Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 35164613-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia en lo principal que decide y modificarla en punto a la tasa de interés aplicable de conformidad con lo dispuesto en el Considerando VIII. Costas de ambas instancias por su orden (confr. artículo 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
A los fines del art 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
CAUSA N° 37287/2023 “MARICH, JUAN CARLOS (TF 35164613-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de diciembre de 2023. NAI Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. La Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación mediante sentencia del 31/3/2023 resolvió hacer lugar a la repetición solicitada por el Sr. Juan Carlos Marich, con más los intereses correspondientes desde la fecha de interposición del respectivo reclamo administrativo, liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina. Asimismo, impuso las costas al Fisco Nacional. Para decidir de ese modo, en primer lugar señaló que en el caso bajo análisis debía resolverse si resultaba procedente o no la repetición de la suma de $894.820,42 ($1.404.536,13 - $509751,71), que le fuera retenida por ANSES al Sr. Marich en concepto de impuesto a las ganancias, en oportunidad de producirse el pago de las sumas retroactivas derivadas de la sentencia recaída en el juicio de reajuste de su haber previsional. En ese sentido, puntualizó que no se encontraba debatido en la causa bajo análisis ni el resultado del juicio referenciado, ni la retención practicada por ANSES, ni el efectivo ingreso de la misma a las arcas fiscales.
A continuación, expresó que en materia de haberes jubilatorios y su gravabilidad en el marco del impuesto a las ganancias, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se había pronunciado, el 26/3/2019, en la causa “García María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”.
Asimismo, destacó que desde el dictado del mencionado precedente, la Corte Suprema había avanzado en posteriores casos hacia una postura protectora que hace hincapié en las condiciones de pasividad de los sujetos (por edad avanzada, discapacidad, etc.) que conllevan de por sí una situación de vulnerabilidad.
Finalmente, consideró que teniendo en cuenta la jurisprudencia más reciente de la Corte Suprema, correspondía hacer lugar a la repetición incoada por la parte actora con más los intereses desde la fecha de interposición del respectivo reclamo administrativo, liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria establecida por el Tribunal Fiscal de la Nación en la causa “Dalmine Siderca S.A.I.C.” del 27/12/1993 (Expte. N° 6.031-I).
II. Contra aquel pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso de apelación el 17/5/2023, y expresó agravios el 1/6/2023, los cuales fueron contestados por la parte actora el 24/8/2023. En primer lugar, aduce que la sentencia apelada es arbitraria. Ello así, sostiene que la gravabilidad de los haberes jubilatorios surge del artículo 79, inciso c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones (actual artículo 82), y que con la modificación introducida por la Ley N° 27.346 del artículo 23 de la mencionada ley (actual artículo 30), se otorgó mayor tutela a las prestaciones de la seguridad social, diferenciándose a los jubilados, pensionados, etc., de los trabajadores activos, al contemplarse para aquellos una escala de deducciones mayores.
En este orden de ideas, puntualiza que los ingresos por haberes jubilatorios constituyen renta en los términos de la Ley del Impuesto a las Ganancias y, que a los efectos del pago del impuesto a las ganancias, los aportes destinados al sistema de seguridad social no conforman la base imponible del mismo, ya que se encuentran entre las deducciones autorizadas por la ley y por ello resulta claro que no existe doble imposición cuando tributa en estado pasivo.
A continuación, se agravia que la sentencia recurrida cita el fallo “García María Isabel” pero no agrega ningún argumento válido como CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 37287/2023 “MARICH, JUAN CARLOS (TF 35164613-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
justificativo para equiparar las circunstancias de hecho y de derecho allí plasmadas con las que rodean al presente caso.
A su vez, aduce que la línea argumental seguida en torno a la vulnerabilidad del jubilado no fue introducida por la parte actora, ni tampoco acreditada en la causa bajo análisis.
De este modo, expresa que los argumentos de vulnerabilidad o falta de capacidad contributiva o afectación del derecho de propiedad, resultan claramente infundados, motivo por el cual no existen las condiciones que permitan hacer una diferenciación con el resto de los jubilados que pagan impuesto a las ganancias, a la luz del principio de igualdad y de legalidad de una norma dictada por el Congreso Nacional, cuya inconstitucionalidad o arbitrariedad alegada no resulta palmaria. Seguidamente, manifiesta que el actor no acreditó ni planteó las consecuencias económicas que le impedirían hacer frente al tributo que se niega a pagar, por lo cual dicho argumento no resulta suficiente para demostrar que la retención del impuesto es inconstitucional.
Por otro lado, se agravia respecto de la tasa de interés aplicable. Al respecto considera que dichos intereses deben ser liquidados conforme la tasa establecida por la Secretaría de Ingresos Públicos. En concordancia, solicita que se aplique la tasa determinada por las resoluciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, dictadas en uso de las facultades conferidas por los artículo 37 y 52 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.).
Finalmente, solicita que las costas sean impuestas en el orden causado, en tanto considera que no surge de la sentencia recurrida argumento alguno por el cual el Fisco deba soportar las costas.
