Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-2667/25-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar bien concedido el recurso de casación articulado por la parte actora en PE1943653-2025.-
2Ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines previstos en el artículo 8° del Libro I, Titulo IV, Cap. IV, Secc 6ª, Parágrafo 2° -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley N° 3453/15 -Decreto N° 2228/15-, y por el término allí establecido.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-2667/25-TSJ Interlocutorio N°: 3933 Actor: MARÍN CRISTIAN ÁNGEL Demandada: EXPERTA ART SA Objeto: ACCIDENTE LABORAL Fecha: 13-08-2026 Texto: TOMO XXXVII -INTERLOCUTORIO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 3933 FOLIO Nº 7325/7330 PROT. ELECT. TSS1 024 I.261
Río Gallegos, 13 de agosto de 2026.-
Los presentes autos caratulados: “MARÍN CRISTIAN ÁNGEL c/ EXPERTA ART SA s/ ACCIDENTE LABORAL”, Expte. Nº M-37.255/19 (M-2667/25-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández:
I. Que mediante PE1943653-2025 el actor interpone recurso de casación contra la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial en PE1916449-2025 que rechazó la apelación deducida y, en consecuencia, confirmó la decisión emitida en PE1695536-2025. En esta última, el Juez de Primera Instancia había rechazado la demanda interpuesta, por considerar que no existía nexo de causalidad entre la incapacidad sufrida por el actor y los hechos expuestos en la demanda.-
II. En su impugnación extraordinaria, el actor aduce violación de la ley y arbitrariedad (cfr. PE1943653-2025, pág. 1).-
Sostiene que la sentencia impugnada no constituye una derivación razonada del derecho vigente según las constancias de la causa, lo que -afirma- afecta su derecho de defensa y le ocasiona un gravamen irreparable. Aduce que la Cámara, mediante una interpretación excesivamente formalista del principio de congruencia, rechazó su reclamo indemnizatorio sin atender a la realidad de los hechos invocados y probados (cfr. PE cit., pág. 2).- Expresa que dicho pronunciamiento resulta arbitrario, en tanto vulnera garantías constitucionales como la defensa en juicio, la tutela judicial efectiva y el principio protector del derecho laboral. Señala, por último, que el formalismo extremo adoptado por el tribunal de alzada sacrifica la búsqueda de la verdad material y se traduce en una restricción indebida de sus derechos (cfr. PE cit., pág. cit.).-
Aduce que la Cámara efectuó una errónea aplicación del principio de congruencia, adoptando un criterio excesivamente formalista que desnaturaliza su finalidad en el ámbito del derecho laboral. Sostiene que la discrepancia advertida en la demanda constituía un mero error material o involuntario de transcripción -un “copy-paste”- y no la introducción de una nueva causa petendi, toda vez que la base fáctica del reclamo se encontraba desde el inicio respaldada por el certificado médico acompañado y fue luego confirmada por la pericia oficial del Dr. Ocampo, integrando así el debate procesal. Señala que la Cámara, al calificar dicho yerro como conceptual y trascendente, privilegió la literalidad de la demanda por sobre la verdad material, pese a que la rectificación no generó indefensión alguna para la demandada, quien respondió expresamente sobre ese punto en su contestación de demanda (cfr. PE cit., págs. 5/6).-
Dice que la sentencia de Cámara prescindió del principio de primacía de la realidad, al aferrarse a la literalidad de la demanda inicial referida a una lesión de rodilla, pese a la prueba incorporada que daba cuenta de una patología distinta -columna vertebral- también comprendida implícita o explícitamente en la pretensión, a través del certificado médico, la descripción de tareas y la pericia oficial que confirmó aquellas dolencias (cfr. PE cit., pág. 6).-
Expresa que la Cámara aplicó un criterio preclusivo y excesivamente formal, al ceñirse a la literalidad de la demanda pese a que la demandada conocía desde el inicio la verdadera afección del actor, acreditada en el informe médico acompañado con la demanda y confirmada por la pericia oficial. Aduce que esta postura, apartada de la verdad material, reproduce el rigor formal que la Corte Suprema ha rechazado reiteradamente (cfr. PE cit., pág. 7).-
Postula que la postura formalista de la Cámara socava directamente el principio protectorio al denegar al trabajador una compensación por una lesión probada, basándose en un tecnicismo procesal (cfr. PE cit., pág. cit.).-
Arguye que la sentencia impugnada vulnera el principio pro actione. Señala que el rechazo se fundó en la falta de coincidencia entre la patología mencionada en la demanda (rodilla) y la acreditada en el proceso (columna), pese a que esta última fue confirmada por el perito oficial y era conocida por la demandada desde el certificado médico inicial. Indica que, bajo el pretexto de resguardar el debido proceso de la demandada, el Tribunal aplicó de modo rígido el principio de congruencia y terminó negando al trabajador su derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso sobre el fondo de una pretensión probada (cfr. PE cit., pág. 8).- Puntualiza que la decisión cuestionada infringe los artículos 14, 16, 17, 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional (cfr. PE cit., pág. 9).-
Precisa que la sentencia resulta arbitraria porque:
calificó como “error conceptual y trascendental” lo que constituía un simple error material; aplicó de manera estricta una regla de preclusión propia del artículo 309 del CPCyC aun cuando no existía indefensión real de la demandada; desatendió la verdad material acreditada por la pericia médica oficial; omitió la aplicación de los principios protectorio y pro actione que rigen en materia laboral; y se apartó de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que impone evitar el excesivo rigor formal (cfr. PE cit., pág. cit.).- La Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación en PE1959758-2025.-
Los presentes pasan al Acuerdo en PE1185844-
2025.
III. Corresponde ahora abordar el examen preliminar previsto en el artículo 7° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6°, Parágrafo 2° -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley N° 3453/15 -Decreto N° 2228/15-, con el objeto de determinar si se satisfacen los requisitos formales de admisibilidad del recurso articulado.-
Tal análisis debe realizarse teniendo presente que, según inveterada jurisprudencia de este Tribunal Superior de Justicia, el recurso de casación constituye un mecanismo excepcional, que no habilita una revisión integral como si se tratase de una tercera instancia ordinaria.-
Conviene precisar, con carácter previo, el alcance de la tarea que aquella norma confía a este Alto Cuerpo, pues del modo en que se conciba el examen preliminar depende buena parte de la suerte del remedio intentado. El régimen instaura un doble control de admisibilidad: un primer filtro a cargo del órgano A quo, que se pronuncia sobre las condiciones del recurso y lo concede o lo deniega (art. 5°); y un segundo –decisivo- a cargo de este Tribunal, que, ya recibidos los autos, verifica si el recurso “ha sido bien o mal concedido” (art. 7°). La nota que interesa subrayar es que la concesión dispuesta por la Cámara no vincula a este Tribunal ni purga los defectos del remedio, desde que el control sobre la apertura de la propia competencia extraordinaria es indisponible y no precluye por la decisión del órgano que dictó la sentencia recurrida. Así lo enseña doctrina pacífica de la técnica casatoria, que distingue los requisitos formales -atinentes a la admisibilidad- de los sustanciales -propios de la procedencia-, reservando los primeros al control de los trámites adjetivos cuya ausencia hace caer el recurso por inadmisible (cfr. Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”, L.E.P., La Plata, 1998, 2ª edición, págs. 243/244).-
Importa, con todo, no confundir los planos. En este estadio no se juzga si la ley o la doctrina legal fueron efectivamente violadas -cometido reservado al juicio de fundabilidad-, sino si concurren los presupuestos que habilitan a ingresar en ese examen: se trata, con una imagen que ilustra su función, de un control de portal, que define quién pasa y no quién tiene razón. De allí que la evaluación deba ponderar los principios estructurantes del remedio: el de formalismo, que impone el cumplimiento riguroso de los recaudos procesales de interposición y trámite, y el de trascendencia, conforme al cual la casación no puede ser concedida por la casación misma (cfr. Molina Sandoval, Carlos A.: “Recursos de casación. Aspectos sustanciales, argumentales y procesales”, 1ª edición, Córdoba, Advocatus, 2016, págs. 36/37). Un recurso puede satisfacer todos los recaudos de admisibilidad y ser luego desestimado por infundado; lo que no puede es prescindir de ellos y pretender, no obstante, la apertura de la instancia.-
Dentro de ese marco, la exigencia de crítica concreta y razonada no constituye un requisito de fundabilidad sino de admisibilidad formal, y emana directamente del artículo 4°, inciso a), que impone al recurrente indicar concretamente las formas quebrantadas y las disposiciones violadas, erróneas o falsamente aplicadas, manifestando cuál es la ley o la doctrina que ha debido aplicarse y expresando cada motivo separadamente. La norma consagra, de tal modo, cargas de autosuficiencia, de individualización del agravio y de confrontación argumental con la ratio decidendi del fallo impugnado. La distinción decisiva es la siguiente: en admisibilidad el Tribunal examina si la crítica se halla técnicamente articulada -si existe, si es concreta, si confronta los fundamentos decisivos del pronunciamiento-, mas no si esa crítica es acertada. Verificar la existencia y la articulación técnica del embate no importa anticipar su éxito; son operaciones de naturaleza distinta y se cumplen en momentos distintos del itinerario recursivo.- Análogo deslinde corresponde en materia de hechos y prueba. La determinación de los hechos y la valoración de la prueba pertenecen, por principio, a las facultades privativas de los jueces de grado y quedan fuera del ámbito casable, que se circunscribe al quebrantamiento de formas y a la violación o errónea aplicación de la ley o de la doctrina legal (arts. 1°, 2° y 3°). Siendo la pertenencia de la materia al ámbito casable un presupuesto objetivo de admisibilidad, este Tribunal se halla habilitado a advertir, ya en el examen preliminar, que el remedio no propone una verdadera cuestión de derecho sino la reedición del debate fáctico bajo el ropaje de una violación de ley; ello no supone anticipar el mérito, sino constatar que el recurso no abre la jurisdicción casatoria. El límite -prudencial pero firme- reside en que, invocado el absurdo, el Tribunal puede comprobar si ha sido articulado con la técnica exigible -individualización de la prueba mal valorada y explicación del vicio lógico grave y decisivo, y no mera contraposición de una lectura alternativa de los hechos-, pero no resolver en este estadio si el absurdo efectivamente concurre.-
Esta comprensión del examen preliminar no traduce una preferencia de política judicial, sino la condición de posibilidad de la función nomofiláctica que justifica la existencia misma de la casación. Si el filtro de admisibilidad se vaciara de contenido, y bastara la observancia del plazo y la invocación nominal de alguno de los motivos legales para forzar la apertura de la instancia, recursos que no proponen cuestión casable alguna -o que carecen de crítica idónea- deberían, no obstante, tramitar íntegramente para ser desestimados años más tarde, con prolongación innecesaria de los pleitos, desmedro del tiempo y la atención que reclaman las causas que sí plantean genuinas cuestiones de derecho, y aproximación de este remedio excepcional a una tercera instancia ordinaria que el legislador no ha querido. Un examen de admisibilidad robusto no es, pues, un obstáculo al derecho al recurso, sino la garantía de que la casación cumpla el cometido para el que fue concebida. Es a la luz de estos parámetros que corresponde examinar la pieza recursiva.-
IV. Sentando lo anterior, se advierte que la pieza recursiva bajo análisis adolece de diversas carencias que conducen indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
Las críticas expuestas por el recurrente sólo traducen diferencias de criterio con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3172, Folio 5215/5218). Es que, para impugnar eficazmente una resolución judicial a través de un recurso extraordinario, no se debe presentar el caso y analizarlo con criterio subjetivo, sino demostrar -con un razonamiento detallado y precisola incorrecta subsunción en el derecho o lo impropio de los hechos valorados y por qué debe ser cambiada por lo que los casacionistas pretenden.-
También, se verifica que los planteos remiten, ineludiblemente, al examen de cuestiones fáctico procesales, que resultan, en principio, ajenas a esta instancia extraordinaria; salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo (TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXV, Reg. 3799, Folio 6897/6899), circunstancia que no se vislumbra en la especie.-
En efecto, los agravios introducidos por el recurrente remiten, ineludiblemente, al examen de cuestiones fáctico-procesales tales como la delimitación del objeto de la demanda, la valoración de la prueba producida -en particular, del certificado médico y la pericia oficial- y la oportunidad en que se intentó introducir la supuesta “aclaración” del error material. Tales aspectos resultan, en principio, ajenos al ámbito estricto del recurso de casación, salvo que se acredite absurdo o manifiesta arbitrariedad. Ninguno de esos supuestos excepcionales se configura en autos, desde que la sentencia impugnada se exhibe debidamente motivada, con apoyo en las constancias del expediente y en una interpretación razonada del principio de congruencia y de la preclusión procesal.-
