Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2022-43445598-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad de la resolución apelada, con costas.
2Regular los honorarios de la Dra. Adriana Silvia Spati por su actuación en autos como apoderada, fijándolos en la suma de $ 98.695 (Pesos noventa y ocho mil seiscientos noventa y cinco) equivalente a 7,91 (siete con 91/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria, los que quedan a cargo del Fisco Nacional teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la única etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 15, 16, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 3/2023 (24/02/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-47702161-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 27 de Abril de 2023 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el EX-2022-43445598- -APN-SGAI#TFN caratulado “MARINO OMAR s/recurso de apelación –Impuesto a las Ganancias”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que por el RE-2022-40274125-APN-SGAI#TFN Omar Marino interpone recurso de apelación contra la resolución N° 74/2022 de fecha 11/04/2022, dictada por la Sra. Jefa Interina de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Sur de la A.F.I.P. - Dirección General Impositiva, en la que se aplicó una multa en el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2015 graduada en dos veces el tributo evadido, encuadrada en los términos de los artículos 46 y 47 inc. d) de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.). Relata que las imputaciones efectuadas por el Organismo fiscal resultan vagas y contradictorias. Hace saber que la resolución es ambigua y que lleva a una confusión ya que se refiere al Impuesto las Ganancias por el período fiscal 2015 para luego referirse al IVA por los períodos fiscales 4/2015 a 12/2015. Expresa que no queda claro si la multa corresponde al Impuesto a las Ganancias o al IVA, o bien, sólo al primero. Menciona que con fecha 05/05/2021 se inició el procedimiento de determinación de oficio, manifestando que el período fiscal se encontraba prescripto. Por nota 240/2021 del 27/08/2021 la División Jurídica de la Dirección Regional Sur dejó expresa reserva de la aplicabilidad de las sanciones que fueran procedentes por el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2015 (conf. art. 20 ley N° 24.769). En consecuencia, volvieron las actuaciones para aplicar sumario conforme surge de la nota 213/2022 de fecha 30/03/2022, la que expresa que por ley N° 27.430 se elevaron los montos mínimos penalmente relevantes. Entiende que esta última ley ya estaba promulgada al momento de la reserva, por lo que corresponde aplicar el art. 74 de la ley de rito y debe declararse la caducidad en la aplicación de la sanción por no haberse opuesto en el momento oportuno. (sic)
Afirma que no se verifica en autos que haya realizado declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas de ningún tipo. Que, además, es cierto que no corresponde denuncia penal ya que los montos no superan los mínimos legales. Asimismo, hace notar que su actitud siempre fue de buena fe y a favor de la ley sin utilizar ardid alguno.
Por último, impugna las determinaciones de oficio del ajuste, las liquidaciones y diferencias a favor de AFIP. (sic)
Hace reserva federal, y pide que oportunamente se revoque la resolución con costas.
II. Que por el IF-2022-70682195-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado conferido. Señala que, al momento del dictado de la determinación de oficio, el juez carecía de facultades para aplicar sanciones, hasta tanto se dictara sentencia definitiva en sede penal. Agrega que lo establecido por los arts. 17 ter. párrafo y art. 74 de la ley de rito no constituyen un impedimento legal para aplicar multas una vez dictadas las determinaciones de oficio en donde se difiere conforme el art. 20 de la ley 24.769 (y modif.) la posible aplicación de sanciones, por lo que entiende que la caducidad debe ser rechazada.
Aclara respecto de la prescripción opuesta por la actora, que corresponde su rechazo, ya que al momento de dictar la resolución (05/05/2021) se encontraba plenamente habilitado a determinar de oficio la obligación impositiva correspondiente al año 2015, no habiendo transcurrido el plazo de prescripción previsto en la norma.
Agrega que se respetó el debido proceso adjetivo y no se violentó el derecho de defensa, resultando la resolución apelada plenamente válida.
Explica que queda demostrado que se verifican en la presente causa los elementos objetivo y subjetivo requeridos por el tipo infraccional de los artículos 46 y 47 inc. d) de la Ley de Procedimiento Tributario Finalmente, acompaña antecedentes administrativos, desconoce la documental agregada por la recurrente y solicita que al no haber prueba para producir se declare la causa de puro derecho.
Que, por los argumentos expuestos y la jurisprudencia citada, pide que oportunamente se dicte sentencia rechazando el recurso interpuesto, con costas y se tenga presente la reserva del caso federal.
