Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 51717741-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar las apelaciones interpuestas por ambas partes y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado en cuanto ha sido materia de los respectivos recursos y
2Distribuir las costas de esta instancia por su orden (cfr. segunda parte del artículo 68 del C.P.C.C.N.).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
MARKEM IMAJE SA (TF 51717741-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ///nos Aires, 20 de mayo de 2022.- AMD VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, por medio del pronunciamiento del 17 de agosto de 2021, la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió -por unanimidad- rechazar la presente acción de amparo y distribuyó las costas en el orden causado.
Para así decidir, en primer término, relató la pretensión esgrimida por la parte actora y las consideraciones vertidas por la representación fiscal al momento de contestar el informe de ley. Ello así, efectuó una reseña de las constancias de las actuaciones administrativas y expresó que la procedencia de acciones como la que aquí se estudia se encontraba sujeta a la existencia de un perjuicio para la amparista en el normal ejercicio de un derecho o actividad, causado por una demora excesiva imputable al servicio aduanero en la realización de un trámite o de una diligencia.
De tal manera, señaló que se colegía de las constancias obrantes en la causa que: “[e]l trámite impugnatorio que diera origen a la presente se verifica relativamente dinámico hasta pasado el mes de julio del año 2019 [que] Podría verificarse cierta demora desde entonces [y que] las condiciones que se presentaban como normales hasta entonces novaron hacia estándares fácticos y económicos inéditos […]”. Ello así, recordó los alcances establecidos por la ley 27.541, los motivos que llevaron al dictado del decreto 260/20 y las diferentes Resoluciones Generales emitidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos que dispusieron diferentes ferias fiscales extraordinarias.
Además, expresó que la amparista había manifestado “la voluntad de pago” el 10 de diciembre de 2018 y que se solicitó la liquidación actualizada del cargo con más intereses. En ese sentido, destacó que el 17 de abril de 2019 se había acreditado “pago de tributos” por la suma de $26.079,04 “[c]onforme lo ordenado en la resolución, afectado mediante LMANs Nros. 19073LMAN045570Y, 19073LMAN045584T y 19073LMAN045582R, y se impugnó en subsidio el cálculo de intereses efectuado por Sección Recaudación de Ezeiza […]”.
En tal orden de ideas, destacó que la parte actora había interpuesto un pedido de “pronto despacho” el 30 de abril de 2021 y que, aunque no se había dictado una resolución definitiva en las actuaciones administrativas, no era menos cierto que “[d]esde que la actora interpuso la impugnación del cálculo efectuado por el Fisco respecto de los intereses( 17/04/2019); los días hábiles transcurridos desde dicha solicitud a la fecha de interposición del […] recurso (09/06/2021), teniendo además en consideración el procedimiento de que se trata, no resultan ser suficientes para el dictado de una resolución definitiva respecto de la procedencia de lo peticionado […]” (el subrayado no corresponde al original).
Señaló que el servicio aduanero había desempeñado sus actividades en un “marco disfuncional”, que había dado impulso al procedimiento en todo momento y que dictó la resolución definitiva “[i]ncluso teniendo en cuenta que al suscitarse el cuestionamiento posterior respecto al cálculo de intereses efectuado, el Servicio Aduanero continuó dando trámite a la Actuación No 17124-4181- 2017 en forma constante y respondiendo cada presentación de la importadora […]”. Por lo expuesto, consideró que no se encontraba el supuesto de “demora injustificada” que oficiaba de presupuesto de procedencia sustancial de acciones como la aquí intentada.
Finalmente, y respecto de las costas, señaló que correspondía su distribución en el orden causado debido a las particulares circunstancias del caso (páginas 369/381 del PDF acompañado en la causa).
II. Que, disconforme con lo resuelto, el 26 de agosto de 2021 apeló la parte actora, quien fundó su recurso en el mismo acto. Se CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II agravió respecto de la distribución de las costas, toda vez que entendió que ellas deberían haberse impuesto a su contraria, quien la obligó -por medio de su inactividad- a iniciar estos actuados (páginas 387/389 del PDF acompañado en la causa).
