Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 34631-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y revocar el pronunciamiento del 14/07/2022, en cuanto es materia de agravio, con costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 279 y 68, 1º parte del C.P.C.C.N.).
12089/2024 “Maritime Shipping Services SRL (TF 34631-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2024.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 14/07/20222 el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la Resolución N° 326/2014 dictada el 12/03/2014 por el Administrador de la Aduana de San Nicolás en la Actuación nro. 12627-118-2012. Impuso las costas por su orden.
Para así resolver, en cuanto aquí interesa, en primer lugar, precisó que, como consecuencia del faltante de mercadería (gas oil) presuntamente constatado por la Aduana de San Nicolás a la descarga del buque ATLANTIC ANTIBES respecto del cual la actora actuó en su carácter de agente de transporte aduanero. Adujo que dicho control, arrojó una diferencia en menos de 86.243 kgs (faltante) toda vez que, mientras en el Manifiesto 12059MANI001704W se habían declarado 4.600.589 kgs, de la verificación aduanera efectuada a la descarga, resultaron 4.514.347 kgs lo que representó, según el servicio aduanero, un faltante de mercadería equivalente al 1,87% del total documentado.
Expuso que, como consecuencia de dicha diferencia y en aplicación de lo establecido en el art. 142 ap. 2 del CA, la Aduana le formuló a la actora un cargo por diferencia de tributos.
Precisó que, la cuestión a resolver se encontraba circunscripta exclusivamente al ámbito tributario y a considerar si el faltante de mercadería constatado en la descarga de los buques excedía la tolerancia permitida en la ley aduanera y la reglamentación aplicable.
Puntualizó que, en ese marco conceptual era de rigor considerar si el agente de transporte era responsable sin más por la inexactitud de declaración contenida en el manifiesto de la carga cuando se superaba el umbral admitido en la norma reglamentaria o bien podía excusarse cuando el yerro se afincaba en una cuestión exógena a su responsabilidad.
En dicho contexto, apreció que, la Resolución ex ANA 2220/90 no podía ser interpretada aisladamente, sino necesariamente debía hacerse a la luz de los principios jurídicos superiores de justicia tributaria. Añadió que, en ese sentido no desconocía que desde siempre la jurisprudencia había entendido que la exigencia del pago de derechos por la mercadería que faltare en la descarga de un buque tenía una finalidad de protección de la renta aduanera, previendo los perjuicios al erario por su posible ingreso ilegítimo; de allí que la ley creaba una presunción de que la mercadería se introdujo al país a través de ese despacho, concluyendo el trámite a él relacionado. Pero sin embargo, no podía soslayar que esa presunción jurídica perdería su razonabilidad jurídica, si el legislador le achacase al agente de transporte responsabilidad tributaria en relación a un hecho que sucedía por las características intrínsecas de la mercadería transportada o por circunstancias ajenas a su responsabilidad que de ningún modo hubiese podido prevenir de acuerdo a las pautas con que debe obrar un buen hombre de negocios.
Entendió que, en efecto, resultaba elocuente que la responsabilidad solidaria establecida en la ley aduanera se justificaba en la posición de garante que tenía el agente transportador por los hechos de un tercero. Esa exigencia que evidentemente no tenía correlato en una exhibición de capacidad contributiva no podía llevar al extremo de imposiciones que impliquen un sacrificio especial o el deber soportar una incidencia a raíz de una situación que no podía precaverse. En tales condiciones, correspondía llevar a primer plano, la línea jurisprudencial que se venía elaborando en torno a la posibilidad de dispensar el pago de tributos, a los responsables del hecho gravado (por la importación para consumo). En “Tevelam” (del 11/12/2012) la Corte distinguió dos situaciones: Por un lado, la de “...quien descuida el control de la carga que conduce hacia la aduana de destino;...o bien, incurre en alguna conducta que pudiere indicar la connivencia con el hecho de la sustracción...”. Y por el otro, la de “...quien ha cumplido con todos los deberes inherentes a la custodia de la mercadería durante su itinerario y padece un robo agravado por el uso de armas como el denunciado...”.
En esa misma inteligencia, ponderó que, debía recordarse el imperativo de la doctrina constitucional establecida por la Corte Suprema en el caso “Hermitage”. Allí fue contundente el Tribunal Cimero en hacer observar que las presunciones en materia tributaria requerían un uso inteligente, concreto y racional y que era en el supuesto de las presunciones denominadas iuris et de iure, en el que la cuestión adquiría su mayor dramatismo.
Observó que, de tales pautas rectoras resultaba la posibilidad inequívoca de la dispensa de la obligación tributaria si, como ocurría en autos, la diferencia constatada encontraba su razón de ser en “errores en los cálculos realizados por los responsables del control aduanero”. Tal era la conclusión a la que arribaba el especialista en la materia (perito naval en navegación) luego de realizar una serie de cálculos y aclaraciones técnicas en relación al peso de la mercadería descargada (ver informe pericial agregado a fs. 94/98 de autos).