III. Que por la PV-2022-126882787-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala "D" y por el IF-2023-36572769-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos para sentencia.
IV. Que, si bien la recurrente no planteó excepciones de previo y especial pronunciamiento, sí solicitó la caducidad y la prescripción de la multa. Por ello, en primer lugar, corresponde abordar dichos planteos. Que, respecto de la caducidad alegada por la actora, vale aclarar que fue manifestada respecto del momento en el cual el juez administrativo aplicó la multa, y no como caducidad propiamente dicha (conforme el CPCyCN). El Instituto de la caducidad de instancia responde a uno de los modos de terminación del proceso, y como tal, exige la inactividad de las partes por el plazo establecido por ley, lo que no sucedió en autos.
En tal sentido, para Litvak José D. , Analía Sánchez y Erika G. Litvak en su obra “Sanciones encubiertas en el derecho tributario” Ed. La Ley , Bs. As. 2003) sostienen que “... la declaración de la caducidad o el decaimiento de un derecho o beneficio constituye una típica consecuencia sancionatoria producida por el incumplimiento de un comportamiento obligatorio impuesto por una norma para quien ya está sometido a sus regulaciones (un deber). Se trata de una medida que implica la pérdida de un derecho reconocido, en razón de una conducta posterior imputable al sujeto y cuyo resultado implica la extinción de una relación jurídica preexistente que coloca al sujeto en una situación peor que la experimentada antes de aquélla” (ob. Citada párs. 141/142). Que por lo expuesto, no corresponde analizar la caducidad tal y como se plantea en autos.
Que la recurrente deja opuesta la prescripción liberatoria prevista en el artículo 2560 y sig del CCyCN, para el caso en el que no se haga lugar a la caducidad mencionada en el párrafo anterior. Explica como agravio, que AFIP pretende castigarla con una multa basada en una supuesta verificación fiscal de la que no surge fecha de notificación, pero que hace referencia a una determinación de oficio efectuada con fecha 05/05/2021 en donde ya operaba la prescripción a su favor.
Respecto de esto, el Fisco Nacional señala que la ley N° 11.683 establece que las acciones y poderes del Fisco para determinar obligaciones tributarias, prescriben por el transcurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos y que su término comenzará a correr desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso de gravámenes (artículos 56 y 57 de la ley de rito).
Asimismo, hace saber que el art. 17 de la ley 27.562 (B.O. 26/8/2020) - Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública (ampliación de la moratoria para paliar los efectos de la pandemia generada por el COVID-19), prevé “Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”.
En consecuencia, la suspensión de un año del plazo de prescripción empezó a correr desde la fecha de publicación de la norma en el Boletín Oficial; es decir, desde el 26/8/2020 hasta el 26/8/2021 inclusive, por lo que el Organismo fiscal se encontraba plenamente habilitado a determinar de oficio la obligación impositiva correspondiente al año 2015, correspondiendo el rechazo del planteo en cuestión.
V. Ahora bien, en virtud de lo alegado por las partes al momento de trabarse la litis, se observaron algunas cuestiones a resaltar.
El artículo 74 de la ley N° 11.683 (t.o 1998 y mod.) en su redacción establece: “Cuando las infracciones surgieran con motivo de impugnaciones u observaciones vinculadas a la determinación de tributos, las sanciones deberán aplicarse en la misma resolución que determina el gravamen. Si así no ocurriera se entenderá que la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS no ha encontrado mérito para imponer sanciones, con la consiguiente indemnidad del contribuyente.”
Que mediante nota 240/2021 del 27/08/2021 la División Jurídica Sección Penal Tributario de la Dirección Regional Sur indicó que se formularía denuncia penal por los impuestos y períodos que se detallaron, debiendo efectuarse la reserva contenida en el art. 20 de la ley N° 24.769 (y mod) hasta tanto sea dictada la sentencia definitiva en sede penal. (sic)
Acto seguido el 14/09/2021 la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Sur, a través de su jefa (Int.), resolvió “ARTÍCULO 1° .- Impugnar la declaración jurada del impuesto a las Ganancias correspondiente al contribuyente MARINO OMAR inscrito ante esta Administración Federal de Ingresos Públicos bajo la Clave Única de Identificación Tributaria N° 20-25024412-7, respecto del período fiscal 2015. ARTÍCULO 2° .- Determinar de oficio la materia imponible correspondiente al Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2015… ARTÍCULO 3 .- Imponer la obligación de ingresar la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 464.292,40) para el período fiscal 2015, en concepto de Impuesto a las Ganancias…ARTÍCULO 4 .- Disponer la obligación de ingresar en concepto de intereses resarcitorios la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHENTA Y UNO CON UN CENTAVO ($ 980.081, 01)…ARTÍCULO 5 .- Dejar constancia que la aplicación de sanciones que se derive de los hechos expuestos en el presente pronunciamiento respecto del ajuste practicado en el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2015, quedan diferidas conforme lo dispuesto por el artículo 20 de la ley N° 24.769 y sus modificaciones.”
Como consecuencia de ello, el 28/03/2022 las actuaciones fueron remitidas a la Sección Penal a fin de que se formule el reencuadre penal (sic). Seguidamente, por medio de nota 213/2022 del 30/03/2022 esa Sección hace saber que luego de la promulgación de la ley N° 27.430, en la parte correspondiente al Régimen Penal Tributario, elevó las condiciones objetivas de punibilidad ($ 1.500.000 por tributo y ejercicio anual). En dicha nota, se hace saber que a partir de la mentada variación cuantitativa las actuaciones remitidas carecen de relevancia en el marco del régimen en cuestión, y en consecuencia no corresponde la formulación de denuncia penal respecto del Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2015. Además, explica en relación al artículo 74 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), que no resulta aplicable al caso. Ello por cuanto, la reserva efectuada para aplicar sanciones no se debió a la ausencia de mérito para imponerlas, sino que al haberse verificado los elementos que hacen al encuadramiento de la conducta penal, la magnitud del monto evadido no resulta reprochable en ese ámbito. Cierra la nota, aludiendo a las normas de los artículos 17, 3er párrafo y 74 de la ley de rito, afirmando que no constituyen un obstáculo legal para la aplicación de las multas pertinentes, siempre que se hayan diferido por el art. 20 (de la Ley Penal Tributaria). A su vez, menciona el fallo “Vidal Matías Fernando Cristóbal y otros s/inf. Ley 24.769” de fecha 28/10/2021, el que por IG-2021-2-E-AFIP-SDGASJ recepta y explica que la conducta resultó irreprochable en función de los montos. Y reza “que la falta de aplicación de sanción en aquel acto no se entiende como que este Organismo no ha encontrado mérito para imponer sanciones”. Por último, rectifica lo manifestado en la nota 240/21, en tanto no corresponde efectuar la denuncia penal conforme ley N° 27.430 (art. 279, TÍTULO IX - RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO) ya que no supera la condición objetiva de punibilidad respecto del Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2015. Que mediante RE-2022-40279401-APN-SGAI#TFN el 11/04/2022 la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Sur dictó la Resolución N° 74/ 2022 –la que se apela- e impuso a la recurrente una sanción respecto del tributo debatido por el período fiscal 2015 graduada en dos veces el gravamen omitido por un total de $ 928.584,80.
VI. Que en este sentido, y conforme fueron descriptos los hechos alegados por las partes, se puede advertir que al momento del dictado de la resolución determinativa de oficio (14/09/2021) ya se encontraba vigente la ley N° 27.430; entendiéndose que el “mérito” al que hace mención el Organismo fiscal para iniciar denuncia penal no se encontraba en discusión. Más aún, estando vigente el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Soler Diego s/recurso de Casación” del 18/02/2014, donde se resolvió desestimar los recursos extraordinarios deducidos por el Fiscal General y por la querella. Que allí quedó expuesto que el principio de retroactividad de la ley penal más benigna resulta aplicable para los delitos tributarios de la ley N° 24.769 y su modificatoria ley N° 26.735.
Que ya para ese entonces, el monto del tributo evadido era de $ 464.292.40, el que conforme el artículo 1 del Régimen Penal Tributario (contenido en el art. 279 de la ley N° 27.430) no cumplía con las condiciones objetivas de punibilidad para su reproche. En consecuencia, el juez administrativo se encontraba en condiciones de aplicar sanción y no lo hizo, difiriendo su evaluación. Que se observa que el cambio de criterio que realiza el Organismo fiscal no obedece a ningún cambio legislativo o hecho sobreviviente ya que, al momento del dictado de la determinación de oficio, el juez administrativo se encontraba plenamente facultado para incluir la sanción correspondiente. Esto en orden a lo resuelto por la CSJN en el mencionado fallo “Soler Diego s/recurso de Casación” referido específicamente a la condición objetiva de punibilidad. Se recuerda además, que la ley N° 24.769 fue derogada por la ley N° 27.430 publicada en el Boletín Oficial el 29/12/2017.