II.1. Que, a su vez, el 1 de septiembre de 2021 apeló y fundó su recurso la parte demandada, quien se agravió asimismo de la distribución de los accesorios.
Citó pasajes del pronunciamiento bajo examen y expresó que, el hecho que se hubiera o no dictado resolución administrativa, no resultaba determinante para para este tipo de procesos, toda vez que: “[l]o determinante [era] que se [constatara] (o no) “demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo del servicio aduanero” (ver art. 1160 del Código Aduanero). Siendo ello indiscutiblemente de esta manera, note V.E. que de “no existir demora (como ha ocurrido en autos), la accionante debe cargar con las costas del proceso” […]”.
Finalmente, citó jurisprudencia que consideró favorable a su postura (páginas 399/407 del PDF acompañado en la causa).
II.2. Que, resta destacar que los días 10 y 15 de septiembre de 2021 las partes contestaron los argumentos esgrimidos por sus respectivas contrarias (páginas 413/423 del documento en formato PDF acompañado en la causa).
III. Que, así las cosas, corresponde destacar que de la lectura de la totalidad constancias obrantes en estos actuados (iniciados con el objeto de que se emplazara a la Dirección General de Aduanas a resolver el “[r]ecurso de impugnación […]” interpuesto el 17 de abril de 2019 en la Actuación SIGEA Nº 17124-4181-2017 -ver escrito de inicio, punto II, “OBJETO”-) surge, en lo sustancial, que:
a) El 12 de junio de 2017 se notificó a la actora la ejecución de la garantía FCTX y se la intimó a abonar el cargo 659/17, por la suma de 1.212,24 dólares estadounidenses (U$D), en conjunto con los accesorios previstos por el artículo 794 del Código Aduanero, los que se computarían desde la fecha de la constitución de la garantía hasta su efectivo pago (cfr. artículos 790, ap. 2 y 791 in fine del citado Código, 453, incisos “a”, “b” y “f” y 54, inciso “b” del decreto 1001/82 y dictamen 2723/03 -DV RTAG-) (página 109 del archivo en formato PDF agregado en la causa).
b) El 19 de junio de 2017 la parte actora interpuso un “[r]ecurso de impugnación […]” en los términos del artículo 1053 del Código Aduanero y, el 26 de julio de dicho año solicitó que se designara un sumariante en las actuaciones y la vista en las actuaciones (páginas 113/121 y 167 del PDF acompañado en la causa).
c) El 16 de octubre de 2018 se tuvo por deducida la impugnación en legal tiempo y forma y se agregó la documental aportada por la accionante. Asimismo, los días 23 de octubre y 15 de noviembre de tal año el servicio aduanero rechazó el recurso intentado, confirmó el cargo Nº 659/17 -por su importe nominal más intereses- y notificó lo decidido a la firma (páginas 199 y 201/205 del archivo en formato PDF acompañado en la causa).
d) El 10 de diciembre de 2018 la actora manifestó la voluntad de abonar lo intimado por el Fisco Nacional y, el 17 de abril de 2019, integró las sumas que estimó correspondientes, impugnando subsidiariamente las liquidaciones glosadas a fs. 69/71, por no ajustarse a los parámetros expuestos por la Resolución DE PRLA Nº 7879/18 (páginas 207 y 219/221 del archivo en formato PDF acompañado en la causa).
e) El 29 de abril de 2019 se afectó el pago referido y se solicitó que se informara si con dicha integración quedaba extinto el cargo en cuestión. Asimismo, el 7 de mayo de 2021 la accionante interpuso un pedido de “pronto despacho” (páginas 225 y 261 del archivo PDF agregado en la causa).
IV. Que, en estas condiciones y respecto de los recursos interpuestos por las partes contra la distribución de las costas de la sentencia bajo estudio, corresponde en primer término señalar que el artículo 1163 del Código Aduanero (ubicado en el Capítulo Tercero del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II Título III, vinculado al procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación) establece que: “[L]a parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo, la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición. […]”.
