Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 5187
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia, confirmando a su respecto el pronunciamiento apelado.
2Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, declarando la procedencia del planteo reconvencional oportunamente deducido por aquella.
3Readecuar las costas de primera instancia conforme lo dispuesto en el primer párrafo del punto VIII.
4Imponer las costas de Alzada a la parte actora vencida (art. 68 del CPCCBA).
5Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad respectiva (art. 31 de la ley 14.967).
En la ciudad de Pergamino, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 5187-23 caratulada "MARÍA ROSA ZURITA Y OTROS C/ GUNNING, MARÍA L. S/ RESOLUCIÓN DE CONTRATO", Expte. 39.650 del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffia y Roberto Degleue, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
El Sr. Juez de la anterior instancia rechazó la excepción de prescripción opuesta por la Sra. Maria Luisa Gunning, con costas a su cargo por resultar perdidosa. Difirió la regulación de honorarios de los letrados intervinientes, por la excepción resuelta, hasta que medie firme la respectiva liquidación de intereses y gastos. Asimismo, rechazó la demanda por reconvención articulada por la Sra. Maria Luisa Gunning; con costas a su cargo. Difirió la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes, hasta que medie firme la respectiva liquidación de intereses y gastos. Y ordenó respecto de la parte actora, otorgue escritura traslativa de dominio a favor de la Sra. María Luisa Gunning, dentro del plazo de treinta días, contados a partir del momento que reste firme esta sentencia. También ordenó, en relación a la demandada, que al momento de otorgarse la escritura traslativa de dominio cumpla acabadamente con todas las cargas y costos convenidos, debiendo solventar los gastos asumidos y, además, entregar a la parte actora el saldo de precio de pesos siete mil ($7.000), con más un interés calculado a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina en operaciones de descuento de documentos comerciales en préstamos ordinarios -tasa activa-, a partir de la fecha de la mora 02/07/2002 -ver fs. 8 y 15- y hasta su efectivo pago. Aplicó las costas a la parte actora, que resulta vencida. Difirió la regulación de honorarios de los letrados y demás profesionales intervinientes, hasta que medie firme la respectiva liquidación de intereses y gastos.-
Tal decisorio fue objeto de los recursos de apelación por la parte actora el día 14-12-2023 y por la parte demandada el 11-11-2023, concedidos libremente y en efecto suspensivo el 15-2-2023 y 13-2-2023 respectivamente. Elevados los autos a esta Alzada con fecha 6-2-2024 se ordeno expresar agravios a la parte actora, quien los fundó el 14-2-2024. El día 20-2-2024 se ordeno expresar agravios a la parte demandada, quien los fundó en la misma fecha. El 22-2-2024 se ordenaron los traslados recíprocos, siendo evacuados por la demandada el 26-2-2024 y por la actora 28-2-2024. Con fecha 5-3-2024 llamamiento de autos, providencia, que firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.
En sustento de su crítica recursiva, la parte actora expuso los siguientes puntos de agravio: 1) falta de tratamiento de la demanda por resolución de contrato, 2) autocontradicción de la sentencia de primera instancia al rechazar la demanda por reconvención instaurada por la demandada y, al mismo tiempo, ordenar lo dispuesto en los puntos 5, 6 y 7 de la sentencia. 3) Improcedencia de la orden de escrituración toda vez que a) no habría existido un segundo boleto de compraventa reformulando los términos del boleto de compraventa de fecha 25 de Agosto de 1999, b) no se habría verificado pago alguno por la suma de $ 5000 y la demandada fue intimada al cumplimiento por los actores, c) se encontraba en mora al momento de la intimación y jamás ofreció cumplir con las obligaciones a su cargo y que la Sra. Gunning no se encontraba en condiciones de exigir la escrituración ya que estaba en mora respecto de su obligación de pago del saldo de precio, d) la demandada -a la fecha de dicha intimación por carta documento- se encontraba en mora respecto de su obligación de pago del saldo del precio de $20.000, ya que conforme a la cláusula SEGUNDA del boleto mencionado debía abonarlos dentro de los 60 días de la fecha de dicho instrumento dejando expresamente establecido que, ante el supuesto de que la Sra. María Luisa Gunning no cancelara la totalidad del saldo en la fecha estipulada, el contrato quedaba rescindido de pleno, e) El juez a quo erróneamente condena a esta parte a abonar daños y perjuicios siendo que ello no fue reclamado por la demandada y que son improcedentes. 4) Imposición de las costas de la reconvención a la parte actora cuando la misma fue rechazada.
