Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala III de Mar del Plata · Causa 163842
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 261/265, y en consecuencia, confirmar por las razones expuestas en los considerandos, el proveído de fs. 260 en lo que ha sido materia de agravio;
II. Encomendar al juez a quo, que recibidas las actuaciones analice oficiosamente si se encuentran reunidas las condiciones para decretar la acumulación de los presentes autos con los caratulados "Consorcio de Propietarios Edificio Semar XI c/ Caputo Dante José Leopoldo y Caputo Walter Bernardo s/ Cobro ejecutivo" Expte. 116.109 y "Consorcio de Propietarios Edificio Semar XI c/ Propietarios Unidad Funcional N° 170 y otro s/ Cobro ejecutivo" Expte. MP972/2017 que tramitan ante el Juzgado Civil y Comercial N° 2, Departamental.
Asimismo, resuelto lo anterior, el juez que en definitiva resulte competente para entender en el proceso, en uso de sus facultades y deberes contemplados en el art. 34 y 36 del ritual deberá:
1Adoptar las medidas necesarias para verificar fehacientemente el fallecimiento del coejecutado Dante José Leonardo Caputo (6.756.120) que ha sido informado, y proceder en consecuencia, 2) adoptar las medidas necesarias para resguardar la igualdad de las partes y el derecho de defensa de los ejecutados, procurando revisar oficiosamente la eficacia de todo acto de comunicación que a él estuviere dirigido y que pudiere estar viciado por las circunstancias detalladas en la presente sentencia (arts. 8.1 de la CADH, 18 y 75 inc. 22 de la Const. nac. , 15 de la Const. …
Registrada bajo el Nro.: 446 (R) Folio Nro.:1140/1158 Expte. Nro. 163842 JCC. 14 "CONS PROP EDIF SEMAR XI - CALLE ARENALES 2319 MAR DEL PLATA C/ PROPIETARIOS UNIDAD FUNCIONAL N° 270 Y OTRA S/ COBRO EJECUTIVO DE EXPENSAS"
------------------------------------------------------------------------------------------------------ - Mar del Plata, 12 de Diciembre de 2017.
Con motivo del recurso de apelación en subsidio interpuesto a fs. 262/5 por el Dr. Marcelo Daniel Salminci, apoderado de la parte ejecutante contra la resolución de fs. 261, del 7 de Junio de 2017; y
El presente expediente traído a conocimiento de la Sala Tercera de este Tribunal de Alzada, y las actuaciones que tramitan en carácter de agregados a las presente causa, caratuladas: i) "Consorcio Propietarios Edificio Semar XI c/ Caputo Dante José L. y otro s/ Cobro Ejecutivo" (N° 116.109); ii) "Consorcio Propietarios Edificio Semar XI - Calle Arenales 2319 Mar del Plata c/ Propietarios Unidad Funcional N° 170 s/ Cobro Ejecutivo" (N°MP972-2017; que se encuentra acumulado al anterior), y iii) "Consorcio Propietarios Edificio Semar XI - Calle Arenales 2319 Mar del Plata c/ Propietarios Unidad Funcional N° 125 s/ Cobro Ejecutivo" (N° 18.535);
CONSIDERAMOS que:
I. Antecedentes:
A fs. 21/6 se presentó el doctor Marcelo Daniel Salminci, en su carácter de apoderado del Consorcio de Propietarios Edificio Semar XI, sito en Arenales N° 2319 de la ciudad de Mar del Plata, y promovió la presente ejecución de expensas contra los " Propietarios de las Unidades funcionales N° 270 y 170", cuyo monto asciende a la suma de $ 253.098,82, con sus respectivos intereses. Conjuntamente solicitó medidas cautelares.
A fs. 247/248 el señor juez de grado, doctor Fernando J. Mendez Acosta, proveyó la presentación inicial del ejecutante, dispuso la intimación de pago contra los ejecutados y decretó el embargo preventivo de los bienes denunciados.
A fs. 249, el ejecutante denunció los nombres de los demandados en autos, identificándolos como: (i) Caputo Dante José Leopoldo, y (ii) Caputo, Walter Bernardo.
A fs. 257/259 se encuentra agregado el mandamiento de intimación de pago y embargo que fuera diligenciado al domicilio de la calle Arenales N° 2329, Piso 5°, depto. "B" del cuerpo "A", donde, según surge del informe confeccionado por el Oficial de Justicia, fue recibido por ‘persona de la casa’ quien manifestó su imposibilidad de pagar las sumadas reclamadas por carecer de dinero.
Así, es que el doctor Salminci solicitó se dicte la correspondiente sentencia de trance y remate.
II. Resolución Apelada:
El señor juez de grado dispuso, a fs. 261, suspender la tramitación de los presentes obrados hasta tanto exista en sede penal un pronunciamiento firme en el marco de la IPP Nro. 27360-15 caratulada “Marcelo Daniel Salminci y otros s/ Estafa Procesal”, relacionada con la causa “Consorcio de Propietarios Edificio Semar XI – Arenales N° 2319 c/ Unidad Funcional N° 125 s/ Cobro Ejecutivo”.
Para así decidir relató que mediante oficio se puso en conocimiento de su persona que en virtud de los hechos allí ventilados que se califican prima facie como ‘estafa procesal’ se cita a prestar declaración indagatoria conf. art. 308 del CPP en calidad de coautores a los Sres. Marcelo Daniel Salminci, Adolfo Salvador Salminci –subsidiariamente como partícipe necesario- y a Yesica Lorena Santa Ana y Daniel Calandra como partícipes.
Continuó explicando que el art. 1.775 del CCyC consagra el principio de prejudicialidad penal sobre la sede civil, conforme el cual no podrá dictarse sentencia en ésta última hasta tanto no haya recaído pronunciamiento definitivo en sede punitiva.
Finalmente reparó que si bien es de su conocimiento que este instituto resulta improcedente, en principio, para los procesos ejecutivos, pues existe la posibilidad de revisión en un juicio ulterior, lo cierto es que de continuar su tramitación podría eventualmente causarse un dispendio judicial innecesario.
III. Recurso interpuesto:
A fs. 262/265 el doctor Salminci interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución de fs. 261 del 7 de Junio de 2017, fundándolo en el mismo acto.
Señaló en primer lugar que el juez a quo adoptó una actitud condenatoria para con él por el hecho de haber sido citado a prestar declaración indagatoria, cuando según nuestro sistema constitucional – recordó- ningún ciudadano es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Sobre esto, agregó, que se lo estaría prejuzgando, condenando y estigmatizando sin razón alguna.
Seguidamente expresó que el magistrado de grado podría hacer uso de sus facultades ordenatorias –consagradas en el art. 36 del ritual- que lo habilitan a librar oficios y pedir informes a entidades públicas y así evitar ese dispendio jurisdiccional innecesario.
Relató que la resolución en crisis atenta contra el derecho de acreencia de su representado consagrado en el art. 14 de la Constitución Nacional, y contra el principio de inocencia del art. 18 de la Carta Magna. Asimismo expuso que el mandamiento de intimación de pago se cursó en las unidades funcionales ejecutadas, siendo atendido el oficial por quienes se reconocieron como dueños de casa, y que en caso de tener dudas el a quo sobre la identidad de quienes lo recibieron, podría librar los oficio pertinentes para dar con los domicilios actuales de los titulares de los inmuebles (señores Caputo).
IV. Tratamiento de los agravios:
IV.1. De una detenida lectura de las constancias de autos y, en particular, de las que lucen en la causa agregada "Consorcio Edificio Semar XI c/ Caputo, Dante José L. y otro s/ Cobro Ejecutivo" (Expte. 116.109), se advierte una circunstancia que resulta de ineludible relevancia para juzgar la constitución regular del proceso que nos ocupa, cuya consideración precede lógicamente -e incluso desplaza- el análisis de los fundamentos que dieron sustento a la resolución apelada, aunque de todos modos conduce al mismo resultado procesal, es decir: mantener la suspensión de las presentes actuaciones.
Consecuentemente, y sin entrar a juzgar las razones que fueron dadas por el señor juez de primera instancia, habremos de confirmar -por motivos diferentes- la suspensión que ha sido decretada en la resolución de fs. 261, con el alcance que expondremos en el presente pronunciamiento.
IV.2. El acontecimiento al que aludimos resulta del oficio contestado por la Cámara Nacional Electoral en el marco de los autos "Consorcio Porpietarios Edificio Semar XI c/ Caputo Dante José L. y otro s/ Cobro Ejecutivo" (Expte N° 116.109), que informó que el coejecutado Dante José Leopoldo Caputo (6.756.120) había fallecido en fecha 2 de marzo del año 1991 (v. fs. 156/157 de la citada causa). IV.2.a.- Teniendo en consideración que pesa sobre el accionante la carga procesal -imperativo del propio interés- de citar a quien debe integrar la litis, lo que impone la diligencia de asegurarse antes de iniciar el proceso de la existencia de la persona contra la cual pretende ejercer su derecho (argto. art. 330 del CPCC), resulta sugestivo que al promover la presente ejecución aquella circunstancia (nos referimos al fallecimiento del coejecutado Dante J. L. Caputo) no haya sido denunciada, cuando el actual socio gerente de la Administración del Consorcio, señor Adolfo Salvador Salminci, y su letrado apoderado, doctor Marcelo Daniel Salminci, no pudieron haberla ignorado dada la intervención que tuvieron en el citado expediente, dónde, incluso, este último fue quien acompañó a la causa las constancias del oficio contestado por la Cámara Nacional Electoral, mediante presentación de fecha 4/10/2010 (cfrme. fs. 159 causa 116.109).