Entendió que, eso no significaba que, ante el faltante de mercaderías, el agente de transporte pudiere tener una actitud pasiva en sus deberes de colaboración con el servicio aduanero. Esa situación debía despejarse lógicamente en el ámbito del terreno sancionador administrativo.
Argumentó que, más allá de si en el caso se verificaba un exceso de la tolerancia del 0,6% (seis por mil) dispuesta por la reglamentación administrativa, resultaba menester que el acto administrativo no resolviese la situación planteada mediante un razonamiento meramente deductivo donde se limitase a aplicar a los hechos la consecuencia jurídica expresada en la reglamentación. También era verdad que sería perverso que un juez resuelva los casos sometidos a su discernimiento conforme a su pura voluntad, habida cuenta de que el escrutinio judicial requería que las sentencias sean fruto de una deliberación consciente y susceptible de ser defendida ante espectadores neutrales.
Por ello, en rigor lo que debía hacer cualquier operador jurídico al momento de aplicar el derecho era dar cuenta que la mejor interpretación era aquella que daba cuenta que el saber jurídico era un saber práctico. Y por esa razón el método por excelencia para la dilución de los casos que se le presentaban al operador jurídico era el prudencial, habida cuenta de que debía dilucidar la mejor respuesta dentro de las posibles y exhibirse las razones o argumentos que permitían sostenerla en la controversia propia del diálogo racional jurídico.
Alegó que, eso no significaba desterrar la subsunción como método de aplicación de resolución de conflictos, pero no podía empleárselo sin más para aquellos casos como el presente que revestía complejidad sustancial y en el cual manifiestamente el ejercicio de la subsunción no podía ser directo porque llevaba a resultados incompatibles con la primacía de los principios de justicia. Agregó que, aun cuando lo señalado era, a su juicio, independiente de si el faltante comprobado excedía o no la tolerancia establecida por la normativa aplicable, cabía decir que, conforme resultaba de la prueba pericial producida en autos, el total de mercadería descargada, de acuerdo a los cálculos realizados por el profesional interviniente, ascendía a de 4.595.313 kgs (y no 4.514.347 como surgía de la medición aduanera), lo que implicaba una diferencia en menos 5.276 kgs en relación al total declarado en el 12059MANI001704W (4.600.589 kgs), lo representaba un faltante de mercadería equivalente al 0.1% del total documentado (ver informe pericial agregado a fs. 94/98 de autos). De modo que, el faltante en definitiva constatado, además de responder, a errores de cálculo cometidos por los responsables del control aduanero, se encontraba comprendido dentro de la tolerancia (0,6% del total de la carga documentada) prevista a los fines tributarios en la Resolución 2914/94.
En consecuencia, consideró que correspondía revocar la resolución apelada.
Por último, señaló que, en virtud de la complejidad de las cuestiones planteadas y los argumentos en virtud de los cuales se resolvía, estimó que correspondía que las costas se distribuyan en el orden causado.
II. Que contra dicho pronunciamiento, con fecha 7/09/2022, interpuso recurso de apelación la actora, expresando agravios en la misma fecha, los que fueron contestados por la contraria el 5/12/2022.
Se agravia la recurrente de la imposición de las costas en el orden causado, con fundamento en la complejidad de las cuestiones planteadas y los argumentos de la resolución.
Indica que el Tribunal Fiscal carece de facultades para apartarse del principio general previsto en el artículo 1163 del Código Aduanero que dispone que la parte vencida en el juicio deberá, sin excepción alguna, pagar todos los gastos causídicos y costas a la contraria.
Entendió que, ello es suficiente para imponer en su totalidad las costas a la Aduana, vencida en la litis.
Cita jurisprudencia.
Considera que el Tribunal administrativo se apartó de la norma legal y ello es suficiente para que se revoque la sentencia en ese punto, por más complejas que sean las cuestiones debatidas en autos.
En segundo término, expuso que, la imposición de costas por su orden también es improcedente por cuanto, más allá de lo dispuesto por el art. 1163 C.A., los argumentos del Tribunal a-quo para revocar el fallo aduanero coinciden con los invocados por su parte tanto en sede aduanera como en su recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal.
Apunta que, el organismo jurisdiccional administrativo destacó (considerando XI) la posibilidad de dispensar la obligación tributaria "... si como ocurre en autos, la diferencia constatada encuentra su razón de ser en errores en los cálculos realizados por los responsables del control aduanero…”; para agregar a continuación que esa fue la conclusión del perito naval.
Agrega que ese es el criterio a seguir aun, cuando la diferencia exceda la tolerancia del 0,6%.
Refiere que, finalmente, en el considerando XIII, destaca que el perito concluyó que la cantidad descargada era de 4.595.313 kg. y no de 4.514.348 kg, como indicaba la medición aduanera, por lo que la diferencia sería equivalente al 0,1% de la cantidad documentada.