A su turno el artículo 164 de la ley de rito establece que “El TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN impulsará de oficio el procedimiento teniendo amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”.
Que conforme cita el art. 74, en oportunidad de haberse dictado la determinación de oficio, debió incluirse la multa, de lo contrario, se entiende que la AFIP no encontró mérito para imponer sanciones. Así las cosas, resta confirmar que no rige el principio de indemnidad del artículo 74 que consagra la ley N° 11.683 resguardando el derecho de defensa del apelante y en consecuencia corresponde declarar la nulidad de la resolución apelada, atento que a la fecha del dictado de la misma, el Fisco Nacional carecía de facultades para determinar la sanción que apela el Sr. Omar Marino. Las costas se imponen a la parte vencida.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que, cabe pronunciarse en primer término sobre el planteo efectuado por la actora relativo a la caducidad para instruir el sumario, sustentado en que en el acto determinativo del impuesto a las ganancias se hizo reserva de aplicar sanciones respecto al período 2015 virtud del art. 20 de la ley 24.769 y posteriormente no se efectivizó la denuncia penal, quedando imposibilitado el organismo – según la actora- de impulsar el procedimiento sumarial previsto en la ley 11.683 en lo sucesivo.
Que el artículo 74 de la ley de rito fiscal establece que en el mismo acto que se determina de oficio el gravamen, el Fisco deberá expedirse a las sanciones que corresponda aplicar con motivo de impugnaciones u observaciones relacionadas con el ingreso en defecto del tributo, entendiéndose que en caso contrario, no existe mérito para imponer sanciones, con la consecuente indemnidad del contribuyente.
En este caso, no se encuentra cuestionado que el juez administrativo en el acto determinativo de oficio del Impuesto a las Ganancias, de fecha 14 de septiembre de 2021, suspendió la aplicación de sanciones de conformidad con lo previsto en el art. 20 del Régimen Penal Tributario, de ello a tenor de lo expresado en la nota 240/21 (SPT DI RSUR) de fecha 27/8/21 emitida por la Sección Penal Tributaria (vide fs. 42/44 ant. cpo ganancias agregado al IF-2022-70667599-APN-DTD#JGM) donde se señala que “En cuanto al impuesto a las ganancias se efectuará denuncia penal toda vez que los montos superan la condición objetiva de punibilidad...”. Ello por cuanto, “prima facie” el monto determinado por el tributo que da origen a la multa aquí aplicada superaba la condición objetiva de punibilidad requerida por el art. 1° de la Ley 24.769 según texto vigente al momento del hecho imponible, y en tal sentido existían elementos que aconsejaban suspender la aplicación de multa en la resolución determinativa, a resultas del eventual proceso penal tributario, conforme el art. 20 de la Ley 24.769 .
No obstante lo expuesto, luego de que se dictara el acto determinativo, mediante nota 213/2022 (SPT DI RSUR) (vide fs. 67/68 vta act. citadas) la Sección Penal Tributaria del organismo fiscal expone que a partir del dictado de la ley 27.430 (B.O. 29/12/2017), por la que se elevó el monto objetivo de punibilidad previsto en el art. 1 ° de la ley 24769 a $ 1.500.000, y en razón de que sobre el particular la Excma Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Vidal Matías Fernando Cristóbal y otros s/inf. Ley 24.769” (Expte. 601/2016/CS1) de fecha 28/10/2021, interpretó “que sostener que se estuvo frente a una “actualización monetaria” con la sanción del nuevo régimen violenta la interpretación auténtica de la ley, ya que sería incurrir en una subestimación de otro poder del Estado asignarle, al “silencio” de la ley 27.430 sobre el principio de aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, consecuencias diversas a las que cabe derivar de los expresos lineamientos de 'Cristalux'. Asimismo, consideró en los autos citados que la situación de la citada causa era similar a la tratada y resuelta por la CSJN, en autos 'Palero, Jorge Carlos s/Recurso de Queja' del 23/10/2007, referida a la aplicación en forma retroactiva de la ley 25.063 por resultar más benigna de acuerdo a lo normado por el art. 2° del Código Penal de la Nación”. Cabe señalar que la Cámara Federal de Casación Penal -Sala III- había entendido que no era aplicable retroactivamente como ley penal más benigna la valoración efectuada por la modificación introducida por la ley 27.430. En tal sentido, no puede soslayarse que si el propio fuero penal entendió que no era aplicable retroactivamente el monto fijado a partir de la modificación dispuesta por la ley 27.430 y por ende la doctrina emanada de la CSJN, resulta más que atendible que el ente recaudador, a la fecha del acto determinativo, considerara que debía efectuarse la denuncia penal respectiva, lo que quedó trunco con motivo del criterio fijado por la Corte Suprema al resolver con posterioridad al acto en crisis, la causa antes referida. Es dable poner de resalto que la doctrina del precedente “Vidal” fue replicada posteriormente en varios casos por el Cimero Tribunal (vide https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/fallos/buscar.html) con lo cual existía un número importante de controversias relacionadas con la cuestión aquí tratada.
