Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-105973533-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución N° 296/19 (AD CAOL), dictada en el marco de la Actuación SIGEA N° 14785-81-2017 y, en consecuencia, dejar sin efecto el Cargo N° 09/2018 (AD CAOL) formulado contra Marítima Monachesi S.A. Con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-69212181-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 16 de Julio de 2026 En Buenos Aires, se reúnen los Vocales miembros de la Sala G, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, a fin de resolver en los autos caratulados: “MARÍTIMA MONACHESI S.A. c/D.G.A.
s/recurso de apelación”, Expediente N° EX-2019-105973533-APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Mediante IF-2019-105973351-APN-DTD#JGM se presenta la firma Marítima Monachesi S.A., por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 296/19 (AD CAOL), dictada por la Aduana de Caleta Olivia con fecha 07/11/2019, mediante la cual se rechazó el procedimiento de impugnación deducido y se confirmó la intimación de restitución de los importes abonados en concepto de beneficios a la exportación que el servicio aduanero consideró percibidos en demasía, por la suma de $410.387,50, con más los intereses previstos en los arts. 845 y ss. del Código Aduanero. La cuestión se originó en el Cargo N° 09/2018 (AD CAOL), formulado por la Aduana de Caleta Olivia en el marco de la Actuación SIGEA N° 14785-81-2017, mediante el cual se reclamó la restitución de beneficios liquidados en concepto de reembolsos por puertos patagónicos. El servicio aduanero entendió que correspondía aplicar la alícuota prevista para el Puerto de Comodoro Rivadavia (8%), por considerarlo el puerto de mayor cercanía al de Caleta Paula/Caleta Olivia, el cual no se encuentra expresamente mencionado en el art. 1 de la Ley 23.018. Las operaciones involucradas habían sido liquidadas con la alícuota del 10%, correspondiente a Puerto Deseado. La recurrente plantea que las exportaciones involucradas fueron realizadas durante la vigencia del Decreto 2229/2015, el cual restableció el régimen de reembolsos adicionales previsto en la Ley 23.018 e incorporó el art. 3 bis a dicha norma, que modificó el criterio previsto en la Ley 23.018, al vincular el beneficio con el puerto provincial más cercano al lugar de producción dentro de la provincia emisora del certificado de origen, razón por la cual entiende aplicable la alícuota correspondiente al Puerto de Puerto Deseado (10%). Asimismo, manifiesta que la pretensión fiscal vulnera los principios de irretroactividad, seguridad jurídica y confianza legítima, así como la doctrina de los propios actos y el efecto liberatorio del pago. Invoca jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y precedentes del Tribunal Fiscal de la Nación en la materia.Finalmente, ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Por su parte, la representación fiscal contesta el traslado conferido y solicita el rechazo del recurso interpuesto, con costas. Señala que las actuaciones administrativas se originaron con motivo del cobro de reembolsos en un porcentaje superior al que correspondía conforme a la Ley 23.018 y al Decreto 2229/2015. Afirma que la actora efectúa una interpretación errónea del régimen, al considerar que el beneficio continúa determinado por el puerto de embarque y cumplido de la exportación, criterio que, a su entender, dejó de tener vigencia con la sanción del Decreto 2229/2015. Aduce que el art. 3 bis de la Ley 23.018 es claro y autosuficiente al establecer que la alícuota se determina en función del puerto provincial más cercano al lugar de producción. Sostiene que el puerto más cercano al lugar de producción es el de Caleta Paula y que, como dicho puerto no figura en el listado del art. 1 de la Ley 23.018 por haber sido creado con posterioridad a ella, corresponde aplicar la alícuota del puerto más próximo a aquel, esto es, Comodoro Rivadavia (8%). Agrega que la interpretación de la actora vaciaría de contenido la incorporación del art. 3 bis y solicita que se declare la causa de puro derecho. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas SIGEA N° 14785-81-2017 y peticiona la confirmación de la resolución apelada, con costas.
III. De las actuaciones administrativas obrantes bajo el SIGEA N° 14785-81-2017 surge que las operaciones cuestionadas corresponden a nueve destinaciones de exportación para consumo, todas oficializadas ante la Aduana de Caleta Olivia durante el año 2016, esto es, dentro del período de vigencia del Decreto 2229/2015, identificadas como: 16087EC01000687W, 16087EC01000688A, 16087EC01000689B, 16087EC01000721L, 16087EC01000722M, 16087EC01000723N, 16087EC01000724Y, 16087EC01000725P y 16087EC01000726Z. En todas ellas, la mercadería exportada consistió en langostinos y demás crustáceos congelados (posición SIM 0306.17), con origen declarado en la provincia de Santa Cruz, embarcados en Puerto Deseado con destino al exterior, mediante transporte en camión hasta dicho puerto. El valor FOB total de las operaciones ascendió a U$S 1.353.295,20, habiéndose liquidado reembolsos conforme a la alícuota del 10% prevista para Puerto Deseado. Con fecha 27/12/2018 se emitió el Cargo N° 09/2018 (AD CAOL) por la suma de $410.387,50, comprensivo de la diferencia entre la alícuota del 10% efectivamente liquidada y el 8% que el servicio aduanero estimaba aplicable para el Puerto de Comodoro Rivadavia, con más los intereses previstos en los arts. 845 y ss. del Código Aduanero. Frente a ello, la firma promovió el procedimiento de impugnación previsto en el art. 1053 inc. b) del Código Aduanero. La Aduana rechazó la impugnación mediante la Resolución N° 296/19 (AD CAOL) del 07/11/2019, aquí apelada.
IV. Mediante PV-2026-67829336-APN-VOCXIX#TFN se declara la causa de puro derecho y se elevan los autos a la Sala G, que los pasa a sentencia.
V. La cuestión a resolver consiste en determinar si corresponde confirmar la restitución parcial de los importes percibidos por la actora en concepto de reembolsos por puertos patagónicos, o bien reconocer la procedencia de la alícuota del 10% aplicada sobre las exportaciones involucradas, conforme el régimen previsto en la Ley 23.018 y el Decreto 2229/2015.
No se encuentra controvertido que las mercaderías involucradas fueron producidas en Caleta Paula/Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, ni que las exportaciones fueron documentadas y embarcadas por Puerto Deseado, ubicado en esa misma provincia. Asimismo, surge de las constancias del expediente que todas las operaciones fueron realizadas durante el año 2016, dentro del período de vigencia del Decreto 2229/2015.
Corresponde recordar que el art. 3 bis de la Ley 23.018, incorporado por el art. 4 del Decreto 2229/2015, dispuso expresamente: “El reembolso a las exportaciones se otorgará en función del puerto provincial más cercano al lugar de producción, dentro de la provincia que expida el certificado de origen (C.O.)”.
Precisamente, en el corazón de la controversia subyace el alcance que debe otorgarse a dicha disposición. Para la representación fiscal, el elemento determinante radica exclusivamente en la proximidad física entre el lugar de producción y el puerto geográficamente más cercano, razón por la cual considera aplicable la alícuota correspondiente al Puerto de Comodoro Rivadavia. Sin embargo, tal construcción interpretativa prescinde de uno de los elementos centrales incorporados por la propia reforma normativa: la referencia expresa al puerto provincial y a la exigencia de que este se encuentre “dentro de la provincia que expida el certificado de origen”. No se trata de una expresión accesoria ni ornamental. Por el contrario, constituye precisamente el criterio delimitador que el legislador decidió incorporar al régimen al momento de restablecer los reembolsos patagónicos.
En efecto, si el propósito hubiese sido mantener un esquema puramente geográfico o meramente kilométrico, habría bastado con reproducir la fórmula originaria del art. 1 de la Ley 23.018. Sin embargo, el Decreto 2229/15 incorporó deliberadamente una pauta distinta, vinculando el beneficio al puerto provincial más cercano al lugar de producción. Así, la reforma abandonó una lógica exclusivamente asociada al punto físico de embarque, pero tampoco sustituyó el sistema por un simple criterio de distancia lineal, como pretende la Aduana.
La norma no solo exige cercanía al lugar de producción; exige además que dicha referencia permanezca anclada a la provincia emisora del certificado de origen.
No puede soslayarse que el Puerto de Comodoro Rivadavia se encuentra ubicado en la provincia del Chubut, mientras que el lugar de producción de la mercadería y los certificados de origen corresponden a la provincia de Santa Cruz. Consecuentemente, la solución propiciada por el Fisco supone amputar del texto legal la expresión “dentro de la provincia que expida el certificado de origen”, reemplazándola por un criterio puramente geográfico que la norma no consagró. A ello cabe agregar que el art. 3 bis, al exigir que el puerto más cercano permanezca dentro de la provincia que expide el certificado de origen, preserva la coherencia intraprovincial del régimen y evita el traslado de alícuotas entre jurisdicciones contiguas. Pasar de Santa Cruz a Chubut a los solos efectos de aplicar una alícuota menor supone prescindir de una pauta expresamente incorporada por el legislador. La distancia kilométrica entre los distintos puertos no resuelve el caso, porque el art. 3 bis no adoptó un criterio puramente geográfico.
La interpretación aquí adoptada resulta, además, consistente con la finalidad perseguida por el régimen. El legislador no solo procuró fomentar actividades económicas en términos abstractos, sino también fortalecer circuitos productivos intraprovinciales vinculados con las economías regionales patagónicas. De allí que el art. 3 bis haya anclado expresamente el beneficio en la provincia emisora del certificado de origen. La cláusula del progreso (art. 75 incs. 18 y 19 de la Constitución Nacional) avala políticas diferenciadas que equilibren asimetrías regionales: otorgar a Santa Cruz la alícuota prevista para su propio puerto, lejos de vulnerar la igualdad horizontal, la potencia, pues fortalece el enclave productivo genuino.
La conclusión expuesta encuentra, además, recepción en la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, en autos “Conarpesa Continental Argentina de Armadores S.A. c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 04/07/2019, y Sala V, en autos “Conarpesa Continental Armadores de Pesca S.A. (TF 40089-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 18/11/2025, entre otros.
En definitiva, toda vez que la mercadería fue producida en la provincia de Santa Cruz, que los certificados de origen fueron emitidos por dicha provincia y que Puerto Deseado constituye el puerto listado más próximo dentro de esa misma jurisdicción provincial, corresponde concluir que la alícuota aplicable es la prevista para dicho puerto, esto es, el 10%. En consecuencia, el Cargo N° 09/2018 (AD CAOL) no puede subsistir.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
Revocar la Resolución N° 296/19 (AD CAOL), dictada en el marco de la Actuación SIGEA N° 14785-81-2017 y, en consecuencia, dejar sin efecto el Cargo N° 09/2018 (AD CAOL) formulado contra Marítima Monachesi S.A. Con costas. La Dra. Sarquis dijo:
I. Que doy aquí por reproducido el relato de los hechos que luce en el voto que antecede. Disiento en cuanto a la interpretación que lleva a revocar en este caso el decisirio aduanero.
Atento que la operación en trato se realizó durante la vigencia del Decreto 2229/15, dictado en el marco de la ley 23.018, se debe determinar si el Fisco tiene la atribución de repetir importes que interpretó como indebidamente abonados en concepto de estímulos a la exportación (arts. 845 y siguientes del Código Aduanero) Ello, como contrapartida de la misma que dicho cuerpo legal le asigna a los administrados al permitirles repetir los importes abonados indebidamente en concepto de tributos. Ambas previsiones contemplan el supuesto a evitar, del enriquecimiento sin causa de una de las partes sobre la otra.
II. No se encuentra debatida en autos la facultad aduanera para revisar y rectificar actuaciones, así como disponer devoluciones (art. 9 ap. 2, inc. d) del decreto 618/97 y 23 del C.A).
Como correpato, a la luz de la normativa involucrada en estas operaciones, el eje de la cuestión consiste en decidir cuáles las interpretaciones desplegadas por las partes, resulta más ajustada a derecho.
Al respecto, según la doctrina de la obra “Interpretación de la norma jurídica tributaria”, de Eusebio González García, se postulaba que las normas no se interpretan, sino que se aplican literalmente.
Esa posición tenía sentido como reacción a un sistema anterior, donde prevalecían las interpretaciones arbitrarias y no apegadas a la letra de la ley. En consecuencia, cuando una interpretación amplia se desconectaba del texto de la ley, la reacción contraria era aplicar la pura literalidad.