IV.2.b. Además del fallecimiento del señor Dante José L. Caputo, esa causa dejó en evidencia, al haberse frustrado el diligenciamiento del mandamiento de intimación de pago obrante a fs. 130 y 131 (expte. 116.109), que los codemandados Dante José Leopoldo y Walter Bernardo Caputo no se domiciliaban en la calle Arenales 2329, Piso 5°, Depto B, del cuerpo A donde se practicó aquella diligencia (y en el que, cabe aclarar, también se llevó a cabo la intimación de pago dispuesta en los presentes actuados, v. fs. 257/259), sino que tenían su domicilio en la ciudad de San Juan, al tiempo que reveló el conocimiento que de ello tuvieron los señores Salminci.
En efecto, fue el propio doctor Salmnici quien, en mérito al fracaso de la mencionada diligencia, solicitó el 1/07/2009 que se libraran los oficios de estilo al Juzgado con Competencia Electoral, a la Policía Federal, etc. a fin de que informe el último domicilio que registran los nombrados, dejándose sentado en ellos "...que, según surge del Informe de dominio, los mencionados al momento de adquirir el inmueble ejecutado, habrían sido vecinos de la Provincia de San Juan..." (textual fs. 140, causa 116.109). Y efectivamente, el resultado de esos informes arrojó que: Dante José Leopoldo Caputo registraba domicilio en la calle Rivadavia Este N° 312 de San Juan (cfr. fs. 152 y 156 vta causa 116109); y que Walter Bernardo Caputo se domiciliaba en la callle Jujuy 48 Sur, de la ciudad de San Juan, provincia de San Juan (cfr. fs. 157)
Sin mencionar nada de ello, al fundar el recurso de apelación que aquí nos convoca el doctor Salminci alega y defiende la regularidad del acto de intimación de pago practicado en estos obrados, afirmando entre otras cosas que "...LOS DEMANDADOS Y SUS FAMILIARES SE ENCONTRABAN EN EL DEPARTAMENTO DE SU PROPIEDAD UBICADO EN LA CALLE ARENALES 2329 (5° B A)..." (v. punto 7 de fs. 263 vta.). Seguidamente, de motus propio, el nombrado extiende un manto de duda sobre los actuales domicilios de los codemandados Caputo, cuando en el punto 8 del citado escrito (de fecha 14 de julio de 2017) peticiona que para el caso de haberse mudado los mismos con posterioridad a dicha intimación y de encontrarse hipotéticamente en los domicilios de la ciudad de San Juan -que allí menciona-,"...TAL SURGE DE AVERIGUACIONES PRACTICADAS EN LA FECHA POR LA WEB..." (textual) se libre oficio a la Cámara Nacional Electoral a los efectos que informen el actual domicilio de los demandados de autos y si son coincidentes con los referidos ut supra. El doctor Salminci intenta presentar como dato novedoso, obtenido por medio de la web, y en fecha reciente (14 de junio de 2017), información que -como ha quedado demostrado- tenía conocimiento desde el año 2009/2010, y por consiguiente, antes de promover la ejecución en estudio.
IV.2.c. Volviendo a la omisión de denunciar el fallecimiento del codemandado Dante José Leopoldo Caputo, el grado de sugestión que ella despierta se agudiza cuando tenemos en consideración que la presente ejecución (expte. N° 21.834), si bien fue iniciada el día 30/03/2017, es decir con posterioridad a la causa 116.109 (que data del 13/04/2009), tiene por objeto el cobro de expensas devengadas por los mismo inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal (esto es: la UF N° 170 - que es una cochera- y la UF N° 270 -que es el departamento del piso 5to, B, del cuerpo A), cuya titularidad se encuentra en cabeza de los condóminos Dante José Leopoldo Caputo y Walter Bernardo Caputo (v. fs. 249 de autos y fs. 35, 37 y 120, del expte. 116.109) y que abarca, en gran medida, a los mismos periodos reclamados. Es decir, que se trata de dos reclamos judiciales superpuestos.
IV.2.d. Finalmente, la apuntada omisión queda desprovista de margen para apreciarla como una mera casualidad, cuando tiene en consideración que existe una tercera ejecución en trámite.
Efectivamente, bajo la Administración actual del Consorcio y con la intervención del doctor Salminci, había iniciado el 1/02/2017 (es decir casi dos meses antes que el presente litigio) otra ejecución idéntica a la que nos ocupa, en la que tampoco se denunció el fallecimiento del codemandado Dante Caputo, ni los domicilios registrados en la provincia de San Juan.
La causa a la que hacemos referencia es la caratulada:
"Consorcio Prop. Edificio Semar XI - Calle Arenales 2319 c/ Propietarios de la UF 170 s/ Cobro Ejecutivo", expte N° MP-972-2017, que tramitó ante el Juzgado Civil y Comercial N° 16 y en la actualidad se encuentra acumulada a los autos 116.109, del juzgado Civil y Comercial N° 2.
IV.2.e. Y por si ello fuera poco, cabe adelantar, que una parte de los periodos que integran los reclamos de juicios ejecutivos antes mencionados (causas 116.109, MP-972/2017 y 21.834 ), también habían sido demandados judicialmente, y reconocido en sentencia de trance y remate, en el marco de una vieja ejecución que dedujo el Consorcio en el año 1999, caratulada "Consorcio Edificio Semar XI c/ Caputo Dante José y otro s/ Ejecución de Expensas" (expte. 12292) de trámite ante el Juzgado Civil y Comercial N° 11 (v. constancias certificadas de fs. 281/286). Este proceso fue iniciado por el consorcio bajo otra Administración y con una representación legal diferente.
Sin embargo el reclamo judicial no era ignorado por la actual Administración, ni por su apoderado, conforme surge del escrito de fs. 204/210 de los autos 116.109, donde se valieron de la existencia de dicho juicio para resistir la prescripción planteada por el señor Santiago Grillo en dicha causa.
IV.3. Sin perjuicio de que volveremos sobre el tema más adelante, aquí nos interesa destacar que dada la particular situación que emerge a partir de constatar la multiplicidad de causas judiciales en situación de litispendencia, cuya acumulación no puede ser dispuesta por el Tribunal al estar transitando instancias diferentes (argto. arts. 188 inc. 1, 189, 191, 193 y concdts. del CPCC), y frente a la existencia de un elemento objetivo que informa que uno de los legitimados pasivos de aquellas acciones habría fallecido con anterioridad al inicio de todos estos procesos, juzgamos necesario que se mantenga la suspensión de la presente ejecución hasta tanto se resuelva la situación de litispendencia mencionada y dilucide si el coejectuado Dante José Leopoldo Caputo se encuentra fallecido.
Consecuentemente, devueltas las actuaciones, el juez a quo deberá analizar oficiosamente si concurren los requisitos para decretar la acumulación del presente proceso con las restantes actuaciones, y resuelto lo anterior, quien en definitiva resulte competente para entender en el proceso, habrá de disponer las medidas necesarias para descartar o corroborar mediante instrumento fehaciente (vgrs. certificado de defunción o informe del Registro Civil pertinente) el fallecimiento del coejecutado Dante José Leonardo Caputo, MI 6.756.120 (argto. art. 96, 98 y concs. del CCyC).
Cabe destacar que la verificación de la muerte del codemandado no resulta baladí, pues bien se ha entendido que no corresponde dirigir una demanda contra quien ha muerto -porque con ella se extingue la capacidad jurídica de las personas- sino que debe hacérselo a sus herederos, en tanto son continuadores de la personalidad de aquél respecto de los derechos que expresamente no se extinguen con su fallecimiento; y en ese contexto ha sido reconocido que el juez se encuentra facultado para declarar de oficio la nulidad de las actuaciones (argto. jurisp. esta Cámara, Sala II, causa 159.330, RSD 258 del 8/10/2015; argto. doc. Alberto Luis Maurino, "Nulidades Procesales", Ed. Astrea, 2da ed., Bs. As., 1.999, pág. 120).
En igual sentido, se señaló que si el demandado había fallecido antes de iniciado el proceso compulsorio, éste no pudo defenderse por no existir, ni tampoco ser demandado y condenado en la medida que dejó de ser persona susceptible de ejercer derechos, contraer obligaciones y responder judicialmente respecto de las deudas que pudo dejar a su fallecimiento a quienes son sus herederos, quienes en su carácter de continuadores de la persona del causante debieron necesariamente ser intimados de pago y citados de remate en forma independiente conforme a los arts. 529, 540 y 541 del CCC, dado que en nuestra legislación la sucesión carece de personalidad para contestar la demanda ejecutiva (Cam. de Ap. Civl y Com. de la Plata, Sala 1, causa 250.599, RSD-92 del 12/06/2008, argto. arts. 19, 93 y concds. del Cód. Civ.).
