Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de San Isidro · Causa 56888
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Claudio Raúl Martínez contra Carlos Ramón Bernachea, Olstran S.R.L. y la Municipalidad de San Isidro, condenando a los demandados a abonar al actor la suma de $8.407.000 (pesos ocho millones cuatrocientos siete mil), con más los intereses establecidos en el considerando VI.
2Rechazar los rubros indemnizatorios reclamados en concepto de daños materiales del vehículo y privación de uso, por los fundamentos expuestos en los considerandos V.4 y V.5.
3Rechazar el planteo de inconstitucionalidad formulado por la parte actora, por los fundamentos desarrollados en el considerando VI.
4Imponer las costas a los demandados en su condición de vencidos (art. 51 del CCA).
5Diferir la regulación de honorarios hasta que quede firme la presente sentencia.
Causa Nº: 56888
San Isidro, en el día de su firma digital.
Proveyendo la presentación de fecha 29.09.26: Manifiesta-Solicita se dicte sentencia:
Estése a lo resuelto infra.
Y VISTOS : Estos autos caratulados: "MARTÍNEZ CLAUDIO RAÚL C/ MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Y OTROS S/ PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA" (Causa n.º 56888), en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n.º 1 del Departamento Judicial de San Isidro, de los que:
RESULTA : 1.- De la demanda : Que en fecha 05.02.19 se presentó en causa propia el Señor Claudio Raúl Martínez, abogado, T° XXXV F° 404 del C.A.S.I., a fin de promover demanda por pretensión indemnizatoria contra Carlos Barrenachea, D.N.I. 34.073.394, OLSTRAN S.R.L., C.U.I.T. 30-70995140-4, y contra la Municipalidad de San Isidro, por los daños sufridos a raíz del accidente de tránsito ocurrido el día 9 de enero de 2019, mediante la cual reclama el pago de la suma de $167.171 (pesos ciento sesenta y siete mil ciento setenta y uno), o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse en autos, con más sus intereses y expresa imposición de costas.
Relata que el día 9 de enero de 2019, aproximadamente a las 17:50 horas, se desplazaba al volante de su vehículo Renault Duster, dominio AA 851 XE, por la calle 9 de Julio al 480 de la ciudad de San Isidro, cuando debió detener la marcha ante la luz roja del semáforo ubicado casi en la intersección con la calle 25 de Mayo.
Expone que en esas circunstancias, mientras se hallaba completamente detenido, un camión-grúa color blanco, estacionado a 45° sobre la calzada con su frente hacia la vereda, efectuó una maniobra de retroceso sin advertencia previa, impactando con fuerza el lateral trasero derecho de su vehículo.
Sostiene que el rodado embistente resultó ser una grúa marca Hyundai dominio EGX-200, conducida por el señor Carlos Bernachea, acompañado por una agente de tránsito municipal, vehículo cuyo titular registral era la firma OLSTRAN S.R.L., contratada por la Municipalidad de San Isidro para el acarreo de vehículos en infracción.
Afirma que el rodado se hallaba asegurado en Federación Patronal Seguros S.A., con domicilio en La Plata, por lo que peticiona su citación en garantía, conforme lo previsto en el art. 118 de la ley 17.418.
Expone que como consecuencia del impacto sufrió un traumatismo cervical, cefaleas intensas, mareos e inestabilidad, habiendo requerido atención médica el día siguiente por el Dr. Luis Pablo Arqueros, médico traumatólogo, quien diagnosticó "traumatismo cervical, cefaleas intensas, mareos a los cambios de posición, inestabilidad en la marcha y cervicobraquialgia izquierda con parestesias en mano izquierda", indicando tratamiento, uso de collar de Filadelfia y reposo.
Aduce que tales lesiones le produjeron una incapacidad parcial y permanente del 10 % de la T.V, en directa relación causal con el siniestro. Señala haber afrontado gastos médicos, de movilidad y tratamiento por un total de $ 11.900, detallando la adquisición del collar cervical, medicamentos y sesiones de kinesiología.
Reclama además daño moral, por las alteraciones físicas y espirituales sufridas, que afectaron su vida personal y profesional, estimando dicho rubro en $ 40.000; daños materiales por $ 24.631, conforme presupuesto de reparación del taller Galante D"Antonio; y privación de uso del rodado por $ 6.400, en función de los días que afirma demandó la reparación.
En consecuencia, atribuye responsabilidad al conductor Carlos Bernachea por su impericia, imprudencia y negligencia al efectuar una maniobra de retroceso sin observar las precauciones exigidas por la normativa de tránsito; a OLSTRAN S.R.L., en su carácter de titular del vehículo conforme al art. 1758 del Código Civil y Comercial; y a la Municipalidad de San Isidro, por haber obtenido provecho del vehículo al encontrarse al servicio del municipio en tareas de acarreo.
Finalmente funda en derecho, ofrece prueba, solicita la citación en garantía de la aseguradora e intimación a las demandadas para acompañar el contrato de prestación entre la empresa y el municipio; plantea caso federal conforme lo dispuesto en el art. 14 y 15 de la ley 48 y peticiona que, oportunamente, se haga lugar a la demanda con expresa imposición de costas.
2. De la contestación de la citada en Garantía Federación Patronal S.A.U : Que con fecha 25.04.2024 se presentó el Dr. Wladimir Diego Tscherwinski, T° LI F° 471 del C.A.L.P., en representación de Federación Patronal Seguros S.A.U., acreditando personería mediante la presentación de respectivo poder.
Señaló que su mandante es una aseguradora convocada en los términos del art. 118 de la ley 17418 por la parte actora, aunque advirtió que carecía de toda noticia sobre el hecho denunciado.
Expuso a continuación que la asegurada Olstran S.R.L. no había formulado denuncia de siniestro alguna conforme el art. 46 de la ley citada, lo que, a su entender, generaba una situación de total desconocimiento respecto de la materialidad del episodio, las circunstancias temporo espaciales, los vehículos involucrados y eventuales partícipes.
En ese orden de ideas destacó que, a la fecha indicada en la demanda como de ocurrencia del siniestro (09.01.2019), Ostran S.R.L. tenía contratada la póliza N° 23841674, respecto del camión Hyundai HD 72 DLX dominio EGX-200, destinada al auxilio mecánico, con cobertura por responsabilidad civil hacia terceros, transportados o no, hasta un límite de $ 18.000.000. Señaló también la existencia de un tope del 30% para costas.
Afirmó, sin embargo, que la Ley 17.418 no prevé acción directa contra el asegurador, por lo cual, con apoyo en jurisprudencia de la SCBA que citó, sostuvo que la ejecutabilidad contra su mandante únicamente sería viable si mediara sentencia condenatoria contra el asegurado, extremo que imponía la necesaria y ineludible integración a la litis del titular de la póliza. De tal modo, planteó defensa de falta de acción en caso de no incorporarse a Olstran S.R.L. a estas actuaciones.
En ese marco articuló, por separado, los siguientes planteos:
a) Caducidad de la cobertura: Adujo incumplimiento del asegurado al deber de denuncia dentro del tercer día hábil (art. 46 LS), lo que, según afirmó, generaba la pérdida del derecho a la cobertura conforme el art. 47 LS y la cláusula SO-RC 7, citando asimismo, jurisprudencia provincial para sostener tal tesitura. Dejó interpuesta la excepción de falta de acción contra la actora, afirmando que el asegurado habría quedado en mora y que un eventual pago daría derecho a repetir contra Olstran S.R.L.
b) Exclusión de cobertura:
Expresó que desconocía si Carlos Bernachea se encontraba habilitado para conducir la categoría del vehículo en cuestión al momento del presunto hecho. Por ello, formuló reserva de oponer exclusión con base en la cláusula CG-RC 2.1 punto 4, que excluye siniestros cuando el conductor carece de licencia habilitante. Citó extensa doctrina y jurisprudencia de la SCBA para sostener la plena oponibilidad de tales exclusiones al tercero.
c) Denuncia de siniestro de oficio: Indicó que sólo tomó conocimiento del reclamo al ser notificada de la demanda el 16.02.24, por lo que generó de oficio el registro de siniestro N° 101-4-323955, el cual según afirmó, dejaba constancia expresa del total desconocimiento del hecho. Adjuntó carta documento remitida a Olstran S.R.L., dentro del plazo previsto por el art. 115 LS.
