Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir parcialmente los agravios propuestos por la demandada y la aseguradora.-
2Declarar la inconstitucionalidad para el caso del art. 1078 del Código Civil, admitiendo la legitimación de Ana María Marcos para reclamar en autos.-
3Reducir la indemnización por daño material a la suma de $ 3.645.500, monto que se determina al momento del accidente y sobre el que habrá de calcularse intereses.
4Reducir la indemnización por daño moral a favor de Gian Silvi -por su propio derecho- en la suma de $ 50.000 monto que se determina al momento del accidente y sobre el cual habrá de calcularse intereses.-
5Reconocer la limitación de la cobertura en los términos del art. 119 de la ley de seguros conforme lo expuesto en el considerando XII.-
6Desestimar los restantes agravios y confirmar el fallo en lo restante conforme lo expuesto en forma precedente.-
7Imponer las costas en esta instancia en el orden causado por no haber sido contestados los agravios. (art. 68 CPCC).-
8Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren determinados los de la instancia de grado (art. 24 ley 3330).-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8476/24 Sentencia: Definitiva Actor: Marcos Ana María Demandada: Sandoval Carlos Alberto y Otros.
Objeto: Daños y Perjuicios Fecha: 04-12-2024 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los cuatro días del mes de diciembre de 2024, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “MARCOS ANA MARIA C/ SANDOVAL CARLOS ALBERTO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” Expte. Nº 21854 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, de la ciudad de Puerto Deseado que ingresara en esta instancia bajo el Nº8476/24 A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda Isabel Bard, Horacio Fernandez y Juan Pablo Olivera para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
I. Se presenta a fs. 1/196 la Dra. Mirtha Marsicano en representación de Ana María Marcos, quien concurre por sí y en representación de su hija María Belén Silvi y de su hijo Gian Renzo Silvi, quienes posteriormente se presentan por derecho propio, deduce demanda por daños y perjuicios contra Carlos Alberto Sandoval, Indus SAIC, Municipalidad de Puerto Deseado y cita en garantía a Caja de Seguros S.A. y La Segunda Seguros Generales, por la suma de $ 13.642.158 en concepto de los daños derivados del accidente de tránsito ocurrido el día 13 de abril de 2013. Relata que en esa fecha Ricardo Silvi viajaba como acompañante en un minibus de la escuela de basquet municipal, en el que se encontraba además su hijo Gian, conducido por Miguel Santibañez. Agrega que iba de Puerto Deseado hacia la localidad de Piedra Buena y que a la altura del km 121 de la ruta 281 en forma imprevista una camioneta Ford Ranger conducida por Carlos Alberto Sandoval, propiedad de INDUS SAIC se cruza de carril e impacta contra el minibus, que cae de costado y se desplaza sobre el lado del chofer. Afirma que como consecuencia de dicho accidente pierde la vida Ricardo Silvi, y varios ocupantes sufren heridas. Aclara que el nombrado era concubino de la actora y padre de los niños reclamantes de autos. Imputa a Carlos Alberto Sandoval la responsabilidad en su condición de conductor del vehículo embistente, a Indus SAIC por ser propietaria del vehículo, a la Municipalidad de Puerto Deseado como empleadora de José Manuel Santibañez, quien era conductor del Minibus, a las aseguradoras La Caja de Seguros S.A. y La Segunda Seguros Generales por las obligaciones que emergen del seguro. Hace referencia a la causa penal que se tramitó por el hecho. Enumera y describe los daños que pretende sean resarcidos a nombre de la concubina, con respecto a quien justifica la legitimación y de los hijos menores -en ese momento-; practica liquidación, ofrece prueba y funda en derecho. -
II. A fs. 209/215 contesta la demanda el Dr. Carlos Toledo Vargas en representación de Carlos Alberto Sandoval. Realiza negativa de los hechos y da su versión de lo sucedido. Sostiene que la culpa es de un tercero, en este caso el conductor del Minibus, por haber invadido el carril contrario y circular en exceso de velocidad. Impugna los rubros de condena y montos liquidados en la demanda. Cita en garantía a La Caja de Seguros SA. Funda en derecho, ofrece pruebas y hace reserva del caso federal.-
III. A fs. 216/225 se presenta el Dr. Yamil Chain en representación de INDUS SAIC y contesta la demanda. Plantea la falta de legitimación activa de Ana María Marcos, por ser concubina y no haber solicitado la inconstitucionalidad del art. 1078 del CC, y decuce falta de legitimación pasiva como defensa de fondo. Realiza una minuciosa negativa de los hechos, y sostiene que el accidente tuvo las consecuencias dañosas por culpa de la víctima. Funda su postura en la circunstancia de que no utilizaba el cinturón de seguridad. Cita en garantía a Caja de Seguros S.A. ofrece prueba y funda en derecho.-
IV. A fs. 227/266 se presenta la Dra. Eneida Lima Pineiro en representación del Municipio de Puerto Deseado y contesta la demanda. Deduce falta de legitimación de la actora en calidad de concubina para reclamar daño moral, cita en garantía a La Segunda Seguros Generales; niega los hechos en forma detallada, y refiere el accidente en el sentido de que la Ford Ranger invadió el carril contrario e impactó en el Minibus del Municipio, por ello sostiene que fue Sandoval el responsable del siniestro y por tal razón el Municipio no debe responder. Analiza los rubros reclamados, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.-
V. A fs. 279/315 se presenta la Dra. María Luisa Bacci y los Dres. Miguel Diaz Velez y Elio Fernando Contreras y contestan la citación en representación de Caja de Seguros SA. Deducen la falta de legigimación activa de ana María Marco. Realizan la negativa de los hechos. Afirman la existencia de responsabilidad de la víctima Silvi quien no utilizó el cinturón de seguridad. Impugna los rubros reclamados. Reconoce la existencia del contrato de seguro y refiere al límite de cobertura por la suma de $3.000.000, aclarando que dicha suma es por todos los daños que se generen a partir del mismo hecho. Ofrece prueba y funda en derecho.
VI. A fs. 323/345 se presenta el Dr. Carlos E. Linares en representación de La Segunda cooperativa Limitada de Seguros Generales. Deduce la falta de legitimación activa de Ana María Marcos por tratarse de la concubina. Realiza la negativa detallada de los hechos y da su propia versión. Refiere que el accidente por el cual se origina la presente causa tiene como principal antecedente la causa penal "Comisaría de Jaramillo s/ Investiga Muerte en Accidente de Tránsito (Silvi)" Expte. 6158/2013 donde quedó señalado como responsable el conductor de la camioneta Ford Ranger quien circulaba contrario al sentido del vehículo municipal, Carlos Alberto Sandoval. Hace mención a las pruebas que darían cuenta de ello que se tiene presente y concluye que siendo Sandoval el conductor del vehículo propiedad de INDUS SA, el Municipio no tiene responsabilidad alguna y por lo tanto tampoco la aseguradora. Argumenta la improcedencia de responsabilidad alguna de la aseguradora La Segunda con relación al Municipio demandante, pues existe una causal de exclusión de la responsabilidad objetiva como es la culpa de un tercero por el cual no debe responder. Señala que eventualmente deberá tenerse presente el límite de la cobertura de la aseguradora. Analiza los rubros reclamados, impugna la liquidación, hace reserva del caso federal, ofrece prueba.-
VII. A fs. 353/356 se ordena la producción de pruebas. Finalizada la misma en fecha 28 de marzo de 2022 en PE424210-2022 se dicta sentencia de primera instancia que rechaza la falta de legitimación activa; rechaza la falta de legitimación pasiva planteada por INDUS SAIC, admite la demanda de daños y perjuicios y condena a Carlos Alberto Sandoval, INDUS S.A.I.C. y CAJA DE SEGUROS SA (estableciendo repecto de ésta última el límite de cobertura del siniestro analizado conforme la Resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación vigente al momento del efectivo pago establecida para la contratación de seguros voluntarios) a abonar, la suma de $ 13.491.000 (trece millones cuatrocientos noventa y un mil pesos ) a los actores en concepto de daño material, moral y psicológico por el fallecimiento de Ricardo Silvi, y la suma de $ 157.000 (ciento cincuenta y siete mil pesos) al actor Gian Renzo Silvi por los rubros daño material y moral, con más intereses que se calcularán desde el hecho dañoso (13 de abril de 2013) y hasta el efectivo pago, aplicándose la tasa activa del Banco de la Nación Argentina; rechaza la demanda contra la Municipalidad de Puerto Deseado y La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales, impone las costas a las vencidas, y difiere la regulación de honorarios. El fallo es recurrido por dos partes. En PE431483-2022 apela el Dr. Yamil Chain en representación de INDUS SACIC, en PE434229-2022 lo hace Elio Fernando Contreras Arco por Caja de Seguros SA. En PE447764-2022 18 de abril de 2022 expresa agravios Yamil Chain por INDUS SACIC, en PE454017-2022 del 22 de abril de 2022 hace lo propio la representación de Caja de Seguros S.A. Estos agravios no fueron contestados por la parte actora.
En agravios la representación de INDUS SACIC refiere que le agravia que se haya desestimado la falta de legitimación pasiva deducida por su parte. Señala que no se acreditó debidamente la titularidad de la camioneta en cabeza de su mandante, que se hace referencia a pruebas de otras causas que las partes no tuvieron debido contralor, y que no se acompañó el informe de dominio. Seguidamente se agravia por haberse desestimado la falta de legitimación activa solicitada con relación a Ana María Marcos, en virtud de lo normado por el anterior art. 1078 del CC que limitaba el reclamo por daños para la concubina. Por último se agravia por el monto por el que prospera la acción, ya que refiere que su parte impugnó el monto al contestar la demanda y nada se dice en la sentencia del modo en que se arriba a la suma de condena. - Por su parte la representación de Caja de Seguros S.A. se agravia por cuanto la sentencia hizo lugar a la acción promovida y otorgó resarcimientos que califica de excesivos.
Sostiene que el daño moral fijado a favor de los hijos sería excesivo, sin cuestionar el dolor que genera la muerte del padre, entiende que se otorgó un resarcimiento alto sin fundamento, lo que solicita sea reduzca en este estadio.
Con relación al daño moral fijado en favor de Ana Marcos, sostiene que ésta carece de legitimación para demandar daño moral en virtud de lo dispuesto por el art. 1078 del Código Civil, que se encontraba vigente al ocurrir el hecho dañoso, en atención a que la conviviente carece de derecho a reclamar la reparación del sufrimiento espiritual por no ser heredera forzosa. Señala que la actora no planteó la inconstitucionalidad del art. 1078 del CC y tampoco lo hace el juzgador. Solicita se revoque el daño determinado a su favor.-
Se agravia por entender que la suma otorgada en concepto de daño material tal como se dispone con los intereses es exuberante, desnaturaliza su función resarcitoria, y genera un enriquecimiento sin causa. Refiere que los propios actores reconocen haber recibido la pensión correspondiente de Ricardo Silvi, que se trata de una pensión de personal de un organismo como la aduana y ello importa un ingreso similar a los haberes mientras estaba en servicio. Cita lo dispuesto en la ley 22295, y agrega que se trata de un haber previsional móvil. Concluye que no han sufrido un daño material por el deceso del nombrado, ya que tampoco recibía ingresos de otra índole. Agrega que ello no fue tenido en cuenta en la instancia de grado y se otorgó una indemnización excesiva que no guarda relación con la realidad. Solicita se reduzca el monto por este concepto.- Se agravia en otro apartado por haber dispuesto la fijación de una tasa de interés equivalente a la activa del Banco Nación que se otorga a los rubros otorgados, por entender que ello conduce a un incremento desmedido del crédito fijado a la fecha del accidente. Solicita la utilización de la tasa pasiva del BCRA.
Le agravia el monto dispuesto por daño moral a favor de Gian SILVI, ya que sólo habría sufrido una lesión menor en la rodilla izquierda y la suma más los intereses sería excesiva y carente de razonabilidad. Agrega que debe considerarse que no tiene secuelas incapacitantes.-
En otro aspecto se agravia por entender que se ha vulnerado el límite de cobertura, y no se aplicó el art. 119 de la ley 17.418. Señala que si bien se reconoce la existencia de un límite de cobertura de $ 3.000.000 en la póliza de seguros, el magistrado realiza una argumentación que desnaturaliza los derechos contractualmente válidos y sostiene que deben aplicarse los montos fijados por la Superintendencia de Seguros de la Nación vigentes al momento del efectivo pago. Considera que ello vulnera lo decidido por la corte, cita el precedente “Gómez Rocca, Javier Hernán y otros c/ Creatore,Víctor Juan y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)” (Expte. N° 63965/ 2005) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en cuanto a la obligación contractual del asegurador. Refiere al fallo “Flores”, sobre la postura de la CSJN en cuanto a que el límite de cobertura previsto en el contrato de seguro era oponible al tercero damnificado. Concluye que la sentencia en el punto es arbitraria y afecta el derecho de propiedad de la aseguradora.- Agrega que existió una omisión en cuanto a la aplicación del art. 119 de la Ley de Seguros, norma que dispone que en caso de existir pluralidad de damnificados, la indemnización debida por el asegurador se distribuirá a prorrata entre todos ellos. Señala que éste es el caso derivado del accidente ocurrido el 13 de abril de 2013, donde además de los actores de estas actuaciones, resultaron afectadas otras personas por el mismo siniestro. Enumera los otros procesos derivados del mismo hecho dañoso que motiva las presentes actuaciones, refiere que la indemnización resultante de la póliza debe ser distribuida entre todos los demandantes. Solicita se disponga la aplicación del art. 119 de la L.S. a la indemnización reconocida a los accionantes.
Refiere que no corresponde aplicar a INDUS S.A. las normas de derecho de consumidor habida cuenta que la empresa no resulta ser un “consumidor” al que hay que proteger, toda vez que el art. 1° de la ley 24.240 lo excluye de tal condición. Finalmente hace reserva del caso federal.-
VIII. Estos agravios no fueron contestados quedando la presente causa en estado de dictar sentencia. En primer término ambas recurrentes se agravian por haber otorgado legitimación para indemnizar por daño moral a Ana María Marcos, quien era pareja del fallecido, sin haber solicitado la inconstitucionalidad del art. 1078 del CC. Si bien el Juez de grado no lo refiere en forma expresa, debió declarar la inconstitucionalidad del caso. La actora resulta claramente una damnificada del accidente por su inmediata vinculación con su pareja y madre de los hijos en común. Hago propio el razonamiento formulado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires al señalar que "El damnificado indirecto es la persona en quien el acto ilícito incide mediatamente por repercusión del agravio inferido directamente a otra, respecto de la cual aquélla se encuentra vinculada...
La ley debe ser igual para los iguales en igualdad de circunstancias, resultando arbitrario el criterio empleado al radicarse en la necesidad de evitar la proliferación de acciones que pudieran proponerse, cómo si ello pudiera ocurrir sólo cuando el daño es moral. La existencia de un daño cierto y la relación causal adecuada son, a mi entender suficientes, para poner coto al desmadre que se quiere evitar desconociendo legitimación activa en determinados casos, y que se nos presenta como un supuesto de especial gravedad que no puede ser resuelto sin más bajo el principio restrictivo indicado....Un hecho puede dañar directa y moralmente a más de una persona. Cualquiera haya sido la intención del legislador al establecer el límite que ha impuesto en el art. 1078 del CCiv., lo cierto es que al intérprete le cabe siempre la posibilidad y hasta el deber de una renovada lectura.
Mas aun cuando la justicia del caso lo reclama." (SCJ Buenos Aires, C. L. A. y otra c/ Hospital Zonal de Agudos General Manuel Belgrano y otros s/ daños y perjuicios, 16 de mayo de 2007, colección: Fallos,Cita: MJ-JU-M-11347-AR|MJJ11347|MJJ11347). En este orden de exposición debo traer a colación que el art. 1079 del Código Civil contempla un criterio amplio en la admisión del damnificado indirecto, por el cual la obligación de reparar el daño causado por un delito existe respecto de toda persona que por él hubiese sufrido, aunque sea de manera indirecta. Comparto el razonamiento del juez de grado en cuanto a que la acción por daño moral reclamada por concubina de quien fue víctima del accidente con fundamento en lo dispuesto por el art. 1078 2do párr. del CCiv. debe admitirse.
La limitación contenida en la normativa cuestionada vulnera la garantía constitucional de reparación integral, como también la de igualdad ante la ley (art. 16 CN. art. 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos), ya que discrimina injustamente a quienes sufren indirectamente en su espíritu, frente a la amplia legitimación de los damnificados indirectos en sus intereses patrimoniales. Entiendo que una correcta lectura actual de este precepto en consonancia con lo dispuesto por arts. 16, 19 y 28 de la Constitución Nacional y con los tratados en materia de derechos humanos suscriptos por nuestro país lleva a una conclusión de una amplia interpretación en cuanto a la legitimación en el presente proceso, para lo cual habrá de declararse la inconstitucionalidad para el caso del artículo de referencia.
La actual redacción del art. 1741 del CCC es la consecuencia de los innumerables fallos en este sentido y de las opiniones doctrinarias que se han manifestado en el aspecto que aquí se resuelve. Por esta razón entiendo que el agravio debe desestimarse y confirmar lo decidido al respecto en la instancia de grado; sin perjuicio del monto que se establezca a lo que me referiré más adelante.
IX. Legitimación de INDUS SACIC. Argumenta el recurrente que no se habría acreditado la titularidad del vehículo embistente en cabeza de INDUS SACIC. Este agravio debe desestimarse, habida cuenta que el título de propiedad en cuestión se encuentra incorporado en el expediente tramitado en sede penal y que fue ofrecido por todas las partes como prueba. Si bien podría decirse que se trata de una prueba trasladada, dichas actuaciones no son novedosas para ninguna de las partes. Tengo presente que la propia aseguradora reconoce la existencia de la póliza con relación a dicho vehículo, siendo esta causa además la tercera que se tramita por el mismo accidente entre diferentes partes, donde las partes se reiteran en diferentes posturas pero INDUS SACIC siempre ha sido convocada al pleito y tenida por titular del vehículo en cuestión. El razonamiento formulado en la sentencia recurrida se encuentra ajustado a derecho y este agravio debe desestimarse.-
X. Monto de indemnización a favor de los hijos. La aseguradora se agravia con relación al monto de condena otorgado para los hijos de Silvi en concepto de daño moral, solicitando se ajuste dicho monto al criterio predominante de la jurisdicción provincial. En este punto debo señalar que el recurrente no refiere concretamente a que casos de la jurisdicción provincial se refiere, ni tampoco realiza un cálculo que entienda ajustado a la norma. Entiendo debidamente fundado el monto a que arriba la jueza de grado en el punto, apoyada en los informes periciales que dan cuenta de las graves secuelas que dejo la pérdida del padre, Ricardo Daniel Silvi, quien al momento del deceso tenía 42 años, en la vida de sus hijos menores de edad en ese momento de 11 y 13 años. Así se ha dicho que "En la evaluación del perjuicio moral, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida." (Fallos: 347:128; 344:2256 “Grippo” (Voto del Juez Lorenzetti, https: // sj.csjn.gov.ar /homeSJ/suplementos/suplemento/67/documento).- Es decir que la pérdida repentina de un padre joven y saludable, generó profundo dolor en los hijos menores convivientes en el seno familiar, y en la dinámica de su propia infancia y juventud, ello hace comprensible claramente la mesura del dolor. El monto determinado en este aspecto no luce irrrazonable ni apartado de ninguna jurisprudencia en particular. Este agravio no debe prosperar.-
Similar razonamiento se ensaya con relación a la actora, Ana María Marcos, quien como se decidió anteriormente tiene legitimación para realizar el reclamo y la suma otorgada en concepto de daño moral a su favor es razonable conforme la pérdida temprana de su compañero. Este agravio no puede ser aceptado.