Por su parte, la parte demandada expone los siguientes puntos en su escrito impugnativo: 1) falta de tratamiento de la pretensión de resolución contractual, 2) rechazo injustificado de la excepción de prescripción planteada por su parte sobre la base de que el segundo boleto de compraventa dejó sin efecto al boleto suscripto en fecha 29 de septiembre de 1999 sustituyendo las prestaciones debidas por las partes, por lo que el acto interruptivo se realizó en relación a un boleto cuyas obligaciones ya no eran las debidas por las partes. 3) Improcedencia de la prescripción declarada respecto a la acción reconvencional toda vez que al existir obligaciones pendientes de cumplimiento la posesión del inmueble operaba como modo suspensivo de la prescripción, por cuanto no podía la parte actora exigir la restitución, sin haber cumplido u ofrecer cumplir las obligaciones a su cargo.
A su turno, la parte demandada contesta los agravios formulados por la contraria mediante escrito electrónico de fecha 26/2/2024. Y oportunamente, hace lo propio la parte actora mediante escrito electrónico de fecha 28/2/2024.
Entrando a resolver, he de anticipar que la cuestión litigiosa está principalmente centrada en determinar la situación jurídica del inmueble objeto de autos y, específicamente, en la determinación de los efectos derivados del boleto de compraventa que habría sido celebrado entre las partes.
En base a tal enfoque, comenzaré por el abordaje de los agravios vertidos por la parte actora.
I. El primero de ellos se relaciona con la falta de tratamiento de la pretensión de resolución contractual deducida por la parte actora. De la lectura del fallo apelado se desprende que la pretensión denunciada no ha sido objeto de expreso tratamiento por parte del aquo, sin perjuicio de que se vertieron consideraciones tangencialmente vinculadas al contenido de la misma en oportunidad de resolver en el punto VI. Con todo, ello resulta insuficiente para satisfacer el cometido resolutivo que se espera del pronunciamiento de grado.
En virtud de lo expuesto, procederé al abordaje no sólo de las cuestiones efectivamente resueltas por el Juez de origen y que han sido motivo de apelación, sino también revisaré aquellas otras que han quedado pendientes de tratamiento por la omisión producida en la instancia de grado y que han sido incorporadas al recurso incoado a través de los agravios vertidos. Ello así con fundamento en el art. 273 del CPCC que habilita al Tribunal a decidir sobre los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiese pedido aclaratoria, y siempre que se solicitare el respectivo pronunciamiento al expresar agravios.
Por razones metodológicas, y a fin de evitar la dispersión argumental, el análisis de dicha cuestión se diferirá al momento de abordar el tercer agravio.
II. En cuanto al segundo agravio esbozado por la parte accionante, no advierto técnicamente autocontradicción en el fallo apelado. Es que sin desconocer que la forma en que ha sido estructurado el resolutorio apelado dista de ser inequívoca, una interpretación contextual y finalista de la resolución recurrida permite advertir que el rechazo de la pretensión reconvencional no ha sido tal, sino que en lo sustancial el magistrado de origen receptó positivamente la contrademanda efectuada por la parte demandada reconviniente al ordenar el cumplimiento de la obligación de otorgar la pertinente escritura de traslativa del dominio respecto del inmueble de referencia, es decir al hacer lugar al objeto principal del planteo reconvencional efectuado en el escrito obrante a fs. 105/103 de la presente causa.
En este sentido, entiendo que debe prevalecer una comprensión global de la sentencia en cuanto norma jurídica positiva en la que la decisión funciona como un todo orgánico integrado por la parte resolutiva pero también por los considerandos sobre los cuales aquélla se edifica. En esta tónica, el Máximo Tribunal Argentino ha definido a la sentencia como "acto inescindible, una unidad lógica jurídica cuya parte dispositiva debe ser la conclusión final y necesaria, por derivación razonada, del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación" (conf. CSJN, 27-6-89, ED, 134-723). De modo que toda interpretación de la sentencia que pretenda neutralizar la incidencia práctica de los considerandos en la decisión final debe ser apreciada con criterio restrictivo.
En similar sentido, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora ha entendido que el contenido de los considerandos integra el objeto de la decisión judicial: "En el caso concreto de autos, la omisión alegada por el recurrente, no priva de claridad a la sentencia; por cuanto sus motivaciones o considerandos, por su carácter, forman con la parte dispositiva -aunque no estén expresamente receptados en ella-, una unidad funcional susceptible de hacer cosa juzgada. De allí que el hecho de no figurar todo lo resuelto en la parte dispositiva, que es sin duda donde se polariza el mandato del juez, debe suplirse o interpretarse por lo que él mismo ha dicho claramente al fundar su resolución" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala III, "JOURDON MARCELO ALBERTO Y OTRO/A C/ CONTRERAS VERA VICTOR S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", 9 de Mayo de 2013).
Finalmente, esta Cámara ha resuelto con igual temperamento que: "la parte dispositiva de la sentencia se integra con sus fundamentos, vertidos en los considerandos" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino, "MUTUAL DE SOCIOS DEL CLUB SPORTIVO BARRACAS Y UNION FRANCESA C/ ESPINOSA, LORENA SILVINA Y OTRO/A S/ REIVINDICACION", autos N° 2056-14, 10 de Julio de 2014).