Seguidamente, contestó la demanda en forma subsidiaria, con expresa negativa general y particular, rechazando la existencia del hecho, de los daños alegados, la intervención del camión asegurado, así como toda la documentación acompañada.
Remarcó la carga probatoria del actor conforme arts. 375, 330 y concs. CPCCBA y doctrina legal de la SCBA.
Del mismo modo, impugnó los rubros indemnizatorios reclamados por la parte actora (daños físicos, gastos médicos, daño moral, daños materiales y privación de uso), sosteniendo la improcedencia de cada uno por falta de prueba, ausencia de relación causal, montos irrazonables o carácter meramente conjetural.
Por otra parte, solicitó se intime al actor a denunciar ART, empleador y póliza aplicable por posible accidente in itinere, afirmando que no corresponde doble reparación.
Asimismo, pidió se limite la eventual imposición de costas conforme art. 730 CCyC, y postuló la aplicación de tasa pura en supuestos de capital fijado a valores actuales, citando fallos recientes de la SCBA ("Vera", "Nidera").
A continuación dejó planteado que, en el caso de hacerse lugar a la demanda, fijado el capital a valores actuales, los intereses debían calcularse conforme la denominada tasa pura, por cuanto, a su entender, la aplicación de tasas bancarias importaría una duplicación vedada del componente de actualización, contrariando la doctrina legal establecida por la Suprema Corte provincial en las causas "Vera" y "Nidera". Sostuvo en tal sentido que el interés del 6% anual constituye el parámetro adecuado para evitar distorsiones y eventuales enriquecimientos indebidos.
Finalmente, ofreció la prueba que hace a su derecho, introdujo reserva de cuestión federal (art. 14 ley 48), y solicitó el rechazo de la demanda respecto de su parte, con expresa imposición de costas.
3. De la contestación del codemandado Carlos Ramón Bernachea : Que en fecha 03.10.24 se presenta la Dra. Luisa Irene Lai, Defensora Oficial a cargo de la Unidad de Defensa Civil Nº 3 del Departamental, asumiendo la representación del codemandado Carlos Ramón Bernachea contestando demanda en expectativa en los términos del art. art. 341 del CPCC.
Siguiendo el imperativo procesal, refiriendo a la naturaleza de su intervención, y manifestando asimismo que por desconocer la ocurrencia de todos los supuestos hechos relatados en la demanda, es que niega en forma expresa todos y cada uno de los mismos alegados por la actora,
Además, desconoció el contenido, autenticidad y valor probatorio de la documentación acompañada por el accionante, e impugnó cada uno de los rubros reclamados y la liquidación practicada en la demanda.
Finalmente solicitó se tenga por asumida su representación y por contestada la demanda en los términos descriptos.
4. Del trámite : 28.10.24: Actora: se presenta, desiste del demandado genérico y manifiesta que la acción queda direccionada contra Carlos Ramon Bernachea, Olstran S.R.L y contra Municipalidad de San Isidro, solicitando por ello se provean aquellas medidas de prueba ofrecidas.
01.11.24: Apertura a prueba-fijación audiencia art 41.
04.11.24: Se fija nueva fecha de audiencia art 41 CCA.
22.11.24. Acta audiencia-se proveen las pruebas ofrecidas por las partes.
26.11.24: Actora acompaña documental, informe de dominio del automóvil de su propiedad objeto del siniestro, y de la grúa involucrada cuya titularidad dominial acredita a nombre de Olstran SRL.
27.11.24: Agréguese la documental acompañada
04.12.24: Municipalidad de San Isidro (MSI) cumple intimación efectuada por acta audiencia art 41 CCA y acompaña documental vinculante con la empresa Olstran SRL, declarada rebelde en autos.
09.12.24: De la documental acompañada por MSI se ordena traslado.
10.12.24: Actora informa: que acorde se desprende del informe de dominio incorporado en autos con fecha 26 de noviembre de 2024, con fecha 29 de junio de 2020 ha enajenado el rodado marca Renault Duster dominio AA 851 XE, hecho por el cual requiere que el perito interviniente a los fines de producir el correspondiente informe, se sirva de aquellos elementos obrantes en autos, como podrían ser imágenes fotográficas, presupuestos o de todo aquel que considere de interés.
26.12.24 Acta audiencia, declaración testigo Partemi, ofrecido por la parte actora.
03.02.25: Perito ingeniero mecánico presenta pericia.
03.02.25: Traslado a las partes del dictamen pericial.
20.02.25: Respuesta oficio librado a consultorio Dr. Arqueros quién al responder corrobora haber atendido a la parte actora.
08.06.25: Perito médico Dr. Luis Rodrigo Romero presenta pericia.
10.06.25: Actora contesta traslado de la pericia médica presentada y solicita se complete pericia en el sentido que se ha omitido respuesta a puntos de pericia por actor formulados y no contestados por el perito.
15.06.25: Perito médico contesta explicaciones y completa pericia.
18.06.25: Actora desiste prueba informativa concesionario Galante D antonio.
18.06.25: MSI contesta traslado conferido e impugna pericia.
15.07.25: Perito médico contesta explicaciones a MSI.
06.08.25: Actora desiste de testigo Paso.
14.08.25: Se tiene por desistido del testigo Paso y se hace saber que resta notificar rebeldía de Olstran SRL.
05.09.25: Certificación de prueba
08.09.25: Se colocan los autos en Secretaría por diez días comunes a fin de que las partes aleguen sobre la prueba producida en autos.
09.09.25: Obra alegato presentado por la parte actora.
01.09.25: Actora se presenta y plantea inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 25.561 y art. y ley 23.928, asimismo solicita aplicación del criterio establecido en el fallo Barrios.
22.09.25: Del planteo efectuado por la actora, traslado por 5 dias.
27.09.25: Obra agregado alegato presentado por MSI.
30.09.25 MSI contesta traslado del planteo efectuado por la parte actora en fecha 01.09.25.
14.10.25: Por contestado el traslado conferido, llámase autos para dictar sentencia.
27.11.25: Advirtiéndose que la Defensoría Oficial interviniente no se encontraba notificada de autos para alegar dispuesto en fecha 08.09.25, se ordena se haga efectiva dicha notificación y se suspende el llamamiento de autos para dictar sentencia ordenado en fecha 14.10.25.
01.12.25: Defensoría Oficial se notifica y contesta demanda en forma definitiva respecto del conductor de la grúa, Sr. Bernachea. Asimismo alega y solicita se integre la litis citando a Federación Patronal Seguros aunque fuere desistida.
03.02.26: Se resuelve: Por contestada la demanda por parte de la Sra Defensora Oficial n° 3 Dtal. y se hace lugar al pedido de citación a Federación Patronal Seguros.
04.02.26: Parte actora se presenta y manifiesta que habiendo desistido de Federación Patronal Seguros S.A, solicita aclaratoria respecto de lo resuelto en 03.02.26 en relación a la citada en garantía, (nueva citación de la misma).
