Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa A-17627-MP0E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de apelación articulado por la representación estatal y dejar sin efecto el apercibimiento contenido en la decisión de fecha 25-06-2026 (arts. 804 del Código Civil y Comercial, 37 del CPCC -aplicables por vía del art. 25 de la ley 13.928- y doc. citada). Las costas de Alzada se imponen en el orden causado.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Anexo único del Acuerdo S.C.B.A. n° 3975/2020, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa A-17627-MP0E "MARTINEZ MARIA MACARENA c. INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL (IOMA) s. AMPARO" con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: señores Jueces doctores Ucín y Mora
I. Mediante resolución de fecha 25-06-2026 la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°11 del Departamento Judicial Mar del Plata hizo lugar a la medida cautelar peticionada por María Macarena Martínez, en representación de su hijo menor de edad, Catriel Alejandro Vassallu Martínez. En consecuencia, ordenó al Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires (IOMA) que ".en el término de 48 horas de notificado de la presente resolución proceda, por ante quien corresponda, a brindar la cobertura integra (100%) DEL MONTO DE DISPOSITIVO DE MONITOREO CONTINUO DE GLUCOSA "FREE STYLE LIBRE 2 PLUS (LECTOR Y SENSORES) SOLICITADO POR LA DRA. DEBORA ZANTLEIFER M.P. .92.954 y M.N 72.871 de acuerdo con el diagnóstico del menor VASSALLU MARTINEZ, CATRIEL ALEJANDRO DNI 54.732.639 AFILIADO A LA OBRA SOCIAL IOMA BAJO EL NRO. DE BENEFICIO N° 238011617102, DIAGNOSTICO DEL MENOR: padece Diabetes Mellitus Tipo 1 desde los tres años de edad, es insulinodependiente y requiere tratamiento intensificado. MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA, (Art 232 del CPCC) CON EL OBJETO DE ORDENAR A IOMA, LA COBERTURA TOTAL E INTEGRAL (100%) CON CARÁCTER DE URGENTE, debiendo acreditar dentro de los 5 días su cumplimiento, caso contrario se aplicarán astreintes en favor de la actora, que se fijan en la cantidad de 2 JUS por cada día de retardo, computados a partir del primer día hábil siguiente al vencimiento del plazo determinado para el cumplimiento de la medida (art. 239 C .P.; arts. 37 y 232 del CPCC.".
II. Contra ese pronunciamiento la apoderada de la Fiscalía de Estado interpuso recurso de apelación fundado (v. escrito de fecha 01-07-2026), el cual fue concedido por el 14-07-2026. Sustanciado ese embate, la parte actora no hizo uso de su derecho a réplica.
Posteriormente, con fecha 03-08-2026, el letrado patrocinante de la amparista presentó un escrito mediante el cual informó que IOMA había dado cumplimiento a la prestación ordenada cautelarmente. Dicha presentación fue efectuada sin la firma de la accionante y sin invocación de la franquicia prevista en el art. 48 del CPCC.
El 07-08-2026 la jueza de grado tuvo presente lo manifestado por el letrado.
Luego, mediante presentación del 07-09-2026, el citado profesional, con invocación de su calidad de gestor procesal de la amparista, reiteró lo manifestado en el escrito de fecha 3-08-2026 y solicitó la regulación de sus honorarios.
III. Con fecha 15-09-2026 la titular de la Asesoría de Incapaces n° 1 Departamental, Silvia E. Fernández, presentó su dictamen en ejercicio de la representación complementaria del niño involucrado, en el cual propició el rechazo del recurso de apelación interpuesto por la representación fiscal y la confirmación de la resolución recurrida.
IV. El 17-09-2026 se ordenó la elevación de la presente causa a este Tribunal.
V. Radicadas las actuaciones en esta Alzada y puestos los autos al Acuerdo para examen de admisibilidad del recurso y, en su caso, para dictar sentencia (v. proveído de fecha 27-10-2026), corresponde plantear y votar la siguiente:
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Ucín dijo:
I. 1. La magistrada de la instancia anterior dictó resolución con el alcance indicado en el apartado I. de los Antecedentes de este pronunciamiento.
Para así decidir, luego de admitir la vía del amparo porque se encontraba involucrado el derecho a la salud, recordó los presupuestos de procedencia de las medidas cautelares y señaló que, aun cuando la tutela anticipada coincidiera sustancialmente con el objeto de la pretensión principal, el examen de sus recaudos no debía efectuarse con mayor estrictez cuando resultaba comprometida la preservación de la salud y las constancias de la causa permitieran apreciar, con el grado de verosimilitud propio de esta etapa, la necesidad y urgencia de la prestación reclamada.
