Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2025-55139021-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al amparo deducido en autos otorgando un plazo de treinta (30) días al Fisco Nacional, para que concluya el trámite que motivó la presente causa, con costas a su cargo.
2Regular los honorarios del Dr. Martín Correas, por su actuación en autos en el carácter de patrocinante de la amparista, en la suma de $353.545 (pesos trescientos cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y cinco) equivalente a 5 UMA, la que queda a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines lo dispuesto por el art. 44, inc. b), último párrafo de la ley 27.42, la Acordada N° 08/2025 (CSJN 21/05/2025) y la Resolución SGA 936/2025 (22/05/2025).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-60789881-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 5 de Junio de 2025 VICTORIA STOPPANI S/ AMPARO”
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el EX- 2025-55139021- -APN-SGAI#TFN caratulado “MARÍA VICTORIA STOPPANI S/ AMPARO”
El Dr. Martín dijo:
I. Que por IF-2025-55138957-APN-DTD#JGM María Victoria Stoppani interpone recurso de amparo en los términos de los arts. 182 y 183 de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.) contra ARCA (ex AFIP) a los efectos de que dicho organismo se expida respecto sobre las solicitudes de devolución RG 4815 correspondientes al período fiscal 2023, interpuestas con fecha 30 de enero de 2024.
Indica el siguiente detalle de las operaciones involucradas: Nº 991086725 (período 12/23 por un importe de $720,91); Nº 991086543 (período 11/23 por un importe de $3.544,64); Nº 991086196 (período 10/23 por un importe de $1.632,29); Nº 991086040 (período 09/23 por un importe de $471,05); Nº 991085873 (período 08/23 por un importe de $2.269,95); Nº 991085745 (período 07/23 por un importe de $1.260,07); Nº 991085555 (período 06/23 por un importe de $338,86); Nº 991085430 (período 05/23 por un importe de $2.262,12); Nº 991085292 (período 04/23 por un importe de $376,63); Nº 991085188 (período 03/23 por un importe de $1.372,04); Nº 991085103 (período 02/23 por un importe de $70.842,85) y Nº 991085021 (período 01/23 por un importe de $307,88).
Hace saber que el total de las devoluciones asciende a la suma de $ 85.399,29 con más los intereses devengados hasta el momento de su efectiva devolución.
Señala que en fecha 04/04/2024 realizó la presentación digital N° 202400395336, con la cual solicitó lo siguiente: “…por medio de la presente solicito el pronto despacho de mi pedido de devolución de percepciones, siendo que la suma requerida es menor a 100.000 y todos los ingresos provienen de mi trabajo en relación de dependencia, por lo que no comprendo el motivo por el cual esta sujeto a verificación…”, a lo que manifiesta que la Administración señaló que las solicitudes se encontraban sujetas a fiscalización.
Expone que en fecha 07/06/2024 hizo una nueva presentación digital (N° 202400706136) mediante la que pidió el primer pronto despacho del trámite para obtener las devoluciones pertinentes, a lo que obtuvo la misma respuesta que ante el pedido previo.
Continúa explicando que el día 30/08/2024, en respuesta a una nueva presentación digital N° 202401110365 del 29/08/2024, ARCA formuló un requerimiento, por lo que en respuesta mediante la presentación complementaria N° 202401286213 del 01/10/2024 adjuntó las planillas Excel solicitadas, los extractos bancarios y los recibos de sueldo correspondientes.
Por último, precisa que ante la falta de respuesta a su solicitud el 06/02/2025 presentó un nuevo pedido de pronto despacho bajo la presentación complementaria N° 202500127236.
Pone de resalto que transcurrieron ampliamente no solo los quince días desde que interpuso el primer pronto despacho, sino que transcurrieron casi siete meses desde la presentación de la información requerida y más de un año desde que se solicitó la devolución de los montos retenidos, lo que le ocasiona graves y evidentes perjuicios económicos y financieros, dado la demora excesiva de los empleados administrativos en realizar el trámite a su cargo.
Considera cumplidos los requisitos para la procedencia del recurso de amparo intentado.
Por último, acompaña prueba documental y hace reserva del caso federal.
II. Que por IF-2025-58924578-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional presenta el informe requerido por esta Instrucción en las presentes actuaciones y acompaña los antecedentes remitidos por la Sección Gestiones y Devoluciones “A”, donde se explica el proceso establecido para el trámite en cuestión.
Señala que el trámite se inicia con una revisión sistémica de las solicitudes, y en caso de no superar los controles definidos centralizadamente, las mismas son evaluadas en el área de devoluciones, quedando habilitada a fiscalizarlas en forma manual, lo que advierte sucedió en el caso de autos debido a que el trámite fue observado por poseer acreditaciones bancarias no consistentes con los gastos efectuados y la condición tributaria de la recurrente. Ello así, apunta que el área correspondiente tomó conocimiento del presente caso a través de la presentación digital realizada por la actora el 04/04/2024 derivada por la Agencia el 12/04/2024. Manifiesta que si bien la amparista afirma desconocer el motivo por el que las solicitudes de devolución correspondientes al período fiscal 2023, se encuentran sujetas a verificación, el 14/04/2024, se le informó que sus solicitudes se encontraban en fiscalización por no haber superado los controles sistémicos establecidos y que, en caso de ser necesario, se le cursaría un requerimiento a fin de que justifique las inconsistencias detectadas. Menciona las demás presentaciones efectuadas por la recurrente, y explica que del análisis de la documentación aportada, el área interviniente observó que la misma carece de contundencia, atento que prestaba su cuenta bancaria a sus familiares y amigos, quienes realizaban diversas acreditaciones, como también realizaba varios depósitos en efectivo, lo cual obligó a la Administración a profundizar en el análisis, con el objeto de justificar las inconsistencias detectadas, a efectos de demostrar la capacidad contributiva de la contribuyente. Finalmente observa que en virtud de las tareas de auditoría desarrolladas, dicha área concluyó que la diferencia no justificada estaría dentro de los parámetros habilitados para aprobar las devoluciones, motivo por el cual informó que esa División procederá a la aprobación del importe solicitado, encontrándose en este momento en el proceso administrativo de carga en los sistemas pertinentes, generación de actos administrativos y publicaciones correspondientes.
Concluyó en que no se presenta una demora excesiva en resolver el trámite objeto del presente amparo dado que a los fines de proceder con el trámite solicitado, previamente se deben transitar las solicitudes del caso por las distintas etapas indispensables para el debido contralor de la materia, lo que hace necesario contar con un tiempo prudencial para la realización de dicha tarea. Por ello, sostiene que el recurso de amparo interpuesto no es procedente y solicita que así se lo declare, con costas.
III. Que mediante PV-2025-59613333-APN-VOCXII#TFN..se elevaron los autos a conocimiento de la Sala “D”.
IV. Que corresponde analizar si se ajusta a derecho el recurso de amparo interpuesto.
Que para la procedencia de la vía preventiva del amparo (art. 182 de la Ley Nº 11683 t.o. en 1998 y sus modif.) deben verificarse los siguientes requisitos: a) Perjuicio hacia una persona individual o colectiva; b) Existencia de una demora excesiva; c) Trámite o diligencia a cargo de los empleados administrativos de la Dirección General Impositiva.
Cabe señalar que con el dictado de la ley N° 25.795, se incorporó a los requisitos referidos la solicitud de pronto despacho previo ante la autoridad administrativa y el transcurso de un plazo de 15 días sin que se hubiera resuelto el trámite. El recurso de amparo instituido por la ley Nº 11.683 (t.o. citado) está destinado a garantizar derechos que resulten vulnerados por dilaciones no justificadas de los empleados de la AFIP en realizar trámites o diligencias que estén a su cargo, inactividad del organismo que resulte generadora de un perjuicio real al contribuyente.
V. Que la presente acción de amparo ha sido deducida por la contribuyente con fecha 23/5/2025.
Que corresponde analizar las circunstancias fácticas del caso, debiendo examinarse si existe una demora excesiva en expedirse respecto de lo solicitado y, en tal caso, si dicha demora es imputable al organismo fiscal. Que conforme se desprende del informe presentado por el organismo fiscal en el IF-2025-58924578-APN- DTD#JGM, la Sra. Stoppani con fecha 30 de enero de 2024 efectuó una solicitud por la suma de $ 85.399,29 en concepto de devolución de impuestos RG 4815 por el período fiscal 2023.
