Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la pretensión de la actora de declarar desierto el recurso del demandada por incumplir el art. 264 del CPCC.-
2Rechazar los agravios expuestos por el demandado y el propuesto por la actora.-
3Corregir el error incurrido en el punto 3º del fallo debiendo leerse el nombre de la actora como Ema Juana Martínez.-
4Señalar que no constituye una irregularidad haber habilitado la feria judicial para dictar sentencia.-
5Confirmar la sentencia en todas sus partes.-
6Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE 1241990/2024.-
7Las costas en la instancia deberán ser soportadas en el orden causado (art. 68 del CPCC).-
8Diferir la regulación de los honorarios profesionales hasta tanto se regulen los de primera instancia.-
9Determinar, por la instancia de grado, la tasa de justicia correspondiente al presente proceso e intimar a su cumplimiento.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº7785/21 Sentencia: Definitiva Actor: Martínez Ema Juana Demandada: Rodríguez Luis Antonio Objeto: Cumplimiento contractual- Daños y Perjuicios Fecha: 04-03-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil veintiséis se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “MARTÍNEZ, Ema Juana c/ RODRÍGUEZ, Luis Antonio s/ cumplimiento contractual-daños y perjuicios” Expte. Nº20.434 del año 2019 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería la ciudad de Pico Truncado, Secretaría Civil, que ingresaron en Cámara bajo el Nº 7785. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Griselda I. Bard y Horacio M. J. Fernández para resolver las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia materia de apelación? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que la Sra. Ema Juana Martínez por medio de sus apoderados los Dres. Sergio Acevedo, Víctor Mártensen y Natalia S. Ramos con documental de fs. 1/181 y escrito de fs. 182/194 interponen demanda por cumplimiento de contrato, daños y perjuicios y rendición de cuentas contra el Sr. Luis Antonio Rodríguez. Transcribe el convenio suscripto entre la Sr. Eva Graciela Katavich (hija de la actora) y el demandado con causa fuente en una unión convivencial. Funda su legitimación como heredera haciendo referencia al juicio sucesorio de la causante y acompaña copias.
Sostiene que no obstante la intimación efectuada por su hija (fallecida en un accidente de tránsito), y los pedidos de la actora como heredera el demandado permanece en mora e incluso habría enajenado algunos bienes. Expone en el escrito de inicio las cuestiones de hecho, los detalles del convenio, acusa un incumplimiento malicioso del demandado y requieren además rendición de cuentas de los ejercicios 2017 y 2019 de los fondos de comercio incluidos en el convenio (una carnicería y un autoservicio por ser el demandado quien tiene la administración de los fondos de comercio sitos en la ciudad de San Julián. Fundan en derecho, ofrecen prueba documental y solicita que oportunamente se condene al demandado a la transferencia del 50% de los bienes descriptos en el convenio. A fs. 195 se le imprime el trámite del juicio ordinario corriendo traslado por 15 días que se aumenta en 2 días más por la distancia.
II. Que a fs. 199/200 se presenta Luis Antonio Rodríguez representado por su apoderado, el Dr. Eduardo Miguel Díaz Razmilich, oponiendo como de previo y especial pronunciamiento la excepción de incompetencia. Con el escrito de fs. 203/205 el apoderado del demandado contesta la demanda. Formula una serie de negativas y da su versión de los hechos afirmando que no existió una unión convivencial registrada ni convenio celebrado en legal forma del cual pudiera derivar derecho a su favor. Reconoce la convivencia durante la cual la pareja adquirió bienes algunos de los cuales se registraron a nombre de la Srta. Katavich y otros a nombre de su mandante. Da su versión de los hechos y formula consideraciones de derecho que se tienen presente. Sostiene que ninguno de los bienes mencionados en el instrumento ingresó en el patrimonio de la causante ni existen créditos exigibles que se puedan transmitir por sucesión.