En tal sentido, cabe poner de resalto que la Cámara de Apelaciones sustentó su decisión sobre tres pilares claramente definidos:
i) que la demanda inicial delimitó el objeto del proceso a una patología localizada en la rodilla izquierda, y que sobre esa base se trabó la litis y se ejerció la defensa de la demandada; ii) que la posterior “aclaración” mediante la cual el actor pretendió introducir una afección distinta -localizada en la columna vertebral- no constituyó un simple error material sino una alteración sustancial de la causa petendi, formulada una vez vencida la etapa para modificar la demanda; y iii) que, por esa razón, no se verificó correspondencia entre lo reclamado y lo efectivamente probado en autos, lo cual impidió tener por acreditado el nexo causal exigido por la Ley de Riesgos del Trabajo, pues el actor demandó por una lesión y procuró acreditar otra distinta.-
La Alzada consideró, además, que admitir la pretensión sobre la base de una afección no incluida oportunamente en el escrito de demanda implicaría desbordar el principio de congruencia y afectar la garantía de defensa en juicio de la ART, quien contestó y estructuró su estrategia procesal conforme a los términos iniciales del reclamo. De ese modo, concluyó que no existía enfermedad profesional reparable vinculada a los hechos introducidos en tiempo y forma al proceso, confirmando el rechazo de la demanda (cfr. PE1916449-2025).-
Teniendo en consideración los fundamentos del fallo de la Cámara así reseñados, y sin juzgar sobre el acierto o el error de lo allí decidido, se advierte que el recurso extraordinaria no confronta debidamente los aspectos medulares de la sentencia recurrida, limitándose a manifestaciones genéricas, lo que determina su desestimación.-
Consiguientemente, de la atenta lectura del instrumento recursivo, surge que las críticas de la impugnante sólo traducen meras diferencias de opinión con lo decidido en la instancia ordinaria y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.-
V. En lo que respecta a la arbitrariedad que se enrostra, corresponde señalar que la recurrente se limita a calificar de ese modo la resolución de la Cámara sin acompañar un desarrollo argumental que permita siquiera vislumbrar la configuración de ese vicio en el caso concreto.-
Este Tribunal Superior de Justicia ha entendido que: “…para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que 'el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento'…” (cfr. Interlocutorio, Tomos IX, Reg. 1320, Folio 1786/1788; XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003 y XXX, Reg. 3480, Folio 5942/5946).-
Bajo tales parámetros, resulta evidente que la impugnación extraordinaria deducida no satisface las exigencias mínimas para configurar un supuesto de sentencia arbitraria. Lejos de exhibir un razonamiento desprovisto de fundamentos o un abandono grosero de las normas aplicables, el pronunciamiento impugnado contiene una exposición razonada, apoyada en derecho y en constancias de la causa, no emergiendo de los agravios más que una discrepancia subjetiva con la solución adoptada, lo cual es insuficiente para tornar procedente la vía casatoria.-
Se ha sostenido, en línea coincidente con la tesitura adoptada por el Tribunal inferior, que: “La ausencia de una clara fundamentación por parte del actor de las circunstancias de hecho y de derecho que justificarían la responsabilidad de Prevención ART S.A. en los términos de la ley especial obsta decisivamente a la posibilidad de que, tal solución, sea viabilizada en este pleito…afecta al ejercicio del derecho de defensa de la contraparte…además, exigiría el análisis de cuestiones que no fueron introducidas adecuadamente a la litis…Desde esta perspectiva, valorar cuestiones que no fueron sometidas en debida forma a la Sra. Juez de la anterior instancia, podría implicar fallar extra petita, soslayar el principio de congruencia…y, por esa vía, afectar la garantía al derecho de defensa en juicio de la contraparte (cf. art. 18 C.N.).” (cfr. CNTrab., Sala II: “San Marco Ligia Marina c/ Casino de Buenos Aires S.A. Cía. de Inversiones en Entretenimientos S.A. UTE y otro”, del 28-04-2010, www.informaciónlegal.com.ar, Cita Online AR/JUR/20833/2010).