Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 12 de Mar del Plata · Causa 41663
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Haciendo lugar a la demanda por indemnización de daños y perjuicios promovida por Adrián Gustavo Martinez con el patrocinio letrado del Dr. Ricardo Daniel García, contra Empresa de Transporte Peralta Ramos S.A.C.I. y condenando en consecuencia a esta última y a la citada en garantía Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, a abonar a la parte actora, en el plazo de diez días de quedar ejecutoriada la presente, la suma de Trece millones ciento treinta y siete mil setecientos sesenta pesos ($ 13.137.760), más intereses y costas del juicio (art. 68 del C.P.C.C.).
2Conforme lo expuesto en el capítulo 5to., la extensión de la condena respecto de la citada en garantía, será en la medida del seguro a valores vigentes en la etapa de ejecución de sentencia (argto. Sala 1ra. de la Cámara Civil y Comercial de Apelación de Mar del Plata en autos "Biocca, Nerea Celeste c/ Paseo Normandie S.A. s/ Daños y perjuicios por incumplimiento contractual" citados, causa nro. 184.409, S del 12 de Mayo de 2026).
3Desestimando los planteos de actualización monetaria y de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley nro. 23.928 formulados por la parte accionante, sin costas conforme lo expuestos en el capítulo 6to. de los considerandos (arts. 68 2do. párrafo y 69 del C.P.C.C.).
4Los intereses moratorios sobre el capital de condena serán liquidados desde las fechas y en la forma explicitada en el capítulo 6to. de esta sentencia. …
Juzgado Civil y Comercial Número 12 - Expediente número 41663 (FF).
Nro. Receptoría: MP-9555-2024
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Ciudad de Mar del Plata.-
VISTAS: Estas actuaciones caratuladas: " MARTINEZ, Adrián Gustavo c/ PROTECCIÓN MUTUAL DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS y otra s/ DAÑOS Y PERJUICIOS ", traídas a despacho para dictar sentencia.
I. Que mediante escrito del 31/08/2024 (18:42:18 hs.) -escrito en papel agregado en archivo adjunto- , se presenta Adrián Gustavo Martinez con el patrocinio letrado del Dr. Ricardo Daniel García.
Promueve demanda por resarcimiento integral de daños y perjuicios, contra Transportes Peralta Ramos S.A..
Reclama la suma de Tres millones setecientos noventa y cinco mil trescientos sesenta y dos pesos con veinticuatro centavos ($ 3.795.362,24), o lo que en más o en menos estime V.S. acorde con la prueba a producirse, intereses desde el hecho, actualización por depreciación de la moneda y costas.
Solicita se declare la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley nro. 23.928, a partir del precedente "Barrios" de la S.C.B.A..
Alude a la competencia. Funda la legitimación pasiva en la circunstancia que la accionada es titular de la explotación del colectivo con el cual se ocasionaron los daños, además de titular registral y de la póliza.
Relata que el día 25 de Noviembre de 2023, aproximadamente a las 8 horas, el dicente circulaba en su vehículo marca Chevrolet Agile, dominio JCR-949, por Avenida Patricio Peralta Ramos de Mar del Plata, en sentido sur-norte y por el carril izquierdo.
Refiere que mientras cruzaba la Avenida Pedro Luro, con el semáforo en verde, el colectivo de la línea 571 perteneciente a la empresa demandada, circulaba también por la avenida, en igual sentido, pero por el carril de su derecha.
Afirma que en la ocasión, la unidad de transporte se cruza de carril y con la parte trasera izquierda del colectivo, embiste la parte delantera derecha, el espejo retrovisor, la puerta delantera derecha, el guardabarro y el paragolpe delantero derecho de su automóvil.
Explica el dicente que circulaba a la izquierda del colectivo y la trompa de su rodado estaba justo a la mitad de la unidad.
Asegura que el chofer, en una maniobra brusca, negligente y descuidada, cambió de carril y no solo que lo encerró, sino que lo embistió.
Destaca que el colectivero nunca miró por el espejo retrovisor para cambiar de carril, lo hizo sin mirar hacia atrás, sin importarle el vehículo de gran porte que conducía.
Considera que el chofer pretendía llegar primero que cualquier vehículo a la rotonda que lleva hacia la Diagonal Alberdi norte, que se encuentra varios metros delante del lugar donde ocurrió el impacto.
Señala que la palabra accidente debe ir acompañada de la palabra evitable.
Hace hincapié en el artículo 64 de la ley de tránsito y estima que el conductor del colectivo transgredió su deber de circular con cuidado y prevención y de estar atento a las contingencias del tránsito.
Asevera que de haberlo hecho, hubiese advertido que el ahora actor cruzaba con prioridad de paso.
Detalla rubros y montos reclamados.
Que por gastos de reparación del vehículo y en base a los presupuestos que adjunta, pretende la suma de $ 2.695.362,24.
Que por desvalorización venal solicita $ 800.000 y por privación de uso , $ 300.000.
Practica liquidación, la que arroja la suma reclamada en la demanda.
Ofrece prueba y pide que se cite en garantía a Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros.
Que también requiere que se libre oficio a la S.S.N., a fin que informe si la compañía aseguradora efectuó la reserva técnica.
Acompaña acta de cierre de la mediación prejudicial y solicita beneficio de litigar sin gastos.
Peticiona que se condene a las demandadas al íntegro pago de lo reclamado, o lo que en más o en menos disponga V.S., conforme lo que resulte de la prueba a producirse, más intereses, gastos, costos y costas.
II. Que en proveído del 12/09/2024 (13:53:21 hs.), se dispone correr traslado de la acción según las normas del proceso sumario y se cita en garantía a la aseguradora denunciada.
Que además, se sustancia el planteo de inconstitucionalidad articulado.
III. Que a través de escrito del 30/09/2024 (23:36:30 hs.), se presenta el Dr. Rodrigo Agustín Etchegaray en carácter de apoderado de Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros.
Contesta la citación en garantía, solicitando la liberación de responsabilidad de la empresa demandada, con costas a la actora.
Admite que a la fecha del siniestro que se denuncia, su representada tenía suscripto con la empresa de Transportes Peralta Ramos S.A., un contrato de seguro instrumentado en la póliza nro. 167556, endoso 00001, que se encontraba vigente
Que, entre otros riesgos, se cubría la responsabilidad civil que se pudiese atribuir a la asegurada, con motivo del uso de unidades de la sociedad, en el caso particular del automotor Mercedes Benz, dominio AD556NV.
Precisa que la suma asegurada es de $ 127.000.000 por acontecimiento, con una franquicia a cargo del asegurado de $ 645.000.
Niega por imperativo procesal los hechos, atribución de responsabilidad, procedencia y monto de los daños reclamados, como también la documentación acompañada con la demanda.
Que no obstante lo anterior, se remite a la contestación de demanda que deberá llevar a cabo la empresa accionada.
Que conforme expondrá la empresa de transporte, no le cabe imputación de responsabilidad alguna.
Efectúa una negativa particular. Niega la mecánica del hecho relatada y la existencia de relación causal que admita la conformación de responsabilidad en cabeza de la empresa y, por ende, de su mandante.
Niega todo valor a las copias simples agregadas con la acción.
Ofrece prueba, replica el planteo de inconstitucionalidad y el pedido de actualización monetaria y formula reserva del caso federal.
IV. Que en pieza del 18/10/2024 (09:34:31 hs.), se presenta el Dr. Mariano Oscar Buron en carácter de apoderado de Empresa de Transporte Peralta Ramos S.A.C.I. -poder acompañado en escrito del 19/02/2025 (16:04:54 hs.)- a contestar la demanda promovida contra su representada, solicitando su rechazo con costas.
Niega por imperativo procesal los hechos denunciados, el derecho invocado y la documentación agregada a la demanda, salvo aquello que sea reconocido. Formula luego una negativa particular.
Manifiesta que, por obvias razones, a su mandante no le constan ninguno de los hechos y circunstancias denunciados por el accionante, de modo que ratifica las negativas efectuadas.
Que así, está a cargo del actor probar la ocurrencia de los hechos y de sus consecuencias.
Impugna los rubros pretendidos y sus montos.
Reconoce la franquicia o descubierto a su cargo de $ 645.000. Señala que el monto reclamado en la demanda es superior, por lo que pide que se cite en garantía a Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros.
Adhiere a la contestación del planteo de inconstitucionalidad realizado por la aseguradora y solicita que se rechace el mismo. Formula reserva del caso federal.
Peticiona que se rechace la demanda, con costas.
V. Que el 24/02/2025 se abren a prueba las actuaciones, el 01/04/2025 se proveen las ofrecidas y el 05/10/2026 se certifica cobre el vencimiento del término de prueba y su resultado.
VI. Finalmente, el día 30 de Octubre de 2026 se dicta el llamado de autos para sentencia, resolución firme y consentida.
1. Ley aplicable :
Habiendo entrado en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación el 1ro. de Agosto de 2015, la controversia -generada por un hecho ocurrido el 25 de Noviembre de 2023; ver declaraciones de los testigos Santiago Manuel Puceiro y Tania Abigail Deheza, en audiencia videograbada del 11/06/2025- , debe ser juzgada aplicando el nuevo Código Civil y Comercial (sobre el particular, Sala 1ra. de la Alzada local en autos "Nalpatian, Christian Hernán c/ Club Atlético Quilmes s/ Daños y perjuicios" , en causa nro. 161.122, RSD 175/16, S del 13 de Julio de 2016, expediente de trámite ante este Juzgado y Sala 2da. en causas nro. 131.976, 131.833 y 130.138, RSD 56/16, autos "Suárez, Jorge Oscar y Otra c/ Mesa, Argentino Enrique s/ Daños y perjuicios" ; " Caparrós, María Soledad c/Mesa, Argentino Enrique s/ Daños y perjuicios" y "Royal & SunAlliance Seguros Argentina S.A. c/ Mesa, Argentino Enrique s/ Repetición de sumas de dinero" , S del 16 de Marzo de 2016).
2. Régimen de responsabilidad objetivo o por riesgo creado :
Si bajo la vigencia del Código Civil la vieja antinomia autoral y forense sobre el régimen de responsabilidad aplicable a hechos como el de autos -daños producidos por vehículos en movimiento- , ya había sido largamente superada, la redacción del nuevo Código Civil y Comercial replica normativamente aquella senda ya marcada.
Así ha sostenido la Sala 2da. de la Alzada local que " (...) en materia de daños, el Código Civil y Comercial no ha hecho más que incluir en sus normas las soluciones doctrinarias y jurisprudenciales ya consolidadas durante la vigencia del Código anterior..." (en autos "Bertolot, Diego Abel c/ San Cristóbal Soc. Mutual de Seguros Generales s/ Daños y perjuicios por incumplimiento contractual" , causa nro. 168.980, RSD 333/5, S del 19 de Diciembre de 2019, expediente de trámite ante este Juzgado).
En efecto, cuando el daño es producido por un vehículo en movimiento, se entiende derivado del riesgo de la cosa, cobrando operatividad el régimen de responsabilidad objetivo o por riesgo creado de los arts. 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial, sistema al que remite especialmente el artículo 1769 al prever que "Los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas se aplican a los daños causados por la circulación de vehículos" .
En tales supuestos, la culpa es irrelevante (art. 1722 del C.C. y C.); el dueño y el guardián para eximirse o limitar su responsabilidad, deben probar que el hecho del damnificado o de un tercero por quien no deben responder, el caso fortuito o la fuerza mayor, ha resultado idóneo para producir el resultado dañoso y así interrumpir la relación causal (arts. 1729, 1730 y 1731 del Código Civil y Comercial de la Nación).
En palabras de Martín Diego Pirota " (.) con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial no se producen modificaciones sustanciales en la materia, receptándose los aportes y recomendaciones de la doctrina y la jurisprudencia. Así se especifica que "los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas se aplican a los daños causados por la circulación de vehículos" (conf. art. 1769 C.Civ. y Com.), siendo el dueño y el guardián responsables concurrentes del daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización (conf. arts. 1757 y 1758), manteniéndose las eximentes de causa ajena o el casus (caso fortuito o fuerza mayor, culpa o hecho de la víctima o de un tercero, siempre que reúna los requisitos de imprevisibilidad e inevitabilidad propios del caso fortuito, conf. arts. 1729, 1730 y 1731 C.Civ. y Com.), y el uso de la cosa en contra de la voluntad expresa o presunta del dueño y guardián (conf. art. 1758 C.Civ. y Com.)." (autor citado. "La responsabilidad por accidentes de automotores en la realidad y en el nuevo Código Civil y Comercial" , pub. en Revista Temas de Derecho Civil, Persona y Patrimonio, Febrero 2017, Año III, Ed. Errepar, Buenos Aires, 2017, págs. 65/76).
En el presente caso, la citada en garantía admitió que la unidad Mercedes Benz, dominio AD556NV, pertenecía a la empresa accionada al momento del hecho ( v. punto a) del capítulo IV) de la contestación del 30/09/2024 -23:36:30 hs.- ).
Por lo tanto, corresponde aplicar el régimen de responsabilidad objetivo del Código Civil y Comercial de la Nación.
3. Sobre la prueba de los hechos afirmados por la parte accionante. Procedencia de la demanda :
Los apoderados de la citada en garantía y de la empresa de transporte demandada, han negado la ocurrencia del hecho relatado por el actor ( v. capítulos IV) y V) de la contestación de la aseguradora del 30/09/2024 -23:36:30 hs.- y capítulos III) y IV) de la contestación de demanda del 18/10/2024 -09:34:31 hs.- ).
Frente a esta negativa, pesa sobre el accionante la carga de probar tal hecho (art. 375 del C.P.C.C.).
Y analizadas las pruebas producidas, anticipo que la parte actora ha satisfecho su carga procesal.
En este aspecto, el elemento de prueba más relevante resulta la prueba testimonial producida.
No ignoro que los tres testigos presenciales del suceso ( Puceiro, Deheza y Moreno, que eran transportados por el actor al momento de ocurrir el siniestro ), son alumnos del accionante, quien resulta ser su profesor de kickboxing.
Así, se configuraría una eventual relación acreedor-deudor entre Martinez y cada uno de los testigos.
Sin embargo, dicha circunstancia ni los inhabilita como testigos, ni resta fuerza de convicción a sus dichos (en esa linea, Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Dolores en causa nro. 89.753, S del 02/12/2010).
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En rigor, solo exige un análisis detenido de sus declaraciones y en tal tarea, anticipo, los tres testimonios superan con holgura cualquier objeción que pueda realizarse acerca de su credibilidad (arts. 384 y 456 del C.P.C.C.).
Los tres testigos coinciden en que el hecho involucró al rodado de Martinez y a un colectivo, evento ocurrido sobre la Avenida Patricio Peralta Ramos, pasando la Avenida Pedro Luro de esta ciudad.
También concuerdan en que mientras ellos circulaban por el lado izquierdo de la arteria y la unidad de transporte por el lado derecho, el colectivo se cruza, encerrando al Chevrolet Agile al mando del actor y lo embiste, provocándole una serie de daños ( v. declaración de Puceiro -minuto 02:40 al 04:51-, de Deheza -minuto 06:37 al 08:39- y de Moreno -minuto 10:35 al 11:52-, en audiencia videograbada del 11/06/2025 ).
Luego de ubicar el hecho aproximadamente a las 8 horas del sábado 25 de Noviembre del año 2023, la testigo Tania Abigail Deheza relata: "Ïbamos por el carril izquierdo sobre la calle Peralta Ramos, ya habíamos cruzado la calle Luro y el colectivo (de la línea 571) nos embistió justo del lado de la puerta derecha y arrastrándonos y llevándonos hacia un costado" .
Y al ser preguntada sobre la localización de los daños, Deheza responde: "Justo en la puerta de acompañante que es donde yo estaba ubicada. Además también, perdón, tenía en la parte de las luces, porque chocó tanto la parte de adelante como la de atrás, como había dicho anteriormente nos arrastró hacia un costado, así que causó más daños también" ( minuto 06:37 al 08:22 ).
A su turno, el testigo Alex Javier Moreno expresa: " (...) en primera instancia yo iba en el auto, en la parte de atrás del conductor, y nosotros íbamos por el carril izquierdo, el colectivo se cruza, nos embiste y choca tanto a la parte del acompañante de la puerta, como todo el frente del auto, cruzándose de carril, sin mirar atrás y embistiéndonos" ( minuto 11:03 al 11:26 ).
Antes, el testigo Puceiro no duda en afirmar que "el colectivo nos cruzó (...) nos encerró; nos encerró del lado derecho, se nos metió para el lado donde veníamos nosotros..." ( minuto 03:11 al 03:37 ).
Finalmente, Puceiro ubica los daños en el automóvil de Martinez en el medio, la puerta delantera del lado derecho y las luces ( minuto 04:10 al 04:22 ).
En cuanto a la declaración del testigo Garbeño sobre la forma en que se produjo el hecho, no la tomo en consideración, toda vez que resulta un testigo de oídas (sobre el particular, Sala 2da. de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata en causa nro. 128.982, S del 27/04/2021).
No obstante, los tres testimonios anteriores resultan dirimentes para acoger la acción, con mayor razón cuando el Dr. Buron no formuló repreguntas a ninguno de los declarantes.
Pero además, otras pruebas resultan elementos plausibles para respaldar la pretensión.
Primero, el perito ingeniero mecánico Roberto Carro indica que no obra en autos documentación técnica que permita determinar con precisión matemática las trayectorias previas de los rodados.
Pero acto seguido afirma: "No obstante, la cinemática descripta resulta técnicamente compatible con los daños observados en las fotografías adjuntas" ( respuesta a punto de pericia 1, dictamen del 11/03/2026 -14:44:08 hs.- ).
Para luego añadir en relación a los daños, corroborando la versión del accionante y en sintonía con lo declarado con los testigos: " (...) Chevrolet Agile: El contacto se concentró en la parte frontal derecha y el flanco lateral derecho , afectando de manera directa el paragolpe delantero derecho, la óptica delantera derecha, el guardabarro delantero derecho y el espejo retrovisor exterior derecho. Colectivo (Línea 571): Dado el encerramiento relatado y las zonas afectadas del automóvil, el contacto se produjo en el lateral izquierdo y la parte trasera izquierda de la carrocería del ómnibus" ( respuesta a punto de pericia 4 , resaltado obra en el texto de origen).
Y aún cuando las fotografías y los presupuestos fueron desconocidos, no ocurrió lo mismo con las conclusiones del perito ingeniero mecánico.
Segundo, el apercibimiento del 386 del C.P.C.C. efectivizado respecto de la aseguradora ( v. proveído del 08/05/2026 ).
Respecto del apercibimiento del artículo 386 del ritual, la Sala II de la Alzada de La Plata tiene dicho que "la normativa en juego prevé la consecuencia jurídica del incumplimiento injustificado de la manda efectuada al requerido, siendo ello pasible de configurar, como consecuencia, un indicio en su contra" (autos " Lopez, Cristian Ariel c/ Gonzalez, Juan Carlos y otro/a s/Daños y perjuicios" , causa nro. 122.438, I del 14/11/2017).
Tercero, la conducta procesal de la empresa demandada y de la citada en garantía, tampoco resulta inocua.
A su lánguida producción probatoria, se suma la actitud pasiva al contestar la acción.
En efecto, ambas asumieron una conducta procesal defensista: el quedarse quieto del demandado, como decía Couture.
La doctrina procesal actual es pacífica en asignar consecuencias jurídicas a la conducta procesal de las partes, bastando recordar que el más alto tribunal nacional no ha permanecido indiferente ante la parte demandada que no aporta versión alguna acerca del hecho, limitándose a negarlo (C.S.N., 6/2/01, causa "Galli de Mazzucchi, Luisa c/ Correo, Miguel" , pub. en J.A. 2002-I, pág. 407).
Y no sólo eso. La Sala 1ra. de la Alzada de Lomas de Zamora sostuvo que también los hechos negativos deben probarse , al sentenciar que "es también doctrina de esta Sala, siguiendo al Dr. Héctor M. Di Tella, en un voto docente (in re, CNCom., sala C, mayo 26 de 1995, autos: "Bellini, Gabriel y otro c/Lee, José Luis s/Ordinario", publicado en "El Derecho", T° 65, pág. 404, fallo 46.830, comentado por Fernando H. Paya) que si se considera que la carga de la prueba debe repartirse entre los litigantes con el fin de producir convicción en el magistrado de la verdad de lo que dicen, ninguna regla jurídica ni lógica habrá de relevar a la parte de realizar la prueba de sus negaciones. Los hechos negativos, tanto como los expresados en forma afirmativa son objeto de prueba. Puesto que las proposiciones negativas, son comúnmente la inversión de una proposición afirmativa, no puede quedar sujeta a la incertidumbre la suerte de la carga de la prueba toda vez que admitir lo contrario sería entregar a la voluntad de la parte y no a la ley la distribución de este aspecto tan importante de la actividad procesal (Causa 48.673, 1-II-2000, Reg. Sent. Def. N°2; Causa 48.917, 6-VI-2000, reg. Sent. Def. 193; Causa 49.969, 20-III-2001, Reg, Sent. Def. N°90; Causa 52.335, 14-VIII-2001, Reg. Sent. Def. 277)" (causa 68.716, RSD 86/11, fallo del 9 de Junio de 2011, autos caratulados "Camejo, Norberto René c/ El Puente S.A.T. y otro s/ Sumario" ).
Cuarto, sumo a esa actitud estática, una referencia efectuada por la sociedad accionada al contestar la demanda.
En el comienzo del capítulo IV) "Contesta demanda" , puede leerse: "Que por obvias razones a mi representada no le consta ninguno de los hechos y circunstancias denunciados por la parte actora" ( escrito del 18/10/2024 -09:34:31 hs.- ).
Me pregunto cuáles serían las "obvias razones" , pues lo lógico es que el chofer de la unidad hubiera efectuado la denuncia de siniestro y la empresa formado el legajo respectivo, que -por otra parte- omitió adjuntar a estas actuaciones.
Por las razones expuestas, la demanda promovida es receptada por los daños que resulten probados (arts. 1722, 1723, 1726, 1737, 1757, 1758, 1769 y ccds. del C.C. y C.N. y arts. 375, 384, 386, 456, 474 y ccds. del C.P.C.C.).
4. Cuantificación de los daños :
4.a. Gastos de reparación del vehículo: El parcial es receptado.
El perito Carro valúa el costo de las reparaciones al mes de Marzo de 2026, con el siguiente detalle.
En concepto de repuestos originales de General Motors , estima la suma de $ 3.014.900, incluyendo " paragolpe delantero, óptica delantera, guardabarros, pasarruedas, guías, tapa faro antiniebla, etc.".
Mientras que cuantifica la mano de obra (comprensivo de 3 días de trabajo de chapa-desramado-alineación por $ 924.000 y trabajos de pintura sobre 4 paños, insumos incluidos, por $ 1.848.000), en la suma de $ 2.772.000.
El total de los trabajos ascendería a $ 5.786.900 ( respuesta a punto de pericia 5 ).
Resulta relevante señalar que tal conclusión pericial, no fue objeto de cuestionamiento o impugnación de las partes.
Atento el tiempo transcurrido desde aquella estimación -poco más de ocho meses- , a la fecha de esta sentencia el costo de las reparaciones se fija en la suma de $ 6.300.000 (arts. 165 y 384 del C.P.C.C., v. https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-calculadora_variaciones_IPC).
En efecto, de acuerdo a la doctrina de la S.C.B.A., "los jueces se hallan facultados para fijar el quantum indemnizatorio tanto a la fecha del hecho como al momento de dictar sentencia y aún diferirlo a las resultas del procedimiento que considere pertinente -art. 165 del CPCC- todo a fin de lograr una mejor reparación del daño causado" (autos "P., M. G. y otros c/ Cardozo, Martiniano Bernardino y otros s/ Daños y Perjuicios" (expte. nro. 26.050) y sus acumuladas "Almirón, Javier Francisco contra Siderar S.A. Industrial y Comercial. Daños y Perjuicios" (expte. nro. 27.410) y "Carulli, Horacio Jorge contra P., M. G. y otros. Daños y Perjuicios" (expte. nro. 28.898), causa nro. 117.926, S del 11/02/2015 y en autos "Barrios, Héctor Francisco y otra c/ Lascano, Sandra Beatriz y otra s/ Daños y perjuicios" , causa nro. 124.096, sentencia suscripta electrónicamente entre el 12 y el 17 de Abril de 2024).
Y dicha doctrina legal, implícita o explícitamente refiere que las sumas destinadas a reparar daños constituyen deudas de valor, en el sentido que siempre les ha reconocido la doctrina, aún antes de la vigencia del art. 772 del Código Civil y Comercial (Alterini. "Las deudas de valor" , LL 1991-B, 1048).
4.b. Desvalorización venal: Con la acreditación de Martinez de su calidad de titular dominial del Chevrolet Agile siniestrado y la detallada explicación del perito ingeniero mecánico Carro, el rubro es admitido ( v. informe de dominio agregado al escrito del 06/06/2025 -13:02:57 hs.- ).
El perito explica: "Los daños que se analizan en el rodado de la actora recaen primordialmente sobre elementos periféricos y desmontables (paragolpe, guardabarro, óptica, espejo). No se advierten visualmente colapsos graves en el chasis o piezas estructurales vitales que comprometan la geometría inalterable del rodado. Por tal motivo, siempre y cuando la reparación sea efectuada en talleres calificados y se utilicen repuestos originales GM , el vehículo recuperará sus cualidades estéticas y funcionales primigenias" (resaltado en texto original)
De ese modo, "En estas condiciones óptimas, la depreciación venal técnica es de carácter leve o mínima , encontrándose en valores comprendidos entre el no superando habitualmente el 5% y 8%. Para un valor actual de un vehículo similar se puede consultar las póliza de seguros y/o el archivo de Infoauto (revista especializada) o Informde (textual) la Camara Automotor" ( respuesta a punto de pericia 7 ; resaltado en texto original).
En el sitio de la Cámara del Comercio Automotor, al mes de Noviembre de 2026. un vehículo como el de actor -mismo modelo- cotiza a $ 11.984.000 (en https://cca.org.ar; visitada el 03/11/2026 ).
Promediando la depreciación indicada por el perito (6,5%), el rubro se admite en $ 778.960 (doctrina citada de la S.C.B.A. y art. 165 del C.P.C.C.).
4.c. Privación de uso: El actor afirma que, al menos hasta el momento de interponer la demanda, no pudo arreglar el automóvil por carecer de los recursos para ello.
También señala que vive muy lejos de su trabajo y que se traslada desde y hacia su casa muchas veces al día.
Finalmente, estima que la reparación del vehículo puede demandar 30 días en el taller.
Es sabido que quien tiene un automotor, lo utiliza para el desarrollo de sus actividades en sus diversos aspectos.
Por ende y como pauta general, acreditada la indisponibilidad del vehículo, ello es suficiente para hacer lugar a la reparación por dicho concepto (Sala 2da. de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial local en causas nro. 134.840 S del 10/05/2007, nro. 137.160 S del 14/07/2009, nro. 145.731 S del 21/05/2013 y nro. 170.294 S del 26/11/2020; en la misma línea, Sala 1ra. de la Alzada de Azul en autos "De Lorenzo, José Ernesto c/Gonzalo, Miguel Hernán y otro s/ Daños y perjuicios" , S del 13/12/2011 y Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños" . T.1 "Daños a los automotores" . 3ra. reimpresión, pág, 16).
En mi opinión, la ventana temporal por la cual el parcial debe ser acogido, abarca desde la fecha en que se produjo el hecho (25/11/2023) hasta la fecha de la audiencia donde declararon los testigos (11/06/2025), más los diez días hábiles que el perito ingeniero calcula que insumirían los trabajos (14 días corridos) y otros cuatro (4) días por gestión de turnos y obtención de repuestos.
Me explico. Mientras el testigo Moreno señala que el actor no pudo arreglar el vehículo, Deheza se expide en el mismo sentido, pero agrega "que yo sepa aún no" (pudo arreglar el rodado).
Es decir, que al menos hasta le fecha de la audiencia y desde el hecho, Martinez no pudo emprender las reparaciones de su automóvil.
No hay pruebas que a posteriori el actor haya o no procedido al arreglo. Pero como estaba a cargo suyo acreditar tal extremo, la fecha de corte está dada por la audiencia, a lo que agrego el tiempo que el perito Carro considera que pueden llevar los trabajos y el añadido por los imponderables que suelen surgir (arts. 375 y 384 del C.P.C.C.).
Esta ecuación arroja la suma de 582 días, que equivalen a 83 semanas. Detraigo 83 días ( domingos ), cuando el actor se supone que no trabaja, 30 días donde pudo ser llevado por otras personas y 10 días por inasistencias, enfermedad, compromisos, etc., que impliquen la ausencia de traslados. La resultante son 459 días.
Otra pauta a tener en cuenta es el domicilio del actor que figura registrado en el ReNaPer ( calle 26 nro. 299 de la localidad de Miramar ), pues de la documentación que obra en el expediente surgen al menos tres domicilios diferentes.
Por su parte, de las redes sociales surge que Martinez es profesor de kickboxing en el club de boxeo llamado Round 22 , ubicado en calle Rodriguez Peña nro. 2950 de Mar del Plata.
El costo de la línea interurbana de la empresa Costa Azul para el trayecto ida-vuelta Miramar-Mar del Plata, asciende a $ 13.200 ($ 6.600 cada trayecto).
Bajo las pautas indicadas, multiplicando el global de días por el costo del viaje ida y vuelta, el rubro progresa en la suma de $ 6.058.800 (arts. 1740 del Código Civil y Comercial y 165 del C.P.C.C.).
En consecuencia, sumando los rubros admitidos ( $ 6.300.000 + $ 778.960 + $ 6.058.800) , la demanda prospera en la suma total de Trece millones ciento treinta y siete mil setecientos sesenta pesos ($ 13.137.760).
5. Extensión de la condena respecto de la aseguradora :
El reconocimiento por parte de la accionada de la franquicia y monto a su cargo, no me impide acatar la doctrina vigente del Superior de la Provincia, que evita el desequilibrio entre una reparación plena y una cobertura asegurativa menguada (arts. 163 del ritual y 1740 citado del Código Civil y Comercial; v. capítulo VII) de la contestación de la demanda ).
Por su parte, también conjura la indefensión del asegurado, a partir de la obligación de indemnidad que está a cargo de la aseguradora.
Es decir que en cuanto al contenido y alcance de dicha obligación de indemnidad de la citada en garantía (arts. 109, 118 y ccds. L.S.), la condena a la aseguradora será en la medida del seguro a valores vigentes en la etapa de ejecución de sentencia (argto. Sala 1ra. de la Cámara Civil y Comercial de Apelación de Mar del Plata en autos "Biocca, Nerea Celeste c/ Paseo Normandie S.A. s/ Daños y perjuicios por incumplimiento contractual" citados, causa nro. 184.409, S del 12 de Mayo de 2026, expediente de trámite ante este Juzgado).
6. Pedido de actualización monetaria. Aplicación del precedente "Barrios". Planteo de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley nro. 23.928. Tasa de interés aplicable y comienzo de su cómputo :
a) En cuanto al pedido de actualización por depreciación monetaria y aplicación del precedente "Barrios" , así como el planteo de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley nro. 23.928 formulados por la accionante en el capítulo II) de su demanda -replicado por la aseguradora, contestación a la que adhiere la demandada- , adelanto que los mismos no pueden prosperar, debiendo realzarse un abordaje integral de la cuestión.
La imposibilidad legal de actualizar, reajustar o indexar las obligaciones de dinero expresadas en moneda de curso legal (arts. 7 y 10 de la ley nro. 23.928, texto según ley nro. 25.561), fue sostenida por el más alto tribunal provincial por más de dos décadas ( ver S.C.J.B.A.; Ac. 49.193 bis del 2/10/2002, autos "Fabiano, Julio Esteban c/ Provincia de Buenos Aires s/ Incidente de determinación de indemnización" ).
Interin se fueron sucediendo alternativas que tendieron a proteger los créditos reconocidos en las sentencias ( vgr., intereses a la tasa pasiva más alta, tasa activa, cuantificación al momento del dictado de la sentencia ), pero la S.C.B.A. continuaba en su tesitura de rechazar cualquier intento de actualización o repotenciación de las obligaciones de dar sumas de dinero en función de la depreciación monetaria.
Lo cierto es que en ciertas situaciones aquellas soluciones resultaron insuficientes, pues a la recurrente volatilidad de la economía argentina se sumó en el último tiempo una escalada inflacionaria que, amén de las arrasadoras consecuencias sociales, provocaron la licuación del capital reconocido en las decisiones judiciales.
Es decir, la arrolladora realidad dejaba huérfanas de sustento todas aquellas buenas intenciones. Y ello no es menor, pues el deber de reparación integral reconoce jerarquía constitucional y supraconstitucional (arts. 17 y 19 de la C.N. y art. 1740 del C.C. y C.N.; Fernández Balbis, Amalia. "El principio de congruencia y la reparación integral del daño" , pub. en www.elateneo.org; ver el fallo de la Sala 2da. de la Cámara Civil y Comercial 2da. de La Plata, en autos "Paz, Néstor Daniel c/ Vilchez, María Cecilia s/ Daños y perjuicios" , causa nro. 136.151, S del 18/04/2024, inmediato al fallo "Barrios" ).
En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dicta sentencia en el precedente "Barrios" , donde comparó el método que aplicaba hasta entonces ( capital nominal más intereses a tasa pasiva BIP del Banco oficial ) con otro donde el capital mantenía el valor por medio de su actualización ( con un menú de diferentes opciones ), más una tasa de interés puro.
En dicho precedente, el mantenimiento del sistema anterior se traducía en una pérdida inusitada para el acreedor/a, con variadas consecuencias tangenciales -todas perjudiciales para aquél -, lo cual incluso se puede observar hoy en diferentes procesos, donde surge el favorecimiento de conductas especulativas de quien resultaba contraparte, el alargamiento de los procesos, etc., situaciones que la propia Suprema Corte venía advirtiendo a lo largo de los años (a modo de ejemplo, v. S.C.B.A. por mayoría en autos "Martinez, Emir c/ Boito, Alfredo Alberto s/ Daños y perjuicios" , causa nro. 119.088, S del 21/02/2018; en esa línea, Sala 2da. de la Alzada Departamental en autos "Bello, María Inés c/ Swiss Medical S.A. s/ Cobro ordinario de sumas de dinero" , causa nro. 158.009, S del 21/04/2015, entre otras).
Ahora bien, no desconozco que se han planteado algunos interrogantes en cuanto a la posibilidad de actualizar o reajustar los montos indemnizatorios a través de mecanismos directos, cuando no se ha pedido la declaración de inconstitucionalidad de las normas impeditivas.
Es decir, si de hacerlo se estarían excediendo los límites de la petición del acreedor, afectando el principio de congruencia.
Así, encuentro que algunos autores como Aldo M. Aznar y Federico A. Ossola expresan que el primer interrogante "es procesal y se refiere a los límites de la petición del acreedor (...) Nosotros pensamos que, a esta altura, cabe interpretar con cierta flexibilidad la cuestión: si se solicita el pago de valores actualizados, entendemos que hoy es viable declarar la inconstitucionalidad en cuestión. Termina ello por ser un instrumento más sano y que brinda hasta mayor certidumbre..." (Azar, Aldo M.-Ossola, Federico A.. "La inconstitucionalidad de la prohibición de indexar en un contexto económico en constante movimiento" , pub. en La Ley del 02/05/2024).
Sin embargo, en directa alusión a este tema, en el Considerando V.16.e la Corte Provincial dice que para resolver si declara o no la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar, el juez debe contar con los elementos necesarios para evaluar la entidad del gravamen experimentado por el acreedor.
Así y siguiendo esta directriz, considero que no puede ordenarse indexar "por las dudas" , por si la deuda no se paga en tiempo o la tasa de interés es insuficiente; siendo la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 la última solución pasible en este tipo de casos (argto. arts. y jurisp. cits.).
Por otra parte, es la propia Suprema Corte de Justicia la que sostiene en "Barrios" que son los jueces/juezas quienes deben decidir -con relativa libertad y mediante las herramientas legales disponibles- de qué modo o bajo qué mecanismo protegerán el crédito controvertido mientras se debate en el proceso.
Así, del propio fallo surge que no es que "pueden" , sino que "deben" preferir cualquier solución no indexatoria, incluso mediante la aplicación analógica de normas; siendo la solución constitucional la última opción disponible (v. voto del Dr. Soria en "Barrios" ).
Finalmente, debo decir que ha sido la propia Corte Federal quien ha dicho que la aplicación en el tiempo de los nuevos criterios asentados en un fallo debe hacerse precedida de una especial prudencia, de modo de no alterar indebidamente las reglas del juego ni frustrar el derecho de las partes (v. fallo "Strada" -fallos, 308:490- y "Tellez" -v Fallos 308:552).
b) En el caso, y conforme he fijado los montos indemnizatorios a "valores actuales" , considero que la protección del crédito se encuentra asegurada, obviamente con la aplicación del consecuente interés al caso.
A dicha cuestión me referiré en el próximo acápite y también pondero a los fines de concluir que procede en el caso el rechazo del pedido de actualización e inconstitucionalidad solicitados.
Lo dicho al comienzo del párrafo anterior se refuerza comparando los últimos parámetros inflacionarios y estadísticas brindadas por el INDEC -los cuáles difieren de los porcentajes inflacionarios de años anteriores- , a las cuales remito a los fines de su cotejo (v. www.indec.gob.ar) .
Puedo citar en este punto y en torno a la temática en análisis el fallo de la Corte Federal "Barrientos" , donde el Máximo Tribunal expresa, luego de diferenciar las obligaciones dinerarias de las de valor, que en estas últimas " (.) el valor no sufre deterioro inflacionario porque no es dinero. Una vez que es cuantificado en dinero, entonces puede considerarse la desvalorización ya que, recién a partir de ese momento se aplica el régimen de las obligaciones de dar dinero (art. 772 del CCyCN)" (v. fallo cit., sentencia del 15/10/2024).
En dicho fallo, la C.S.J.N. concluye que la desvalorización de la moneda puede producirse después que la deuda de valor se expresa en dinero y no con anterioridad (v. fallo cit.).
Por ende, de acuerdo a todo lo expuesto y siendo que los rubros indemnizatorios se fijaron a "valores actuales", a los que sumaré la tasa de interés activa que aplicaré al caso -v. próximo acápite- ; considero que no se encuentran reunidos las condiciones para acoger el pedido de actualización de sumas dinerarias y el de declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley nro. 23.928, debiendo desestimarse dichas solicitudes en el caso.
No se imponen costas por los planteos desestimados, toda vez que el actor bien pudo creerse con derecho a formularlos (arts. 68 2do. párrafo y 69 del C.P.C.C.).
c) En relación a la tasa de interés a aplicar a la suma indemnizatoria receptada, deben diferenciarse las obligaciones dinerarias de las obligaciones de valor.
En las primeras, el deudor debe una cierta cantidad de moneda, determinada o determinable al momento de su constitución (art. 765 del C.C. y C.N.) ; pudiendo existir una desvalorización de la moneda desde el tiempo de su constitución.
En las segundas, el monto resultante debe referirse al valor real al momento en que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda, no sufriendo deterioro inflacionario (art. 772 del C.C. y C.N.).
En este sentido, cuando dicho valor es cuantificado en dinero, entonces puede considerarse la desvalorización ya que, recién a partir de ese momento, se le aplica el régimen de las obligaciones de dar dinero (como se vio en el fallo de la C.S.J.N. "Barrientos" , sentencia del 15/10/2024).
En virtud de lo expuesto, es que la tasa de interés que se debe aplicar a las deudas de valor debe ser "pura" , es decir, no debe contemplar parámetros de actualización para no conceder un enriquecimiento injustificado al acreedor.
Y una vez que el valor del daño resarcible se expresa en dinero, puede ser admisible una tasa de interés que contemple también la depreciación monetaria.
Sentado ello, debo expresar que sostendré para los casos de deudas de valor la aplicación de la tasa de interés pura del 6% anual, desde la fecha de mora hasta la de la evaluación del monto en la sentencia (causa " Vera, Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios" , causa nro. 120.536, S del 18 de Abril de 2018 y "Nidera S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios" , por mayoría en causa nro. 121.134, S del 3 de Mayo de 2018; incluso también en "Barrios" , fallo citado).
Por ende, los intereses se liquidarán a la tasa pura del 6% anual respecto de la suma de condena.
En cuanto a su punto de partida, se computarán desde el 25/11/2023, fecha en que se produjo el hecho dañoso. Dicha tasa se aplicará hasta la fecha de esta sentencia.
Sin embargo, respecto de los intereses que se devenguen con posterioridad a este pronunciamiento y hasta el efectivo pago y a fin de evitar una desvalorización del capital que aquí se reconoce, cambiaré el criterio que sostenía hasta el momento de aplicar en las obligaciones dinerarias (o bien las de valor cuando resultan cuantificadas a dinero) la tasa pasiva más alta fijada por el Banco oficial en sus depósitos a treinta (30) días.
Es que el deber moral e institucional de seguir al pie de la letra la doctrina legal de la S.C.B.A. (dejando a salvo la opinión personal del juez, si fuere distinta) no excluye un razonable margen de decisión para que los magistrados o magistradas puedan resolver en modo diverso, prerrogativa que queda condicionada a que existan - y se vuelquen en el fallo- motivos fundados para así hacerlo, los que se encuentran presentes en el caso.
De acuerdo a lo hasta aquí expuesto -en especial a partir del surgimiento del fallo "Barrios" y la necesidad de evitar una desvalorización del capital de condena a los fines de no perjudicar a sus beneficiarios-, lo cierto es que la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia en sus depósitos a 30 días no logra cubrir las expectativas en este punto.
En consecuencia, siguiendo el temperamento de la Sala 2da. de la Alzada local expuesto en autos "Melegari, Bernardo Félix c/ Risso, Gladys Noemí y ot. s/ Daños y perjuicios" (causa nro. 167.589, S del 16/04/2020), a partir de la fecha de esta sentencia y hasta el efectivo pago, los intereses se liquidarán a la «tasa activa descubierto en cuenta corriente» (según su denominación en el calculador de intereses de la web de la S.C.B.A.) y que es aquella que publica periódicamente el banco público provincial en cuadro IV del documento "Tasas de consulta frecuente" , correspondiente al descubierto en cuenta corriente sin acuerdo en pesos, sin capitalización (v. también Sala 2da. en autos "Mejías, Fabián David c/ Paraná Sociedad Anónima de Seguros y otro s/ Daños y Perjuicios" , causa nro. 185.710, S del 30/04/2026, confirmando una sentencia del suscripto).
Por lo expuesto y lo dispuesto por los arts. 39 inciso b), 48 incisos d) y j), 64 y ccds. de la ley 24.449; arts. 1, 55 y ccds. de la ley 13.927; arts. 109, 118 y ccds. de la ley 17.418; arts. 3 y ccds. del Código Civil; arts. 1ro., 2, 7, 765, 772, 1722, 1723, 1725, 1726, 1737, 1738, 1740, 1744, 1748, 1757, 1758, 1769 y ccds. del Código Civil y Comercial y arts. 34, 36, 68, 69, 163, 165, 375, 384, 386, 456, 474 y concordantes del C.P.C.C., FALLO:
1. Haciendo lugar a la demanda por indemnización de daños y perjuicios promovida por Adrián Gustavo Martinez con el patrocinio letrado del Dr. Ricardo Daniel García, contra Empresa de Transporte Peralta Ramos S.A.C.I. y condenando en consecuencia a esta última y a la citada en garantía Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, a abonar a la parte actora, en el plazo de diez días de quedar ejecutoriada la presente, la suma de Trece millones ciento treinta y siete mil setecientos sesenta pesos ($ 13.137.760), más intereses y costas del juicio (art. 68 del C.P.C.C.).
2. Conforme lo expuesto en el capítulo 5to., la extensión de la condena respecto de la citada en garantía, será en la medida del seguro a valores vigentes en la etapa de ejecución de sentencia (argto. Sala 1ra. de la Cámara Civil y Comercial de Apelación de Mar del Plata en autos "Biocca, Nerea Celeste c/ Paseo Normandie S.A. s/ Daños y perjuicios por incumplimiento contractual" citados, causa nro. 184.409, S del 12 de Mayo de 2026).
3. Desestimando los planteos de actualización monetaria y de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley nro. 23.928 formulados por la parte accionante, sin costas conforme lo expuestos en el capítulo 6to. de los considerandos (arts. 68 2do. párrafo y 69 del C.P.C.C.).
4. Los intereses moratorios sobre el capital de condena serán liquidados desde las fechas y en la forma explicitada en el capítulo 6to. de esta sentencia.
5. La regulación de honorarios profesionales se difiere para el momento de aprobarse la liquidación, aplicándose la ley 14.967.
6. Se deja constancia que se tuvo a la vista al momento de dictar sentencia, la documentación agregada en forma digital por las partes .
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en forma automática a las partes y a la mediadora prejudicial (art. 483 del C.P.C.C.).
Bernardo Marcos Diez
Juez en lo Civil y Comercial
Firmas
Funcionario firmante: DIEZ Bernardo Marcos - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 365-2026
Fin de la sentencia