Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-2626/25-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excusación deducida por el Sr. Vocal de este Tribunal Superior de Justicia, Dr. Fernando Miguel Basanta en PE1895841-2025.-
2Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por el Estado de la Provincia de Santa Cruz en PE1644781-2024, INR00000198.pdf y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE1729935-2025.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-2626/25-TSJ Interlocutorio N°: 3890 Actor: MARIMAN GUEIQUEN RAMON AVELINO Demandada: ESTADO PROVINCIAL DE SANTA CRUZ Objeto: ORDINARIO Fecha: 29-08-2025 Texto: TOMO XXXVI -INTERLOCUTORIO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 3890 FOLIO Nº 7186/7191 PROT. ELECT. TSS1 041 I.251
Río Gallegos, 29 de agosto de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “MARIMAN GUEIQUEN RAMON AVELINO c/ ESTADO PROVINCIAL DE SANTA CRUZ s/ ORDINARIO”, Expte. Nº M-19.766/18 (M-2626/25-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de resolver, en primer término, la excusación deducida por el Sr. Vocal de este Alto Cuerpo, Dr. Fernando Miguel Basanta en PE1895841-2025.-
El Dr. Basanta afirma que: “Motiva esta decisión el hecho de que el suscripto, en el entonces carácter de Ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, estuvo a cargo del operativo policial desplegado en las inmediaciones de la legislatura provincial el día de los hechos que originaron la presente causa y, en consecuencia, a los fines de evitar cualquier posible sospecha sobre la objetividad e imparcialidad que pudiera existir en el ánimo de las partes, por razones de decoro y delicadeza, excúsome de intervenir en los presentes en virtud de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 30 del CPC y C. En virtud de lo expuesto, solicito se haga lugar a mi petición y se me excuse de intervenir en la presente causa.” (cfr. PE cit.).- En razón de los escrúpulos fundados por el Sr. Vocal de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, las circunstancias explicitadas demuestran que la inhibición responde a causales avaladas en serios fundamentos, y en virtud de lo normado en el 2º párrafo del artículo 30 del CPCyC, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por el Estado de la Provincia de Santa Cruz por intermedio del Sr. Fiscal de Estado, Dr. Ramiro Esteban Castillo y por su letrado apoderado Dr. Juan Lucio R. de la Vega (cfr. PE1644781-2024, INR00000198.pdf), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1620226-2024. Esta última había confirmado la de Primera Instancia que había hecho lugar parcialmente a la acción incoada condenando a la accionante al pago de una suma de dinero en concepto de daños y perjuicios con más intereses y costas (cfr. PE642286-2023).-
III. La parte recurrente funda el recurso en la violación de la ley y absurdo en la valoración de la prueba expresando que esta causal se origina en la errónea aplicación de la Ley Nº 26.944 en lo relativo al tipo de responsabilidad que se atribuye al Estado Provincial (cfr. PE1644781-2024, INR00000198.pdf, pág., 2).-
Añade que la sentencia de Cámara: “...reconoce, sin hacerlo expresamente, que esta parte tenía razón en su planteo, pues se esmera en resolver la litis dictando una nueva sentencia en la que se subsanan los defectos de la anterior instancia. En efecto, la nueva resolución condena al Estado Provincial con fundamento en el art. 3º, esto es, por lo que considera actividad ilegítima.” (cfr. PE, pdf. y pág. cits.).-
Sostiene que: “...lo que correspondía era que la Alzada declarara nula la sentencia de primera instancia y reenviara la causa para que fuera resuelta por un nuevo juez. Esa era la única manera de garantizar el cumplimiento de la garantía del doble conforme y garantizar al Estado Provincial la posibilidad de que el nuevo decisorio sentencia (sic) fuera revisado por un tribunal de alzada.” (cfr. PE, pdf. y pág. cits.).-