Sostiene que Katavich y Rodríguez no eran personas que tenían un negocio en común o socios en un emprendimiento comercial. Argumenta que para que esta relación proyectara efectos sobre el patrimonio de ambos debieron haber celebrado una unión convivencial y/o pacto de convivencia por escritura pública en que regularan sus relaciones patrimoniales. Prosigue razonando que, no habiéndose formalizado dicho pacto, no hay razón para apartarse de las normas generales sobre patrimonio. Sostiene que su mandante no ha hecho otra cosa que usar y disponer de su patrimonio por lo que nada puede reclamársele. Agrega que menos, considerando que se pretende participar sólo de los bienes y los créditos desentendiéndose de los pasivos. Hace reserva desde ya de exigir, en caso de que se le reconozca algún derecho a la actora sobre los activos de su mandante, que se le imponga, en el mismo grado y proporción la obligación de cargar con los pasivos en razón de su giro comercial. Pide se rechace la demanda en todas sus partes con costas. Por sentencia interlocutoria de fs. 230/232 se desestimó la excepción de incompetencia con costas a la demandada. La interlocutoria es confirmada por esta Cámara en PE 256631/2021.
Las partes en la audiencia preliminar solicitan se declare la cuestión de puro derecho por no cuestionarse el contrato sino la validez. En PE 451653/2022 se declara la cuestión de puro derecho a solicitud de las partes quedando los autos en condiciones de resolver en definitiva. La Sentencia obra en PE 1226135/2024 y luego de consideraciones a las que me remito: “FALLA 1º) Habilítese la feria judicial en turno a los fines del del dictado de la presente.
2. Hacer lugar parcialmente a la demanda de incumplimiento contractual incoada por la Sra. Martínez Ema Juana, condenando al Sr. Rodríguez Luis Antonio para que en el término de treinta días de que adquiera firmeza la presente de cumplimiento con lo acordado en el convenio glosado a fs. 53/54 de los autos “KATAVICH Eva Graciela s/ sucesión ab intestato”(17971/18) conforme lo dispuesto en el considerando IV, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de imponer sanciones conminatorias por cada día de demora.
3. Condenar al Sr. Rodríguez Luis Antonio (DNI Nº 16.419.083) a abonar en el plazo de treinta días de que adquiera firmeza la presente, a favor de la Sra. Ema Juana Katavich y en concepto de daños y perjuicios por las transferencias efectuadas en relación a los bienes identificados bajo los dominios AA959SJ y AA454NR, la suma que oportunamente se determine en la etapa correspondiente conforme lo dispuesto en el considerando IV, sin perjuicio de las sumas que correspondan en caso de que el demandado se haya desprendido de los bienes objeto del convenio de referencia. 4º) Hacer lugar a la rendición de cuentas promovida en estos autos por la Sra. Martínez Ema Juana, quedando obligado el Sr. Rodríguez Luis Antonio a rendir cuentas documentadas de las explotaciones comerciales de los negocios identificados como Viento Sur en el plazo de treinta días de que adquiera firmeza la presente y en forma trimestral, conforme los parámetros determinados en el Considerando IV (arts.858 y siguientes del CCyCN). 5º) Desestimar el reclamo incoado respecto del automotor identificado bajo el dominio WAC-422 conforme el fundamento expuesto en el considerando IV. 6º) Imponiendo las costas de la presente causa a la demandada vencida (art. 68 CPCC). 6º) Diferir la regulación de los honorarios a los profesionales intervinientes hasta que cumplimenten la manda del Acuerdo Nº 2628 del TSJSC. Regístrese.
Notifíquese una vez que se reanude la actividad judicial.” Firmó, por subrogancia legal, el Dr. Leonardo Pablo Cimini Hernández.
III. Que este pronunciamiento no satisface las expectativas de las partes quienes interponen sendos recursos contra ella. La parte actora apela y funda con el escrito de PE1241990/2024 y se le concede la apelación libremente y con efecto suspensivo ordenado correr traslado de los agravios en PE 765019/2024. El demandado interpone recurso de apelación con el escrito en PE 1236952/2024 que se le concede libremente y con efecto suspensivo en PE 761921/2024 y luego expresa agravios con el memorial de PE 1503452/2024 de los que en PE 1595633/2024 se corre traslado a la parte actora quien lo contesta en PE 1980677/2025. El demandado no contestó los agravios de la actora dentro del plazo, motivo por el cual en PE 1194483/2025 se le da por perdido el derecho de hacerlo.
Con la certificación de estilo instrumentada en PE 2021822/2025 se elevan los autos y recibidos se llama autos a sentencia y se establece un orden de estudio en PE 2035814/2025 orden que se modifica en PE 2123068/2025.
