Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 43445598-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios, con costas (artículo 68, primera parte, del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación).
2Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
41576/2023 MARINO, OMAR (TF 43445598-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de octubre de 2024.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, el 27 de abril de 2023, el Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad de la Resolución Nº RE-2022-40274125-APN -SGAI#TFN, mediante la cual la Jefa Interina de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Sur había aplicado una multa de 928 .584,80 pesos, equivalente a dos veces el importe del Impuesto a las Ganancias relativo al período fiscal 2015, con sustento en lo establecido en el artículo 46 de la Ley n° 11.683 y sus modificatorias.
En cuanto aquí interesa, hizo referencia a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley n° 11.683 en cuanto establece que “[c]uando las infracciones surgieran con motivo de impugnaciones u observaciones vinculadas a la determinación de tributos, las sanciones deberán aplicarse en la misma resolución que determina el gravamen. Si así no ocurriera se entenderá que la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos no ha encontrado mérito para imponer sanciones, con la consiguiente indemnidad del contribuyente”.
Luego, expresó que en el marco de las actuaciones administrativas, el 24 de agosto de 2021, la División Jurídica Sección Penal Tributaria de la Dirección Regional Sur había dictado la Nota n° 240/2021 mediante la cual indicó que se formularía denuncia penal por los impuestos y períodos que se detallaron y que; debía efectuarse la reserva prevista en el artículo 20 de la Ley 24.769 (y mod) hasta tanto sea dictada sentencia definitiva en sede penal.
Indicó que el 14 de septiembre de 2021 se había dictado la resolución determinativa del Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2015 y que en el artículo 5° de esa resolución se “[dejó] constancia [de] que la aplicación de sanciones que se derive de los hechos expuestos en el presente pronunciamiento respecto del ajuste practicado en el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2015, quedan diferidas conforme lo dispuesto por el artículo 20 de la ley N° 24 .769 y sus modificaciones”.
Refirió que, en esas condiciones, el 28 de marzo de 2022 las actuaciones fueron remitidas a la Sección Penal “…a fin de que formule el reencuadre penal”. Dicha Sección emitió la Nota n° 213/22, del 30 de marzo de 2022, en la que puso de manifiesto que “…luego de la promulgación de la ley N° 27.430, en la parte correspondiente al Régimen Penal Tributario, elevó las condiciones objetivas de punibilidad ($ 1.500.000 por tributo y ejercicio anual). En dicha nota, se hace saber que a partir de la mentada variación cuantitativa las actuaciones remitidas carecen de relevancia en el marco del régimen en cuestión, y en consecuencia no corresponde la formulación de denuncia penal respecto del Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2015”. Sin perjuicio de ello, en esa Nota se expresó que las circunstancias verificadas no implicaban que en el caso no existiera mérito para imponerlas, siempre que se hayan diferido por el art. 20 (de la Ley Penal Tributaria), rectificó lo manifestado en la Nota n° 240/21, en tanto no correspondía efectuar la denuncia penal conforme los términos de la Ley N° 27.430 ya que en el caso no se supera la condición objetiva de punibilidad respecto del Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2015.
Puso de manifiesto que, en consecuencia, el 11/04/2022 la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Sur dictó la Resolución N° 74/ 2022 mediante la cual impuso a la recurrente una sanción respecto del tributo debatido por el período fiscal 2015, graduada en dos veces el gravamen omitido por un total de $ 928.584 ,80, la que fue apelada ante ese Tribunal.
En tales condiciones concluyó que, teniendo en consideración que al momento del dictado de la resolución determinativa de oficio, es decir, el 14 de septiembre de 2021, ya se hallaba vigente la Ley N° 27.430; que el monto del tributo evadido era de 464.292.40 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V pesos, el que conforme el artículo 1 del Régimen Penal Tributario (contenido en el art. 279 de la ley N° 27.430) no cumplía con las condiciones objetivas de punibilidad para su reproche, el juez administrativo se hallaba en condiciones de aplicar sanción y no lo hizo, difiriendo su evaluación. Tomó en consideración además que a ese tiempo también se había expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Soler Diego s/recurso de Casación”, del 18/02/2014 en la que resolvió desestimar los recursos extraordinarios deducidos por el Fiscal General y por la querella de modo que había quedado firme la interpretación mediante la cual se consideró que el principio de retroactividad de la ley penal más benigna –en orden a la condición objetiva de punibilidad- resulta aplicable para los delitos tributarios de la ley N° 24.769 y su modificatoria ley N° 26.735.
II. Que, contra esa sentencia la representación fiscal apeló y expresó agravios a fs. 1052/1066 de las actuaciones agregadas digitalmente el 6 de octubre de 2023 mediante el DEO 11418895, el que fue replicado por la parte actora a fs. 1071/1074 de ese mismo documento.
La representación fiscal en sus agravios afirma que la cuestión a resolver se circunscribe a determinar si al momento de dictar la resolución determinativa de oficio debía también imponer la multa o si estaba facultado para suspender su aplicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley n° 24.769. En tal sentido, afirma que el tributo que dio origen a la multa que se cuestiona en los presentes autos “…superaba la condición objetiva de punibilidad requerida por el art. 1° de la Ley 24.769 según texto vigente al momento del hecho imponible, y en tal sentido existían elementos que aconsejaban suspender la aplicación de la multa en la resolución determinativa, a resultas del eventual proceso penal tributario” (el destacado es del original).
Afirma que en el acto determinativo el Fisco tuvo en consideración el principio de la ley penal más benigna ya que “…se abstuvo de formular denuncia penal, lo que, tal como se dijo, no obsta a aplicar sanciones conforme la Ley de Procedimiento Tributario”, sobre la base de que existían razones para aplicarlas.
Indica que en el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Soler Diego s/recurso de Casación”, del 18/02/2014, citado en el voto del Dr. Martín no se resolvió el fondo de la cuestión debatida de manera que no cabe concluir que se haya expedido respecto a la condición objetiva de punibilidad, como lo afirma ese Vocal del Tribunal Fiscal.
Manifiesta que el Tribunal Fiscal también se equivoca al presumir que el Fisco, al no haber aplicado la sanción al tiempo de determinar el impuesto, lo haya sido porque no encontró mérito para ello ya que de ese acto resultan los fundamentos para encuadrar la conducta en los términos de lo establecido en el artículo 46 y 47 de la Ley n° 11.683. Afirma que “…la reserva de la aplicación de sanciones no obedece a la ausencia de mérito para imponerlas, sino al entendimiento de que, si bien se tuvo por verificada la existencia de los elementos que hacían al encuadramiento de la conducta en el delito de evasión de ingresos, la magnitud del monto evadido hacía resultar de interés del legislador que se sustrajera del ámbito de reprochabilidad infraccional al juzgamiento de una conducta hasta que previamente no se realizare respecto de la misma un juicio de reproche desde la órbita penal. Por lo expuesto, las disposiciones de los arts. 17, 3er párrafo y 74 de la ley 11683 no constituyen obstáculo legal para la aplicación de las multas pertinentes en los casos en que, en cumplimiento de la ley 24769, al dictarse las determinaciones de deuda se difirió su posible aplicación por imperio del art. 20 de la ley penal tributaria para proceder a la denuncia de los hechos que encuadraban en las figuras penales previstas a ese momento; aunque con la reforma de las mismas, resulta[n] desincriminadas y no se formule denuncia”.
III. Que, en primer término, cabe recordar que los jueces no se hallan obligados a seguir a las partes en todas sus CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V alegaciones, sino solo respecto de los puntos propuestos que sean conducentes para la solución del juicio (Fallos: 301:1187; 319:119; 307 :2012; 311:2135; entre otros).
En tales condiciones, corresponde destacar que la cuestión relativa a la manera en que debe ser interpretada la Ley n° 27 .430, concretamente, en tanto elevó los montos cuantitativos de los tipos penales tributarios, a la luz del principio de irretroactividad de la ley penal y retroactividad de la ley penal más benigna ya fue examinado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 344 :3156.
