Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la nulidad planteada por la actora. Con costas.
2Confirmar la resoluciones apeladas. Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-97113784-APN-VOCVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 14 de Septiembre de 2022 valor agregado-”- SENTENCIA En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros titulares de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación Dres. Viviana Marmillon (Vocal de la 7ma Nominación), Claudio Luis (Vocal de la 8°Nominación) y Juan Carlos Vicchi (Vocal de la 9° Nominación), a fin de sentenciar en la causa N° 31.781-I, caratulada “MARFLO S.R.L. s/apelación -impuesto a las ganancias y al valor agregado-”
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que a fs. 186/211vta. se interpone recurso de apelación contra las resoluciones de fecha 22 de abril de 2008, suscriptas por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la AFIP-DGl, mediante la cual se determinó de oficio la obligación tributaria de la contribuyente Marflo S.R.L. en relación con el impuesto al valor agregado de los ejercicios febrero de 2006 a mayo de 2006 e impuesto a las ganancias respecto al período fiscal 2006, con más los intereses resarcitorios. Asimismo, se aplicó una multa equivalente a dos veces el impuesto al valor agregado omitido, con sustento en lo dispuesto por los artículos 46 y 47 inciso b) de la ley 11683 (t.o vigente), haciendo reserva de aplicar sanciones en el impuesto a las ganancias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 24.769.
En primer lugar plantea la nulidad de las resoluciones apeladas toda vez que se habría violentado su derecho al debido proceso al no haberse dejado producir las pruebas ofrecidas en sede administrativa, en el entendimiento que las mismas no resultaban ser conducentes para la solución del caso.
Recuerda que el ente fiscal no puede, ni debe, rechazar la producción de pruebas conducentes con la mera afirmación dogmática de que son insuficientes, inadecuadas e improcedentes.
En relación con la cuestión de fondo señala que, al no haber sido objetada la venta del cereal que conforma las operaciones, y no haberse acreditado fehacientemente que Marflo S.R.L. sea productor la inscripción y la autorización para operar que el propio Fisco concediera a los proveedores en cuestión, importa la improcedencia de los ajustes. Subraya que la omisión declarativa de los hechos que pueden realizar los proveedores, de manera alguna quita entidad al negocio realizado por el contribuyente, ni lo hace al mismo garante de la conducta fiscal. En este sentido, afirma que la contribuyente y sus vendedores o proveedores son sujetos tributarios distintos, independientes y estancos, por ende, cada uno tiene responsabilidades tributarias propias e independientes Indica, con respecto a la forma de pago de las operaciones cuestionadas, que el Dictamen 44/2004 admite soslayar las exigencias de las formas de los pagos, y aceptar el crédito fiscal o el gasto, cuanto la prueba aportada por otros medios resulte suficiente para comprobar la existencia de los servicios.
Remarca en este sentido que la AFIP-DGI nunca ha llegado a probar que las operaciones realmente no hayan tenido lugar, y como tal, los cargos carecen de todo valor.
Aduce que la fiscalización no ha intentado, seriamente, encontrar a los proveedores; agregando que se ha conformado con señalar que no han respondido a la citación por carta o no haberlos hallado en ia visita a sus domicilio.
Consigna que el hecho que un contribuyente haya dejado de operar comercialmente o haya sido dado de baja del registro de operadores a la fecha de la fiscalización, no puede significar que el mismo no tenga capacidad comercial alguna o que no haya operado comercialmente para la fecha de la fiscalización.
Seguidamente, analiza particularmente cada uno de los proveedores impugnados.
Destaca que los proveedores estaban legitimados por la AFIP para actuar como lo hicieran al momento de llevarse a cabo las operaciones, atento que el organismo fiscal los autorizó a actuar en el mercado agropecuario, aceptando sus inscripciones, dándoles de alta en el Registro Fiscal de Operadores. Por ello, entiende que negar legitimación a las operaciones en cuestión, es contrario a la doctrina de los actos propios.
Señala que la tipificación efectuada por el ente fiscal no resulta procedente toda vez que no se ha comprobado la existencia del ardid o engaño que se le endilga a la firma.
Cita doctrina y jurisprudencia, ofrece prueba, hace reserva del caso federal; y solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. A fs. 228/245 contesta el representante fiscal el traslado del recurso conferido a fs. 217 y por los motivos de hecho y derecho que expone, solicita se confirmen los actos apelados.
A fs. 259 se abre la causa a prueba, a fs. 298 se clausura el periodo probatorio y a fs. 302 se elevan los autos a la Sala C.
A fs. 309/310 obran los alegatos del Fisco Nacional, no habiendo hecho uso de su derecho la actora. Finalmente a fs. 312 se ponen los autos a sentencia.
III. Que corresponde tratar, en primer término, la nulidad opuesta por el contribuyente.
Sobre el particular y en torno al argumento de la nulidicente en el sentido que el juez administrativo soslayó la prueba ofrecida, cabe señalar que la jurisprudencia ha entendido que el rechazo de la prueba ofrecida en instancia administrativa no toma procedente la excepción, siempre que dicho rechazo pueda suplirse en la instancia del Tribunal, como ha acontecido en el caso de autos (cfr. Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo, Sala II, "Mucciolo, Ruben A." 17/8/1995; TFN, Sala B, "Optica San Jorge SC", 27/12/1996; Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo, sala III, "Club Sportivo Baradero", 29/11/94; TFN, Sala A, ”Philco Usuhaia SA", 2/2/99, entre muchos otros).
Por otra parte, debe destacarse que las resoluciones impugnadas fueron dictadas con fundamento en las circunstancias de hecho y de derecho, es decir, que no sólo se han cumplido con los requisitos externos de validez, sino que se han valorado las circunstancias fácticas y jurídicas que las presupone, más allá del acierto o error en que pueda haber incurrido el ente fiscal al valorarlas, cuestión que debe ser analizada en el momento de resolver el fondo de la cuestión.
Que toda vez que no se violó el derecho de defensa, que el contribuyente no ha desconocido la causa y motivación del acto, y que los agravios expresados no logran la entidad suficiente para controvertir la validez de los actos administrativos apelados, corresponde rechazar la nulidad invocada, con costas.
IV. Que en relación con la cuestión de fondo, tal como surge a fs. 2 de los antecedentes administrativos, los días 7/6/2007 y 2/8/2006 se dió inicio a la inspección en relación con los gravámenes aquí controvertidos mediante las O.I. 235829 y 160341, las que culminaron con el dictado de las determinaciones apeladas por las que se impugnan las operaciones de adquisición de cereal. Ello así, corresponde resolver si dichos actos se ajustan a derecho.
V. Que corresponde ahora resolver si las resoluciones apeladas se ajustan a derecho.
A tal fin, previamente han de detarrarse los elementos colectados en la instancia administrativa, para luego considerar las pruebas arrimadas en autos por el contribuyente a) Blasetti, Hector Edgardo: el proveedor se encontraba inscripto en la actividad de venta al por mayor en comisión y consignación de cereales (principal) y cultivo de cereales como actividad secundaria, siendo dado de baja del Registro de Operadores de Granos, con fecha 10/5/2006, por no contar con capacidad operativa. Se le requirieron los títulos de propiedad de los inmuebles rurales en los que se lleva a cabo la siembra y consecha de cereal entregado a la fiscalizada, lo que no fue cumplido.
La inspección se apersonó en el domicilio aportado por la firma en la localidad de Carlos Casares, Provincia de Buenos Aires, siendo atendidos por una señora que dijo ser la esposa del hijo del Sr. Blasetti manifestando que el mismo ya no residía más en dicho domicilio, sino en la localidad de 9 de Julio (pvcia. de Buenos Aires). En el domicilio fiscal se encontraba quien dijo ser la titular del inmueble, señalando que allí no reside ni habita el Sr. Blasetti, que alquila una oficina en planta baja, recibiendo documentación a su nombre, la que es entregada a una secretaria o dejada por debajo de la puerta de la oficina.
Los medios de pago utilizados para cancelar las obligaciones fueron cheques de pago diferido con un primer endoso con un sello que luce “Blasetti Hector -Apoderado-”, y como segundo endoso, en algunos casos una firma con un número de cuenta titularidad de "Títulos y Valores Sociedad de Bolsa S.A." y en otros un sello correspondiente al Banco Frances S.A., con la leyenda “para ser depositado en la cuenta recaudatoria de Renault Credit”.
De la consulta a las base de datos del organismo fiscal, surge que el proveedor no presentó las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y las de IVA arrojan saldo a favor del segundo párrafo, no habiéndose practicado retenciones de dicho impuesto por parte de Marflo S.R.L.
b) Cueser S.A.: se encontraba inscripta en la actividad de venta al por mayor en comisión y consignación de cereales (principal) y cultivo de cereales como actividad secundaria, siendo dado de baja del Registro de Operadores de Granos, con fecha 10/5/2006, por no contar con capacidad operativa.
Se le requirieron los títulos de propiedad de los inmuebles rurales en los que se lleva a cabo la siembra y cosecha del cereal entregado a la fiscalizada, sin contestación alguna.
En el domicilio fiscal del proveedor los inspectores observan que en la puerta de acceso existe un cartel con la leyenda “MERCAMP S.A”; consultado el encargado del edificio, señala que concurre gente a retirar la correspondencia sin horario determinado.
Como medio de pago, fueron utilizados cheques de pago diferido, alguno de los cuales no fueron cruzados, con un primer endoso del presidente de la firma y un segundo endoso, en algunos casos del Sr. Ariel Gómez y en otros con un sello de la Cooperativa Agrícola de Conesa Ltda.
De la consulta a las bases del organismo, surge que el proveedor no presentó las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y las de IVA arrojan saldo a favor del segundo párrafo; no le fueron practicadas retenciones por parte del contribuyente.
c) Prado, Roberto: la fiscalización explica que el proveedor se encontraba inscripto en la actividad de Servicios de Asesoramiento y Gestión Empresarial (principal), cultivo de cereales como actividad secundaria y venta al por mayor en comisión y consignación de cereales (terciaria) y fue incluido en el Registro de Operadores de Granos el 3/3/2006.
De la consulta a las bases del organismo, surge que el proveedor no presentó las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y las del IVA arrojan saldo a favor del segundo párrafo; no le fueron practicadas retenciones por parte del contribuyente.
En el domicilio legal del proveedor en la localidad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, los inspectores fueron atendidos por la Sra. Videla quien manifestó ser la cuñada del Sr. Prado, quien reside en dicho domicilio. Consultada telefónicamente en días posteriores, aquella manifiesta que el proveedor se retiró a su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En relación con los medios de pago utilizados para cancelar las operaciones, se trata de cheques de pago diferido sin cruzar, con un primer endoso con el sello “Prado Roberto – Apoderado” y un segundo endoso del Sr. Ariel Gómez, con la particularidad que ambas firmas (primer y segundo endoso) son muy similares. La inspección concurrió al domicilio del Sr. Gómez en varias oportunidades sin poder localizarlo.
d) La Tocaya S.A.:el proveedor se encontraba inscripto en la actividad de venta al por mayor en comisión y consignación de cereales (principal) y cultivo de cereales como actividad secundaria, siendo dado de baja del Registro de Operadores de Granos, con fecha 10/5/2006, por no contar con capacidad operativa, habiendo sido incluida en el Registro de Operadores de Granos el 6/1/2006.
Se le solicita detalle de las operaciones, así como también medios de pagos y otros aspectos que hacen a la operatoria con la firma, aportando la firma los elementos solicitados, siendo el requerimiento respondido por el Sr. Lucero. Posteriormente, se le cursó una nueva solicitud de documentación al proveedor requiriéndole los títulos de propiedad de los inmuebles rurales en los que se lleva a cabo la siembra y cosecha del cereal entregado a la fiscalizada, la que no fue contestada.
La inspección concurrió al domicilio fiscal del Sr. Lucero en la localidad de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, siendo atendidos por una persona de sexo femenino que dijo ser la madre del Sr. Lucero y que el mismo resido allí, pero se encontraba fuera de la ciudad por razones de trabajo.
En relación con los medios de pago utilizados, los mismos fueron cheques de pago diferidos emitidos a la orden del proveedor, contando en algunos casos con un primer endoso con una firma y el sello “La Tocaya S.A. –Apoderado” y una segunda firma sin aclaración, en tanto que otros tienen un primer endoso de una firma con sello “La Tocaya S.A. –Apoderado” y una segunda firma con un sello “Carlos Ariel Gomez, pudiéndose observar que las firmas del apoderado del proveedor y del Sr. Gomez son similares. Corresponde agregar que el Sr. Ariel Gómez no pudo ser localizado.
En lo relativo a las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, las mismas fueron presentadas en cero y las del IVA arrojan saldo a favor del segundo párrafo; no le fueron practicadas retenciones por parte del contribuyente.
e) Terazzolo, Ricardo: el proveedor se encontraba inscripto en la actividad de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial (principal), transporte automotor de carga (secundaria), cultivo de cereales (terciario), venta al por mayor en comisión y consignación de cereales (cuarta).La inscripción en la actividad de venta al por mayor en comisión o consignación se efectuó con posterioridad a las fechas en las cuales realizaron las operaciones con la firma.
Si bien se enviaron varias circularizaciones a los distintos domicilios del contribuyente, no pudo ser localizado. Consultadas la base de datos de la AFIP-DGI, el proveedor efectuó la presentación de las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado, no habiéndose practicado retenciones por parte del contribuyente. f) Argenplay S.A.: La fiscalización advierte que el proveedor se encontraba inscripto en la actividad de cultivo de legumbres secas (principal), venta al por mayor en comisión y consignación de cereales (secundaria), cultivo de cereales (terciario), venta al por mayor en comisión y consignación de cereales (cuarta), habido siendo incluida en el Registro de Operadores de Granos el 7/4/2006.
Si bien se enviaron varias circularizaciones a los distintos domicilios del contribuyente, el mismo no pudo ser localizado.
En relación con los medios de pago utilizados para cancelar las operaciones en cuestión, la fiscalización advirtió que fueron a través de transferencias bancarias, que al verificarse la cuenta corriente se observó que los montos de cancelación correspondian a valores, los cuales fueron emitidos y cobrados por los socios de Marflo S.R.L. quienes después de cobrarlos por ventanilla los depositaban en la cuenta de Argenplay S.A. Finalmente, de la consulta a la base de datos del organismo fiscal surge que las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias fueron presentadas en cero y las de IVA arrojan saldo a favor del segundo párrafo; le fueron practicadas retenciones por parte del contribuyente en el mes de agosto/2006.
g) Agropecuaria Gaynor S.A: se encontraba inscripto en la actividad de venta al por mayor en comisión y consignación de cereales (principal) y cultivo de cereales (secundaria), habido siendo incluida en el Registro de Operadores de Granos el 7/4/2006. Se circularizó al proveedor solicitándole detalle de las operaciones, medios de pagos y otros aspectos que hacen a la operatoria con la apelante; aporta los elementos solicitados, siendo el requerimiento firmado con un sello con la leyenda “Agropecuaria Gaynor”. Posteriormente, se le cursó una nueva solicitud de documentación, requiriéndole los títulos de propiedad de los inmuebles rurales en los que se lleva a cabo la siembra y cosecha del cereal entregado a la fiscalizada, la que no fue contestada.
En relación con los medios de pago utilizados para cancelar las operaciones, es dable destacar que fueron efectuados a través de transferencias bancarias; al verificarse la cuenta comitente se observa que los montos de cancelación correspondían a valores emitidos y cobrados por los socios de Marflo S.R.L., quienes después del cobro por ventanilla los depositaban en la cuenta de Agropecuaria Gaynor S.A.
Las declaraciones juradas del IVA arrojan saldo a favor del segundo párrafo y le fueron practicadas retenciones por parte del contribuyente en los meses de abril y mayo de 2006.
V. Que en atención a lo precedentemente expuesto, el tema en debate queda circunscripto a una cuestión de hecho y prueba, a fin de establecer con un grado de certeza la realidad de los hechos tenidos en cuenta por la administración y negados por la recurrente. En efecto, corresponde al actor acreditar fehacientemente la existencia de las operaciones comerciales, por distintas vías, en orden a destruir los fundados elementos colectados por la administración.