En efecto, a partir de tal circunstancia sobreviniente el Fisco toma la decisión de no seguir adelante con la formulación de la denuncia penal tributaria en relación al impuesto a las ganancias del período 2015, sosteniendo que si bien al momento de determinar la deuda debía entenderse que la conducta del contribuyente debía ser pasible de denuncia penal, en función del fallo “Vidal”, la conducta queda desincriminada en función a los montos.
Cabe señalar que, al momento del dictado del acto determinativo, el juez administrativo estaba vedado de aplicar sanciones en los términos del artículo 20 de la ley penal tributaria, es decir la abstención surgía de una expresa manda legal; en consecuencia, mal podría concluirse la indemnidad del aquí recurrente en los términos del artículo 74 de la ley de rito fiscal.
Que ello así cabe concluir que el procedimiento llevado a cabo por el Fisco resulta ajustado a derecho, dado que originariamente en la resolución determinativa se hizo reserva de aplicar sanción y con posterioridad, a tenor del pronunciamiento de nuestro Más Alto Tribunal, se abstuvo de efectuar denuncia penal subsistiendo la posibilidad de aplicar la multa que aquí se recurre.
A mayor abundamiento, es dable destacar que si el Fisco formulaba la denuncia penal, aún a sabiendas de la existencia de un precedente de la Corte Suprema que resolvía que la misma no procedería por no superar el monto las condiciones objetivas de punibilidad, ello hubiera sido más gravoso para las partes y si el juez desestimaba la denuncia el Fisco quedaba igualmente habilitado para impulsar el procedimiento para imponer la multa prevista en la ley de rito fiscal.
Como corolario de lo expuesto, en virtud de la reserva efectuada en la resolución determinativa de oficio del Impuesto a las Ganancias, debe entenderse que el Fisco Nacional se encontraba habilitado para aplicar sanciones y por lo tanto, corresponde rechazar el planteo formulado por la actora.
II. Que corresponde referirse al planteo de prescripción para aplicar sanción por el Impuesto a las Ganancias 2015.
De acuerdo con lo establecido por los arts. 56 y 58 de la Ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y modif.) las acciones y poderes del Fisco para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en el caso de contribuyentes inscriptos prescriben por el transcurso de cinco (5) años, término que comienza el 1º de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible.
Teniendo en cuenta la fecha del dictado del acto apelado (11 de abril de 2022), debe analizarse si durante ese lapso se produjeron causales suspensivas o interruptivas establecidas por ley. Que el artículo 17 de la ley 27.562 (B.O. 26 de agosto de 2020), dispuso –en lo que aquí interesasuspender con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos. En tal sentido, destacando que la suspensión de la prescripción consiste en la detención del tiempo útil para prescribir por causas concomitantes o sobrevinientes al nacimiento de la acción en curso de prescripción, y toda vez que en autos la entrada en vigencia de la ley referida fue durante el curso del plazo de la prescripción y no cuando tal término se había agotado, es decir no se trataba de un derecho adquirido por el recurrente, no se advierte afectación alguna a derecho de la apelante por la aplicación de la citada norma.
A su vez, cabe aclarar que el mentado artículo 17 estableció que la suspensión del plazo se fija con carácter general, es decir que resulta comprensiva de la totalidad de los contribuyentes y responsables, interpretación ha sido receptada por la C.S.J.N. en la causa "Distribuidora del Plata S.R.L.” en fallo de fecha 26/11/91, al resolver respecto del art. 49 de la ley 23.495, situación que resulta análoga a la aquí planteada (véase La Ley, T.1992/B, pág. 456).
Que en este caso puntual, cabe concluir que el plazo de prescripción para el período 2015 fue suspendido por un año por la ley 27.562, con lo cual resulta a las claras que cuando se dictó la resolución determinativa el 11 de abril de 2022, aún no se había cumplido el plazo de prescripción de cinco años para el citado período.
Por lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de prescripción efectuado, sin imposición de costas autónomas, toda vez que si bien el ente recaudador pide su aplicación, lo cierto es que en oportunidad de efectuar dicho planteo ni la actora ni este Tribunal le otorgaron el carácter de previo y especial pronunciamiento.
III. Que sobre la procedencia de la sanción aplicada, cabe adentrarse en el tratamiento de la figura tipificada en el art. 46 de la Ley N° 11.683; la cual requiere para su configuración el elemento intención, según surge de las expresiones “declaraciones engañosas” u “ocultación maliciosa”, utilizadas para su descripción. De allí que resulta necesaria la prueba de aquel elemento subjetivo, carga ésta que incumbe al Fisco (cfr. Sala IV de la Alzada in re MG Promociones SRL”, sentencia del 9/09/2014).
Por su parte, el artículo 47 de ley 11.683, establece presunciones legales “iuris tantum” tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Quiere decir que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consisten en que una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa (conf. CNACAF -Sala V-, in re: “Beleza SA (TF 21382-I) c/ DGI”). Que dicha norma admite prueba en contrario, siendo resorte de la actora proponer y ofrecer las pruebas que hagan a su derecho a fin de desvirtuar las afirmaciones vertidas por el ente recaudador, las que no fueron debidamente rebatidas en el caso concreto. Que en esta línea, nuestro más Alto Tribunal sentenció in re “Industrias Delta S.A.I.C. y Otros”, sentencia del 11/09/84: “de la frase referida a la "inversión de la carga de la prueba", no debe inferirse la posibilidad de obligar al procesado a demostrar la falsedad de toda imputación huérfana de apoyo que se le formule, sino la necesidad de acreditar que las defensas que alegue tienen visos de seriedad suficientes para desvirtuar la presunción legal basada en hechos que corresponde probar a la parte acusadora”.
En efecto, a la aquí apelante le incumbía la carga de probar que las inexactitudes en cuestión no habían sido el producto de una conducta intencional, sino consecuencia de un error excusable o de alguna otra causa eximente de responsabilidad; todo lo cual no ocurrió en el caso concreto atento que ni siquiera existió ofrecimiento probatorio. Ello así, corresponde confirmar la multa aplicada en el acto apelado, con costas.
La Dra. O’Donnell dijo:
Adhiero a la decisión propuesta por el Vocal Instructor en su voto, en particular porque a la fecha de emisión de la Resolución que determinó de oficio la obligación fiscal del Sr. Marino, el 14/9/2021, estaban vigentes los montos del art. 1° de la ley 24.769, modificados por la ley 27.430, de $400.000 a $1.500.000, por lo que toda vez que la omisión imputada en el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2015 ascendía a $464.292,40, al dictar dicho acto el juez administrativo debió receptar en su acto el principio de ley penal más benigna, considerado en forma reiterada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en idénticos supuestos fácticos en relación a leyes anteriores que también modificaron las condiciones objetivas de punibilidad de los tipos del régimen penal tributario y que se citan en dicho voto, e instruir las actuaciones sumariales tendientes a la aplicación de la multa en la forma que lo hizo en la Resolución N° 74/2022.
No haberlo hecho, tiene, con arreglo al principio de legalidad que con especial énfasis y por mandato constitucional, rige en materia tributaria, la consecuencia prevista en el art. 74 de la ley 11.683, máxime cuando tampoco se hizo la denuncia penal.
Por ello, debe declararse la nulidad de la Resolución N° 74/2022, con costas.
Por la forma en que se resuelve, resulta insustancial referirse a los restantes agravios.
Que en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad de la resolución apelada, con costas.
2. Regular los honorarios de la Dra. Adriana Silvia Spati por su actuación en autos como apoderada, fijándolos en la suma de $ 98.695 (Pesos noventa y ocho mil seiscientos noventa y cinco) equivalente a 7,91 (siete con 91/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria, los que quedan a cargo del Fisco Nacional teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la única etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 15, 16, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 3/2023 (24/02/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese y archívese.-
Date: 2023.04.27 12:29:44 -03:00 Date: 2023.04.27 15:09:59 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.04.27 15:22:04 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.27 15:22:05 -03:00
Fin de la sentencia