IV. Que la actora funda su recurso (PE1241990/2024) agraviándose contra la desestimación de su pretensión con respecto del automotor dominio WAQ-422 por encontrarse su dominio en cabeza de un tercero ajeno a las partes, y no haberse acompañado boleto de compraventa que acredite la tenencia. Sostiene que la documentación de ese vehículo se encuentra en poder del demandado que por conveniencia no la acompañó a autos. Razona que, sin perjuicio de ello, el demandado se obligó a ceder ese automotor a la actora y por ello corresponde realizar la transferencia o de ser imposible el pago de una indemnización invocando el axioma pacta sunt servanda que impone la obligación de cumplir lo convenido, transfiriendo en el porcentaje acordado sin importar en cabeza de quien estaba en el momento de celebrarse el acuerdo, toda vez que las obligaciones que nacen de los contratos tienen la fuerza de ley entre las partes. Por ello deben cumplirse entre las partes y el Estado garantizar ese cumplimiento. Cita diversos artículos del CCyC, jurisprudencia y doctrina, que se tienen presente. Por ello concluye que los derechos que resultan de los contratos pasan a integrar el derecho de propiedad. Plantea el caso federal en los términos del art 14 de la ley 48 haciendo reserva de recurrir por la vía extraordinaria.
Como se indica más arriba el traslado de este agravio no fue contestado perdiendo la parte el derecho de hacerlo.
V. Que el apoderado del demandado fundó su recurso en memorial PE1503452/2924.
Comienza señalando lo que considera una “notable irregularidad” al haber habilitado la feria judicial en un asunto meramente patrimonial que no requeriría tratamiento urgente.
Ligado a lo anterior se refiere a una recusación que plantearon contra el magistrado subrogante y menciona que si bien se rechazó la misma por la actuación anterior del magistrado consentida por su parte y menciona que hechos y circunstancias sobrevinientes hicieron que su parte dudara de la imparcialidad y objetividad del juez por lo que su representado le solicitó planteara la recusación y sostiene que hubiera sido ético y transparente que el Sr. Juez se excusara y el no hacerlo agrega preocupación acerca de su corrección.
Confiesa que le resulta dificultoso expresar agravios con una crítica concreta y razonada cuando el razonamiento judicial de la sentencia se reduce a un solo párrafo de las nueve páginas escritas con más de las tres cuarta partes se dedicaron a reproducir los dichos de las partes y citar textos legales y doctrina y se refiere a dos modos de dictar los fallos: o bien analizar los hechos y el derecho para luego decir o adoptar a priori la decisión para luego buscar los argumentos Ingresando a los agravios se queja de que el Juez cae en la trampa de la calificación hecha por el litigante, por cuanto, si bien el magistrado reconoce que los bienes del litigio no ingresaron en el patrimonio de la Sra. Katavich, nada le impedía a esta formalizar las transferencias de los automotores teniendo los certificados 08 firmados a su disposición o avanzar en el pedido de rendición de cuentas sin preguntarse los motivos que la llevaron a actuar así. Sostiene que el juez debe indagar en los litigios de materia contractual la voluntad de las partes. Razona que una de las partes no pudo expresar su postura y voluntad pues fue asumida por terceros que heredaron una universalidad patrimonial pero no la voluntad de la fallecida. Sostiene que no puede confundirse la relación contractual de Rodríguez y Katavich con los deseos de su sucesora. Afirma que se trata de saber lo que las partes contratantes quisieron, no sus sucesores.
Razona que sin perjuicio de los instrumentos no se puede prescindir lo que luego hicieron. Afirma que si la unión convivencial (inscripta o no) proyecta efectos jurídicos tan importantes como para constituir a la causante como cotitular del patrimonio del demandado y la heredera viene a ocupar el lugar de Katavich como titular de ese patrimonio sostiene que éste abarca los activos y los pasivos. Por ello si la sentencia se limita a la cotitularidad de los activos resulta incongruente al no resolver todas las cuestiones traídas al debate.
Especula que en nada modifica el panorama el hecho que no se haya acreditado la existencia de las deudas denunciadas. Entiende que sí se condena a Rodríguez a entregar el 50% de los activos de un monto a determinar, tampoco debió impedir que se impusiera a la actora la carga de afrontar el 50% de los pasivos que se acreditasen ulteriormente se hubieran generado durante la vigencia de la unión convivencial con efecto declarativo y afirma daría lugar a acciones concretas de división de condominio. Se queja por cuanto esta cuestión es soslayada con el argumento que no obra constancia en autos para considerar esta manifestación y se pregunta porque la Sra. Katavich dejó en suspenso la posibilidad de transferir los rodados a su nombre y califica de arbitraria la decisión.