Si bien, luego la recurrente realizó distintas presentaciones para conocer el estado del trámite en fechas 4/04/2024 y 29/08/2024, las mismas fueron respondidas, haciéndole saber que su petición se encontraba en fiscalización por no haber superado los controles sistémicos establecidos por el organismo.
Ante lo cual, luego del análisis del pedido, el día 30/08/2024 la Sección Gestiones y Devoluciones “A” formuló un requerimiento a la amparista., el que fue cumplido el 1/10/2024 (act. adm. IF-2025-58911981-APN- DTD#JGM e IF-2025-58912108-APN-DTD#JGM).
Ello así, atento lo manifestado por la Sección Gestiones y Devoluciones, el representante fiscal hace saber que “ en virtud de las tareas de auditoría desarrolladas, dicha área concluyó que la diferencia no justificada estaría dentro de los parámetros habilitados para aprobar las devoluciones, motivo por el cual informa que esa División procederá a la aprobación del importe solicitado, encontrándose en este momento en el proceso administrativo de carga en los sistemas pertinentes, generación de actos administrativos y publicaciones correspondientes”.
VI. Que el ente fiscal al presentarse en autos hace especial hincapié en que para hacer efectiva la devolución reclamada por la amparista previamente resulta indispensable que a nivel interno se cumplan las distintas etapas para el debido contralor de la materia en orden a constatar los requisitos y condiciones que hacen a su procedencia, incluso se realizó un requerimiento en orden a recabar información, como resultado del cruce sistemático efectuado.
Que cabe poner de resalto que la vía del amparo -arts. 182 y 183 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.)- le permite a este Tribunal por un lado requerir un informe circunstanciado de las actividades llevadas a cabo por el Organismo Recaudador a ese momento y por el otro proporcionar los elementos para arribar a una solución en el caso planteado por la amparista. Que ello así, con relación al primero de los aspectos si bien debe existir una razonabilidad entre las actividades llevadas a cabo, las posibilidades de llevarlas adelante y su efectiva realización, su apreciación, está íntimamente relacionada con la segunda parte señalada, es decir la forma de hacerla cesar. A tal punto que si estuviere resuelta al momento de la interposición del pronto despacho o de la confección del informe circunstanciado, la primera parte devendría abstracta.
Que por lo tanto, siguiendo dicha línea interpretativa, a mi entender, guarda absoluta importancia el devenir del trámite y se convierte en relevante el compromiso institucional que realiza la Sección Gestiones y Devoluciones “A”, en cuanto, a través del representante fiscal, se compromete, siempre que no se advenga alguna observación, a dar por finalizado el trámite objeto del presente recurso de amparo.
Que frente a ello resulta más que evidente que la celeridad pretendida por la aquí amparista encuentra receptividad en el área involucrada en la resolución del caso, por lo que resultaría innecesaria frente a esos términos y en esta oportunidad, la emisión de una orden de resolver con la consiguiente fijación de un plazo perentorio por parte de este Tribunal, atento que no se vislumbra la existencia de un trámite detenido ni demorado indebidamente, sin perjuicio de los tiempos insumidos en el procedimiento administrativo. A mayor abundamiento, cualquier plazo que se impusiera podría exceder el comprometido por el organismo.
Que por lo tanto, no se encuentra cumplido uno de los requisitos que hacen a la admisibilidad de la acción intentada. Como ya se ha dicho en otras oportunidades la acción de amparo no es un remedio procesal que haya sido instituido para dar jurisdicción a este Tribunal Fiscal para resolver una controversia tributaria, sino para proteger los derechos o intereses de los administrados que se vieran obstaculizados por la demora excesiva en que incurra el Fisco Nacional en la realización de un trámite, lo que en este caso no ocurrió.
VII. Que por lo tanto, no corresponde hacer lugar al recurso de amparo, y por la forma en que se resuelve se establecen costas por su orden.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que, en primer lugar, corresponde señalar que para la procedencia del recurso de amparo deben verificarse concurrentemente los siguientes requisitos o condiciones: 1) Demora en la realización de un trámite o diligencia, por parte de los empleados de los organismos recaudadores; 2) Dicha demora debe ser excesiva y 3) Debe provocar un perjuicio o perturbación en el ejercicio de una actividad o derecho.
A ello se suma que desde el dictado de la Ley Nº 25.795 a los requisitos indicados, cabe añadir la solicitud de pronto despacho previo ante la autoridad administrativa, debiendo haber transcurrido un plazo de quince días sin que se hubiese resuelto su trámite, circunstancia que se encuentra cumplida en autos.
Que conforme sostuviera la Sala “B” de este Tribunal, al sentenciar la causa "Casale S.A.I C. s/amparo" de fecha 13 de febrero de 2001, "...en razón de ser obligación del organismo fiscal resolver las cuestiones que se someten a su consideración, ya sea dentro de los plazos fijados por la ley o en un tiempo prudencial, contando para ello con amplias facultades según la ley procesal, a fin de evitar causar un perjuicio al contribuyente...”. “Que en consecuencia, no puede sostenerse ya la exigencia de un cuarto requisito referido a la inexistencia de otra vía procesal para el planteamiento del amparo de la ley N.º 11.683, no sólo por cuanto ello implicará aumentar la demora señalada, sino fundamentalmente porque conforme a lo sostenido por la alzada, las distintas vías previstas por la ley procesal a favor del contribuyente, no implican la exclusión de la acción de amparo, ya que la finalidad perseguida por dicho instituto es la de permitir la obtención de un pronunciamiento expreso del órgano administrativo demandado” (C.N.C.A.Fed., Sala IV, “Estexa S.A." del 22/3/89 y Sala I in re “Frigorífico Gorina S.A.” del 9/12/99).
Por otra parte, el perjuicio real o potencial al normal desenvolvimiento de un derecho, debe provenir de una conducta administrativa arbitraria o ilegítima que sea capaz de sustentar el recurso impetrado, encuadrando en tal concepto las demoras excesivas o injustificadas y aquellos casos donde, existiendo un trámite pendiente de realización por parte de los empleados administrativos de la Dirección General Impositiva, haya transcurrido un plazo que excediera lo razonable y el particular pretenda una resolución expresa del ente recaudador (conf. Sala “A”, in re “Suarko S.R.L.”, de fecha 28/10/97).
Que el amparo establecido por la ley N° 11.683 (t.o. vigente) ha sido instituido para proteger los derechos o intereses de los administrados que se vieran obstaculizados por la demora excesiva en que incurra el Fisco Nacional en la realización de un trámite, es decir que se trata de un remedio frente a la pasividad de la administración en el marco de un expediente administrativo o petición concreta, con el perjuicio que le origina al administrado la falta de respuesta.
II. Sentado lo precedente, corresponde entonces analizar las circunstancias fácticas del caso, debiendo examinarse si existe una demora excesiva en expedirse respecto de lo solicitado y, en tal caso, si dicha demora es imputable al Organismo Fiscal.
Que si bien el Fisco pone de resalto que en el caso se trata de un trámite que dadas sus características requiere un tiempo prudencial para su análisis y que si bien ello resulta razonable en tanto señala que la RG 4815 establece cuándo se puede iniciar el trámite de solicitud de devolución y menciona que habrá controles y verificaciones, pero no fija un plazo legal explícito para la resolución final de dicha solicitud por parte de la administración; debe tenerse en cuenta que en el presente caso los escasos antecedentes que se acompañan al responder el informe previsto en el art. 183 de la ley de rito, no permiten visualizar cuáles han sido las tareas de control realizadas luego de que la amparista cumpliera con el requerimiento efectuado con fecha 30/08/2024, y que demoran la conclusión del trámite referido. Al respecto debe destacarse que el requerimiento aludido fue efectuado por la repartición fiscal a partir de la presentación realizada por la amparista con fecha 29/08/2024, lo que queda evidenciado en el requerimiento cursado donde hace expresa mención a que “...Atento a tu presentación N° 202401110365, del 29/08/2024, se requiere que aportes la siguiente documentación...” (vide act. adm. pág.2 IF- 2025-58912108-APN-DTD#JGM).