Considera que la sentencia impugnada incurre en una valoración de las pruebas que deriva en la violación de la ley (cfr. PE y pdf. cits., pág. 3).-
Indica que la afirmación de la Cámara de Apelaciones es de una gravedad inusitada, porque no solo afirma que se condena al Estado Provincial sin pruebas concretas y directas, sino que reconoce que la total carencia probatoria no es un obstáculo para ella al momento de condenar al Estado Provincial (cfr. PE, pdf. y pág. cits.).-
Añade que: “Las disquisiciones filosóficas del fallo de la Azada y las citas doctrinarias no pueden sustituir la inactividad probatoria del actor. Observe V.E que el demandante no aportó pruebas testimoniales ni de ninguna otra naturaleza que confirmen que recibió un balazo. Y no hablamos de una 'filmación que muestre la trayectoria desde el policía', etc...” (cfr. PE, pdf. y pág. cits.).-
Esboza que: “...la Alzada incurre en el mismo vicio que la de su antecesor al momento de evaluar las pruebas de autos. El fallo de primera instancia tenía por probado que la herida en el ojo la causó una bala de goma arrojada por la Policía Provincial con 'las manifestaciones del actor', que concordarían con 'las versiones periodísticas', 'las inscripciones en la historia clínica...” (cfr. PE, pdf. cits. pág. 4).- Con relación a ello agrega que: “...las 'versiones periodísticas' de ninguna manera certifican que la herida la causara un balazo de goma. Solo existe una foto del actor en la Opinión Austral, a cuyo pie se lee que 'otro hombre tuvo una lesión en la cara', pero que no afirma (ni mucho menos certifica o prueba) que el impacto fue de una bala de goma. Ni las circunstancias en que se lesionó ni el objeto o persona que causaron la lesión están descriptos en la nota periodística. Y, de todas maneras, una 'versión periodística' no es prueba directa de un hecho.” (cfr. PE, pdf. y pág. cits.).- En cuanto a la historia clínica enfatiza que: “...La anotación... no se realizó en el momento de los hechos, sino cuando el actor concurrió al hospital y él mismo dijo que fue una bala de goma. Es decir, que la historia clínica, en ese punto, no recuenta un tratamiento o intervención practicados al paciente, sino que recogen dichos del paciente no verificados por el médico. Se trata entonces de una nueva afirmación unilateral del actor, que se utiliza para tener por probada otra manifestación unilateral del actor (la de la demanda). En otras palabras, la afirmación del actor en la demanda se considera probada con...otra afirmación del actor (en la historia clínica)...” (cfr. PE y pdf. cits., págs. 4/5).- Por último indica que: “...las explicaciones del perito médico tampoco demuestran que el golpe en el ojo lo provocara una bala de goma. Más allá de la 'experiencia' del médico en casos similares (no acreditada), no atendió al paciente el día de los hechos y solo vio fotografías del diario, de las que concluye (sin ningún rigor científico, como hicimos notar al impugnar la pericia) que Mariman presentaba una herida circular causada por bala de goma.” (cfr. PE y pdf. cits., pág. 5).-
Insiste con que: “...no hay pruebas de que la lesión del ojo del demandante la haya causado una bala de goma disparada por la Policía de la Provincia...Por eso las dos sentencias necesitan recurrir a 'indicios' para sostener que lo que golpeó al actor fue una bala de goma disparada por la Policía Provincial...Estos 'indicios', sin embargo, solo se fundan en los dichos del actor y no cuentan con ningún respaldo fáctico en la causa, ya que el hecho de que se hubieran disparado balas de goma no se puede considerar prueba de que lo que impactó el ojo de Mariman fue una de esas balas, cuando está acreditada la gravedad de los desmanes en el lugar en el que estaba el actor el día de los hechos.” (cfr. PE y pdf. cits., pág. 5).- Agrega que: “Esta evaluación parcial y arbitraria de las pruebas (en rigor, de las 'no pruebas') y de los indicios contrasta abiertamente con el tratamiento que se brinda a los argumentos, las probanzas y los indicios aportados por esta parte. En definitiva, se otorga un tratamiento sustancialmente diferente según los indicios beneficien al actor o a la demandada. Este es un trato discriminatorio injustificado que amerita la revocación de la sentencia.” (cfr. PE y pdf. cits., págs. 5/6).-