Recuerda por último que la inscripción registral es constitutiva del derecho de propiedad y no declarativa y se queja por que se condena a Rodríguez a entregar el 50% de los bienes a la heredera de Katavich con fundamento en que estaba en el patrimonio de ella, lo que califica de falso pues la Sra. Katavich omitió ingresar a su patrimonio tales automotores y no pueden hoy sus herederos pretender bienes que ella no quiso adquirir. Pide se revoque la sentencia.
La parte actora como se adelantara contesta estos agravios con la pieza de PE 1980677/2025. Sostiene en primer lugar que corresponde declarar desierto el recurso por no reunir los requisitos del art. 264 del CPCC con cita de jurisprudencia. Para el supuesto que no se comparta este fundamento la sentencia en lo que no fue motivo de recurso por su parte, debe ser confirmada. Reitera que el contrato ni sus efectos fue cuestionado en legal forma por la demandada ni ofreció pruebas ni cuestionó las que acompañó la actora, para lograr acreditar que su incumplimiento pudo tener alguna entidad o fundamento para no ser condenado.
Pide se declare desierto el recurso o en subsidio rechace los agravios que contesta, con expresa condenación en costas.
VI. Que antes de ingresar al examen de los recursos presentados corresponde señalar que en la parte dispositiva de la sentencia se ha incurrido en un error en el punto 3 del fallo al designar a la actora como Ema Juana Katavich en lugar de Ema Juana Martínez asignándole el apellido de la hija. Se trata de un error evidente que no se repite en los puntos 2 y 4 del fallo y puede ser corregido oficiosamente conforme la facultad otorgada por el art. 36 inc. 3 del CPCC.
Debe señalarse además que se observa que la actora inició un beneficio caratulado “MARTÍNEZ, Ema Juana s/ beneficio de litigar sin gastos” Expte. 20.435 donde sólo después del primer despacho se citó al demandado en los términos del art. 80 del CPCC. Luego se abandonó el trámite demostrando que el único objeto ha sido omitir el pago de la tasa de justicia.
Ingresando en el tratamiento, que por una razón de lógica, comenzará en primer lugar con el examen de los argumentos desarrollados por el demandado para sostener su recurso. Ello porque un eventual éxito de ellos podría volver abstracto el agravio de la parte actora.
Establecido ello señalo que no comparto la pretensión de la actora (al contestar los agravios) de declarar desierto el recurso por incumplimiento del art 264 del CPCC. Pero hay un esfuerzo del letrado del demandado dando una serie de argumentos que se deben rebatir. Rechazo esta pretensión. Aclarado ello tenemos que comienza el demandado su memorial señalando lo que considera una notable irregularidad: “consistente en haber habilitado la feria judicial al solo efecto de dictar una sentencia en un asunto meramente patrimonial…”. No lo podemos considerar un agravio pues no es una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. Ni siquiera le causó perjuicio al demandado la habilitación de feria desde que en el último párrafo de la sentencia ordena: “Notifíquese una vez que se reanude la actividad judicial”. Es decir no le causa ningún perjuicio al recurrente sólo que al magistrado al habilitar la feria le corre el plazo para el dictado. No se trata de una irregularidad, sino responsabilidad del magistrado para cumplir su obligación como subrogante y aplicar el principio de celeridad. Es una actitud meritoria toda vez que debemos recordar que existía atraso desde la renuncia de la Dra. Zapata. Ni siquiera puede servir como fundamento de un recurso de nulidad comprendido en él de apelación (art. 254del CPCC) pues ello no constituye un defecto de la sentencia.
Ligado a ello la parte se refiere a una recusación sin causa que planteara y fuera rechazada por anterior intervención en los autos del Dr. Cimini consentida por la parte. Hace ahora referencia a que hechos y circunstancias sobrevinientes hicieron dudar a su parte de la imparcialidad y objetividad de su criterio y sostiene que hubiera sido ético y transparente que el magistrado se excusara. Ello no es atendible pues se hacen difusas acusaciones. Si hubiera entendido que existían hechos y circunstancias sobrevinientes que justificaran el apartamiento del magistrado debió recusar y no sembrar sospechas. No es ético.
No es argumento calificar de dificultoso expresar agravios por la reducción del fundamento de la sentencia. Sostiene que gran parte de la sentencia reproduce los dichos de las partes y a citar textos legales y doctrina sobre estos. Olvida que al contestar la demanda de las tres fojas que su parte utilizó para ello, dos se dedicaron a exponer una ponencia del escribano Mario Leonardo Correa en la XXXIII Jornada Notarial Argentina (ver fs. 225/227). Vale aquí recordar aquello de que, quien tiene un tejado de vidrio no debe tirar piedras al vecino.
Precisamente por ser difícil criticar una sentencia el memorial de agravios debe contar con patrocinio letrado. El abogado debe superar las limitaciones y encontrar y criticar las partes de la sentencia que considere equivocada. Difícil o fácil es la tarea del letrado. Sostener que el modo de dictar la sentencia delata el esfuerzo del magistrado por justificar la decisión que el magistrado intuye incorrecta no es una crítica razonada aceptable, toda vez que se afirma, dogmáticamente, que el magistrado intuye que adopta una solución incorrecta y a pesar realiza un esfuerzo intelectual para justificarla. El ataque aparece injustificado y ofensivo.
Sostiene que la causante no ingresó a su patrimonio objetos de litigio cuando nada le impedía transferirlos pues tenía los formularios 08 firmados a su disposición. No es una crítica y no fue sostenido en la contestación de la demanda que los tuviera. Pretende que la hija de la actora tuvo motivos para no avanzar en la ejecución del contrato y que el juez debió detenerse a reflexionar sobre ellos. Pero la muerte de la Sra. Katavich no nos permite determinar con certeza sobre sus motivos. Lo cierto es que en la cláusula duodécima del convenio establece:
“Que ambas partes actuarán de buena fe y con lealtad en todos los actos y comportamientos que requiere la ejecución del presente convenio. Así la transferencia de la parte correspondiente a la señora Eva Graciela Katavich se hará de conformidad a las posibilidades económicas y financieras en atención al costo que implican los gastos de transferencia.”
Sostiene el demandado que antigua y pacífica doctrina indica que, la labor del juez en litigios en materia contractual es indagar cuál fue la real voluntad de las partes al contratar. Pero la voluntad expresada está clara en el convenio. Allí antes de ingresar al art. 1 se afirma que las partes: “…acuerdan celebrar el presente convenio sobre el patrimonio de la unión convivencial que data del año dos mil once (2011), sin que exista pacto al respecto y sin perjuicio que la convivencia común se constituyó en el año 1993 de conformidad al siguiente detalle e individualización de los bienes.
Primero:…”
Incluso se detalla en la cláusula undécima que la unión convivencial no reconoce deudas, salvo con el Banco de la Nación Argentina y aquellas del giro comercial con proveedores.
Es decir las partes en el convenio que se pretende ejecutar reconocen que estuvieron en convivencia en común desde 1993 y que la unión convivencial data del año 2.011. No afecta que estuviera registrada o no. Las partes entendieron que en 2011 convirtieron la convivencia en unión convivencial que adquirió el patrimonio que por ese convenio las partes acuerdan como se dividirá.
El convenio no alcanza al patrimonio de las partes anterior al año 2011. Podrá ser atacado por terceros, pero entre ellas tiene valor y están obligadas a su cumplimiento y se puede reclamar el cumplimiento judicialmente como se hizo.
No se planteó la nulidad del convenio ni se invocó simulación o fraude. La actora ha sido declarada única y universal heredera de Eva Graciela Katavich es decir que a ella se le transmitió la universalidad de los bienes de la herencia y por lo tanto desde la muerte de la causante tiene todos los derechos y acciones de aquél de manera indivisa, con excepción de los que no son transmisibles por sucesión, y debe continuar en la posesión de lo que la causante era poseedora. (conf. Arts. 2278 y 2280 del CCyC) Por ello carece de base el razonamiento del recurrente respecto de que no se debe confundir la relación contractual entre Rodríguez y Katavich con los deseos de la sucesora de Katavich.
Ya sostuve que la cláusula 12 explica el comportamiento de las partes. Y en la práctica las partes se obligaron a dividir los bienes y derechos enumerados en el convenio, por ello la sentencia a mi juicio no es ni incongruente ni sesgada.
Se pretende que no modifica el panorama por el hecho que no se haya acreditado las deudas denunciadas. Pero mal se pudo acreditar cuando las partes estuvieron de acuerdo y pidieron la declaración de puro derecho motivo por el cual no puede ahora invocar que no pudo probar deudas. Ya explique los motivos por los cuales se dejó en suspenso la posibilidad de transferir los automotores a nombre de la causante (Mejor dicho el 50%) conforme el convenio art. 12).
Por último es de señalar que no se condena a Rodríguez a entregar a la actora el 50% del activo con el fundamento que estaba en el patrimonio de la causante pues ésta “voluntariamente” omitió ingresarlo en su patrimonio, se lo condena a cumplir el convenio. La cláusula 12 del mismo da la razón por la que la Sra. Katavich no ejecutó el convenio. No actuó como un usurero que al día siguiente del vencimiento está ejecutando un documento. Se trata de dos personas que han tenido una larga relación por lo que actuaron como se pactó en la cláusula 12.
Por todo ello entiendo sin sustancia los agravios del demandado y propongo rechazar su apelación.
VII. Que el semirremolque es un vehículo de carga sin motor, diseñado para ser acoplado a una cabeza tractora (o tractocamión) mediante lo que se denomina quinta rueda, sobre la cual descansa parte de su peso. Carece de eje delantero y, junto con la unidad tractora, conforma un vehículo articulado. Se inscriben en el Registro y cuentan por ello con dominio. En el convenio se dejó constancia que se encontraba inscripto el dominio a nombre de un tercero. Asiste razón a la recurrente al invocar las normas del CCyC (arts. 958, 959, 960 y 962) respecto del efecto entre las partes con origen en el viejo principio que los contratos constituyen una ley para las partes por ello ellas deben hacer honor a la palabra empeñada al contratar (salvo que se afecte al orden público, la moral y las buenas costumbres no invocados en autos).
El agravio es atendible y corresponde revocar el punto 5 del fallo mandando al demandado cumplir lo pactado en el convenio base de esta acción para luego transferir el 50% a la actora. Es mi voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VIII. Comparto la respuesta brindada por el Dr. Monelos a las cuestiones preliminares y en cuanto a los agravios del demandado, disiento en lo que resuelve con relación al agravio de la parte actora. En particular la actora se agravia por cuanto se desestimó la inscripción del vehículo dominio WAQ-422 con el fundamento de encontrarse su dominio en cabeza de un tercero, y no haberse acompañado boleto de compraventa que acredite la tenencia. En este aspecto comparto la solución brindada por el juez de grado. En nuestra legislación si una persona no es titular del bien, no puede válidamente disponer de él, ni obligar a un tercero a adoptar determinada conducta si no fue parte del acuerdo. En el particular el informe que se acompaña por parte del Registro automotor señala que Ovando Sullca Celia es la titular del bien (fs. 131). Es la única prueba al respecto, ya que la causa se declaró de puro derecho, no se sabe si existió tradición o se firmó boleto de compraventa. En atención a ello entiendo que no puede interpretarse prueba que no se encuentra agregada (boleto de compraventa) ya que ello vulnera el derecho de propiedad y genera inseguridad jurídica, por lo que el agravio de la parte actora no debe prosperar. (conf. arts. 1008, 1021, 1892 y ccs. CC).-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio M. Fernandez dijo:
IX. Que a fin de dirimir la disiencia planteda voy a adherir a la postura de la Dra. Bard ya que interpreto en consonancia con sus argumentos, de que en el caso existe una imposibilidad jurídica de ordenar a quien no es titular de un bien llevar a cabo actos que por su naturaleza importan la disposición del mismo, lo que obviamente está vedado en derecho. Lo entiendo así a partir de que no siendo el rodado Dominio WAD422 titularidad del demandado, conforme a la cláusula Décima del acuerdo agregado a fs. 52/53, no podrá por ende realizar la pertinente documentación de transferencia tal como se obligó respecto de los bienes contemplados en otras cláusulas de dicho acuerdo, respecto de los que si ostentaba esa calidad. Máxime, que como bien los señala la colega preopinante, se desconoce si existió tradición del rodado en favor del demandado o si se firmó boleta de compra-venta. Solo consta en la causa que la propiedad del rodado en cuestión está a nombre de una tercera persona, Ovando, Sulica Celia, por lo que opino que la pretensión expuesta en agravios no está lo suficientemente fundada y por ende no debe ser admitida. Que por tales razones adhiero al voto de la Dra. Bard.
A LA SEGUNDA CUESIÓN el Dr. Monelos dijo:
X. Que en función de las consideraciones vertidas al contestar la primera cuestión, propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar la pretensión de la actora de declarar desierto el recurso del demandada por incumplir el art. 264 del CPCC. 2º) Por las razones expuestas en los considerandos rechazar los agravios expuestos por el demandado. 3º) Admitir el agravio vertido por la parte actora y en consecuencia revocar el punto 5 del fallo mandando al demandado dentro del plazo fijado para el resto de las obligaciones asumidas y realizar la pertinente documentación de transferencia correspondiente al semirremolque dominio WAD422 y luego transferir el 50% a la actora (cláusula decima del convenio). 4º) Corregir de oficio conforme la facultad del inciso 3º del art. 36 del CPCC el error incurrido en el punto 3º del fallo al designar a la actora como Ema Juana Katavich en lugar de usar su verdadero apellido de Martínez y señalar que no constituye una irregularidad el haberse habilitado la feria judicial para dictar sentencia cuando existía gran atraso desde la renuncia de la Dra. Zapata. 5º) Confirmar la sentencia en crisis en todo lo demás que fuera materia de agravio por el demandado y revocar el punto 5º del fallo como se señala más arriba. 6º) Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE 1241990/2024. 7º) Por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC) las costas de la instancia se imponen al demandado como vencido y se difiere la regulación de los honorarios profesionales hasta tanto se regulen los de primera instancia. 8º)Determinar, por la instancia de grado, la tasa de justicia correspondiente al presente proceso e intimar a su cumplimiento. 9°) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos a la instancia de origen.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XI. Por la forma en que me expedí en la primer cuestión propongo al acuerdo 1º) Rechazar la pretensión de la actora de declarar desierto el recurso del demandada por incumplir el art. 264 del CPCC. 2º) Rechazar los agravios expuestos por el demandado y el propuesto por la actora. 3º) Corregir el error incurrido en el punto 3º del fallo debiendo leerse el nombre de la actora como Ema Juana Martínez. 4°)Señalar que no constituye una irregularidad haber habilitado la feria judicial para dictar sentencia. 5º) Confirmar la sentencia en todas sus partes. 6º) Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE 1241990/2024. 7º) Las costas en la instancia deberán ser soportadas en el orden causado (art. 68 del CPCC). 8°) Diferir la regulación de los honorarios profesionales hasta tanto se regulen los de primera instancia. 9°)Determinar, por la instancia de grado, la tasa de justicia correspondiente al presente proceso e intimar a su cumplimiento. 10º) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos a la instancia de origen.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio M. Fernández dijo:
XI. Adhiero a la propuesta efectuada por la Dra. Bard por considerarla justa.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 04 del mes de marzo de dos mil veintiséis.
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, por mayoría:
1. Rechazar la pretensión de la actora de declarar desierto el recurso del demandada por incumplir el art. 264 del CPCC.- 2º) Rechazar los agravios expuestos por el demandado y el propuesto por la actora.- 3º) Corregir el error incurrido en el punto 3º del fallo debiendo leerse el nombre de la actora como Ema Juana Martínez.- 4°) Señalar que no constituye una irregularidad haber habilitado la feria judicial para dictar sentencia.- 5º) Confirmar la sentencia en todas sus partes.- 6º) Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE 1241990/2024.- 7º) Las costas en la instancia deberán ser soportadas en el orden causado (art. 68 del CPCC).- 8°) Diferir la regulación de los honorarios profesionales hasta tanto se regulen los de primera instancia.- 9°)Determinar, por la instancia de grado, la tasa de justicia correspondiente al presente proceso e intimar a su cumplimiento.- 10º) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos a la instancia de origen.- Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara Presidente; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Griselda I. Bard- Jueza de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. - Protocolización: A201 007 S.261 Tomo: CV Sentencia: 3178 Folio Nº: 010/018 Secretaria: 1
Fin de la sentencia