No obstante, aún bajo esta hipótesis, se fueron imponiendo directrices a las posibilidades de interpretación. En primer término, como principio -que aún nos rige- cuando los términos de la ley son claros, no será necesaria su interpretación. A contrario sensu, cuando los términos de la ley no fueran claros, su interpretación es posible y pertinente. En segundo lugar, dado que el juez no puede dejar de fallar so pretexto de oscuridad de la ley, -en tales supuestos- se abre el proceso interpretativo.
Siguiendo el razonamiento sintetizado, en autos el primer punto es revisar la letra de la ley, -en este caso el decreto 2229/15-, previo a tratar de desentrañar su espíritu.
En este punto surge el problema de la analogía, que en derecho penal -y también tributario- como principio, está prohibida.
Y dado que el Derecho Tributario es una rama autónoma, tratándose de beneficios -como el de autos- que alteran la generalidad de las normas que rigen los gravámenes, entiendo que es lógico el criterio de interpretarlos en forma restringida.
Corrobora esta conclusión, el dictamen del Poder Legislativo en el cual se detalla el estudio de decreto de marras, mediante el cual se restablece la vigencia del reembolso adicional a las exportaciones establecido en el artículo 1° de la Ley N° 23.018, manteniéndose los niveles de beneficio aplicables desde el 1° de enero de 1984, para todos los puertos y aduanas ubicados al sur del Río Colorado que se mencionan en dicha ley por el término de cinco años, partir de la entrada en vigencia. (Del decreto).
El reembolso es un estímulo a las exportaciones, de orden fiscal (difiere del reintengro y del drawback) en virtud del cual se restituyen, total o parcialmente, los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos interiores; así como los que se hubieren podido pagar en concepto de tributos por la previa importación para consumo de toda o parte de la mercadería que se exportare para consumo a título oneroso o bien, por los servicios que se hubieren prestado con relación a la mencionada mercadería.
El origen de este incentivo a las exportaciones data de 1983, cuando a través de la Ley N° 23.018 se instrumentó, por un plazo determinado, un reembolso adicional a las exportaciones para consumo canalizadas por los puertos y aduanas ubicados al sur del Río Colorado, desde el puerto de San Antonio Este (Provincia de Río Negro) hasta el puerto de Ushuaia (Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), siempre que se carguen a buque mercante con destino al exterior o a buque mercante de cabotaje para transbordar en cualquier puerto nacional con destino al exterior.
En 1996, a través de la ley 24.490, dicho beneficio se prorrogó por otros cinco años.
El mencionado estímulo a la exportación, no se encontraba en vigencia a la fecha del análisis que sintetizo; lo que dificultaba a criterio del Legislador de la época la obtención de una mejor competitividad comercial, generando grandes perjuicios para todas las actividades que conforman el territorio patagónico, así como desigualdades con el resto de las economías regionales. (Lo destacado me pertenece).
Subrayo tales expresiones, que han omitido en el análisis del Decreto la palabra “puerto”. Por el contrario, actividades, territorio y economías regionales, hacen clara referencia a la idea de la producción, concepto en el cual el artículo 3 bis resulta determinante.
Continúa el informe del Senado, y expresa que teniendo en cuenta tal situación, la caída de los commodities, y la afectación del comercio mundial, es que el Ejecutivo consideraba beneficioso para toda la región patagónica, volver a establecer el reembolso que se hubiere fijado en su momento por la ley 23.018.
Precisamente, la referida ley tuvo como objetivo primordial lograr el desarrollo armónico de una economía regional, la de la zona patagónica, con especial concepción geopolítica sobre la específicamente económica, estableciendo un régimen razonablemente preferencial y estable que favoreciera la radicación de la población de dicha área.
Las consecuencias favorables de restablecer la vigencia del reembolso mencionado, redundan en: mayores inversiones, generar mayor volumen exportable, mayores puestos de trabajo en los puertos, mayor previsibilidad, entre otras. El Poder Ejecutivo adujo en los considerandos del decreto referido, que las provincias patagónicas se caracterizan por tener un menor desarrollo relativo que la zona central del país en cuanto a la industrialización de sus productos, pero cuentan con un enorme potencial para la producción y desarrollo de productos primarios, como los frutihortícolas, subproductos de los mismos, productos mineros, de la pesca y agropecuarios, principalmente lanas y carne ovina. La provincia de Río Negro posee una marcada especialización en la producción de bienes agroindustriales de exportación, siendo una actividad central la fruticultura y en segundo plano la horticultura. En cuanto a la pesca, la mayor actividad se registra en el Puerto de San Antonio Este.
La provincia del Chubut tiene una estructura industrial netamente exportadora de recursos naturales, productos regionales como los derivados de la minería, del pescado, del cemento y de la lana, cuyo intercambio comercial se concreta esencialmente por vía marítima a través de sus puertos siendo Puerto Madryn el principal, el cual debido a la actividad generada por la producción de aluminio y la actividad pesquera, registró un notable incremento poblacional. En lo que respecta a la provincia de Santa Cruz el petróleo y el gas ocupan un lugar preponderante dentro del sector primario, mientras que la pesca y la lana se ubican en un lugar secundario, en tanto la minería constituye una actividad en constante crecimiento, actividades todas estas orientadas a la exportación.
En lo que se refiere a la pesca, Puerto Deseado concentra la mayor actividad, lugar desde el que se realizan la mayoría de los embarques con destino a mercados externos. Por último, en el caso de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la misma posee una estructura productiva similar a las otras provincias patagónicas, en donde su Producto Bruto Geográfico (PBG) representa el UNO POR CIENTO (1%) del Producto Bruto Interno (PBI) nacional; realizándose la gran mayoría de sus exportaciones a través del Puerto de Ushuaia.
Por otra parte, dicha normativa, a través de sus artículos 2 y 4, define específicamente cuales serán los productos que se considerarán originarios a los fines de la ley 23018 e incorpora el art 3 bis a la ley 23018, a fin de crear el Certificado de Origen para identificar los productos y recibir el reembolso:
Art. 2° — A los fines de la Ley N° 23.018, se consideran “originarios” a los productos del mar, sea éste territorial o no, de la región ubicada al sur del Río Colorado en toda su extensión, hasta el límite que la Nación reivindique como Zona Económica Exclusiva, además de los productos originarios de la región.
El reembolso adicional será aplicado, en lo que respecta a los productos del mar, exclusivamente a las capturas efectuadas por buques de bandera argentina y por aquellos de bandera extranjera locados por empresas argentinas a casco desnudo, de conformidad con el artículo 36 de la Ley N° 24.922.
Art. 4° — Incorpórase como ARTÍCULO 3° bis de la Ley N° 23.018 el siguiente texto:
“ARTÍCULO 3° bis.- Certificado de origen. El reembolso a las exportaciones se otorgará en función del puerto provincial más cercano al lugar de producción, dentro de la provincia que expida el certificado de origen (C.O). El certificado de origen (C.O) que identifique la procedencia del producto a exportar, deberá contener: a) Denominación de origen, lugar, distrito y municipio.
b) Definición precisa e inconfundible de los productos, especialmente si se tratan de materias primas con o sin elaboración, individuales o colectivas, específicas de una especie, variedad, tipo, como así también el grado de complejidad del servicio y sus particularidades identificatorias…” Los niveles de beneficio aplicables serán los mismos que se establecieran en su oportunidad en el artículo 1ro de la ley 23018, esto es, desde el 1° de enero de 1984:
“ARTICULO 1°– La exportación de las mercaderías cuyo embarque y respectivo "cumplido" de la declaración aduanera de exportación para consumo se realice por los puertos y aduanas ubicados al sur del río Colorado, gozarán de un reembolso adicional a la exportación, siempre que se carguen a buque mercante con destino al exterior o a buque mercante de cabotaje para transbordar en cualquier puerto nacional con destino al exterior.
