Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 38.665-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución 1213/16 (AD MEND) y el cargo formulado a través de la planilla de aforo 512/09, con costas a las coactoras –art. 1163 del CA-.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-143031686-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 30 de Noviembre de 2023 MIRIAM Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez, Juan Manuel Soria y Christian González Palazzo (Vocal Subrogante de la Vocalía 14ª), con la presidencia a cargo del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados “MARTINEZ DE COLAIACOVO MIRIAM c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente nro. 38.665-A, y su acumulado, caratulado: “ROMEU I. DOLVITSCH & CIA. LIMITADA”, expediente nro 38.909-A.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que a fs. 15/20 y vta. la actora “MARTINEZ DE COLAIACOVO MIRIAM” en su carácter de ATA, por apoderado, interpone recurso de apelación contra la resolución nro. 1213/2016 (AD MEND), dictada en el expte. SIGEA nro. 12442-189-2009, mediante la cual se confirmó el cargo formulado a través de la Planilla de Aforo nro. 512/2009 que le fuera formulado conjuntamente con el transportista, en los términos de los arts. 311 y 312 del C.A, reclamándole el pago de los tributos adeudados en relación a la mercadería amparada por la destinación de tránsito nro. 09038TRAS018223E. Indica que el robo se produjo como consecuencia de un tránsito de mercadería transportada por la firma de transporte brasilera, mientras que ella sólo efectuó el registro de dicho medio de transporte al país, por lo que considera que es un tercero ajeno a los hechos y a las consecuencias jurídicas.
Manifiesta que no fue debidamente notificada del fallo por la que resulta condenada sino hasta el día 9/10/17, en que se presenta en sede administrativa y así lo expone. Explica que el fallo nro. 1213/16 AD MEND se intentó notificar en el domicilio constituido de Avda. España nro. 1340, piso 14°, Of. “14”, de la ciudad de Mendoza mediante correo postal, en fecha 17/1/17, con resultado negativo, motivo por el cual se procedió a notificarle dicha resolución en los estrados de la aduana, siendo dicho proceder incorrecto. Arguye que el fracaso de la notificación intentada con fecha 17/1/17 no resulta ajustada a derecho, por un lado porque el empleado del correo debió haber dejado el sobre con su contenido ya que el domicilio continúa existiendo y por el otro porque fue practicada en el mes de feria administrativa (enero de 2017), y que a su vez, la notificación intentada en los estrados de la aduana no resulta procedente ya que no se han dado ninguno de los supuestos del art. 1004 del C.A.
Indica que la actora posee un domicilio constituido en legal forma donde se deben practicar tosas las notificaciones. Entiende que tampoco concurren los supuestos del art. 1005 del C.A., en tanto el funcionario del correo no sólo no se identificó en la pieza postal, sino que no la completó adecuadamente. Se agravia en cuanto la notificación intentada no respeta la letra del los arts. 1010 a 1013 del CA. Estima que ante el fracaso de la notificación postal se debió haber efectuado por cédula al domicilio legal constituido (Av. España nro. 1340, piso 14, Of. “14” de la ciudad de Mendoza), respetando así los derechos de los administrados, el derecho de defensa y el debido proceso y la letra de los arts. 1014 y 1015 del C.A.
Considera que en función de lo previsto en el art. 1017 del C.A. y ante las notificaciones invalidas se debe seguir el art. 44 del RPA, el que indica que toda notificación que se hiciere en contravención a las normas relativas al diligenciamiento y contenido de las notificaciones carecerá de validez. En cuanto al fondo de la cuestión destaca que de acuerdo a la armónica interpretación de los arts. 310, 312, 315 y 782, ni los ATA ni las empresas transportadoras deben responder por los tributos aplicables a la importación a consumo de la mercadería existiendo un siniestro con pérdida total de la misma. Entiende que el ATA sólo documentó la mercadería, resultando inconstitucional formularle un cargo por deuda ajena cuando no tuvo participación en el siniestro denunciado y que el caso fortuito desplaza en la especie la presunción contemplada en el art. 311 del CA.
Manifiesta que el art. 315 del CA no debe interpretarse literalmente por lo que la razonabilidad es una garantía consagrada en nuestra C.N. Indica que el procedimiento llevado por el servicio aduanero resultó totalmente arbitrario ya que omitió toda fundamentación legal, asimismo plantea la falta de legitimación del funcionario que dictó la orden de notificar el cargo apelado, como así también la nulidad del mismo. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar al recurso revocando la resolución apelada y por ende el cargo formulado.
II. Que a fs. 30/38 y vta., la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Por imperativo legal, niega todos y cada una de las afirmaciones, los hechos, el derecho, la documentación y/o copias invocadas por la contraria que no sean expresamente reconocidas o que surjan de las constancias de las actuaciones administrativas. Manifiesta que la intención de actora al pretender la nulidad de la notificación de la resolución administrativa no es que caigan todos los actos administrativos sino que no se considere extemporánea su interposición de recurso de apelación. Indica que de la letra del art. 1051 del C.A. surge claramente que el planteo de nulidad es extemporáneo, que debió plantearlo dentro de los cinco días de conocido el acto administrativo.
