Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. N°8823/25 Sentencia: Definitiva Actor: Marín Cristian Ángel Demandada: Experta ART S.A Objeto: Acidente Laboral Fecha: 04-07-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los cuatro de julio de 2025, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “MARÍN CRISTIAN ÁNGEL C/ EXPERTA ART SA S/ ACCIDENTE LABORAL”, Expte. Nº 37.255 del año 2.019 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia N° 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la ciudad de Caleta Olivia, que ingresara en esta instancia, bajo el Nº 8823/25. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda Isabel Bard; Humberto Eduardo Monelos y Horacio Fernández para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?.- A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
I. A fs. 17/20 y vta. se presenta Cristian Ángel Marín con el patrocinio letrado de los Dres. Ramiro Esteban Castillo, Hernán Kustich y Julián Michavila y deduce demanda contra Experta ART S.A. por la suma de $7.309.175,58, con más su ajuste por el R.I.P.T.E, e intereses, en concepto de prestaciones dinerarias tarifadas previstas por el Régimen de Reparación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Denuncia como primera manifestación invalidante el diagnóstico de dolor a la palpación de la cara externa de la rodilla izquierda, parestesia en cara externa de la pierna izquierda, limitación en la flexo extensión de la rodilla, marcha inestable, disminución del trofismo de la musculatura del muslo izquierdo, dolor regional complejo post operatorio. Acompaña certificado médico expedido por el Dr. José Daniel Del Colle. Señala que es empleado de San Antonio Internacional S.A. desde el mes de mayo de 2.006, y desde su ingreso realiza tareas pesadas de boca de pozo y enganchador, las que describe detalladamente. Reclama la prestación establecida en el art. 14 inc. 2) ap. a) de la Ley 26.773 y practica liquidación. Plantea subsidiariamente la inconstitucionalidad de las normas que establecen la obligatoriedad del trámite ante la Comisión Médica y del listado de enfermedades profesionales. Hace reserva del caso federal y ofrece prueba. II.-Se da curso a la acción y a fs. 33/43 y vta. se presenta la Dra. Mariana Clement con el patrocinio letrado del Dr. Marcelo Héctor Magallán, y en representación de Experta ART S.A. contesta demanda, niega los hechos, desconoce la documentación acompañada, solicita el rechazo de la demanda, impugna liquidación, contesta las inconstitucionalidades planteadas por el actor, hace reserva del caso federal y de recupero del FFEP, ofrece pruebas.-
III. A fs. 46/47 vta. se acompaña poder otorgado por el actor a los Dres. Ramiro Castillo, Fernando Kustich y Julián Michavila y ofrece prueba.-
IV. A fs. 53 se abre la causa a prueba, producida las cuales se clausura el periodo probatorio a PE581395-2023, y se fija audiencia para alegar, realizando lo propio la parte actora a través de PE1078508-2023. Se dicta sentencia a PE1695536-2025 que declara la inconstitucionalidad de los arts. 21 y 22 de la Ley 24.557, Decreto 717/96 y art. 20 Ley 27.348; declara abstracto el tratamiento de inconstitucionalidad del listado de enfermedades profesionales; declara abstracto el tratamiento de la inconstitucionalidad planteada del DNU 669/19; rechaza la demanda interpuesta por Cristian Ángel Marín en contra de la demandada Experta A.R.T. S.A.; difiere la regulación de honorarios profesionales y determinación de la tasa de justicia e impone las costas al actor.- V.-La parte actora apela el fallo, expresando agravios a PE1710637-2025.
Menciona que el sentenciante se equivoca al rechazar la demanda invocando el principio de congruencia por considerar que en el escrito inicial se mencionaron patologías distintas a las padecidas por Cristian Marín. Explica que el error material fue reconocido y subsanado en la primera oportunidad procesal, por lo que no se produjo indefensión para la demandada quien contestó al respecto en el apartado 3 A punto 2. Agrega que el certificado médico que sustenta la pretensión detalla las patologías que padece el actor, y dicho documento constituye un requisito de admisibilidad de la demanda y forma parte integral de la misma, y es en el proceso de transcripción informática donde se produjo el error.
Continúa diciendo que el peritaje médico oficial confirmó la existencia de dichas afecciones, lo que demuestra que éstas si formaron parte del contradictorio y del debate procesal. Entiende que si bien el principio de congruencia exige que la sentencia se ajuste a los hechos y pretensiones planteadas en la demanda y su contestación, no debe ser interpretado de manera rígida y descontextualizada, sino que debe aplicarse en función de la realidad procesal y de los elementos probatorios incorporados a la causa. Cita jurisprudencia y doctrina para sustentar su postura y concluye que en el presente, la aplicación de éste principio resulta arbitrario, ya que desconoce la verdad procesal y material que surge del expediente.
A su parecer hace una interpretación excesivamente formalista, vulnerando el derecho del trabajador a una resolución sobre el fondo del litigio, y de principios fundamentales como el principio protectorio, la búsqueda de la verdad real y la tutela judicial efectiva. Cita jurisprudencia que considera aplicable al caso. Insiste en que debe aplicarse el principio protectorio a favor del trabajador y evitar interpretaciones excesivamente restrictivas que impidan la resolución de fondo de los reclamos laborales.
VI. Los agravios son contestados a PE1723501-2025 por la apoderada de la parte demandada quien sostiene que el apelante pretende que el Juez, en lugar de atender el objeto del reclamo plasmado en la demanda, debió juzgar el caso a partir de la información aportada por el perito, aunque en uno y otro no existiera nexo alguno. Expresa que la congruencia procesal es un pilar de la garantía de defensa en juicio, por ello su violación implica la nulidad del decisorio por aplicación en lo dispuesto por el art. 18 C.N.. Cita jurisprudencia de la CSJN en ese sentido y agrega que el art. 309 C.P.C.C. no permite la modificación de la demanda una vez notificado su traslado, por lo que cree que bajo ningún punto de vista puede entenderse que la presentación tardía efectuada en exceso de los términos del traslado que le había sido conferido al actor, sirvió para cambiar radicalmente los términos de la demanda. Manifiesta que lo que verdaderamente ocurrió es que el actor demandó una cosa y se dedicó a probar otra distinta, y esa disociación entre el objeto y la prueba no podía tener otra solución que la dictada, bajo pena de incurrirse en arbitrariedad. Sostiene que la búsqueda de la verdad material no puede tener lugar por encima del derecho de defensa como se pretende, y debe acotarse a la cuestión efectivamente planteada, y no están los jueces para suplir las negligencias de las partes o sus representantes. Expresa que las reglas de la buena praxis son las que deben garantizar la postulación del debate contradictorio y no el proteccionismo judicial en el que pretende ampararse el actor. Advierte que las circunstancias de la supuesta enfermedad de columna que resulta de la pericia médica, su primera manifestación invalidante, oportunidad de la denuncia, tratamiento o no recibido por el actor, evolución y consolidación de secuelas, no son cuestiones de las cuales haya tenido oportunidad de conocer y defenderse. Cita jurisprudencia en ese sentido y hace reserva del caso federal.-
VII. El recurrente considera errónea la conclusión a la que arriba el sentenciante de grado cuando rechaza la demanda invocando el principio de congruencia. Pretende desvirtuar dicho razonamiento aduciendo que el error material fue reconocido y subsanado en la primera oportunidad, y por ello no se produjo indefensión hacia la demandada, además del hecho de que el certificado médico constituye un requisito de admisibilidad de la demanda y forma parte integral de la misma. Ahora bien, cabe resaltar que la demanda constituye el acto jurídico de mayor importancia que recae sobre el actor, mediante el cual concreta sus pretensiones y delimita la base en torno del cual tramitará el proceso, además de limitar los poderes del juez.
En ese sentido es propio señalar que la congruencia es el principio que limita el contenido de las resoluciones o sentencias judiciales, que deben dictarse de conformidad con el sentido o alcance de las peticiones formuladas por las partes, salvo los casos en que la ley otorgue facultades especiales para apartarse de lo peticionado por los litigantes. El art. 164 del CPCC recepta tal principio dentro de nuestro ordenamiento.- Asimismo nuestro máximo Tribunal provincial tiene dicho: "una de las reglas que debe seguir todo pronunciamiento judicial para erigirse en una decisión constitucional y legalmente válida viene dada por el principo de congruencia, definido por este Alto Tribunal como "la correlación que debe haber entre la pretensión y la decisión, aspecto éste que fluye naturalmente en nuestra normativa procesal, incorporada por el art. 34, inc. 4° y desarrollado conceptualmente en el art. 164 inc. 6°, ambas disposiciones del Código de Procedimiento Civil y Comercial, sin perjuicio de otras normas concordantes y correlativas" (cfr.
