Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 26707-A
Lo que resolvió el tribunal
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C/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 1) Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la resolución de fs. 119/122vta.; con costas.
2Reducir las regulaciones de honorarios y fijar los correspondientes a la actuación ante esta Cámara del modo en que surge del considerando 6°.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 28782/2025 MAROTTA, HERNAN DELFOR (TF 26707-A Y ACUM)
c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 12 de febrero de 2026.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 119/122vta., el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución DE PRLA 116/09, dictada en la actuación 12036-63-2005, en cuanto había condenado al despachante de aduana Hernán Delfor Marotta, en forma solidaria con la importadora Telefónica Móviles de Argentina SA, al pago de una multa por la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1º, inciso c, del Código Aduanero, con relación a la destinación 03 073 IC04 120317N.
Impuso las costas al demandado.
Para resolver como lo hizo, relató que la imputación se había originado en el marco de la importación de terminales portátiles de telefonía celular marca Kyocera, documentadas mediante los despachos 03 073 IC04 120317N (por 3.000 unidades, amparadas por la factura 28959 y la guía aérea 2127-02191696) y 03 073 IC04 119554B (3.400 unidades, factura 28958 y guía aérea 2127-02191630). La controversia surgió al constatarse una diferencia con relación a la mercadería documentada por el despacho 03 073 IC04 120317N, pues de las 3000 unidades de teléfonos se embarcaron 2900, mientras que las 100 restantes se cargaron conjuntamente con el otro embarque, que fue documentado por el despacho 03 073 IC04 119554B.
Las coactoras atribuyeron el error al transportista, pues se invirtieron parte de los bultos consignados en los documentos de transporte con relación a ambos despachos. Además, hicieron ver que las mercaderías declaradas en una y otra destinación correspondían a una misma partida, y que se había formulado una autodenuncia del sobrante correspondiente al faltante en estas actuaciones.
En ese marco, el Tribunal explicó que la discusión pasaba por determinar si la discrepancia en las cantidades tenía potencialidad para causar un giro de divisas distinto del que correspondía. Dejó asentado que se trató de una simple inversión de contenido y que se había podido constatar que todos los bultos arribaron al territorio aduanero y se libraron a plaza (cfr. actas de constatación del 5/1/04 y 13/2/04). Sostuvo, con remisión a precedentes propios y a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 299:203 "Kodak", el cual entendió aplicable cambiando lo que se debiera cambiar), que los casos en que el exceso advertido en un contenedor resulta idéntico al faltante en otro del mismo medio de transporte no tienen potencialidad para afectar el giro de divisas. Sobre tales bases, concluyó que la conducta imputada no era apta para configurar la infracción de declaración inexacta prevista en el artículo 954, inciso c, del Código Aduanero, ya que no tuvo virtualidad para producir un daño. Agregó que aplicar la sanción en esta clase de contexto sería un rigorismo excesivamente formal. Por todo lo expuesto, revocó la multa impuesta.
Con respecto al despachante de aduana, aclaró que no era responsable, por no haberse configurado la infracción.
Finalmente, declaró innecesario pronunciarse sobre los restantes planteos de las recurrentes.
2. Que, disconforme, el Fisco Nacional interpuso apelación a fs. 166/vta., que se concedió a fs. 168, se fundó a fs. 175/181vta. y fue replicada a fs. 185/201vta. y 205/207vta.
Cuestionó que el Tribunal Fiscal hubiese hecho referencia a institutos como la inversión de contenido y los sobrantes y faltantes, sin atender debidamente a los presupuestos de su aplicación. Transcribió las previsiones de los artículos 163 y 164 del Código Aduanero, señalando que existen mecanismos específicos mediante los cuales el importador puede justificar los sobrantes y faltantes al momento de la descarga. Asimismo, transcribió el artículo 917 e hizo consideraciones generales sobre la autodenuncia y los requisitos para su procedencia, los que —a su entender— no se encontraban reunidos en el caso, toda vez que al DI 03 073 IC04 120317N, denunciado en esta actuación, se le había asignado canal de selectividad naranja y ordenado la verificación obligatoria de la mercadería.
En relación con la inversión de contenido, sostuvo que se trata de una creación jurisprudencial de aplicación restrictiva, reservada únicamente para los supuestos en que se detecte un sobrante en un despacho idéntico al faltante de otro, que haya sido objeto de declaración y respecto del cual se hubiesen abonado los tributos correspondientes. Además, requiere que los contenedores en los que se hubieren detectado los respectivos sobrantes y faltantes hayan arribado en el mismo embarque. A su juicio, la decisión apelada no especificaba cuáles eran las circunstancias de este caso que lo asemejaban al precedente de la Corte en la causa “Kodak”. Alegó que este caso presentaba “ciertas particularidades que ameritan un estudio más detallado del que hace el Tribunal Fiscal” y reiteró que se trataba de mercadería a la que se le había asignado canal naranja de selectividad y respecto de la cual se ordenó su verificación obligatoria (fs. 180). Finalmente, recordó que la operatoria aduanera se basa en la confianza en lo declarado, transcribió los requerimientos de la solicitud de destinación de importación para consumo previstos en el artículo 234, y sostuvo que la conducta de las recurrentes había transgredido el principio de veracidad y exactitud de las declaraciones y manifestaciones presentadas ante la Aduana, resultando pasible de sanción en los términos del artículo 954 del Código Aduanero.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 28782/2025 MAROTTA, HERNAN DELFOR (TF 26707-A Y ACUM)
c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 3º) Que, por otra parte, a fs. 147/vta., se regularon los honorarios de la representación letrada de las coactoras; los que fueron apelados por bajos a fs. 152 (letrado Menéndez) y por altos a fs. 155/156. Ambos recursos se concedieron a fs. 159.