Concluye que no asiste razón a la actora en cuanto considera que el acto dictado por el servicio aduanero carece de causa y motivación, en virtud que para que un acto administrativo sea nulo de nulidad absoluta e insanable, por imperativo legal, debe constatarse el cumplimiento o acaecimiento de alguna de las situaciones previstas por el art. 14 de la ley 19.549. Cita el art. 1050 del C.A. Destaca que el criterio adoptado en sede administrativa es el correcto, en cuanto se ha aplicado lo prescrito por el art. 310 del CA. operando la presunción legal "jure et jure" y al solo efecto tributario que la mercadería fue importada a consumo. Hace referencia al art. 315 en tanto la mercadería no se halla irremediablemente perdida por lo que conforme el art. 311 del CA, se considera la mercadería, al efecto tributario, importadas a consumo, y de acuerdo al art. 312 se ha colocado en cabeza del transportista o su agente como deudor principal de las obligaciones correspondientes.
Manifiesta que el hecho del robo de la mercadería para el transportista y el agente de transporte, si bien procede tenerlo a priori como irresistible no puede calificarse de imprevisible, por lo que no queda alcanzado por el instituto de la fuerza mayor o caso fortuito, por lo que debió tramitar la destinación por el régimen previsto en la resolución 244/97 (ex ANA) o por resolución 2336/1991 (ex ANA) y contratar una póliza de seguros contra robo por el valor en plaza de la mercadería y de ese modo evitar los riegos y limitar su responsabilidad. Arguye que a los fines estrictamente tributarios resulta indiferente la existencia o no de causa penal por contrabando. Cita jurisprudencia que avala su postura.
Destaca que la mercadería no puede considerarse irremediablemente perdida en los términos del párrafo final del art. 315 del CA, puesto que la misma puede ser utilizada por terceras personal, y por lo tanto la formulación del cargo tributario se encuentra plenamente justificada. Ofrece prueba, confiere autorizaciones, hace reserva del caso federal y solicita se confirme en un todo la resolución aduanera, con expresa imposición de costas.
III. Que a fs. 57/68ref. se presenta la firma ROMEU I. DOLVITSCH & CIA. LTDA., por apoderado interpone recurso de apelación contra la referida resolución 1213/2016 (AD MEND), dictada en el expte. SIGEA nro. 12442-189-2009, manifestando que se notifica de la misma personalmente al interponer el presente recurso. Plantea la nulidad de la notificación de la resolución aduanera por los mismos argumentos a los expuestos en el recurso interpuesto a fs. 15/20 y vta. desarrollados en el considerando I. Opone la prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos conforme lo dispuesto en el art. 803 del CA. Indica que el cargo formulado fue notificado el 7/10/09, interrumpiéndose la prescripción de conformidad con el art. 806 del CA, comenzando a correr un nuevo plazo, y una vez interpuesto el recurso de impugnación el 22/10/09, con fecha 10/6/11 se le notificó en el domicilio constituido el pase de los autos para dictamen, el cual es emitido recién en noviembre de 2016, cuando ya habían transcurrido 5 años y cinco meses desde la fecha en que se dispuso pasar los autos a dictamen.
Manifiesta que oficializó la destinación suspensiva de tránsito de importación en la Aduana de Mendoza proveniente de Chile identificada como 09 038 TRAS 018223 E, comunicando en tiempo y en forma el robo del medio transportador y de la mercadería importada conforme el art. 308 del CA., lo que es reconocido por la aduana en la resolución recurrida. Entiende que resulta inconstitucional el art. 315 in fine del CA, toda vez que dicha norma afecta las garantías constitucionales amparadas por los arts. 16, 18 y 33 de la Carta Magna, ofendiendo los principios de igualdad ante la ley, equidad, propiedad y justicia. Concluye que al producirse el siniestro del desapoderamiento de la mercadería transportada por el hecho ilícito de terceros, en contra de la voluntad del transportador y el agente de transporte aduanero, mediante el uso de armas logran imponer una fuerza irresistible e imprevisible tanto al chófer como a sus custodios, estamos ante un caso de fuerza mayor quedando eximido de responsabilidad el deudor de la obligación.
Indica que el transportista ha cumplido perfectamente con su deber de custodia, realizando el transporte con un camión con seguimiento satelital, contratando una custodia armada, no se ha desviado de su ruta ni se ha detenido en lugares inapropiados, contrariamente a lo opinado por la aduana. Cita jurisprudencia. Señala que la aduana reconoce el robo de las mercaderías ingresadas en tránsito, así como también la existencia del delito de contrabando, conforme lo expresa en la resolución apelada. Menciona que se encuentra probado que el transportista formuló la denuncia por robo ante la policía y comunicó el hecho al servicio aduanero cumpliendo con las exigencias del art. 308 C.A. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar al recurso interpuesto, con costas.
IV. A fs. 71 ref. se dispone la acumulación a la presente causa de la nro. 38.909-A caratulada "ROMEU I. DOLVITSCH & CIA. LTDA. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación".
V. que a fs. 84/92, la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido respecto de la co-actora Romeu I. Dolvitsch & Cia. Ltda. Se remite en un todo a los argumentos expresados en la contestación de demanda efectuado respecto de la actora Martinez de Colaiacovo Miriam. por imperativo legal, niega todos y cada una de las afirmaciones, los hechos, el derecho, la documentación y/o copias invocadas por la contraria que no sean expresamente reconocidas o que surjan de las constancias de las actuaciones administrativas. Opone excepción de cosa juzgada en tanto entiende que el planteo de nulidad efectuado por la actora es extemporáneo, y dado el tiempo transcurrido se puede colegir que la firma ha consentido la notificación, resultando válido lo actuado en autos y toda vez que, las cuestiones alegadas por la actora ya fueron resueltas con autoridad de cosa juzgada por la resolución nro. 1213/16, que no fue recurrida en término, debe hacerse lugar a la excepción planteada. En cuanto al planteo de prescripción señala que no asiste razón a la actora la acción de prescripción del Fisco para percibir los tributos se interrumpió con la notificación de la liquidación tributaria aduanera (art. 806 inc. a) del CA) y se suspendió “desde que el deudor o responsable interpusiere algún recurso o reclamación que tuviere efecto suspensivo contra la liquidación tributaria, hasta que recayere decisión que habilitare su ejecución” (art. 805 inc. c) del CA). En relación a la cuestión de fondo reproduce los mismos fundamentos expuestos en la contestación de recurso de fs. 30/38. Ofrece prueba, confiere autorizaciones, hace reserva del caso federal y solicita se confirme en un todo la resolución aduanera, con expresa imposición de costas.
VI. Que a fs. 39 y 93 se tienen por contestados los traslados y por acompañadas las actuaciones administrativas correspondientes a la presente causa. A fs. 139 se resuelve no hacer lugar a la prueba ofrecida, tratar la excepción de cosa juzgada planteada por la demandada junto con el fondo y se elevan los autos a la sala E. A fs.145 pasan a dictar sentencia.
VII. Que las actuaciones SIGEA nro. 12442-189-2009 se inician a fs. 1 con la Multinota de fecha 30/7/09. A fs. 2 se agrega el MIC/DTA. A fs. 3/4 luce la denuncia policial efectuada en la Comisaria 3° de San Miguel, Oeste, Pcia. de Bs. As. A fs. 5/6 luce Manifiesto Terrestre de Importación y a fs. 7 TRAS 09038TRAS01822E. A fs. 8 se emite la Nota nro. 54/2009 (OF. “G”) por la cual se eleva al Administrador la denuncia formal. A fs. 9 se ordena la interdicción del camión patente IJD3453, se proceda a la clasificación, valoración y aforo de las mercaderías involucradas, formulando el correspondiente cargo. A fs. 10 obra impresión de pantalla de E-Mail nro. 291/2009 (AD MEND). A fs. 11 se agrega planilla de aforo nro. 512/2009 (notificada al ATA el 15/10/09 conforme constancia de fs. 16).
Se acumula la actuación nro. 12437-1482-2009. A fs. 17/23ref. interponen recurso de impugnación el ATA y la empresa de transporte. A fs. 28/29 ref. se emite la Resolución nro. 95/10 (AD MEND) por la que se da curso a la impugnación interpuesta y se abre la causa a prueba. 31ref. Se da por finalizada la etapa probatoria y pasan los autos para alegar. A fs. 32/33ref. y 34/35ref. obran cédulas de notificación devueltas por el Correo Argentino sin notificar, obrando a fs. 36 ref. cédula de notificación efectuado por oficial notificador. A fs. 37/42ref. se emite el Dictamen nro. 883/2016. A fs. 43/50ref y vta. se dicta la Resolución/Fallo nro. 1213/2016 (AD MEND) apelada en la especie. A fs. 53/62ref. y 63/72ref. obran cédulas de notificación dirigidas al ATA y al transportista al domicilio de la calle España 1340, piso 14, of. 14, devueltas sin notificar por el correo argentino indicando el motivo “desconocido”.
A fs. 73ref. con fecha 7/2/07 se exhiben los autos en los estrados de la aduana y en fecha 6/3/17 se remiten a la Sección Económico Financiera a sus efectos. A fs. 74ref. se dicta la Disposición nro. 181/2017 (AD MEND) por la que que se dispone suspender del registro al ATA y se ordena trabar embargo por el monto adeudado mas sus intereses. A fs. 75ref se dista la Disposición nro. 182/17 (AD MEND) por la que se precede trabar embargo a la empresa de transporte. A fs. 76ref. Obra print de pantalla de Control de Riesgo Fronterizo – Alertas de Empresas. A fs. 80/88ref. se agrega documental. A fs. 89ref. La transportadora solicita se revoque la orden de detención de los medios de transporte. A fs. 105/106ref.
Se emite la nro. 62/17 (SE ECFI). A fs. 107ref se intima a la empresa de transporte a fin de que acompañe copia del contrato social constitutivo de la empresa, lo que se da cumplimiento a fs. 108/174ref. A fs, 175 ref. por Nota nro. 113/2017 (SUMARIOS) se ordena liberar los medios de transporte secuestrados. A fs. 176/177ref. obra Nota nro. 556/17 (AD MEND) y a fs. 178ref. la Nota nro. 344/17 (DV EORC). Se acumula la Actuación nro. 17445-8- 2017. A fs. 179/203 obra presentación de la firma de transporte aduanero DOLVITSCH TRANSPORTES LTDA. y la documental por ella acompañada. Se acumula la Actuación nro. 17132-9704-2017. A fs. 204ref. se presenta el ATA y se notifica de la Resolución-Fallo 1213/2016 apelada en la especie.
Se acumula el Alcance 12442-189- 2009/1. A fs. 207ref. El ATA acredita la interposición de recurso de apelación ante este Tribunal.
VIII. Que en primer lugar, corresponde analizar el planteo de nulidad de la notificación de la Resolución-Fallo nro. 1213/2016 (AD MEND), formulado por las recurrentes en tanto la misma se intentó notificar en el domicilio constituido de Avda. España nro. 1340, piso 14°, Of. “14”, de la ciudad de Mendoza mediante correo postal, en fecha 17/1/17, con resultado negativo, por lo que se procedió a notificarle dicha resolución en los estrados de la aduana.
Que de la compulsa de las actuaciones administrativas se advierte que la Resolución/Fallo nro.1213/2016 (AD MEND) se intentó notificar a las partes al domicilio constituido de Avda. España nro. 1340, piso 14°, Of. “14”, de la ciudad de Mendoza, con resultado negativo en virtud de lo informado por el Correo oficial indicando como motivo que el domicilio era “desconocido” (ver fs. 53ref. y 63ref.), razón por la cual se dispuso la notificación en los estrados de la oficina de la Aduana de Mendoza (ver fs. 73 ref. de act. adm.).
Que en doctrina se ha dicho que “dada la importancia de la notificación y de los efectos que ella produce, es preciso que se exija que sea cumplida observando todos los recaudos previstos para ese fin, de modo de obtener una constancia indiscutible de que el acto notificado ha llegado, efectivamente, a conocimiento del administrado, salvo, claro está, el caso de notificación por edictos, que es puramente formal y ficta. Por ello, las notificaciones que se hacen transgrediendo las normas legales aplicables, o en forma tal que dejen dudas sobre el real cumplimiento de su objeto específico, deben considerarse y declararse inválidas, como si no se hubieren practicado (...). Sin embargo, si del expediente administrativo o de la actuación del interesado surgiera claramente que conoció el acto o resolución de que se trate, se lo tendrá por notificado desde que tal circunstancia quede evidenciada” (Escola, Héctor Jorge; Tratado General de Procedimiento Administrativo, págs. 216/217; ed. Depalma; Buenos Aires; 1981. La bastardilla es del presente).
Que al respecto, cabe mencionar mutatis mutandis que la Sala V de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal in re "Navarro, Toribio T. c/ Dirección General de Aduanas", fallado el 12/7/00, confirmó el criterio del Tribunal Fiscal referente a que "la declaración de rebeldía en un sumario contencioso importa un acto susceptible de afectar derechos subjetivos o intereses legítimos y como tal debe ser notificado mediante cédula o carta con aviso de retorno en el domicilio conocido de la persona, reservándose para los sucesivos actos que se dicten durante el proceso de notificación por ministerio de ley, es decir, en la forma prevista en el art. 1037 inc. g) al tener por constituido el domicilio en la oficina aduanera en que tramita la actuación". La Excma. Cámara sostuvo que dadas las consecuencias que implica la declaración de rebeldía, "se requiere una notificación fehaciente al imputado, en razón de que de lo contrario se estaría afectando el debido proceso y el derecho de defensa". De ahí que, "si bien es cierto que el art. 1037 inc. g) establece que el acto que declara la rebeldía deberá ser notificado por alguno de los medios previstos en el art. 1013, el cual establece entre éstos a la notificación por ministerio de ley (inc. g), no obstante no puede dejar de considerar que tratándose de un acto de tal importancia la Aduana debió extremar los recaudos para que el afectado pueda tomar conocimiento de ello, pues si bien el Código Aduanero da la posibilidad de elegir el medio por el que han de notificarse los actos enumerados en el art. 1037 del Cód. Aduanero dentro de los enunciados en el art. 1013 del Cód. Aduanero ello no implica que autorice a la Aduana a elegir el medio menos eficaz a fin de que el sumariado tome conocimiento del acto en perjuicio de su derecho al debido proceso adjetivo (…)
Que, estas consideraciones son de aplicación al presente, máxime cuando al momento de notificar al ATA y a la Transportista del auto de fs. 31ref. por el cual se daba por finalizado el período probatorio y se ponían los autos para alegar, si bien la misma resulto infructuosa por parte del Correo oficial (ver fs. 33ref. y 35ref. de las act. adm.), la misma fue nuevamente librada y notificada mediante oficial notificador en el mismo domicilio constituido en la Avda. España nro. 1340, piso 14°, Of. “14” (ver fs. 36ref.), pudiendo el servicio aduanero notificar a las actoras.
Que, por ende, cabe concluir que la notificación de la Resolución/Fallo nro.1213/2016 (AD MEND) en los estrados aduaneros dispuesta a fs. 73 ref. De las act. adm. no resultó válida y por ende corresponde hacer lugar al planteo de nulidad de la notificación efectuada por las recurrentes y tener por interpuesto el recurso de autos temporáneamente, y en consecuencia rechazar la excepción de cosa juzgada planteada por el Fisco.
IX. Que, en segundo lugar corresponde analizar el planteo de prescripción de la acción del fisco para reclamar el pago del cargo, formulado por la co-actora “Romeu I. Dolvitsch & Cia. Ltda.”
A tal fin, corresponde remitirme al art. 804 del C.A., que establece: ..La prescripción de la acción a que se refiere el artículo 803-(.. .Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera...)- comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado...
El hecho gravado se produjo en el año 2009, por lo cual el plazo de la prescripción de la acción para percibir tributos comenzó a correr el 1/01/2010.
En este orden de ideas, el art. 805 del C.A. establece que: '...La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: ...c) desde que el deudor o responsable interpusiere algún recurso o reclamación que tuviere efecto suspensivo contra la liquidación tributaria, hasta que recayere decisión que habilitare su ejecución..." , a su vez el art. 806 del C.A. establece que dicha prescripción se interrumpe por: “...a) la notificación de la liquidación tributaria aduanera..” Que conforme surge del expediente administrativo, la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos se interrumpió con la notificación del cargo (planilla de aforo nro. 512/09) realizada en fecha 15/10/09, y suspendida desde la interposición de recurso de impugnación efectuado por las recurrente el 22/10/09, por lo que corresponde rechazar el agravio formulado.
Que, por lo demás, siendo la decisión fundada, no se requiere la expresa mención de todos los argumentos o pruebas invocados por las partes, debiendo tratarse sólo aquellos que razonablemente se estimen conducentes a la decisión del caso (entre otros, Corte Suprema Nacional: Fallos, 251-39).
X. Que, sentado lo que antecede, corresponde resolver si la Resolución/Fallo nro.1213/2016 (AD MEND), en cuanto confirma el cargo formulado a través de la planilla de aforo nro. 512/09, y se le intima el pago de tributos a la agente de transporte aduanero Míriam Martínez de Colaiacovo junto con la empresa de transportes ROMEU I. DOLVITSCH & CIA. LTDA., con relación a la mercadería amparada por la destinación suspensiva de tránsito de importación registrada con el nro. MIC/DTA 84252 y la destinación 09038MANI086851S, TRAS 09038TRAS018223E cuya copia obra glosada en las actuaciones administrativas.
Que a los efectos de determinar la cuestión debatida en autos, corresponde destacar que no se controvierten los hechos en sí, es decir, el incumplimiento del referido tránsito de importación, así como tampoco que ello fue consecuencia del robo del camión y semi-remolque que transportaba la mercadería.
Que tampoco se cuestiona la circunstancia de que no se habían abonado los tributos correspondientes a la mercadería involucrada, precisamente por encontrarse amparada en una destinación suspensiva de tránsito. Que el servicio aduanero formuló el cargo a través de la planilla de aforo nro. 512/09 por los tributos adeudados que ascienden a la suma de $201.626,46, con fundamento en los arts. 310, 312, 315 y cc. del Código Aduanero. Que lo que fundamenta el cargo tributario formulado por la aduana es la responsabilidad por deuda ajena, es decir una responsabilidad indirecta o refleja, consagrada en forma expresa en el art. 312 del Código Aduanero, puesta expresamente por la ley en cabeza del transportista que asumió la obligación de transportar a su riesgo la mercadería extranjera que no gozaba de libre circulación. Ese transporte lo realiza a título oneroso, recurriendo a un régimen de excepción (destinación suspensiva de tránsito de importación) que permite la importación de la mercadería sin abonar los tributos aduaneros correspondientes.
Que éste régimen, regulado en los arts. 296 y siguientes del C.A., autoriza que la mercadería importada, es decir, ingresada al territorio aduanero, pero que carece aún de libre circulación en el mismo, sea transportada desde la aduana por la que hubiere arribado hasta otra aduana para ser sometida a otra destinación aduanera, previéndose al efecto la no sujeción a la imposición de tributos, con excepción de las tasas retributivas de servicios (art. 304 del C.A.).
Que la principal obligación que el régimen impone recae en el transportista, es decir en el empresario que asume su propia responsabilidad por la operación que compromete frente al servicio aduanero, teniendo a su cargo el deber de transportar la mercadería a la aduana de destino (de salida o interior), dentro de un plazo fijado, cuidando que arribe la misma mercadería (art. 317) y en su totalidad (art. 310), sin haber sufrido ninguna modificación ni haber sido utilizada.
Que, por su parte, el art. 315 prevé un supuesto de eximición del tributo, cuando la mercadería resultare irremediablemente perdida por algún siniestro ocurrido durante su transporte bajo el régimen de tránsito de importación y que hubiere sido comunicado de conformidad con lo dispuesto en el art. 308 (es decir, fundamentalmente aviso inmediato al servicio aduanero). En este supuesto, efectivamente, la norma prevé que la mercadería “...no está sujeta a los tributos que gravaren su importación para consumo, excepto las tasas devengadas por servicios, siempre que la causal invocada se acreditare a satisfacción del servicio aduanero”. Para no dar lugar a dudas sobre cuándo debe considerarse irremediablemente perdida, el legislador lo aclara al final de la misma norma “....cuando pese a no poder ser recuperada por su propietario pudiere ser empleada por un tercero...”.
Que, corresponde precisar que no está en discusión que la persona que cometió el robo y, por ende, quien introdujo ilícitamente a plaza la mercadería sustraída, es el que ha realizado el hecho gravado por la importación para consumo irregular (arts. 310 y 311 del CA) y, en esa condición es deudor por deuda propia de los tributos aduaneros correspondientes (conf. art. 777 del CA).
Que frente a las escasas posibilidades de percibir esos tributos del ladrón contrabandista, el Código Aduanero contempla, para preservar los intereses fiscales, una responsabilidad por deuda ajena en cabeza del transportista y su agente de transporte aduanero (Basaldúa, Ricardo Xavier, Sujetos gravados por los tributos aduaneros, cit., pág. 104).
Que, en definitiva, el Código Aduanero al regular la destinación de tránsito de importación (arts. 311, 312 y 315) ha establecido un supuesto de responsabilidad por deuda ajena, es decir un responsable indirecto, con el fin de proteger con eficacia los intereses fiscales en juego. Tal solución, que está expresada con claridad, se confirma en el sistema, pues se reitera con relación a las destinaciones suspensivas de depósito de almacenamiento (arts. 211 y 293) y de importación temporaria (arts. 261 y 274).
XI. Que atento al dictado del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fecha 11 de diciembre de 2012, recaída en la causa “Tevelam SRL (TF 22.427-A) c/ DGA”, debo señalar que comparto el voto –en minoría- de la Sra. Vicepresidenta y Ministro de la Corte, Dra. Highton de Nolasco en el sentido de que el siniestro que afectó el tránsito de importación no constituye causal eximente de responsabilidad por el pago de los tributos, pues tal dispensa solo tiene lugar si el siniestro ocasiona la pérdida irremediable de la mercadería, sin embargo, por razones de seguridad jurídica y economía procesal, me debo ajustar a lo resuelto por el voto de la mayoría en la CSJN, por lo tanto procederé a analizar las particularidades del caso y si las mismas se adecuan al mencionado fallo.
Que la mercadería en cuestión consistía en 24.307,200 kgs. de FERRO MOLIBDENIO, la que ingresó por la Aduana de Mendoza (proveniente de Santiago de Chile - Chile), con destino Uruguaiana – Brasil.
Que, según las constancias obrantes en la causa, el medio de transporte con su carga (camión marca SCANIA, patente IJD3453 y semi-remolque marca (sin especificar), patente IJE0808, de la firma ROMEU I. DOLVITSCH & CIA. LTDA., fue robado a mano armada cuando iba transitando por la localidad de Santa Fe, antes de llegar al peaje de la localidad de Frank.
Que cabe señalar que no surge de las constancias obrantes en los antecedentes administrativos que el itinerario del tránsito determinado por la Aduana se haya desvirtuado -el vehículo contaba con sistema de rastreo satelital y seguro-, ni que se haya incumplido el deber de custodia sobre la mercadería por parte de la recurrente, el robo fue debidamente denunciado en la Comisaría de Tercera de San Miguel Oeste, Provincia de Buenos Aires. E informado a la Aduana en virtud de los deberes a cargo de los responsables de la acrga del cumplimiento de lo normado en el art. 308 del CA (ver denuncia policial y Multinota nro. 1458/09 de fs. 1 y 3/4 de las act. adm.) Que dejando a salvo mi opinión en contrario, y –conforme lo manifestado-, por razones de economía procesal y seguridad jurídica, considero que corresponde ajustarse al criterio del Máximo Tribunal, y en consecuencia, revocar la resolución apelada, por aplicación al caso de autos del criterio fijado en el fallo recaído en la causa Tevelam SRL. Con costas.
Por ello voto por:
Revocar la Resolución/Fallo nro.1213/2016 (AD MEND) y el cargo formulado a través de la planilla de aforo nro. 512/09, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA nro. 12442-189-2009. Con costas.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Héctor Hugo Juárez en sus considerandos I a IX, difiriendo respecto de la solución de fondo propiciada para el caso, por aplicación del precedente “TEVELAM SRL (TF 22.427-A C/DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS” (Fallos: 335:2549; sentencia del 11.11.12), así como de la imposición de costas.
II. Que, en primer lugar, debo señalar que las coactoras realizan una incorrecta caracterización y presentación de los hechos controvertidos. No resulta conforme a las constancias de las actuaciones administrativas ni de autos que se haya producido un robo a mano armada. Lo único que se encuentra demostrado es que, con fecha 26.07.09 se realizó una denuncia en sede policial de un robo de un camión marca Scania modelo 124 patente IDJ-3453 (Brasil), semi IJE-0808, perteneciente a la firma Transportes Romeu I. Dolvitsj & CIA. LTDA. que transportaba 24 pallets con 24 maxisacos de FERRO MOLIBDENIO por un total de 24.307,20 Kgs., y que habría ocurrido entre el día 24.07.09 y el día 26.07.09, cuyos extremos fácticos carecen de otra demostración más que tal declaración unilateral contenida en dicha denuncia (fs. 3/4 de las act. adm.). Corresponde también poner de manifiesto que las constancias obrantes en las actuaciones administrativas y lo actuado ante este Tribunal nada aportan ni agregan al respecto. En consecuencia, lo único que puede afirmarse con certeza, en el plano de los hechos acaecidos en relación a estos autos, es que: a) existe una denuncia unilateral de robo a mano armada de un camión, efectuada por su chofer ante autoridad policial, y que dicho siniestro habría ocurrido entre el 24.07.09 y el 26.07.09, no habiendo mayor información al respecto; b) tal denuncia fue comunicada a la DGA el 30.07.09 mediante multinota AA38091458; c) la mercadería transportada en ese camión, que se trataba de 24 maxisacos de FERRO MOLIBDENIO por un total de 24.307,20 Kgs., se encontraría desaparecida –no robada- sin que haya podido ser recuperada por sus responsables.
Que, en segundo lugar -sentada la base fáctica de la causa-, resulta menester reafirmar un principio básico relativo al ejercicio de la función jurisdiccional: ella consiste en aplicar el derecho tal como este se encuentra legislado, con prescindencia del juicio particular de los magistrados sobre la justicia o injusticia de las soluciones objetivas contenidas en los textos legales -aplicables a los casos que les toca juzgar-.
Que los hechos expuestos supra tornan diferente este caso respecto a la base fáctica tenida en cuenta por la Corte Suprema en el precedente “Tevelam” -ver considerandos 3º y 11º a partir de la línea 11-; señalando asimismo que el examen jurídico del plexo normativo del CA -aplicable en autos- que realiza el Alto Tribunal en dicho precedente –exclusivamente sus considerandos 4º a 9º- resulta sustancialmente correcto.
Que la previsión del art. 315 del CA –conforme la explicación sistemática de los considerandos 4º a 9º del precedente “Tevelam” de la Corte Suprema- establece expresamente que la mercadería no se considerará irremediablemente perdida cuando resulte utilizable por un tercero (tal como se verificó en este caso, al no recuperarse la mercadería supuestamente robada), operando a los efectos tributarios la presunción legal iuris et de iure de que la mercadería fue importada para consumo, esto es sin dispensa a los responsables tributarios del pago de los derechos de importación -conf. arts. 312, 310 y 311 del CA.
Que las normas del CA bajo examen son previsiones de naturaleza impositiva sustancial que, lejos de aparecer en desarmonía con el ordenamiento jurídico nacional -o arrojar consecuencias reñidas con los valores que tutelanguardan analogía con innumerables institutos del derecho tributario federal. Tales institutos regulan supuestos de responsabilidad impositiva ex lege, similares a los de las normas del CA aplicables en autos. Basta referir a: a) las previsiones de los arts. 780 y 781 del CA que establecen respectivamente los supuestos de responsabilidad tributaria aduanera del agente de transporte aduanero con el transportista, y del sujeto que por actividad o profesión tiene relación con el servicio aduanero con sus dependientes que realizaren un hecho gravado en ejercicio de sus funciones; b) el instituto de las salidas no documentadas del art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias (“LIG”) donde un contribuyente debe pagar el tributo de la ley aplicando la alícuota marginal máxima de la escala -35 %- sobre un ingreso gravado (que así queda alcanzado) obtenido por otro contribuyente (el “beneficiario desconocido u oculto”); c) el Sexto Método de precios de transferencia -art. 15 de la LIG- donde el exportador o importador argentino pueden ver aumentado su ingreso gravado proveniente de una transacción controlada por el incumplimiento de otro sujeto –el intermediario internacional, no necesariamente vinculado- de determinados requisitos de sustancia empresarial; d) las presunciones de ganancias netas de fuente argentina contenidas en los arts. 9 a 13 de la LIG, establecidas con independencia de su carácter de ganancias de fuente argentina conforme el art. 5 de la misma LIG; e) las retenciones con carácter de pago único y definitivo –sin computar los gastos y deducciones legales- del impuesto a las ganancias a los beneficiarios del exterior, reguladas por los arts. 91, 92 y 93 –salvo incisos f) y g)- de la LIG, incluidas las presunciones de ganancia neta del último artículo referido, que no admiten prueba en contrario; f) en la ley 11.683 (t.o. 1998) que establece en su Capítulo II “Sujetos de los deberes impositivos” a los responsables por cumplimiento de deuda tributaria ajena (arts. 6 y 7), “los responsables en forma personal y solidaria con los deudores” (art. 8) y los “responsables por los subordinados” (art. 9); g) las numerosas normas de responsabilidad objetiva –no tributaria- por hechos de terceros que prevé el Código Civil, etc.
En línea con los institutos señalados los arts. 310, 311, 314 y 315 del CA establecen la obligación de pago, en cabeza de los responsables enumerados en el art. 312 del CA, de los derechos de importación para los supuestos de importación a consumo bajo las presunciones iuris et de iure que regulan, no existiendo razón legal atendible para apartarse de las previsiones normativas del CA, fundamentos que se colocan al margen de los claros textos normativos.
Que, a fortiori, cabe indicar que: a) no resulta correcto afirmar que en supuestos como el previsto en el art. 315 del CA se responsabiliza tributariamente al transportista o su agente por hechos involuntarios: quienes desarrollan o se vinculan a la realización de una actividad empresarial -regulada por ordenamientos como el CA voluntariamente emprenden una actividad sometida a determinadas contingencias legales o tributarias como las aquí suscitadas, conociéndolas de antemano; vale recordar que rige en nuestro país, desde hace más de 100 años, el principio del antiguo art. 20 del Código Civil de Vélez Sarsfield que establece que “la ignorancia de las leyes no sirve de excusa, si la excepción no está expresamente autorizada por la ley” (ley 340 BO: 01.01.1871), disposición mantenida en el vigente art. 8 del nuevo Código Civil y Comercial (ley 26.994; BO: 01.10.14, vigencia 01.08.15); b) tampoco sirve de fundamento para dispensar pretorianamente el pago de los derechos de importación, una supuesta incoherencia entre lo previsto por el art. 783 y cc. del CA y su art. 315 para el caso de que la mercadería fuera finalmente encontrada en poder de terceros (los supuestos malhechores) que deberían pagar nuevamente los derechos ya satisfechos por los sujetos del art. 315 del CA: el ordenamiento legal prevé para estos últimos la acción de regreso contra tales terceros (arts. 827, 840 y cc. del Código Civil y Comercial vigente, que mantuvo los mismos dispositivos legales existentes desde 1.871); c) finalmente, respecto a las consideraciones sobre los valores de justicia y equidad que se verían afectados por el art. 315 del CA –que, en mi opinión, no se advierten lesionados en este caso- cabe recordar lo sostenido sabiamente por Blackstone: “la ley sin equidad, aunque dura y odiosa, es mucho más deseable para el bien común que la equidad sin ley, que hace de cada juez un legislador e introduce la más infinita confusión” (Law, without equity, though hard and disagreeable, is much more desirable for the public good, than equity without law: which would make every judge a legislator, and introduce most infinite confusion –William Blackstone: 1 Commentaries on the Laws of England 62, 4th ed., 1770).
Que, por los fundamentos de fondo expuestos en los considerandos que anteceden, VOTO POR:
Confirmar la Resolución 1213/16 (AD MEND) y el cargo formulado a través de la planilla de aforo 512/09, con costas a las coactoras –art. 1163 del CA-.
El Dr. Christian González Palazzo dijo:
Teniendo en cuenta las condiciones fácticas del caso claramente reseñadas por el Dr. Soria en su voto, he de adherirme a su propuesta, Así lo Voto.
De conformidad con el acuerdo que antecede, por mayoría SE
Confirmar la Resolución 1213/16 (AD MEND) y el cargo formulado a través de la planilla de aforo 512/09, con costas a las coactoras –art. 1163 del CA-.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Date: 2023.11.30 16:49:27 -03:00 Date: 2023.11.30 17:10:27 -03:00 Juan Manuel Soria Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Subrogante Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.30 17:14:21 -03:00 Hector Hugo Juarez Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.30 17:14:22 -03:00
Fin de la sentencia