Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 42.756-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones Nº 82/2015 y 84/2015 (DV SRR1) respecto del Impuesto a las Ganancias en todas sus partes, con costas.
2Regular honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 40.571 (Pesos cuarenta mil quinientos setenta y uno) por el patrocinio letrado y de $ 26.371 (Pesos veintiséis mil trescientos setenta y uno) por la representación procesal, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en la etapa cumplida, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la Ley Nº 21.839, modificada por la Ley Nº 24.432.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe firma conjunta Número: IF-2024-21031249-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 28 de Febrero de 2024 ANGÉLICA" VOC. XII En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O’Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N° 42.756-I caratulado “MÁRQUEZ, JESÚS TEODORO Y MÁRQUEZ, VIOLETA ANGÉLICA s/recurso de apelación – Impuesto a las Ganancias - Bienes Personales-”.
El Dr. Martin dijo:
I. Que a fs. 60/64, el Sr. Jesús Teodoro Márquez y la Sra. Violeta Angélica Márquez interponen recurso de apelación contra las resoluciones de fecha 18/03/2015 dictadas por el Jefe (Int) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Sur de la AFIP-DGI:
• Resolución Nº 82/2015 (DV SRR1) por la cual se determinó de oficio la materia imponible y la obligación impositiva de Jesús Teodoro Márquez frente al Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2006, con más intereses resarcitorios, • Resolución Nº 83/2015 (DV SRR1) por la cual se determinó de oficio la materia imponible y la obligación impositiva de Jesús Teodoro Márquez frente al Impuesto a los Bienes Personales por el período fiscal 2006, con más intereses resarcitorios, • Resolución Nº 84/2015 (DV SRR1) Se determinó de oficio la materia imponible y la obligación impositiva de Victoria Angélica Márquez frente al Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2006, con más intereses resarcitorios y, • Resolución Nº 85/2015 (DV SRR1) Se determinó de oficio la materia imponible y la obligación impositiva de Victoria Angélica Márquez frente al Impuesto a los Bienes Personales por el período fiscal 2006, con más intereses resarcitorios.
En las mismas se les atribuye la tenencia de una cuenta bancaria en la Confederación Suiza, no habiendo justificado el incremento de los saldos durante el período fiscal 2006.
En primer lugar plantean la nulidad de los actos administrativos en virtud de que el origen de la información intercambiada con la República Francesa, que fuera utilizada por el Organismo Fiscal para determinar los tributos señalados, posee una génesis delictiva ya que fue aportada por un empleado infiel del banco HSBC, hecho público y de notorio conocimiento. Destacan la imposibilidad legal de derogar el secreto bancario sin una orden judicial, en el marco de un proceso y con adecuados fundamentos. Niegan enfáticamente ser clientes del banco HSBC y recalcan que las resoluciones apeladas no hacen referencia alguna a los argumentos postulados, por lo que deberían considerarse infundadas, además de vulnerar el derecho de defensa. Exponen una evidente arbitrariedad por parte del Fisco, al dar por cierto que son clientes del HSBC y que son titulares de las cuentas y saldos que se les atribuye.
Por último, peticionan que oportunamente se dicte sentencia revocando las resoluciones apeladas y hacen reserva del caso federal.
II. Que, a fs. 75/87, el Fisco Nacional se presenta y contesta el traslado del recurso, solicita su rechazo por las razones de hecho y de derecho que expone.
Explica que los apelantes omitieron consignar en sus declaraciones juradas del impuesto sobre los Bienes Personales y el Impuesto a las Ganancias correspondientes al período fiscal 2006, el saldo de sus cuentas bancarias radicadas en una entidad de la Confederación Suiza. Que esa información fue obtenida en el marco del Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio (ley 22.357 y su Protocolo Mod. ley 26.276).
Alega que no debe hacerse lugar a las nulidades planteadas ya que la información que dio origen a las actuaciones fue obtenida en el marco del mentado convenio.
Describe que recibió información de la Administración de la República Francesa en la que consta que los recurrentes poseían al 31 de diciembre de 2006 cuentas no declaradas en una entidad bancaria de la Confederación Suiza (HSBC), a pesar de figurar ambos como account holder ( fs. 7 de los aa).
Sobre los intereses resarcitorios, pide que sean confirmados debido a que fueron liquidados en conformidad con el art. 37 de la ley de procedimiento fiscal (t.o. en 1998 y modificaciones) sin que se hayan expuesto agravios.