Ello así la norma citada recepta, como regla general, al principio objetivo de la derrota, precepto que hace cargar a quien ha perdido las costas producidas por el proceso incoado (sobre el postulado referido, ver esta Sala, in re: "Scarlatta, Ernesto Alberto c/EN – Mº Justicia y DDHH s/amparo por mora", causa Nº 4944/17, del 03/08/17).
En este sentido, debe destacarse que, por un lado, quien promueve una demanda lo hace por su cuenta y riesgo y que, por otro, la defensa de un derecho no puede significar un daño para quien se encuentra compelido a accionar judicialmente (cfr. CNac. Civ., Sala “G” in re “Bautista c/ Municipalidad de Buenos Aires”, del 28/02/91, 1992-II- Síntesis). Además, cabe recordar que las costas importan un resarcimiento de los gastos que ha debido efectuar una parte para lograr el reconocimiento de su derecho, destinadas a preservar la integralidad del derecho reconocido (cfr. CNac. Civ., Sala “M” in re “Romero, Ramón A. y otro c/Comisión Municipal de la Vivienda”, del 10/04/91, JA 1991-III- Síntesis).
De esta manera, el recurso intentado por la parte actora no puede prosperar; ello, habida cuenta de que la firma reviste, en las condiciones del pleito y en los términos de la sentencia recurrida, el carácter de “vencida” que la haría, por principio, cargar con las costas del conflicto. En efecto, y al margen de las exiguas consideraciones vertidas en su recurso respecto de la necesidad de litigar que le generó su contraria, lo real y concreto resulta ser que la empresa no ha discutido, siquiera tangencialmente, el rechazo de la demanda que decidió el tribunal administrativo, por considerar razonable la actividad administrativa desplegada por el servicio aduanero y que, por ende, no se había configurado una “demora injustificada” en el caso.
Es por las circunstancias referidas que, si bien el Tribunal Fiscal ha decidido eximirla de integrar los gastos causídicos del caso en ejercicio de las facultades conferidas por la normativa aplicable, ello en modo alguno puede implicar la modificación de su carácter de “vencida” y la consecuente imposición de las costas a su contraria.
Por ello, corresponde rechazar el recurso intentado por la parte actora y confirmar la sentencia apelada.
V. Que, por otro lado, debe adelantarse que tampoco ha de prosperar el recurso intentado por la demandada, habida cuenta de que no solamente la norma citada en el primer párrafo del Considerando que antecede confiere, lisa y llanamente, la facultad al Tribunal Fiscal de la Nación de eximir total o parcialmente de esa responsabilidad a los litigantes (actividad que ha realizado, al señalar que las particulares circunstancias relatadas y configuradas en la especie justificaban la distribución de los accesorios en el orden causado), sino que se advierte de la lectura del relato de los hechos efectuada en el Considerando III de la presente que el servicio aduanero aún no ha dictado la resolución pertinente.
En efecto, sobre esta última situación y pese a la presentación del pedido de “pronto despacho” que formuló la firma actora en sede administrativa, no se encuentra agregado instrumento alguno en estos actuados que dé plena certeza de que la parte demandada se hubiera pronunciado (a siete meses del pronunciamiento apelado) respecto de lo allí peticionado, circunstancia que justifica la distribución adoptada por la instancia de origen.
Como corolario de lo señalado, corresponde de igual modo rechazar el recurso intentado por la parte demandada y confirmar la decisión apelada.
VI. Que, en atención a la forma en que se resuelve, las costas de esta instancia se distribuyen por su orden (cfr. segunda parte del artículo 68 del C.P.C.C.N.).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) rechazar las apelaciones interpuestas por ambas partes y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado en cuanto ha sido materia de los respectivos recursos y 2º) distribuir las costas de esta instancia por su orden (cfr. segunda parte del artículo 68 del C.P.C.C.N.).
Se deja constancia de que el Dr. Luis M. Márquez no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (cfr. artículo 109 del R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia