho monto no llega al 5% del importe comercializado con la firma durante el año 2003 por lo que entiende es razonable y se ajusta a las prácticas de mercado.
En tal sentido, entiende que se dan las condiciones establecidas en el artículo 12 de la ley de IVA para considerar válidos los reajustes en los precios acordados, instrumentados con posterioridad a la operación original. En ese razonamiento, sostiene que la ley le atribuye a aquellas operaciones la aptitud de generar un débito fiscal que se exterioriza mediante notas de crédito, las que fueron efectuadas de acuerdo con las costumbres de plaza, facturadas y contabilizadas.
En cuanto a que ha solicitado reintegros de exportaciones por la totalidad de los montos facturados sin tener en cuenta las notas de crédito cuestionadas, arguye que no es real, pues, afirma, que realizó los ajustes pertinentes de acuerdo al artículo 11 de la ley de IVA.
Afirma, volviendo a la impugnación de las notas de crédito, que es el Fisco Nacional quien debe probar que los precios consignados son simulados o falsos, y en cuanto al valor corriente en plaza sugiere que adquiere especial relevancia que la utilización del mismo en la ley constituye una presunción relativa. Seguido a ello, invoca la improcedencia de la impugnación del crédito fiscal referida a los proveedores “29 de Diciembre SRL” y “Enrique Diez”. Explica que recibió y pagó las facturas que incluían el gravamen a proveedores que consideró legítimos, ya que emitieron comprobantes que fueron verificados en todas las bases disponibles en la página web de la AFIP.
Al respecto, advierte que bajo el ropaje de las presunciones legales contenidas en la ley 11683 el ente fiscal pretende justificar una investigación puramente subjetiva y carente de sustento probatorio alguno. Añade que todas las construcciones deductivas son falsas pues contienen premisas o indicios falsos, sea porque no son ciertos, sea porque no se encuentran probados. Agrega que solicitó las constancias de inscripción o tarjetas de identificación emitidas por el Fisco y que por tal razón asumió un mayor costo administrativo para efectuar todas las consultas disponibles.
Explica, con referencia a la alegada “incapacidad operativa” que la misma es relativa, ya que, dice, para intervenir en la compra-venta de pescado y sus derivados, no se necesita más estructura que un escritorio y teléfono.
Invoca que los problemas legales, impositivos y fiscales de los proveedores son inoponibles a ella. Agrega que corresponde al ente fiscal controlar la idoneidad del proveedor y si el resultado es negativo, permite suponer el carácter apócrifo de la factura. Tampoco, dice, tenía la obligación de verificar los domicilios consignados que eventualmente pueden haber cambiado a la fecha de la verificación de los mismos. Advierte que a la fecha del perfeccionamiento de las operaciones ninguno de los proveedores cuestionados figuraban en la “base apoc”. En ese punto expresa que figurar en dicha base es una sanción ya que los contribuyentes están condenados a no trabajar, importa una tacha social y comercial gravísima, toda vez que es el mismo gobierno quien públicamente lo rotula de emisor de facturas apócrifas.
Realiza un análisis particular por cada uno de los proveedores cuestionados.
Continúa con el último ajuste con sustento en la presunción de ingresos omitidos en el mercado interno por acreditaciones bancarias originadas en aportes de los socios y cheques depositados por cuenta y orden de una empresa vinculada.
En punto a ello expone que no fueron depurados correctamente los depósitos bancarios por cuanto no se consideraron: -los movimientos de la cuenta particular del principal accionista, Oscar Cayetano Salerno cuyos aportes y retiros fueron efectuados a través de la cuenta corriente del Banco Nación 35.000.156/08; - los depósitos de cheques de la firma “Pesquera Claramar S.A” a quien se le permitió depositar sus cobranzas, debido a que le era imposible acceder al sistema bancario por encontrarse en concurso preventivo.
Además recalca que no se ha tenido en cuenta que ella es exportadora pura, no opera ni ha operado en el mercado interno, por lo que no es razonable imputarle ajuste por ventas.
Describe la prueba aportada en la instancia administrativa consistente en un oficio a la firma Pesquera Claramar SA y al Sr. Oscar Cayetano Salerno, como así también la prueba documental.
Señala los supuestos errores en que incurrió el Fisco Nacional en el cálculo de los ajutes, a saber, se presumió que la diferencia en las ventas está referida a precios netos de las operaciones supuestamente omitidas y no a los valores o importes totales. En esa línea dice que se ha dejado de tener en cuenta que los precios en el sentido jurídico del término, incluyen el precio neto y el débito fiscal. A su entender, ello implica desde el punto de vista de la lógica aplicar otra presunción a las presunciones anteriores. Considera que se viola el art. 10 de la ley de IVA.
Destaca que en el caso de autos, se ha presumido la existencia de ingresos omitidos analizando los depósitos bancarios sin haberlos depurado correctamente. Efectúa un análisis sobre el método presuntivo empleado.
Con relación al impuesto a las ganancias, se agravia de los distintos ajustes efectuados y, asimismo, reitera los fundamentos que fueran expuestos en el IVA sobre los ajustes proyectados en ganancias. En referencia a la impugnación de la deducción del 10% FOB de las exportaciones, plantea una supuesta violación de la teoría de los actos propios por parte del organismo fiscal, por cuanto, dice, existe contradicción por parte de éste respecto a lo afirmado en la Resolución 27/07 DO (DV RRMP), puesto que ha reconocido su derogación a través de la RG (DGA) 936/2000 del 4/12/2000 en virtud de la cual se procedió a dejar sin efecto la normativa aduanera dictada en los términos de los decretos 519/1989 y 553/1989. Invoca antecedentes jurisprudenciales. Asimismo, plantea la violación del principio de legalidad con sustento en la aplicación de la ley 23101 (art. 9° inc. b).- y del principio de propiedad.
Continúa su exposición alegando la improcedencia de la impugnación de las compras netas y gastos con relación a los proveedores Carrizo Eduardo, Bahia Good SRL, Bianqueri Orlando, Martínez Fabio, Medina Juan Antonio, Rus Juan Bautista y Trial SRL. Reitera los agravios dirigidos a atacar el ajuste en IVA. En cuanto a la impugnación de la deducción por créditos incobrables (período 2001), considera, con base en jurisprudencia, que la iniciación del cobro compulsivo no es un requisito de cumplimiento ineludible, más aún, en su caso, por tratarse de clientes del exterior que no respondieron a las intimaciones cursadas y que el monto reclamado hace que resulte antieconómica la contratación de servicios de abogados en el extranjero. Se agravia también de los intereses resarcitorios. Invoca la inexistencia de mora culpable por haber incurrido en el supuesto de error excusable que lo exime de toda responsabilidad.
Con relación a la sanción aplicada, la recurrente introduce nuevamente la cuestión de fondo. En punto a la multa aplicada manifiesta que los ajustes en cuestión encuadrarían en error excusable por haber sido efectuados sobre base presunta. Añade que las presunciones sobre las que se sustenta la imputación infraccional no han sido probadas. Cita jurisprudencia al respecto.
Señala que del análisis de los distintos supuestos del art. 47, puede apreciarse que cada uno de ellos tiene su individualidad y requiere que en su aplicación, por el principio de tipicidad penal, exista un escricto ajuste entre la norma y los hechos. En ese sentido, considera que el juez administrativo no se ha dedicado a cumplir con dicha preceptiva, mientras que sí consideró fue aplicar masivamente algunos incidos de dicho artículo.
Al respecto, sostiene que aquél debió haber discriminado cada supuesto para acreditar que se daba, no sólo la situación prevista, sino con carácter de “grave contradicción” o la “grave incidencia”, según el caso. En tal sentido, plantea la nulidad de las resoluciones que aplicaron multas con sustento en la violación del derecho de defensa.
Ofrece prueba, cita jurisprudencia y doctrina en su favor. Hace reserva de la cuestión federal.