Los reembolsos adicionales de los cuales gozará la exportación de las mercaderías, que se ajusten a lo establecido en la presente ley, serán los siguientes (…)”
“En caso de que alguna mercadería se exporte desde otro puerto ubicado al sur del Río Colorado, no mencionado explícitamente en la enumeración anterior, se le otorgará, el reembolso correspondiente al que se exporte por el puerto de la lista precedente cuya ubicación geográfica resulte de mayor cercanía…”
Aclara dicho Cuerpo que el Poder Ejecutivo manifiesta que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia y que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes, debiendo adoptarse la medida. Y por los fundamentos expuestos, encontrándose cumplidos los requisitos formales y sustanciales establecidos en la Constitución Nacional en lo que respecta al dictado del Decreto Nº 2229/2015, “siendo que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes y todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley No 26.122”, la Comisión propuso que se resuelva declarar expresamente la validez del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 2229 de fecha 2 de noviembre de 2015. Los párrafos precedentes nos indican que se tuvo en miras el desarrollo armónico de la zona, con especial interés en mecanismos que favorezcan la radicación de la población en dicha área, con la finalidad del poblamiento de la Patagonia. De lo expuesto se deduce, que tuvo la misma intención el legislador en la Ley 23018, y que ella no fue exclusivamente la promoción de la actividad portuaria, sino que tuvo en consideración también el impulso general a la industria primaria y elaboradora, buscando su asentamiento en la región. Así lo ha resaltado también la jurisprudencia (V.Gr. CNACAF Sala IV, in re “Luis Solimeno e Hijos S.A. C/ DGA”-T.F. 12.826-A (cita on line AR/JUR/5623/2004, especialmente Considerandos VI y VII).
Lo cierto es que el decreto objeto de estudio, restablece los estímulos a la exportación o reembolsos adicionales, en época posterior a la vigencia de la ley. Y lo hace en forma específica, cuando se refiere al Certificado de Origen que debe expedirse dentro de la provincia; imponiendo en el art. 3 bis las condiciones en las cuales “se otorgará” el beneficio. Literalmente expresa que dicho otorgamiento se hará “en función del puerto provincial más cercano al lugar de producción...”
Llegados a este punto, con respecto al puerto -que se aclara “provincial”- debe ser el más cercano al lugar de producción, que es el que fija el porcentaje del reembolso que corresponda.
Sería forzada la interpretación que implique desestimar ese concepto claro, sobre el lugar de producción, cuando se trasladara la mercadería -tránsito mediante- hacia otro puerto que gozara de mayores ventajas porcentuales, al sólo efecto de producir allí el “cumplido y embarque” invocados por la empresa apelante.
En resumen: el decreto -hoy derogado- es claro en su literalidad. Si algo suscitara dudas, son aplicables los principios del derecho acerca de que se trata de una norma posterior y específica, respecto de la ley original. Corroboran lo afirmado la doctrina y la jurisprudencia, que en derecho tributario impiden extender por analogía, tanto los gravámenes, como los beneficios adicionales que de ellos se derivan.
Si alguna incertidumbre permaneciera, surge de las propias consideraciones del Senado al aprobar esta norma dictada como de “necesidad y urgencia”, que la intención primordial consistía en favorecer la producción y el asentamiento poblacional.
Este objetivo -en mi opinión- se vería desvirtuado, si al puerto de mero “cumplido y embarque”, la mercadería producida arribara sólo en virtud de tener -aquél- asignado un porcentaje mayor al que corresponde por su cercanía. Ello produciría una lesión, inequitativa para los exportadores que en cumplimiento de las normas embarcaron sus productos en los puertos más cercanos a los lugares de producción de las provincias al sur del Río Colorado en las cuales se otorgaron los certificados de origen.
E implicaría, además, un pago del Fisco contrario a la letra y a los fines especificados por el Decreto para este reembolso adicional, que lo tornaría carente de causa.
Estimo que una interpretación contraria a lo reglado, vaciaría de sentido la incorporación del artículo 3 bis, pues bastaría con observar el puerto de “cumplido y embarque” para la aplicación automática de un beneficio superior al que correspondía si se aplicaba correctamente la normativa entonces vigente. Reitero que, a la fecha del presente, dicho beneficio ha sido derogado.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
Confirmar la Resolución N° 296/19 (AD CAOL), dictada en el marco de la Actuación SIGEA N° 14785-81-2017 por la Aduana de Caleta Olivia, en cuanto intima a MARITIMA MONASCHI S.A a la restitución de la suma de $410.387,50 con más los intereses dispuestos en el art. 845 y ss. del CA. Con costas a la parte actora.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Revocar la Resolución N° 296/19 (AD CAOL), dictada en el marco de la Actuación SIGEA N° 14785-81-2017 y, en consecuencia, dejar sin efecto el Cargo N° 09/2018 (AD CAOL) formulado contra Marítima Monachesi S.A. Con costas. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.07.15 11:16:32 ART Date: 2026.07.15 11:49:18 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.07.16 16:43:29 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.07.16 16:43:31 -03:00
Fin de la sentencia