Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 35305-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar el primer punto de la parte resolutiva de la sentencia del Tribunal Fiscal y revocar el segundo; en consecuencia, se reencuadra la multa en el art. 45 de la Ley Nº 11.683 y se la fija en su mínimo legal. Con costas (art. 71 del CPCCN).
26514/2015; MARTINEZ JORGE ALBERTO TF 35305-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 21 de febrero de 2019.- NAI Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que, contra la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación de fs. 87/90, la actora interpuso recurso de apelación a fs. 91, expresando agravios a fs. 106/112vta. Por su lado, a fs. 98 interpuso recurso de apelación la demandada, expresando agravios a fs. 118/122. Finalmente, los agravios de la actora fueron replicados a fs. 125/130, mientras que los de la demandada fueron replicados a fs. 131/136.
La sentencia del Tribunal Fiscal resolvió – por mayoría– que correspondía revocar las multas aplicadas en el impuesto sobre los bienes personales de los períodos 2007, 2008 y 2009 y, confirmó la multa impuesta en el año 2006. Las costas las distribuyó en proporción a los respectivos vencimientos.
Para así decidir, respecto de las multas aplicadas en el impuesto sobre los bienes personales de los períodos 2007, 2008 y 2009, el Tribunal a quo determinó que –conforme surgía de las constancias de autos– el actor había admitido el ajuste fiscal mediante la presentación de las declaraciones juradas originales por los períodos 2007, 2008 y 2009 y la rectificativa por el período 2006. Asimismo, estableció que era el Fisco quién debía acreditar que había existido por parte del recurrente la intensión de defraudar, supuesto que –entendió– no se verificaba en el caso de autos respecto de las declaraciones juradas correspondientes a los períodos fiscales 2007, 2008 y 2009. En tal entendimiento, consideró que correspondía reencuadrar la conducta de la actora –respecto de los períodos fiscales 2007, 2008 y 2009– en los términos del art. 45 de la Ley Nº 11.683, aplicando a su vez la Instrucción General Nº 6/07, atento a que dichas declaraciones juradas habían sido presentadas con anterioridad a la vista del art. 17 de la ley de rito. Por lo tanto, el Tribunal Fiscal Alta en sistema: 22/02/2019 26514/2015; MARTINEZ JORGE ALBERTO TF 35305-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO determinó que atento a que la actora había presentado las declaraciones juradas originales del impuesto sobre los bienes personales durante el curso de la inspección y, que las mismas debían encuadrarse dentro del art. 45 de la Ley de Procedimiento Tributario, por aplicación de la mentada instrucción no hubiera correspondido multa alguna, por lo que decidió revocar las multas relativas a los períodos fiscales 2007, 2008 y 2009.
Seguidamente, en relación con la multa aplicada en los términos de los artículos 46 y 47 de la Ley Nº 11.683 correspondiente al período fiscal 2006 el Tribunal Fiscal entendió que la presunción de dolo contemplada en el artículo 47 inc. a) de la Ley Nº 11.683 no había sido debidamente desvirtuada, por lo que correspondía confirmar la multa referida al período fiscal 2006.
II. Que, en primer lugar, el actor se agravia por cuanto entiende que no se encuentra demostrado en autos la existencia del elemento subjetivo –dolo– requerido para establecer la sanción prevista por el art. 46 de la Ley Nº 11.683. En este sentido, manifiesta que la demostración de la existencia de dolo queda a cargo del Organismo Fiscal, respecto de lo cual cita jurisprudencia de la Corte Suprema. En segundo lugar, el mencionado se agravia por cuanto la sentencia rechazó el reencuadre de la multa anteriormente individualizada en el art. 45 de Ley Nº 11.683, en tanto entiende que la multa aplicada no solo es desproporcionada sino que también se basa en una presunción cuyos elementos no están probados.