II. Que a fojas 164/183, 374/394, 1180/1197 y 1288/1297 contesta la representación fiscal, quien por las razones de hecho y de derecho que expone, solicita se confirmen las resoluciones apeladas. Hace reserva de la cuestión federal.
III. Que a fojas 422 se abre la presente causa a prueba, a fojas xx se clausura el período probatorio y se elevan los autos a consideración de la sala A. A fojas 1306 se ponen los autos para alegar, haciendo uso de su derecho la recurrente a fojas 1310/1306, no habiendo hecho uso el Fisco Nacional.
Finalmente, a fojas 1316 se llaman los autos para dictar sentencia.
IV. Que corresponde en primer término expedirse sobre los agravios que sostienen que los actos administrativos adolecen de motivación y causa. Asimismo, que se ha violado el derecho de defensa toda vez que el juez administrativo no ha valorado correctamente la prueba producida.
Como precisara “la ley establece que el procedimiento de determinación de oficio se inicie con un acto administrativo por el que se confiere vista de las actuaciones, acto destinado a que el contribuyente pueda tomar conocimiento del accionar fiscal y de los cargos e impugnaciones que se formulan a fin de garantizar el derecho de defensa. Dicho procedimiento debe respetar el derecho del administrado de exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión del acto, de ofrecer las pruebas y también solicitarlas, y debe concluir con una resolución que haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en tanto resulten conducentes a la solución del caso.
Para nuestra ley la causa se define como “los antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo”, los que deben existir o concurrir en el momento de su emisión como requisito de validez del mismo. Como señala Hutchinson, “la apreciación que de tales circunstancias haga la autoridad administrativa, puede afectar la validez de la decisión –por apartase de los hechos o el derecho realmente aplicable- y también es susceptible de comprometerla con los vicios de error y dolo” (conf. Hutchinson, Tomás; “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos”, Ed. Astrea, Tº I, pag. 154).
En ese contexto, los argumentos esgrimidos por la recurrente en virtud de los cuales entienden que los actos apelados carecen de causa y debida motivación, por considerar que no brindan fundamentos ciertos y concretos, deben ser rechazados, toda vez que surge de su lectura cuales fueron los hechos y el derecho en que se sustentan, además de guardar la debida correspondencia entre la exposición de motivos con la conclusión a la que se llega en cada uno de tales actos, y haberse cumplimentado el procedimiento previsto para dictarlos, por lo que no se advierte afectación alguna de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso. En definitiva, la recurre discrepa con las conclusiones a las que arriba el ente fiscal, por lo que sus agravios no se vinculan con la validez de los actos en crisis sino con la procedencia de la determinación efectuada, cuestión que deberá dilucidarse en oportunidad de resolver el fondo de la causa.
A idéntica solución ha de arribarse con relación a los agravios vinculados con la violación a su derecho de defensa por la falta de análisis de la prueba producida. En efecto. En primer término cabe recordar que es conteste la doctrina emanada de nuestro Tribunal en sostener que “...cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (cfr. CSJN, Fallos: 205:549, 267:393, entre otros). Finalmente, con respecto a la valoración de las medidas probatorias realizadas durante el procedimiento determinativo, es menester destacar que nuestro sistema le concede al juez administrativo la facultad de apreciar libremente la prueba, pero respetando las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. En ese contexto, la crítica esbozada por la recurrente, no resulta atendible.
En mérito a lo expuesto, corresponde rechazar los argumentos esgrimidos como defensa de nulidad.
V. Que sentado lo expuesto, corresponde expedirse sobre los distintos agravios articulados resultando indispensable para ello efectuar un relato de las tareas de fiscalización llevadas adelante por la administración fiscal.
De acuerdo con lo que se desprende del informe final de inspección que obra agregado a fs. 354/369 del cuerpo Verificación Nº 2, Impuesto a las ganancias, el cargo se originó en observaciones practicadas por la División Investigaciones, que efectuó las siguientes consideraciones: 1) Impugnar los créditos fiscales computados y los costos deducidos para el cálculo del resultado impositivo originado en las operaciones con los proveedores 29 de Diciembre S.R.L., Coop. De Trabajo Pesquera la Armonía Ltda. y Arteshow S.A.; 2) Impugnar las deducciones que la contribuyente computó con origen en las operaciones que representaron la base del ajuste determinado en la inspección llevada a cabo bajo la OI 18368/7 y 3) Impugnar los ajustes negativos computados para la determinación del resultado impositivo, que provengan de reembolsos aduaneros o del derogado beneficio que otorga la ley 23.101.
Los actuantes informaron que la actividad de la recurrente consiste en la elaboración de productos de mar, y que consta de la compra de materia prima y/o productos semielaborados, elaborando la clasificación y fileteado mediante la contratación de terceros y el envasado, enmastado, congelado y mantenimiento en cámaras frigoríficas en las plantas de Marejada S.A. para su exportación, cesando la misma en el mes de enero de 2004. Se explica que la firma recurrente no posee buques propios o arrendados como tampoco posee personal en relación de dependencia por lo que contrata los servicios de procesamiento a terceras empresas o cooperativas. Sus proveedores de pescado fresco son varios, siendo los más importantes: Frigorífico Marejada S.A. y Pesquera Claramar S.A., con quienes se encuentra vinculado por medio de sus integrantes y directores, toda vez que la recurrente se constituyó a efectos de exportar.
Ahora bien, con respecto a la auditoría practicada cabe señalar que con relación a los proveedores impugnados por ser presuntamente apócrifos, se procedió a solicitar todos los elementos de respaldo de las operaciones realizadas y los medios de pagos utilizados para su cancelación. De la documentación acompañada se procedió a realizar los ajustes correspondientes.
Con respecto a los ajustes practicados en el impuesto al valor agregado de la OI 18368/7, se impugnaron créditos fiscales de proveedores de pescado por estar incluidos en la base Apoc por diversas causales. Así, se constató que las compras de pescado se encontraban incluidas en el costo de la mercadería para los ejercicios 2001 y 2002, por lo que se detrajo del costo la suma de $ 90501,95.- y $ 107.469,70.- respectivamente. A fs. 170/194 del cuerpo verificación ganancias Nº 1, obran agregadas las declaraciones juradas originales y rectificativas consecuencia de la mencionada orden de inspección y a fs. 195/199 y 201/203 de los cuerpos 1 y 2 de verificación ganancias, respectivamente, obran agregados los papeles de trabajo con el detalle de las facturas que se impugnaron.
De la información bancaria obtenida y efectuada una depuración de conceptos vinculados con las operaciones gravadas y conceptos que no constituyen ingresos, y no habiéndose aportado documentación de respaldo de los aportes de los socios y de cheques de terceros, se realizó un ajuste de ventas según depósitos bancarios, que repercutió tanto en el impuesto al valor agregado como a las ganancias.
Con respecto a los impuestos en particular, se efectuaron los siguientes ajustes:
a. Con relación al período fiscal 2001, se efectuó un ajuste con sustento en la impugnación de compras y de deudores incobrables, En cuanto al período fiscal 2002, se realizaron los siguientes ajustes:
• Se ajustó el monto de ventas en el mercado interno con sustento en la información obrante en las declaraciones juradas relacionadas con las ventas en el mercado externo, las que emergen de los registros respectivos y de la información bancaria.
• Para la verificación del costo se tuvo en cuenta: E inicial según DDJJ; E Final según DDJJ y compras según DDJJ. La existencia inicial surge del último balance cerrado correspondiente al período 2001 y tanto la existencia final como las compras coinciden con los mayores aportados, impugnándose las compras por un importe de $ 107.469,70.- con sustento en los trabajos de auditoría.
Con esos elementos se determinó el resultado sujeto a impuesto y el impuesto resultante.
a. Con respecto al impuesto al valor agregado, cabe señalar que:
• Se impugnó crédito fiscal proveniente de operaciones impugnadas con el proveedor “29 de Diciembre S.R.L.” por tratarse de proveedor inexistente.
• Se efectuó un detalle de ventas a rectificar con sustento en los depósitos bancarios, que refleja una diferencia entre las ventas declaradas y los depósitos bancarios depurados, considerándose dichas diferencias como ventas en el mercado interno.
