Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-731/13-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 56/62 vta. por la Dra. Mónica Andrea Martínez Escalante en contra de la Provincia de Santa Cruz (Ministerio de la Producción).-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: M-731/13-TSJ Sentencia N°: 990 Actor: MARTÍNEZ ESCALANTE MÓNICA Demandado: ESTADO PROVINCIAL – MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Objeto: DEMANDA CONT ENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 19/06/15 Texto:
TOMO XVI -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 990 FOLIO Nº 3.021/3.027 PROT. ELECT. TSS1 015 C.151
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 19 días del mes de junio de dos mil quince, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ernestina Ludueña Campos, bajo la presidencia de la Dra. Clara Salazar para dictar sentencia en los autos: “MARTÍNEZ ESCALANTE MÓNICA C/ ESTADO PROVINCIAL – MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº M-731/13. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, 2º) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 3º) Dr. Enrique Osvaldo Pere- tti, 4º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos y 5°) Dra. Clara Salazar; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión la Dra. Mercau dijo:
I. Que, a 56/62 vta., la Dra. Mónica Andrea Martínez Escalante, por derecho propio, interpone “…demanda contencioso administrativa contra el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN y/o contra el ESTADO PROVINCIAL…” (cfr. fs. 56).-
Pretende que se la recategorice en el escalafón veinticuatro (24) a partir del 2 de septiembre de 2011 y peticiona que se le abonen las diferencias de sueldos entre el haber de la categoría once (11) a la veinticuatro (24), desde el 2 de septiembre de 2011 a marzo de 2012; y por la diferencia entre la categoría veintiuno (21) y la veinticuatro (24), desde el 1° de abril de 2012 “...hasta la fecha”, (cfr. fs. cit.). Asimismo solicita que se declare la nulidad del Decreto Nº 1631/12, del Dictamen Nº 036/D.P.A.L./2013 y de la Resolución Nº 031/MINPRO/13 (conf. fs. 56 vta.).- Manifiesta, a renglón seguido, que ingresó a trabajar como empleada en el Ministerio de Asuntos Sociales Provincial en diciembre de 1997 y que desde mayo de 2009 trabaja en el área de Asesoría Letrada de la Dirección Provincial de Transporte dependiente del Ministerio de la Producción (conf. fs. cit.).
Añade que cuando concluyó su carrera de abogada solicitó al citado Ministerio que se le abonara el adicional por título y que se la ascendiera laboralmente, en atención a su nuevo título y a la antigüedad que tenía en la Administración Pública (conf. fs. 56/57).- Dice que en el mes abril del 2012 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Nº 573/12 por el que se la cambió de agrupamiento y se le otorgó la categoría veintiuno (21), como profesional ingresante a partir del 1° de abril de 2012 y no desde la fecha en que inició el trámite, es decir el 2 de septiembre de 2011 (conf. fs. 57). Sostiene que la Administración no tomó en consideración su petición de que sea valorada su antigüedad a la hora de otorgarle la nueva categoría, y considera que hubiese sido justo que se le otorgare la categoría veinticuatro (24).
Esto, postula, en atención a que los profesionales generalmente ingresan con la categoría inicial veintidós (22) o superior, y a los ascensos que estima que se le adeudaban (conf. fs. 57).- Añade que, una vez notificada del Decreto Nº 573/12, presentó un nuevo escrito a la Dirección de Personal del Ministerio de la Producción en el que solicitaba el pago de retroactivo por cambio de agrupamiento, correspondiente a los meses de septiembre de 2011 a marzo de 2012, inclusive, conforme a la fecha de inicio de trámite, es decir el 2 de septiembre de 2011 (conf. fs. 57 vta.). Afirma que también peticionó que, en razón de su antigüedad, se evaluara la posibilidad de ascenderla a la categoría veinticuatro (24) (conf. fs. cit.).- Agrega que el 30 de agosto de 2012 tomó conocimiento del Decreto N° 1631 de fecha 16 de agosto de 2012, con fecha de vigencia retroactiva al 1° de julio de 2011, en el cual estaba incluida y por el que se le otorgaba la categoría catorce (14).
La actora asevera que para esa fecha ya tenía la categoría veintiuno (21) como profesional abogada (conf. fs. cit). Plantea que el antedicho Decreto es nulo de nulidad absoluta en su caso particular, ya que le otorga una categoría inferior -la catorce (14)- cuando ya poseía la categoría veintiuno (21) -conforme el Decreto Nº 573/12- y manifiesta que no se puede aplicar retroactivamente un Decreto que lesione derechos adquiridos, conforme el artículo 13 de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1260.- Entiende que su planteo -conforme lo establece el artículo 14 de la Ley Nº 591-, es un derecho adquirido toda vez que, según lo prescribe el citado artículo “...El personal tendrá derecho a ser promovido siguiendo el orden ascendente de la escala de su carrera, según la capacitación que acredite y satisfaciendo los requisitos que al efecto se reglamenten.
La promoción no podrá producirse en períodos inferiores a tres años, con excepción de las del personal de la Carrera Profesional, que estará condicionada a la modalidad de la prestación de servicio...” (cfr. fs. 58 vta.).- Aduce que las remuneraciones no percibidas -en relación a la categoría que entiende que le corresponde- son violatorias “...a la (norma constitucional arts. 14, 14 bis, 16; art, 3, 6, 8, 18 32 CPSC) (sic)…” (cfr. fs. 58 vta.). Considera que se ”..han violado mis GARANTIAS CONSTITUCIONALES y mi DERECHO DE DEFENSA como empleada pública y particular afectada...” (cfr. fs. 59).-
Afirma que durante el procedimiento administrativo se le notificó el Dictamen N° 036/D.P.A.L./13. Estima que un dictamen no puede ser notificado a un particular porque ello “…es violatorio del DEBIDO PROCESO, vulnera las garantías del administrado ante la administración pública, privándolo de la posibilidad que la autoridad superior pueda expedirse en sentido contrario...” (cfr. fs. 59 vta.). La actora manifiesta que impugnó ese dictamen con fecha 11 de marzo de 2013 (conf. fs. cit). Sigue diciendo que, el 18 de marzo de 2013, se le notificó la Resolución N° 031/MINPRO/13, ante lo cual interpuso un escrito solicitando la nulidad de la misma “…porque el contenido de la resolución fundado en el dictamen ya fue impugnado previo al dictado de dicha resolución, y que por ende debe la administración pública expedirse sobre el escrito de impugnación del día 11/03/13...” (cfr. fs. 59 vta./60). Sostiene que ante el silencio de la administración se vio obligada a iniciar la presente acción (conf. fs. 60).- Por último ofrece prueba y hace reserva del caso federal (confr. fs. 62 y vta.).-
II. Que, a fs. 75 se corre traslado de la demanda al Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz.-
A fs. 79/88 vta. se encuentra agregada la contestación de la demanda por parte de la Provincia de Santa Cruz, representada por la Dra. María Verónica Zuvic, por medio de la cual solicita el rechazo de la demanda, con costas (conf. fs. 79). Destaca que la presentación de la actora carece de claridad y fundamentos (conf. fs. 80) y agrega que aquella debió canalizar su pretensión de recategorización a través de paritarias, y mediante acuerdos celebrados en las mismas (conf. fs. cit.).- Esgrime que la actora luego de haber sido notificada del Decreto Nº 573/12 -por el cual se le asignó la categoría veintiuno (21) y se la cambió al agrupamiento profesional-, presentó un escrito en la Dirección de Personal del Ministerio de la Producción reclamando en relación a dos pretensiones, una, relativa al pago de retroactivo por cambio de agrupamiento y, otra, peticionando su promoción a la categoría veinticuatro (24) (conf. fs. 80 vta.).