05.02.26: Se resuelve pedido de aclaratoria respecto de la resolución y se ratifica lo resuelto en fecha 03.02.26.
18.02.26: Se presenta la citada Federación Patronal Seguros S.A e interpone recurso de apelación respecto de la resolución interlocutoria que dispone su nueva citación a estas actuaciones de fecha 03.02.26, manifiesta que habiendo sido desistido por la actora, solicita se deje sin efecto su citación e interpone recurso de apelación.
18.02.26: Del recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía, traslado.
18.02.26 Actora contesta traslado del recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía Federación Patronal Seguros S.A.
18.02.26: Por contestado por la parte actora el traslado conferido respecto del recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía respecto de la resolución de fecha 03.02.26 que hace lugar a la citación a Federación Patronal Seguros S.A.
23.02.26: Defensora oficial contesta traslado del recurso de apelación deducido por Federación Patronal Seguros S.A.
26.02.26: Por contestado en tiempo y forma por parte de la Defensoría Oficial representando a codemandado Bernachea, el recurso de apelación deducido por la citada en garantía.
13.03.26: Elévense las actuaciones a Excma. Cámara de Apelaciones Departamental, a fin de resolver el recurso deducido por la citada en garantía respecto de la resolución dictada en 03.12.26.
13.03.26 Se elevan electrónicamente las actuaciones a la Excma. Cámara de Apelaciones Departamental.
08.07.26: Resolución Cámara de Apelaciones Departamental: Hace lugar al recurso de apelación deducido por Federación Patronal Seguros S.A, y revoca el resolutorio de fecha 03.02.26, se deja sin efecto nueva citación a Federación Patronal Seguros S.A.
14.07.26: Se presenta la Sra. Defensora Oficial interviniente en autos por el codemandado Bernachea, ante la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Departamental, interponiendo recurso de revocatoria in extremis contra el resolutorio de fecha 08.07.26, solicitando la citación de Federación Patronal Seguros S.A.
01.09.26: La Excma. Cámara de Apelación resuelve rechazar el recurso de revocatoria in extremis articulado por la Defensora Oficial, en representación del codemandado Carlos Ramón Bernachea, contra la resolución de fecha 08.07.26.
Finalmente en fecha 04.09.26, devueltos los autos de la alzada y atento lo resuelto por el superior en fecha 01.09.26 se reanuda el llamamiento de autos para sentencia suspendido en fecha 27.11.25, providencia que se encuentra firme y consentida y
CONSIDERANDO : I.- La presente causa fue iniciada por el Sr. Claudio Raúl Martínez con la finalidad de obtener una indemnización por los daños y perjuicios que afirma haber sufrido como consecuencia del accidente ocurrido el día 9 de enero de 2019, aproximadamente a las 17:50 horas, en la calle 9 de Julio al 480 de la localidad y Partido de San Isidro.
Indica en su escrito de demanda que, en momentos en que se encontraba detenido a bordo de su vehículo Renault Duster, dominio AA 851 XE, ante la señal lumínica del semáforo existente en el lugar, una grúa marca Hyundai, dominio EGX-200, que se encontraba delante de su rodado, efectuó una maniobra de retroceso sin advertencia, impactando contra el sector trasero derecho de su automóvil.
Atribuye la responsabilidad por el hecho dañoso al conductor de la grúa, Sr. Carlos Bernachea, a la firma Olstran S.R.L. y a la Municipalidad de San Isidro, en razón de encontrarse dicho vehículo afectado al servicio de acarreo, reclamando el resarcimiento de los daños que sostiene derivados del accidente.
Que la presente acción ha quedado entablada contra el conductor de la grúa Sr. Carlos Ramón Bernachea, de quién, luego de agotadas las diligencias procesales tendientes a notificarlo de la demanda, culminando con la publicación de edictos en el Boletín Oficial en fecha 17.08.23, ha asumido representación la Defensoría Oficial n° 3 Departamental; contra la titular dominial del vehículo grúa Olstran S.R.L, empresa destinada al acarreo de vehículos al servicio de la Municipalidad de San Isidro y contra esta última, ambas declaradas rebeldes en fecha 10.02.21, sin perjuicio de haberse presentado esta última a estar a derecho en fecha 11.03.21.
II. Previo a adentrarme en el análisis de la demanda y teniendo en cuenta que el día 1 de agosto del 2015 ha entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, resulta procedente realizar algunas consideraciones.
El actual Código Civil y Comercial, como el derogado, establecen que las leyes se aplicarán a partir de su entrada en vigencia aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, es decir, que consagra la aplicación inmediata de la ley nueva, que rige para los hechos que están en curso de desarrollo al tiempo de su sanción.
Por otro lado, el presunto hecho dañoso denunciado tuvo lugar, según lo expuesto en la demanda, el día 9 de enero de 2019, es decir, luego de la entrada en vigencia del CCyC y de la Ley n° 26.944, Ley de Responsabilidad Estatal.
Pues bien, ante el panorama legislativo descripto es menester destacar que en el Código Civil anterior (Ley nro. 340), la noción de responsabilidad del estado por falta de servicio, ya sea por acción u omisión, encontraba su fundamento en el art. 1112. Lo cierto, es que a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, en adelante me referiré a dicho cuerpo normativo como CCyC, el art. 1764 veda la aplicación de las normas del CCyC a los supuesto de responsabilidad del Estado, ya sea de forma directa como subsidiaria. A su vez, el art. 1765 del mismo código nos indica que la responsabilidad del Estado se regirá por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.
En la actualidad, cabe destacar que la Provincia de Buenos Aires no ha adherido a la Ley de Responsabilidad Estatal (confr. art. 11 de la Ley 26.944), ni ha dictado su propia normativa en la materia que se analiza, circunstancia que, de acuerdo al art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, art. 3 del CCyC, los arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 5 del CPCC, imponen a la Suscripta el deber de otorgar al caso debatido en autos un marco jurídico adecuado a los fines de resolver la contienda suscitada entre las partes.
Ahora bien, destaco que el mencionado art. 1764 no impide la aplicación de la analogía respecto de las disposiciones previstas en el CCyC en relación a la responsabilidad del estado, pues sólo se encuentra, reitero, vedada su aplicación directa y subsidiaria siempre y cuando su aplicación resultase compatible con los principios propios del derecho público local que rigen en la especie.
En ese derrotero, mediante la aplicación de la analogía, encuentro atinado recurrir, en este caso, a los artículos del Código Civil y Comercial, 1749: "... Sujetos Responsables: Es responsable directo quien incumple una obligación u ocasiona un daño injustificado por acción u omisión...", 1757: "Hechos de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas...La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención." y 1758: "Sujetos responsables. El dueño y guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella...".
Además el art. 1753 refiere "... El principal responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia, o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas...".
Es menester recalcar el método que se propugna, tal como ya he mencionado, no se encuentra impedido por las directrices de los arts. 1764 y 1765 del CCyC, permitiendo cumplir con la manda del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires "...Los tribunales de justicia deberán resolver todas las cuestiones que le fueren sometidas por las partes, en la forma y plazos establecidos al efecto por las leyes procesales...".
Respecto del método que se aplica, se ha sostenido que "...dicha tarea, que conlleva muchas veces la adaptación de las soluciones previstas en el Código Civil con los principios y normas del derecho público, ha sido postulada por la tradicional doctrina ius administrativa. Así, Marienhoff y Cassagne sostienen que la analogía tiene un gran campo de aplicación en el Derecho Administrativo debido a su autonomía y a su condición de derecho nuevo y, por tanto, con carencia de normas escritas. También la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha efectuado en diversas ocasiones la aplicación analógica de las normas del Código Civil para integrar lagunas del derecho administrativo. Así lo hizo en materia de nulidades del acto administrativo, contratos administrativos y con relación a la responsabilidad del Estado...". (Pablo Esteban Perrino; La responsabilidad del Estado y los funcionarios públicos - Código Civil y Comercial -Ley 26.944 comentada-1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Ley, 2015).
También, tiene dicho Balbín "...En otras palabras; Luego de comprobar la inexistencia de ley análoga en el ámbito del derecho público se debe recurrir sin más a la aplicación del derecho privado..." (Curso de Derecho Administrativo, Tomo 1, Carlos F. Balbín, Editorial La Ley, pág. 194, 2007).
Delimitado el marco normativo aplicable al presente caso, me abocaré al análisis de sus distintos aspectos.
III. De acuerdo a lo expuesto en los anteriores considerandos, se atribuye a la accionada responsabilidad directa, asimilable en la especie a reiterada doctrina de la CSJN y la SCBA que los servicios a cargo del Estado deben prestarse en condiciones adecuadas para cumplir el fin para el que han sido establecidos, debiendo afrontarse las consecuencias de su incumplimiento o ejecución irregular (cfr. CSJN, Fallos 306:2030; 312:1656; 315:1892, 1902; 316:2136; 320:266; 325:1277; 328:4175; 329:3065, SCBA LP C 107625 S 12/09/2012, SCBA LP Ac 94457 S 03/05/2006, entre otras). La falta de servicio por acción o por omisión del Estado implica que el Estado responde de modo principal y directo por los daños imputables a la actividad de sus órganos, funcionarios o agentes realizada en ejercicio de la función pública encomendada (CSJN, Fallos 312:1656; 317:1921; 318:193; 321:1124; 330:2748; 321:1124; 330:563 y 2748; entre otros, y SCBA LP C 107625 S 12/09/2012, SCBA LP Ac 94457 S 03/05/2006, entre otras).
A su vez, los recaudos de orden genérico que deben concurrir para la procedencia de todo reclamo fundado en la responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad ilícita, son: (i) que éste haya incurrido en una falta de servicio, (ii) que el actor haya sufrido un daño cierto, (iii) que exista una relación de causalidad directa entre la conducta estatal impugnada y el daño cuya reparación se persigue (cfr. Fallos: 328:2546; Fallos: 332:2328; Fallos: 333:1404 y 334:1074; CCASM causa nº 3220, del 30/10/12, entre otras).
Cabe precisar que la responsabilidad estatal por la prestación irregular de un servicio no requiere necesariamente que la conducta causante del daño haya sido ejecutada materialmente por un agente municipal. Cuando el Estado organiza la prestación de un servicio a su cargo mediante la contratación de terceros, corresponde examinar si los daños ocasionados durante su ejecución pueden ser atribuidos a dicha actividad, atendiendo a las características del servicio, las condiciones de su prestación y la relación causal con el perjuicio invocado.
IV. Ingresando en el análisis de la causa traída a conocimiento de la Suscripta, en primer lugar, me abocaré a corroborar la existencia el daño que dice haber sufrido la parte actora, la mecánica de los hechos discutidos en autos, y sobre ese andar analizaré a quien le cabe la responsabilidad del hecho discutido en autos.
Cabe destacar que con la documentación adjuntada por el actor en fecha 26.11.24, contestación del Oficio al Registro de la Propiedad Automotor, tengo por acreditado que el titular del automóvil Renault Duster dominio AA 851 XE es el actor, Señor Claudio Raúl Martinez, y que la titularidad del vehículo grúa Hyundai dominio EGX-200 corresponde a Olstran S.R.L.
Asimismo tengo por acreditado con la documental arrimada en la presentación efectuada por la demandada Municipalidad de San Isidro en fecha 04.12.24, que la empresa Olstran S.R.L es el proveedor adjudicatario del "Servicio de Acarreo de Vehículos" del municipio.
Con la documental ofrecida en la demanda de fecha 04.12.19, (v. fs. 15), obra agregado presupuesto de reparación emitido por la concesionaria oficial Renault Galante D antonio de fecha 11.01.19.
Asimismo, con las fotografías obrantes a fs. 17 ofrecidas como prueba, se observa el rodado de titularidad del actor, mostrando daños en la parte trasera derecha.
En cuanto al valor probatorio de las mismas, la jurisprudencia ha sostenido que "en cuanto a la eficacia de las fotografías, cabe señalar que, si bien las mismas no se encuentran certificadas, permiten extraer presunciones y enriquecer la convicción del Juez, al sumarlas a los otros elementos de prueba que obran en el proceso" (CCASM, causa Nº 2.901/11, "Yrasusta, Carlos Víctor Hugo y otro/a c/ Municipalidad de Vicente López s/ Pretensión Indemnizatoria", 13.06.2012).
En relación con la pericia mecánica producida por el ingeniero Pablo Christian Fabal (dictamen presentado el 03.02.2025), corresponde señalar que el experto no pudo examinar directamente el vehículo siniestrado, toda vez que el actor, mediante presentación del 10.12.2024, informó que había enajenado su Renault Duster, dominio AA 851 XE, el 29.06.2020.
Efectuada dicha aclaración, y continuando con el análisis de la prueba pericial, cabe señalar que el experto arribó a las siguientes conclusiones: "...dado el tiempo transcurrido, me apoyo en la herramienta google Earth histórico para ver cómo eran las condiciones en 2019. Donde la calle 9 de julio posee un ancho de 7,6 mts de cordón a cordón y permite estacionar los vehículos a 45° de frente...", "...la arteria 9 de julio es de asfalto en buen estado de conservación con sentido único hacia nor-noroeste y velocidad máxima de 40 km/h...".
Que ante el requerimiento en uno de los puntos de pericia efectuados en la demanda, (pto. E), a fin que describa la mecánica accidentológica a partir del croquis efectuado el experto respondió: "...La evidencia refiere un golpe del vehículo del actor a la altura del paragolpe trasero lateral derecho, siendo coherente con la mecánica denunciada de que otro vehículo saliendo marcha atrás a 45° lo impactara a baja velocidad (menos de 16 km/h)...".
Asimismo en el punto de pericia G, le fue requerido al perito que indique cuál ha resultado el impactante físico, a lo cual respondió "...la evidencia sólo puede demostrar que el vehículo del actor fue impactado...".
Por otra parte contamos con otro elemento probatorio que se incardina como sostén de los hechos relatados en la demanda, esto es, la declaración del testigo ofrecido por la parte actora, Sr. Franco Humberto Partemi quién relató en el acta agregada en fecha 26.12.24: "...Que el día del accidente le dio el teléfono al Doctor y lo llamó hace dos meses así venía. Dice que lo pasó a buscar y acá está. Dice que se trata de un choque de un camión de esos que llevan autos, una plancha de la municipalidad, hizo marcha atrás, estaba estacionado a 45 grados y dice que golpeó a una camioneta Duster, propiedad del Doctor Martinez, no sabe si era de él pero la conducía. Dice que golpeó el camión dando marcha atrás. Dice que fue en la calle 9 de Julio y 25 de Mayo. Dice que con la parte trasera izquierda del camión impactó sobre la parte trasera derecha de la camioneta. Dice que fue en enero de 2019, fue hace un tiempito. Dice que estaban frenados en el semáforo todos los autos cuando sucedió esto. Dice que había ido el testigo a hacer un trámite en San Isidro y justo pasó por ahí. Dice que no sabe si tuvo alguna lesión...".
Sentado ello, corresponde recordar que la prueba producida debe ser apreciada en su conjunto, procurando vincular armoniosamente sus distintos elementos y conforme las reglas de la sana crítica, sin que resulte adecuado efectuar una valoración aislada de cada uno de ellos.
Bajo tales premisas, advierto que, si bien no obra en autos un elemento probatorio que por sí solo permita reconstruir con absoluta certeza y en todos sus aspectos la mecánica del accidente, las constancias reunidas, apreciadas de manera conjunta, armónica y concordante, resultan suficientes para formar convicción acerca de que el hecho se produjo sustancialmente del modo relatado en el escrito de inicio.
En efecto, adquiere particular relevancia la declaración testimonial producida en autos por el testigo Partemi, desde que el testigo manifestó haber presenciado el impacto y dio cuenta de las circunstancias en que éste se produjo, resultando su relato concordante, en sus aspectos sustanciales, con la versión brindada por el accionante.
Dicha declaración no aparece aislada, sino que se encuentra corroborada en los restantes elementos incorporados a la causa, particularmente en las fotografías acompañadas, y en las conclusiones de la prueba pericial. En efecto, el experto, luego de contestar los puntos sometidos a su consideración y de analizar las fotografías incorporadas, las imágenes obtenidas mediante Google Earth y el croquis confeccionado, estimó verosímil y compatible la mecánica denunciada con los elementos examinados.
En tales condiciones, cabe concluir, aun cuando dichos elementos, considerados aisladamente, pudieran no resultar suficientes para demostrar la totalidad de las circunstancias que rodearon el siniestro, su valoración integral permite advertir la existencia de un conjunto de circunstancias e indicios serios, concordantes y convergentes que corroboran el relato efectuado en la demanda y que, unidos a la declaración de quien presenció el impacto, permiten alcanzar un grado de convicción suficiente para tener por acreditadas tanto la efectiva ocurrencia del hecho como su mecánica sustancial y, en definitiva, que el evento dañoso se produjo sustancialmente en las condiciones de tiempo, lugar y modo relatadas por la parte actora.
En igual sentido se ha pronunciado la Excma. Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín al ponderar la prueba producida de manera conjunta y conforme las reglas de la sana crítica, teniendo por acreditada la materialidad del hecho a partir de la concordancia existente entre los diversos elementos incorporados a la causa, aún frente a cuestionamientos relativos a la suficiencia individual de tales medios probatorios (conf. C.C.A.S.M., causa n° 9910-2022, "De León, Domingo Rafael c/ Municipalidad de Vicente López s/ Pretensión Indemnizatoria", sent. del 30/03/2026; y causa n° SI1-8754-2021, "Best, Eduardo Cristian c/ Municipalidad de Vicente López s/ Pretensión Indemnizatoria", sent. del 06.05.2021-a contrario sensu).
Es menester especificar a estas alturas que la citada en garantía Federación Patronal S.A, si bien se presentó en fecha 29.04.24 alegando un total desconocimiento de los hechos denunciados en la demanda, afirmando que su asegurada Osltran S.R.L no informó el supuesto siniestro acaecido, ello, sin perjuicio de lo cual fue desistida por la parte actora en 30.04.24 y se la tuvo por desistida en 24.05.24.
Asimismo tanto Olstran S.R.L como la Municipalidad de San Isidro fueron declaradas rebeldes en fecha 10.02.21.
En relación a ello, cabe agregar que la conducta procesal asumida por los codemandados declarados rebeldes, es una circunstancia que no puede ser soslayada al momento de efectuar una valoración integral del material probatorio reunido en autos.
En efecto, conforme lo dispuesto por los arts. 60 del CPCC, aplicable en virtud de la remisión prevista por el art. 77 del CCA, la rebeldía declarada y firme constituye, en caso de duda, presunción de verdad respecto de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo dicha declaración, pudiendo asimismo el silencio ser estimado como reconocimiento de los hechos pertinentes y lícitos expuestos en la demanda.
Cierto es que la declaración de rebeldía no determina, por sí sola y de manera automática, la procedencia de la pretensión ni releva al juzgador de examinar las restantes constancias de la causa. Sin embargo, genera una presunción favorable a la versión de los hechos sostenida por la parte actora que, apreciada conjuntamente con los restantes elementos de convicción incorporados al proceso, adquiere particular relevancia.
Desde esa perspectiva, advierto que dicha presunción no se presenta aislada en el caso, sino que encuentra adecuado sustento y corroboración en la restante prueba producida, particularmente en la declaración testimonial y en las conclusiones de la prueba pericial mecánica referenciadas a lo largo del presente considerando, elementos que, reitero, valorados en forma conjunta, permiten tener por acreditada la mecánica sustancial del hecho relatada en el escrito de inicio, (conforme lo expuesto en autos "Lauandos Alejandra Diana c/ Auto del Sol S.A. s/ Pretensión Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos", causa N° 49.313, sent. del 13.04.2020, que tramitan ante este Juzgado y Secretaría; y en igual sentido CCASM, causa N° 5.023, "Jiménez, Graciela del Valle y otros c/ Lago, Vanesa Soledad y otros s/ Pretensión Indemnizatoria", sent. del 01.02.2022).
Establecida la mecánica del accidente, corresponde determinar a quién resulta atribuible la responsabilidad por los daños ocasionados.
En primer término, respecto del Sr. Carlos Ramón Bernachea, considero que la maniobra de retroceso efectuada con la grúa, sin advertir la presencia del vehículo del actor que se encontraba detenido ante el semáforo, constituyó la causa adecuada del impacto. En efecto, de las pruebas examinadas no surge que el accionante hubiera realizado alguna conducta que contribuyera a la producción del accidente, ni se ha acreditado la existencia de una circunstancia ajena que permita interrumpir el nexo causal.
En cuanto a Olstran S.R.L., se encuentra acreditada su condición de titular registral de la grúa Hyundai, dominio EGX-200, involucrada en el accidente.
En consecuencia, corresponde atribuirle responsabilidad en su carácter de dueña del vehículo que intervino activamente en la producción del daño, conforme al régimen de responsabilidad objetiva derivada del riesgo de las cosas (arts. 1757 y 1758 del CCyC).
En cuanto a la responsabilidad de la Municipalidad de San Isidro, se encuentra acreditado que la empresa Olstran S.R.L. había sido contratada por el municipio para la prestación del servicio de acarreo de vehículos.
La circunstancia de que el municipio haya contratado a una empresa privada para la ejecución material del servicio no determina, por sí sola, que quede eximido de responsabilidad por los daños ocasionados durante su prestación.
En efecto, la intervención de un tercero contratado constituye una modalidad de organización y ejecución de la actividad municipal, pero no implica el desplazamiento de la responsabilidad que le corresponde al Estado respecto de los servicios a su cargo.
Esta interpretación resulta compatible con el criterio contemplado en el artículo 1753 del Código Civil y Comercial, en cuanto establece la responsabilidad del principal por los daños ocasionados por las personas de las que se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, norma cuya aplicación analógica corresponde considerar en los términos desarrollados en el considerando II.
En el caso, considero suficientemente acreditada la vinculación de la grúa involucrada en el accidente con el servicio municipal de acarreo. Ello surge de la documentación acompañada por la Municipalidad de San Isidro, que acredita la condición de Olstran S.R.L. como adjudicataria de dicho servicio, y de la declaración del testigo Partemi, quien identificó al vehículo interviniente como una grúa municipal destinada al traslado de automóviles.
Estos elementos, valorados conjuntamente con los efectos procesales de la rebeldía declarada en autos, proporcionan sustento suficiente para considerar que el accidente se produjo en el marco de la prestación del servicio municipal contratado, sin que las restantes constancias incorporadas permitan sostener, con mayor grado de probabilidad, que el vehículo se encontrara desarrollando una actividad ajena a dicho servicio.
En consecuencia, considero que la Municipalidad de San Isidro debe responder por las consecuencias dañosas derivadas de la ejecución irregular del servicio de acarreo que había encomendado a Olstran S.R.L., sin que la contratación de esta última permita excluir su responsabilidad frente al particular damnificado, sin perjuicio de las acciones que eventualmente pudieran corresponderle frente a la empresa contratista.
Por las consideraciones expuestas, corresponde atribuir responsabilidad por el hecho dañoso a Carlos Ramón Bernachea, Olstran S.R.L. y la Municipalidad de San Isidro, y continuar con el análisis de los rubros indemnizatorios reclamados.
V. Establecida la responsabilidad del hecho dañoso, corresponde adentrarnos en los rubros indemnizatorios reclamados:
V.1. Daño físico: En cuanto al presente rubro, el actor en la demanda reclama el resarcimiento de los daños físicos que afirma haber padecido como consecuencia del accidente ocurrido el día 9 de enero de 2019, estimando que las lesiones sufridas le ocasionaron una incapacidad parcial y permanente del 10 %.
En forma preliminar, corresponde recordar que la indemnización por incapacidad sobreviniente tiene por finalidad reparar la disminución de las aptitudes físicas o psíquicas de la víctima que repercute en sus posibilidades de desenvolvimiento, no sólo en el ámbito laboral, sino también en las restantes actividades de su vida cotidiana, social y de relación.
El contenido del daño u objeto a resarcir en el caso de incapacidad no se limita a lo laborativo, sino que comprende también la afectación de la idoneidad o aptitudes del sujeto, tanto desde el punto de vista individual como social, y la frustración de sus posibilidades futuras, es decir, el aspecto de superación sobre la base de las expectativas afectivas de que gozaba, sin limitarlo en función de las tareas que desarrollaba. (CC0000 TL 9893 RSD-20-31 S 30-4-1991, autos: "Babuini de Elola, Mabel c/ Echeto, Carlos y otro s/ Daños y Perjuicios").
Así, "Para determinar la reparación del daño por lesiones es menester considerar y relacionar las diversas variables relevantes de cada caso, en particular en relación con la víctima (capacidad productiva, cultura, edad, estado físico e intelectual, profesión, ingresos, laboriosidad, posición económica y social, expectativa de vida, entre otras), datos todos éstos que deben ser prudencialmente valorados por el tribunal" (SCBA LP A 72673 S 18/10/2017).
Sentado ello, corresponde analizar las constancias probatorias incorporadas a la causa, a fin de determinar la existencia y entidad de las lesiones invocadas y, particularmente, su relación causal con el hecho dañoso debatido en autos.
En primer término, cabe señalar que el accionante acompañó con su escrito de inicio una constancia médica expedida por el Dr. Luis Pablo Arqueros, especialista en ortopedia y traumatología, de fecha 10 de enero de 2019, esto es, al día siguiente del accidente (v. fs. 14).
De dicha documentación surge que el actor presentó un cuadro de traumatismo cervical, acompañado de cefaleas, mareos a los cambios de posición, inestabilidad en la marcha y cervicobraquialgia con parestesias en el miembro superior izquierdo, indicándose tratamiento médico y reposo.
La autenticidad de dicha constancia encuentra corroboración en la respuesta al oficio incorporada a las actuaciones con fecha 20 de febrero de 2025, mediante la cual el profesional confirmó la atención médica brindada al accionante.
En tales condiciones, considero que dicha documentación adquiere particular relevancia probatoria, no sólo por su proximidad temporal con el accidente, sino también porque permite establecer la existencia de manifestaciones clínicas cervicales inmediatamente posteriores al hecho.
A ello se adicionan las conclusiones de la prueba pericial médica producida en autos.
En efecto, mediante dictamen presentado en fecha 8 de junio de 2025, el perito médico designado en autos, Dr. Luis Rodrigo Romero, luego de examinar al accionante y evaluar los estudios complementarios realizados, determinó que presentaba una incapacidad física parcial y permanente del 9 % de la total vida, conforme al baremo de Altube-Rinaldi, por cervicalgia con contractura muscular dolorosa persistente, pérdida de la lordosis fisiológica, reducción de la movilidad cervical y alteraciones electromiográficas.
Asimismo, en fecha 13.06.25, en la contestación al pedido de explicaciones efectuado por la actora el perito indicó: "...Se sugiere efectuar tratamiento fisioterápico bajo vigilancia traumatológica con mínimo de 30 sesiones a razón de 2 por semana por cada una de las unidades anatomo funcionales que fueran motivo del reclamo a los efectos de evitar una mayor limitación de los movimientos de las articulaciones afectadas a un costo de entre $25000 y $30000 por sesión dependiendo del Centro Privado que se atendiere...".
Ahora bien, en fecha 18.06.25 dicho dictamen fue objeto de impugnación por parte de la Municipalidad de San Isidro, quien cuestionó, entre otros aspectos, la ausencia de historia clínica que permitiera verificar la evolución del cuadro, la falta de constancias de seguimiento médico durante el período transcurrido desde el accidente y la discordancia entre la sintomatología inicialmente documentada por el Dr. Arqueros y los hallazgos obtenidos mediante los estudios complementarios realizados en el año 2025.
En relación con las observaciones formuladas por la demandada, corresponde considerar la respuesta brindada por el perito médico mediante su presentación del 15.07.2025, en la que expresó: "...Que la determinación de incapacidad se efectúa en base a los hallazgos del examen físico realizado sobre el actor. Los estudios complementarios, precisamente "complementan" estos hallazgos y de ninguna forma los sustituyen, las secuelas son fehacientes y verosímiles independientemente de la cronología del siniestro y de los estudios complementarios realizados a posteriori.
Que no es tarea del perito aportar otras pruebas al expediente que oportunamente no hayan sido agregadas por las partes, tales como certificados de atención o copias de historia clínicas, estudios complementarios, etc.
En cuanto a la determinación del nexo de causalidad, es sabido que constituye una facultad exclusiva de V.S. y por lo tanto este perito no se encuentra en condiciones de aseverarlo, y es así que se ha plasmado en el informe producido.
Se determinó incapacidad en base a los diagnósticos expresados en el informe, los cuales incluyen la limitación funcional del segmento anatómico evaluado.
Resulta imposible, a criterio de este perito, determinar a ciencia cierta el origen exacto de todos los hallazgos físicos y clínicos que presenta el actor. Pero sí se puede afirmar que el evento dañoso sufrido (accidente), tiene la entidad suficiente como para despertar dolencias clínicas que pudieron haber permanecido latentes en el accionante, y comenzar la sucesión de eventos que culminaron con la incapacidad que presenta en la actualidad...".
Al respecto, corresponde recordar que, si bien las conclusiones de los peritos no resultan obligatorias para el juzgador, constituyen un elemento de especial relevancia cuando versan sobre cuestiones que requieren conocimientos científicos específicos, debiendo apreciarse su razonabilidad, fundamentación y concordancia con los restantes elementos probatorios, conforme las reglas de la sana crítica (arts. 384 y 474 del CPCC, aplicables por remisión del art. 77 del CCA).
A través de la doctrina se ha señalado que el peritaje es la actividad realizada por personas especialmente calificadas, distintas e independientes de las partes y del juez del proceso, por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante el cual se suministra al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o entendimiento escapa a las del común de las gentes. Es una prueba ilustrativa sobre alguna materia técnica, que escapa al conocimiento del magistrado (Falcón, 2003:4) (Martorelli, "La Prueba Pericial. Consideraciones sobre la prueba pericial y su valoración en la decisión judicial").
Ello así, desde esa perspectiva y atento la especificidad del galeno, advierto que las objeciones formuladas por la demandada merecen ser examinadas particularmente en lo concerniente a la relación de causalidad entre el accidente y las secuelas incapacitantes determinadas por el experto.
En primer lugar, considero que la ausencia de documentación médica correspondiente a la totalidad del período transcurrido entre el accidente y la realización de la pericia no constituye, por sí sola, un elemento suficiente para descartar la persistencia de las afecciones cervicales, máxime cuando se encuentra acreditada la existencia de un traumatismo de dicha región inmediatamente después del siniestro (v. constancia de fs. 14 y de fecha 20.02.25).
En efecto, si bien la falta de constancias clínicas intermedias impide reconstruir con precisión la evolución de la sintomatología durante dicho período, tal circunstancia no autoriza, sin otros elementos que así lo sustenten, a concluir que las lesiones inicialmente constatadas hubieran desaparecido íntegramente o que las manifestaciones cervicales verificadas con posterioridad resulten necesariamente ajenas al accidente.
Por otra parte, tampoco considero que el tiempo transcurrido entre el hecho y la realización de los estudios complementarios permita, aisladamente, desvirtuar las conclusiones periciales, toda vez que la determinación de las secuelas permanentes requiere precisamente la evaluación del estado de salud de la víctima con posterioridad al período de evolución de las lesiones.
En cuanto a la discordancia señalada por la demandada entre las parestesias del miembro superior izquierdo consignadas en la constancia médica de enero de 2019 y los hallazgos electromiográficos derechos observados en 2025, considero que dicha circunstancia introduce una dificultad que debe ser ponderada al examinar la atribución causal de las alteraciones neurológicas.
Sin embargo, tal diferencia no permite descartar, por sí misma, la existencia de las restantes manifestaciones clínicas cervicales constatadas por el experto, particularmente la contractura muscular dolorosa y la limitación de la movilidad de dicha región, cuya valoración debe efectuarse atendiendo al conjunto de las constancias médicas incorporadas a la causa.
En este punto, corresponde distinguir entre la determinación de la existencia de una incapacidad física y la valoración de su relación causal con el hecho dañoso, toda vez que la primera no conduce necesariamente a tener por acreditada la segunda.
No obstante ello, en el caso considero que la documentación médica contemporánea al accidente, las características del hecho acreditadas en autos y los hallazgos clínicos consignados en la pericia constituyen elementos que, apreciados conjuntamente, proporcionan sustento a la vinculación causal entre el traumatismo cervical inicialmente documentado y las manifestaciones funcionales cervicales posteriormente constatadas.
Desde esta perspectiva, las observaciones de la demandada no resultan suficientes para desvirtuar la existencia de una afectación física vinculada con el accidente, sin perjuicio de la incidencia que corresponde asignar a las limitaciones probatorias señaladas al momento de establecer la extensión del resarcimiento.
En efecto, considero que el porcentaje de incapacidad determinado por el perito (9% de la T.V), constituye una pauta técnica relevante para la valoración del daño, aunque no obliga al juzgador a adoptar automáticamente su equivalencia económica ni exime de ponderar las circunstancias particulares del caso.
En consecuencia, valorando de manera conjunta la constancia médica expedida al día siguiente del accidente, su posterior reconocimiento mediante prueba informativa, las características del siniestro y las conclusiones de la pericia médica, considero suficientemente acreditada la existencia de una afectación física cervical causalmente vinculada con el hecho dañoso.
Bajo tales parámetros, y por las consideraciones desarrolladas a lo largo del presente considerando, ponderando la entidad de la lesión, el carácter permanente de las secuelas informadas, la edad del actor y la incidencia razonable de tales consecuencias en su desenvolvimiento vital, estimo prudente admitir el reclamo indemnizatorio formulado en concepto de daño físico y fijar a valor actual para este rubro la suma de $5.150.000, (pesos cinco millones ciento cincuenta mil), a valores actuales, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1737, 1738, 1740 y 1746 del Código Civil y Comercial de la Nación; art. 77 del C.C.A. y arts. 163 inc. 5°, 165, 375 y 384 del C.P.C.C.
V.2. Gastos de tratamiento y movilidad: En cuanto a este rubro, corresponde señalar que no resulta indispensable acreditar documentalmente cada una de las erogaciones efectuadas cuando la naturaleza de las lesiones permite considerar razonable que la víctima haya debido afrontar gastos médicos, farmacológicos y de traslado.
En el caso, se encuentra acreditado que, como consecuencia del accidente, el actor sufrió un traumatismo cervical que requirió atención médica y tratamiento, conforme surge de la documentación acompañada y de la prueba informativa producida.
Asimismo, el perito médico, en su presentación del 13.06.2025, recomendó la realización de un tratamiento fisioterapéutico de al menos 30 sesiones, a razón de dos por semana, con un costo estimado de entre $25.000 y $30.000 por sesión, a fin de evitar una mayor limitación funcional.
Considero que esta recomendación constituye una pauta objetiva para valorar las necesidades terapéuticas derivadas de la lesión acreditada, sin perjuicio de que no se encuentra demostrado que la totalidad de dicho tratamiento haya sido efectivamente realizada.
En consecuencia, teniendo en consideración la naturaleza de las lesiones, los gastos médicos y de movilidad razonablemente derivados del accidente y el tratamiento de rehabilitación recomendado por el experto, estimo adecuado fijar la indemnización por este concepto en la suma de $757.000 (pesos setecientos cincuenta y siete mil), a valores actuales (art. 165 del CPCC, por remisión del art. 77 del CCA).
V.3. Daño moral: El agravio moral tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos (SCBA, Ac. 35579, S, 22/04/1986, entre otros).
Cabe destacar que dicha reparación no es mensurable con parámetros estrictamente objetivos ni procedimientos matemáticos, sino que el monto indemnizatorio queda circunscripto a la discrecionalidad del Juez (SCBA, Ac. 58273, S, 25/02/1997; 46089, S, 04/06/1991; CC LP, B 77.650, S, 04/08/1994; CC SI, 92725 RSD-153, S, 08/07/2003).
Tal como reiteradamente lo ha dispuesto la Casación Bonaerense, las indemnizaciones por daño moral no deben guardar necesariamente proporcionalidad con el daño material, pues su fijación como monto depende del hecho generador y se halla sujeta al prudente arbitrio judicial merituando las circunstancias que rodearon el hecho, edad y sexo de la víctima (arts. arts. 1738 y 1741 del C.C.y C., 165 del C.P.C.C.; SCBA, Ac. 21311, 21512, 31583, 41539, e.o.).
A su vez debe merituarse el dolor humano como agravio concreto a la persona, y más allá de que se entienda que lo padecido no es susceptible de ser enmendado, es lo cierto que la tarea del juez es realizar "la justicia humana" y con ello no hay enriquecimiento sin causa ni se pone en juego algún tipo de comercialización de los sentimientos. No hay "lucro" porque este concepto viene de sacar ganancia o provechos, y en estos supuestos de lo que se trata es de obtener compensaciones ante un daño consumado; y un beneficio contrapuesto al daño, el único posible para que se procure la igualación de los efectos, dejando con ello en claro el carácter resarcitorio que se asigna al daño moral (cfr. Belluscio, Código Civil Anotado, T° 5 pág. 110 citando a pie de página a C.N.Civ. Sala C, La Ley 1978 D-645 y causa B 83.346 RSD-164-98; B 79.317, S, 49/95; 89.362 RSD-71-99, e.o.).