Considera que la culpa de la víctima está debidamente acreditada por su presencia en el lugar de los hechos y su permanencia allí durante todo el tiempo que duraron los gravísimos incidentes ocurridos en las afueras de la Cámara de Diputados. Y que: “La Cámara de Apelaciones no tiene en cuenta...esta situación y...no ha atendido este argumento fundamental de la defensa de esta parte: que el hecho dañoso se generó, al menos en parte, por la conducta negligente del damnificado, quien, a sabiendas de los riesgos que corría, permaneció en el lugar de los hechos mientras ocurrían los incidentes y volaban los proyectiles.” (cfr. PE y pdf. cits., pág. 6).- Expresa que “La resolución impugnada solo atiende de manera aparente este argumento, rechazándolo con consideraciones dogmáticas, pero sin brindar fundamentos que justifiquen el rechazo del agravio expresado. Así, la sentencia de la Alzada resulta infundada y violatoria del principio de congruencia. En síntesis se trata de una decisión arbitraria, que no es derivación del derecho vigente ni de los hechos comprobados en la causa.” (cfr. PE, pdf. y pág. cits.).-
Hace un análisis de la prueba testimonial y documental obrante en la causa.-
Agrega que: “La auto exposición al riesgo interrumpe el nexo causal y constituye causa eficiente del daño que pueda haber sufrido el demandante. Se trata de la eximente del art. 1.719 Cód. Civil y Com. (asunción del riesgo), complementado por el art. 1.729 del mismo Código (hecho del damnificado): la exposición voluntaria por parte de la víctima a una situación de peligro exime de responsabilidad cuando ella pueda calificarse como un hecho del damnificado que interrumpe total o parcialmente el nexo causal.” (cfr. PE y pdf. cits., pág. 9).- Añade que: “Para la Cámara, tienen mayor fuerza probatoria los dichos abstractos del perito que la opinión concreta de los médicos que atendían al actor y que registraron su evolución en la historia clínica. El perito no puede saber si efectivamente el actor iba a perder la vista o no del todo, es solo una opinión basada en estadísticas y sin haber revisado al actor. Esta arbitrariedad en la evaluación de la prueba es un vicio que amerita su revocación.” (cfr. PE y pdf. cits., pág. 11).-
Cita Jurisprudencia.-
Sostiene que: “...en el ámbito de la responsabilidad del Estado no es posible 'estimar' o fijar el monto del resarcimiento en lo que al juzgador le 'parece razonable', como se hace en el presente caso, sino que es preciso ceñirse a la prueba que haya producido el interesado. De lo contrario, no solo se está subsidiando la negligencia de la parte en un proceso de naturaleza dispositiva, sino que además se consagra un enriquecimiento sin causa en perjuicio del Estado [...] le correspondía al actor acreditar que el daño era 'cierto y actual', así como la relación de causalidad 'directa, inmediata y exclusiva entre la actividad estatal y el daño'. El requisito de la exclusividad...exige que el accionar atribuido al Estado sea la única causa del daño cuya reparación se reclama.
La fijación del salario mínimo, vital y móvil (porque 'el actor no ha producido prueba tendiente a acreditar su nivel de ingresos', reconoce la sentencia de primera instancia) infringe estos principios, lo mismo que la fijación de un periodo de 22 años de resarcimiento. También es arbitrario tomar el SMVM al momento de la sentencia y no de los hechos [...] La Cámara sostiene que ese parámetro...Pero no explica por qué. ¿Cómo se puede saber si la reparación es plena o exagerada si el actor no produjo prueba de la cuantía del daño material o lucro cesante? Más aún, se trata de una persona jubilada que, más allá del carácter previsional de su haber, no trabaja y, por ende, no tenía ingresos que se deban resarcir.