• Toda vez que se constató por las áreas pertinentes que la recurrente solicitó reintegros de exportación, por los períodos fiscales enero 2003 a noviembre 2003, por operaciones impugnadas por tratarse de proveedores inexistentes o sin capacidad operativa para el desarrollo de la actividad y por no haber demostrado el cumplimiento al artículo 1 de la ley 25.345. Obra en el cuerpo pertinente el monto del crédito fiscal cuyo reintegro se solicitó que asciende a la suma de $ 23.415,65.-
Con sustento en esos elementos se inició el procedimiento determinativo que concluyó con las resoluciones ahora en crisis.
De tal forma, en atención a lo expuesto, corresponde entonces analizar los diversos ajustes y agravios expuestos por la recurrente.
VI. Que en primer término se tratarán los agravios dirigidos a cuestionar la impugnación de las operaciones efectuadas con los proveedores Enrique Alejandro Diez y 29 de Diciembre S.R.L. en el impuesto al valor agregado. Asimismo, se impugnaron los gastos originados y con los proveedores , considerados inexistentes o sin capacidad operativa, con sustento en los siguientes elementos: a) Enrique Alejandro DIEZ: Conforme se desprende de los informes de inspección, el contribuyente se encuentra inscripto con la actividad venta al por mayor de pescado. La declaración jurada correspondiente al mes en que se emitió la factura exterioriza un crédito fiscal superior al débito fiscal y por lo tanto no surge impuesto a ingresar.
No registra pago de impuestos. No posee cuentas bancarias. El domicilio legal y el fiscal coinciden con el registrado en las facturas. Registra antecedentes de carga en la base EApoc. Para así proceder el ente fiscal tuvo en cuenta que: el domicilio comercial denunciado corresponde a un terreno en el que se asientan varias viviendas precarias habitadas por sendas familias. Los actuantes fueron atendidos por una mujer que dijo que el SR. Diez es su cuñado y que se encuentra con paradero desconocido.
Toda vez que no pudo ser localizado y constatado que en ese domicilio se presume imposible la realización de cualquier actividad comercial se lo incluyó en la mencionada base.
a. 29 De Diciembre S.R.L.: Se encuentra incluida en la base Apoc como “Empresa desconocida por sus integrantes”.
Surge de las actuaciones administrativas y del informe de inspección que la empresa fue incluida en dicha base con sustento en la fiscalización desarrollada por la administración. En esa tarea, habiendo concurrido al domicilio de la firma, y ante la presencia de dos integrantes y apoderado de la firma, se labró acta en la que declararon desconocer en forma absoluta la fecha de inicio de actividades, la actividad desarrollada, la localización del domicilio comercial, los principales proveedores, los principales clientes, la cantidad de personal empleado, la forma de pago de sus compras y gastos, los medios de transporte de mercadería, los profesionales que la asesoran y las cuentas bancarias con las que opera. Con esos elementos, la fiscalización entendió que se estaba frente a la utilización de identidades de personas físicas para constituir personas jurídicas, erigidas como empresas pesqueras, que a la postre resultan empresas desconocidas por sus integrantes.
En definitiva, la fiscalización explica que las empresas continúan en idéntica condición, toda vez que siguen sin poseer cuentas bancarias, sin declarar personal en relación de dependencia, no posee bienes. Se destaca que las facturas impugnadas fueron emitidas en lotes con idéntica fecha, todas con importes inferiores a $ 1000 y numeración correlativa.
No presentó declaraciones juradas en los impuestos a las ganancias y en el valor agregado, presentó por los períodos junio de 2003 a febrero de 2004, declarando débito y crédito similares.
Estos elementos, son los considerados para mantener la inclusión en la mencionada base de contribuyentes apócrifos por no poseer capacidad económica ni productiva para desarrollar actividad comercial alguna. Por lo expuesto, se impugnaron los créditos fiscales provenientes de las facturas de compra en donde figuran como proveedores los mencionados, Enrique Alejandro DIEZ y 29 de Diciembre S.R.L. A ello, se agregó la impugnación de la factura de compra en donde consta como emisor “Arte Show S.A.” atento a que dicha operación no se vincula con la actividad gravada.
Por su parte, también se impugnó el gasto declarado en el impuesto a las ganancias proveniente de operaciones con proveedores considerados apócrifos por la Administración. Para así concluir, el ente fiscal tuvo en cuenta que:
a. Respecto de los proveedores Carrizo, Eduardo; BAHIA GOOD S.R.L.; Medina Juan Antonio y Rus, Juan Bautista, se encuentran incluidos en la base EApoc, con diversas causales que fueron constatadas en la OI Nº 19368/7, cuyo ajuste fue conformado (vid. Pág. 23 del acto impugnado)
b. Martínez Fabio: proveedor con CUIT inexistente c. Bianqueri, Orlando: no fue localizado ni responde las circularizaciones. Presentó declaraciones juradas de IVA en algunos períodos, en cero (abril a agosto de 2001) y en los restantes, no presentó, salvo el período 9/01, en el que declaró débito fiscal inferior al facturado.
La numeración de las facturas emitidas a la recurrente es prácticamente correlativa (único cliente). El número de teléfono declarado corresponde a su hermano, Hugo Bianqueri quien declaró que el contribuyente está radicado en Mallorca. Su contador es el mismo que el de la recurrente.
Su negocio se encuentra habilitado como carnicería y a nombre de otra persona.
Algunos pagos (los superiores a $1000.-) fueron efectuados con cheques, que no fueron emitidos a su nombre ni endosados por el Sr. Bianqueri.
a. TRIAL S.A.: sus proveedores de pescado eran apócrifos.
Los argumentos esgrimidos contra tales impugnaciones, como se dijo, consisten fundamentalmente en sostener que se encuentran cumplidos los requisitos establecidos por el artículo 12 de la ley del gravamen, la escasa actividad desplegada por la administración para ubicar a los proveedores y constatar su capacidad económica operativa y la imposibilidad de achacarle el incumplimiento de las obligaciones fiscales de terceros.
Finalmente, reconoce el error de carácter material incurrido al computar el crédito fiscal emergente de la operación realizada con Arte Show S.A.
VII. Que de acuerdo con el relato efectuado en autos, como consecuencia de las tareas que le son propias, el organismo fiscal pudo comprobar serias y concretas irregularidades de algunos proveedores de la recurrente que lo llevaron a la conclusión fundada de que se estaba frente a operaciones inexistentes e impugnables.
En atención a lo expuesto, el tema en debate queda delimitado a una cuestión de hecho y prueba a fin de establecer con un grado de certeza la realidad de los hechos tenidos en cuenta por la administración y negados por la recurrente, lo que nos lleva a analizar las probanzas arrimadas por ésta. Resulta oportuno recordar que la carga de la prueba constituye tanto una regla de juicio para el juez, pues le indica cómo debe fallar en atención a los hechos probados y una regla de conducta para las partes, toda vez que advierte y delimita los hechos que serán objeto de prueba a fin de que el juez los considere como ciertos.
VIII. Que resulta pertinente destacar que la defensa de la actora a lo largo de sus escritos recursivos consiste –fundamentalmente- en sostener que las operaciones se realizaron, que se pone en cabeza de los contribuyentes controles que sólo puede ejercer la administración fiscal así como que le resultan inoponibles las pretendidas irregularidades de sus proveedores y que no pudo participar en los cuestionamientos efectuados por el ente fiscal.
Sobre el particular, si bien, de manera alguna puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto (en particular aquellas que se vinculan con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la firma emisora de las facturas y su inclusión en la base de datos del organismo de proveedores apócrifos), lo cierto es que la impugnación de las operaciones con ciertos proveedores de la recurrente se realizó sobre la base de una serie de indicios graves y concurrentes, tales como la no localización de alguno de los proveedores, falta de capacidad operativa de los mismos, la falta de acreditación del circuito financiero, etc, elementos que en su en su conjunto llevaron al organismo fiscal a concluir sobre la inexistencia de las mismas.
