Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 139.368
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible y procedente la queja interpuesta.
II. Hacer lugar al recurso de casación, anular el resolutorio pronunciado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul y reenviar las actuaciones a la instancia para que, bajo los lineamientos aquí sentados y considerando la necesidad de un ofrecimiento de autoinhabilitación, se celebre audiencia en los términos del art. 404 del CPP. Arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 75.22 de la CN.; 168 de la Constitución Provincial; 76 bis y ss. del CP; 106, 210, 404, 448, 450, 461, 464, 530 y 531 del C.P.P.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Casación Penal 01-01-2968-22 A C U E R D O En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces Manuel Alberto Bouchoux y Daniel Alfredo Carral, a los efectos de resolver en el marco de la causa N° 139368 caratulada “MARDERWALD MARIA ISABEL S/ RECURSO DE QUEJA”, conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX - CARRAL.
I. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó el auto dictado por el Juzgado Correccional de Olavarría, que rechazó la suspensión del juicio a prueba solicitada en favor de María Isabel Marderwald en el marco de la causa N° 213/2024 en orden al delito de lesiones culposas agravadas ocasionadas por la conducción imprudente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, de carácter grave por haber inutilizado a la víctima para el trabajo por más de un mes y provocado también la debilitación permanente de la salud de un sentido u órgano.
II. Contra tal temperamento, la Defensa Oficial dedujo recurso de casación, cuya denegatoria motivó la interposición de la presente queja.
III. Radicado el recurso en Sala por sorteo fueron notificadas las partes –según las constancias obrantes en el Sistema Informático Augusta-. En dicha oportunidad, el Fiscal Adjunto ante el Tribunal de Casación, Fernando Luis Galán, se expidió por su rechazo.
IV. Hallándose la presente en estado de resolver, los jueces de la Sala dispusieron plantear y decidir las siguientes C U E S T I O N E S Primera: ¿Es admisible, y procedente la queja interpuesta? ¿Lo es el recurso de casación?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el Señor Juez Bouchoux dijo:
I. La Defensa alega una errónea aplicación del art. 76 bis del Código Penal mediante una interpretación restrictiva de derechos, lo que verifica en el caso una cuestión federal que habilita la intervención de esta instancia casatoria. Cita jurisprudencia en apoyo a su postura.
Sostiene que el Juez de instancia se apartó de una decisión consensuada con el Ministerio Público Fiscal, ponderando la voluntad de las apoderadas del particular damnificado –quien no se hizo presente en la audiencia- cuya oposición no es vinculante y quien tiene habilitada la vía civil correspondiente. A su vez, resalta que el derecho a ser oído de la víctima, no puede otorgarle la aptitud para decidir sobre los modos de finalización del proceso o las consecuencias aplicables a los imputados.
Por último, destaca que los magistrados de la Alzada local rechazaron la apelación únicamente porque la pena de inhabilitación conjuntamente con la de prisión es un obstáculo para la aplicación del instituto, apartándose de los precedentes de nuestra Corte Suprema.
Formula reserva del Caso Federal.
II. Nuestra ley procesal dispone en su artículo 433 del ritual -cf. ley 13.943- que corresponde al órgano que dictó la resolución impugnada analizar si el remedio casatorio se interpuso oportunamente, si el recurrente tiene legitimidad subjetiva y si la decisión es objetivamente recurrible. Interpuesta la queja ante este Tribunal, conforme lo normado por el artículo 433 en su relación con el 450 y 451 del Código Procesal, es necesario que en esta instancia se analice si la decisión de la Cámara departamental -que no concedió el recurso de casación- es ajustada a derecho.
En primer lugar, corresponde señalar que la queja traída a esta instancia cumple con los requisitos de admisibilidad formal, en la medida en que se encuentran cumplidas las exigencias vinculadas al tiempo y forma de su presentación.