III. De manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986", del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 – Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018; “Akapol SACIFI c/ EN-AFIP-DGI-Resol 41/07-Períodos 2002/2003 s/ Dirección General Impositiva”, Causa N° 10144/2009/CA1, del 17/3/2022; entre otros).
IV. A continuación, corresponde recordar que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la Ley N° 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (confr. Fallos: 300:985).
Por lo tanto, “…lo que se encuentra sometido a conocimiento de este tribunal consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso (arg. CSJN, Fallos: 332:357), sólo cabe confirmar la decisión recurrida (CSJN, Fallos: 326:2987 y 334:249)” (confr. esta Sala, in rebus: “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, Causa Nº 27.409/2012, del 31/10/2012; “Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-
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I. c/ DGI”, Causa Nº 4502/2014, del 29/9/2014; “Frigorífico Pilcomayo SRL (TF 24.222-I) c/DGI”, Causa Nº 18124/2016, del 14/9/2017; “Nobleza Piccardo SAICYF (TF 33.113-I) c/DGI”, Causa Nº 83620/2016, del 16/10/2018; “Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/DGI”, Causa Nº 72673/2018, del 7/5/2019, entre otros).
V. Así las cosas, cabe puntualizar que, debido a que las actuaciones tuvieron lugar en el ámbito del Tribunal Fiscal de la Nación y que fueron incorporadas al “Sistema de Gestión Integral de Expedientes Judiciales - Lex 100” en un sólo archivo, las piezas que conforman dicho expediente serán identificadas según su número de página.
De este modo, la sentencia apelada obra en las páginas 246/250; la expresión de agravios en las páginas 264/292 y, la contestación respectiva en las páginas 305/320.
VI. En este orden de ideas, debe señalarse que la materia puesta a consideración de esta Alzada se corresponde fundamentalmente con la constitucionalidad del régimen legal del impuesto a las ganancias respecto de los haberes previsionales que percibe el actor, lo cual se relaciona estrechamente con la pretensión de reintegro de las sumas retenidas en el pasado y con la de cese de las mismas en el futuro.
VII. A continuación, en lo que respecta a la relevancia que en el presente debate genera lo resuelto por la Corte Suprema en el precedente “García, María Isabel”, del 26/3/2019, (Fallos: 342:411), es de advertir que esta Sala ya se ha pronunciado en asuntos presente –ver “Clement, María Josefina c/EN-AFIP s/amparo ley 16.986”, Causa N° 66.639/2019, del 24/6/2020, a cuyos fundamentos corresponde remitirse en lo pertinente por razones de brevedad–.
Allí se resolvió declarar la inconstitucionalidad de los artículos 23 inciso c), 79 inciso c), 81 y 90 de la Ley N° 20.628 (t.o. 1997, con las modificaciones introducidas por las Leyes N° 27.346 y N° 27.430), en orden a la pauta hermenéutica fijada por la Corte Suprema en el pronunciamiento referido y otros posteriores.
En este sentido, cabe recordar que la Corte Suprema, entre otros extremos, sostuvo que correspondía “Confirmar la sentencia apelada en cuanto ordena reintegrar a la actora desde el momento de la interposición de la demanda y hasta su efectivo pago, los montos que se hubieran retenido por aplicación de las normas descalificadas. Hasta tanto el Congreso legisle sobre el punto, no podrá descontarse suma alguna en concepto de impuesto a las ganancias de la prestación previsional”. A lo antedicho corresponde añadir que María Isabel García – quien fuera la actora del referido precedente– padecía problemas de salud, siendo las enfermedades que la aquejaban determinantes para la definición de ese pleito.
Sobre el particular, cabe colegir que pautas tales como la edad, las condiciones de salud y la posible confiscatoriedad del impuesto, fueron tenidas en cuenta por esta Sala en la opinión provisoria emitida en las primeras medidas cautelares a las que fue llamada a resolver, centralmente en oportunidad de revisar el recaudo atinente a la verosimilitud del derecho invocado (confr. esta Sala, in rebus: “Incidente Nº 1 - Demandado: EN-AFIP s/ Inc Apelación- en autos: ‘Barreto Lia c/ EN -AFIP- s/ Proceso de conocimiento’”, Causa N° 28.310/2019, del 20/2/2020; “Laborda, Carlos Antonio c/ EN -AFIP- s/ Proceso de conocimiento”, Causa N° 32.519/2019, del 22/7/2020; “Incidente Nº 1 – Actor: Villar, Dolores Margarita, Demandado: ‘EN -ANSES y otro s/ Inc de Medida Cautelar’”, Causa N° 51.446/2019, del 5/8/2020; “Negro, Susana Dolores c/ AFIP s/ Proceso de conocimiento”, Causa N° 7.269/2020, del 2/12/2020, entre muchos otros), así como también en los amparos (confr. “Clement, María Josefina”, ya citado; y “Alazraki, Eric Ariel c/ EN-AFIP s/ Amparo Ley 16.986”, Causa N° 59.422/2019, del 16/12/2020, en el que se confirmó el rechazo de la acción de amparo).