IV.4. Resta decir, en respuesta a los agravios, que las consideraciones precedentes exponen claramente que, a diferencia de lo que expresa el recurrente en el punto 9 del memorial de fs. 262/265, existen motivos suficiente para suspender la causa civil, como así también que la hipotética nulidad de notificación no resulta ser tan "improbable" como allí alega (argto. art. 543 del CPCC).
Y si de la suspensión de la ejecución derivase algún grave perjuicio para el Consorcio, como expresa el recurrente, su Administración y el letrado que los representa no podrán mostrarse ajenos a su producción, pues a instancia de ellos fue que se llegó a este inexplicable despliegue de ejecuciones superpuestas, en los que incluso -como se verá- se reclama parte de un crédito por expensas que el señor Adolfo Salvador Salminci, (en nombre del Consorcio) cedió a un tercero en el año 2012, conforme surge del contrato con firmas certificadas obrante a fs. 236 de la causa 116.109.
IV.5. En suma, por las razones expuestas, corresponde mantener la suspensión de las actuaciones que ha sido decretada en la resolución de fs. 266/267, hasta que se cumpla con las condiciones establecidas en los considerandos precedentes.
V.1. Superposición de ejecuciones e irregularidades observadas en el trámite de las causas.
Con motivo del tratamiento del recurso de apelación, hemos constatado la anómala situación de que el Consorcio de Propietarios Edificio Semar XI ha iniciado -al menos- cuatro ejecuciones contra las mismas personas y con el objeto de ejecutar las expensas devengadas por los mismos inmuebles, por periodos que se superponen.
Cronológicamente hablando, en los últimos tres de esos cuatro juicios en trámite (en los que la superposición del reclamo es sustancial) tuvieron directa participación los señores Adolfo Salvador Salminci (por su vinculación con la Administración del referido consorcio), y su hijo, doctor Marcelo Daniel Salminci, en el carácter de apoderado legal del ejecutante. Este e explicación razonable, ni se condicen, prima facie, con los actos regulares de un proceso judicial en el que se persigue el cobro de un crédito por expensas, ni con la actividad habitual que Administración de un Consorcio de Propietarios despliega a tal efecto.
Apreciadas en su conjunto es posible que estas conductas dejen de manifestarse como una suma de anomalías, para presentarun panorama que eventualmente podría revelar una intencionalidad orientada a obtener - mediante el uso abusivo del proceso judicial y sobre la base de intimaciones de pago practicadas en un domicilio en el que se sabía de antemano que frustraría la intervención de los codemandados- una sentencia ejecutiva que reconozca un crédito por expensas de mayor significación económica a la que presuntamente le correspondería, para luego proceder a la subasta de los inmuebles involucrados.
De constatarse que se ha querido afectar el derecho de defensa de los coejecutados buscando un provecho económico, es posible que en el fuero respectivo deba analizarse si se incurrió en un delito de acción pública (art. 18 Const. nac., art. 15 Const. prov., art. 34 inc. 5 y 198 del CPCC, 287 inc. 1 del CPPN, 172 Y 173 INC. 7 Cod. Penal)
Por otra parte, algunos de los hechos a los que haremos mención, podrían tener vinculación con los que ya están siendo investigados por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 10 de Delitos Económicos en la I.P.P. N° 27360-15 caratulada "Marcelo Daniel Salminci s/ Estafa Procesal", ser configurativos de comportamientos contrarios a las normas de ética que gobiernan el ejercicio de la abogacía o, incluso, calificables como actos temerarios o maliciosos dentro de la órbita del propio proceso judicial.
V.2. Pero antes de avanzar sobre la descripción de las conductas a las que nos referimos y con el objeto de facilitar su comprensión, nos permitimos hacer un breve, pero necesario, repaso de los antecedentes de las cuatro ejecuciones de expensas que venimos mencionando, aclarando a tal efecto que las referencias de foliatura que en cada caso haremos -si no existe otra especificación- deben entenderse referidas a la causa que está siendo objeto de descripción.
a.- "CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO SEMAR XI C/ CAPUTO DANTE JOSÉ Y OTROS S/ EJECUCIÓN DE EXPENSAS", Expte. N° 12.292, de trámite ante el Juzgado Civil y Comercial N° 11 . Esta causa se encuentra extraviada, pero de las copias certificadas del registro informático que han sido agregadas en autos (v. fs. 281/286), de las constancias obrantes en el expediente 116.109 (v. fs. 182, 183, y 196/198 causa 116.109) y, en particular, del reconocimiento que el propio doctor Marcelo Salminci expresó en ella (v. fs. 204/210 ídem), es posible establecer que el juicio fue promovido aproximadamente en el mes de octubre de 1999, por las expensas que a esa fecha adeudaban las Unidades Funcionales 170 y 270 (mat. 045 46.987), contra los codemandados (i) Dante José Leopoldo Caputo, (ii) María Esther Solimano, (iii) Walter Bernardo Caputo y (iv) Rafaela Argentina Ruiz (v. fs. 284), y que en fecha 3 de marzo de 2000 se dictó sentencia de trance y remate, en la que se mandó a llevar adelante la ejecución por la suma de $ 1.062,24 .
En la sentencia de trance y remate, se dejó constancia que la intimación de pago fue realizada en el domicilio de la calle Arenales 2329, piso 5°, "B" de la ciuidad de Mar del Plata.
b. “CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO SEMAR XI C/ CAPUTO JOSE LEOPOLDO Y CAPUTO WALTER BERNARDO S/ COBRO EJECUTIVO”. N° 116.109, de trámite ante el Juzgado Civil y Comercial N° 2.
Esta ejecución fue iniciada el 13 de abril de 2009 (cfrme.
cargo de fs. 125, causa 116.109), por el doctor Marcelo Daniel Salminci, en carácter de apoderado del Consorcio ejecutante y bajo la Administración ejercida por el señor Adolfo Salvador Salminci, sobre la base de los certificados de deuda de expensas -que éste último expidió- de las Unidades Funcionales N° 170 y 270 (mat. 045 - 46.987), que obran a fs. 28/29 y 30/31 de la referida causa.
La demanda se entabló contra los codemandados Dante José Leopoldo Caputo y Walter Bernardo Caputo (v. fs. 120 causa cit), y el reclamo por expensas ordinarias -de ambas unidades funcionalescomprendía los periodos devengados desde el mes de enero de 1999 a marzo de 2009 (más otros conceptos por expensas extraordinarias). El mandamiento de intimación de pago y embargo también fue diligenciado al domicilio de la calle Arenales 2329, piso 5°, "B", cuerpo "A", de esta ciudad, y devuelto sin cumplir porque el oficial de justicia no fue atendido en ninguna de las tres ocasiones en que se constituyó en el lugar durante el mes de junio de 2009 (v. fs. 130/132, ídem.)
El el doctor Marcelo Daniel Salminci, en mérito a lo informado por el Oficial de Justicia solicitó a fs. 140 que se libren oficios al Juzgado con Competencia Electoral, a la Policía Federal Argentina y al Correo Argentino, a los fines que se informe el ultimo domicilio que registran los codemandados Caputo, y pidió que se dejara sentado en ellos que, según surge del informe de dominio, los mencionados al momento de adquirir el inmueble ejecutado, habrían sido vecinos de la provincia de San Juan. El pedido se proveyó favorablemente a fs. 141.
Posteriormente, y de acuerdo con lo informado por el Juzgado Federal en el oficio de fs. 149, solicitó que se libre otro oficio, a los mismos fines, al Registro Nacional de Electores, lo que se proveyó a fs. 150.
La Policia Federal contestó el requerimiento, informando que Dante José Leopoldo Caputo registra domicilio en Rivadavia Este 312, San Juan, provincia homónima, y que el legajo de Walter Bernardo Caputo no pudo ser hallado ( fs. 152) .
Por su parte a fs. 155/158 el Registro Nacional de Electores respondió el oficio, dando cuenta de que Dante José Leopoldo Caputo, se encuentra fallecido en la ciudad de San Juan, en fecha 2-3-1991, y registra el domicilio de la calle Rivadavia Este 312, antes mencionado (cfr. fs. 156). Con relación a Walter Bernardo Caputo informó que registra domicilio en la calle Jujuy 48 Sur, de la ciudad de San Juan. Estas constancias fueron presentadas en el expediente por el doctor Marcelo Daniel Salminci mediante escrito de fecha 4 de noviembre de 2010 (cfr. fs. 159). Luego de que se practicaran esas diligencias, en fecha 11 de noviembre de 2010 se presentó el doctor Marcelo Abálsamo, en carácter de apoderado del señor Santiago Grillo, acompañó documentación y denunció que su mandante adquirió por boleto -en septiembre de 1991-las Unidades Funcionales 170 y 270, las que no pudo escriturar debido al embargo trabado en autos. Asimismo, expresó que su representado abonó gran parte de la deuda que se reclama y, consecuentemente, opuso excepciones de pago y de prescripción (fs. 196/198).
Con relación al pago, explicó que por intermedio de la señora Esther Barrera, representada por el Dr. Abálsamo, el día 26 de febrero de 2003 efectuó un convenio de pago con el Consorcio de Propietarios del Edificio Semar XI (representado por la Dra. Susana Beatriz Gasparoni), mediante el cual abonó la suma de $ 15.000. Agregó que en fecha 23 de marzo de 2005 efectuó otros pagos, con los que canceló la deuda existente hasta marzo de 2005.
A fs. 183 de la causa se encuentra agregado el acuerdo de pago mencionado, de cuyo texto surge que tiene por objeto "....dar por concluido el juicio iniciado el 21 de octubre de 1999, y caratulado "CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO SEMAR XI C/ CAPUTO DANTE Y OTROS S/ EJECUCIÓN DE EXPENSAS COMUNES", de trámite por ante Juzgado Civil y Comercial N° 11,del Departamento Judicial de Mar del Plata..." (textual) y, en cuanto a las deudas, comprende la de "...expensas comunes correspondientes a las Unidades Funcionales 170 y 270 que conforman del CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO SEMAR XI y que... asciende a la cantidad de $ 5.201,49 .- (U.F. 170: al 04-12-1998); $ 13.439,70 (U.F. 270 al 04-12-1998); $ 1.580,51 (U.F. 170 desde 01-01-1999 al 31-01-2003); y $ 11.558,96 (U.F. 270 desde 01-01-1999 al 31-01-2003)..." (textual).
También se agregó el boleto de compra venta (celebrado en San Juan en fecha 7/05/1991, y pasado ante escribano público) en el que el Señor Walter Caputo y la Señora Maria Esther Solimano de Caputo, "...viuda de don Dante Jose Leopldo Caputo...quien concurre a ese acto a mérito del mandato de Poder Especial Irrevocable conferido en fecha 21 de febrero del año en curso..." (v.fs. 192, el destacado es nuestro), venden los inmuebles en cuestión al Señor Santiago José Grillo.
A fs. 199 el juez titular del Juzgado Civil y Comercial N° 2, doctor Lucas Vespucci, dio al ejecutante traslado de la documentación y de las manifestaciones vertidas por el señor Grillo, que contestó el Salminci mediante la presentación que luce a fs. 204/2010.
A fs. 211, en fecha 15 de abril de 2011, el magistrado ordenó que "..previo a resolver la cuestión planteada y puesto que aún no han sido debidamente intimados de pago, deberá encontrarse trabada la litis con los ejecutados..:" (textual, la negrita es nuestra).
Luego de haber estado el expediente paralizado un tiempo, a fs. 238 el doctor Marcelo Daniel Salminci, con el patrocinio letrado de la doctora Marianela Menéndez, presentaron un escrito comunicando que la ejecutante con fecha 29 de junio de 2012 cedió el crédito reclamado en estas actuaciones en favor del señor Omar Darío Expósito, y solicitaron que se sustituya a la parte ejecutante en los términos del art. 44 del código procesal.
En ese acto acompañaron el contrato la cesión obrante a fs. 236/237 con firmas certificadas, del que surge que el señor Adolfo Salvador Salminci, en carácter de Administrador del Consorcio de Propietarios Semar XI, efectivamente, cede, vende y transfiere al señor Expósito, por la suma de $ 125.799,88 (que es abonada en ese acto), el crédito por expensas de las unidades funcionales N° 170 y 270 reclamado en los autos 116.109. Conforme lo detalla la cláusula tercera, el crédito cedido abarca los periodos reclamados en el proceso mencionado y los devengados desde enero de 1.999 hasta el mes de marzo de 2009, según los certificados de deudas adjuntados en dichas actuaciones.
El judicante no proveyó el pedido, en tanto dispuso que previamente la Dra. Marianela Menéndez debía cumplir con el art. 13 de la ley N° 6716, bajo apercibimiento de no dar trámite a la presentación (cfrme. fs 239). En ese estado se mantuvo el trámite de la causa, hasta que se le acumuló la ejecución que se encontraba tramitando en el Juzgado Civil y Comercial N° 16 (causa "MP 927/2017"), cuyos antecedentes mencionaremos a continuación.
c.- "CONS PROP EDIF SEMAR XI - CALLE ARENALES 2319 MAR DEL PLATA C/ PROPIETARIOS DE UNIDAD FUNCIONAL N°170 S/ COBRO EJECUTIVO" N° MP 972/2017. La causa fue originalmente asignada al Juzgado Civil y Comercial N° 16, luego -como lo anticipáramos en el párrafo precedente- en virtud de la contienda suscitada con el Juzgado Civl y Comercial N° 2, quedó radicada en este último.
Esta ejecución la inició el día 1 de febrero de 2017 el doctor Marcelo Daniel Salminci, en mérito al poder otorgado por el señor Adolfo Salvador Salminici en calidad de gerente de la sociedad Salminci SRL, Administradora del Consorcio de Copropietarios del Edificio Semar XI. Tiene por objeto el reclamo de la expensas adeudadas por las unidades funcionales 170 y 270, que dan cuenta los certificados 8/14 y 15/20 -del expediente en referencia-, expedidos en fecha 03 de enero de 2017, y suscriptos por el señor Adolfo Salvado Salminci (en carácter de gerente de la Administración Salminci SRL) y los señores: Marcelo Daniel Salminci; Nora I. Jaime, Roberto Di Ciocco, Delia Triguero y Hugo Husman (miembros del Consejo de Administración). La deuda comprende los periodos devengados en concepto de expensas ordinarias desde el 10 enero de 1995 al 10 de diciembre de 2016 (más los conceptos que por expensas extraordinarias allí se detallan).
En el escrito inicial no se identificó en calidad de demandados a los señores Caputo, sino que la acción se dedujo contra "...LOS PROPIETARIOS DE LAS UNIDADES FUNCIONALES N° 170 Y 270..."
(textual fs. 27 vta, c. 972-2017). Es más, ya en el formulario de ingreso de datos de la Receptoría General de Expedientes el doctor Marcelo Daniel Salminci no mencionaba, en tanto consignó en el items correspondiente a la parte demandada: "Propietarios Unidad Funcional 170 y otra" (v. fs. 2, c 972-2017).
En la providencia de fs. 33 (MP 972-2017) el señor Juez Alejandro Ulises Almenta (titular del Juzgado Civil y Comercial N° 16, Departamental), observó -entre otras cosas- que en el escrito liminar no se había dado cumplimiento con lo normado por el art. 330 inc. 2 del código procesal (esto es la identificación del nombre y domicilio de la persona demandada) y dispuso que: "...aclarado que sea y conocida a su vez esa circunstancia... por la oficina pertinente (RGE), se proveerá lo que por derecho corresponda..." (textual).
En la presentación de fs. 265/266 (en fecha 6/02/2017), dando cumplimiento a lo observado, el doctor Marcelo Daniel Salminci, manifiestó "...que los demandados resultan ser los sres. Caputo, Walter Bernardo y Caputo, Dante José Leopodlo, ambos con domicilio real en la calle Arenales n° 2329, piso 5°, departamento "b" del cuerpo "A" de la ciudad de Mar del Plata.." (textual fs. 266, pto. II, el destacado es nuestro), y en función de ello peticionó que se proveyera el primer despacho.
A fs. 267 el magistrado, en vista a las manifestaciones efectuadas por el requirente, y a efectos de expedirse sobre su competencia, consideró prudente tener a la vista las actuaciones "Consorcio Propietario Edif. Semar XI c/ Caputo Dante José Leopoldo y Caputo Walter Bernardo s/ Cobro Ejecutivo" (expte 116.109), a cuyo fin libró oficio electrónico requieriendo la causa.
Luego de haber recibido las actuaciones, y en virtud de la conexidad habida entre los procesos, dispuso de manera oficiosa su acumulación mediante resolución del 22 de marzo de 2017 (fs. 269/272 expt. mp972- 2017).
d.- "CONSORCIO DE PROPIETRIOS EDIFICIO SEMAR XI - CALLE ARENALES 2319 MAR DEL PLATA C/ PROPIETARIOS UNIDAD FUNCIONAL N° 270 Y OTRA S/ COBRO EJECUTIVO DE EXPENSAS".
MP 8539/2017, de trámite ante el Juzgado Civil y Comercial N° 14. Este proceso lo inició el día 30 de marzo de 2017 el doctor Marcelo Daniel Salminci, en mérito al poder otorgado por el señor Adolfo Salvador Salminici en calidad de gerente de la sociedad Salminci SRL, Administradora del Consorcio de Copropietarios del Edificio Semar XI. Tiene por objeto el reclamo de la expensas adeudadas por las unidades funcionales 270 y 170, que dan cuenta los certificados 8/14 y 15/20, expedidos ambos en fecha 23 de marzo de 2017, y suscriptos por el señor Adolfo Salvado Salminci (en carácter de gerente de la Administración Salminci SRL) y los señores: Marcelo Daniel Salminci; Nora I. Jaime, Roberto Di Ciocco, Delia Triguero y Hugo Husman (miembros del Consejo de Aministración). La deuda comprende los periodos devengados en concepto de expensas ordinarias desde el 10 enero de 1995 hasta el 10 de marzo de 2017 (más los conceptos que por expensas extraordinarias allí se detallan).
La demanda, de acuerdo al detalle de su objeto, no se dedujo contra los señores Caputo, sino, en este caso, contra los "...PROPIETARIOS DE LAS UNIDADES FUNCIONALES N° 270 Y 170..." (v. fs. 21 vta). El formulario de ingreso de datos de la Receptoría General de Expedientes el doctor Marcelo Daniel Salminci, consignó como demandados, en esta ocasión, a: "PROPIETARIOS UNIDAD FUNCIONAL 270 Y OTRA" (v. fs. 2) cumplirse con las leyes 8480 y 10628, en el término de dos días, bajo apercibimiento de no dar curso a la petición.
En el escrito de fs. 245/246 el doctor Marcelo Daniel Salminci denunció el cumplimiento de dichos recaudos, y solicitó que se provea el primer despacho y el préstamo de las actuaciones con habilitación y carácter urgente.
A fs. 247, en fecha 11 de abril de 2017, el sentenciante ordenó librar mandamiento de intimación de pago y embargo contra los ejecutados, que vale aclarar, hasta el momento no habían sido individualizados en el expediente.
A fs. 244, en fecha 21 de abril de 2017, el doctor Marcelo Daniel Salminci, a efectos del diligenciamiento del mandamiento de intimación de pago, denunció que los demandados resultaban ser Dante José Leopoldo Caputo y Walter Bernardo Caputo, sin hacer ninguna referencia a sus domicilios.
El mandamiento de fs. 257/258, da cuenta de que la diligencia de intimación de pago se llevó a cabo en el domicilio de la calle Arenales 2329, piso 5, departamento B del Cuerpo "A" de la ciudad de Mar del Plata, el día 24 de mayo de 2017, donde el Oficial de Justicia, Gabriel Alberto Amoretti, fue atendido por "persona de la casa" que le manifestó que no abonará por carecer de dinero.
A fs. 260, el doctor Marcelo Daniel Salminci, solicitó que se dicte sentencia de trance y remate, petición que motivó el dictado de la resolución que del proceso y nos es traída en apelación.
V.3.a. Al observar la existencia de todos estos procesos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué razón en el año 2009 se iniciaría una nueva ejecución de expensas de las Unidades Funcionales N° 170 y 270 (expte. 116.109), cuando existía un proceso tramitando ante el Juzgado Civil y Comercial N° 11 (causa 12.929), en el que ya había sido dictada la sentencia de trance y remate?.
Las respuestas que naturalmente surgen, son que la iniciación de un nuevo proceso se debe a que: a) el contenido del reclamo es diferente (vgr. comprende expensas devengadas por nuevos periodos o expensas extraordinarias); o b) que no se tenía conocimiento de la existencia del anterior ejecución.
Si la respuesta fuera la propuesta en la primera hipótesis, ella no explicaría, en primer lugar, por qué no se decidió ampliar la ejecución en los términos del art. 539 del código procesal, ni tampoco la razón por la cual en este segundo proceso ante el Juzgado Civil y Comercial N° 2 (expte. 116.109), se reclamaron periodos del año 1.999 que ya habrían sido reconocidos en la sentencia del juicio anterior (cfr. fs. 281 expte. 21.834, y fs. 28/32 causa 12.929).
La segunda respuesta (desconocimiento de la ejecución anterior), tampoco resultaría del todo convincente desde el momento que el informe de dominio de la unidad funcional 270 que se presentó al promover la segunda ejecución (v. fs. 33/35 del expte. 116.109), daba cuenta de la existencia de un embargo trabado sobre el inmueble por el propio consorcio en el marco de la ejecución radicada en el juzgado Civil y Comercial N° 11. Es decir, que la existencia del juicio surgía de la documentación que acompañó el propio ejecutante.
Quizás haya sido el cambio del Administrador del Consorcio producido en noviembre del 2007 -al que tiempo después hiciera mención el doctor Marcelo Daniel Salminci en la causa 116.109- la razón que justificó la promoción de esta nueva ejecución.
V.3.b. Resulta oportuno destacar, que al inicio de este proceso el doctor Marcelo Daniel Salminci individualizó correctamente a los codemandados Caputo (con sus nombres y apellidos) tanto en el formulario para el ingreso datos de receptoría de expedientes (fs. 2 expte. 116.109), como al describir el objeto de la demanda (fs. 120), datos que, por otra parte, surgían de los informes de dominio de las unidades funcionales n° 270 (departamento) y 170 (cochera), que acompañaron junto al escrito liminar (v. fs. 33/38, ídem).
Por su parte, el mismo temperamento había observado el señor Adolfo Salvador Salminci al confeccionar los certificados de deudas base de la ejecución, que emitió en su carácter de Administrador del Consorcio, en los que luego de referenciar a las unidades funcionales generadoras de la deuda, consignó expresamente la identidad de los propietarios con sus nombres, apellidos y domicilios (v. fs. 28/30 y 31/32 expte. 116.109). En síntesis, lo que queremos remarcar (porque, luego veremos que esta práctica fue abandonada) es que en la ejecución 116.109 los codemandados fueron debidamente identificados con sus nombres y apellido en: (i) los certificados de deudas de expensas; (ii) el formulario de ingreso de datos de la Receptoría General de Expedientes, y (iii) el escrito de demanda.
V.3.c. Otro dato a tener en cuenta es que en este juicio se decretó un nuevo embargo preventivo sobre ambas unidades funcionales (a diferencia de lo acontecido en la causa 12.929, donde sólo se embargó el departamento -UF 270-), cuya anotación en el asiento registral verifican las constancias de fs. 134 y 137 (expte. 116.109).
Para trabar la medida fue necesario consignar en los oficios -y de hecho se lo hizo- los datos de los titulares de dominio, incluso el detalle de sus documentos (v. fs. 133 y 135 expte. 116.109).
Estos elementos indican, como lo seguirán haciendo el resto de las constancias de las distintas causas, que los datos personales de los propietarios de las unidades funcionales N° 170 y 270 generadoras de la deuda de expensas, en todo momento estuvieron a disposición y fueron conocidos por los señores Salminci.
V.3.d. Ya habíamos anticipado que el oficial de justicia no pudo lleva a cabo la intimación de pago en el domicilio de la calle Arenales 2329, depto 5°, "B" del cuerpo A ( que había sido dispuesto en los certificados de deuda y denunciado en el escrito de demanda), y que esa circunstancia -aunada a que el informe de dominio indicaba que los propietarios habrian sido vecinos de la provincia de San Juan- fueron las causas que motivaron que el doctor Salminci solicitara el libramiento de los oficios de estilo, para conocer el domicilio de los codemandados (v. fs. 140 expte. 116.109).
También hemos explicado cual fue el resultado de la contestación de esos oficios, por lo que sintetizarmos aquí que ellos informaron que: a) Dante José Leopoldo Caputo, había fallecido el 2 de marzo de 1991, y se domiciliaba en la calle Rivadavia 312 de la ciudad de San Juan, provincia de San Juan (v. fs. 152 y 156), y b) Walter Bernardo Caputo, registraba domicilio en Jujuy Sur 48, de la ciudad San Juan.
V.3.e Hasta aquí puede decirse (salvo por la incógnita de por qué razón fue ignorada la existencia de la ejecución que tramitaba ante el Juzgado N° 11), que el proceso transitaba con normalidad, llevando a cabo los actos típicos de una ejecución en la que, al haberse frustrado la diligencia de intimación de pago por desconocimiento del domicilio de los ejecutados, se realizaban gestiones para conocer ese dato fundamental para el proceso.
Pero de acuerdo al resultado de los oficios, lo esperable a esta altura de los acontecimientos, era que se dilucidara la cuestión del fallecimiento de Dante J. L Caputo informado por el Registro Nacional de Electores y, en su caso, se procediera a intimar nuevamente de pago a los codemandados en los domicilios que surgían de dichos informes (argto. arts. 4, 53 inc. 3., del CPCC).
Sin embargo, nada de ello aconteció en el expediente.
Por el contrario, en el escrito de fs. 159 (que data del 4/11/2010) el doctor Marcelo Daniel Salminci acompañó los oficios contestados por el Registro Nacional de Electores, sin mencionar el fallecimiento informado, circunstancia sobre la que guardará silencio a lo largo del proceso y de los que fueron deducidos posteriormente, del mismo modo que procederá con la información de los domicilios de la ciudad de San Juan de los que tomó conocimiento.
V.3.f. En este contexto fue que, días después de la agregación de los oficios (y presumiblemente alertado por las averiguaciones que desencadenó el resultado de los oficios), se presentó en el juicio - pretendiendo tomar intervención- el doctor Marcelo J. Abalsamo en carácter de apoderado del señor Santiago Grillo, oriundo de San Juan, quien, según relata, resulta dueño de las unidades funcionales cuyas expensas se reclamaban, por haberlas adquirido en el año 7 de mayo de 1991, a través de boleto de compraventa glosado a fs. 192/195 (expte. 119.106). Según de lo que se desprende del boleto, la venta de los inmuebles habría sido realizada por el señor Walter Caputo y la señora Maria Esther Solimano de Caputo, viuda de Dante José Leonardo Caputo, concurriendo esta última en mérito del mandato de Poder Especial Irrevocable conferido en fecha 21 de febrero de 1991, presuntamente por quien era su esposo, por escrituran Nro 22 pasada al folio 34, por ante la Notaria Fagale (v. fs. 192/193).
Nuevamente, este documento -del que el doctor Marcelo Daniel Salminci tuvo conocimiento, y que lo llevó a negar su autenticidad material e ideológica- daba cuenta del fallecimiento del codemandado Dante J. L. Caputo.
El dato interesante, como ya lo habíamos anticipado, es que el adquirente no solo alegó la prescripción de ciertos periodos, sino que a fin de justificar el pago que invoca, presentó un convenio celebrado el 23 de febrero de 2003 con la anterior Administradora del Consorcio de Propietarios Semar XI, doctora Susana Beatríz Gasparoni, por el que habrían acordado poner fin al juicio que se encontraba tramitando en el Juzgado Civil y Comercial N° 11 (expte 12.292), y cancelar la totalidad de las deudas por expensas al día 31 de enero de 2003. Y, además, presentó recibos de pago que acreditarían la cancelación de las devengadas desde este último periodo y el mes de marzo de 2005 (v. fs. 183/185). En la réplica del escrito de fs. 204/210, el doctor Daniel Marcelo Salminci, desconoció la autenticidad de los recibos extendidos por la anterior Administradora (señalando que se trata de recibos apócrifos y posdatados, v. fs. 209), pero se sirvió de la existencia del juicio iniciado en el Juzgado Civil y Comercial N° 11 (hasta ese momento inadvertido) para fundamentar su resistencia a la excepción de prescripción.
Poniendo en perspectiva estos sucesos: vemos que en el juicio aparece un tercero, el señor Grillo, quien dice ser propietario desde el año 1991, y acompaña documentación que no solo avala la hipótesis de que un codemandado se encuentra fallecido, sino que además deja al descubierto (por medio de sus excepciones) la existencia del juicio 12.292, y con ello el irrefutable conocimiento que a partir de ese momento tuvo el doctor Salminci del proceso.
Hemos visto al relatar los antecedentes, que los planteos del señor Grillo no fueron resueltos, pues el juez de la causa, doctor Lucas Vespucci, en fecha 15 de abril de 2011, dispuso que previamente debía encontrarse trabada la litis con los ejecutados, quienes aún no han sido debidamente intimados de pago (v. fs. 211).
V.3.g. Sin embargo, lejos de activar esa citación (que difícilmente podría haberse llevado a cabo sin previamente dilucidar si Dante J. L Caputo había fallecido, en su caso, practicar nuevas intimaciones en los, ya por entonces, conocidos domicilios de la la provincia de San Juan), el apoderado del consorcio ejecutante no impulsó la causa, y se paralizó. Tras su desparalización (producida en febrero de 2012), el 30 de octubre de 2012, a instancias de la rogatoria del Tribunal de Trabajo N° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, se colocó nota de embargo ejecutorio sobre las sumas a percibir por parte del Consorcio ejecutante en las presentes actuaciones, hasta cubrir las sumas de $ 48.360, con más la de $ 14.508 -en concepto de presupuestadas para responder a costas, costos y gastos. 8v. fs. 228).
V.3.h. Frente al complejo panorama que seguía la suerte del reclamo judicial por el crédito por expensas ordinarias y extraordinarias comprendidas en el periodo enero 1999 a marzo 2009 (sin haberse trabado la litis; con el dato circulante de un codemandado fallecido; con intimaciones de pago pendientes que debían diligenciarse en la ciudad de San Juan; con el pedido de intervención de un tercero que invocaba ser dueño de las unidades funcionales y haber cancelado la deuda de expensas hasta marzo de 2005; con un planteo de prescripción de los periodos anteriores a marzo de 2004; y, finalmente, con un embargo sobre el crédito que pudiera percibir por el ejecutante), acontece una circunstancia insospechada: en fecha 29 de junio de 2012 y pese a no surgir del Reglamento de Copropiedad y Administración que contare con facultades suficientes para ello (cfr. art. decimo octavo, fs. 137vta y sgtes) el señor Adolfo Salvador Salminci en carácter de Administrador del Consorcio, cede, transfiere y vende el crédito por expensas a un tercero llamado Omar Darío Expósito, y lo hace por el importe de $125.799,88, es decir, un monto que cuadriplica a la deuda inicialmente demandada ($30.270,31; v. fs.120 y 236).
Cuesta entender -porque no encontramos otra forma de decirlocuál ha sido el beneficio o interés del cesionario en adquirir los derechos sobre ese crédito litigioso. Pero el dato cierto es que mediante ese acto disposición que realizó el Administrador, el ejecutante se desembarazó de un litigio particularmente complicado, pudiendo percibir dinero que de otro modo no podría haberlo hecho, desde que el crédito fue alcanzado por la medida cautelar dispuesta por el Tribunal de Trabajo N° 2.
En suma, vimos que los señores Salminci tomaron conocimiento del fallecimiento del codemandado Dante y de los domicilios en la provincia de San Juan, y en lugar de encauzar el proceso, guardaron silencio de dichas circunstancias que, por su parte, no pudo advertir el juez de la causa. A la complejidad que traería aparejada aquella situación, se sumó la intervención del señor Grillo y sus planteos, y la estrategia para evitar tener que continuar con ese litigio consistió en que el Administrador (excediendo, prima facie, de las facultades que le confiere el Reglamento de Administración y Copropiedad) cediera el crédito litigioso a un tercero, aunque el Consorcio no se desvinculó de la ejecución pues todas aquellas cuestiones quedaron postergadas para luego de que se encuentre trabada la litis, acto que nunca más activó el ejecutante.
V.4.a. Ahora bien, si el crédito perseguido en el expediente 116.109, que comprendía la deuda de expensas originada entre el periodo enero 1999 a marzo 2009 fue cedido por el señor Adolfo Salvador Salminci en junio de 2012, y esa circunstancia denunciada en el expediente, por su hijo, doctor Marcelo Daniel Salminci, nos preguntamos: ¿qué motivación encubrió el inicio de una nueva ejecución ante el Juzgado Civil y Comercial N° 16 (expte. MP972-2017), en la que derechamente y sin ningún tipo de distinción se reclaman las expensas ordinarias desde el 10 de enero de 1.995 hasta el 10 de diciembre de 2016 (mas expensas extraordinarias)?
Dicho de otro modo, si la sentencia dictada en la causa 21.292 comprendería a las deudas anteriores a enero de 1999, y las correspondientes desde esa fecha hasta el mes de marzo de 2009 fueron objeto del contrato de cesión ¿por qué razón los señores Salminci las incluyeron en esta nueva demanda ejecutiva, cuando lo razonable hubiese sido que éste proceso, iniciado en el febrero de 2017, alcanzara únicamente a las expensas insatisfechas, devengadas con posterioridad a marzo de 2009?
Otro dato llamativo, como inexplicable, del que da cuenta el cobro ejecutivo MP-972/2017, es que el importe de las expensas liquidadas por el periodo "superpuesto" (enero 1999/marzo 2009) difiere -es mayor- del que les había sido atribuido en la causa 116.109. No hace falta aclarar que necesariamente los montos liquidados deberían ser coincidentes en uno y otro caso, pues reflejan los mismos conceptos expresados por capital puro, es decir, que no incluyen intereses.
Basta para verificar la afirmación expuesta, cotejar el certificado de la U.F N° 270 obrante a fs. 28 de la causa 116.109 con el que luce a fs. 8/14 del expediente MP972/2017, o hacer lo propio con los correspondientes a la cochera (UF N° 170) presentado en cada causa, y elegir al azar cualquier periodo dentro del rango señalado (enero de 1999/ marzo de 2009).
V.4.b. La atenta lectura de las constancias obrantes en la causa MP-927-2017 deja al descubierto una serie de actuaciones que resultan indicativas de que hubo una intencionalidad por parte de los señores Salminci en ocultar la existencia del expediente 116.109, para así desvincularlo de la nueva ejecución en la que, como se pudo apreciar, silenciosamente se volvieron a reclamar el pago de expensas correspondientes a un crédito que fue cedido por la Administrador del Consorcio, y que se encuentra embargado por el Tribunal de Trabajo N° 2, en el que, además, los importes fueron liquidados por valores diferentes a los originalmente establecidos Ese designio quedaría expuesto por actos y omisiones de los propios protagonistas, que pasamos a detallar:
i) En primer término, por el modo en que los señores Adolfo Salvador Salminci y Marcelo Daniel Salminci (en sus respectivas calidades de gerente de la sociedad Administradora del Consorcio y presidente del Consejo de Propietarios) expidieron y aprobaron los certificados de deudas de expensas de a fs. 8/14 y 15/20, toda vez que no desconocían que ellos contenían parte de una deuda (o crédito desde el punto de vista del Consorcio) que fue cedida y denunciada en otro proceso judicial que ellos iniciaron.
ii) En segundo lugar, por el silencio que guardaron al promover la demanda ejecutiva (MP972-2017) tanto sobre la existencia de la causa 116.109 (y de la 21.292), como de la cesión del crédito allí operada.
iii) En tercer término, por sutiles cambios que realizaron al confeccionar el formulario de ingreso de datos y en la forma de presentar la demanda ejecutiva, que evitaron que la Receptoría General de Expedientes advierta cualquier tipo de conexidad (argto. art. 41 y 51 del Ac. 3397/08).