Asegura que tampoco la accionante puede solicitar un derecho más amplio que el que se le ha acordado por el Decreto N° 573/12; ya que el agrupamiento profesional incluye a personal con título entre las categoría trece (13) a veintidós (22) y la actora peticiona la veinticuatro (24). Destaca que “…la actora no ha impugnado el acto que determina el cambio de agrupamiento, ni la categoría asignada, ni ha planteado la inconstitucionalidad de la ley que determina el régimen aplicable...” (cfr. fs. 81).- Expresa que la demora de la Administración en dar curso al pedido de la actora se debió a la falta de diligencia de la propia agente, quien no había presentado el título debidamente certificado por el Ministerio del Interior (conf. fs. 81 vta.).-
Afirma que yerra en solicitar el ascenso retroactivo desde el 2 de septiembre de 2011 al mes de marzo de 2012, ya que el acto administrativo que le reconoce el cambio de agrupamiento tiene fecha del 10 de abril de 2012 “…por lo que el tiempo precedente a dicho acto, no puede ser considerado como tiempo debido a la accionante...” (cfr. fs. 82). Asimismo señala que el mismo Decreto Nº 573/12, que dispone la recategorización y cambio de agrupamiento de la actora, indica que generará efectos a partir del 10 de abril de 2012. Cita doctrina que postula que el efecto normal de un acto administrativo se produce para el futuro y que por regla general todo acto administrativo tiene efectos constitutivos desde su aprobación (conf. fs. cit.). Admite que existe la posibilidad de que el acto administrativo produzca efectos retroactivos, pero afirma que esto no se supone nunca, y que siempre debe demostrarse (conf. fs. 82 vta.).- Plantea en relación al reclamo de haberes presuntamente adeudados a la Dra. Martínez Escalante, que no existe acto jurídico que genere deuda al respecto ya que el Decreto N° 573/12 no prescribe retroactividad alguna (conf. fs. 87).-
En cuanto al Decreto N° 1631/12, expresa que se recategorizó al Personal de planta contratada hasta el año 2007 inclusive “…reconociéndoles una categoría por cada 3 años de servicios al día 30 de Junio del Año 2011 y de la misma forma, a aquellos agentes que ostentaran una antigüedad bajo la modalidad PRENO o PEC, la cual se aplica a la actora...” (cfr. fs. 83). Indica que la actora fue incluida en los términos de aquél acto administrativo, en atención a que al momento en que se resolvió por paritarias la recategorización antedicha (1° de julio de 2011) no había obtenido el título de abogada (conf. fs. 83 vta.).- Estima que Martínez Escalante reclama erróneamente que a las categorías otorgadas al 1° de julio de 2011 se le sumen las que se otorgaron posteriormente, en tanto que a esa fecha la actora no había obtenido el título de abogada y tenía una antigüedad de cinco años, un mes y veintinueve días de PRENO/PEC, revistiendo la categoría once (11) (conf. fs. cit.).-
Agrega que la retroactividad del Decreto N° 1631/12, al 1° de julio de 2011, no vulnera ningún derecho de la actora, ya que en esa época no tenía ningún título profesional, ni existía trámite por recategorización o cambio de agrupamiento. También alega que tampoco procede la pretendida retroactividad del Decreto Nº 573/12 al 2 de septiembre de 2011 (conf. fs. cit.), añade que el Decreto Nº 1631/12 se presume legítimo, conforme lo establece el artículo 12 de la Ley Nº 1260, y que es un acto de alcance general que en nada perjudica a la actora (conf. fs. 87 vta.).- Expone que resulta improcedente el acto de impugnación del dictamen (conf. fs. 85 vta.). Niega, también, que la notificación del dictamen a la Dra. Martínez Escalante pueda considerarse como violatoria del debido proceso, atento a que aquel carece de efectos jurídicos y no es vinculante (conf. fs. 85/86).-
Afirma que la Resolución N° 031/MINPRO/13 fue debidamente notificada y que como acto administrativo se presume legítimo (conf. fs. 86). Además considera que no puede tener lugar el pedido de nulidad respecto de tal Resolución (conf. fs. 87 vta.); y que este pedido no fue fundado por la actora, siendo contradictorios e incongruentes sus razonamientos (conf. fs. 88).-