Solicita que se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas. Aporta antecedentes administrativos. Hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 89 se elevaron las actuaciones a consideración de la Sala “B” y a fs. 92/93 se declaró la incompetencia parcial en razón del monto de este Tribunal respecto de las resoluciones Nº 83/2015 y Nº 85/2015 con relación al Impuesto sobre los Bienes Personales, con costas, quedando reducida la litis a las resoluciones Nº 82/2015 y Nº 84/2015 que recaen sobre el Impuesto a las Ganancias.
A fs. 111, con fecha 30/09/2022, se agrega la excusación formulada por el Dr. Pablo Porporatto, en su calidad de Vocal Instructor, y a fs. 116 en virtud del sorteo efectuado el día 02/11/2022 por la Secretaría General de Asuntos Impositivos, la causa quedó radicada en la Vocalía de la 12° Nominación, Sala “D”.
Que a fs. 102 la Vocalía de origen, intimó a las partes para que informasen si el objeto de las actuaciones se encontraba alcanzado por los beneficios establecidos por el régimen de la ley N° 27.541 (y mod.). A fs. 109 el Fisco Nacional contestó el requerimiento efectuado e informó que las obligaciones sustanciales discutidas no fueron canceladas ni regularizadas por ninguno de los dos contribuyentes. Los contribuyentes no dieron respuesta a la intimación efectuada.
IV. Que ello así, mediante PV-2023-61097712- -APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D” y mediante IF-2023- -APN-VOCXII#TFN se pasan los autos para dictar sentencia.
V. Que en primer lugar cabe resolver la defensa de nulidad opuesta por ambos recurrentes con fundamento en que las resoluciones recurridas tienen un origen delictual y que poseen vicios en el procedimiento al sostener que carecen de fundamentación. Asimismo, niegan ser clientes del banco HSBC, por lo que entienden que las resoluciones los obligan a generar una prueba negativa que los autoinculpa.
Que no puede pasarse por alto que los argumentos esgrimidos como base de tal defensa se entremezclan con la cuestión de fondo traída a resolver, a lo que cabe señalar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones sino tan sólo pronunciarse en aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970).
Que la fiscalización electrónica se desarrolló en conformidad con lo dispuesto por la Resolución General AFIP N° 3416/2012 y luego se iniciaron los respectivos procedimientos de determinación de oficio, en el cual ambos recurrentes presentaron sus descargos en resguardo de su derecho de defensa.
Ahora bien, en cuanto a los planteos nulificantes corresponde tener en cuenta que la fiscalización electrónica N° 2303582 tiene origen en la información sobre cuentas bancarias en entidades financieras de la Confederación Suiza pertenecientes a contribuyentes argentinos que fue proporcionada en soporte magnético por la Administración Francesa al entonces Administrador Federal de Ingresos Públicos en el marco del Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio receptado por la ley N° 22.357 y su Protocolo Modificatorio aprobado por ley N° 26.276.
Que en el art. 2 del Convenio se dispone su aplicación a los impuestos sobre la renta o sobre el patrimonio exigibles por un Estado, especificando en el apartado 3 que para la República Argentina entre los tributos alcanzados se encuentran los Impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales (texto según Protocolo Modificado, ley N° 26.276 -B.O. 13/08/07-).
Por su parte en su art. 27 se estableció que “las autoridades competentes de los Estados intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones del presente convenio, o aquellas de la legislación interna de los Estados relativas a lo impuestos comprendidos por el convenio, en la medida en que la imposición que ella prevé no sea contraria al convenio. Dicho intercambio de información no se verá restringido por las disposiciones del artículo 1. Las informaciones que reciba un Estado serán mantenidas en secreto de la misma manera que los intercambios obtenidos por aplicación de la legislación interna de ese Estado y solo se entregará a las personas o autoridades (incluso tribunales y órganos administrativos) a quienes competa el establecimiento o recaudación de los impuestos comprendidos en el Convenio, o la sustanciación de causas judiciales o apelaciones relativas a impuestos, o para las decisiones sobre los recursos concernientes a estos impuestos. Estas personas o autoridades solo usarán estos informes para estos fines. Podrán revelar las informaciones en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales”. Que de la citada norma queda evidenciado que ambos Estados deben brindarse asistencia mutua en materia de intercambio de información y de ningún modo impide que uno de los Estados voluntariamente suministre al otro datos referidos a los impuestos previstos en el Convenio.
Que en la actualización aprobada por el Consejo de la OCDE al art. 26 del Modelo de Convenio al pronunciarse sobre el “intercambio de información” entre países contratantes se indicó que los datos en materia tributaria podían ser utilizados para otros propósitos cuando así lo permitan las leyes de ambos Estados y la autoridad competente del país que la haya suministrado lo autorice, aclarando que los Estados no tienen la libertad de participar en “expediciones de pesca”, pero sí se puso de relevancia que la norma exige que exista una posibilidad razonable de que la información sea relevante para los asuntos fiscales de uno o varios contribuyentes debidamente identificados. Además, de los comentarios al Modelo de Convenio de la OCDE surge que la regla del art. 26 del citado permite el intercambio de información a través de una solicitud previa, de manera automática y de forma espontánea, permitiendo que el Estado informante brinde los datos que fueron obtenidos en el curso de determinada investigación y que él supone que ofrecen interés para el otro Estado. Que dicha norma en su apartado 2 prevé que la información puede comunicarse a las autoridades competentes en materia de recaudación, y en este caso ha sido proporcionada al Administrador Federal de Ingresos Públicos.
Por otro lado de los arts. 1 y 3 del citado Convenio se desprende que el mismo se aplica a personas físicas, sociedades y toda otra agrupación de personas que sean residentes de uno o de ambos Estados, entendiéndose por “residente de un Estado" a "toda persona que, en virtud de la legislación de este Estado, esté sujeta a imposición de él por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga” (conf. art. 4). Que de lo expuesto se desprende que el intercambio de información se ajusta a las previsiones del tratado internacional en cuestión, en tanto la aprobación o intervención de las autoridades de la Confederación Suiza no puede plantearse como un requisito necesario para que el intercambio se hubiere realizado, ni se advierte violación alguna a la regla “pacta sunt servanda” a tenor de lo precisado en el Convenio que se ha venido analizando.
Que tampoco puede prosperar la teoría del fruto del árbol envenenado para restar valor probatorio a la información recibida desde el exterior.
Al respecto cabe recordar que en el campo del derecho procesal tributario, cuyo fundamento último no es otro que la salvaguarda de los derechos constitucionales del individuo, en particular el resguardo del debido proceso adjetivo, se entiende que la 'regla de exclusión probatoria’ que deriva de su vigencia debe ceder ante la existencia de una fuente independiente de convicción sobre los hechos. En otros términos, la nulidad del acto procesal comprende a la de la prueba que él contenga, pero no puede extenderse a otras pruebas derivadas de él en la medida que no sean consecuencia inmediata de aquella irregularidad, y que exista la posibilidad de obtener la prueba cuestionada por otros medios (conf. CSJN fallos 308:733; Cámara Federal de La Plata, Sala II, “Villanueva. Héctor y otro” del 27 de diciembre de 1984). Que no puede dejarse de lado que el Fisco se encuentra facultado a verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los responsables, y en tal sentido, los datos que emplea el organismo recaudador para determinar el tributo adeudado en autos admiten prueba en contrario. Que en este caso los recurrentes aseveran que no son titulares de dichos fondos, lo que será objeto de análisis, debiendo descartarse los motivos en los que se basa para restar validez a los datos que brindó la autoridad francesa.
Que a tenor de lo expuesto, cabe concluir que los apelantes no han logrado demostrar cuál ha sido la defensa de la que se vieron privados de oponer por el intercambio de información cursado entre las autoridades fiscales francesas y de nuestro país, en tanto la misma se llevó a cabo en el marco del Convenio para evitar la doble imposición antes referido. Que en el marco de lo analizado no se evidencian elementos nulificantes que puedan recaer sobre las resoluciones apeladas en tanto han sido dictadas conforme el Convenio mencionado y la legislación tributaria de los Estados Contratantes; lo que le otorgan a las mismas suficiente validez legal. En consecuencia corresponde rechazar la defensa de nulidad impetrada por los apelantes.
VI. Que ello así, cabe establecer si las resoluciones apeladas se ajustan a derecho.
Que conforme surge de la inscripción en la AFIP, el Sr. Jesús Teodoro Márquez presta “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración en sociedades excepto las anónimas” y la Sra. Violeta Angélica Márquez presta “servicios personales NCP”.
Que en este caso, la información solicitada tiene vinculación con la causa judicial por evasión fiscal y lavado de activos seguida a la entidad HSBC, cursada a las autoridades competentes de la República Francesa por el entonces Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Argentina.
Así es como bajo la modalidad de “previa petición” la Administración de la República de Francia brindó información sobre cuentas bancarias no declaradas en entidades financieras de la Confederación de Suiza pertenecientes a contribuyentes argentinos en el marco del Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio normado por la ley N° 22.357 y su Protocolo Modificatorio aprobado por ley N° 26.276.
Que en la fiscalización electrónica N° 2303582 se constató que omitieron declarar en sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2006 el incremento en el saldo de las cuentas bancarias radicadas en una entidad financiera de la Confederación Suiza (HSBC), dejando de ingresar los gravámenes en su justa medida. Que de los datos obtenidos se verificó que los recurrentes poseían una cuenta bancaria en Suiza no declarada (de la que corresponde el 50% de titularidad cada uno) creada el 21/09/2004 con un saldo de U$$ 392.039.- al 31 de diciembre de 2006. (Cpo. aa Ctas. Suiza y remisión de actuaciones) por las que no ingresaron el impuesto en su justa medida en razón de que omitieron declarar el aumento durante el año 2006 del saldo de la cuenta en la entidad bancaria HSBC PRIVATE BANK (SUISSE), lo que provocó que el Fisco lo considerara un incremento patrimonial no justificado de $ 142.188.12.- (entre ambos recurrentes).
De esta manera, para el Sr. Jesús Teodoro Márquez surgió un impuesto a ingresar de $ 12.961,40.- y para la Sra. Violeta Angélica Márquez un monto idéntico.
Que la cuenta involucrada es la 42832 JV - n° 5091418467 la que a diciembre de 2006 registraba un saldo de U$S 392.039 y al 31 de diciembre de 2005 de U$S 344.988, generándose una diferencia de U$S 47.051, según planilla obrante en las actuaciones administrativas (fs. 53)., la que conformó el incremento no justificado.
VII. Que prima facie un incremento patrimonial pudo haberse generado por la omisión de ingresos, sin embargo el incremento podría justificarse y en consecuencia desligarse de la figura que contempla el artículo 18 inc. f) de la Ley 11.683 –incremento patrimonial no justificado, lo que no sucede en el caso de estudio, debido a la falta de demostración del origen del ingreso que se debate.
Que de lo expuesto hasta aquí, se desprende que los elementos recabados por la inspección resultan contundentes para sostener que los aquí recurrentes no han aportado la documentación suficiente para poder sostener su postura. Que en este plano, la ausencia de documentación de respaldo coloca a los recurrentes en la imposibilidad de fundar documentalmente sus afirmaciones, toda vez que el caso bajo análisis es, en definitiva, una cuestión de hecho y prueba. Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del C.P.C.C.N. deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 218:312, 294:69 y 328:53).
Que las defensas articuladas por los recurrentes hacen hincapié en la validez de la información utilizada para fundar el dictado de las resoluciones apeladas, lo que ya fue objeto de tratamiento en el Considerando V, pero no exponen críticas convincentes sobre la titularidad y consiguiente atribución de la cuenta bancaria ya que solo se limitan a negar la existencia de la misma y luego a cuestionar su dictado y validez, sin incorporar elementos útiles para contradecir la postura fiscal.
Que en ese sentido deviene aplicable el criterio según el cual, cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración intergiversable de los hechos. Por todo lo expuesto, corresponde confirmar las resoluciones que determinaron el Impuesto a las Ganancias de ambos recurrentes, con costas.
VIII. Que en lo que se refiere a los intereses resarcitorios intimados, debe señalarse que ellos son la consecuencia de la existencia de deudas impositivas impagas a su vencimiento y teniendo en cuenta que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas establecidas al efecto por la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.), y atento que la recurrente tampoco ha formulado agravios con relación a los mismos, procede disponer su confirmación.
IX. Por lo expuesto, voto por confirmar las resoluciones Nº 82/2015 y 84/2015 (DV SRR1) respecto del Impuesto a las Ganancias en todas sus partes, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
Que, tanto sobre la nulidad planteada por los recurrentes como respecto de los agravios vertidos con relación a la cuestión de fondo adhiero a los fundamentos expuestos en el voto del Vocal Instructor y por lo tanto corresponde confirmar el ajuste practicado en los actos determinativos del impuesto a las ganancias apelados y los intereses resarcitorios allí intimados, toda vez que no se efectuó en autos ninguna diligencia adicional que demuestre que la cuenta bancaria que se les atribuye no era de su titularidad ni alegan las razones por las cuales no declararon su existencia oportunamente. Las costas se imponen a cargo de la parte vencida.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Comparto el relato de los antecedentes efectuado por el Vocal Instructor en los Considerandos I a IV de su voto.
II. Con relación al planteo de nulidad opuesto por vicios en el procedimiento previo al dictado de las Resoluciones, a la fecha en que este pronunciamiento se emite ya existe jurisprudencia del fuero en lo Penal Económico en la que, tras un profundo análisis, se resolvió a favor de la validez de la documentación en la que el Fisco Nacional sustentó tales determinaciones, así como la forma de su obtención. Dicha documentación se compone de las denominadas Fichas BUP en las que bajo un Código se describe la situación patrimonial de personas o grupos de personas, humanas o ideales, asentadas en archivos informáticos en entidades bancarias.
En efecto, en el denominado “Incidente de Nulidad sobre el origen de la prueba formado en la Causa N° CPE 1652/2014, caratulada “HSBC Bank Argentina SA s/infracción ley 24.769”, sentencia del 7 de marzo de 2017, en lo que aquí interesa se sostuvo: “… tampoco se ha demostrado que la prueba incorporada al proceso – que es la misma en base a la cual se dictaron los actos apelados en autos - vulnere de manera directa y concreta algún derecho fundamental de los imputados...”;en cuanto al desarrollo del procedimiento “… la eventual verificación de las inobservancias alegadas por las defensas no comportan per se una causal de nulidad, sino que podrían eventualmente incidir en la fuerza probatoria con la que se valoren esos elementos”, criterio que también comprende a los defectos formales que se acusan respecto a su traducción y legalización; sobre la validez del procedimiento seguido en aplicación del convenio aprobado por la ley 22.357 y sus modif. que “… el intercambio de información cuestionado se ajustó a las pautas establecidas por dicho tratado, la intervención o aprobación de la Confederación Suiza no constituía un requisito necesario para su celebración ni tampoco se verifica una violación a la regla internacional “pacta sunt servanda”, teniendo en consideración los derechos y obligaciones internacionales contraídas por Argentina y Francia”.
Dicha sentencia fue confirmada por la Cámara Nacional en lo Penal Económico el 22 de diciembre de 2017 en donde asimismo se dijo que “…no se advierte, ni las partes recurrentes logran demostrar cuál habría sido el derecho subjetivo que las personas imputadas en la causa se vieron imposibilitadas de ejercer, al momento del trámite respectivo o con posterioridad, por el hecho de que las autoridades de la República Argentina y de la República Francesa hayan canalizado la transmisión de la información de la que se trata por la vía prevista por el convenio mencionado, en lugar de una distinta”.
El criterio citado es acorde al adoptado por tribunales de otros países ante similares reclamos tales como precedentes de la Republica de Francia o del Tribunal Constitucional Español –Conf. Sentencia N° 97/20199, del 16 de julio 2019, publicada en www.tribunalconstitucional.es.
Cabe destacar que lo expuesto ha sido igualmente desarrollado al votar en los Expedientes “Zeitune, Ezra” (sent. del 2/7/2021), “Kohn, Joaquín Isidoro” (sent. 2/6/2022), “Windler, Darío Gabriel” (sent. del 30/5/2022) que se encuentran firmes a la fecha, entre otros, y en “Busnelli, Roberto Oreste Antonio” (sent. del 13/11/2019), confirmado especialmente en lo que aquí se trata por la Cámara que ejerce de Alzada de este Tribunal con fecha 1 de septiembre de 2022. En el caso, se advierte que los recurrentes han tenido posibilidad de alegar sus defensas y de probar sus dichos en todas las instancias previstas para ello en la ley 11.683 y también ante este Tribunal, por lo que no puede considerarse que los actos administrativos recurridos, que, además, por ley gozan de la presunción de legitimidad que les acuerda el art. 12 de la ley 19.549, sean el resultado del ejercicio de facultades arbitrarias o discrecionales.
Es por dichas razones que deben rechazarse el planteo de nulidad, sin imposición de costas (Fallos 336:70, “Bolland”).
III. En cuanto a la cuestión de fondo adhiero a la decisión que propone el Vocal Instructor en los Considerandos VI, VII, VIII, IX.
Que en virtud de los votos expuestos, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones Nº 82/2015 y 84/2015 (DV SRR1) respecto del Impuesto a las Ganancias en todas sus partes, con costas.
2. Regular honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 40.571 (Pesos cuarenta mil quinientos setenta y uno) por el patrocinio letrado y de $ 26.371 (Pesos veintiséis mil trescientos setenta y uno) por la representación procesal, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en la etapa cumplida, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la Ley Nº 21.839, modificada por la Ley Nº 24.432. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA. Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2024.02.26 15:33:10 -03:00 Date: 2024.02.26 18:06:41 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.02.28 13:06:29 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.02.28 13:06:30 -03:00
Fin de la sentencia