- Igualmente, se ha indicado que: “…el juzgador debe velar para que las sentencias se adecuen al postulado de congruencia, lo que impone lograr que exista una debida correspondencia entre el contenido de aquellas y el objeto de las peticiones, es decir la resolución que emite el juzgador acerca del litigio debe guardar estricta conformidad con lo pretendido y resistido por las partes. De tal suerte, la ley exige al juez una estricta correspondencia entre el contenido de la sentencia y las cuestiones oportunamente planteadas por las partes, lo que supone, como es obvio, la adecuación del pronunciamiento a los elementos de la pretensión deducida en el juicio (sujetos, objeto y causa). Cabe señalar, además, que las pautas sentadas en la traba de la litis se proyectan necesariamente en la valoración de la prueba producida, en tanto no puede admitirse que un hecho no debidamente alegado resulte introducido luego en la etapa de prueba. Desde tal perspectiva, advierto que le asiste razón a la recurrente respecto de la incapacidad psicológica graduada en origen…en tanto dicha pretensión no integró el objeto debatido de autos.” (cfr. CNTrab., Sala VII, “Moyano Juan José c/ Galeno ART SA s/ recurso ley 27.348”, del 24-06-2022, www.informaciónlegal.com.ar, Cita Online AR/JUR/49127/2022).-
Con motivo del análisis de dicha sentencia, Emiliano A. Gabet se encarga de precisar que: “Lo resuelto no es algo novedoso, sino que por el contrario es algo propio del derecho procesal: el juez no puede dictar una sentencia más allá del modo y forma en que ha quedado trabada la litis […] Caso contrario, se vería afectada la bilateralidad del proceso no pudiendo el demandado oponerse en tiempo y forma a su progreso…es importante que el damnificado por el siniestro -quien se encuentra asesorado legalmente- interponga una demanda que cubra todos los aspectos que intenta reclamar…” (cfr. autor cit.: “El principio de congruencia y la sentencia en un caso de accidente de trabajo”, www.informaciónlegal.com.ar, Cita Online AR/DOC/1965/2022).-
VI. Idéntica suerte adversa debe correr la supuesta afectación que denuncia respecto a sus derechos reconocidos y protegidos en la Constitución Nacional, en la medida en que omite indicar de qué forma se produjo la transgresión que predica -dado que sus agravios no pasan del mero enunciado- sin hacer referencia a su aplicación concreta al caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado el plexo constitucional. En esta línea, este Alto Cuerpo ha sostenido inveteradamente que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156, entre otros).-
VII. En virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte actora en PE1943653-2025 no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1959758-2025, de conformidad con lo establecido por el artículo 7° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Así lo voto.-
La Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos y el Dr. Fernando Miguel Basanta, por los mismos fundamentos, adhieren al voto de la Dra. Fernández.-
Voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani:
I. Que coincido con el relato de los antecedentes de la causa desarrollados en los puntos I) y II) del voto que antecede. Sin embargo, disiento respetuosamente con la conclusión a la que arriban los Vocales preopinantes, por los fundamentos que desarrollo a continuación.-
de un recurso de casación, no debe ser confundido con el estudio de su “procedencia”. Si bien la falta de cualquiera de ellas produce el fracaso de la impugnación, se trata de cuestiones esencialmente diversas cuya decisión corresponde a dos órganos distintos.- En el régimen vigente de la sección 6º del CPCyC, la admisibilidad se vincula con los extremos meramente formales previstos en el código de rito y corresponde sucesivamente al Tribunal a quo y al Tribunal ad quem; así lo disponen los artículos 5° y 7° respectivamente.-
Por otro lado, el análisis de la procedencia hace a la fundabilidad del embate e involucra el juicio sobre el acierto de la pretensión recursiva; su decisión corresponde sólo y exclusivamente al Tribunal ad quem (cfr. art. 13).-
El primer juicio de admisibilidad ya fue realizado por la Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial. El segundo corresponde sea efectuado por este Tribunal Superior de Justicia. Este último sólo debe alcanzar a la simple verificación de la temporalidad del recurso y de los demás recaudos formales. Es decir: existencia o no de sentencia definitiva o equiparable a ella (art. 1°); plazo, constitución de domicilio y acreditación del pago del depósito previo (art. 4, incs. c y d); e invocación de alguno de los motivos casatorios taxativamente enumerados (arts. 1°; 2°; 3°; 4°, incs. a y b).-
Así lo señala expresamente el mencionado art. 7º:
