Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 38.665-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Denegar el pedido de beneficio de litigar sin gastos solicitado por la actora a fs. 3/5.
2Costas a la vencida –conf. art. 68 C.P.CyC.N. y primer párrafo del art. 1163 del C.A.-.
3Intimar a la incidentista para que, dentro del quinto día de notificada, ingrese el importe de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 61/100 ($88.463,61.-) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librar certificado de deuda - conf. art. 5° de la Ley 25.964-.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-53590973-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 29 de Mayo de 2026 Cia. LTDA);
Se reúnen los Sres. Vocales miembros de la Sala “E”, Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria -la Vocalía de la 14º Nominación se encuentra vacante-, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados MARTINEZ DE COLAIACOVO MIRIAM (blsg) S/ INCIDENTE DE BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS (SOLICITADO POR ROMEU I.
DOLVITSCH y Cia. LTDA)”, Expte. N° 38.665-A;
El Dr. Héctor H. Juárez dijo:
I. Que en virtud de la solicitud del beneficio de litigar sin gastos efectuada en los términos del art. 78 y ssgtes. del CPCCN así como del art. 9 de la Ley 25.964 por ROMEU I. DOLVITSCH y Cia. LTDA se ordenó la formación del presente incidente.
II. Que a fs. 3/5 la incidentista solicita beneficio de litigar sin gastos atento la imposibilidad de hacer frente al pago de la tasa de actuación dispuesta por la ley N° 25.964. Relata que es una empresa transportadora de origen brasileño, dicada al transporte de mercaderías entre Brasil, Argentina y Chile, contando con las debidas autorizaciones otorgadas por los órganos competentes en cada uno de los países indicados. Señala que contaba para ello con ocho camiones con sus respectivos semirremolques y mediante el desarrollo de su trabajo lograba mantener la empresa, su flota, utilizando el servicio de fleteros cuando con sus propios camiones no lograba atender las necesidades de transporte de los clientes. Hace referencia a un robo que sucedió en el 2009, señala que en dicha oportunidad sufrió el robo del camión Scania 124 patente IJD 3453 con semirremolque patente IJE 0808, cargando con ferromolibdeno. Agrega que dichos vehículos nunca aparecieron por lo que sufrió una disminución de su patrimonio por la pérdida de un conjunto de carga, lo que se vio reflejado en la consecuente caída de sus ingresos. Señala que además del robo, debió hacer un acuerdo de pago con el importador para indemnizar el valor de la mercadería robada por más de usd 400.000, que también le ha provocado una disminución en la capacidad financiera. Hace referencia a otro suceso delictivo sucedido en el año 2012, que provocó la pérdida de otro camión y semirremolque. Agrega que ha perdido capacidad operativa y en consecuencia los clientes, las posibilidades de crecimiento y de cumplir con las obligaciones asumidas, cayendo en una situación de cesación de pagos, debiendo afrontar las abultadas demandas laborales iniciadas por los choferes que, como consecuencia de los robos y los secuestros aduaneros, quedaron sin trabajo, y lo ha dejado prácticamente en situación de falencia. Ofrece prueba informativa. Finalmente, solicita se conceda el beneficio peticionado.
III. Que a fs. 8/13 vta. la representación fiscal contesta el traslado conferido de la solicitud del beneficio de litigar sin gastos planteada por la actora. En primer lugar, solicita la improcedencia del mismo y señala que la actora se encuentra inscripta en el Registro de Agente de Transporte Aduanero desarrollando dicha actividad. Señala que conforme lo establecido en la norma de rito, a fin de desarrollar tal actividad el interesado debe cumplir los requisitos en ella previstos. Agrega que entre los citados requisitos se encuentra la acreditación de solvencia y la constitución de una garantía a favor de la Dirección General de Aduanas, con el objeto de asegurar el fiel cumplimiento de sus obligaciones en las condiciones que establece la reglamentación. Señala que el beneficio de litigar sin gastos es un privilegio restrictivo y excepcional, por lo que debe demostrarse fehacientemente la ausencia de recursos económicos, extremo que se no verifica en autos. Arguye que por las características de la actividad comercial en cuestión, debe desarrollar con diligencia dicha actividad, no siento imponibles las consecuencias lógicas de un giro comercial adverso. Cita jurisprudencia en apoyo a su postura. Señala que es la propia actora la que impulsara la instancia jurisdiccional, debiendo necesariamente haber previsto los gastos causídicos que tal actividad acarrea. Sostiene que el beneficio de litigar sin gastos encuentra sustento en preceptos de raigambre constitucional como la garantía de defensa en juicio y la igualdad ante la ley, ya que por su intermedio se asegura la prestación del Servicio de Justicia, no ya en términos formales, sino con un criterio que se adecua a su situación patrimonial y no financiera (CSJN, 28/05/98 ED 181-579 id. 16-2-99 E.D. 183-131). Señala que aquel que reclame el beneficio no sólo debe acreditar la carencia de recursos sino también la imposibilidad de obtenerlos (STJ de La Pampa, 20/03/95, LL del 07/10/97, p. 4). Agrega que se deduce con claridad meridana la existencia de recursos económicos disponibles a fin de hacer frente a los costos y costas del presente juicio. Finalmente, agrega que el peticionario no puso de manifiesto la imposibilidad de generar recursos que le permitan solventar los gastos de litigar y no puede pretender que el Estado Nacional (AFIP-DGA) asuma los riesgos que su empresa le ocasiona. Cita jurisprudencia en apoyo a su postura y solicita el rechazo del beneficio, con costas.
IV. Que a fs. 14 se abre la causa a prueba, haciéndose lugar a los oficios solicitados a fs. 4vta. / 5 ap. III a) –informativa- ofrecida por la actora, bajo apercibimiento de ley. Que a fs. 18 se hace efectivo el apercibimiento dispuesto y, en consecuencia, se da por decaído el derecho de la incidentista a producir la prueba ofrecida, ello sin perjuicio de las medidas para mejor proveer que pudieran dictarse. Finalmente, a fs. 22 se elevan los autos a la Sala “E”.
V. Que el beneficio en tratamiento se encuentra regulado por el art. 78 y ss. del CPCCN y “(...) es una institución establecida a favor de quienes, por insuficiencia de medios económicos, no se encuentran en condiciones de afrontar el pago de las erogaciones que necesariamente implica la sustanciación de un proceso. Su fundamento estriba, por un lado, el principio de igualdad de las partes, el cual supone que éstas se encuentran en una sustancial coincidencia de circunstancias o condiciones, entre las que no cabe, desde luego, excluir las de tipo económico, y por otro, en la garantía de la defensa en juicio”. (Superior Tribunal de Justicia, Rawson Chubut, Sala Civil, “Di Giorgio, Osvaldo y otro s/benef. lit. sin gastos”, autos “Di Giorgio, Osvaldo y otro C/ Prov. De Chubut y otros S/ Demanda Conten. Administrativa”, 20/02/01). El supuesto de hecho de la referida eximición es la situación de pobreza en la que debe encontrarse aquél al que se conceda el beneficio.
Que dicha situación de pobreza no se encuentra configurada por la mera existencia de problemas financieros. Este Tribunal ha sostenido reiteradamente que no debe confundirse la pobreza que habilita la concesión del beneficio con la existencia de “dificultades financieras” (conf. a sentencias del 5/12/88 in re “Marcos Kleiman” y del 29/11/93 in re “Baisser S.A.” ambas de la Sala “B”). En el último de los citados pronunciamientos se definió la situación de pobreza requerida para conceder el beneficio como una “ incapacidad económica severa, tener solo lo indispensable para la subsistencia”. En personas jurídicas con actividad comercial, la jurisprudencia exige examen aún más restrictivo, pues el giro empresario conlleva la asunción de riesgos y requiere de una estructura para operar.