Sentencia, Tomos I,Reg. 24, Folio 95/102; II, Reg. 84, Folio 369/374; IV, Reg. 144, Folio 699/705; VII, Reg. 237, Folio 1280/1287; XII, Reg. 414, Folio 2257/2260.- Si bien es conocida la postura del superior tribunal de la provincia, no puedo dejar de señalar que "...la congruencia en el principio de defensa en juicio, al referir el límite que tiene la judicatura de no introducir sorpresivamente alegaciones o cuestiones de hecho de manera que las partes no puedan ejercer su plena y opotuna defensa. Por ello la conformidad entre la sentencia y la demanda en cuanto a las personas, el objeto y la causa es ineludible exigencia de cumplimiento de principios sustanciales del juicio concernientes a la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, toda vez que la litis fija los límites de los poderes del Juez." ( Arazi, Roland-Rojas, Jorge A.
"Código procesal civil y comercial de la Nación, com. y conc." T. 1, conf. pag. 168, Ed. Rubinzal Culzoni- 2014). Estas ideas se encuentran además íntegramente entrelazadas con el principio dispositivo que rigen en nuestra legislación procesal.- Se observa que en el libelo inicial el actor describe las patologías que padece y la incapacidad parcial que se estima, cuestiones que no se condicen con lo certificado por el Dr. José Del Colle en informe obrante a fs. 2., y así se trabó la litis y la demandada contestó conforme a lo planteado. Si bien a fs. 50 aclara que el equívoco se debió a un error material informático -de transcripción-, lo cierto es que fue realizado de manera tardía, y se trata de un error de concepto trascendental, no sólo de transcripción, encontrándose precluída la etapa para modificar la demanda.
En este aspecto la ley de forma en materia civil y comercial contempla la posibilidad de modificar la demanda antes de ser notificada (art. 309) y en lo particular dicha norma no es de aplicación en el proceso laboral cuyo art. 121 no remite a la misma.- De igual modo, y en virtud de dicho equívoco, no se condicen las patologías denunciadas originariamente por el actor y lo constatado por el Dr. Marcelo Ocampo a PE747999-2022, por lo que efectivamente y tal como lo resuelve el magistrado de grado, no existe nexo causal entre lo reclamado y lo efectivamente padecido. En base a ello, no puede cumplirse con uno de los objetivos de la Ley N° 24.557, esto es, la reparación del daño derivado de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado (art. 1° punto 2 inciso b) Ley de Riesgos del Trabajo), toda vez que en definitiva no se verifica la existencia de enfermedad profesional que merezca ser reparada.- Resta agregar que generándose un conflicto de intereses debemos los magistrados efectuar una valoración armónica de todos los derechos involucrados, así en lo particular, no puedo obviar la circunstancia de que la demandada se defendió frente a un planteo determinado, indistintamente del error en que se incurrió al describir el objeto de la demanda, y hacer caso omiso a dicha circunstancia importaría apartarse de una máxima fundamental como lo es la defensa en juicio (art. 18 C.N., art. 8 Convención Americana de Derechos Humanos, art. 2 parte II punto I Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2 C.C.yC.N.).-
Por las razones hasta aquí expuestas entiendo que la sentencia es justa, debiendo confirmarse en lo que fue materia de agravio, condenándose en costas al actor en virtud del principio de la derrota (art. 68 C.P.C.C.).-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
VIII. Por las mismas razones expuestas y de conformidad con criterios sostenidos por el suscripto en pronunciamientos anteriores en lo que respecta al principio de congruencia, adhiero al voto que antecede.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
IX. En base a las consideraciones vertidas al contestar la primera cuestión, propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1°) Desestimar los agravios del actor. 2°) Confirmar la sentencia en lo que fue materia de agravios 3°) Condenar en costas al actor en virtud del principio de la derrota (art. 68 C.P.C.C.) 4°) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se regulen oportunamente en la instancia de grado. 5°) Tener presente la reserva del caso federal. 6°) Registrar, notificar y oportunamente devolver al Juzgado de Origen.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
X. Por la forma en que me pronuncié a la primera cuestión adhiero al voto propuesto por la Dra. Bard.-
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 04 de julio de dos mil veinticinco. -
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo establecido por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Desestimar los agravios del actor. - 2°) Confirmar la sentencia en lo que fue materia de agravios. - 3°) Condenar en costas al actor en virtud del principio de la derrota (art. 68 C.P.C.C.).- 4°) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se regulen oportunamente en la instancia de grado.- 5°) Tener presente la reserva del caso federal.-
6. Registrar, notificar y oportunamente devolver al Juzgado de Origen. - El Dr. Horacio Fernández no suscribe la presente por no existir disidencia entre los firmantes y constituir mayoría. Fdo. Griselda I. Bard- Jueza de Cámara- Presidenta; Humberto Eduardo Monelos- Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201032S.251 Tomo: CIII Sentencia: 3128 Folio Nº: 023/027 Secretaria: 1
Fin de la sentencia