Sigue diciendo que la actora no ha podido demostrar la antijuridicidad de los actos que ataca, ni ha podido fundar que los mismos sean pasibles de nulidad (conf. fs. 86). También dice que los actos cuestionados “…han sido dictados bajo el amparo de normas cuya legitimidad no ha sido cuestionada por la parte actora...” (cfr. fs. 88).-
Sostiene, respecto de la pretensión de la accionante, que “…su reclamo de recategorización al escalafón 24 no es procedente, en tanto la ley 1084 de agrupamiento profesional que ella misma solicitó, solo prevé la categoría máxima de 22. Cobra relevancia en este punto, lo establecido por la TEORÍA DE LOS ACTOS PROPIOS…” (cfr. fs. 86 vta. /87).-
Por último, solicita que se rechace la demanda, con costas (conf. fs. 88 vta.).-
A fs. 89 se corre vista al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, quien dictamina que es formalmente admisible la demanda pudiendo avocarse este Alto Cuerpo al conocimiento de las actuaciones (conf. fs. 90 vta.).-
A fs. 95 se ordenó la apertura de la causa a prueba, posteriormente se certificó sobre la producción de la misma a fs. 108, oportunidad en la que fueron puestos los autos a disposición de las partes para alegar. Ambas partes formularon alegatos, la demandada a fs. 111/112 vta. y la actora a fs. 114/123. Finalmente a fs. 124 -segundo párrafo-, se llamó autos para sentencia.-
III. Que de las pretensiones y las defensas invocadas por las partes se advierte que los puntos a resolver son los siguientes, a saber: el pedido de nulidad del Dictamen Nº 036/D.P.A.L./2013; la supuesta existencia de la violación de la garantía del debido proceso que se habría producido por la notificación del aludido dictamen; sobre la nulidad del Decreto Nº 1631/12 y la Resolución Nº 031/MINPRO/13; acerca de la alegada obligación de la Administración de ascender a la actora a la categoría veinticuatro (24); lo concerniente a que se le otorgue efectos retroactivo al ascenso solicitado -con el consecuente pago de diferencias salariales-; y, por último, lo referido a la existencia de una categoría máxima de ascenso en el escalafón profesional (categoría 22).- En lo relativo al pedido de nulidad del Dictamen Nº 036/D.P.A.L./2013 (agregado en copia a fs. 31/33 vta.) se debe señalar que el dictamen atacado tenía por finalidad aportar elementos que contribuyeran a la formación de un acto administrativo, garantizando los derechos de la actora y la juridicidad del obrar estatal.
Fue un acto preparatorio a la emisión del instrumento legal que daría una respuesta a las peticiones de la accionante. Sobre el particular, Gordillo nos dice que los actos no jurídicos son “También llamados actos de la administración. Se trata de decisiones, declaraciones o manifestaciones realizadas en ejercicio de la función administrativa, que no producen efectos jurídicos directos respecto de un sujeto de derecho. Encontramos en esta clasificación… [a] los dictámenes, en los cuales el funcionario pertinente emite una opinión, juicio, consulta, etc., destinada a orientar el criterio de la autoridad que debe decidir. Los dictámenes forman parte de la actividad llamada ‘consultiva’ de la administración…” (GORDILLO, Agustín.
“Tratado de derecho administrativo”, Parte General, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1995, T. I, X-6).- El dictamen atacado carece de efectos jurídicos directos e inmediatos respecto de la administrada por lo que no es viable declarar la nulidad del mismo. Así lo dispone el artículo 80 del Decreto Nº 181 -que reglamenta la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1260-, el cual expresa que “Las medidas preparatorias de decisiones administrativas, inclusive informes y dictámenes, aunque sean de requerimiento obligatorio y efecto vinculante para la Administración, no son recurribles.” (el destacado me pertenece). En concordancia con lo expuesto, se ha dicho que “Como los actos preparatorios no son actos administrativos, por no producir un efecto jurídico directo, ya que sólo lo pueden tener a través del acto administrativo posterior, no pueden recurrirse; obviamente sí será recurrible por el interesado el acto administrativo posterior.
Por ello los dictámenes no son impugnables por recursos administrativos ni judiciales, aunque adolezcan de algún vicio.” (GORDILLO, Agustín y DANIELE, Mabel, “Procedimiento Administrativo”, LexisNexis, Buenos Aires, 2006, ps. 518/519).- En este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha decidido que el dictamen -como acto preparatorio a la emisión de la voluntad administrativa- “…no es susceptible de ser impugnado por la vía de los recursos establecidos en la ley adjetiva.” (cfr. SCBA, “V., H .R. vs. Municipalidad de San Fernando s. Demanda contencioso administrativa”, sentencia del 19 de agosto de 2009, publicado en Rubinzal On Line: RC J 13923/09).-
En razón de lo expuesto es improcedente el pedido de nulidad del dictamen de marras.-
En cuanto a la aducida violación del debido proceso que le habría generado la notificación del citado dictamen, la actora no ensaya ningún argumento razonable que ponga de relieve en qué consistiría tal violación (conf. fs. 59 y vta.). Tampoco se advierte cuál es el perjuicio que podría haber sufrido la administrada por la mencionada notificación, razón por la cual el planteo deviene improcedente.-
En relación con el pedido de nulidad del Decreto Nº 1631/12 y la Resolución Nº 031/MINPRO/13, se debe destacar que el decreto mencionado decide la situación de varios agentes públicos y promueve -a partir del 1° de julio de 2011- a la actora de la categoría once (11) a la catorce (14) como Personal de Planta Permanente comprendida en el Estatuto de la Administración Pública Ley N° 591 (conf. fs. 17/18).-
Por su parte, la Resolución Nº 031/MINPRO/13 rechaza el pedido de ascenso al escalafón veinticuatro (24). Asimismo niega el pedido de liquidación y efectivo pago de diferencia de haberes de la categoría once (11) a la veinticuatro (24), a partir del 2 de septiembre de 2011 al mes de marzo de 2012; y de la veintiuno (21) a la veinticuatro (24), entre abril de 2012 a la fecha de interposición del recurso -15 de octubre de 2012, v. fs. 26/30- (cfr. fs. 34/38).-
Asimismo el Decreto Nº 573/12, incorpora a partir del 10 de abril de 2012 a la Dra. Martínez Escalante al Agrupamiento Profesional, previsto en el art. 6º de la Ley Provincial Nº 1084, con la categoría veintiuno (21) (conf. fs. 13/14).-
En atención de los antecedentes mencionados, es pertinente acotar que la doctrina ha diferenciado las facultades de la administración pública entre regladas y discrecionales. Las primeras son aquellas en que la norma jurídica determina concretamente la conducta a seguir por la Administración. En cambio, serán discrecionales “…cuando el orden jurídico le otorgue cierta libertad [a la Administración] para elegir entre uno y otro curso de acción, para hacer una u otra cosa, o hacerla de una u otra manera.” (GORDILLO. ob. cit., T. I, X-15). Sobre este tópico, sigue diciendo Gordillo: “Dicho de otro modo, la actividad administrativa debe ser eficaz en la realización del interés público, pero esa eficacia o conveniencia u oportunidad es en algunos casos contemplada por el legislador o por los reglamentos, y en otros es dejada a la apreciación del órgano que dicta el acto; en ello estriba la diferencia de las facultades regladas y discrecionales de la administración.
En un caso es la ley – en sentido lato: Constitución, ley reglamento – y en otro es el órgano actuante, el que aprecia la oportunidad o conveniencia de la medida a tomarse.” (GORDILLO. ob. cit., T. I, X-15/16).- En el sub lite se advierte que no existe ninguna disposición que obligue a la Administración a ascender a la actora a la categoría veinticuatro (24), como pretende. Es más, tal como correctamente lo afirma la demandada -conforme lo desarrollaré más adelante- el Agrupamiento Profesional prevé como máximo peldaño la categoría veintidós (22). La facultad de promover a la Dra. Martínez más allá de la jerarquía que posee es una potestad discrecional del Poder Ejecutivo Provincial, en atención a la modalidad del servicio (conf. artículo 14 de la Ley Provincial Nº 591).- Sin perjuicio de lo expuesto, no se debe olvidar que es pacífica la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto que el ejercicio de una facultad discrecional no exime a la Administración de respetar los recaudos que la Ley de Procedimientos Administrativos -en el caso la Ley Nº 1260- exige para la validez de los actos administrativos, ni tampoco su ejercicio puede justificar una decisión arbitraria, irrazonable o discriminatoria (Fallos: 332:2741; v. asimismo el Dictamen de la Procuración General al cual remitió la Corte en Fallos: 331:735).- En relación con los recaudos a los que hice referencia en el párrafo anterior, se ha dicho que cuando de facultades discrecionales se trata, cobra vital importancia la motivación del acto -requisito contenido en el artículo 7º inc. e) de la Ley Nº 1260- pues solamente la motivación de esos actos le permitirá determinar al juzgador si son o no razonables (conf.
HUTCHINSON, Tomás. “Régimen de Procedimientos Administrativos Ley 19.549”. Ed. Astrea 9º edición. p. 90/91).
Es por ello que, tal y como lo ha señalado este Tribunal antes de ahora en un señero precedente “...el poder discrecional debe ser legal, por lo tanto las decisiones de este tipo deben motivarse, ya que precisamente cuando se ejerce una atribución en la que hay libertad de obrar, es más necesario aún explicar los motivos que cuando se ejerce una facultad reglada y es en el examen de esos motivos donde se puede comprobar la observancia de la ley, en sus fines y en su dirección... La ilegalidad más grave es la que se oculta bajo una apariencia de legitimidad. De modo que el Poder Judicial, a pedido de parte, hállase facultado para examinar si los ‘hechos’ o ‘antecedentes’ invocados por la Administración para emitir el acto discrecional, han existido o no existido en realidad, si se trata de una afirmación falsa o verdadera acerca de esa situación de hecho que sirvió de base para la emisión de un acto administrativo discrecional” (cfr. Tomo II -Contencioso Administrativo-, Reg. 71, Folio Nº 356/359).- Aclarado ello, debo señalar que de una atenta lectura del acto administrativo atacado surge que este no carece de fundamentación seria que lo torne anulable. La Administración lo ha motivado de modo suficiente, analizando de modo detallado y reflexivo el marco jurídico aplicable y dando suficientes razones de por qué decidió del modo en que lo hizo (conf. fs. 17/18 y 34/38), no evidenciándose irrazonabilidad en su decisión.-
Sobre el particular ha dicho la Suprema Corte Bonaerense: “En punto a la vulneración del derecho a la carrera administrativa debo recordar que esta Corte ha puntualizado que tanto la función o el empleo público que comprende lo que se denomina ‘carrera administrativa’ están internamente estructurados en grados diversos, debiéndose tener presente que la facultad del Poder Ejecutivo de nombrar y remover a sus empleados comprende la de otorgarles ascensos y ubicarlos en las respectivas categorías del escalafón, sin que el ejercicio de tales atribuciones pueda ser revisado por el Poder Judicial, salvo el caso de irrazonabilidad, arbitrariedad o lesión de derechos consagrados en la Constitución…” (SCBA, “González, Graciana Ester c/ Municipalidad de La Matanza s/ Demanda contencioso administrativa”, sentencia del 9 de marzo de 1999, AyS 1999 I, 568).- Cabe recordar que la promoción que pretende la actora no es un derecho subjetivo propio (conf. DIEZ, Manuel María, “Derecho administrativo”, Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1967, T. III, ps. 464/465), que pueda generarse por consecuencia necesaria de haber obtenido el título de abogada y/o por su antigüedad como empleada pública. Los cargos no han sido creados por ley para satisfacer las aspiraciones de los empleados o funcionarios, sino en razón del servicio.-
Al respecto, este Alto Cuerpo ha dicho “..También en el orden nacional, la jurisprudencia ha sido unánime y pacífica en considerar que es resorte y facultad de la administración todo lo concerniente a la ubicación escalafonaria de los agentes públicos...” (cfr. Tomo X, Contencioso Administrativo, Reg. 696, Folio 1944/1947); y, en concordancia con lo antedicho, se afirmó que: “…es pacífica la interpretación que el ejercicio de la facultad que tiene el ejecutivo de cualquier estado ya sea nacional, local o municipal en punto al ascenso de sus agentes y a su consiguiente ubicación en el escalafón (derivación de la atribución que dicho poder tiene para nombrar y remover a sus empleados dependientes, es en principio irrevisable judicialmente…” (cfr. Suprema Corte de Justicia de Mendoza, ‘Valles Miguel J. vs. Municipalidad de Guaymallén s. Acción procesal administrativa sentencia del 6/4/1987, Expte. 35.027).- Por lo expuesto, la solicitud de nulidad de la Resolución Nº 031/MINPRO/13 debe ser rechazada.-
Por otra parte, la actora planteó la nulidad del Decreto Nº 1631/12 por haberle otorgado -con carácter retroactivo al 1° de julio de 2011- la categoría catorce (14) (conf. fs. 17/18), cuando según ella ya poseía la categoría veintiuno (21) en esa época (conf. fs. 57/58). Sin embargo esto no es exacto, ya que a ese tiempo (1° de julio de 2011) la Dra. Martínez no tenía la categoría veintiuno (21), recién la tuvo el 10 de abril de 2012 (conf. fs. 13/14).
De una interpretación armónica de los actos administrativos en cuestión, se deduce que la actora tuvo la categoría once (11) hasta el 1° de julio de 2011 y a partir de esa fecha fue ascendida a la categoría catorce (14), en atención a lo dispuesto por el Decreto Nº 1631/12 (conf. fs. 17/18); y recién fue promovida a la categoría veintiuno (21) el 10 de abril de 2012 (conf. fs. 13/14). Cabe observar que la diferencia de remuneración entre la categoría once (11) y la catorce (14), acaecida entre julio de 2011 y marzo de 2012, fue saldada mediante el pago de un retroactivo cuyo recibo luce agregado en copia a fs. 61 del expediente administrativo: “MARTINEZ ESCALANTE MÓNICA ANDREA S/ SOLICITUD DE RECATEGORIZACIÓN” (N° 428.532), iniciado por la Dirección de Personal del Ministerio de la Producción.- En este punto es oportuno destacar, en lo referido al pedido de ascenso retroactivo formulado por la actora, que como principio general los actos administrativos producen efectos sólo hacia el futuro.
Sobre el momento en que comienza a generar consecuencias jurídicas el acto administrativo, Marienhoff nos ilustra “…los efectos del acto se producen, como principio general, en el instante mismo de la media noche del día en que el acto quedó publicado o comunicado (‘publicación’ o ‘notificación’, según los casos).” (MARIENHOFF, Miguel S., “Tratado de derecho administrativo”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, T.II, p. 350). Esta afirmación es avalada en el ámbito provincial por artículo 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1260, el que dispone, en su parte pertinente, que “Para que el acto Administrativo de alcance particular adquiriera eficacia debe ser objeto de notificación al interesado y el de alcance general, de publicación…”.
Este artículo únicamente establece la salvedad de que el administrado puede solicitar el cumplimiento del acto administrativo una vez emitido, antes de la notificación o publicación, si no se perjudica derechos de terceros.- En consonancia con lo antedicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado “…el acto administrativo sólo puede producir sus efectos propios a partir de la notificación al interesado…” (Fallos: 324:4289). En atención a la doctrina, jurisprudencia y normativa señalada, aún en el caso en que le hubiese correspondido, por imperativo legal, a la Dra. Martínez el ascenso solicitado (lo que no es así), sus efectos no serían retroactivos, sino que comenzarían a correr desde el momento de la notificación del acto administrativo pertinente o desde la emisión de éste, si así lo hubiera solicitado la actora antes de la notificación formal.
Ello, sin perjuicio de que sea la propia administración quien otorgue retroactividad, en los excepcionales supuestos a los que me referiré en los párrafos siguientes.- Aquí es conveniente señalar que, pese a que como sostuve en los párrafos precedentes, el principio general es que los actos administrativos son fuente de derechos y obligaciones sólo hacia el futuro, pueden, por excepción, producir efectos jurídicos con carácter retroactivo. Se ha dicho en doctrina que “La retroactividad se produce cuando los efectos jurídicos de un acto administrativo, que se han generado antes de la vigencia del nuevo acto, aparecen reglados por éste.” (GORDILLO, Agustín y DANIELE, Mabel – Directores -, “Procedimiento Administrativo”, LexisNexis, Buenos Aires, 2006, p. 182).- Uno de los supuestos en que se admite la retroactividad del acto administrativo es cuando favorece al administrado (conf.
GORDILLO y DANIELE, ob. cit., ps. 182/183). Esta solución se encuentra especialmente prevista en el artículo 13 de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1260, el que dice “El acto Administrativo podrá tener efectos retroactivos -siempre que no se lesionaren derechos adquiridos- cuando se dictare en sustitución de otro revocado o cuando favoreciere al administrado.” Así cuando se beneficie al administrado y no se lesionen derechos adquiridos se puede otorgar efectos ex tunc (hacia el pasado) al acto administrativo.- Este es el supuesto que se configura con el Decreto Nº 1631/12 que beneficia a la actora -entre otras personas- y la promueve de categoría (de la once a la catorce) con carácter retroactivo.
En este caso particular la garantía que tutela la irretroactividad del acto administrativo ha perdido sentido, toda vez que la esfera de derechos de la actora ha quedado ampliada. Por lo tanto el Decreto de marras es válido.-
Así las cosas, es inviable la declaración de nulidad fundada en el artículo 13 de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1260, pues no existe ninguna afectación a los derechos de la actora, sino, todo lo contrario, ella se ha visto beneficiada con el ascenso de diez categorías (de la 11 a la 21) en menos de un año. Por lo demás, tampoco se evidencia una lesión a derechos adquiridos de terceros, ni mucho menos al interés público.-
Sin perjuicio de lo expuesto, que ya constituye suficiente motivo para rechazar la pretensión incoada, es pertinente tratar la defensa planteada por el Estado Provincial relativa a que la actora pediría que se la ascienda a la categoría veinticuatro (24), cuando para el agrupamiento profesional al que pertenece se prevé como escalafón superior, la categoría veintidós (22) (conf. fs. 81).-
Efectivamente, la Ley Provincial de Reordenamiento de Estructura Salarial del Sector Público N° 1084 establece en su artículo 6º las categorías que pueden revestir quienes posean un cargo como profesional de la Administración Pública Provincial. Se prevé, en tal artículo, que el agrupamiento profesional sólo podrá alcanzar la categoría veintidós (22). Ergo es improcedente el pedido de la actora de la categoría veinticuatro (24), ya que es superior a la fijada legalmente para su agrupamiento (el profesional).- En razón de lo antedicho se debe rechazar el pedido de ascenso a la categoría veinticuatro (24) formulado por la Dra. Martínez, como asimismo la solicitud de pago de diferencias salariales que pretende.-
En definitiva, no advirtiéndose ilegalidad o arbitrariedad en el dictado de los actos administrativos atacados, surge que los mismos se encuentran debidamente motivados, son derivación razonada del derecho vigente, resultante de autoridad competente, sin que se adviertan defectos de forma o aún una desviación de la directiva que debe tener el acto respecto de las normas aplicables, desvirtuando toda posible vulneración de derechos subjetivos de parte de la actora.-
En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto en forma negativa.-
Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Paula Ernestina Ludueña Campos, y Clara Salazar por compartir sus fundamentos adhieren al voto de la Dra. Mercau.-
A la segunda cuestión la Dra. Mercau dijo:
Atento a la forma en que me he pronunciado respecto de la Pri- mera Cuestión, propongo que se dicte sentencia rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Dra. Mónica Andrea Martínez Escalante en contra de la Provincia de Santa Cruz (Ministerio de la Producción); imponiendo las costas en el orden causado de conformidad a lo establecido en el art. 90 del CPCA -Ley Nº 2.600; teniendo presente la reserva del caso federal manifestada a fs. 62 vta..-
Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Paula Ernestina Ludueña Campos, y Clara Salazar, adhieren al pronunciamiento propuesto por la Dra. Mercau.-
En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 19 de junio de 2015.-
VISTO Y
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto unánime de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos, y la Srta. Presidente Dra. Clara Salazar, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 56/62 vta. por la Dra. Mónica Andrea Martínez Escalante en contra de la Provincia de Santa Cruz (Ministerio de la Producción).-
4. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dra. Clara Salazar –Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-.-
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1015C.151 Tomo: XVI Sentencia: 990 Folio N°: 3.021/3.027 Secretaría: 1
Fin de la sentencia