Por su parte, la demandada se agravia por entender que la sentencia del Tribunal a quo no efectúa una correcta valoración de los hechos ni una prudente aplicación del derecho. Aduce que las infracciones cometidas por los ejercicios fiscales 2007, 2008 y 2009 encuadran en el art. 46 de la Ley Nº 11.683 toda vez que las mismas quedaron configuradas con la defraudación mediante la falta de presentación de la declaración jurada, considerando que tales Alta en sistema: 22/02/2019 26514/2015; MARTINEZ JORGE ALBERTO TF 35305-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO anomalías surgen con motivo de la acción fiscalizadora de la AFIP- DGI, lo cual sostiene que fue ratificado por la actora al presentar – previa conformidad– las declaraciones juradas del impuesto a los bienes personales originales correspondientes a los períodos fiscales en cuestión, con fecha 24/10/2010, no ingresando los saldos resultantes. En este entendimiento, se agravia también de la distribución de las costas por cuanto sostiene que la misma no es ajustada a derecho. Por último y, en forma subsidiaria, solicita que para el caso de que no se considere procedente la aplicación del art. 46 de la Ley Nº 11.683, se aplique el art. 45 del mismo ordenamiento jurídico.
III. Que, en tales términos, antes de ingresar al tratamiento de los agravios es importante recordar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr., CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/08;
“MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986", del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/10; “CPACF- INC MED (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 – Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/11, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 07/08/14, entre otros).
IV. Que, por cuestiones de orden metodológico, corresponde abordar, en primer término, los agravios Alta en sistema: 22/02/2019 26514/2015; MARTINEZ JORGE ALBERTO TF 35305-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO formulados por la actora. Ello así, cabe destacar que estos exigen determinar si respecto de la multa fijada para el período fiscal 2006 se encuentra demostrado en autos la existencia del elemento subjetivo – dolo– requerido por el art. 46 de la Ley Nº 11.683 y, si procede en su caso el reencuadre de dicha multa en el art. 45 de Ley Nº 11.683. En primer lugar, es dable recordar que el art. 45 de la Ley Nº 11.863 establece que:
“[e]l que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, será sancionado con una multa graduable entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable. La misma sanción se aplicará a los agentes de retención o percepción que omitieran actuar como tales”.
A su vez, el mencionado artículo estipula que “[s]erá sancionado con la misma multa quien mediante la falta de presentación de declaraciones juradas, liquidaciones u otros instrumentos que cumplan su finalidad, o por ser inexactas las presentadas, omitiera la declaración y/o pago de ingresos a cuenta o anticipos de impuestos”.
Por su parte, el art. 46 indica que “[e]l que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa perjudicare al Fisco con liquidaciones de impuestos que no correspondan a la realidad, será reprimido con multa de DOS (2) hasta DIEZ (10) veces el importe del tributo evadido”.
Finalmente, cabe reseñar que el art. 47 de la ley citada presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas en las siguientes situaciones:
Alta en sistema: 22/02/2019 26514/2015; MARTINEZ JORGE ALBERTO TF 35305-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO “a) Medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con los que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11.
b) Cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible. c) Si la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso.
d) En caso de no llevarse o exhibirse libros de contabilidad, registraciones y documentos de comprobación suficientes, cuando ello carezca de justificación en consideración a la naturaleza o volumen de las operaciones o del capital invertido o a la índole de las relaciones jurídicas y económicas establecidas habitualmente a causa del negocio o explotación.
e) Cuando se declaren o hagan valer tributariamente formas o estructuras jurídicas inadecuadas o impropias de las prácticas de comercio, siempre que ello oculte o tergiverse la realidad o finalidad económica de los actos, relaciones o situaciones con incidencia directa sobre la determinación de los impuestos”.
V. Que, en lo que concierne a la multa impuesta, cabe señalar que mientras el art. 45 de la Ley Nº 11.683 (t.o 1998) tipifica una infracción de naturaleza culposa, en la que se presume la culpa del contribuyente –correspondiéndole a éste probar la eventual causal de excusabilidad de su conducta para quedar exento de pena– por el art. 46 se describe una conducta de naturaleza dolosa, que impone al Fisco la carga de acreditar la voluntad de producir Alta en sistema: 22/02/2019 26514/2015; MARTINEZ JORGE ALBERTO TF 35305-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas por lo que ambas normas no difieren en punto al alcance de la materialidad de la conducta en ellas reprochada, diferenciándose solo en razón del elemento subjetivo, requiriendo la segunda la intencionalidad de esa conducta como presupuesto de procedencia del agravamiento de la pena que ella contempla (confr., esta Sala, in re: “FAC MAT SRL (TF 25828-I) c/ DGI”, Causa Nº 17.835/2013, del 12/9/2013).
Por lo tanto, debe destacarse que para que la figura dolosa de la defraudación fiscal del art. 46 resulte procedente –como pretende el Fisco–, debe verificarse la realización del tipo objetivo, la inexistencia de causales de justificación, que el sujeto sea imputable y que se compruebe en forma directa la presencia del dolo en su accionar. Es decir, se debe contar con el sustento de otros elementos que acrediten la existencia de una actividad dolosa tendiente a defraudar los intereses del Fisco, ya que no resultan suficientes los mismos que han sido tenidos en cuenta a efectos de determinar el impuesto omitido (confr., esta Sala, in rebus: “Letamendia, Arturo Cristiano c/ Direccion General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 37.342/2013, del 25/3/2014; y “Conardi SRL Julio Mèndez Construcciones UTE (TF 35207-I)”, Causa Nº 28.240/2013, del 13/2/2014).
Más aún, con respecto al elemento subjetivo del ilícito, se ha interpretado que se requiere no sólo la intención (dolo) de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima del mismo. No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (confr., esta Sala, causa “Conardi” cit.; y Sala IV, in Alta en sistema: 22/02/2019 26514/2015; MARTINEZ JORGE ALBERTO TF 35305-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO re: “Depetris Lelio C. y Depetris Marcelo C SH (TF 24.412-I)”, Causa Nº 26.495/06, del 11/3/2008).
Con dicho alcance, varias veces se ha expresado que la defraudación fiscal –como infracción dolosa– requiere de un elemento intencional, que debe exteriorizarse en una acción antijurídica por comisión o por omisión y que necesariamente se acompaña con un elemento material que se traduce en engaño (confr., esta Sala, in re: “Fernandez, Emilio c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 54.552/2014, del 8/9/2015; Sala II, in re: “Azar, Ramón S. y otros”, del 28/6/1994; y Sala IV, in re: “Marchi, José Alberto TF 13204 I c/DGI”, del 31/8/2004).
Además, a fin de resultar viable la imputación de dolo al infractor, se requiere que ella se sustente en prueba suficiente de la intención fraudulenta. Es principio inconcuso que el dolo no se presume; es el titular de la acción penal quien debe demostrar las circunstancias que permitan configurar el dolo en el actuar del infractor (confr., esta Cámara, Sala IV, in rebus: “Ferretería y Cereales SRL” c/DGI, del 7/3/2006, “Sánchez Jesús Antonio c/DGI”, del 8/8/2006, y “González, Claudio Raúl (TF.22088) c/DGI”, del 6/2/2007). En igual orden de ideas, se ha señalado que para el art. 46 de la ley citada lo punible es la utilización de algún ardid con la intención deliberada de lograr un beneficio personal, produciéndose la inversión de la carga de la prueba, pues es el imputado quien debe probar su inocencia, pero siempre, cuando existan indicios serios de la comisión del delito, por lo que deben mediar razonables elementos que permitan una situación de duda. Así, primero debe verificarse el hecho objetivo para definir si se exterioriza el elemento tipo de la figura penal, lo que debe ser probado por el fisco, para luego decidir la imputabilidad del actor después de probar la conducta engañosa o maliciosa, debiendo posteriormente la Alta en sistema: 22/02/2019 26514/2015; MARTINEZ JORGE ALBERTO TF 35305-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO imputada desvirtuar las presunciones de dolo que no pueden sustentarse en los mismos presupuestos legales que la estimación de oficio (Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine Camila “Procedimiento Tributario y de la seguridad social”, Lexis Nexis, 2006, pág. 360 y sig.). Si bien el art. 47 de la Ley de Procedimientos Tributarios consagra una serie de presunciones legales a fin de facilitar la prueba del dolo exigido por el art. 46, también es cierto que para que opere la inversión de la carga de la prueba deben acreditarse los elementos exigidos por dichas presunciones. En efecto, “no puede obviarse, en este orden de ideas, que la inversión de la carga de la prueba opera para el particular una vez que los hechos fácticos que dan a lugar a tales presunciones han sido alegados y acreditados, circunstancia que no ha ocurrido en las presentes” (confr., esta Sala, in re: “Nextel Corp SA (TF 21389-I) c/ DGI”, Causa Nº 38.498/2004, del 16/5/2008).
VI. Que, teniendo en cuenta las pautas precedentes, se observa que en la resolución que impuso la multa el Fisco expresó que “la inexactitud de lo declarado y su incidencia en la determinación del impuesto, han provocado el perjuicio fiscal requerido por las figuras infraccionales dispuestas en la norma” (fs. 41 del expte. adm.), sin embargo, no le imputó al contribuyente ningún ardid que hubiera sido utilizado como medio para engañar al Fisco. Recuérdese que “la sola mención del art. 46 de la ley de procedimiento tributario, sin descripción del comportamiento fraudulento, no puede transformar automáticamente la conducta descripta como dolosa y es el Fisco el que debió acreditar la exteriorización de la figura penal para aplicar la sanción del art. 46, probando la conducta dolosa” (confr., esta Sala, in re: “Weiss Leandro Segismundo (TF 34172-I) c/DGI”, Causa Nº: 1.659/2013, del 6/6/2013).
Alta en sistema: 22/02/2019 26514/2015; MARTINEZ JORGE ALBERTO TF 35305-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO VII. Que, por ello, toda vez que no se advierte evidencia alguna que justifique presumir la existencia de una conducta fraudulenta por parte del contribuyente, aunque sí la omisión de impuestos a la que se refiere el art. 45 de la Ley Nº 11.683, resulta procedente el reencuadre de la conducta en esta última norma, reduciéndola al mínimo legal (en el mismo sentido, v. esta Sala, “DGI (Autos Nisa Negocios Inmobiliarios SA (TF 22261-I) c/ DGI”, Causa Nº 26.557/2006, del 05/03/2010 y, “Shiffin SA c/ DGI”, Causa Nº 47.839/2014, del 18/2/2015, entre otros).
VIII. Que, en segundo término, corresponde tratar los agravios de la demandada.
En primer lugar, corresponde señalar que no se encuentran controvertidos en autos los hechos subyacentes que derivaron en la imposición de las multas que aquí se cuestionan. En este sentido, el Fisco detectó a través de un cruce informativo que el actor había omitido declarar bienes mediante la falta de presentación de las declaraciones juradas de los períodos fiscales 2007, 2008 y 2009 del impuesto sobre los bienes personales. Durante la fiscalización, y en forma previa a la vista del art. 17 de la ley de rito, el contribuyente presentó las declaraciones juradas del tributo.
IX. Que, así las cosas, cabe expedirse respecto a los argumentos vertidos con relación a que las infracciones cometidas por los ejercicios fiscales 2007, 2008 y 2009 encuadrarían en el art. 46 de la Ley Nº 11.683. En este sentido, en relación a la figura dolosa de la defraudación fiscal del art. 46, corresponde –en cuanto a los fundamentos que hacen a su procedencia y a fin de evitar innecesarias reiteraciones– remitirse a lo expuesto en el considerando V adelantando que debe confirmarse lo dispuesto por el Tribunal a quo en este punto.
Alta en sistema: 22/02/2019 26514/2015; MARTINEZ JORGE ALBERTO TF 35305-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En este orden de ideas y teniendo en cuenta que en la resolución efectuada por la AFIP se determina que “lo que aquí se juzga es la vulneración de las normas legales que regulan las relaciones jurídicas tributarias entre el Fisco y el contribuyente, es decir la ‘infracción tributaria’, la cual ha quedado configurada con la defraudación mediante la falta de presentación de la declaración jurada, y en virtud de que la anomalía surgió con motivo de la acción fiscalizadora de este Organismo, y por ende la suma a ingresar fue determinada a instancias de la misma, lo que en realidad debió ser declarado correctamente a su vencimiento” (ver. fs. 40 del expte. adm.), se advierte que la sanción se aplicó sin fundamentar ni describir mínimamente la presencia en el caso del elemento subjetivo mencionado, esto es, el dolo requerido por el art. 46 de la ley de rito.
Dicha falta de fundamentación es determinante en el caso sub examine, especialmente si se tiene en consideración que el actor no habría consignado datos inexactos, sino que simplemente no presentó las declaraciones juradas respectivas, de modo tal que, no habiendo el Fisco presentado ni probado otros elementos, la conducta no puede ser encuadrada en el tipo legal bajo análisis.
En definitiva, la AFIP-DGI no ha demostrado debidamente que la conducta del actor encuadre en el art. 46 de la Ley Nº 11.683.
X. Que, en cuanto al reencuadramiento de la conducta en el art. 45 de la ley citada efectuado por el Tribunal administrativo, el mismo debe ser confirmado, pues la infracción quedó configurada en su aspecto objetivo desde el momento en que el actor no realizó la presentación temporánea de la declaración jurada, lo que se tradujo en la omisión del pago del impuesto respectivo Alta en sistema: 22/02/2019 26514/2015; MARTINEZ JORGE ALBERTO TF 35305-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO (confr., esta Sala, in re: “Lemont SA (TF 35405-I)”, Causa Nº 22.602/13, del 31/10/2013).
Con respecto a la faz subjetiva, el artículo citado “tipifica una infracción de naturaleza culposa, en la que se presume la imprudencia o negligencia del contribuyente —tanto en el caso de no presentación de la declaración jurada que debía presentar como en el supuesto de inexactitud de la que presentara— correspondiéndole a éste probar la eventual causal de excusabilidad de su conducta para quedar exento de pena” (confr., esta Sala, in rebus: “Conardi” cit.; “Parras y Gamero Juan c. DGI”, Causa Nº 36.595/2012, del 13/12/2013; y Sala I, in re: "DGI (Autos Valiani Mirta) TF 21.379-I y Acum. 21380-I", Causa Nº 26.261/2007, del 20/4/2010).
De esta forma, en la medida que está acreditada la omisión del pago oportuno del impuesto a los bienes personales por parte de la actora por no presentar en tiempo y forma las declaraciones juradas de los períodos fiscales ya indicados, y que la misma no invocó ni demostró error excusable alguno, también está verificada su culpa, toda vez que su imprudencia o negligencia se presume.
XI. Que, por otro lado, en cuanto a la eximición de multa dispuesta por el Tribunal Fiscal basada en la Instrucción General de la AFIP Nº 6/07 cabe destacar que el punto 3.4.2.2. de dicha Instrucción General se refiere específicamente a la omisión de impuestos por falta de presentación de declaraciones juradas y dispone que “[n]o corresponderá aplicar la sanción prevista en el art. 45, cuando los responsables presenten la declaración jurada con anterioridad a la notificación de la vista referida en el art. 17 –con que se inicia el procedimiento de determinación administrativa del gravamen–. En estos supuestos, la Alta en sistema: 22/02/2019 26514/2015; MARTINEZ JORGE ALBERTO TF 35305-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO falta de presentación debe encuadrarse en las previsiones del art. 38 y/o, en su caso, en las del art. 39”.
Asimismo, el punto 2.2., párrafo 3, establece que “[l]as formalidades y condiciones establecidas en esta instrucción general para la elaboración de los actos administrativos dictados en los expedientes en los que tramita el juzgamiento de infracciones resultan de cumplimiento obligatorio”.
Por su parte, esta Cámara ha dicho que “las instrucciones generales son actos internos de carácter resolutivo, de cumplimiento obligatorio para las dependencias y destinadas a ser aplicadas en el desarrollo de las tareas o funciones de éstas” (confr., ésta Sala, in rebus: “Escobar, Damian c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 83.131/2015, del 2/2/2017, “Letamendia” cit., y; Sala II, in re: “Martínez Guillermo Alfredo (TF 36.038-I) c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 37.497/2013, del 5/11/2013).
De esta forma, aun tratándose de un acto de carácter interno del organismo recaudador, dicha instrucción puede ser válidamente utilizada como elemento de juicio a fin de resolver la cuestión, pues dicha naturaleza no la torna jurídicamente irrelevante (confr., esta Cámara, Sala IV, in re: “Rodríguez Hugo Alejandro (TF 35809-I) c/ DGI”, Causa Nº 17.816/2013, del 5/11/13, y; Sala II, en su anterior integración, in re: “Koch Eduardo Alfredo (TF22250-I) c/ DGI”, Causa Nº 28.173/2005, del 5/2/2008).
En el caso se observa que la autoridad del organismo recaudador competente ha emitido una regla de carácter general, que establece una pauta que debe ser seguida por sus inferiores, salvo que estos encuentren en el caso específico ciertas particularidades que justifiquen apartarse de la misma, por lo que no puede soslayarse su aplicabilidad al sub examen, ya que no se Alta en sistema: 22/02/2019 26514/2015; MARTINEZ JORGE ALBERTO TF 35305-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO presentan circunstancias especiales que puedan motivar el apartamiento de la Instrucción General mencionada (confr., en igual sentido, Sala IV, in re:“Rodríguez” cit. y, esta Sala, in rebus:“Escobar” y “Letamendia” cit.).
Por lo demás, se ha dicho que “la circunstancia de que la Instrucción General no sea valorada ni siquiera por el organismo que la emite afecta la seguridad jurídica con que debe contar el contribuyente para guiar su actuación, (…) [pues] uno de los principios rectores que rige en la interpretación de las normas impositivas, es el que ... atiende a la necesidad –puesta de relieve por el Tribunal en conocidos precedentes– de que el Estado prescriba claramente los gravámenes y exenciones para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus conductas respectivas en materia tributaria (Fallos, 253:332; 315;820; 316:1115), y procura preservar la seguridad jurídica, valor al que el Tribunal ha reconocido jerarquía constitucional (Fallos, 220:5; 243:465; 251:78; 253:47; 254:62; 316:3231; 317:218)” (confr., esta Cámara, Sala II, in re: “Martínez” cit. y, ésta Sala, in rebus: “Escobar” y “Letamendia” cit.).
Es por ello que, teniendo en cuenta que el actor presentó las declaraciones juradas omitidas con anterioridad a la vista del art. 17 de la ley de rito, la misma se encuentra amparada por lo dispuesto en el punto 3.4.2.2. de la Instrucción General 6/07 y, por ende, no es admisible tampoco la aplicación de la multa correspondiente a la infracción tipificada en el art. 45 de la Ley Nº 11.683.
XII. Que, de conformidad con la forma en que se decide corresponde imponer las costas de ambas instancias en un 10% a cargo de la parte actora y en un 90% a cargo de la demandada (arts. 71 del CPCCN).
Alta en sistema: 22/02/2019 26514/2015; MARTINEZ JORGE ALBERTO TF 35305-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Por los fundamentos expuestos, SE RESUELVE: confirmar el primer punto de la parte resolutiva de la sentencia del Tribunal Fiscal y revocar el segundo; en consecuencia, se reencuadra la multa en el art. 45 de la Ley Nº 11.683 y se la fija en su mínimo legal. Con costas (art. 71 del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JORGE ESTEBAN ARGENTO CARLOS MANUEL GRECCO SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ
Alta en sistema: 22/02/2019
Fin de la sentencia