III. Ya ingresando en el abordaje del tercer agravio basado en la improcedencia de la orden de escrituración como denominador común de los diversos argumentos enarbolados en sustento de la apelación, he de proceder al análisis de cada uno de ellos.
III.1. El primer argumento según el cual la apelante no habría suscripto el segundo boleto de compra de fs. 86/88 celebrado en fecha 29/09/1999 se da de bruces con el resultado del informe pericial de fecha 17/11/22, según el cual la perito interviniente sostuvo que la misma es auténtica y ha sido puesta de puño y letra por la Sra. María Rosa Zurita. Que las impugnaciones vertidas en el escrito de fecha 2/12/2022 -cuya tratamiento en su hora diferido por el Juez primero fue omitido en la sentencia de grado y que, por ídénticas razones a las expresadas ut supra, trataré seguidamente- no conmueven las conclusiones del dictamen pericial toda vez que contraponen disconformidades subjetivas y no científicas contra el procedimiento técnico desarrollado por la experta interviniente, siendo claro en tal sentido que el análisis caligráfico efectuado ha recaído sobre la firma atribuida a la impugnante en dicho soporte documental y que han mediado fundamentos propios del área de incumbencia de la especialista de referencia para sustentar la conclusión final.
Al respecto, se ha dicho que: "La impugnación de una pericia debe constituir una contra pericia que debe contener -como aquella- una adecuada explicación de los principios científicos o técnicos en los que se la funde, por lo que no puede ser una mera alegación de los pareceres subjetivos o de razonamientos genéricos del contenido del dictamen que se ataca" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Necochea, "LOPEZ, Mariano Francisco c/ MONTERO; Carlos Alberto y otro s/Daños y perjuicios", 7/12/2017).
Y toda vez que el escrito impugnativo que sustenta el agravio expresado ha sido formulado de manera conjunta y plantea derechamente la inexistencia del documento contractual de referencia por no haber sido suscripto por ninguna de las codemandantes, la comprobación de determinadas firmas como auténticas deviene suficiente para descartar el fundamento de la crítica -esto es, la inexistencia del documento-, sin perjuicio de los reparos que pudieran merecer las restantes rúbricas no sometidas al juicio pericial.
III.2. La segunda objeción respecto a la falta de firma del recibo obrante a fs. 85 ha de quedar zanjada en virtud de la teoría de la apariencia. Y es que en la medida de que el boleto de compraventa -que como consecuencia del decaimiento del agravio precedente he de tener por existente- fue suscripto de común acuerdo por todas las partes habiendo intervenido los vendedores en forma conjunta y voluntaria, la parte compradora tenía razones más que plausibles para confiar en que había plena aquiescencia entre los vendedores para gestionar indistintamente el proceso de cumplimiento del acuerdo referido y que la Sra. Blanca Rosa San Martín actuaba en representación de todos ellos.
En respaldo concomitante a esta tesitura, ha cobrado vigencia en el derecho argentino la teoría del mandato aparente conforme a la cual se establece que cuando la actuación de una persona en nombre e interés de otra suscita razonablemente la expectativa en terceros de que aquella está actuando en representación del mandatario aparente, cabe proteger la confianza suscitada en favor del tercero que obró sin culpa y de buena fe. Esta tesis ha sido expresamente receptada por el codificador en el art. 367 del CCyC: "Representación aparente. Cuando alguien ha obrado de manera de inducir a un tercero a celebrar un acto jurídico, dejándolo creer razonablemente que negocia con su representante, sin que haya representación expresa, se entiende que le ha otorgado tácitamente poder suficiente".
En el supuesto del representante aparente, el representado juega un rol decisivo en la creación de la apariencia. Él, con sus actos u omisiones, contribuye a la conformación de un cuadro de situación que determinó que el tercero pudiera razonablemente creer que estaba obrando con un representante suyo. De ahí que se hable, en este caso, de un “representante” y que se asimile su actuación a la de un verdadero representante, pese a que no cuenta con facultades suficientes. La apariencia juega aquí en protección de los terceros (HERRERA, Marisa, CARAMELO, Gustavo, PICASSO, Sebastián, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo III, Buenos aires, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2015, comentario al art. 329).
El fundamento de esta teoría reposa en el principio de buena fe subjetiva. Este aspecto de la buena fe "logra amparo cuando se protege a los adquirentes que obran sobre la base de la confianza que suscita un derecho aparente, cuando se protege a quien no puede advertir un error no reconocible, cuando para la formación del consentimiento y la interpretación del contrato se atiende a los términos que se desprenden de la declaración y no a los que pertenecen guardados en la conciencia de los celebrantes. En su aspecto subjetivo, alude a un estado de conciencia que consiste en ignorar que se está perjudicando interés ajeno tutelado por el Derecho; es también la creencia en la apariencia de una relación cualificante que legitima la contraparte –es decir a aquel con quien se entra en relación contractual- a disponer del derecho de que se trata en el acto o negocio ajeno” (MOSSET ITURRASPE, Jorge, Contratos, Buenos Aires, Ed. Rubinzal – Culzoni Editores S.A., 2001).