XI. Daño material. Vale recordar que el daño material o patrimonial, sería aquel que se produce cuando los bienes que forman parte del patrimonio de una persona o conjunto de personas, se ven reducidos o menoscabados. No resultaría ser un método válido las fórmulas propuestas en la demanda y que se reflejan al momento de dictar sentencia. Ya que la legislación vigente en la época del siniestro lo delimita en los arts. 1084 y 1085 del CC -en similar redacción el actual art. 1745 del CCC-, debiendo entenderse por tal a la privación o cese de beneficios que la persona aportaba en el caso al grupo familiar. Así se pronunció la CSJN señalando que el daño material consiste en "La privación de los beneficios actuales o futuros que la vida de la persona reportaba a otros seres que gozaban o podrían gozar de aquellos, constituye un daño cierto y así se mide el valor económico de la vida de la víctima por los bienes económicos que el extinto producía." (Fallos: 347:128 “Lacave”) . En el caso asiste razón a la quejosa que si bien la víctima era quien solventaba mayormente los gastos familiares, y ello lo hacía con los haberes que tenía como empleado de la AFIP, lo cierto es que prontamente en el tiempo la pareja y sus hijos menores de edad comenzaron a percibir la pensión correspondiente. Ello quedó acreditado con la prueba agregada a fs. 578 y ss. Es decir que el presente rubro comprendería las posibles chances que habría tenido Silvi en ascender en su lugar de trabajo, ya que tenía 42 años al momento de su fallecimiento, gastos de sepelio y los gastos inmediatos que generó su pérdida para el grupo familiar; teniendo especialmente en cuenta que parte de sus ingresos los destinaría a su propio beneficio. Propongo al acuerdo reducir este monto en un 50% de lo dispuesto en la sentencia de grado por haberse arribado a un monto por fuera de las pautas debidamente acreditadas en éstos. Es decir en la suma de $3.645.500 al momento del accidente, sobre la que habrá de calcularse intereses en la forma que me referiré seguidamente.-
XII. Daño patrimonial de Gian Silvi. El niño -al momento del accidente- sufrió lesiones en su rodilla izquierda, lo que quedó debidamente acreditado en autos, tal como lo señala el fallo de grado. También su tratamiento quedó acreditado (fs. 10 y ss., 690), y el informe pericial que da cuenta que padeció una incapacidad parcial y temporal (fs. 815/819). La suma establecida en la sentencia de grado luce acorde con los gastos necesarios para un tratamiento de esta índole y deben confirmarse. La decisión judicial se encuentra fundada en el ordenamiento jurídico, siendo prioritario el concepto de persona humana y su derecho a la reparación integral y plena. Debe confirmarse el daño material determinado.- En otro aspecto tengo en cuenta que también se estableció una indemnización de carácter no patrimonial por afecciones morales por esta dolencia e incapacidad. En este aspecto entiendo asiste razón al recurrente ya que se determinó por ello una suma muy superior a la otorgada por el daño moral otorgado por el fallecimiento del padre. Entiendo que ello no guarda razonabilidad en el contexto de las diferntes secuelas que importó el infortunio que originó el accidente. Ya que si bien se vio frustrado en la realización de actividades y de gozar de una vida plena en un período de su niñez, ello constituye un menor menoscabo moral que haber perdido a su padre en forma repentina en una edad temprana. Por esta razón habré de reducir el daño moral a favor de Gian Silvi por su afección física -a título personal- a la suma de $50.000, al momento de producido el daño, ya que esta ha sido la forma en que se determinó en la sentencia de grado. Este es el lineamiento que recepta el CCC en su artículo 1746 y que responde a un concepto superador del anterior Código Civil en sus arts.1109, 1113 y ccs. Este agravio se admite parcialmente conforme lo señalado.-
XII. Límite de Cobertura. La aseguradora se agravia por entender que el Juez de grado no reconoce el límite de la cobertura, cita como antecedente el fallo "Flores" de la CSJN y reitera argumentos en ese sentido. En el particular la Jueza de grado no desconoce la limitación de la cobertura como refiere el recurrente, sino que la actualiza en base a los límites de cobertura que dispone la Superintendencia de seguros de la Nación para este tipo de seguro. Debo considerar que desde la fecha en que se produjo el accidente hasta el día de hoy, han transcurrido más de diez años, sin que se le indemnizaran los daños a la víctima. A partir de ello pretender limitar el resarcimiento de los perjuicios causados al límite de la cobertura contratada a la fecha de emisión de la póliza de seguro (20/9/2013) constituye un verdadero abuso de derecho y un enriquecimiento sin causa en cabeza de la aseguradora, toda vez que se ha producido un hecho público, evidente y notorio que es la depreciación de nuestro signo monetario.