En el mencionado precedente, y en cuanto aquí interesa, se expresó que “…circunscripta la habilitación de la instancia a un pronunciamiento sobre la exclusión que, respecto del principio constitucional de aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, hizo el a quo en relación a la elevación de los “montos cuantitativos” de los delitos penales tributarios dispuesta por la ley 27.430, ello conduce a valorar no solo las razones por las cuales no se consideró alcanzada la solución del sub lite por el precedente “Palero” [Fallos 330:4544] sino también si las esgrimidas para propiciar un parecer diverso con lo allí resuelto tienen sustento suficiente”.
Examinó el trámite legislativo que se le otorgó oportunamente al proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso Nacional y concluyó que “…el aumento que introdujo la reforma sancionada por la ley 27.430, en los “montos cuantitativos” de los tipos penales tributarios, haya respondido a una “actualización monetaria”, con el fin de mantener un tratamiento igualitario a través del tiempo entre maniobras de valor económico equivalente en un contexto en el que la moneda en la que fue expresado ese valor se ha depreciado, constituye una afirmación dogmática, que no encuentra sustento en elemento de juicio alguno, lo cual conduce también a la descalificación del auto apelado desde esta perspectiva”.
Por ello, desechó la pretendida justificación de apartamiento de lo resuelto en el precedente “Palero” [Fallos 330:4544] sobre la base del argumento de que la elevación de los montos cuantitativos que introdujo la Ley n° 27.430 respondió a una actualización monetaria.
En tales condiciones, los agravios planteados por la representación fiscal mediante los cuales pretende afirmar que su parte efectivamente tuvo en consideración el principio de la ley penal más benigna al tiempo de dictar la resolución que determinó el Impuesto a las Ganancias relativo al período 2015 ya que “…se abstuvo de formular denuncia penal, lo que, tal como se dijo, no obsta a aplicar sanciones conforme la Ley de Procedimiento Tributario”, sobre la base de que existían razones para aplicarlas, no constituye un razonamiento válido. Ello es así ya que, tal como se puso de manifiesto en la sentencia apelada, al tiempo en que fue dictado el referido acto, es decir, el 14 de septiembre de 2021, ya se hallaba vigente la Ley n° 27 .430 que había elevado los montos establecidos en el artículo 1° de la Ley n° 24.769 y que, considerando que se le había determinado un deuda tributaria por un total de 464.292,40 pesos y que esa suma no superaba las condiciones objetivas de punibilidad, el organismo fiscal debió haber aplicado la sanción que estimara pertinente en el mismo acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley n° 11 .683.
La circunstancia de que se haya decidido formular reserva de aplicar sanciones, en los términos del artículo 20 de la Ley n° 24.769, era impertinente en esa oportunidad en tanto, como se expresó, cuando fueron determinados los tributos ya se hallaba vigente la Ley n° 27.430 que elevó los montos de punibilidad y por ende, no existían razones para que, sobre la base de la aplicación del principio de ley penal más benigna, aquellos no fueran considerados y;
consecuentemente, fijada la multa que se estimara pertinente en forma concomitante, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley n° 11.683.
Finalmente, tampoco le asiste la razón al apelante en cuanto expresa que la referencia al precedente “Soler” efectuada en la sentencia apelada es inapropiada por el hecho de que la Corte rechazó CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V el recurso extraordinario interpuesto por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En tal sentido, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en el ya citado precedente de Fallos 344:3156 expresó, que “…[s]i (…) lo que se pretende es advertir sobre la “inconveniencia” o el “error” de que la “actualización monetaria” no se hubiera tenido en cuenta en oportunidad de dictarse el precedente “Palero”, ello no constituye un argumento “novedoso”, en tanto ya había sido esgrimido por las partes acusadoras, en el marco de los cuestionamientos que se plantearon contra la reforma que introdujo –también sobre el punto bajo examen- la ley 26.735 y que, luego de no ser admitido por ninguna de las salas del tribunal superior de la causa –incluida la Sala III-, la vía federal impulsada por los mismos interesados fue desestimada, por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en “Soler, Diego” según se anticipó en el considerando 4º”.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios, con costas (artículo 68, primera parte, del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación). 2) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente. Regístrese, notifíquese, y devuélvanse.
Jorge F. Alemany Guillermo F. Treacy Pablo Gallegos Fedriani
Fin de la sentencia