Destaca que, precisamente, su parte argumentó desde el comienzo del expediente que la medición del servicio aduanero no era correcta y reiteró ese fundamento en su apelación ante el Tribunal Fiscal, señalando que, de acuerdo a las mediciones en sus tanques, el buque había descargado 4.594.867 kg., que se habían computado densidades diferentes en el producto en ambos puertos, etc. Asimismo, pone énfasis, en que, si su parte pidió la designación de un perito naval fue, precisamente, para que un experto determine las cantidades descargadas y, con ello, si las eventuales diferencias son imputables al transportista o a las mediciones y si estaban o no dentro de la tolerancia legal. Alega que, el informe pericial confirmó que el reclamo de autos no era procedente.
Por lo expuesto, puntualiza que, más allá de lo expuesto en el capítulo 2.1., no hay ninguna justificación para apartarse del principio general de la derrota cuando los argumentos del Tribunal a-quo para justificar las diferencias siguen la misma línea argumental de la apelación -no existían las diferencias denunciadas por la aduana- y fue su parte quien solicitó un perito para confirmar que las mediciones de la aduana no eran correctas.
Independientemente de lo expuesto, entiende que, confirmar las costas por su orden constituiría un premio a quien denunció una diferencia que no era tal, dictó un fallo condenatorio sin fundamento y tampoco se allanó a la apelación de su parte ante el Tribunal Fiscal.
Por las razones expuestas, solicita que se revoque la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto impone las costas por su orden, decidiéndose que las mismas deban ser impuestas al servicio aduanero en su totalidad.
III. Que mediante el pronunciamiento de fecha 17/10/2023 el Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios del Dr. Alejandro Fernández Llorente en su carácter de apoderado y patrocinante de la actora por su actuación en la presente causa en la suma de $121,432.-, con más la suma $ 25.500,72.-, en concepto de Impuesto al Valor Agregado, toda vez que el letrado reviste la calidad de responsable inscripto frente al IVA. Agregó que dicho importe se encontraba a cargo de la actora.
Reguló los honorarios del perito Naval José L. Lesmi en la suma de $19,713. Aclaró que, dicho importe se encontraba a cargo de la actora y, en caso de corresponder, deberá agregársele el monto devengable en concepto de IVA, atento a la condición actual que revista el profesional.
Contra dicha regulación con fecha 24/10/2023 interpusieron recurso de apelación la actora, por altos y, el letrado de la parte actora, Dr. Fernández Llorente, por bajos.
IV. Que, en primer lugar, corresponde recordar que el artículo 1163 del C.A. establece que “[l]a parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo, la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición (…) Cuando en función de las facultades que otorga el artículo 1143, el Tribunal Fiscal de la Nación recalifique la conducta o reduzca la sanción a aplicar, las costas se impondrán por el orden causado. No obstante, el Tribunal podrá imponer las costas al Fisco Nacional, cuando la tipificación o la cuantía de la sanción recurrida se demuestre temeraria o carente de justificación”.
Es decir que, el principio general es que las costas se impondrán al vencido, por aplicación del principio objetivo de la derrota. Por lo tanto, su eximición debe ser excepcional y de carácter restrictivo.
En el sub examine, el a quo revocó la Resolución N° 326/2014.
En tales condiciones, no hay duda alguna de que la demandada ha resultado perdidosa, en su totalidad, en el asunto llevado a conocimiento del organismo jurisdiccional administrativo por lo que corresponde que cargue con los accesorios por ser la consecuencia necesaria, teniendo en cuenta la forma en que se ha dirimido la cuestión planteada.
En este sentido, corresponde recordar que, la activación del mecanismo jurisdiccional generó gastos a la firma, los cuales en virtud del principio de la derrota adoptado por nuestro ordenamiento procesal, deben ser soportados por el perdidoso (conf. esta Sala, "De Elizalde Diego Agustín c/ EN- SC- Resol 100/10 s/ amparo ley 16.986", del 28/6/11; "Mena Gelvez, Lisa M. c/EN -H. Cámara Senadores de la Nación s/amparo ley 16.986", del 15/12/16, entre otros). A mayor abundamiento, cabe señalar que, la parte actora tanto en sede aduanera, como en la instancia ante el TFN, sostuvo que, la medición del servicio aduanero no era correcta. Y ello, fue corroborado con la precia técnica producida en autos.
En tales condiciones, resulta de toda claridad que, el modo en que se resolvió el fondo de la cuestión, amerita que las costas se impongan al Fisco Nacional, quien producto de su propio accionar conllevó a que se revoque la resolución aduanera, generando un innecesario dispendio jurisdiccional. Así las cosas, no advirtiéndose en el caso que exista una circunstancia objetiva que justifique la exoneración, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y revocar el pronunciamiento del 14/07/2022, en cuanto es materia de agravio, con costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 279 y 68, 1º parte del C.P.C.C.N.).
V. Que a atención al modo en que se resuelve no corresponde tratar los recursos contra la apelación de los honorarios regulados por el TFN. En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y revocar el pronunciamiento del 14/07/2022, en cuanto es materia de agravio, con costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 279 y 68, 1º parte del C.P.C.C.N.).
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.
JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARIA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MARQUEZ
Fin de la sentencia