Debo recordar que "la Justicia se afirma en el principio de equidad, es decir, dar a cada uno lo suyo, que es la base jurídica de nuestro sistema legal, como modo de defensa de nuestra Constitución Nacional y Los tratados de Derechos Humanos. La aplicación de las normas constitucionales se vincula con la Equidad y se encuentra estrechamente relacionado con el Art. 42 de nuestra Carta Magna, que ordena brindarle al consumidor un trato equitativo. La no actualización monetaria de las sumas aseguradas y/o de los topes o límites resarcitorios en las pólizas de seguro, importa un trato inequitativo de los asegurados, consumidores, y/o terceros beneficiarios de los de seguros, en los supuestos -como en el presente "sub-judice" de responsabilidad civil hacia terceros (estipulación o contrato a favor de tercero) dado que es una de las situaciones más evidentes de desprotección de los más vulnerables.
(Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Matanza, Sala: I, González Silvana Daniela c/ Fuoco Ángel Gabriel y otros s/ daños y perjuicios, 30 de noviembre de 2021, Colección: Fallos, Cita: MJ - JU - M - 135673 - AR | MJJ135673|MJJ135673) Sumados a estos argumentos que comparto tengo presente que la posibilidad de actualizar las sumas como lo hace la jueza constituye una de las herramientas posibles para logar un equilibrio entre las prestaciones asumidas por las partes en el contrato, considerando además que las primas actuales son proporcionales a los montos asegurados actualmente y es una forma de lograr una reparación plena como lo exige nuestra legislación. Introduce en agravios la circunstancia de que Indus SACI no es un consumidor propiamente tal como lo interesa la ley 24.240.
Entiendo que la calidad de consumidor o no que se le otorgue a INDUS SACI no modificaría los términos de la póliza, habida cuenta que igualmente las cláusulas de los contratos de seguro deben ser equitativas; lo que se encuentra estrechamente ligado al principio de dignidad de las personas tutelado por los tratados internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad (art. 75 inc. 22 Constitución Nacional) y sobre cuya interpretación se ha normado en los arts. 1094 y ss. del CCC. Igualmente entiendo que la circunstancia de que INDUS SACI sea una empresa que haya contratado el seguro para su actividad empresarial, no invalida que para el caso también constituye el carácter de relación de consumo.
A la luz de estas cuestiones y la normativa señalada considero que el agravio no puede prosperar siendo equitativo, razonable y fundada la decisión del juez de grado en este aspecto.- Se agravia la aseguradora por no haberse expedido la senencia en lo que respecta a la aplicación del art. 119 de la ley de seguros que señala "Si existe pluralidad de damnificados, la indemnización debida por el asegurador se distribuirá a prorrata. Cuando se promueven dos o más acciones, se acumularán los diversos procesos para ser resueltos por el juez que previno." Esta situación no ha sido decidida en la instancia de grado, como tampoco se tramitó contemporáneamente ni diligentemente el incidente de acumulación de procesos, que fue solicitado en otra causa relacionada a la presente y sobre la cual ya se dictó sentencia.
Por otro lado los demás procesos a que se refiere el recurrente tienen un estado procesal diferente. Esta circunstancia hace que no exista posibilidad de señalar la medida en que debe responder la aseguradora en cada pleito, habida cuenta que no hay elementos para juzgar en este estadio que un crédito sea preferible ante otro o cual de ellos es más "importante" o preferente para el pago a los fines de establecer las proporciones o distribución que deberá hacer la aseguradora de las sumas que debe abonar. Entiendo en este aspecto que habrá de tenerse presente y reconocer esta limitación como se postula habida cuenta que la aseguradora deberá responder en la medida del seguro, y por los montos determinados conforme el considerando precedente, lo que habrá de tenerse presente y podrá invocar en su oportunidad.-
XIII. Tasa de interés. Se agravia la aseguradora por entender que no corresponde la aplicación de la tasa de interés conforme los índices de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, solicitando sea de aplicación la tasa pasiva. En el pronunciamiento de grado se ha fijado la indemnización a valores históricos, más intereses. Los argumentos que ensaya el recurrente no logran demostrar el error de razonamiento en la determinación de la tasa de interés, cuando los mismos alcanzan mínimamente a reparar el daño padecido, el tiempo transcurrido desde el accidente, la falta de propuestas concretas por parte de los obligados a fin de finalizar el conflicto tempranamente y siendo que en el período de tiempo que lleva el trámite la inflación acumulada en nuestro país es de aproximadametne 20.000%.- La interesada ni siquiera realiza el cálculo comparativo para demostrar dónde estaría el error en la decisión adoptada, la que luce razonable para el caso. Por estas razones este agravio no puede prosperar (arts. 772, 1747, 1748 y ccs. CCC).-
XIV. COSTAS. Las costas en esta instancia deberán ser soportadas en el orden causado, en atención a que los agravios no fueron contestados por la contraria (art. 68 CPCC).
XV. Por estas consideraciones respondo a la primera cuestión señalando que la sentencia es parcialmente justa y debiendo modificarse los aspectos señalados en los considerandos precedentes. Así lo voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernandez dijo:
XVI. Habiendo sido analizada la presente causa coincido con el análisis de los agravios que formula la primer votante y con sus conclusiones. Para evitar incurrir en repeticiones innecesarias adhiero a su voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XIII. En atención a la forma que respondí a la primera cuestión propongo al Acuerdo que se dicte el siguiente pronunciamiento que dejo a consideración de mis pares: 1º) Admitir parcialmente los agravios propuestos por la demandada y la aseguradora. 2°) Declarar la inconstitucionalidad para el caso del art. 1078 del Código Civil, admitiendo la legitimación de Ana María Marcos para reclamar en autos. 3°) Reducir la indemnización por daño material a la suma de $ 3.645.500, monto que se determina al momento del accidente y sobre el que habrá de calcularse intereses. 4°) Reducir la indemnización por daño moral a favor de Gian Silvi -por su propio derecho- en la suma de $ 50.000 monto que se determina al momento del accidente y sobre el cual habrá de calcularse intereses. 5°) Reconocer la limitación de la cobertura en los términos del art. 119 de la ley de seguros conforme lo expuesto en el considerando XII. 6°) Desestimar los restantes agravios y confirmar el fallo en lo restante conforme lo expuesto en forma precedente. 7°) Imponer las costas en esta instancia en el orden causado por no haber sido contestados los agravios. (art. 68 CPCC). 8°) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren determinados los de la instancia de grado (art. 24 ley 3330). 9°) Tener presente la reserva del caso federal. 10°) Registrar, notificar y oportunamente devolver las presentes a la instancia de origen.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
XIV. Que considero justa y equitativa la propuesta formulada. Adhiero al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 04 de diciembre de dos mil veinticuatro
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la Ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial
1. Admitir parcialmente los agravios propuestos por la demandada y la aseguradora.-
2. Declarar la inconstitucionalidad para el caso del art. 1078 del Código Civil, admitiendo la legitimación de Ana María Marcos para reclamar en autos.-
3. Reducir la indemnización por daño material a la suma de $ 3.645.500, monto que se determina al momento del accidente y sobre el que habrá de calcularse intereses.
4. Reducir la indemnización por daño moral a favor de Gian Silvi -por su propio derecho- en la suma de $ 50.000 monto que se determina al momento del accidente y sobre el cual habrá de calcularse intereses.-
5. Reconocer la limitación de la cobertura en los términos del art. 119 de la ley de seguros conforme lo expuesto en el considerando XII.-
6. Desestimar los restantes agravios y confirmar el fallo en lo restante conforme lo expuesto en forma precedente.-
7. Imponer las costas en esta instancia en el orden causado por no haber sido contestados los agravios. (art. 68 CPCC).-
8. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren determinados los de la instancia de grado (art. 24 ley 3330).-
10. Registrar, notificar y oportunamente devolver las presentes a la instancia de origen. -
El Dr. Juan Pablo Olivera no firma el presente por no existir disidencia y constituir mayoría. Fdo. Griselda I. Bard- Jueza de Cámara; Horacio M. Fernández- Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201051S.241 Tomo: CI Sentencia: 3091 Folio Nº: 153/162 Secretaria: 1
Fin de la sentencia