El Código Civil y Comercial no deja lugar a dudas ni controversias respecto al alcance general de la buena fe como principio aplicable a todas las relaciones jurídicas. El art. 9 postula expresamente a la buena fe como un principio general del derecho: “Principio de buena fe. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe”. El art. 729 reza de modo concordante que: “Deudor y acreedor deben obrar con cuidado, previsión y según las exigencias de la buena fe”, fórmula con la que, implícitamente, se ratifica la vigencia de este principio como pauta de conducta de los sujetos de la relación jurídica contractual como extracontractual, por encuadrar ambas dentro del concepto más amplio de relación jurídica obligatoria. Los arts. 961, 991, 1061 se limitan a confirmar la incidencia general de la buena fe en el ámbito de los contratos. Y, finalmente, los arts. 1091, 1190, 1710, 2075, 2076, 2078 a 2086, 2089, 2092, 2093, 2095, 2097, 2098, 2015, 2107 a 2112 del Código Civil y Comercial contienen aplicaciones específicas del principio general de buena fe tanto en su aspecto objetivo como subjetivo, de donde se sigue que la lógica subyacente de la nueva codificación apunta a confirmar y repotenciar la expansión de la buena fe como criterio rector de las relaciones civiles y comerciales en general.
En la especie, es dable afirmar que esa confianza legítima en la apariencia del mandato se verificó en forma positiva, toda vez que las vendedoras se presentaron ante la parte compradora como una verdadera unidad familiar, que tal apariencia conjunta se vislumbró tanto en el boleto originario como en el suscripto con posterioridad a aquél, que no se previó una forma de cobro necesariamente conjunta de las prestaciones a cargo de la compradora, y que ninguna de las partes no firmantes del recibo comunicó previamente su intención de que el pago fuese recibido en forma personal y directa.
Estas circunstancias globalmente ponderadas autorizan a tener por cierta la confianza suscitada en el actor -más allá de que haya subsistido o no una autorización expresa para que el mandatario actúe en su representación o de que a la postre hubiese o no mediado ratificación del acto-, como así también cierta condescendencia pasiva de los restantes vendedores respecto a las actuaciones del mandatario aparente. Todo ello converge pues en la necesidad de atribuir efectos vinculantes a la intervención de este último, lo que habrá de manifestarse en la oponibilidad de lo actuado -ver extensión del recibo de pago parcial obrante a fs. 85-. En este sentido, la jurisprudencia ha sostenido que: "Puede considerarse que quien otorgó los recibos de pago, actuó como un mandatario aparente, lo que se configura cuando se permite que una persona actúe de tal manera que induce a creer que lo hacía en nombre de otro, siendo este último reputado como mandante frente a los terceros que sin culpa y de buena fe contrataron con el mandatario aparente. La persona que permitió que otro actuase de tal manera que razonablemente indujo a pensar que lo hizo en su representación debe ser tenida como mandante frente a los terceros que sin culpa y de buena fe, contrataron con el mandatario aparente. Si existe un mandato aparente, el conflicto entre el interés de quien no dio poderes suficientes y el tercero de buena fe que creyó por razones serias que había mandato, la ley se inclina frecuentemente por este último, protegiendo de este modo la seguridad jurídica" (CC0000 DO 88605 RSD-197-9 S 29/12/2009 Juez HANKOVITS (SD) Carátula: Segovia Juan B. c/Manzitto Sebastián s/Cumplimiento de contrato Magistrados Votantes: Hankovits-Canale-Dabadie).
Con la misma tónica se ha afirmado que: "El mandato aparente ha tenido amplia recepción tanto en la doctrina y jurisprudencia nacional como extranjera y así, la persona que permitió que otra actuase de tal manera que razonablemente indujo a pensar que lo hizo en su representación debe ser tenida como mandante frente a los terceros que, sin culpa y de buena fe, contrataron con el mandatario aparente" (CC0000 TL 11518 RSD-218-23 S 22/12/1994 Juez CASARINI (SD), Carátula: Gómez Tacta, Carlos Alberto s/Incidente de verificación tardía. Autos: Pitaluga Hnos. S.R.L. s/concurso preventivo, Magistrados Votantes: Casarini-Lettieri).
III.3. El tercer argumento esgrimido en respaldo de la pretendida improcedencia de la orden de escrituración dispuesta en la sentencia apelada radicó en la alegación de que la parte demandada, que habría sido intimada al cumplimiento por los actores, se encontraba en mora al momento de la intimación y jamás ofreció cumplir con las obligaciones a su cargo. Al respecto, entiendo que tal agravio ha quedado virtualmente refutado como consecuencia de lo señalado en los párrafos anteriores. Específicamente, la intimación formulada data del año 2002 y estuvo enderezada a emplazar a la accionada al cumplimiento de las prestaciones derivadas del primer boleto de compraventa, el cual ya había quedado sin efecto en virtud del segundo boleto que fuera firmado en fecha 29 de septiembre de 1999. De manera que mal puede entenderse que la parte demandada se encontrase en mora por la falta de cumplimiento de obligaciones cuyo causa fuente había sido dejada sin efecto en virtud de un boleto novatorio posterior. Por lo expuesto, considero que las premisas fácticas y jurídicas sobre la que se sustenta el presente agravio se han desmoronado en virtud de tal circunstancia, no cabiendo otro resultado decisorio más que la desestimación del argumento impugnativo aquí tratado.
III.4. El cuarto argumento desplegado por el apelante en función del cual la compradora no se hallaba en condiciones de exigir la escrituración ya que estaba en mora respecto de su obligación de pago del saldo de precio, ha quedado privado de sustento por razones similares a las esgrimidas en el punto anterior. Es decir, toda vez que la dinámica de cumplimientos e incumplimientos entre las partes debe juzgarse en virtud de lo dispuesto en el segundo boleto que sustituyó al anterior en lo relativo a la regulación convencional de la compraventa concertada entre aquéllas, no se observa que la demandada se encontraba en mora y, por ende, no pudiese exigir el cumplimiento de la obligación de escriturar.
Puntualmente, este segundo boleto de compraventa que implicó novar la relación contractual emergente del primero, preveía que el precio de la compraventa se integraría con la entrega de una motoneta marca Honda valuada en ($ 2.500) y se completaría con el pago de $ 7.000 al momento de firmar la escritura de dominio. De manera que no quedaban actos solutorios pendientes y actualmente exigibles entre la firma del boleto de compraventa y el otorgamiento de la escritura pública que pudieran habilitar a las accionantes reconvenidas a resistir la pretensión de cumplimiento contractual planteada por la parte demandada reconviniente (vale recordar que el saldo de $ 7.000 recién se tornaría exigible al procederse a la escrituración), circunstancia que aniquila la fuerza argumental del agravio de referencia.
III.5. Por último, el argumento conforme al cual el juez de primera instancia condenó a su parte a abonar daños y perjuicios que no fueron pedidos por la parte reconviniente trasluce una interpretación desaguisada de la parte resolutiva del fallo, habida cuenta de que si se analiza atentamente tal segmento de la resolución recurrida, puede comprobarse que la mentada fórmula no traduce estrictamente una condena indemnizatoria en sentido actual, sino una declaración anticipada y condicional del proceder jurisdiccional frente a la hipótesis de incumplimiento de la orden de otorgar la escritura pública, la que sí sería una condena judicial en sentido propio. Se trata, en tal sentido, de una modalización de la sentencia de grado tendiente a asegurar la efectividad del pronunciamiento jurisdiccional como derivación práctica y específica de la tutela judicial efectiva (art. 75 inc. 22 de la CN).
En este sentido, es menester adunar que una sentencia eficaz es aquella que no sólo se compromete con la fundamentación y declaración del derecho, sino que también determina las bases para su realización práctica. No se trata de suplantar a los procedimientos ordinarios de ejecución por la sentencia de mérito, sino más bien de optimizar la fuerza imperativa y la inteligencia decisoria de ésta última para desalentar posibles incumplimientos futuros. Y de no ser ello posible, facilitar al menos el funcionamiento efectivo de las ulteriores vías ejecutivas.
La tutela judicial efectiva es la garantía de raigambre constitucional que opera como fundamento de la sentencia eficaz. Esta exigencia no se limita a obtener una resolución dictada por un órgano estatal independiente que dé respuesta a lo que la pretensión plantea, sino además se extiende a la plena eficacia de lo mandado en la sentencia. Y esa eficacia plena empieza a gestarse y construirse desde la ingeniería propia del pronunciamiento judicial para luego continuar su derrotero –en caso de ser necesario- mediante los mecanismos de ejecución forzada.
En otras palabras, cuando aludimos a la tutela efectiva no circunscribimos el análisis al derecho de acción, pues para reunir las condiciones que se exigen a esa tutela, el derecho de acción debe complementarse con el derecho al proveimiento y a los medios ejecutivos capaces de dar efectividad al derecho sustancial. Tal efectividad debe ser, además, oportuna y, en algunos casos, tener la posibilidad de ser preventiva, ante la "amenaza a un derecho" y para impedir su violación. La tutela judicial efectiva exige investir al juez de plenas potestades para la total y completa satisfacción de las pretensiones que ante él se formulen. Importa, en tal sentido, la plena jurisdicción del juez para "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado", a fin de que el ordenamiento jurídico se realice, se ponga fin a la situación ilegítima que dio lugar a su intervención y se restablezca el orden jurídico perturbado. La pretensión no quedará satisfecha por la sentencia que declare si está o no fundada, sino cuando el contenido del fallo sea cumplido (MARINONI, Luiz Guilherme, Derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, ed. Palestra, Urna, 2007, p. 220).
El derecho constitucional a la tutela no se limita a obtener una resolución dictada por un órgano estatal independiente que dé respuesta a lo que la pretensión plantea, sino que se extiende a la plena eficacia de lo mandado en la sentencia. Y esa eficacia plena empieza a gestarse y construirse desde la ingeniería propia del pronunciamiento judicial (resolutorios claros, concisos y exentos de ambigüedad, fijación de plazos para el cumplimiento, previsión expresa de apercibimientos ante eventual incumplimiento, etc) para luego consumarse –en caso de ser necesariomediante los mecanismos de ejecución forzada.
En esta línea, la Corte bonaerense sostuvo que: “el derecho a la tutela judicial efectiva comprende un triple e inescindible enfoque: a) la libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo; b) el obtener una sentencia de fondo, motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión; c) el que esa sentencia se cumpla, es decir, la ejecutoriedad del fallo (arts. 706, Cód. Civ. y Com.; 18, Const. nac.; 7, 8, 9 y 25, CADH; 10 y 11, DADDH; 14, PIDESC)”.
En ciertos casos como éste, la modalización de la sentencia puede constituir un recurso metodológico útil para adecuar la declaración judicial a las necesidades resolutivas que concita el caso sometido a juzgamiento. Por modalidades de la sentencia aludimos a ciertos elementos que alteran los efectos normales de dichos actos, postergando su ejercicio o gravando con particularidades accesorias su funcionamiento, como de hecho ocurrió en la especie al prever el Juez de grado una condena indemnizatoria anticipada y condicional frente a la verificación de un supuesto hipotético -a saber, el incumplimiento de la orden judicial de escriturar-. Sus fundamentos son aplicables a toda condena y permiten adecuar su cumplimiento a los delicados intereses en juego, armonizando las garantías constitucionales involucradas. Bien utilizadas, las modalidades de la sentencia constituyen una feliz formalización del ingenio judicial al servicio de la eficacia de la decisión (MOREA, Adrián Oscar, La sentencia eficaz y los falsos quijotes. Publicado en diario La Ley en fecha 28 de Julio de 2022, ISSN: 0024-1636 - RNPI: 5074180).
A diferencia de la declaraciones de condena que se emiten sobre la base de las pretensiones procesales de las partes y, en tal medida, quedan alcanzadas por el principio de congruencia, las modalizaciones de la sentencia tendientes a garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales de condena trasuntan el ejercicio de una atribución judicial implícita fundada en la tutela judicial efectiva que no resultan alcanzada por el radio limitativo de la congruencia de primer y segundo grado. De ahí que la contemplación de la hipótesis de cumplimiento bajo el apercibimiento de condena anticipada y condicional en aras de garantizar la efectividad de la orden de escrituración y alentada concomitantemente por la necesidad de prevenir el daño (art. 1710 inc. b) por parte de los jueces, no puede ser efectivamente cuestionada con base en la mera ausencia de pedimento expreso de parte, máxime cuando surge expresamente de los art. 510 y 511 del CPCCBA la previsión legal de la solución resarcitoria subsidiaria.
IV. Finalmente, el agravio vinculado a la imposición de costas a la accionante siendo que la reconvención había sido rechazada por el a quo, debe ser sopesado a la luz de lo expresado en el punto II del presente resolutorio. Y es que, como ya he dicho en tal apartado, una lectura atenta del fallo apelado, y sin perjuicio de la utilización de la expresión "Rechazar la demanda por reconvención que utilizara el a quo", lo cierto es que en lo sustancial la reconvención fue receptada favorablemente en el pronunciamiento de grado y prueba cabal de ello es que el a quo ordenó el cumplimiento de la obligación de escriturar en favor de la Sra. María Luisa Gunning.
Ello determina que el vencimiento como concepto determinativo principal de la imposición de las costas (art. 68 del CCPC) deba ser juzgado no en virtud de la fórmula textual utilizada por el juez de grado, sino en función del contenido resolutivo principal. Y esto es que la pretensión reconvencional fue ampliamente receptada por el fallo aquí recurrido. Como consecuencia de lo expuesto, advierto entonces que el referido agravio ha quedado privado de fundamento.
V. Transitando pues al análisis de los agravios expresados por la parte demandada, diré que, en cuanto a la falta de tratamiento de la excepción de incumplimiento planteada por la parte demandada, he de asumir idéntico temperamento al expuesto en el punto I de la presente sentencia y, ante la ausencia de expreso abordaje de la defensa incoada, me abocaré al conocimiento del punto omitido.