En tal sentido, preciso es recordar lo sostenido por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa Agrocentro Santa Fe SA c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo” de fecha 19/02/2019 en donde se sostuvo que “…del juego armónico de los arts. 12, 37 y 41 de la ley del IVA, es posible inferir que la procedencia del cómputo del crédito fiscal está condicionada —entre otros requisitos— a que el impuesto sea facturado y discriminado en un todo de acuerdo con las normas vigentes sobre emisión de comprobantes y, como derivación lógica de ello, que el crédito fiscal responda a una operación gravada, es decir que se hubiera generado en el vendedor el respectivo hecho imponible de acuerdo con lo previsto en los arts. 5° y 6° de la ley del gravamen (esta Sala, causa n° 21.020/2017 “Cremer y Asociados SA (TF 36.791-I) c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 26 de octubre de 2017”.
Asimismo, la Sala IV del mentado Tribunal en la causa “Leones de Bleek Saayc c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo” de fecha 19/04/2018 ha señalado que “…cuando se dan en forma concomitante una serie de hechos comprobados, graves y precisos que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez y la existencia de las operaciones, corresponde a la contribuyente, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditar la veracidad de sus dichos, esto es, demostrar la existencia de su proveedor y de los bienes y servicios vendidos que menciona la facturación que supuestamente se emitiera a su nombre” (“Bisi SRL [TF 27.386-I] c. DGI”, sent. del 12/06/2014).”
Tal como se desarrolló en el Considerando IV, la impugnación de las facturas de los referenciados proveedores ha sido adecuadamente ponderada, En otras palabras, el ente recaudador sustentó su pretensión objetiva a través de elementos concretos y razonables, tales como inconsistencias en los medios de pagos o falta de capacidad operativa; en conclusión, falta de comprobación del circuito económico. Ello le permitió suponer la inexistencia de los comprobantes respaldatorios de las operaciones denunciadas por el contribuyente.
VI. Que corresponde entonces ahora analizar los agravios esgrimidos por la actora a los fines de controvertir el criterio fiscal.
Sobre el particular pertinente destacar que la defensa del actor a lo largo de todo su escrito recursivo consiste fundamentalmente en sostener que las facturas impugnadas cumplen con los requisitos formales exigidos por la normativa vigente y que los proveedores se encontrarían inscriptos en el Registro de Operadores de Granos. Al respecto, cabe destacar que si bien, de manera alguna puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto (en particular aquellas que se vinculan con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la firma emisora de las facturas y su inclusión en la base de datos del organismo de proveedores apócrifos), el organismo fiscal impugnó las operaciones con el proveedor de la recurrente sobre la base de una serie de indicios graves y concurrentes, tales como la ausencia de instalaciones y para prestar los servicios facturados, algunos de ellos se encontraban dados de baja del Registro de Operadores de Granos o su inscripción en la actividad de venta de cereal resulta ser posterior a las operaciones realizadas con la contribuyente e irregularadidades en los medios de pago de las operaciones cuestionadas, tales como endosos de los cheques utilizados para cancelar las mismas realizados por distintas personas pero cuya firma es idéntica, valores que son cobrados por la misma persona pese a que se tratan de distintos proveedores o cheques que son cobrados por ventanilla por empleados de la propia actora, elementos que -en su conjunto- llevaron al organismo fiscal a concluir sobre la inexistencia de las mismas.
VII. Que finalmente, es menester traer a colación la importante doctrina sentada por este Tribunal, en numerosos pronunciamientos (vid. por todos “Impulso S.A.”, 27/3/98), en la que se sostuvo que “de la de la economía propia del impuesto al valor agregado surge la “doctrina de la concurrencia de los elementos materialformales del crédito fiscal”. En efecto, para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia del aspecto material (existencia de las operaciones) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiere por expresa disposición legal).
Dicho criterio fue convalidado por Nuestro Máximo Tribunal en la causas “ADM Argentina SA” y “Molinos Rio de la Plata S.A.” de fechas 10 de marzo de 2015 y 25 de agosto de 2015, respectivamente, en donde se estableció que “...a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente”.
Ello así, cabe advertir que la recurrente ha contado en esta instancia con amplias posibilidades de aportar la prueba correspondiente a sus dichos, mas no desvirtuó el criterio fiscal ni arrimó probanza suficiente que demostrara la veracidad de sus dichos, deviniendo los mismos en meras elucubraciones que resultan insuficientes a los efectos de controvertir la pretensión fiscal.
En autos, el contribuyente sólo aportó como prueba documental sendas notas emitidas por los proveedores donde se comprometían a realizar la retención del impuesto a las ganancias a los propietarios de la mercadería (vide fs. 93/95, 115/116, 119/120, 127, 142, 151), las cuales carecen de fecha cierta, toda vez que únicamente cuentan con una certificación de firmas efectuadas por escribano público, no siendo hábiles entonces para controvertir el criterio fiscal.
Asimismo, acompañó documentación relacionada con las diferentes inscripciones en los registros de los distintos proveedores, no contando la misma con entidad suficiente para acreditar el circuito económico o financiero ni aportar elementos de convicción para demostrar la existencia de las operaciones.
Por lo expuesto, corresponde confirmar el criterio del Fisco, respecto de las facturas supuestamente emitidas por los proveedores cuestionados, dado que fueron detectados, concomitantemente una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y de la real existencia de las operaciones.
VIII. En cuanto a los intereses resarcitorios liquidados, toda vez que la actora no se ha agraviado de los mismos corresponde su confirmación.
IX. Que sentado lo que antecede, procede ahora expedirse respecto de la multa aplicada en el acto recurrido, con sustento en los arts. 46 y 47 inc. b) de la ley procedimiental.
Que en ese sentido, el artículo 46, texto ordenado vigente al momento de la imposición de la sanción, establece “El que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido”. Por su parte, el artículo 47 dispone que “se presume, salvo prueba en contrarios, que existe voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones”... “b) cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible...”
Que según las razones desarrolladas en los considerandos precedentes que llevaron a considerar la procedencia de la determinación de oficio aquí controvertida, ha quedado debidamente acreditada la configuración del elemento objetivo de la infracción imputada a la contribuyente, que tiene precisamente como presupuesto una omsisión de pago que no ha logrado justificarse.
En relación con el elemento subjetivo, nótese que en el caso de autos, se configuran una serie de circunstancias que permiten a quien suscribe concluir que aquel se encuentra configurado.
Resulta necesario destacar que la apelante, no obstante haber contado en esta instancia con todas las posibilidades, no ofreció prueba alguna para demostrar la aludida falta de intencionalidad dolosa, mas allá de los antecedentes administrativos en poder de la contraria, limitándose a aducir la falta de intención de defraudar, lo que por sí solo no permite justificar su accionar.
En tal sentido, teniendo en consideración las inexactitudes de la declaración jurada original puestas de manifiesto como consecuencia de la inspección iniciada, le incumbía al recurrente la carga de probar que aquellas “...habían sido la consecuencia de una omisión imputable a su parte a título de mera negligencia”...”porque...si bien es cierto que no cabe admitir la existencia de responsabilidad de índole penal sin culpa, no es menos exacto tampoco que una vez que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta sancionada por la ley, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por el derecho penal vigente” (Wekser, Marcelo A -CNACAF Sala V 23-6-15).
En virtud de lo expuesto, la sanción aplicada en los ténninos del artículo 46 en función del 47, inc. b) de la ley procedimental, ha sido adecuadamente encuadrada y ponderada, razón por la cual sólo cabe su confirmación.
X. Que, por todo lo expuesto, voto por confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas. Los Dres. Luis y Vicchi dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Por ello, SE RESUELVE:
1.-Rechazar la nulidad planteada por la actora. Con costas.
2.-Confirmar la resoluciones apeladas. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.09.12 18:10:50 -03:00 Date: 2022.09.14 09:59:23 -03:00 Claudio Esteban Luis Juan Carlos Vicchi Vocal Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.09.14 10:40:00 -03:00 Viviana Marmillon Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.14 10:40:01 -03:00
Fin de la sentencia