Que el referido beneficio, es una institución establecida a favor de quienes, por insuficiencia de medios económicos, no se encuentran en condiciones de afrontar el pago de las erogaciones que necesariamente implica la sustanciación de un proceso. Su fundamento se estriba -por un lado- en el principio de igualdad de las partes, el cual supone que éstas se encuentran en una sustancial coincidencia de circunstancias o condiciones, entre las que no cabe, desde luego, excluir las de tipo económico y -por el otro lado- en la garantía de defensa en juicio. El presupuesto de hecho de la referida exención es la situación de pobreza en que debe encontrarse el peticionante del beneficio aunque no es necesario acreditar un estado de indigencia, ya que puede ser acordado el beneficio de litigar sin gastos no sólo a quienes no pueden afrontar los gastos de un juicio con sus ingresos ordinarios, sino también a aquéllos que por dichas erogaciones verían notoriamente menoscabado su exiguo patrimonio, dicha situación es una cuestión de hecho que queda librada a la valoración sobre la base de la importancia económica del proceso. Que en el caso de autos, si bien la incidentista ofreció prueba en respaldo de sus dichos, lo cierto es que no acreditó el diligenciamiento de ninguno de los oficios ofrecidos así como tampoco realizó ninguna medida tendiente a acreditar su situación patrimonial desfavorable, lo que se traduce en un claro desinterés de la recurrente ROMEU I. DOLVITSCH y Cia. LTDA en acceder al beneficio. Por lo cual a fs. 18 se da por decaído el derecho de la incidentista, ello sin perjuicio de las medidas para mejor proveer que pudieran dictarse.
Que, cabe aclarar, si bien en aquellos casos en los que el beneficio de litigar sin gastos es requerido por una persona de existencia ideal el instituto debe ser apreciado con suma prudencia, no existen en principio restricciones legales para su concesión, en tanto de los medios probatorios incorporados al incidente surja la existencia de requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de insolvencia alegadas por la solicitante, como, verbigracia, cuando el perito contador informa que la situación financiera y económica de ésta es extremadamente grave al no poseer actividad económica desde hace más de 10 años y que no se encuentra en condiciones de afrontar los gastos que surjan de la tramitación del juicio (CS, 19/11/2002, “Campos y Colonias SA v. Prov. de Buenos Aires, Fallos, 325:3067; LL del 6/6/2003., p 3).
Que también se ha sostenido que debe denegarse el beneficio en virtud de que la incapacidad económica tutelada por la exención “en modo alguno puede confundirse con dificultades financieras propias del riesgo empresarial” (TFN, sala A, 10/11/1993, “Cooperativa Argentina Textil de Trabajo Ltda.”). Que la Ley 25.964, en cuyo art. 9º, último parte, prevé una reducción de hasta el 50% de la tasa de actuación para el supuesto de litigante concursado civil o comercialmente, no resulta aplicable al presente caso, ya que de las constancias de autos no se verifica tal circunstancia respecto de ROMEU I. DOLVITSCH y Cia. LTDA.
Que se debe destacar que la falta de ingreso de la tasa de actuación no obsta a la continuación del juicio ante este Tribunal, sin perjuicio de la posibilidad de su ejecución.
Que, en conclusión, las dificultades invocadas por la aquí peticionante no han sido contundentemente probadas, por lo que cabe concluir que las mismas no le imposibilitan hacer frente a la correspondiente tasa de actuación.
Por ello, VOTO por:
1. Denegar el pedido de beneficio de litigar sin gastos solicitado por la actora a fs. 3/5.
2. Costas a la vencida –conf. art. 68 C.P.CyC.N. y primer párrafo del art. 1163 del C.A.-.
3. Intimar a la incidentista para que, dentro del quinto día de notificada, ingrese el importe de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 61/100 ($88.463,61.-) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librar certificado de deuda - conf. art. 5° de la Ley 25.964-.
El Dr. Juan M. Soria dijo:
Que adhiero al voto precedente.
De conformidad con el acuerdo que antecede, por unanimidad SE RESUELVE:
1. Denegar el pedido de beneficio de litigar sin gastos solicitado por la actora a fs. 3/5.
2. Costas a la vencida –conf. art. 68 C.P.CyC.N. y primer párrafo del art. 1163 del C.A.-.
3. Intimar a la incidentista para que, dentro del quinto día de notificada, ingrese el importe de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 61/100 ($88.463,61.-) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librar certificado de deuda - conf. art. 5° de la Ley 25.964-.
Regístrese y notifíquese.-
Suscriben la presente los Dres. Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14ª Nominación -conf. Art. 1162 del C.A.-.
Date: 2026.05.29 15:59:32 ART Date: 2026.05.29 17:00:21 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.29 17:00:49 -03:00
Fin de la sentencia