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sostuvo que: "Debe considerarse el daño moral como la lesión a derechos que afecten el honor, la tranquilidad, la seguridad personal, el equilibrio psíquico, las afecciones legítimas en los sentimientos o goce de bienes, así como los padecimientos físicos o espirituales que los originen, relacionados causalmente con el hecho ilícito. En cambio no es referible a cualquier perturbación del ánimo. Basta para su admisibilidad la certeza de que existió, ya que debe tenérselo por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica -daño "in re ipsa"-, incumbiéndole al responsable del hecho acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya toda posibilidad de daño moral. Siendo su naturaleza de carácter resarcitorio, no se trata de punir al autor responsable, de infringirle un castigo, sino de procurar una compensación del daño sufrido (art. 1078 Cód. Civ.) y su estimación se encuentra sujeta al prudente arbitrio judicial, no teniendo por qué guardar proporcionalidad con el daño material, pues no depende de éste sino de la índole del hecho generador" (SCBA, Ac. 78280, S, 18/06/2003).
Probado como se encuentra el impacto que tuvo el hecho ventilado en autos sobre Claudio Martínez, particularmente a partir de las lesiones cervicales padecidas como consecuencia del accidente, la atención médica recibida y el reposo indicado, corresponde ponderar que tales circunstancias resultan razonablemente susceptibles de ocasionar dolores, molestias físicas y padecimientos que trascienden la mera afectación patrimonial.
En este sentido, la naturaleza de las lesiones constatadas, las indicaciones médicas efectuadas y las consecuencias físicas derivadas del siniestro, apreciadas en su conjunto, permiten inferir razonablemente la existencia de una afectación a la tranquilidad espiritual y al bienestar personal del accionante, sin que resulte indispensable contar con una prueba directa y autónoma de cada uno de los padecimientos experimentados.
En consecuencia, acreditada la existencia de lesiones físicas vinculadas causalmente con el hecho dañoso, corresponde, de conformidad con lo normado por los artículos 1738 y 1741 del C.C.y C., hacer lugar al reclamo, por lo que fijo a valores actuales para este rubro la suma de $ 2.500.000, (pesos dos millones quinientos mil).
V.4. Daños materiales: Corresponde abordar el reclamo indemnizatorio formulado por el actor en concepto de daños materiales ocasionados a su vehículo.
Al respecto, considero que las fotografías acompañadas y las conclusiones de la pericia mecánica permiten tener por acreditada la existencia de desperfectos materiales en el sector trasero derecho del automóvil, compatibles con la mecánica del accidente.
Sin embargo, ello no resulta suficiente para determinar la entidad económica del perjuicio cuya reparación se reclama.
En efecto, el único elemento aportado para establecer el costo de reparación consiste en un presupuesto emitido por Galante D'Antonio, de fecha 11.01.2019, cuya autenticidad y contenido no fueron corroborados mediante la prueba informativa oportunamente ofrecida, de cuya producción desistió el propio accionante.
A ello se agrega que el vehículo fue enajenado durante el período transcurrido entre el accidente y la producción de la pericia mecánica, circunstancia que impidió su inspección directa. Tampoco se cuenta con una estimación pericial que permita establecer el costo de los trabajos necesarios para reparar los desperfectos constatados.
Si bien el artículo 165 del CPCC faculta al juzgador a estimar prudencialmente el importe de los daños cuya existencia se encuentra acreditada, considero que, en las particulares circunstancias del caso, los elementos disponibles no proporcionan parámetros objetivos suficientes para efectuar una cuantificación razonablemente fundada del perjuicio.
En consecuencia, aun cuando se encuentra acreditada la existencia de daños materiales derivados del accidente, corresponde rechazar la indemnización pretendida por este concepto ante la insuficiencia de elementos probatorios que permitan determinar su entidad económica (arts. 375 y 165 del CPCC, por remisión del art. 77 del CCA).
V.5. Privación de uso: La privación de uso de un rodado puede constituir un daño resarcible, en tanto la indisponibilidad del vehículo puede afectar el normal desenvolvimiento de las actividades cotidianas de su titular o usuario.
Sin embargo, en el caso, si bien el Señor Martínez sostuvo que se vio privado del uso de su vehículo para realizar sus actividades diarias, no acreditó el lapso concreto durante el cual el rodado habría permanecido indisponible, ni produjo prueba suficiente respecto de los gastos, erogaciones o perjuicios específicos derivados de dicha privación.
En tales condiciones, al no contar con elementos que permitan determinar la existencia y entidad concreta del perjuicio reclamado, corresponde desestimar el rubro, de conformidad con los arts. 1737, 1738, 1744 y concordantes del Código Civil y Comercial, art. 77 del CCA y arts. 165, 375 y 384 del CPCC.
VI. Intereses: En relación con los intereses aplicables, corresponde señalar que los importes indemnizatorios reconocidos en la presente sentencia han sido fijados a valores actuales.
En este contexto, resulta aplicable la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires establecida en las causas C. 120.536, "Vera", sentencia del 18.04.2018, y C. 121.134, "Nidera", sentencia del 03.05.2018, que contempla la aplicación de una tasa pura de interés durante el período comprendido entre la producción del daño y la fecha de cuantificación de la indemnización.
Por otra parte, corresponde abordar el planteo de inconstitucionalidad de las normas que prohíben la actualización monetaria, formulado por el actor, quien solicitó la aplicación del criterio establecido por la Suprema Corte provincial en la causa "Barrios".
Al respecto, considero que, en las particulares circunstancias del caso, la fijación de los importes indemnizatorios a valores actuales permite contemplar la incidencia del transcurso del tiempo sobre la cuantificación del daño, por lo que no resulta necesario disponer una actualización adicional del capital reconocido.
En consecuencia, no encuentro acreditada, en las circunstancias concretas de esta causa, la necesidad de declarar la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas para asegurar una reparación adecuada, por lo que corresponde desestimar el planteo formulado.
Por ello, a los importes de condena deberá adicionarse, desde la fecha del hecho dañoso (09.01.2019) y hasta el dictado de la presente sentencia, un interés puro del 6% anual.
A partir de la fecha de esta sentencia y hasta el efectivo pago, corresponderá aplicar la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso.
Ello de conformidad con la doctrina legal establecida por la Suprema Corte provincial en las causas "Vera" y "Nidera", antes citadas, y C. 119.176, "Cabrera", sentencia del 15.06.2016.
VII. Costas: Atento lo normado por el art. 51 del CCA y no encontrando motivos para apartarme del principio general, las costas se imponen a la accionada en su calidad de vencida.
Por los fundamentos expuestos en los considerandos que anteceden, doctrina y jurisprudencia citada es que
1. Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Claudio Raúl Martínez contra Carlos Ramón Bernachea, Olstran S.R.L. y la Municipalidad de San Isidro, condenando a los demandados a abonar al actor la suma de $8.407.000 (pesos ocho millones cuatrocientos siete mil), con más los intereses establecidos en el considerando VI.
2. Rechazar los rubros indemnizatorios reclamados en concepto de daños materiales del vehículo y privación de uso, por los fundamentos expuestos en los considerandos V.4 y V.5.
3. Rechazar el planteo de inconstitucionalidad formulado por la parte actora, por los fundamentos desarrollados en el considerando VI.
4. Imponer las costas a los demandados en su condición de vencidos (art. 51 del CCA).
5. Diferir la regulación de honorarios hasta que quede firme la presente sentencia.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE digitalmente por Secretaria (art. 10 de la Ac. SCBA 4013/21 modificada por Ac. SCBA 4039/21).
María Paula Vénere
Jueza
Firmas
Funcionario firmante: VENERE Maria Paula - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1183-2026
Fin de la sentencia