Que de las constancias incorporadas a la causa se evidencia que la amparista presentó con fecha 30/01/2024 la solicitud devolución de los importes retenidos por el Fisco Nacional como adelanto de ganancias por consumos en moneda extranjera del año 2023(RG 4815), a través de la presentación de las declaraciones juradas instrumentadas por medio del Formulario 1746, realizando luego tres presentaciones más donde solicitaba pronto despacho y conocer el estado de las solicitudes efectuadas con fechas 04/04/2024, 07/06/2024 y 29/08/2024, lo que motivó que el Fisco Nacional, recién con fecha 30/08/2024 (vide IF-2025-58912108-APN-DTD#JGM) efectúa un requerimiento que fue contestado el 1/10/2024, conforme surge del IF-2025-58912387-APN- DTD#JGM.
Que con posterioridad a ello, de las constancias allegadas en autos, no surge que la representación fiscal haya realizado alguna otra diligencia, gestión o controles a fin de continuar con el trámite de la solicitud articulada por la amparista. Además corresponde hacer notar que de manera espontánea el propio Fisco al contestar el traslado reconoce su propia demora, al manifestar que: “...en virtud de las tareas de auditoría desarrolladas, dicha área concluyó que la diferencia no justificada estaría dentro de los parámetros habilitados para aprobar las devoluciones, motivo por el cual informa que esa División procederá a la aprobación del importe solicitado...”; debiendo destacarse al respecto que no se ha aportado elemento probatorio alguno que sustente tales dichos en tanto no se acompañó el informe que dice fue realizado por el área con competencia específica.
De la reseña efectuada no se advierte qué diligencias se llevaron a cabo por el Organismo Fiscal desde que el amparista contestó el requerimiento, esto es el 1º de octubre de 2024, hasta la actualidad, ya que luego de ello solo obra un nuevo pedido de pronto despacho realizado con fecha 06 de febrero de 2025 (IF-2025-58912537- APN-DTD#JGM), el cual tampoco se observa que haya tenido respuesta.
Que si bien el organismo de verificación y control debe adoptar los recaudos correspondientes, a los fines de la petición cursada por la amparista, ello no puede significar la postergación indebida de una resolución en tanto no surge de las constancias obrantes que se encuentre un requisito pendiente de cumplimiento por parte de la empresa. En efecto, no puede perderse de vista que el recurso de amparo legislado por la ley de procedimientos tributarios tiene por finalidad la fijación de un plazo razonable para que el Fisco se expida respecto del trámite de que se trate, según lo que corresponda en atención a las disposiciones aplicables y a los antecedentes del caso. Por lo expuesto, considero que procede hacer lugar al amparo deducido en autos otorgando un plazo de treinta (30) días al Fisco Nacional, para que concluya el trámite que motivó la presente causa, con costas a su cargo. La Dra. O´Donnell dijo:
Que adhiere al voto precedente.
Que del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Hacer lugar al amparo deducido en autos otorgando un plazo de treinta (30) días al Fisco Nacional, para que concluya el trámite que motivó la presente causa, con costas a su cargo.
2. Regular los honorarios del Dr. Martín Correas, por su actuación en autos en el carácter de patrocinante de la amparista, en la suma de $353.545 (pesos trescientos cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y cinco) equivalente a 5 UMA, la que queda a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines lo dispuesto por el art. 44, inc. b), último párrafo de la ley 27.42, la Acordada N° 08/2025 (CSJN 21/05/2025) y la Resolución SGA 936/2025 (22/05/2025). Se deja constancia que la suma regulada no incluye el IVA.
Regístrese, notifíquese y archívese.-
Date: 2025.06.05 14:13:14 -03:00 Date: 2025.06.05 14:18:18 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.06.05 14:28:01 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.05 14:28:02 -03:00
Fin de la sentencia