III. En lo que respecta a la procedencia de la queja -admisibilidad del recurso casatorio-, entiendo que la materia en análisis -resolución que deniega la suspensión del juicio a prueba- es equiparable a sentencia definitiva en los términos del art. 450 del ritual, compartiendo lo resuelto por este Tribunal en el Acuerdo Plenario “B.L.E.” (c. 52.474 y 52.462, sent. del 9- IX-2013) sobre el punto.
En especial, coincido con los fundamentos del voto del Juez Kohan - en relación al tramo del pronunciamiento en análisis-, en orden a que la interpretación que propicia considerar la definitividad del pronunciamiento y la consiguiente admisibilidad del remedio casatorio solo en los casos en que la suspensión a prueba es concedida, implica establecer una desigualdad en materia recursiva en perjuicio del acusado, y que ello no parece compatibilizarse con el fundamento constitucional que el derecho al recurso tiene en relación al imputado -y no al acusador-, tópico este que fue tratado en el precedente “Arce” de la Corte Suprema de Justicia Nacional (Fallos; 320-2145) al decidir lo relativo al alcance del Artículo 8, Párrafo 2 inciso h de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Ahora bien, de la conclusión que se trata de un pronunciamiento equiparable a sentencia definitiva no puede derivarse sin más la admisibilidad del recurso de casación. Es que, aun cuando la decisión ingrese -además- dentro del concepto de auto procesal importante (artículos 14.5 P.I.D.C.P y 8.2 C.A.D.H., conforme criterio Comisión I.D.H, informe N° 55/97), se impone interpretar que la habilitación legal para que este Tribunal intervenga se operativiza en los casos en que se revoque una resolución de primera instancia o bien -existiendo doble conforme- se presente un agravio federal suficiente, sea por discutirse el contenido o alcance una norma constitucional o federal, o por concurrir una situación de arbitrariedad manifiesta, entendiendo por tal aquella que suponga una omisión o desacierto de gravedad extrema que descalifique el pronunciamiento como acto jurisdiccional (Fallos 250:348 entre muchos otros).
Dicho lo anterior, se advierte que, sin perjuicio de encontrarse abastecido el doble conforme, en el caso se presenta una situación de arbitrariedad, en la medida en que la resolución recurrida no supone una aplicación razonada del derecho vigente a las circunstancias del caso, lo que permite habilitar el control casatorio.
En consecuencia, al encontrarse justificada la intervención de este Tribunal, corresponde declarar que la queja procede por resultar en el caso admisible el recurso de casación.
IV. Ingresando al fondo de la cuestión, es necesario realizar una reseña de las actuaciones.
De la lectura de la requisitoria de elevación a juicio, se advierte que María Isabel Marderwald se encuentra imputada por la presunta comisión del siguiente hecho: "Siendo aproximadamente las 22,45 horas del día 29 de julio de 2022, en la intersección de las calles Uriburu y San Lorenzo de Tandil una persona de sexo femenino, quien conducía un automóvil marca Ford Eco sport dominio AB521QT, haciéndolo por calle San Lorenzo, de manera negligente, al no tomar los debidos reparos en la conducción y sin ceder el paso a que estaba obligada, embistió en la intersección a otra persona de sexo masculino identificada como A.D.F, quien circulaba a bordo de una motocicleta marca Gilera Strada Vc150cc de color azul sin chapa patente y quién lo hacia por la calle Uriburu, quien como consecuencia de ello sufrió fractura diafisaria de tibia de pierna izquierda y amputación traumática de 1er y 2do. dedo mano derecha; lesiones éstas que lo inutilizaron para el trabajo por más de un mes y le provocaron un debilitamiento de un órgano la salud o miembro”
El hecho fue calificado como constitutivo del delito de lesiones culposas agravadas ocasionadas por la conducción imprudente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, de carácter grave por haber inutilizado a la víctima para el trabajo por más de un mes y provocado también la debilitación permanente de la salud de un sentido u órgano en los términos del art. 94bis, párrafo primero en relación con el art. 90 del Código Penal.