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Sin perjuicio de ello, tal como esta Sala lo indicó en el caso “Lazzero, Dora Marta c/EN-M Hacienda-AFIP s/amparo Ley 16.986”, Causa N° 830/2021, del 19/5/2021, y más recientemente en “Valenzuela, Alejandro Amado y otros c/ EN-M Hacienda-AFIP s/ amparo Ley 16.986”, Causa Nº 10.471/2020, del 23/6/2021, resulta también conveniente advertir que el Alto Tribunal ha ratificado la decisión de declarar inconstitucional la retención del impuesto a las ganancias en numerosas oportunidades, con prescindencia de ponderar las circunstancias concretas de vulnerabilidad del jubilado afectado (confr. CSJN, “Calderale Leonardo Gualberto c/ ANSES s/ Reajustes varios”, del 1/10/2019; ver, asimismo, Sala IV, in re: “Santi Armando Ángel c/ AFIP s/ incidente de apelación”, Causa N° 28.214/2019, del 26/12/2019). Ello, claro está, obligó a este tribunal a revisar el criterio que había mantenido.
Por ello, acatando el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde rechazar el agravio deducido por la parte demandada y confirmar lo decidido al respecto por el Tribunal Fiscal de la Nación.
VIII. Respecto al agravio relativo a la tasa de interés aplicable, corresponde señalar que tanto en lo tocante al aspecto cuantitativo como al temporal, en la mencionada causa “Lazzero, Dora Marta” esta Sala recordó que en el derecho tributario ha sido consagrada la primacía de los textos que le son propios, de su espíritu y de los principios de la legislación especial, y sólo con carácter supletorio o secundario corresponde recurrir a los que pertenecen al derecho privado (artículo 1º de la Ley N° 11.683; CSJN, Fallos: 307:412; esta Sala, in rebus: “Torrente SACI y F (TF 18.333-I c/ DGI”, Causa Nº 46.010/03, del 7/8/2006; “Chevron Argentina SRL c/ EN -AFIP- DGI-resol 98/09 s/ Dirección General Impositiva”, Causa N° 10.877/2010, del 10/6/2014; y “Pagani, Graciela Nélida (TF 94544440-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 10172/2021, del 20/10/2021), destacándose que el artículo 179 de la ley de rito fiscal establece que “…en los casos de repetición de tributos, los intereses comenzarán a correr contra el Fisco desde la interposición del recurso o de la demanda ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, según fuere el caso, salvo cuando sea obligatoria la reclamación administrativa previa, en cuyo caso los intereses correrán desde la fecha de tal reclamo”. En orden a las precisiones allí insertas –a cuyos términos corresponde remitirse–, corresponde establecer que la liquidación de los intereses deberá practicarse de la siguiente manera:
a) Cómputo: desde la fecha de presentación del reclamo administrativo (pág. 20) –17/9/21– hasta el momento del efectivo pago. Por su parte, los intereses correspondientes a las sumas retenidas con posterioridad a esa presentación se devengarán desde que cada suma mensual ha sido retenida.
b) Tasa: i) para los intereses devengados desde el momento de la presentación del reclamo administrativo –en la medida que esto hubiere tenido lugar con posterioridad al 1/8/2019 (confr. artículo 10 de la Resolución N° 598/19)– y hasta el 31/8/2022: se aplica la tasa efectiva mensual que publicó la AFIP en cumplimiento de la Resolución N° 598/19 (ver “Evolución de tasas de interés” publicado por la AFIP); y ii) para los intereses devengados desde el 1/9/2022 –fecha en la que comenzó a regir la Resolución N° 559/22, que abrogó la Resolución N° 598/19– y hasta el momento del efectivo pago: se aplica la tasa de 3,84%, o la que la sustituya en el futuro.
IX. Por último, en lo que a las costas del proceso concierne –lo cual involucra a las de ambas instancias–, debe recordarse que “es adecuada la distribución de las costas ‘en el orden causado’ cuando el tema debatido en el juicio es discutible y de singular complejidad (cfr., CSJN, Fallos 280:176, considerando 14° de la mayoría y 17° de la disidencia) o la cuestión es novedosa (CNFED, Sala Civil y Comercial, 4/11/69, ED 33-7), de tal modo que todo ello ha podido generar en el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 37287/2023 “MARICH, JUAN CARLOS (TF 35164613-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
recurrente la creencia de que su pretensión era, al menos, opinable” (confr. esta Cámara, Sala I in re: “Bernardino Rivadavia Soc. Coop. c/ Gobierno de la Nación s/ Cobro de pesos”, Causa N° 532, del 10/7/1991). Por consiguiente, corresponde imponerlas en el orden causado, en atención a la novedad y complejidad de tema debatido (confr. esta Sala, in re: “Mackielo Andrea Laura c/ EN – BCRA - AFIP s/ Amparo Ley 16.986”, Causa Nº 23.356/12, del 20/11/2012), máxime si se pondera que así han sido impuestas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “García, María Isabel”, ya tantas veces mencionado. Por las razones expuestas, SE RESUELVE: confirmar la sentencia en lo principal que decide y modificarla en punto a la tasa de interés aplicable de conformidad con lo dispuesto en el Considerando VIII. Costas de ambas instancias por su orden (confr. artículo 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
A los fines del art 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia