Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto e intereses, con costas y revocar la sanción de multa al contribuyente, costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-103590547-APN-VOCVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 4 de Septiembre de 2023 El expediente N° 37.881-I caratulado: “MARKA S.R.L S/ APELACIÓN”, a resolución de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación), y Pablo Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación);
El Dr. Pablo Porporatto dijo:
I. Que a fs. 20/24 se presenta la actora e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 51/2013, de fecha 25/06/2013, suscripta por la Jefa de División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Tucumán de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la cual se le determina de oficio con carácter parcial el Impuesto Sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias periodos fiscales 01/2009 a 12/2010 – ambos extremos inclusive- por la suma de $109.733,52 con más la suma de $ 113.230,12 en concepto de intereses resarcitorios y además, se le aplica una multa de $329.200,56 equivalente a tres (3) veces el gravamen dejado de ingresar, con sustento en el art. 46 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.).
En primer lugar, la actora expone los argumentos de hecho y los fundamentos de derecho que motivaron el ajuste efectuado por el Fisco Nacional.
En lo que refiere al fondo del asunto, manifiesta que no se considera contribuyente del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, toda vez que no se encontraría configurado un sistema organizado y habitual de pagos, en el sentido que marca la norma en cuestión.
En dicha línea argumentativa, sostiene que en el presente caso se está frente a una cuestión de interpretación de la norma tributaria por cuanto, al contrario de la postura del Fisco Nacional, en su entendimiento la firma no tenía como forma habitual ni sistemática efectuar los pagos a sus proveedores mediante depósitos en efectivo, sino que además los realizaba mediante otros medios tales como depósitos bancarios o a través de cheques y por lo tanto no se encontraría configurado el hecho imponible del impuesto en trato.
Asimismo, alega que si bien de la lectura de la normativa aplicable al caso, el hecho imponible del impuesto no solo alcanza a todas aquellas operaciones que se encuentran relacionadas con entidades financieras, sino que además comprende otros movimientos de fondos que se realicen con terceros, entiende que la existencia de un sistema organizado de pago requiere que sea llevado con habitualidad.
Con relación al sumario instruido, manifiesta que, al no ser contribuyente del impuesto en cuestión, dudosamente se le pueda imputar la sanción que se le intenta aplicar, ni mucho menos ser susceptible de ser reencuadrada en los términos de la ley de rito.
Finalmente, cita jurisprudencia a su favor y efectúa reserva de caso federal.
II. Que a fs. 72/83 se presenta el Fisco Nacional y contesta el recurso interpuesto por la recurrente, negando y todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. A su vez, cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y acompaña los Antecedentes Administrativos.
Hace reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso intentado confirmando la resolución recurrida en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la actora.
III. A fs. 127 se elevan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala “B” y a fs. 130 se pasan a sentencia.
IV. Que en cuanto a la determinación de oficio apelada en autos, en atención a una mayor claridad expositiva, conviene detallar en primer término los argumentos que llevaron al Fisco Nacional al ajuste debatido en las presentes actuaciones.
La actora declara como actividad principal ante AFIP la “venta al por menor de aves, huevos y productos de granja”.
Surge del informe final de inspección obrante a fs. 29/41 y del informe complementario de obrante a fs. 58/60 del Cpo. Legajo de Créditos y Débitos Bancarios de los Antecedentes Administrativos, bajo la Orden de Intervención N° 609.160 de la Instrucción General 882/2010 (DI PYNF), el procedimiento de fiscalización seguido a la actora se originó a los efectos de analizar la forma de cancelación de sus obligaciones con sus tres principales proveedores de pollos y productos avícolas: Granja Tres Arroyos S.A., Avex S.A. y Oscar J. Cabrera. Circularizados los mencionados proveedores, surge que la firma Granja Tres Arroyos S.A. proporcionó una planilla en la que se observan que la contribuyente de autos realizó pagos con cheques propios y/o de terceros, como así también en efectivo, a través de la modalidad registrada como “Interdepósitos”, los que la fiscalización consideró como depósitos efectuados en efectivo en las cuentas del mencionado proveedor.
La firma Avex S.A. aportó papeles de trabajo donde se detallan las operaciones realizadas con la actora e indicó que las cobranzas se llevaron a cabo por depósitos en efectivo en su cuenta del Banco Santander Río o por medio de cheques diferidos de terceros.
Por último, el proveedor Oscar J. Cabrera informó que todas las operaciones llevadas adelante con la firma contribuyente fueron abonadas en efectivo.
En base a ello, para la conformación de la base imponible la fiscalización actuante sumó los pagos y/o depósitos informados por cada uno de los proveedores para luego aplicar la alícuota del 1,2%, surgiendo así un Impuesto sobre los Débitos y Créditos bancarios de $ 26.195,07 para el periodo fiscal 2009 y de $ 83.538,45 para el año 2010, lo que totaliza $ 109.733,52.
V. Que corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la Litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
En atención a la cuestión de pleno derecho que se suscita en los presentes autos, corresponde efectuar una reseña de la normativa en discusión.
En primer lugar, resulta importante mencionar que el artículo 1° de la Ley N° 25.413, modificado por el artículo 3° de la Ley N° 25.453, estableció un impuesto "..cuya alícuota será fijada por el Poder Ejecutivo nacional hasta un máximo del seis por mil que se aplicará sobre: a) los créditos y débitos efectuados en cuentas -cualquiera sea su naturaleza- abiertas en las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras; b) las operatorias que efectúen las entidades mencionadas en el inciso anterior en las que sus ordenantes o beneficiarios no utilicen las cuentas indicadas en el mismo, cualquiera sea la denominación que se otorgue a la operación, los mecanismos empleados para llevarla a cabo -incluso a través de movimiento de efectivo- y su instrumentación jurídica; y c) todos los movimientos de fondos, propios o de terceros, aun en efectivo, que cualquier persona, incluidas las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, efectúe por cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de otras, cualesquiera sean los mecanismos utilizados para llevarlos a cabo, las denominaciones que se les otorguen y su instrumentación jurídica, quedando comprendidos los destinados a la acreditación a favor de establecimientos adheridos a sistemas de tarjetas de crédito y/o débito".
Asimismo, dispuso que "En los casos previstos en los incisos b) y c) precedentes, se entenderá que dichas operatorias y/o movimientos, reemplazan los créditos y débitos aludidos en el inciso a) del presente artículo, por lo que a tal fin corresponderá aplicar el doble de la tasa vigente sobre el monto de los mismos"; y facultó al Poder Ejecutivo Nacional "a definir el alcance definitivo de los hechos gravados en los incisos precedentes, como así también para crear un régimen especial de determinación para las entidades financieras aludidas". Por último, estableció que "El impuesto se hallará a cargo de los titulares de las cuentas bancarias a que se refiere el inciso a) del presente artículo, de los ordenantes o beneficiarios de las operaciones comprendidas en el inciso b) del mismo, y en los casos previstos en el inciso c), de quien efectúe el movimiento de fondos por cuenta propia. Cuando se trate de los hechos a los que se refieren [el inciso c)] el impuesto será ingresado por quien realice el movimiento o entrega de los fondos a nombre propio, o como agente perceptor y liquidador cuando lo efectúa a nombre y/o por cuenta de otra persona".
A su turno, en el artículo 2° del decreto 380/01 (texto según su similar 969/01), reglamentario de la ley, se estableció que "A los efectos de determinar el alcance definitivo de los hechos comprendidos en los incisos b) y c), del primer párrafo del artículo 1° de la ley, se consideran gravados" ..."b) Todos los movimientos o entregas de fondos, propios o de terceros –aún en efectivo–, que cualquier persona, incluidas las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, efectúe por cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de otra, cualesquiera sean los mecanismos utilizados para llevarlos a cabo, las denominaciones que se les otorguen y su instrumentación jurídica, quedando comprendidos los destinados a la acreditación a favor de establecimientos adheridos a sistemas de tarjetas de crédito, compra y/o débito".
Ahora bien, desde el plano jurisprudencial, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que “...la resolución general AFIP 1135/2001, dictada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, al establecer –en lo que interesa– que los movimientos de fondos gravados son aquellos efectuados a través de sistemas de pago organizados, que reemplacen el uso de las cuentas previstas en el artículo 10, inciso a), de la ley, y en ejercicio de actividades económicas (art. 43), no ha modificado ninguno de los elementos esenciales del tributo creado por el legislador ni ha pretendido ampliar los supuestos comprendidos en el ordenamiento legal abarcando situaciones nuevas o distintas de las previstas en aquel. Por el contrario, mediante dicha disposición reglamentaria se han precisado los casos en que tienen cabida en el ordenamiento legal, sin exceder las previsiones de la reforma introducida por la ley 25.453 en la ley del tributo, que, como se vio, fue establecida, precisamente, con la finalidad de evitar la elusión del impuesto en los términos en los que este había sido originariamente establecido por el legislador” (del voto de la mayoría en la causa "Piantoni Hnos. SACIFI y A”, -CSJN - sentencia del 12/12/2017).
En lo que al caso particular refiere, se encuentra fuera de discusión las modalidades empleadas por la recurrente para efectuar los pagos a sus proveedores, respecto de lo cual aquella no solo no aporta prueba que demuestre lo contrario, sino que además afirma que los mismos son realizados a través de esas diversas modalidades. (vide último párrafo de fs. 20vta.).
En las presentes actuaciones se encuentra acreditado que la actora en su rol de vendedora al por menor de aves, huevos y productos de granja deposita, en forma regular, dinero en efectivo o cheques en las cuentas bancarias de sus proveedores, los cuales no constituyen hechos aislados, sino que tales flujos de dinero conforman un sistema de pagos tal que hace a la propia mecánica de sus movimientos comerciales quedando de conformidad con la inteligencia asignada al artículo 1° inciso c), de la Ley N° 25.413 –texto según Ley N° 25.453- por el impuesto, sin que obste a dicha conclusión la circunstancia de que la actora haya cancelado, además, sus deudas comerciales mediante medios diversos mencionados previamente, en tanto la normativa aquí examinada no requiere la existencia de uniformidad en la aplicación de un determinado sistema de pagos.
Por su parte, cabe rechazar los agravios de la actora con relación a que no se encontraría configurado el hecho imponible en cabeza de la recurrente, por no realizar en forma habitual y sistemática pagos a los proveedores mediante depósitos en efectivo, sino que además lo hacía mediante cheques y/o depósitos bancarios, cabe dejar en claro que a la luz del criterio de la mayoría del Alto Tribunal en el citado precedente “Piantoni Hermanos SACIFIyA”, indica que la aludida modalidad de pagos se encuentra alcanzada por el artículo 1° inc c) de la Ley N° 25.413.
En definitiva, en virtud de lo expuesto, al no haberse arrimado elementos de convicción –en esta instancia o en sede administrativa- que permitan compartir la interpretación efectuada por la actora, corresponde confirmar el criterio del organismo fiscal con respecto a la determinación de oficio, con carácter parcial, en el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatoria, periodos fiscales 01/2009 a 12/2010 (ambos extremos inclusive).
VI. Que no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
VII. Que finalmente corresponde analizar el aspecto infraccional de la resolución en crisis. Tal como surge de los relatos, en el caso de autos se le aplicó a la recurrente una multa con sustento en el artículo 46 de la ley de rito. En este sentido, la apelante basa su postura afirmando que no corresponde la aplicación de la multa por defraudación contenida en el art. 46 de la ley de rito, ni tampoco su posible reencuadre en los términos del art. 45 del mismo cuerpo normativo, por cuanto no se habría configurado el hecho imponible que diera origen a la obligación tributaria.
Ahora bien, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha consagrado el criterio de la personalidad de la pena, es decir que sólo puede ser reprimido quien sea culpable: aquél a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos 271:297).
Al respecto, cabe recordar que el artículo 46 de la ley de rito sanciona a quien mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa defraudare al Fisco. Ahora bien, las formas genéricas del fraude son el ardid y el engaño, que tienen como finalidad hacer creer a la víctima, mantenerla o incluso reforzar en su creencia de que es verdadero lo que no lo es. Pero el ardid o el engaño han de ser “idóneos”, ésto significa aptos para inducir a error, en el caso, al organismo especializado en la fiscalización y recaudación tributaria.
Es decir, para que se configure el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley 11683, se requiere no sólo la intención de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima de aquél. No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal, sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (ver en tal sentido CNCAF, Sala I, in re “Georgalos Hnos S.A.I.C.A.” con fecha 1/10/2008).
Cabe destacar que, “la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que “no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación. (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: “Procedimiento Tributario” - 1993 - comentario al artículo 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - “Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI” - 8/2/1999)” (CNCAF, Sala V, in re “Ruggiero Aldo”, sentencia del 21/12/2006).
Ahora bien, conforme surge de las actuaciones en la presente causa, el Fisco Nacional no ha demostrado puntualmente cuál ha sido el ardid o engaño requeridos por el tipo legal del artículo 46 para considerar el supuesto como una defraudación fiscal.
En resumidas cuentas, y sin perjuicio de las aseveraciones vertidas por el Fisco Nacional en la resolución apelada y reiteradas en la contestación del recurso de apelación, corresponde señalar que la multa aplicada con fundamento en el artículo 46 de la norma ritual no encuentra fundamento alguno que permita a este Tribunal considerar que en el caso de marras la recurrente haya obrado con intención de defraudar al Fisco Nacional, el cual no ha aportado ninguna prueba en aras de sostener su tesitura en torno a la aplicación de la figura infraccional pretendida.
Sin perjuicio de lo indicado, de acuerdo a las circunstancias particulares del presente caso y toda vez que ha existido impuesto omitido de ingresar por parte de la recurrente, es que corresponde recalificar la conducta del recurrente en el mínimo legal del tipo culposo del art. 45 de la Ley 11.683.
VIII. Que expuesto lo que antecede, corresponde entonces analizar si existió alguna causal que permita convalidar el accionar de la encartada en la figura del "error excusable", figura que fue expresamente invocada por la apelante.
Sobre el particular, cabe señalar que el mismo es parte integrante del elemento subjetivo de la figura descripta en el artículo 45 de la ley 11683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), atento a que puede sostenerse tal causal exonerativa de responsabilidad, cuando medie una razonable oscuridad de las normas o exista una hermenéutica diferente que coloque al contribuyente en la posibilidad -razonable- de equivocarse al aplicarlas o en una situación de confusión que lo lleve a incurrir en la infracción ("Ecohábitat S.A.” C.N.C.A.F. Sala IV del 7/5/09, "Coop. Agrícola De Manuel Ocampo Ltda" TFN, Sala A 2/11/98 entre muchos otros), lo que los suscriptos entienden que aconteció en las presentes actuaciones.
Bajo tales pautas hermeneúticas debe revocarse la multa aplicada, pues si bien el aspecto objetivo de la infracción quedó configurado, su conducta resulta justificada en la inteligencia de las normas aplicables, sumado ello a las confusiones derivadas de fallos contradictorios, que actúan como causas de exculpación del error (cfr. “Cepas Argentina S.A.”; C.N.C.A.F. Sala III del 24/7/08).
Sobre el particular, y en el mismo sentido, la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal “Italnorte SAACIeI” de fecha 14/10/2014 ha expresado que “... ante la existencia de jurisprudencia contradictoria sobre la materia, se entiende razonable que la actora pudiera haber interpretado el caso de una manera diferente a como lo hizo la Administración Fiscal, lo que conlleva la posibilidad real de incurrir razonablemente en una equivocación que por sus características no merece ser sancionada. Todo ello induce a este Tribunal a considerar que existió error excusable eximente de sanción en los términos del artículo 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y modif.).”.
Ello así, corresponde revocar la resolución apelada en cuanto aplica sanción al contribuyente. Las costas en este aspecto corresponde aplicarlas por su orden en atención a las particularidades de la cuestión.
El Dr. Armando Magallón dijo:
I. Que adhiero al relato de los hechos y a la solución propuesta por el Dr. Porporatto en el sentido de confirmar la determinación del impuesto a los débitos y créditos en Cuenta Corriente Bancaria por los periodos fiscales 01/2009 a 12/2010 II.- Que en cuanto atañe a la aplicación a la actora de una multa de $329.200,56 equivalente a tres (3) veces el gravamen dejado de ingresar, con sustento en el art. 46 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.) considero, con sustento en los argumentos que seguidamente expongo, que la misma debe ser revocada.
III. La norma del art. 46 bajo análisis prevé que “El que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de DOS (2) hasta DIEZ (10) veces el importe del tributo evadido”.
Tal como lo señalara la Sala “B” -en su anterior composición- in re “Sanguinetti Sergio Claudio” (Expte. n° 25.562-I) y en “Kank y Costilla S.A.” (05/11/2004), entre otros, “...el ilícito tributario previsto en el artículo 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración la intención deliberada de no pagar el tributo en su justa medida y la realización de maniobras aptas para lograr este resultado, sin que ello sea advertido por el Fisco...”. En este sentido, debe dejarse asentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito sin hacer uso de las presunciones de dolo contenidas en el art. 47 de dicho cuerpo legal, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante la individualización de hechos externos y concretos.
Por su lado, la Sala V de la Alzada in re “Ruggiero, Aldo”, sentencia del 21/12/2006, expresó que “...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que “no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljanovich, R. D. - Bergroth, L.: “Procedimiento Tributario” - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (“Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI”, 8/2/1999)’’.
Tal como surge de los antecedentes administrativos de la causa, en el trascurso de la fiscalización a la actora la inspección actuante detectó que ésta depositaba, directamente en las cuentas de sus proveedores, sumas de dinero correspondientes a distintos conceptos inherentes a obligaciones derivadas de la contratación que vinculaba a las partes, circunstancia que, a juicio de la demandada, implicaba una metodología tendiente a suplantar los depósitos en las propias cuentas bancarias, evadiendo así el pago de la obligación tributaria que fija la Ley 25.413 y sus modificaciones.
Que con relación a lo precedentemente expuesto, es dable destacar que la redacción del art. 46 de la ley procedimental -reformado en el año 2003 mediante la Ley 25.795- incorporó la ocultación -que necesariamente debe ser maliciosa- como medio o actividad idónea para incurrir en el ilícito que aquí se debate. Así pues, la omisión debe involucrar necesariamente un ocultamiento malicioso, ardidoso, engañoso del hecho imponible o de la capacidad contributiva del sujeto activo del ilícito.
En tal sentido, cabe señalar que en el mensaje de elevación al Honorable Congreso de la Nación del proyecto de reforma que luego fue sancionado como ley 25.795, el Poder Ejecutivo hacía referencia a la “...necesidad de tipificar claramente tanto el ocultamiento del hecho imponible, como la capacidad contributiva del agente, teniendo en cuenta que ese ocultamiento se puede presentar ya sea a través de actos positivos o por omisión’’. Puede advertirse en dichas explicaciones detalladas por el Poder Ejecutivo la consideración de una particular pauta temporal que lleva ínsita la ratio legis de la mentada reforma, en tanto que al hacerse referencia a una ocultación (maliciosa) del hecho imponible o de la capacidad contributiva del agente, el legislador parece hacer foco sobre aquellas conductas o acciones destinadas a neutralizar o evitar, mediante ocultamiento, la posibilidad de acceso al conocimiento de la real situación fiscal del contribuyente. En síntesis, la omisión que penaliza el artículo 46 refiere al ocultamiento de los hechos o elementos que generan la obligación.
En el sub lite y a mi modo de ver, no se alcanzan a advertir con la claridad indispensable los fundamentos que sustentan la imputación defraudatoria. Más aun, puede afirmarse que ciertas consideraciones vertidas en el Dictamen Jurídico obrante fs. 127/128 al que, sin aporte adicional alguno más que la mención de generalidades teóricas relativas al elemento subjetivo doloso, pero omitiendo referirse a la puntual conducta del recurrente en el caso se remite el juez administrativo a fs. 10, último párrafo, y 1° párrafo de fs. 11 de la resolución apelada- me conducen a la solución opuesta a la que ha tomado la administración tributaria.
En efecto, creo que la invocación en el aludido dictamen jurídico del precedente judicial “Müller, Carlos Eusebio” (CNCP, Sala I, 22/03/2006) para justificar la existencia de ardid conduce, contrariamente, a la convicción de que no puede entenderse verificada la existencia de ardid o engaño en el caso bajo examen. Dicho tribunal consideró que “La presencia del ardid que reclaman los arts. 2° de la ley 23.771 y 1° de la ley 24.769, sin duda alguna se halla probada en el sub examine, puesto que las maniobras que lo constituían no resultaban ni burdas ni podían ser descubiertas por los funcionarios de la A.F.I.P. con un mínimo de diligencia”. Esa premisa fáctica señalada por el tribunal penal parece no tener lugar en nuestro caso, habida cuenta de que, más allá de lo que se decide con respecto a la procedencia del ajuste, ello no conlleva, de modo inexorable, la aplicación de sanciones de carácter penal. A mi modo de ver, nos hallamos ante una operatoria comercial que no exhibe fraude u ostensibles maniobras destinadas a ocultar el hecho imponible y que, además, puedan ser consideradas como un obstáculo o desafío para la pericia de un fiscalizador con desempeño promedio. Ello así, toda vez que con el simple cotejo de la información brindada por el encartado u obtenida por simples procedimientos de circularización a terceros, se obtuvo la información necesaria para, simplemente, cuantificar la base imponible.
Resulta evidente para el suscripto que las consideraciones vertidas por los funcionarios fiscales no alcanzan para tener por cumplimentada la exigencia de que el dolo sea debidamente acreditado del modo requerido en aquellos casos en que la imputación defraudatoria no se apoya en las presunciones del art. 47 de la ley procedimental, como sucede en la especie. Y en tales condiciones, la imputación defraudatoria achacada a la apelante carece de adecuado sustento y debe ser descartada.
IV. Siendo ello así y en la medida que, tal como ha sido señalado, el elemento objetivo de la infracción -el ingreso en defecto- se encuentra verificado, corresponde analizar si resulta procedente el reencuadre de la conducta en las previsiones del art. 45, como figura residual.
La norma supra citada preveía, a la fecha de los hechos juzgados y en lo que aquí interesa, que “El que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, será sancionado con una multa graduable entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable (…)”.
Del análisis del texto legal transcripto se colige que la imputación infraccional que se efectúe bajo los términos de esta figura requiere que exista falta de presentación de declaración jurada o bien que la misma resultare inexacta. Ello supone, como va de suyo, que exista la obligación legal de presentar una declaración jurada y no es lo que sucede en el caso de autos.
Bajo tales premisas, se hace evidente que tampoco resultaría posible un reencuadre de la conducta originalmente imputada bajo las previsiones del art. 46 en la figura del art. 45.
Que por lo hasta aquí expuesto, voto por:
1. Confirmar el acto recurrido en cuanto determina impuesto e intereses. Con costas.
2. Revocar la multa aplicada con sustento en el art. 46 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y modificaciones), con costas. El Dr. José Luis Pérez dijo:
I. Que adhiero al voto del Dr. Pablo Porporatto.
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto e intereses, con costas y revocar la sanción de multa al contribuyente, costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Resérvese para su posterior impresión e incorporación al expediente.
Date: 2023.09.04 16:06:09 ART Date: 2023.09.04 16:40:59 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.04 17:41:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.09.04 17:41:37 -03:00
Fin de la sentencia