Que el alegado incumplimiento que opera como base de la excepción de incumplimiento opuesta por la parte demandada ha quedado elípticamente tratado en el punto III.3. y III.4. del presente resolutorio, de cuyos tenores se desprende que la parte actora no procedió a dar cumplimiento a su obligación de otorgar la correspondiente escritura pública por el inmueble designado como lote trece de la manzana E en calle Treinta B, hoy M, entre Boulevard Rocha y Monseñor Scalabrini no habiendo obligaciones exigibles a cargo de la demandada que justificaran dicha dilación, por cuanto la exigibilidad de la obligación de abonar el saldo pendiente de $ 7000 y los demás gastos, aranceles y honorarios a cargo de la compradora estaba condicionada al otorgamiento del acto escritural que nunca llegó a concretarse atento a la pasividad observada por los accionantes.
Ello así, cabe disponer en base a tal circunstancia el acogimiento de la excepción por incumplimiento y, en consecuencia, confirmar el rechazo de la demanda interpuesta por la parte actora.
VI. Y atento a que lo anterior opera como un argumento dirimente absoluto para la procedencia de la acción incoada, el tratamiento del agravio vinculado al rechazo de la excepción por prescripción ha quedado implícitamente desplazado no resultando necesario su tratamiento atento a la intrascendencia que ello apareja para la resolución de la cuestión controvertida planteada en autos.
Por tratarse de un aspecto accesorio a tal cuestión y por ende ínsito en el agravio de referencia, me pronunciaré sobre las costas que fueran decretadas en primera instancia. En tal sentido, entiendo que no corresponde otorgar una regulación separada de las mismas atento a la subordinación de éstas al tema principal que fuera finalmente decidido en sentencia, por lo que propiciaré desde aquí dejar sin efecto la condena impuesta en costas por el rechazo de la excepción de prescripción que fuera dispuesta en el fallo apelado.
En tal sentido, este Tribunal ha dicho que no corresponde una regulación autónoma de costas cuando la defensa opuesta se halla íntimamente vinculada al progreso de la pretensión principal que constituye el objeto de la relación jurídica sustancial controvertida. El hecho de que la misma se haya deducido como excepción no resulta una circunstancia per se suficiente para justificar la independencia del tópico abordado respecto a la cuestión litigiosa principal (Cf. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino, causa N° 5133-23 caratulada "MARIANI GERMAN GABRIEL C/ TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", 29/2/24).
Sobre una cuestión análogamente asimilable al supuesto acaecido en la especie, se ha dicho que: "Cuando se oponen excepciones previas como lo sería la excepción de falta de legitimación pasiva (arts. 344 y 345, C.P.C.C.), y se difiere su tratamiento -por no ser manifiesta- para el momento de la sentencia definitiva, oportunidad en la cual si bien se la rechaza por improcedente, se rechaza la demanda por prosperar otra de las defensas opuestas, no corresponde imponer las costas por el rechazo de dicha excepción, ya que su tratamiento integra el análisis de las diferentes defensas efectuadas por la demandada, debiendo regir el principio objetivo de la derrota y la calidad sustancial de vencido (art. 68, C.P.C.C.). Por ello, es improcedente la imposición de costas en forma autónoma por el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta, la cual se deja sin efecto (arts. 68, 345, 349 y 351, C.P.C.C.; esta Sala, causa 115.789, 3/12/2015, 3/12/2015, "Navarro, Karina Beatriz y otro/a c/Martina, Francisco Victorio s/Daños")". (CC0201 LP 133422 202 S 11/07/2023 Juez SOSA AUBONE (SD), "SANCHEZ, TELMO c/LUCO, RODOLFO MARIO Y OTRO/A s/DAÑOS Y PERJ.", 11/07/2023).
VII. Arribamos finalmente al último agravio expresado por la parte demandada conforme al cual la prescripción de la acción de escrituración no se produjo en virtud de haber operado un hecho interruptivo, cuál fuera el ejercicio de la posesión de la compradora desde la celebración del boleto de compraventa.
Que esta última circunstancia fáctica se halla expresamente reconocida por la parte accionante -ver escrito de demanda de fs. 30/33- y por la parte demandada -ver escrito de expresión de agravios de fecha 20/2/2024-, por lo que se halla exenta de controversia y, en consecuencia, debe tenerse por cierta.
Queda por determinar entonces si la misma ha tenido un efecto interruptivo continuado respecto al cómputo del plazo prescriptivo, pues de ello dependerá el cumplimiento del lapso temporal hábil para la extinción de la acción por causa de prescripción liberatoria.
Al respecto se ha dicho que la interrupción de la prescripción es el instituto jurídico que, ante la configuración de algunas de las causales definidas por la ley, aniquila el tiempo de prescripción transcurrido, el que comienza a correr nuevamente en ese mismo momento (LOPEZ HERRERA, Edgardo, Tratado de la prescripción liberatoria, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007, pag. 268).