El Juzgado en lo Correccional de Olavarría rechazó la suspensión de juicio a prueba peticionada en favor de la nombrada, por entender que el delito por el que se encuentra imputada prevé la pena conjunta de inhabilitación, lo que impide la aplicación del instituto peticionado. A su vez, valoró la opinión de las letradas del particular damnificado, quienes dieron cuenta que la víctima quería el esclarecimiento de la verdad y que el ofrecimiento económico no tenía relación con el daño físico verificado en su cliente.
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó la decisión de primera instancia, basándose en que la pena de inhabilitación es un obstáculo insalvable para la concesión del instituto, circunstancia que, a su entender, la eximía de expedirse sobre el restante agravio.
Contra tal temperamento, la defensa dedujo recurso de casación, cuya denegatoria motivó la interposición de la presente queja que nos convoca a resolver.
V. El instituto de la suspensión del juicio a prueba aparece como una manifestación de lo que en materia procesal penal se denomina principio de oportunidad.
Este principio, con fuerte presencia en las reformas de la legislación procesal penal producidas en las últimas décadas en América Latina, supone un quiebre en relación a los antiguos sistemas, inflexibles en torno a la obligatoriedad del ejercicio de la acción penal, con ancla en el denominado principio de legalidad procesal, que tiene como nota distintiva la pretensión de exhaustividad en la actuación de la persecución penal. El criterio de oportunidad parte de considerar a la selectividad -aquella que se vincula con cuáles conductas son efectivamente alcanzadas por la justicia sancionatoria- como una característica inherente a los sistemas penales. En ese marco, la aplicación de este principio -en sus diversas manifestaciones- permite diseñar un sistema que faculte a sus operadores a decidir con criterios reglados cuáles son los casos que ameritan la intensa intervención estatal que supone la aplicación de una pena.
Al decir de Binder "Cuando hablamos del principio de oportunidad, admitimos la necesidad de abandonar la persecución de determinados comportamientos tipificados como delitos, tal como lo expresa el principio de legalidad. Ahora bien, abandonar dicha persecución significa diseñar de un modo completo una política de intervención de la justicia penal en la complejidad social. Es sentar las bases claras de cuáles van a ser los criterios de selección y significa también determinar con claridad la división de tareas entre todas las formas de intervención de los conflictos vistos de una manera integral, sin caer en el ideologísmo que sostiene que o aplicamos penas o ya no tenemos ningún otro recurso" (Binder, Alberto. Sentido del principio de oportunidad en el marco de la reforma de la justicia penal de America Latina, Documentos de Inecip.).
Este principio puede entenderse en dos sentidos estrechamente vinculados. Uno político criminal que no hace otra cosa que expresar que el Estado utilizará su forma más intensa de intervención, la pena, como último recurso (principio de ultima ratio). Y otro vinculado con el sistema penal como una organización que cuenta con recursos limitados.
De ello deriva que los criterios reglados del principio de oportunidad, que implican disponer de la acción penal, servirán para seleccionar cuáles conflictos demandan la intervención necesaria de la justicia penal en su forma más grave.
La particular división de competencias legislativas establecidas por nuestra Constitución ha dado lugar a históricas discusiones en torno a quién le corresponde legislar sobre la materia. La cuestión ha quedado relativamente zanjada por la Ley 27.147 (B.O.18-VI-2015), en la medida en que el Congreso Federal ha reconocido en el texto del propio Código Penal las prerrogativas locales en la materia (arts. 59, 71 y 76 del C.P.), decisión acertada por cuanto las competencias legislativas no son establecidas por el Congreso sino por la Constitución Nacional (c. 96486, sent. del 2-VI-2020, Sala V del Tribunal de Casación Penal).
Como decíamos, la suspensión de juicio se inserta en este marco normativo como un modo alternativo de solución de conflictos que busca reducir la más intensa intervención penal y permitiendo en determinados casos una menor intervención estatal.
Dicho sistema está regulado en los arts. 76 y siguientes del Código Penal, que contemplan un conjunto de requisitos que resultan aplicables en tanto no existe hasta hoy una legislación local que regule el tópico (art. 76, texto según ley 27.147).
La técnica legislativa del art. 76 bis ha generado una gran cantidad de discusiones doctrinarias y jurisprudenciales en relación al alcance de este instituto y las condiciones para su procedencia. Entre ellas aparecen las discrepancias en relación a los delitos conminados con pena de inhabilitación –exclusiva, conjunta o alternativa- y el carácter vinculante –o no- de la voluntad de la víctima para la procedencia del instituto. En el caso, tanto el Juzgado Correccional de Olavarría como la Cámara de Apelación y Garantías de Azul rechazaron la solicitud de suspensión de juicio a prueba efectuada en favor de la imputada, por entender que la pena de inhabilitación dispuesta conjuntamente con la de prisión para el delito de lesiones culposas agravadas ocasionadas por la conducción imprudente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, es un impedimento para su concesión. A su vez, el magistrado de grado valoró la oposición de la víctima, circunstancia no ponderada por la Alzada local para confirmar el rechazo del instituto.
VI. Nuestra Corte Suprema de Justicia ha interpretado en el año 2008 en el precedente “Acosta” (Fallos 333:858) el alcance del art. 76 bis, con remisión posterior en el precedente “Noverto” (Causa N. 326 XLI). Si bien en el primero de los mencionados no se encontraba debatida la cuestión respecto a los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, la referida remisión que se hace en el segundo de los casos, llevó en aquel entonces a interpretar que el hecho de que un delito se encuentre conminado con una pena de inhabilitación conjuntamente con la de prisión, no es un obstáculo por sí mismo para la procedencia de la suspensión.
Sin perjuicio de ello, y sin desconocer que en el año 2014 nuestra Suprema Corte de Justicia bonaerense se pronunció en el sentido adverso en causa N° 125.430 "Peña de De Vicente", nuestro Máximo Tribunal de la Nación se expidió luego de ello, el 28 de junio de 2018, en causa “Tortoriello de Boero, Mónica Alejandra s/ contrabando artículo 863 - Código Aduanero (CSJ 3526/2015)”, haciendo lugar a un recurso respecto de un rechazo de suspensión de juicio a prueba, en un caso vinculado al delito de contrabando.
Si bien el supuesto versaba sobre la accesoriedad o no de la pena de multa y la necesidad de su pago mínimo para acceder al instituto de suspensión de juicio a prueba, lo cierto es que el tipo penal cuestionado prevé conjuntamente la pena de inhabilitación (art. 876 del Código Aduanero).
A su vez, es necesario destacar el dictamen de la Procuradora Fiscal subrogante en el fallo citado en el que indicó las circunstancias obrantes de la causa, de las que surge que la imputada "(...) propuso entregar la suma de quince mil pesos, efectuar tareas comunitarias y autoinhabilitarse respecto a las demás sanciones previstas en el artículo 876 del Código Aduanero (cf. fs. 29), extremos que demuestran que el consentimiento otorgado por el Ministerio Público Fiscal es conforme a derecho y que procede, en el caso, el beneficio mencionado" (fs. 4/5 del dictamen de la P.G.N.).
Es por ello que, en mi entender, puede considerarse que para la Corte Suprema, la previsión de la pena de inhabilitación como consecuencia de un delito, no configura un obstáculo insalvable para la viabilidad del instituto, máxime considerando que la representante del Ministerio Público Fiscal ante la Corte Suprema manifestó en su dictamen que se encontraban reunidas las condiciones para su otorgamiento, en relación a este aspecto, con la propuesta de "autoinhabilitación". Su pertinencia deberá evaluarse en el marco del caso concreto, y a la luz de los elementos obrantes de la causa. En este sentido, se ha expedido mi colega Daniel Carral, al pronunciarse sobre el caso que trató por ante la Corte Federal: “En efecto, ninguna duda cabe respecto a que el ilícito sobre el que se discutía la procedencia de la suspensión del juicio a prueba versaba sobre una prohibición que prevé pena de inhabilitación conjunta, tal es así que la máxima representación de la acusación estatal expresó en su dictamen encontrar abastecidos los presupuestos para su concesión, en lo que hace a este extremo, con la propuesta de ‘autoinhabilitación’. De este modo, si bien el objeto de discusión transitaba por otro carril (la imposición del pago del mínimo de la multa) no parece razonable inferir que la Corte Federal desconociera la naturaleza y las consecuencias punitivas que implicaban a la infracción atribuida y a espaldas de ello se expidiera sobre la arbitrariedad de la decisión y, en definitiva, sobre la procedencia del instituto. En mi parecer, de seguir la línea de interpretación que hoy prima en la jurisprudencia local de esta provincia, ninguna razón existiría para abrir la discusión que se encontraría obturada por la pena de inhabilitación de la infracción en trato.” (Causa N° 109801, sent. del 26/10/2021).
Esta misma postura ha sido adoptada por diferentes organismos jurisdiccionales, al sostener que “(…) más allá de lo dispuesto por la Suprema Corte de justicia con fecha 7 de septiembre de 2016 (causa 125.430), ha habido otros pronunciamientos en sentido diverso. Así, lo resuelto con posterioridad por la Sala I del Tribunal de Casación Penal en causa 103.389 con fecha 6 de octubre de 2020, y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Tortoriello de Boero, Mónica Alejandra s/ contrabando artículo 863 - Código Aduanero" (CSJ - 3526/2015) del 28 de junio de 2019. Quiero decir con ello que a mi criterio la pena de inhabilitación no se erige en un impedimento que torne de por sí al instituto de imposible aplicación, pues siempre debe ser analizado en el caso en concreto y en vista a los restantes elementos de la causa.” (Causa N° 9152-3 del Juzgado en lo Correccional N° 3 de La Plata).
VII. Ahora bien. Superado el obstáculo referido a la pena de inhabilitación, corresponde abocarme sobre el restante agravio relativo a la oposición de la víctima para la aplicación del instituto.
En 1985, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, en las que se recomendó a los Estados la adopción de medidas para mejorar el acceso a la justicia y trato justo a las víctimas de delitos, otorgándoles reparación, asistencia material, médica, social, etc. La Convención Americana de Derechos Humanos estipula en su art. 25 a las garantías de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. En términos generales, pretenden que toda persona tenga acceso a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los tribunales para la defensa de sus derechos fundamentales que se encuentren vulnerados, y refuerzan la obligación de los Estados para proveer a las personas de mecanismos adecuados y eficaces para una verdadera protección de los mismos. A su vez, el art. 7 de la ley 15.232 reformó el art. 83 del Código Procesal Penal e introdujo el derecho de la víctima “A ser escuchada ante cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal (…)”. Asimismo, estipuló entre sus derechos y garantías que “Durante la audiencia de la suspensión del juicio a prueba, la víctima deberá ser convocada a manifestar su opinión y tendrá derecho a que el/la Juez/a tenga en consideración lo que expresamente manifieste”.
Recientemente me expedí en relación a la suspensión de juicio a prueba y el derecho de la víctima a ser oída en el precedente “Vidal" (Causa N° 134092, sent. del 20/2/2025 reg. 206-2025).
Si bien la plataforma fáctica de la causa aludida es diferente al presente supuesto, por cuanto dichas actuaciones versaban sobre la suspensión de juicio a prueba en un caso de violencia de género –no siendo el caso que aquí nos convoca-, allí sostuve la importancia de abandonar las respuestas automáticas por parte de los operadores judiciales y abordar el análisis de las salidas alternativas al debate oral en razón de un estricto estudio de las circunstancias particulares de cada supuesto, los derechos en juego junto con la opinión de la víctima, a fin de brindar una respuesta acorde a la naturaleza punitiva del caso.
Según se advierte de las constancias de la causa, al momento de requerir la elevación a juicio, el Agente Fiscal a cargo de la investigación consideró procedente la suspensión de juicio a prueba, proponiendo como reglas de conducta “a) el comparendo por el término de un año al Patronato de Liberados de su domicilio b) la reparación de los daños causados en la medida de sus posibilidades y c) la no comisión de nuevos delitos” (requisitoria de elevación a juicio obrante en la MEV).
Al momento de celebrar la audiencia prevista en el art. 338 del código ritual, la imputada y su defensa propiciaron la aplicación del instituto por el término de un año y medio, con respecto a la autoinhabilitación para conducir rodados con motor, y las siguientes reglas de conducta por el término de un año: concurrir al Patronato de Liberados y no cometer delitos, ofreciendo como reparación simbólica, la suma de cincuenta mil pesos. Por el contrario, las letradas de la víctima se opusieron a la concesión del instituto, toda vez que la víctima “(…) desea que se esclarezca lo ocurrido” (resolución del Juzgado en lo Correccional interviniente del 26 de noviembre de 2024). Asimismo, sostuvieron que el ofrecimiento económico no tiene relación con el daño físico causado a su cliente.
En lo que respecta a las facultades de la víctima en la suspensión del juicio a prueba, la ley estipula, en principio, solamente la posibilidad de la víctima de aceptar o rechazar la reparación ofrecida, sin otorgarle poder alguno en la determinación de las consecuencias jurídicas del caso. Por otro lado, la ley establece el requisito vinculado que alude a la reparación del daño con un ofrecimiento que implique hacerse cargo de la misma "en la medida de lo posible", lo que implica sopesar en cada caso concreto el daño causado y las posibilidades económicas del imputado. La reparación integral pretendida por el damnificado (que incluya daño moral, lucros diversos y otros conceptos indemnizatorios propios de la materia civil), puede ser reclamada por dicha vía que, según surge de la causa, ya se encuentra tramitando un reclamo por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de Tandil.
En consecuencia, sin perjuicio del derecho a ser oída aludido precedentemente, en supuestos como el presente, la opinión de la víctima no es vinculante para el órgano jurisdiccional, quien deberá evaluar la misma en consonancia con las particularidades del caso y las complejidades de la causa.
Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo, declarar admisible y procedente la queja interpuesta, hacer lugar al recurso de casación, anular el resolutorio pronunciado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul y reenviar las actuaciones a la instancia para que, bajo los lineamientos aquí sentados y considerando la necesidad de un ofrecimiento de autoinhabilitación, se celebre audiencia en los términos del art. 404 del CPP. VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada, el Señor Juez Carral dijo: Adhiero al voto de mi colega preopinante, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos. VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada, el Señor Juez Bouchoux dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente corresponde: 1) declarar admisible y procedente la queja interpuesta; 2) HACER LUGAR al recurso de casación, ANULAR el resolutorio pronunciado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul y reenviar las actuaciones a la instancia para que, bajo los lineamientos aquí sentados y considerando la necesidad de un ofrecimiento de autoinhabilitación, se celebre audiencia en los términos del art. 404 del CPP (arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 75.22 de la CN.; 168 de la Constitución Provincial; 76 bis y ss. del CP; 106, 210, 404, 448, 450, 461, 464, 530 y 531 del C.P.P.). ASI LO VOTO.
A la misma segunda cuestión planteada, el Señor Juez Carral dijo: Adhiero al voto de mi colega preopinante, expidiéndome en igual sentido. ASI LO VOTO.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. Declarar admisible y procedente la queja interpuesta.
II. HACER LUGAR al recurso de casación, ANULAR el resolutorio pronunciado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul y reenviar las actuaciones a la instancia para que, bajo los lineamientos aquí sentados y considerando la necesidad de un ofrecimiento de autoinhabilitación, se celebre audiencia en los términos del art. 404 del CPP. Arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 75.22 de la CN.; 168 de la Constitución Provincial; 76 bis y ss. del CP; 106, 210, 404, 448, 450, 461, 464, 530 y 531 del C.P.P.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, radíquese al origen.
MABL
Fin de la sentencia