“Art. 7º - Examen preliminar: Dentro de los diez (10) días de recibidos los autos, el Tribunal Superior de Justicia examinará en Acuerdo -en forma preliminar- el escrito de presentación, al sólo efecto de determinar si ha sido interpuesto con arreglo a las disposiciones que rigen el plazo y demás requisitos formales previstos en los artículos anteriores para establecer si el recurso ha sido bien o mal concedido. En este último caso se devolverán los autos sin más trámite. Admitido el recurso por el Tribunal Superior de Justicia, se dictará la providencia de “autos”, la que será notificada a los interesados personalmente o por cédula…”. (el destacado es de mi autoría y a los únicos fines de resaltar la solución que propicio).-
A su vez, el inciso a) del artículo 4 de la sección 6ª sólo exige “…expresar el alcance de la impugnación y lo que desea que se anule, indicando concretamente las formas quebrantadas, las disposiciones violadas, erróneas o falsamente aplicadas, manifestando cuál es la ley o doctrina que ha debido aplicarse…”. En ningún momento requiere una “adecuada argumentación”.-
III. La primera fuente de interpretación de las leyes es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de ella (Fallos: 312:2078; 321:1434; 326:4515 y 340:2021), pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violencia de su texto o de su espíritu (Fallos: 307:928; 308:1873; 315:1256; 330:2286 y 338:488). De modo concorde se ha subrayado que el principio constitucional de separación de poderes no consiente a los jueces el poder de prescindir de lo dispuesto por la ley respecto del caso, so color de desacierto o injusticia (Fallos: 249:425; 306:1472; 314:1849; 318:785; 329:1586; 333:866; 338:488 y 342:1376)”.
Los verbos utilizados resultan claros al respecto, pues de los términos “expresar”, “indicar” y “manifestar” jamás puede concluirse la exigencia de una “demostración, con un razonamiento detallado y preciso” de la incorrecta subsunción en el derecho o lo impropio de los hechos valorados y por qué debe ser cambiada por lo que los casacionistas pretenden. Estos últimos son aspectos propios del examen de procedencia del recurso (y no del de admisibilidad).-
En síntesis: lo que no puede ni debe realizar el Tribunal ad quem en oportunidad de analizar y resolver sobre la admisibilidad del recurso de casación, es ingresar en aspectos que involucran la “procedencia” de la vía impugnativa, tal como entiendo sucede erróneamente en el voto de mis colegas preopinantes.-
IV. Lo anterior sólo implica pronunciarme sobre la “admisibilidad” del recurso de casación (art. 7), sin que ello signifique impedimento para volver a analizar los agravios en oportunidad de pronunciarme sobre la “procedencia” de los mismos (arts. 12/14).-
V. Así las cosas, encontrando reunidos los extremos formales que hacen a la interposición del recurso de casación, propongo declararlo bien concedido a tenor de lo dispuesto en el artículo 7° del Libro I, Titulo IV, Cap. IV, Sec. 6° Parágrafo 2° -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley N° 3453/15 -Decreto N° 2228/15- y, por ende, ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8° de la ley citada y por el término allí establecido. Así lo voto.- Los Dres. José Antonio González Nora, Sergio Edgardo Acevedo, Juan Lucio de la Vega y Gabriel Nolasco Contreras Agüero, por los mismos fundamentos, adhieren al voto del Dr. Mariani.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto minoritario de las Sras. Vocales, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, Reneé Guadalupe Fernández y el Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta y el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, José Antonio González Nora, Sergio Edgardo Acevedo, Juan Lucio R. de la Vega y del Sr. Presidente, Dr. Gabriel Nolasco Contreras Agüero, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar bien concedido el recurso de casación articulado por la parte actora en PE1943653-2025.-
2. Ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines previstos en el artículo 8° del Libro I, Titulo IV, Cap. IV, Secc 6ª, Parágrafo 2° -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley N° 3453/15 -Decreto N° 2228/15-, y por el término allí establecido.-
La presente resolución se dicta con la firma de ocho miembros del Tribunal en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y por la existencia de mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, 2º párrafo, Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Gabriel Nolasco Contreras Agüero -Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-; Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Dr. José Antonio González Nora –Vocal-; Dr. Sergio Edgardo Acevedo –Vocal-; Dr. Juan Lucio Ramón de la Vega – Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1024I.261 Tomo: XXXVII Interlocutorio: 3933 Folio N°: 7325/7330 Secretaría: 1
Fin de la sentencia