En relación específica a la obligación de escriturar, la doctrina especializada considera que la posesión ejercida por el comprador importa una interrupción permanente por el reconocimiento tácito de respetar el derecho del adquirente (LOPEZ HERRERA, Edgardo, Tratado de la prescripción liberatoria, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007, pag. 268). Y con mayor especificidad, la jurisprudencia de nuestros tribunales provinciales ha precisado los requisitos típicos para que la posesión tenga aptitud interruptiva del plazo prescriptivo de la acción de escrituración. En tal sentido, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Martín ha sostenido que: "La prescripción decenal de la acción de escrituración es interrumpida por la posesión pacífica y continuada que ejerza el comprador y que resulte de la tradición del inmueble que oportunamente le haya hecho el vendedor, ya que ésta importa un reconocimiento tácito y permanente de respetar el derecho del adquirente. (Art. 3989 del Código Civil)" (CC0003 SM 67646 D-126/14 S 18/09/2014 Juez GALLEGO (SD), Carátula: SINIBALDI JORGE ENRIQUE C/ ALVAREZ ESTER HAYDEE S/ ESCRITURACIÓN, Magistrados Votantes:
Gallego-Sanchez Pons, Tribunal Origen: CC0003SM).
Otro aspecto no menor es a quién aprovecha el efecto interruptivo. En este sentido, existe consenso en que la interrupción es por principio personal de efecto relativo conforme al principio que sienta el art. 1195 CCiv: "A persona ad personam non fit interruptio civile, nec antiva, nec pasiva".
En materia de prescripción, ese principio está reconocido en el art. 3991 del C.C.: "La interrupción de la prescripción, causada por demanda judicial, no aprovecha sino al que la ha entablado, y a los que de él tengan su derecho". El artículo, si bien menciona a la demanda, se hace extensivo a todas las causales de interrupción reconocidas por la ley civil, por lo que mutatis mutandis no aprovecha a quien no ha llevado a cabo el hecho o acto con aptitud interruptiva de la prescripción. En la especie, no sería tal el problema porque la posesión ha sido ejercida por la compradora que es precisamente quien procura aprovechar el efecto interruptivo derivado de la misma.
Trasladando estas consideraciones a la especie, la alegada posesión del inmueble que habría ejercido la compradora desde la firma del boleto de compraventa constituye un hecho interruptivo continuado de la prescripción de la acción de escrituración que ha impedido activar el cómputo inicial del plazo prescriptivo, por lo que la acción de escrituración se hallaba expedita al tiempo de su interposición. Respecto a las costas derivadas de la excepción, habré de proponer similar temperamento al indicado en el punto VI dejando las mismas sin efecto por razones semejantes a las allí esgrimidas.
VIII. En punto a las costas de primera instancia, las mismas serán impuestas a la parte actora tanto por el rechazo de la demanda como por el acogimiento de la reconvención aquí propiciado -no debiendo imponerse costas por los planteos prescriptivos efectuados en sendas peticiones y que fueran oportunamente rechazados- (art. 68 del CPCCBA).
Igual solución habrá de aplicarse a las costas de segunda instancia que deberán ser soportadas por la parte actora atento al resultado igualmente adverso a su respecto de la apelación (art. 68 del CPCCBA).
IX. Finalmente, y atento al modo en que ha quedado decidida la presente cuestión, el planteo introducido en la contestación de agravios efectuada por la parte demandada mediante escrito electrónico de fecha 26/2/24 (ver apelación adhesiva formulada en el punto 2) ha quedado implícitamente resuelto en el último párrafo del punto V, deviniendo superfluo el tratamiento expreso de la cuestión señalada.
Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma cuestión el señor Juez Roberto Degleue por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
A la segunda cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo: De conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia, confirmando a su respecto el pronunciamiento apelado.
2. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, declarando la procedencia del planteo reconvencional oportunamente deducido por aquella.
3. Readecuar las costas de primera instancia conforme lo dispuesto en el primer párrafo del punto VIII.
4. Imponer las costas de Alzada a la parte actora vencida (art. 68 del CPCCBA).
5. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad respectiva (art. 31 de la ley 14.967).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión el señor Juez Roberto Degleue por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente;
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia, confirmando a su respecto el pronunciamiento apelado.
2. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, declarando la procedencia del planteo reconvencional oportunamente deducido por aquella.
3. Readecuar las costas de primera instancia conforme lo dispuesto en el primer párrafo del punto VIII.
4. Imponer las costas de Alzada a la parte actora vencida (art. 68 del CPCCBA).
5. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad respectiva (art. 31 de la ley 14.967).
Regístrese. Notifíquese por Secretaría (Ac. 4013 SCBA)
remitiéndose copia digital de la presente sentencia a los domicilios electrónicos de las respectivas partes. Devuélvase.
Fin de la sentencia