En esa inteligencia cabe traer a colación lo sostenido por la Sala B de este Tribunal, en su anterior conformación, in re “Vialbo Construcciones S.A.”, 12/2/2002, donde señaló que en la medida que el Fisco había formulado concretas y graves impugnaciones a los proveedores, el actor no podía limitarse a afirmar que no se encontraba obligado a conocer o verificar la situación fiscal de aquellos con quienes contrata. Allí, advirtió que “…no pueden considerarse las impugnaciones del Fisco Nacional en forma aislada y someterlas a un análisis singular, como pretende equivocadamente la apelante, para concluir si tenía obligación de conocerla o no, cuando la realidad indica que se trata de situaciones reiteradas, irrazonables desde el punto de vista del supuesto trato comercial (que habría abarcado más de cuatro años), que se conjugan con un racimo de otras anomalías propias de operaciones falsas...claramente, una cosa es reputar de apócrifa una factura por el mero hecho de que el proveedor no haya presentado las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado y/o al Impuesto a las Ganancias, o que las haya presentado en forma constante con saldo a su favor, circunstancias éstas que resultan completamente ajenas al adquirente de tales bienes o servicios y que no bastan, por sí solas, para calificar de falso instrumento alguno (cfr. Doctrina Jurisprudencial emergente de la causa “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 17/3/02)...otra muy distinta es la situación que se presenta cuando se dan, concomitantemente, una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas...y como corolario una actitud de la apelante que se limita a aseverar dogmáticamente que no le compete el control de la situación fiscal de aquellos con quienes contrata, sin aportar dato adicional alguno...tendiente a profundizar la investigación en terrenos que resulten de su exclusivo interés".
IX. Que, puntualmente, en cuanto a la impugnación de los créditos fiscales cabe recordar la importante doctrina sentada por esta Sala, en su anterior integración, en la que explicó que “de la economía propia del impuesto al valor agregado surge la doctrina de la concurrencia de los elementos material- formales del crédito fiscal” (vid. por todos, “Impulso S.A.”, 27/3/98). En efecto, para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia del aspecto material (existencia de las operaciones) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiere por expresa disposición legal).
Este criterio fue convalidado por Nuestro Máximo Tribunal entre otros, en las causas “ADM Argentina SA” y “Molinos Rio de la Plata S.A.” de fechas 10 de marzo de 2015 y 25 de agosto de 2015, respectivamente, en donde se estableció que “...a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente”.
En esta inteligencia, corresponde al actor acreditar fehacientemente la existencia de las operaciones comerciales.
Bajo ese contexto, la prueba producida por la recurrente, no ha logrado destruir los fundados elementos tenidos en cuenta por la administración para considerar apócrifas sus proveedores.
Adviértase que la informativa tuvo resultado negativo, no habiendo obtenido respuesta de ninguno de sus proveedores (vid. fs. 995/1001).
Tampoco aporta elementos que coadyuven a los argumentos de la recurrente el informe pericial contable. En efecto, allí el experto designado a propuesta de la recurrente se limita a reiterar argumentos expuestos en los recursos de inicio, que no comportan un análisis técnico de la cuestión. En esa dirección se encuadran las manifestaciones vertidas por el perito tales como “También se observa que se ha cumplido con lo establecido en el artículo 12 de la ley de IVA y 18 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Por lo antedicho, y en virtud a lo establecido en las normas citadas, al confirmar la validez formal de los comprobantes de los períodos que se encuentran en discusión administrativa, afirmó que los créditos declarados originados en dichos comprobantes cumplen con todos los requisitos legales y fiscales, por consecuencia es indiscutible su validez formal, con la excepción de lo señalado precedentemente para el proveedor Martínez dado que de la consulta a la base…surge como CUIT inexistente”.
Por otra parte, el experto manifiesta que durante el procedimiento determinativo el proveedor “29 de Diciembre S.R.L.” expresó haber realizado operaciones con la recurrente.
De lo expuesto puede concluirse que la prueba ofrecida y producida no ha logrado acreditar la realidad de las operaciones cuestionadas o la existencia o capacidad económica de los proveedores impugnados. Merece especial atención que nada se ha probado sobre el circuito de pagos.
Ello así, la actividad probatoria de la actora no persiguió la realización de medidas que acrediten las operaciones y –en definitiva- no aportó elementos que pudieran destruir los fundados y probados hechos tenidos en cuenta por el ente fiscal en el acto en crisis.
Sobre el particular, no puede dejar de señalarse que dado el grado de sofisticación cada vez mayor de las maniobras utilizadas por algunos contribuyentes destinadas a evadir el impuesto debido a través del cómputo improcedente de créditos fiscales o de gastos, no puede convalidarse la existencia de las operaciones discutidas únicamente porque las mismas se encuentran registradas en la contabilidad de la firma y las facturas que las respaldan cumplen con los recaudos exigidos por la normativa fiscal.
En esa dirección, la Alzada ha tenido oportunidad de expresar reiteradamente que “... ante las fundadas observaciones efectuadas por el Fisco, pesaba sobre la parte actora, la demostración de la existencia y veracidad de las operaciones cuestionadas, refutando adecuadamente el contenido de la impugnación fiscal, a lo que debe añadirse que, los documentos ofrecidos en sustento de la veracidad de las operaciones carecen de virtualidad para demostrarla y exigen de la utilización de otros medios probatorios para comprobar la existencia de las negociaciones (conf. esta Sala, Causa Nº43037/2011, in re “Lim Sur SA (TF 24762-I) C/DGI”, del 20/11/2012; Causa Nº 7795/08, in re “Molinos Rio de la Plata S.A. c/ E.N.- AFIP DGI- Resol 370/08 s/ DGI”, del 03/04/12; y Sala II, Causa Nº32.350/2012, in re “Toledo Pedro Roque (TF 29.171-I) c/ DGI”, del 29/11/2012)”.
Y, agregó, que “....no basta para contradecir las conclusiones del acto determinativo la mera demostración del cumplimiento de recaudos formales de orden documental o contable, sino que es menester que el contribuyente aporte elementos concretos y contundentes que acrediten la veracidad de tales operaciones (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de la Plata S.A. c/ AFIP DGI (Resol 247/06) s/ proceso de conocimiento”, del 3-7-12; y “Cereales Acebal S.A. c/ AFIP (TF 30769-I) c/ DGI”, del 11-9-12; en el mismo sentido, CNACAF, Sala I, causa “Nidera SA”, expte. nro. 41858/2005, del 20/03/2012 y Sala IV, causa “Agrocomercial Ramallo SA”, expte. nro. 5341/2015, sentencia del 11/08/2015, entre muchos otros)”.
En consecuencia, los agravios de la recurrente –sobre la que reposaba la carga probatoria- resultan a la postre meras afirmaciones dogmáticas que no logran conmover las conclusiones a las que arribara el juez administrativo en las resoluciones apeladas en autos, por lo que corresponde confirmar los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en la resolución determinativa en cuanto impugnan el crédito fiscal computado en las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado y los gastos en el impuesto a las ganancias. Con costas.
X. Que corresponde tratar ahora la impugnación de los ajustes efectuados en el impuesto al valor agregado y a las ganancias, con sustento en la comparación efectuada entre las respectivas declaraciones juradas y la información obtenida de la circularización bancaria. Así, se consideraron ventas omitidas atribuidas al mercado interno dichas acreditaciones, calculándose el débito fiscal omitido en el impuesto al valor agregado y como ingresos omitidos en el impuesto a las ganancias.
La recurrente sostiene que yerra el ente fiscal al aplicar la presunción en tanto no efectuó la correcta depuración bancaria, computando los importes depositados que correspondían a Pesquera Claramar S.A. y los aportes del accionista Oscar Cayetano Salerno. Asimismo, sostiene que no se ha tenido en cuenta que es un exportador y por lo tanto no opera ni operó en el mercado interno, por lo que no procede imputarle ajuste por ventas internas. Por su parte, el ente fiscal –luego de exponer las razones por las cuales el juez administrativo recurrió al método indiciario- explica que frente a un elemento cierto, los depósitos bancarios, contrastado con sus ingresos, la recurrente no aportó pruebas suficientes que justifiquen las diferencias cuestionadas, lo que habilita al ente fiscal a considerar que los importes depositados en sus cuentas bancarias se corresponden con operaciones gravadas.
XI. Que los agravios de la actora se centran en la impugnación de la metodología seguida por el ente fiscal para determinar su obligación tributaria frente al impuesto a las ganancias. Asimismo, se cuestiona la depuración efectuada toda vez que no se tuvieron en cuenta los depósitos vinculados con sus operaciones de exportación, aportes del accionista Oscar Cayetano Salerno y cheques de terceros que corresponden a la empresa vinculada, Pesquera Claramar S.A.
XII. Que en ese contexto fáctico corresponde examinar en primer término si la metodología empleada por el organismo fiscal se adaptó a la preceptiva legal, aspecto cuestionado por la recurrente. Cabe precisar que, si bien la ley impone al contribuyente o responsable la obligación de declarar la existencia y medida de su obligación tributaria, puede suceder que éste no lo haga o lo haga defectuosamente, ya sea por errores de interpretación o por la realización de maniobras tendientes a eludir o evadir el tributo correspondiente. Es por ello que el legislador previo el procedimiento de determinación de oficio, que habilita a la administración fiscal a determinar la obligación tributaria en forma cierta o directa o estimativa o presunta, cuando se verifiquen dos supuestos: a) cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o b) cuando las presentadas resulten impugnadas. De allí, que este procedimiento, como lo tiene dicho reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia, resulta excepcional y subsidiario, pues deben darse alguna de aquellas circunstancias para que el ente fiscal actúe.
De la misma manera, la ley tributaria establece un orden cronológico que deberá seguir la administración, pues sólo podrá recurrir a la estimación de la obligación tributaria sobre base presunta cuando no cuente con elementos ciertos que le permitan conocer la existencia y magnitud de la materia imponible. Ello conlleva que, en primer término, deberá agotar los medios que le permitan reconstruir la materia imponible de modo directo y sólo podrá recurrir al método indirecto o presuncional cuando no cuente “con pruebas lo suficientemente representativas de la existencia y magnitud de la relación jurídica tributaria a través de libros y demás documentación que lleve el contribuyente” (vid. esta Sala en su anterior integración, entre muchos otros, “Cafiero y Pollio S.A.”, 28/6/2001). Como enseña el Profesor Dino Jarach, “cualesquiera que sean las circunstancias que muevan a la Dirección a determinar el impuesto –ausencia de declaración jurada o equivocación por parte del contribuyente en sus declaraciones juradas-, la Dirección General Impositiva...debe, en primer término tratar de determinar el impuesto sobre bases ciertas, o sea, sobre un conocimiento directo y cierto de todas las circunstancias de hecho que la ley ha considerado relevantes para el nacimiento de la obligación tributaria....Puede ocurrir que falten elementos de juicio o que los que existan no sean suficientes para que la Dirección General Impositiva –el fisco, en una palabra- determine sobre bases ciertas. Solamente en este caso...puede acudir, en nuestro sistema legal, a una determinación sobre base presuntiva o, como dice la ley 11.683, a una estimación presuntiva...” (Jarach, Dino, “Determinación Impositiva. Naturaleza, Formas y Efectos”, en “Estudios de Derecho Tributario”, Ediciones Cima, 1998, pág. 219 y sgtes.).
Es decir, la ley estableció una metodología precisa a seguir con el objeto de evitar decisiones alejadas de la realidad, en tanto que el método indiciario permite fijar con “probabilidad” (más que con certeza) la existencia y magnitud del hecho imponible. Para ello el legislador establece reglas de valoración o índices que serán empleados como signos objetivos de que su sola presencia sea reveladora de la riqueza que está sometida a tributación. La utilización de estos índices se traduce en un método de determinación indirecta, pues si bien no nos suministran un conocimiento cierto de sus dimensiones, nos permiten “presumirlas”.
Como con acierto explicara Sala B de este Tribunal en el conocido precedente “Dadea, Marta Elisa”, “...debe advertirse que toda determinación sobre base presunta, como modalidad subsidiaria de comprobación y valoración que se acuerda al Fisco Nacional, debe reposar en ciertos indicios que, a los efectos convictivos de la real magnitud de la materia gravada, requiere la concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes, que analizadas en una articulación coherente, evidencien que el método guarda una razonable correspondencia con los hechos económicos verificados” (22/12/83).
En la misma dirección, la Sala V de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa “Diagnóstico por Imágenes SRL c/DGI s/recurso directo” de fecha 21/06/17 sostuvo que “ ...la atribución del ente recaudador para proceder a la estimación de oficio ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia, ‘sin perjuicio del derecho del contribuyente para probar fehacientemente en juicio -como corresponde- los errores que atribuye a la liquidación practicada por la autoridad administrativa (Fallos: 268:514; y sus citas en consid. 12; Fallos: 197:210; 205:31; 210:107)’, y que si bien ello no significaba edificar un criterio general que importe prescindir del procedimiento de determinación sobre base cierta previsto en la ley, ‘tampoco permiten descartar ab-initio la aplicación de métodos indiciarios (en razón de calificarlos como meramente subsidiarios), cuando su utilización viene justificada tanto por la naturaleza y características de la explotación investigada, como por la necesidad de cumplir con el propósito tenido en cuenta por el legislador para establecerlos. De ahí que, en todo caso, su validez dependerá de que ‘su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción colectados en la causa’ (doc. Sala II del Fuero in re: ‘Verón, Teresa Argelia’, del 13/4/93)” (conf. Sala I: “Beraja, Alberto David y Dwed, José Roberto (TF 9904-I) c/ DGI”, del 20/09/99, y sus citas; y “Candle SA -TFN Nº 13.855-I c/ c/D.G.I.” del 22/02/01, y sus citas”.
Asimismo, “en algunos casos, las presunciones se caracterizan por configurar bases alternativas de medición de riqueza que pueden no guardar relación exacta con el impuesto en las que se aplican, respecto a las cuales -cabría añadir- basta con que el contribuyente demuestre una realidad distinta a la prevista como presupuesto para la proyección de aquellas, para que entonces carezca de sustento el criterio fiscal que las tuvo en cuenta para ajustar la materia imponible” (conf. Sala I en causas: “Chieza SA”, del 23/04/98, “Beraja, Alberto David”, op. cit. y “Candle SA”, op. Citada).
“A partir de ello, la validez del método de ajuste de la materia imponible seguido por la autoridad fiscal basado en la citada presunción legal, conforme a las distintas previsiones de la disposición en estudio, dependerá de lo que concreta y razonablemente resulte demostrado en cada situación particular (conf. Sala I in rebus: “Beraja, Alberto David”, op. cit., y “Candle SA”, op. cit.; esta Sala in re: “Alberto A Anselmo y Ruben C Anselmo (TF 14.349-I) c/ DGI”, del 14/06/04)”.
Al respecto, el primer párrafo del artículo 18 otorga al ente fiscal la posibilidad de recurrir a la medición indiciaria, que se fundará en hechos conocidos que, por su conexión normal con los hechos imponibles, permiten inducir la existencia y medida del mismo. En estos supuestos, el Fisco no cuenta con pruebas lo suficientemente “representativas” de la existencia y medida de la relación jurídica tributaria. Y, más adelante, prevé una serie de presunciones legales, entre la que se encuentra la utilizada por el ente fiscal en el caso bajo examen.
Bajo ese prisma, la actividad del ente fiscal reposa en normas y hechos que la avalan, correspondiendo a la recurrente, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditar sus dichos en pos de obtener la revocación del ajuste en cuestión.
XIII. Que ahora bien, corresponde entonces analizar las pruebas producidas por la recurrente a fin de destruir las conclusiones del ente fiscal, las que se limitan a informes y pericial contable. Con respecto a los informes, obra incorporado a fs. 443/991, la contestación del oficio librado al Banco de la Nación Argentina, que acompañó los extractos bancarios desde el 10/2001 hasta el 12/2004, cabe señalar que del mismo no surgen elementos que avalen los dichos de la recurrente.
Lo propio ocurre con la contestación al pedido de informes efectuado por Oscar Cayetano Salerno en representación de “Pesquera Claramar S.A.”. En efecto, en dicho informe se limita a acompañar una planilla con el detalle de los cheques recibidos de la recurrente en concepto de devolución de los depósitos efectuados en la cuenta corriente de la recurrente, más no identifica las fechas en que aquellos aportes se efectuaron, elemento que resulta indispensable para poder efectuar la correcta depuración. Asimismo, no acompaña ninguna probanza que sea hábil para su identificación.
Por último, cabe mencionar que la pericia contable tampoco resulta útil a fin de probar los dichos de la apelante, pues nada dicen al respecto. Obsérvese que se manifiesta no haber podido realizar la depuración de los extractos bancarios por cuanto no han contado con la documentación y registros indispensables para ello.
Por otra parte, tampoco aportan a la resolución del caso, las manifestaciones del experto designado por la recurrente en tanto se limita a explicar cómo debe ser aplicada la norma –cuestión que se encuentra ajena a la tarea que se le encomendó- y afirma que se debieron prorratear las diferencias determinadas en función de las ventas gravadas y exentas, más no las identifica. Ello, claramente, porque no contó con los elementos para tal fin.
Finalmente, tampoco resultan atendibles sus agravios dirigidos a impugnar el ajuste con sustento en que sus operaciones nunca pueden ser consideradas efectuadas en el mercado interno porque es un exportador. En efecto, al no poder demostrarse el origen de los depósitos bancarios, independientemente de si es un exportador o no, de acuerdo a la presunción aplicada, deben ser consideradas operaciones gravadas. En mérito a lo expuesto, corresponde confirmar el ajuste efectuado por el ente fiscal en los actos impugnados, con costas.
XIV. Que debe entonces analizarse la alegada improcedencia de la impugnación de las notas de crédito Nº 2739 y 2752, emitidas por la firma “Pesquera Claramar S.A.”. Explica que ambas empresas son vinculadas y como tal, poseían un convenio comercial ajustada a los usos y costumbres del sector pesquero, por el cual Pesquera Claramar S.A. se obligaba a abastecer principalmente a la apelante y ésta se comprometía a adelantar los recursos financieros para las campañas del buque Ribazón Dorine. Este convenio permitía asegurarse la provisión de la materia prima y asegurarse un precio diferencial respecto al mercado. En dicho convenio se pactó que si en el año 2003 se incrementaba en más de un 50% la captura, se efectuaría un descuento progresivo, graduado en función del incremento neto del ciclo 2002 sobre el 2003, que daría derecho al comprador a un descuento sobre el total de los montos facturados en ambos períodos, que daría derecho al comprador a un descuento sobre el total de los montos facturados en ambos períodos.
Cuestiona la utilización de precios de mercado que no han tenido en cuenta las particularidades del sector pesquero y la vinculación societaria.
Respecto de la nota de crédito 2758, originada en la suspensión del convenio, se acordó el descuento adicional a modo de indemnización y en compensación por los daños y perjuicios sufridos. Por su parte, el ente fiscal explica que las manifestaciones de la recurrente son meras afirmaciones dogmáticas, sin arrimar elementos que acrediten sus dichos.
XV. Que como se señaló, el ente fiscal impugnó el débito fiscal declarado por la apelante respecto de los períodos diciembre de 2003 y febrero y marzo de 2004, proveniente de notas de crédito emitidas por Pesquera Claramar S.A. Para así proceder el ente fiscal destacó que no se aportaron elementos probatorios. Sobre esta, a mi modo de ver, le asiste razón al ente fiscal por cuanto la recurrente esgrime una serie de elementos que abonarían su accionar, no habiendo aportado elementos que los acrediten. No existe constancia en las actuaciones administrativas ni ante esta instancia, del alegado convenio celebrado entre la recurrente y la empresa “Pesquera Claramar S.A.”, que fue el sustento para la emisión de las notas de crédito. En mérito a lo expuesto, corresponde confirmar el ajuste efectuado, con costas.
XVI. Que restan analizar los agravios vinculados con la determinación de impuesto a las ganancias que restan, esto es, la deducción del 10% FOB y deudores incobrables.
Sobre el primer aspecto, se agravia sobre el encuadre legal efectuado por la administración. La recurrente sostiene que el Fisco Nacional, en contraposición a la teoría de los actos propios, dejó sin efecto disposiciones aduaneras. Efectúa una extensa explicación de las normas aplicables, y considera que de aceptarse la postura fiscal se violaría el principio de legalidad, dado que se excluyen beneficios expresamente establecidos en la ley por vía de interpretación.
Por su parte, la representación fiscal manifiesta que no quedan dudas de la vigencia del Decreto 553/89 y por ello quedó eliminada expresamente la deducción del 10% del valor FOB de las exportaciones. Dicha norma sobrevive, dice, al dictado del decreto 2657/91.
Ambas partes, citan jurisprudencia en abono de sus posturas.
XVII. Que la cuestión en litigio fue resuelta por el Máximo Tribunal en la causa “El Marisco S.A. c/D.G.I.”, de fecha 27/5/2009, y remitiéndose al Dictamen de la Procuración General sostuvo que: “V. No es ocioso recordar que, en su tarea de establecer la correcta interpretación de las normas de carácter federal - como lo es la L. 23101 y el D. 173/1985, D. 519/1989, D. 553/1989 y D. 2657/1991- Vuestra Excelencia no se encuentra limitada por las posiciones del Tribunal apelado y del recurrente, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado (art. 16, L. 48), según la inteligencia que rectamente les otorgue (arg. Fallos: 307:1457, 320:1915, entre otros).
Para ello, estimo que el análisis del sub judice impone distinguir tres etapas claramente diferenciadas.
Una primera, donde la ley 23101 estableció un régimen de promoción de exportaciones, tendiente a expandir las exportaciones argentinas, diversificar la oferta de bienes y servicios destinados a los mercados del exterior, ampliar y profundizar la presencia de la República Argentina en los mercados internacionales, velar por el prestigio del comercio exterior del País, entre otros (cfr. art. 11). Con ese fin, implementó medidas de carácter particular (art. 8 a 11), de promoción de las exportaciones de las economías regionales (arts. 12 y 13), de carácter específico (art. 14 a 16), así como el denominado "seguro de crédito a la exportación" (art. 17 a 19).
En lo que aquí es relevante, la deducción sub lite se encuentra entre las medidas de carácter particular [art. 9, inc. b)], que se aplican sobre los "bienes y servicios promocionados". Según el artículo 8 de la ley, los "bienes y servicios promocionados" son aquellos incluidos en las listas que confecciona a tal efecto el Poder Ejecutivo Nacional, sobre la base de alguno de los cuatro principios que enumera el precepto. En cumplimiento de esta misión, la planilla anexa al decreto 173/1985 detalló las mercaderías comprendidas en las partidas de la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA), con sus respectivas observaciones, que eran beneficiadas por la deducción.
Una segunda etapa se verifica con el dictado del decreto 553/1989. Este reglamento creó un derecho de exportación adicional del veinte por ciento (20%) sobre el valor en Aduana, imponible u oficial, aplicable "a las exportaciones para el consumo de la totalidad de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Exportación (NADE)", (art. 1). Simultáneamente, estableció que las exportaciones para consumo alcanzadas por su artículo 1 "...no gozarán del beneficio previsto en el artículo 1 del decreto 173/1985" [art. 2, inc. a)].
De esta forma, a mi criterio, el Poder Ejecutivo modificó sustancialmente la definición de los "bienes y servicios promocionados". Abandonó la enumeración que -en base a la NCCA- había efectuado en el Anexo del decreto 173/1985, empleó la NADE a tales efectos, implementó un derecho de exportación adicional a la totalidad de las mercaderías abarcadas en esta última y las excluyó del beneficio de la deducción previsto en el artículo 9, inciso b), de la ley 23101.
Ello implicó, en mi opinión, la derogación del decreto 173/1985 y su reemplazo por un nuevo universo de medidas tendientes a incrementar los ingresos públicos y eliminar los beneficios sectoriales, en el marco de la situación de emergencia de la cual se hizo mérito al momento de adoptar la decisión (cfr. segundo párr. de los Consids. del D. 553/1989).
Lo expuesto torna aplicable la doctrina de Vuestra Excelencia según la cual, tratándose de leyes sucesivas, que legislan sobre la misma materia, la omisión en la última de disposiciones de la primera, importa seguramente dejarlas sin efecto, cuando la nueva ley crea -como ha sucedido con el D. 553/1989- un sistema completo, más o menos diferente del de la ley antigua (en el sub lite, de aquel establecido por el D. 173/1985). No sería prudente, en tales condiciones, alterar la economía y la unidad de la ley nueva, mezclando a ella disposiciones quizá heterogéneas de la ley anterior, que ella ha reemplazado (Fallos: 182:392, 248:257, 319:2185).
Por último, en una tercera etapa, el decreto 2657/1991 sustituyó la NADE y la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Importación (NADI) por la nomenclatura basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías, denominada "Nomenclatura del Comercio Exterior" (NCE). El Tribunal a quo consideró que la sustitución de la NADE por la NCE hizo que perdiera vigor el derecho de exportación adicional que se aplicaba sobre la totalidad de las mercaderías comprendidas en la primera (art. 11, D. 553/1989). De idéntica manera, concluyó en que también cesó la vigencia de la limitación al reintegro establecida en el artículo 2, inciso a), de aquel reglamento.
Considero inoficioso expedirme sobre esta cuestión en los términos en que ha sido planteada pues, cualquiera sea su resultado, el beneficio sobre los "bienes y servicios promocionados" enumerados según la NCCA por el decreto 173/1985 había sido definitivamente abandonado con el dictado de su similar 553/1989. Es que, como ya indiqué, las medidas promocionales de carácter particular como la sub judice -contenidas en el art. 8 a 11 de la L. 23101- requieren de las listas que confeccione a tal efecto el Poder Ejecutivo Nacional, sobre la base de alguno de los cuatro principios que enumera el precepto.
En tales condiciones, es evidente para mí que el decreto 2657/1991 se limitó a sustituir a la NADE y a la NADI por la NCE, sin aprobar a tal efecto una nueva lista de mercaderías a las que se les aplicara el beneficio de la deducción previsto en el artículo 9, inciso b), de la ley 23101, ni restaurar la vigencia de aquella contenida en el Anexo del decreto 173/1985.
Es del caso recordar aquí que "...la primera fuente de exégesis de la ley es su letra y que cuando ésta no exige esfuerzos de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma" (Fallos: 311:1042).
Sobre tales pautas, considero que el decreto 2657/1991 no ha devuelto su vigencia a la enumeración de los "bienes y servicios promocionados" realizada sobre la NCCA por su similar 173/1985, sin que pueda entenderse que exista una redacción descuidada o desafortunada del legislador (Fallos: 307:517, entre otros), quien podría haber aprobado una nueva lista sobre la cual rija el beneficio de la deducción o restaurado la vigencia de aquella contenida en el Anexo del decreto 173/1985 y -sin embargo- no lo hizo”. Por su parte, y en puntual contestación al agravio sobre la violación al principio de legalidad, nuestro Máximo Tribunal aclaró, en el decisorio “Antonio Barillari S.A.C.I.F. y A. c/D.G.I.”, “Que, sin embargo, deben efectuarse ciertas precisiones sobre la inteligencia y el alcance de las normas en examen, a fin de considerar el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora respecto de los decretos 553/1989 y 2657/1991, introducido en su primera presentación en el juicio (cfr. fs. 99 vta./101), y mantenido al contestar los agravios de su contraparte tanto ante la Cámara (fs. 169 vta./172) como ante este Tribunal (fs. 233 vta./235 vta.). En síntesis, el contribuyente aduce que el decreto 173/1985, reglamentario de la ley 23101, fue dictado por el Poder Ejecutivo en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2), de la Constitución Nacional, pero que los posteriores 553/1989 y 2675/1991 no pueden revestir el mismo carácter de "reglamentarios", pues "no es dable entender que el Poder Administrador tenga la facultad de reglamentar en forma permanente una Ley de la Nación", ya que en ese caso se "convertiría en auténtico legislador" (fs. 99 vta./100). En ese orden de ideas afirma que estos últimos decretos "son normas autónomas" que, según el principio de supremacía de las leyes consagrado en el artículo 31 de la Constitución Nacional, "nunca podrán alterar lo prescripto por una Ley de la Nación" (fs. 100). Por lo tanto, sostiene que si se pretendía rever lo dispuesto por la ley 23101 y su decreto reglamentario 173/1985, debió haberse instado la sanción de una nueva ley, y no dictarse decretos que contradicen la finalidad de aquella.
9. Que en primer lugar cabe señalar que del examen de la normativa en cuestión, efectuado en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal en la causa E.362.XLI "El Marisco SA (TF 20.315-I) c/DGI" -al que se remitió la Corte- se extrae fácilmente la conclusión de que el beneficio de desgravación en el balance impositivo previsto en el artículo 9, inciso b), de la ley 23101 no es directamente operativo, en tanto se aplica respecto de la exportación "de los bienes y servicios promocionados" (art. 9, párrafo primero), y según el artículo 8 de la ley estos son los "incluidos en las listas que confecciona a tal efecto el Poder Ejecutivo Nacional, sobre la base de alguno de los cuatro principios que enumera el precepto" (conf. dictamen citado).
10. Que la conclusión expuesta se corrobora, si se tiene en cuenta, además, que la ley no fija el quantum de tal deducción sino que se limita a establecer un tope ("hasta el 10 por ciento del valor FOB de los bienes y servicios exportados").
De manera que también resulta necesaria la actuación del Poder Ejecutivo para determinar -dentro del límite autorizado por la ley- cuál sería el porcentaje de la deducción que podría ser aplicada en los balances impositivos.
11. Que, en definitiva, la ley difiere en el Poder Ejecutivo tanto la determinación de las mercaderías cuya exportación resultaría promocionada, como la determinación del quantum de la desgravación sobre la que versa esta causa, estableciendo, en relación a lo primero, una serie de principios que aquel debía contemplar en la elaboración de las listas respectivas, y con respecto a lo segundo un tope que no podría ser excedido.
12. Que en ese contexto, la tacha de inconstitucionalidad formulada por la actora resulta inatendible, puesto que ella supone tanto como afirmar que una vez dictado por el Poder Ejecutivo el decreto 173 en el año 1985 -por el que se estableció el porcentaje de la deducción y se detalló la lista de las mercaderías cuya exportación resultaba beneficiada- ese departamento del Estado quedó privado en lo sucesivo de la potestad de modificarlo, suspenderlo o dejarlo sin efecto. Tal limitación -además de no resultar de la CN- no tiene sustento en la ley 23101, que no restringió la habilitación conferida a aquel del modo pretendido por la actora” En mérito a lo expuesto, los agravios de la actora sobre este punto deben ser desechados. Con costas.
XVIII. Que restan tratar los agravios dirigidos a cuestionar el ajuste por deudores incobrables. La recurrente entiende que su accionar se encuentra justificado toda vez que los montos en discusión justificaban la inactividad judicial para perseguir el cobro compulsivo. Destaca que debería tenerse en cuenta que se estaba frente a clientes del exterior que no respondieron las intimaciones cursadas.
Por su parte, el ente fiscal sostiene que la mera emisión de cartas documento sin mediar reclamo judicial no sería sustento suficiente para considerar a los mismo como deudores incobrables. A ello, agrega que no ha quedado comprobada la incobrabilidad en los términos de la ley y su decreto reglamentario. Conforme surge del acto impugnado, la administración impugnó la deducción por créditos incobrables con sustento en la ausencia de documentación respaldatoria.
XIX. Que aclarado el contexto fáctico del ajuste bajo examen, cabe recordar que “…el artículo 87 de la ley de impuesto a las ganancias dispone que de las ganancias de la tercera categoría y con las limitaciones de dicha ley se podrá deducir, según lo prescripto en el inciso b), los castigos y previsiones contra los malos créditos en cantidades justificables de acuerdo con los usos y costumbres del ramo. Se agrega que la Dirección General Impositiva podrá establecer normas respecto de la forma de efectuar castigos.” “Por su parte, el artículo 133 del decreto reglamentario dispone que es procedente la deducción por castigos sobre créditos dudosos e incobrables que tengan su origen en operaciones comerciales, pudiendo el contribuyente optar entre su afectación a la cuenta de ganancias y pérdidas o a un fondo de previsión constituido para hacer frente a contingencias de esta naturaleza. A su vez, el artículo 136 del citado reglamento establece que cualquiera sea el método que se adopte para el castigo de malos créditos, las deducciones de esa naturaleza deben justificarse y corresponder al ejercicio en que se produzcan, siendo índices de ello: la cesación de pagos real o aparente, la homologación del acuerdo de la junta de acreedores, la declaración de quiebra, la desaparición del deudor, la prescripción, la iniciación de cobro compulsivo, la paralización de operaciones y otros índices de incobrabilidad.”
En virtud de lo expuesto, se considera que los requisitos para la deducción de los deudores incobrables son los siguientes:
-que los créditos tengan origen en operaciones comerciales propias del giro del contribuyente; -que se verifique alguno de los parámetros de incobrabilidad comprendidos en la normativa pretranscripta, advirtiéndose que la descripción obrante en el artículo 136 del decreto reglamentario no es laxativa, sino meramente enunciativa;
-que esté justificada la incobrabilidad;
-que la referida incobrabilidad corresponda al ejercicio en que se produzca la misma.
Asimismo, sobre la temática en cuestión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Sullair Argentina SA (TF 24732-I) c/DGI” de fecha 21/03/13, dijo, adhiriendo a los fundamentos esbozados por la Procuradora General de la Nación, que “…el art. 87 de la ley 20.628 (y sus modificatorias, según t.o. en 1998), establece que de las ganancias de la tercera categoría y con las limitaciones legalmente fijadas también se podrán deducir “b) Los castigos y previsiones contra los malos créditos en cantidades justificables de acuerdo con los usos y costumbres del ramo”. También delegó en la Dirección General Impositiva la facultad de establecer normas relativas a la manera de efectuar tales castigos, competencia que, como advirtió V.E. en la causa de Fallos: 333:2065, cons. 8º, fue ejercida por el Poder Ejecutivo con el dictado del decreto 2.354/86 (y sus modificaciones), en los arts. 133 a 135.
Con respecto al concepto en sí, el art. 136 del citado decreto (texto anterior al introducido por el decreto 2.442/02) expresaba que “Cualquiera sea el método que se adopte para el castigo de malos créditos, las deducciones de esta naturaleza deberán justificarse y corresponder al ejercicio en que se produzcan, siendo índices de ello: la cesación de pagos, real o aparente, la homologación del acuerdo de la junta de acreedores, la declaración de quiebra, la desaparición del deudor, la prescripción, la iniciación del cobro compulsivo, la paralización de las operaciones y otros índices de incobrabilidad”.
Bajo tales pautas hermenéuticas y de conformidad con las constancias de autos, cabe adelantar que los agravios de la recurrente deben ser rechazados. En efecto, cabe advertir que no obstante la falta de estrictez que debe reconocerse a la norma reglamentaria en cuestión, la ley exige la existencia de requisitos mínimos que analizados en el caso concreto, permitan razonable y prudentemente, tener por configurada dicha incobrabilidad a los efectos de una adecuada determinación del gravamen en el período fiscal que se liquida. Circunstancia que tampoco se da en la especie.
Conforme fuera señalado por el Fisco Nacional en la resolución apelada, la contribuyente no aportó documentación o produjo prueba, tanto en sede administrativa como ante este Tribunal, que acredite el inicio de acciones legales tendientes al cobro de las operaciones realizadas.
Ello así, corresponde confirmar el ajuste, con costas.
XX. Que resta resolver los argumentos esbozados contra las sanciones aplicadas, que el ente fiscal subsumió en los artículos 46 y 47, incisos a, b y c.
Al respecto, los agravios reposan, fundamentalmente, en la improcedencia de la aplicación de la figura dolosa cuando se efectúa una determinación sobre base presunta, con sustento en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Mazza Generoso”. Asimismo, entiende improcedente la aplicación de presunciones para la aplicación de sanciones de naturaleza penal.
XXI. Que cabe precisar que para considerar configurado el ilícito material por defraudación contemplado en el artículo 46 citado debe verificarse la existencia de sus elementos tipificantes. En primer término, el aspecto objetivo, que consiste en analizar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad.
Comprobada la presencia del elemento objetivo corresponde analizar la imputabilidad del autor. La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio o engaño; con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, “el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada”.
Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación. Y ello es así toda vez que “El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de “declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas.” (conf. Damarco, Jorge H. (Director) “Tratado Jurisprudencial y Doctrinario”, Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones”, Cap. XXI, “Multa por defraudación”, Ed. La Ley, Bs. As, 2010, p. 304).
Bajo esas premisas, a juicio de quien suscribe y de acuerdo a lo expuesto en los Considerandos precedentes entiendo que se encuentra acreditado en la litis el elemento material de la infracción achacada. En cuanto al elemento subjetivo que requiere la figura en cuestión, éste surge palmario de las circunstancias concretas de la causa, sin que haya intentado producir prueba alguna que demuestre lo contrario. En efecto, y contrariamente a lo sostenido por la actora, la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia en la causa Mazza Generoso y Mazza Alberto” no implicó la imposibilidad de aplicar la figura dolosa a un supuesto de determinación de oficio sobre base presunta. Ello es así, lo que nuestro Máximo Tribunal explicó es que si bien las presunciones consagradas en el artículo 25 (actual artículo 18) de la ley 11.683 resultaban suficiente para fundar una determinación impositiva, tales consecuencias no podían extenderse al campo del hecho ilícito tributario, sin el necesario sustento de otros elementos de prueba que permitiesen acreditar la existencia de una actividad dolosa, tendiente a defraudar los intereses del Fisco. (el destacado me pertenece) En virtud de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia precedentemente expuesta se desprende que el accionar del Fisco Nacional resultó ajustado a derecho al encuadrar correctamente la conducta de la apelante a tenor de lo dispuesto en los arts. 47, incisos a, b) y c) de la 11683 (t.o. vigente), pues ha quedado claramente comprobada la voluntad de incurrir en declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, habiendo presentado la declaración jurada de los impuestos a las ganancias y al valor agregado de manera inexacta, con el objeto de ocultar el impuesto que correspondía como consecuencia de lo señalado en los fundamentos expuestos. De allí, se extrajo la conclusión que se cometió el ilícito en cuestión.
En consecuencia, habiendo quedado evidenciado que concurren los presupuestos fácticos para que quede configurada la conducta reprimida que se le enrostra, corresponde confirmar las sanciones aplicadas. Con costas.
XXII. Que en mérito a lo expuesto, corresponde confirmar las resoluciones apeladas, en todos sus términos, con costas.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere a la Dra. Guzmán.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas, en todos sus términos, con costas.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta de conformidad con el art. 52 – 2do.
párrafo- del RPTFN.-
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2023.08.31 18:05:17 -03:00 Date: 2023.08.31 19:01:25 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.31 19:01:25 -03:00
Fin de la sentencia