4. Que la infracción prevista por el artículo 954 del Código Aduanero queda condicionada a la concurrencia de dos elementos sin los cuales no puede considerarse, desde el punto de vista objetivo, que exista acción punible: a) la constatación de una diferencia entre la declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera, y el resultado de la comprobación física o documental que realice el servicio aduanero; y b) que esa inexactitud produzca, o pueda producir, alguna de las consecuencias previstas en los incisos a, b, o c, de la norma, porque, como también lo establece la Exposición de Motivos del Código Aduanero, “si la declaración incorrecta no es idónea para provocar alguno de estos efectos no es punible en sí misma” (en relación a la Sección XII, Título II, Capítulo 7º, ap. 2, 3er párrafo). Ello sin perjuicio de que no se requiera el efectivo daño sino la posibilidad concreta de que ello ocurra (cfr. esta Sala, causas 10060/12 “Bankboston National Association”, sentencia del 14/8/12; y 56316/15 “Atanor SCA”, fallo del 3/3/16, entre otros; con referencia a la doctrina de Fallos: 312:1997; 315:929 y 942; 321:1614; 322:355; 325:786 y 830; y causa R.867.XLVIII “Río Chico SA (TF 29758-A) c/DGA”, resol. del 23/9/14).
5. Que el Tribunal Fiscal de la Nación concluyó que no se configuraba la infracción en trato, precisamente, por la falta de idoneidad de la conducta para producir un ingreso de divisas diferente del correspondiente.
Tuvo en cuenta para ello que las cantidades declaradas coincidieron con las que efectivamente arribaron al territorio aduanero y se libraron a plaza, a partir de un análisis global de los despachos de importación. Hizo un minucioso análisis de las declaraciones contenidas en cada despacho, como así también de la descripción que hacía cada factura de los bultos, las unidades que tenía cada uno y su número de paquete; lo cual le permitió determinar concretamente la cantidad de unidades declaradas en cada despacho de importación y su número de identificación. A su vez, ponderó las actas labradas por escribano público el 5/1/04 y 13/2/04; que, a partir de la identificación numérica de cada paquete, permitieron constatar que todas las unidades habían sido efectivamente libradas a plaza.
Esas pruebas no merecieron comentario alguno del Fisco, ni fueron enervadas en el memorial; circunstancia que basta para adoptar una solución confirmatoria, en razón de la limitación ínsita al recurso ante esta Cámara, y la carga que pesa sobre todo aquel que impugna una decisión jurisdiccional (arg. arts. 1180 y 1182 del CA, y arts. 265 y 266 del CPCCN).
Sin perjuicio de lo expuesto, se aclara que, de un modo acorde con lo que resolvió el tribunal administrativo, esta Cámara también ha considerado improcedente la imputación por declaración inexacta cuando se acredita un supuesto de inversión de contenido de la declaración, en sintonía con la interpretación de la Corte federal, y debido a la falta de concurrencia del efecto lesivo previsto en el tipo infraccional (cfr. Sala I, causa 3859/19 “Wylder, Sebastián Alejandro (TF 28953-A) y otro c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 31/10/19).
Por todo lo expuesto, corresponde desestimar la apelación y confirmar la decisión de fs. 119/122vta., con costas (art. 68, primer párr., del CPCCN).
6. Que resta tratar las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios de fs. 147/vta.
Al respecto, en función de la naturaleza del proceso, el monto del juicio, el resultado obtenido, y la extensión, calidad, eficacia y fecha de realización del trabajo profesional cumplido por Jorge E. Rodriguez Larreta, por su actuación en carácter de letrado apoderado del coactor Hernán Delfor Marotta, durante la única etapa que tuvo el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde REDUCIR los emolumentos fijados a su favor a la suma de $35.000 (arts. 6º, 7º, 9º y ccds. de la ley 21.839, modif. por ley 24.432).
Siguiendo idénticas pautas, corresponde REDUCIR los emolumentos fijados a favor de Francisco J Menendez, por su actuación en carácter de letrado apoderado de la importadora Telefónica Móviles de Argentina SA, en la única etapa del proceso, a la suma de $35.000.
A su vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley 27.423, corresponde REGULAR los honorarios de Jorge E. Rodriguez Larreta (letrado apoderado del coactor Marotta), Patricia S. Feliciano (patrocinante de la coactora importadora) y Francisco J Menendez (apoderado de la importadora), por su actuación en esta instancia (cfr. contestaciones de agravios), en las sumas de $30.569,7, $30.569,7 y $12.227,88 ⸻equivalentes a la cantidad de 0,35, 0,35 y 0,14 UMA, respectivamente (res. CSJN SGA 36/26)⸻.
Se deja constancia que las regulaciones que anteceden no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, monto que, en su caso, deberá ser adicionado conforme a la situación de las profesionales intervinientes frente al citado tributo. Además, deberán cancelarse, en lo pertinente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423. Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 28782/2025 MAROTTA, HERNAN DELFOR (TF 26707-A Y ACUM)
c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 1) Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la resolución de fs. 119/122vta.; con costas.
2. Reducir las regulaciones de honorarios y fijar los correspondientes a la actuación ante esta Cámara del modo en que surge del considerando 6°.
Regístrese, notifíquese y siga la causa con el DEOX enviado el 1/9/25.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia