Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 15 de Lomas de Zamora · Causa LZ-31824-2026
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaEsta causa de trance y remate, mandando llevar adelante la ejecución hasta tanto el ejecutado MACRI FERNANDO EZEQUIEL , haga al acreedor LUCIA LEONOR MARTINEZ , íntegro pago del capital reclamado de $ 3.482.500 .- por optar por la opción del inc. B del art. 54 de la Ley 14967, en concepto de honorarios regulados a favor del mismo, en los autos caratulados: MACRI FERNANDO EZEQUIEL S/ USURPACION DE PROPIEDAD EN CONCURSO REAL CON HURTO SIMPLE , con fecha 21/08/2025
La suma indicada devengará intereses que se calcularán desde la fecha de la mora operada a los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio; es decir, el día: 09/09/2025 y hasta el efectivo pago, mediante la utilización de la tasa de interés que perciba el Banco de la Provincia de Buenos aires en operaciones de descuento (Sala II CALZ causa 46.129, I. 30-6-16).-
A la suma así resultante, deberá adicionarse un 10 % en concepto de aportes de ley.
Costas a la parte ejecutada al resultar vencida (arts. 68 y 556 del CPCC).
Difiérese la regulación de honorarios profesionales hasta la oportunidad en que exista liquidación judicial aprobada en los presentes actuados (arts. 23 y 51 de la ley 14.967).
Exp. n°: LZ-31824-2026
L
Lomas de Zamora
Estos autos caratulados "MARTÍNEZ LUCÍA LEONOR C/ MACRI FERNANDO EZEQUIEL S/ EJECUCIÓN DE HONORARIOS" Exp: 31824/2026, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 15 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, se encuentran en estado de resolver las excepciones opuestas por la parte ejecutada con fecha 24/08/2026 y, en su caso, la procedencia de la ejecución promovida; y
I. Antecedentes de la cuestión.
Que con fecha 30 de junio de 2026 se presenta la Dra. Lucía Leonor Martínez de Helfenstein, por derecho propio, promoviendo ejecución de honorarios contra el Sr. Fernando Ezequiel Macri, por la suma de pesos tres millones cuatrocientos ochenta y dos mil quinientos ($3.482.500), correspondiente a setenta (70) IUS, con más los aportes previsionales de ley, intereses y costas.
Funda su pretensión en la sentencia dictada el 21 de agosto de 2025 por el Juzgado en lo Correccional N.º 1 de Lomas de Zamora, en el marco de la causa IPP N.º 07-00-77104-23, caratulada "Macri Fernando Ezequiel s/ Usurpación de propiedad en concurso real con hurto simple", en la cual el aquí ejecutado resultó condenado en costas y se regularon honorarios a favor de la presentante por su actuación profesional en carácter de particular damnificada.
Expone que dicha regulación fue notificada personalmente al condenado el día 22 de agosto de 2025, mediante lectura de la sentencia y entrega de copia de la misma, encontrándose firme y consentida, sin que los honorarios hayan sido abonados.
Por su parte, el ejecutado Fernando Ezequiel Macri con fecha 24/08/2026, comparece y contesta la demanda, oponiendo las siguientes defensas: 1) falta de legitimación pasiva; 2) falta de título ejecutivo cierto, líquido y exigible; 3) falta de objeto o carencia de interés; y 4) inadecuación de la vía.
Sostiene, en lo sustancial, que la actora intervino en el proceso penal como particular damnificada y no como querellante particular, que su actuación fue voluntaria y que, por consiguiente, los honorarios derivados de dicha intervención no podrían ser trasladados al imputado, sino que deberían ser soportados por quien contrató sus servicios profesionales.
Agrega que la condena en costas impuesta en sede penal únicamente comprendería la suma de $6.735, y que la regulación de setenta (70) IUS no importaría la imposición de una obligación de pago a su cargo.
Asimismo, cuestiona la vía procesal elegida y solicita el levantamiento del embargo trabado sobre el automotor de su propiedad.
Conferido el pertinente traslado, con fecha 13/10/2026, la parte actora solicita el rechazo de todas las defensas, argumentando que el título acompañado reúne los requisitos legales para su ejecución, que el condenado en costas es precisamente el aquí ejecutado y que los honorarios profesionales integran las costas del proceso penal, conforme lo establecido por el art. 533 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.
Finalmente, solicita que se mantenga la medida cautelar oportunamente dispuesta y que se impongan sanciones por temeridad y malicia a la parte demandada y a su letrado patrocinante.
LOS FUNDAMENTOS Y LA DECISION:
I. Régimen jurídico aplicable a la ejecución.
En primer lugar, corresponde señalar que la presente ejecución encuentra su fundamento en el artículo 58 de la Ley 14.967, que expresamente dispone que la regulación judicial firme constituye título ejecutorio contra el condenado en costas y solidariamente contra el beneficiario de las tareas.
La misma disposición establece que la ejecución tramitará por el procedimiento de ejecución de sentencia, en incidente separado o, a opción del letrado, en el mismo juicio en el que se hubieran regulado los honorarios.
En concordancia con ello, el artículo 498 inciso 3° del CPCC establece que las disposiciones relativas a la ejecución de sentencias resultan aplicables al cobro de honorarios regulados en concepto de costas.
De tal manera, el trámite de autos debe examinarse conforme las disposiciones contenidas en los artículos 497 y siguientes del ordenamiento ritual, particularmente los artículos 503, 504, 505 y 506.
El artículo 504 del CPCC establece que únicamente se considerarán legítimas las excepciones de falsedad de la ejecutoria, prescripción de la ejecutoria, pago, quita, espera o remisión.
A su vez, el artículo 505 dispone que tales defensas deberán fundarse en hechos posteriores a la sentencia o laudo, debiendo acreditarse mediante las constancias del juicio o documentos emanados del ejecutante.
La limitación de las defensas admisibles en esta etapa responde a la naturaleza propia del proceso de ejecución, cuya finalidad consiste en hacer efectivo un derecho reconocido judicialmente, sin habilitar una nueva discusión sobre cuestiones que corresponden al ámbito de conocimiento.
Ello, sin perjuicio de las particularidades reconocidas por la jurisprudencia en materia de ejecución de honorarios, en cuanto a la posibilidad de examinar cuestiones relativas al derecho a percibirlos que no hubieran sido objeto de decisión al momento de practicarse la regulación.
Sobre tales pautas corresponde analizar las defensas introducidas por el ejecutado.
II. Excepción de falta de legitimación pasiva.
La parte demandada opone excepción de falta de legitimación pasiva, sosteniendo, en lo sustancial, que no reviste la calidad de obligado al pago de los honorarios cuya ejecución se persigue, por cuanto la profesional ejecutante habría intervenido en el proceso penal en carácter de letrada de la particular damnificada y no como querellante particular. Afirma, en consecuencia, que los honorarios derivados de dicha actuación deberían ser soportados por la persona que requirió sus servicios profesionales.
En primer lugar, corresponde señalar que las presentes actuaciones no tramitan por la vía del juicio ejecutivo regulado en los arts. 518 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, sino que constituyen una ejecución de honorarios regulados judicialmente, cuyo régimen específico se encuentra contemplado en el art. 58 de la ley 14.967.
Dicha norma establece expresamente que la regulación judicial firme constituye título ejecutorio contra el condenado en costas y solidariamente contra el beneficiario de las tareas profesionales, disponiendo, asimismo, que su ejecución tramitará por el procedimiento de ejecución de sentencia. En consecuencia, corresponde examinar la defensa articulada a la luz de los arts. 497 y siguientes del ordenamiento procesal, y particularmente de los arts. 503, 504 y 505 del mismo cuerpo legal.
Ahora bien, si bien el art. 504 del CPCC establece un régimen limitado de defensas admisibles en la ejecución de sentencia, ello no impide examinar aquellos planteos que cuestionen directamente la existencia de los presupuestos necesarios para llevar adelante la ejecución.
En tal sentido, la Suprema Corte de Justicia provincial ha sostenido que, en el marco de una ejecución de honorarios, la defensa de falta de legitimación pasiva puede ser examinada cuando se cuestiona que el ejecutado sea efectivamente el obligado al pago. Así lo resolvió en autos Morteo, Carolina Ema c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon s/ incidente de ejecución de honorarios, causa B. 75.662 bis, resolución del 9 de junio de 2021.
En dicho precedente, el Máximo Tribunal provincial explicó que, si bien las defensas en la ejecución de sentencia se encuentran limitadas por el art. 504 del CPCC, cuando se cuestiona la existencia de los requisitos del título ejecutorio o las condiciones necesarias para que proceda la ejecución, resulta admisible examinar el planteo bajo la figura de la falsedad de la ejecutoria, entendida como la defensa que permite controvertir que la persona contra quien se dirige el cobro se encuentre obligada al pago conforme al pronunciamiento que se ejecuta.
Agregó que tratándose de una regulación de honorarios, puede ocurrir que la resolución judicial se haya limitado a determinar el monto de los emolumentos, sin decidir específicamente quién debe soportar su pago. En tal supuesto, el ejecutado puede introducir, al momento de oponerse a la ejecución, aquellas circunstancias anteriores a la regulación que resulten relevantes para determinar si reviste o no la condición de obligado.
Sentado ello, corresponde analizar las constancias del proceso penal que dio origen a la regulación de honorarios aquí ejecutada.
En el caso, de la sentencia dictada en los autos caratulados MACRI FERNANDO EZEQUIEL S/ USURPACIÓN DE PROPIEDAD EN CONCURSO REAL CON HURTO SIMPLE, surge que el aquí demandado fue condenado en costas. A su vez, la regulación de honorarios cuya ejecución se persigue fue practicada a favor de la letrada que intervino por derecho propio como particular damnificada, encontrándose firme y consentida.
Sobre esa base, no resulta atendible el argumento defensivo según el cual la sola circunstancia de que la profesional haya intervenido como letrada por derecho propio como particular damnificada determina que sus honorarios deban ser soportados exclusivamente por su asistida quien resulta ser ella misma.
En efecto, el art. 58 de la ley 14.967 no distingue, a los fines de la ejecutoriedad de la regulación, según la calidad procesal de la persona a quien asistió el profesional, sino que reconoce expresamente la posibilidad de ejecutar los honorarios contra quien haya sido condenado en costas. Por su parte, los arts. 531 y 533 del Código Procesal Penal contemplan la imposición de las costas al vencido y comprenden dentro de ellas los honorarios de abogados y procuradores, además de los restantes gastos del proceso.
Por consiguiente, si el pronunciamiento penal impuso las costas al aquí ejecutado y la regulación de honorarios comprende la labor profesional desarrollada por la letrada por derecho propio y particular damnificada, la obligación de pago encuentra sustento en la condena en costas y en la previsión específica del art. 58 de la ley arancelaria.
La circunstancia de que la profesional haya sido contratada o requerida por la particular damnificada no resulta suficiente, por sí sola, para excluir la responsabilidad del condenado en costas. Ello así, pues la ley reconoce al profesional la posibilidad de perseguir el cobro de sus honorarios contra el condenado en costas.
En definitiva, el planteo de la ejecutada no logra desvirtuar la calidad de obligado al pago que surge de la condena en costas dictada en el proceso penal ni la fuerza ejecutoria de la regulación firme que sirve de sustento a esta ejecución.
Por lo expuesto, corresponde rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el demandado, por no encontrarse acreditado que la obligación cuyo cumplimiento se persigue resulte ajena a su esfera de responsabilidad y lo exima de la ejecución en su contra, de conformidad con lo dispuesto por el art. 58 de la ley 14.967 y los arts. 497 y siguientes del CPCC.
III. Excepción de falta de título ejecutivo cierto, líquido y exigible.
La parte demandada sostiene que la regulación de honorarios practicada a favor de la actora no constituye un título ejecutivo cierto, líquido y exigible en su contra, por cuanto la sentencia penal no habría impuesto expresamente a su cargo el pago de dichos honorarios.
En efecto, el artículo 58 de la Ley 14.967 establece expresamente que la regulación judicial firme constituye título ejecutorio contra el condenado en costas.
Por consiguiente, no se requiere que la sentencia contenga una condena individualizada por cada concepto que integra las costas, cuando la propia ley atribuye a la regulación firme eficacia ejecutoria frente al condenado en costas.
La regulación judicial determina el importe de los honorarios correspondientes a la actividad profesional desarrollada, mientras que la condena en costas permite establecer quién resulta obligado a soportar tales conceptos.
En el caso, de acuerdo con las constancias invocadas por las partes, la sentencia penal condenó al aquí ejecutado en costas y reguló los honorarios de la Dra. Martínez en setenta (70) IUS.
De tal manera, la obligación cuya ejecución se persigue cuenta con sustento en la regulación judicial firme y en la condena en costas impuesta al demandado.
En cuanto al carácter líquido de la obligación, cabe señalar que la regulación fue practicada en una cantidad determinada de unidades arancelarias, esto es, setenta (70) IUS, cuyo valor puede establecerse conforme las disposiciones de la Ley 14.967.
Por último, cabe destacar que el demandado no invoca pago alguno de los honorarios reclamados ni acredita la existencia de una circunstancia que hubiera extinguido o modificado la obligación.
En consecuencia, corresponde rechazar la defensa de falta de título ejecutivo cierto, líquido y exigible, por encontrarse acreditados los recaudos legales para la procedencia de la ejecución.
IV. Excepción de falta de objeto o carencia de interés.
El ejecutado sostiene que la demanda carece de objeto, en tanto pretende obtener el cobro de honorarios que, a su entender, no constituyen una obligación a su cargo.
En primer lugar, la falta de objeto o carencia de interés no constituye una excepción autónoma contemplada entre las defensas admisibles en el procedimiento de ejecución de sentencia regulado por el artículo 504 del CPCC.
Sin perjuicio de ello, y atendiendo a los argumentos que sustentan el planteo, corresponde señalar que la existencia de una regulación judicial firme de honorarios, conjuntamente con la condena en costas impuesta al ejecutado, configura un interés jurídico actual y concreto en obtener su cumplimiento.
La pretensión de la actora persigue precisamente hacer efectivo un crédito reconocido mediante una resolución judicial, cuya ejecución se encuentra expresamente autorizada por el artículo 58 de la Ley 14.967.
No se advierte, por consiguiente, ausencia de objeto procesal ni carencia de interés que justifique impedir el progreso de la ejecución.
Por el contrario, la falta de pago de los honorarios regulados constituye precisamente el presupuesto que habilita a la profesional a promover la presente ejecución.
En consecuencia, corresponde rechazar la defensa articulada de de falta de objeto o carencia de interés.
V. Excepción de inadecuación de la vía.
El ejecutado sostiene que la ejecución de los honorarios regulados en sede penal debería tramitar ante el mismo órgano jurisdiccional que practicó la regulación, o eventualmente por una vía diferente a la aquí intentada.
El artículo 58 de la Ley 14.967 establece expresamente que la ejecución de honorarios tramitará por el procedimiento de ejecución de sentencia.
A su vez, el artículo 498 inciso 3° del CPCC contempla expresamente la aplicación de dicho procedimiento al cobro de honorarios regulados en concepto de costas.
Por su parte, el artículo 520 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires dispone que las sentencias que condenen a la restitución, reparación e indemnización de daños, satisfacción de costas y pago de gastos, cuando no sean inmediatamente ejecutadas o no puedan serlo por simple orden del órgano judicial que las dictó, se ejecutarán por el interesado o por el Ministerio Público Fiscal ante los jueces civiles que correspondan, según la cuantía y con arreglo a las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial. En ese sentido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en autos Barbella Luis Alberto c/ Sueldos Ariel Edgardo s/ Ejecucion de Honorarios, causa Rc 126860, resolución del 19 de febrero de 2024, sostuvo que "En casos como el presente, esta Corte ha sostenido reiteradamente que la ejecución de la sentencia que regulo los honorarios, de conformidad con lo establecido en el art 520 del Codigo Procesal Penal, debe tramitar ante el juez civil que corresponda"
En consecuencia, la normativa procesal penal contempla expresamente la posibilidad de acudir a la jurisdicción civil para obtener el cumplimiento de las condenas pecuniarias y de costas.
No existe, entonces, impedimento legal para que la actora promueva la presente ejecución ante la justicia civil y comercial, conforme al procedimiento establecido por el ordenamiento procesal provincial.
Por otra parte, el artículo 16 de la Ley 14.967 invocado por el ejecutado regula las pautas que deben considerarse para la determinación de los honorarios profesionales, pero no establece la obligación de promover su ejecución ante el mismo órgano jurisdiccional penal que practicó la regulación.
En consecuencia, corresponde rechazar la excepción de inadecuación de la vía.
VI. Medida cautelar. Pedido de levantamiento del embargo.
El ejecutado solicita el levantamiento del embargo trabado sobre el automotor Ford Fiesta 1.6 L S Plus, dominio ORQ589, alegando la inexistencia de obligación a su cargo.
La actora, por su parte, se opone a dicho levantamiento, solicitando que la medida se mantenga hasta la íntegra satisfacción del crédito reclamado.
En atención a la solución que se adopta respecto de las excepciones opuestas, corresponde desestimar el pedido de levantamiento de la medida cautelar.
Por consiguiente, corresponde mantener el embargo trabado sobre el automotor individualizado, hasta cubrir las sumas reclamadas, con más la cantidad que se presupueste provisoriamente para responder a intereses y costas, sin perjuicio de su adecuación ulterior conforme al resultado de la liquidación definitiva.
VII. Pedido de aplicación de sanciones por temeridad y malicia.
La parte actora solicita que se imponga una sanción por temeridad y malicia al demandado y a su letrado patrocinante, con fundamento en el artículo 45 del CPCC.
Al respecto, corresponde recordar que la aplicación de las sanciones previstas por dicha norma requiere la comprobación de una conducta procesal que exceda el legítimo ejercicio del derecho de defensa y que revele una utilización abusiva o manifiestamente desleal de las facultades procesales.
La sola circunstancia de que las defensas articuladas sean rechazadas no resulta suficiente para configurar, por sí misma, una conducta temeraria o maliciosa.
En el caso, si bien los planteos introducidos no resultan atendibles y corresponde desestimarlos, no se advierten elementos suficientes que permitan concluir, con el grado de certeza requerido, que la conducta procesal del demandado y de su letrado haya excedido el ejercicio de su derecho de defensa.
Por ello, corresponde desestimar el pedido de aplicación de sanciones por temeridad y malicia.
Por todo lo expuesto RESUELVO:
I. Rechazando las excepciones de falta de legitimación pasiva, falta de título ejecutivo cierto, líquido y exigible, falta de objeto o carencia de interés y de inadecuación de la vía opuestas por el ejecutado con fecha 24/08/2026.
II. Rechazando el pedido de levantamiento de medida cautelar solicitado por el ejecutado con fecha 24/08/2026.
III. Imponiendo las costas al ejecutado vencido en atención al principio objetivo de la derrota (Art. 68 y 556 del CPCC)
IV. Por ello, conforme lo pedido y lo dispuesto por los arts. 506 y ccs. del CPCC y 58 de la ley 14.967,
Esta causa de trance y remate, mandando llevar adelante la ejecución hasta tanto el ejecutado MACRI FERNANDO EZEQUIEL , haga al acreedor LUCIA LEONOR MARTINEZ , íntegro pago del capital reclamado de $ 3.482.500 .- por optar por la opción del inc. B del art. 54 de la Ley 14967, en concepto de honorarios regulados a favor del mismo, en los autos caratulados: MACRI FERNANDO EZEQUIEL S/ USURPACION DE PROPIEDAD EN CONCURSO REAL CON HURTO SIMPLE , con fecha 21/08/2025
La suma indicada devengará intereses que se calcularán desde la fecha de la mora operada a los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio; es decir, el día: 09/09/2025 y hasta el efectivo pago, mediante la utilización de la tasa de interés que perciba el Banco de la Provincia de Buenos aires en operaciones de descuento (Sala II CALZ causa 46.129, I. 30-6-16).-
A la suma así resultante, deberá adicionarse un 10 % en concepto de aportes de ley.
Costas a la parte ejecutada al resultar vencida (arts. 68 y 556 del CPCC).
Difiérese la regulación de honorarios profesionales hasta la oportunidad en que exista liquidación judicial aprobada en los presentes actuados (arts. 23 y 51 de la ley 14.967).
Regístrese de modo electrónico (Res. SCBA 921/21 y Res. SP 7/21).
Firmas
Funcionario firmante: CALANDRONI Pablo Javier - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1337-2026
Fin de la sentencia