En síntesis, el actor no sufrió una incapacidad laboral resarcible porque no trabaja, está jubilado [...] La resolución de la Alzada no resuelve ninguno de los agravios de esta parte. No dedica ni un párrafo a explicar por qué corresponde resarcir una incapacidad laboral inexistente ni a refutar que el actor no probó que realizaba changas ni lo que cobraba por ellas.” (cfr. PE y pdf. cits., págs. 13/14).- En cuanto al daño patrimonial sostiene que: “...Su cuantía aparece...desconectada de las constancias del expediente y tampoco se relacionan con los gustos o preferencias del actor, sobre las que no se ha indagado [...] El monto de la 'reparación' se ha fijado de manera arbitraria, en su acepción de 'sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón', ya que no se brindan argumentos que permitan deducir el camino lógico seguido para llegar a la conclusión.” (cfr.
PE y pdf. cits., pág. 14).- Cita fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relacionados con la absurda valoración de la prueba que invoca.-
Finalmente sostiene que las cuantías de las indemnizaciones resultan exageradas e infundadas y que ésta exageración, desproporción y ausencia de prueba conspiran contra la sentencia de Cámara y la tiñe de arbitrariedad, situación que amerita la apertura de la instancia extraordinaria.-
La Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso en PE1729935-2025.-
Los presentes pasan al Acuerdo en PE1050042-2025.-
IV. Sentado lo anterior debemos, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso extraordinario intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).-
Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que el recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
En ese andarivel, advertimos que los fundamentos del recurso de casación constituyen una reproducción, prácticamente exacta, de los agravios esbozados en el recurso de apelación lo que pone de manifiesto una deficiente técnica recursiva (cfr. PE1162121-2023).-
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido que: “...'...resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que reproduce similares argumentos a los expuestos al formular la apelación, que ya fueron analizados y resueltos por la Cámara actuante y se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante sin lograr demostrar el error jurídico que justifique la tarea casatoria de esta Suprema Corte...' (cfr. SCBA. 'Álvarez Sosa María c/ Valero Daniel y otros s/ Simulación' y su acumulada 'Álvarez Sosa María Esther c/ Valero Daniel Félix y otros s/ Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual (exc. estado)', causa LP C 119.753 S, del 25/10/2017)...” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXIV, Reg. 3755, Folio 6744/6749, entre otros).- No obstante lo expuesto, los términos del recurso traslucen que lo cuestionado es la valoración que han efectuado los jueces de las instancias ordinarias respecto de los hechos y pruebas aportadas a la causa, cuestiones ajenas al ámbito casatorio.-
En efecto, la cuestión medular traída a decisión de este Alto Cuerpo, en el caso de marras, radica en determinar si la Provincia de Santa Cruz es responsable de los daños producidos al ojo derecho del actor.-
La controversia recae pues, sobre una cuestión fáctica, inadecuada, por ende, para habilitar el remedio excepcional de la casación.- Es doctrina de este Tribunal, con relación a la atribución de responsabilidad en una demanda resarcitoria de daños y perjuicios, que: “...'...las circunstancias que llevan a establecer la responsabilidad ante un siniestro, como determinar la relación entre un hecho y el daño, conforman típicas cuestiones de hecho, cuya apreciación se encuentra reservada a los jueces de grado y excluida de la censura en casación, salvo el supuesto excepcional del absurdo en la apreciación de la prueba...'...” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 446, Folio 2431/2439).- Asimismo, sobre la materia que estamos tratando, también se ha postulado que: “...Tanto el análisis de las circunstancias y de las pruebas que llevan a establecer la responsabilidad ante un evento dañoso, como determinar la relación de causalidad entre éste y el daño, o reconocer en su caso la culpa de la víctima, conforman -como quiera que se trata de un estudio fáctico- típicas cuestiones de hecho extrañas a la competencia de esta Corte a menos que a su respecto concurra la denuncia y consecuente demostración del vicio de absurdo (doct. causas C. 119.458, resol. del 17-XII-2014; C. 119.451, resol. del 4-III-2015; C. 119.401, resol. del 26-III-2015; etc.), yerro lógico que -más allá de haber sido alegado a fs. 336 y sigts.- no se avizora configurado en la especie (art. 279, C.P.C.C.).” (cfr.
SCBA, “Gómez Analía Fabiana c/ Ministerio de Seguridad y otros s/ Daños y perjuicios resp. Estado”, causa LP Rc 119897 del 4/11/2015) y que: “...la selección de pruebas y la atribución de la jerarquía que les corresponde (que admite la posibilidad de inclinarse por algunas descartando otras) es facultad privativa de los jueces de grado, y no constituye supuesto de absurdo en sí mismo el ejercicio de la facultad legal de los tribunales de las instancias de mérito para seleccionar el material probatorio y dar preeminencia a unas pruebas respecto de otras, así como para apreciar la idoneidad de los testigos (conf. doct. C. 113.694, sent. del 16-IV-2014; C. 109.060, sent. del 19-XII-2012; C. 97.794, sent. del 3-XI-2010).” (cfr.
“Scaglia Juan Carlos c/ Clínica San Nicolás S.A. s/ Cobro de pesos (causa Nº 19.351) y sus acumuladas: 'Scaglia Juan Carlos y otros c/ Clínica San Nicolás S.A. s/ Cumplimiento de contrato y fijación de plazo (causa Nº 16.162)' y 'Clínica San Nicolás S.A. c/ Scaglia Juan Carlos y otros s/ Acción social de responsabilidad por mal desempeño del cargo y daños y perjuicios (causa n° 19.348)”, causa C 117.541 del 13/7/2016).- En definitiva, los argumentos esbozados por la recurrente no logran alterar la doctrina de este Tribunal Superior de Justicia, que establece: “...que las cuestiones atinentes a la valoración de la prueba, monto de las condenas, en cuanto a su cálculo aritmético y quantum...son, en principio, ajenas al ámbito de la casación, en la medida en que no se demuestre que el fallo atacado adolezca de arbitrariedad o que haya violado o aplicado erróneamente la ley...” (cfr.
Interlocutorio, Tomo XXIII, Reg. 2836, Folio 4447/4450), lo que no se advierte en el fallo cuestionado, por lo que el recurso deducido, en los términos planteados, resulta inadmisible.-
V. En cuanto a la violación o errónea aplicación de la ley denunciada, resulta imperativo que la casacionista despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3440, Folio 5819/5823), lo que no ha acontecido en el caso bajo estudio.- En efecto, si bien se mencionan que la causal se origina en la errónea aplicación de la Ley Nº 26.944, no se realiza una cabal demostración de cómo es que se ha producido esa violación de la ley o la aplicación errónea que genéricamente se denuncia, de manera de suministrar con ello, fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia.-
Así, no surge del libelo bajo estudio, un intento serio que persiga demostrar acabadamente el error jurídico que se le atribuye a la sentencia atacada, quedando la argumentación del recurso reducida a cuestiones fácticas y probatorias; ajenas a esta instancia extraordinaria.-
VI. En lo tocante al absurdo en la valoración de la prueba, este Alto Cuerpo ha entendido que: “...'...para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que 'el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento'...' (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1320, Folio 1786/1788)...” (cfr. Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003).- Sabido es que no procede, por vía del recurso de casación, provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios en que se apoya la sentencia pues se trata de una materia privativa de los jueces de grado quienes tienen la facultad de seleccionar las pruebas que entienden conducentes sin estar obligados a justificar por qué otorgan mayor o menor mérito a una prueba que a otra y esto no puede ser revisado en esta sede por medio de la mera expresión de una opinión discrepante si no se alcanza a demostrar la consumación de algún vicio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3285, Folio 5469/5472).- Es así que, no se aprecia en la especie, un planteo con entidad suficiente que intente demostrar una absurda valoración de la prueba como para traer aparejada arbitrariedad.- También, resulta oportuno señalar que la Cámara ya se expidió sobre esta cuestión al resolver el recurso de apelación: “Todo el conjunto de pruebas me persuade, tal como se ha convencido el a quo, de que el daño provocado al ojo derecho del actor provino de una bala de goma, tanto como los únicos que contaban con armas de fuego en el lugar de los hechos eran los policías de infantería que se encontraban apostados dentro de la Cámara de Diputados [...] En este punto, el recurso del Estado no trasunta más que dogmáticas y subjetivas afirmaciones, -reiteraciones a las que, por más énfasis que se les imprima- no logran conmover las conclusiones a las que arribara el a quo. En consecuencia estos agravios deben ser rechazados.” (cfr. PE1620226-2024 págs. 34/36).- En síntesis, la casacionista no ha intentado demostrar la configuración de una errónea o absurda valoración de la prueba por parte de la Cámara lo que conduce a la inadmisibilidad del planteo.-
VII. En cuanto al planteo referido a que la Alzada debería declarar nula la sentencia de Primera Instancia y reenviar la causa para que fuera resuelta por un nuevo juez, tampoco resulta apto para la apertura de esta instancia extraordinaria.-
Ello es así en tanto este Tribunal Superior de Justicia ha expresado que: “...'...La Cámara, en ejercicio de su potestad plena, debe resolver todos los temas que integran la relación procesal y no devolver la causa al inferior con ese fin, sin que con ese proceder se vulnere la defensa en juicio, ni el principio de igualdad, ni el régimen de doble instancia. Todo ello porque los tribunales ordinarios de apelación no constituyen una instancia de casación, por lo tanto, si revocan una decisión, no pueden 'reenviar' la causa para que sea fallada nuevamente, sino que deben pronunciarse sobre todas las cuestiones de fondo... (confr. Acuerdos y Sentencias: 1985-III-444; 1987-IV-403; 1988-II-167; cit. Ac. 49.681 'De Leo, Jose c. García, Basilio Francisco y otro s. Cobro de Pesos'). Con Hitters podemos sostener que el órgano de apelación goza de amplias libertades respecto del objeto litigioso sometido a su consideración, pues falla sobre los hechos y el derecho con las mismas posibilidades que el a quo; teniendo la aptitud de revocar, reformar o confirmar, en todo o en parte, la providencia atacada. 'Y en esta hipótesis está potenciado para utilizar la motivación del inferior, ampliarla o reformarla a su manera' (Morello, Passi Lanza, Sosa, Berizonce, Códigos procesales..., v. III, p. 355/6; cit. por Juan Carlos Hitters, 'Técnica de los Recursos Ordinarios', Ed. LEP, ed. 1988, p. 393/394)...' (confr. Tomo VIII, Sentencia, Reg. 287, Folio 1560/1562; ídem, Reg. 288, Folio 1563/1565 y Reg. 289, Folio 1566/1568).” (cfr. Sentencia, Tomos XIV, Reg. 485, Folio 2635/2645; Tomo XVIII, Reg. 614, Folio 3531/3533).-
VIII. Que, en virtud de todo lo expuesto y jurisprudencia citada, el recurso de casación articulado por el Estado de la Provincia de Santa Cruz en PE1644781-2024, INR00000198.pdf, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1729935-2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la excusación deducida por el Sr. Vocal de este Tribunal Superior de Justicia, Dr. Fernando Miguel Basanta en PE1895841-2025.-
2. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por el Estado de la Provincia de Santa Cruz en PE1644781-2024, INR00000198.pdf y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE1729935-2025.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación del Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1041I.251 Tomo: XXXVI Interlocutorio: 3890 Folio N°: 7186/7191 Secretaría: 1
Fin de la sentencia