Como es sabido, el artículo 51 de la citada acordada, establece que es un deber del profesional completar formulario de ingreso de datos "...conforme las instrucciones consignadas al dorso y se responsabilizará de la completitud, exactitud y veracidad de los datos que consigne..." (textual).
Hemos detectado que al completar el formulario obrante a fs. 2 (expte 972-2016), en lo que específicamente atañe a la Identidad de la Parte Demandada (art 51, inc. c del Ac. 3397/08), el doctor Marcelo Daniel Salminci no consignó los nombres y apellidos de los codemandados "Caputo", como sí lo había hecho en oportunidad de completar la misma planilla en la causa 116.109 -v. fs. 2 - sino que en la grilla pertinente, individualizó como parte demandada a los: "PROPIETARIOS UNIDAD FUNCIONAL 170 Y OTRA" (textual), asentando, además, que desconoce su DNI.
Por su parte, en lo que hace a la presentación de la demanda ejecutiva, también pudimos advertir que en ella tampoco mencionó los nombres y apellidos de los coejecutados, a los que se refirió bajo la fórmula "PROPIETARIOS DE LAS UNIDADES FUNCIONALES N° 170 y 270"
(textual fs. 27 vta), apartándose nuevamente del temperamento observado en el escrito de demanda presentado en la causa 116.109. Cabe destacar que la misma deficiencia en cuanto a la identificación de las personas, se observa en la elaboración de los certificados de deuda obrantes a fs. 8/14 y 15/20 (expte MP972-2017) en los que tampoco figuran los nombres y apellidos de los propietarios de las unidades funcionales, como sí lo hacían los presentados en el expediente 116.109.
iv) En cuarto lugar, es un hecho revelador de aquél propósito, el deliberado uso del instituto de la recusación sin causa.
En el libelo inicial, se recusó sin expresión de causa al titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 ante el que tramitaba el expediente 116.109 (v. fs. 31, pto. XII, causa MP-972/2017), cuando en los juicios anteriores nunca había sido recusado.
Podrá apreciarse que el hecho de identificar a la parte demandada en el formulario de ingreso de datos de la RGE, con la denominación "Propietarios de la Unidad Funcional N° 170" (y no con sus nombres y apellidos), resultaba una maniobra eficaz -y de hecho lo fue- para evitar que la Receptoría General de Expedientes advirtiera una situación de conexidad con la ejecución seguida a los señores Caputo, pero de modo alguno ello podía aventar que por azar el expediente quedara radicado en el Juzgado Civil y Comercial N° 2, donde tramitaba aquella causa 116.109.
Sin lugar a dudas, la "herramienta" de la recusación sin expresión de causa vendría a operar como complemento necesario para evitar una vinculación indeseada con aquél juicio.
V.4.c. Los comportamientos que hemos detallado lograron su cometido inicial, al sortear el control de conexidad que ejerce la Receptoría General de Expedientes, y así desvincular esta nueva ejecución de la que tramitaba ante el Juzgado Civil y Comercial N°2, pero no pudieron evitar que el doctor Almenta (titular del juzgado en lo Civil y Comercial N° 16) se percatara de aquella circunstancia.
En efecto, la omisión de precisar en el libelo inicial el "nombre y domicilio del demandado" (exigencia impuesta por el art. 330 inc. 2 del CPCC) fue advertida por el juez de primera instancia en fecha 2/02/2017 (v. fs. 3 vta expte. MP-972/2017) y que obligó al doctor Salminci a tener denunciar esos datos, cosa que hizo mediante la presentación de fs. 265/266 (pto. II), claro está, sin hacer ninguna referencia al fallecimiento de Dante, ni a los domicilios de la provincia de San Juan.
El magistrado, "...en vista a esas manifestaciones y a la documental acompañada..", (v. fs. 267 causa MP-972-2017) consideró prudente, a efectos de expedirse sobre su competencia, tener a la vista los autos "Consorcio Propietarios Edificio Semar XI c/ Caputo Dante José Leopoldo y Caputo Walter Bernardo s/ Cobro Ejecutivo", Expte. N° 116.109, cuya remisión solicitó por oficio.
Si bien el juez no lo dijo, creemos que fue la anotación del embargo que surge del informe de dominio que acompañó el ejecutante al promover la demanda (fs. 25/26) la que lo alertó sobre la existencia del los referidos autos.
Así fue que, recibidas las actuaciones, pudo constatar la conexidad advertida y mediante resolución del día 22 de marzo de 2017 (fs. 269/272) ordenó acumular los autos "Consorcio de Propietarios Edifiicio Semar XI c/ Propietarios de Unidad Funcional N° 170 s/ Cobro Ejecutivo" (expte. MP972/2017) con el expediente caratulado "Consorcio de Propietarios Edificio Semar XI c/ Caputo Dante José Leopoldo y Caputo Walter Bernardo s/ Cobro Ejecutivo" (expte. 116.109) de trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial N° 2, asignándole competencia a éste último, cuestión que luego confirmó este Tribunal de Alzada al resolver la contienda de competencia que planteó el doctor Lucas Vespucci.
V.5. Cualquier duda que pudiera subsistir a esta altura del análisis en favor de los señores Salminci, para así explicar que nada de lo acontecido respondió a una voluntad preordenada sino que fue el resultado de una ingrata sucesión de casualidades, quedará definitivamente erradicada a partir de la conducta que los nombrados desplegaron luego de que se resolvió la acumulación de los procesos, que desarrollaremos en los siguientes párrafos.
Téngase presente que si como todo parece indicar, los señores Salminci (por causas que deberán ser investigadas en el ámbito correspondiente) iniciaron el juicio MP972/2017 tratando de ocultar la existencia del que tramitaba ante el Juzgado Civil y Comercial N° 2 (expte. 116.109), la acumulación de proceso decretada por el magistrado Alejandro U. Almenta determinaba la frustración definitiva de aquel objetivo -y de los que alineados detrás de él podemos ignorar-, no sólo porque haría pública la existencia del juicio del que pretendían desvincularse ilegítimamente, sino porque ya no habría forma de que la ejecución progresara en los términos -y por los importes- que fueron reclamados en el escrito de demanda (v. fs. 27/32 MP972/2017), sin antes dilucidar todas la situaciones que quedaron prendientes en aquél el proceso (cesión, embargo, fallecimiento del codemandado, etc).
El artilugio que esta vez emplearían para sortear el adverso escenario (y que será una muestra irrefutable del empleo abusivo del proceso judicial), fue promover una nueva ejecución (la tercera por ellos iniciados), tratando de ocultar no solo la existencia de la causa 116.109 sino la del expediente MP 972/2017, como así también las circunstancias personales de los ejecutados.
Este juicio, que efectivamente iniciaron, es el que dio origen a los autos "Consorcio Edificio de Porpietarios Semar XI -Callle Arenales 2319 c/ Propietarios Unidad Funcional N° 270 y otros s/ Cobro Ejecutivo" (expte. 21.834), que tramita ante el Jugado Civil y Comercial N° 14.
No es una casualidad que los certificados de deuda base de ésta ejecución hayan sido expedidos (con intervención de los señores Salminci) el día 23 de marzo de 2017 (v. fs. 14 y 20 causa 21.834), es decir, al día siguiente de que el doctor Almenta dispusiera la acumulación de procesos ya mencionada.
Tampoco lo es, que en formulario de ingresos de datos la identificación de la parte demandada haya sido completada por el doctor Salminci empleando la formula "PROPIETARIOS UNIDAD FUNCIONAL N° 270 Y OTRA" (textual fs. 2, el destacado es nuestro) apartándose de este modo de las que había utilizado en la causa 116.109 (dónde identificó los nombres y apellidos de los demandados) y la MP972/2017 (dónde mencionó a la unidad funcional 170 -la cochera-). Solo de esta manera - asignando una identidad diferente a la parte demandada- sería posible evadir que el sistema informático de la Receptoría General de Expedientes detectara la conexidad con alguno de los otros procesos.
También era necesario -como en juicio anterior- tomar medidas para evitar que por el sistema de sorteo que la dependencia realiza, la nueva ejecución fuera asignado a ninguno de los juzgados que intervinieron en los otros procesos. Ello explica por qué razón en el escrito de demanda que da inicio a este expediente además de recusar sin causa al titular del Juzgado Civil y Comercial N° 2 (como se lo hizo en el expte. 116.109), se recusó también -y por vez primera- al Titular del Juzgado Civil y Comercial N° 16 (v. fs. 25/26 pto. XII).
Otra particularidad que se da en esta ejecución, y que la distingue de sus predecesoras, es que el doctor Salminci no acompaña copias del asiento registral de los inmuebles (pese a mencionar lo contrario en el escrito de demanda, ver. detalle de documentación de fs. 21 expte. 21.834). Y ello también tiene una explicación lógica, en los informes surgen anotados los embargos ejecutivos que fueron trabados en los proceso anteriores, y de incorporalos a la causa se correría el riesgo de que - tal como aconteció con el doctor Almenta en la causa MP972/2017-, el magistrado interviniente tomara conocimiento de la existencia de los juicios anteriores que se pretendían ocultar.
Como se puede apreciar, la orquestación de todos estos actos dio inicialmente resultado, pues no solo logró el cometido de evadir la conexidad sino que, producto de las deliberadas omisiones incurridas en la demanda sobre la identidad de los codemandados, sus domicilios y el anoticiado fallecimiento de uno de ellos (proceder que reitera el seguido en la causa MP972/2017, y que ya hemos mencionado), obtuvo que diligenciara el mandamiento de intimación de pago y embargo en el domicilio de la calle Arenales 2329, Piso 5, depto "B" del cuerpo "A" (v. fs. 257/259), en el que - como ya se sabía- no se domicilian los demandados .
V.6. Todo lo que hemos dicho hasta aquí puso en evidencia el comportamiento que los señores Salminci han tenido en estas ejecuciones, y que, como anticipamos, no se condice con actos regulares de un proceso judicial, ni son propios de la administración consorcial.
Por el contrario, ellos dejan expuesto que se ha hecho un uso abusivo del proceso judicial, tratando de aprovechar y consolidar en mengua del derecho constitucional de defensa en juicio de su contraria, una situación de base configurada por fallecimiento del codemandado Caputo y la certeza de que los ejecutados no se domicilian en el departamento de la calle Arenales 2329 piso5, depto B, cuerpo A, en el que se los pretende intimar de pago y citar a oponer expeciones (argto. arts. 1, 2, 9, 10, 12, 93 y concs del Cod. Civ. y Com.).
En ese contexto, quedaron en evidencia todas las maniobras que fueron desplegadas para evitar que el reclamo del expediente 116.109 siga su cauce judicial, y el insistente intento de canalizar por una vía independiente el cobro de una deuda de dudosa composición que, sin lugar a dudas (en un escenario en el que de ante mano se sabía que los demandados no podrían presentarse a hacer valer sus derechos) no sería judicialmente resistida y así culminaría con la subasta de las unidades funcionales embargadas.
Por consiguiente, devueltas las actuaciones, y cumplido con lo dispuesto en el considerando IV.3, se encomienda al señor Juez de Primera Instancia, que en uso de sus facultades y deberes contemplados en el art. 34 y 36 del ritual, adopte todas las medidas necesarias para resguardar la igualdad de las partes y el derecho de defensa de los ejecutados, procurando revisar oficiosamente la eficacia de todo acto de comunicación que a él estuviere dirigido y que pudiere estar viciado por las circunstancias detalladas en la presente sentencia (arts. 8.1 de la CADH, 18 y 75 inc. 22 de la Const. nac. , 15 de la Const. pcial.). Asimismo, en oportunidad de dictar la sentencia que ponga fin al proceso, el judicante deberá evaluar las conductas descriptas, a efectos de determinar si resultan merecedoras de ser declaradas temerarias o maliciosas en los términos del art. 45 del código procesal (argto. arts. 34 inc. 6, 45, 163 inc. 8 y concds. del CPCC).-
V.7. Medidas complementarias Teniendo en consideración la gravedad de los hechos evidenciados, y en el marco de las facultades contempladas en los arts. 34 inc. 5° incisos "b", "c" "d" y "e", 35 inc. 3° y 36 inc. 2° del Código de Procedimientos y lo dispuesto en el art. 1710 inciso 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial, corresponde adoptar las siguientes medidas complementarias:
1. Comunicar la presente sentencia a los señores Jueces titulares de los Juzgados Civiles y Comerciales del Departamento Judicial Mar del Plata, a los efectos que estimen corresponder (art. 1710 del CCyC).
2. Comunicar la presente sentencia a al Jefe de Receptoría General de Expedientes, a fin de ponerlo en conocimiento de las maniobras que han sido detectadas en la consignación de datos en los formularios de ingreso de las causa bajo estudio, para evadir el control de conexidad, y solicitarle que vele por el estricto cumplimiento del requisitos establecidos en el art. 51 de la Acordada 3397/08 ;
3. De conformidad con lo establecido en el art. 22 primer párrafo de la ley 5177, teniendo en cuenta las circunstancias de hecho mencionadas en el presente y que se vinculan con el actuar del abogado Marcelo Daniel Salminci, Tomo XI, Folio 706, remitir copia certificada de la presente sentencia al Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mar del Plata a los fines que estimen corresponder (arts. 15, 19 inc. 3, 24, 31, 45, 58 a 60 y cconcdts. de la ley 5177; arts, 1, 6, 7, 21, 10 in fine, 26, 28, 34 y concdts. de las Normas de Ética Profesional de los Abogados, creado por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires).
4. Ante la posibilidad de que los hechos que han sido descriptos en la presente pudieran configurar un delito penal, o estar vinculados a los que son objeto de investigación en la IPP N°88-00-027360-15/00 (de trámite ante la Unidad Fiscal N° 10 departamental), corresponde remitir copia certificada de la presente causa y sus agregados a la Fiscalía General, departamental, a los fines que se estime corresponder (art. 287 inc. 1 del CPPBA).
Por ello, citas legales y doctrinarias efectuadas y lo normado por los arts. 34 inc. 3º ap. b), y 5to, 36, 68, 69, 161, 241, 242, 246, 260, y ccds. del C.P.C.
RESOLVEMOS:
I. Rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 261/265, y en consecuencia, confirmar por las razones expuestas en los considerandos, el proveído de fs. 260 en lo que ha sido materia de agravio;
II. Encomendar al juez a quo, que recibidas las actuaciones analice oficiosamente si se encuentran reunidas las condiciones para decretar la acumulación de los presentes autos con los caratulados "Consorcio de Propietarios Edificio Semar XI c/ Caputo Dante José Leopoldo y Caputo Walter Bernardo s/ Cobro ejecutivo" Expte. 116.109 y "Consorcio de Propietarios Edificio Semar XI c/ Propietarios Unidad Funcional N° 170 y otro s/ Cobro ejecutivo" Expte. MP972/2017 que tramitan ante el Juzgado Civil y Comercial N° 2, Departamental.
Asimismo, resuelto lo anterior, el juez que en definitiva resulte competente para entender en el proceso, en uso de sus facultades y deberes contemplados en el art. 34 y 36 del ritual deberá:
1. adoptar las medidas necesarias para verificar fehacientemente el fallecimiento del coejecutado Dante José Leonardo Caputo (6.756.120) que ha sido informado, y proceder en consecuencia, 2) adoptar las medidas necesarias para resguardar la igualdad de las partes y el derecho de defensa de los ejecutados, procurando revisar oficiosamente la eficacia de todo acto de comunicación que a él estuviere dirigido y que pudiere estar viciado por las circunstancias detalladas en la presente sentencia (arts. 8.1 de la CADH, 18 y 75 inc. 22 de la Const. nac. , 15 de la Const. pcial.)., y 3) evaluar, en oportunidad de dictar la sentencia que ponga fin al proceso, las conductas que han sido descriptas en la presente sentencia a efectos de determinar si resultan merecedoras de ser declaradas temerarias o maliciosas en los términos del art. 45 del código procesal (argto. arts. 34 inc. 6, 45, 163 inc. 8 y concds. del CPCC).-
IV. Adoptar las siguientes medidas complementarias:
1. Comunicar la presente sentencia a los señores Jueces titulares de los Juzgados Civiles y Comerciales del Departamento Judicial Mar del Plata, a los efectos que estimen corresponder (art. 1710 del CCyC).
2. Comunicar la presente sentencia a al Jefe de Receptoría General de Expedientes, a fin de ponerlo en conocimiento de las maniobras que han sido detectadas en la consignación de datos en los formularios de ingreso de las causa bajo estudio, para evadir el control de conexidad, y solicitarle que vele por el estricto cumplimiento del requisitos establecidos en el art. 51 de la Acordada 3397/08 ;
3. De conformidad con lo establecido en el art. 22 primer párrafo de la ley 5177, teniendo en cuenta las circunstancias de hecho mencionadas en el presente y que se vinculan con el actuar del abogado Marcelo Daniel Salminci, Tomo XI, Folio 706, remitir copia certificada de la presente sentencia al Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mar del Plata a los fines que estimen corresponder (arts. 15, 19 inc. 3, 24, 31, 45, 58 a 60 y cconcdts. de la ley 5177; arts, 1, 6, 7, 21, 10 in fine, 26, 28, 34 y concdts. de las Normas de Ética Profesional de los Abogados, creado por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires).
4. Ante la posibilidad de que los hechos que han sido descriptos en la presente pudieran configurar un delito penal, o estar vinculados a los que son objeto de investigación en la IPP N°88-00-027360-15/00 (de trámite ante la Unidad Fiscal N° 10 departamental), remitir copia certificada de la presente causa y de sus agregados a la Fiscalía General, departamental, a los fines que se estime corresponder (art. 287 inc. 1 del CPPBA).
V. No se imponen costas atento el modo en que se resuelve (arts. 68, 69 y ccds. del C.P.C.). REGÍSTRESE. Transcurrido el plazo del art. 267 del C.P.C., devuélvase.
NÉLIDA I. ZAMPINI RUBÉN D. GÉREZ
Marcelo M. Larralde Auxiliar Letrado
Fin de la sentencia