Seguidamente, ponderó que el menor padecía diabetes mellitus tipo 1 desde los tres años de edad, era insulinodependiente y requería un tratamiento intensificado. Hizo referencia a la documentación médica acompañada, a la indicación del dispositivo de monitoreo continuo de glucosa efectuada por la profesional tratante y a las constancias relativas a las gestiones realizadas ante la obra social.
En particular, tuvo en consideración que la parte actora inició el trámite administrativo n° 08357152007725 el 17-03-2026, que las actuaciones no registraban movimientos desde el 30-03-2026 y que la intimación cursada mediante carta documento no recibió respuesta del IOMA.
Sobre esa base, juzgó acreditados los recaudos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, en tanto la falta de provisión del dispositivo indicado podía comprometer la salud y calidad de vida del niño. Asimismo, estimó que las circunstancias del caso justificaban prescindir de la exigencia de contracautela.
Finalmente, aclaró que, respecto de la restante cobertura solicitada en términos generales para prestaciones médicas presentes o futuras, correspondía que la parte actora individualice los requerimientos y acompañe la documentación respaldatoria pertinente.
2. Contra dicho pronunciamiento, la representación fiscal interpuso recurso de apelación, en el cual circunscribió sus agravios al apercibimiento de imposición de astreintes contenido en la resolución cautelar.
Sostuvo que la decisión recurrida dispuso anticipadamente la aplicación automática de sanciones conminatorias, sin que se encontrara acreditado un incumplimiento injustificado de la manda judicial por parte del Instituto provincial.
Explicó que las astreintes constituyen un medio de coerción destinado a obtener el cumplimiento de una resolución judicial y que su procedencia exige la previa verificación de una conducta reticente de quien se encuentra obligado a cumplirla. En tal sentido, afirmó que, una vez denunciado el incumplimiento por la parte interesada, corresponde al órgano jurisdiccional constatar su existencia y dictar una resolución específica que disponga la efectiva aplicación de la sanción, con resguardo del derecho de defensa de la conminada.
Alegó que el apercibimiento cuestionado resultaba prematuro, pues anticipaba una eventual actitud de resistencia de la demandada y establecía tanto el importe de la multa diaria como el momento a partir del cual comenzaría a devengarse, sin haberse constatado previamente la inobservancia de la orden cautelar.
Agregó que las sanciones conminatorias no podían aplicarse retroactivamente desde la fecha del apercibimiento, sino que debían producir efectos hacia el futuro, una vez dictada y notificada la resolución que dispusiera su efectiva imposición. En apoyo de su postura, invocó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esta Cámara relativa a la naturaleza, finalidad y presupuestos de procedencia de las astreintes.
Asimismo, sostuvo que la sanción debía sustanciarse a partir de la denuncia de incumplimiento, con posibilidad de que la obligada acreditara las circunstancias que justificaran total o parcialmente una eventual demora. Señaló que, en el caso, no se había demostrado una conducta deliberada, maliciosa o voluntariamente renuente de la Obra Social. que habilitara la aplicación de la penalidad.
En otro orden, propició una interpretación amplia de la apelabilidad en el proceso de amparo, al considerar que la restricción recursiva prevista en el art. 16 de la ley 13.928 debía ceder cuando se encontrara comprometida la garantía de defensa en juicio o resultara necesario revisar una decisión susceptible de ocasionar un gravamen de ulterior reparación dificultosa.
Por último, solicitó que el recurso fuera concedido con efecto suspensivo, con sustento en que la controversia versaba sobre una sanción de contenido pecuniario y que, por ello, correspondía aplicar supletoriamente las reglas generales del Código Procesal Civil y Comercial. Citó precedentes de esta Alzada en sustento de dicha petición.
En tales términos, solicitó que se haga lugar al recurso y se revoque la parcela del pronunciamiento que estableció el apercibimiento de astreintes, a la vez que dejó planteado el caso federal.
3. El 17-09-2026 la Asesora de Incapaces intervinientes tomó vista del recurso de apelación deducido por la demandada y presentó su dictamen.
II.1. Con carácter preliminar, cabe señalar que la denuncia de cumplimiento de la prestación cautelar efectuada mediante presentación del 03-08-2026 no torna abstracta la cuestión sometida a conocimiento de esta Alzada.
Y ello, en tanto la magistrada de grado, mediante providencia del 07-08-2026, se limitó a tener presente lo manifestado, sin ordenar el levantamiento de la medida cautelar ni dejar sin efecto el apercibimiento contenido en la resolución apelada.
En tales condiciones, y toda vez que las objeciones de la representación fiscal se ciñen a ese apercibimiento, subsiste el interés recursivo de la demandada y corresponde abordar su examen.
2. Aclarado lo anterior, se adelanta que el recurso merece prosperar por las razones que siguen
2. 1. Además de la prestación concreta y determinada que la magistrada dispuso a título cautelar (decisión que arribó firme a esta instancia revisora por no haber sido motivo de agravio) también determinó, en la parte dispositiva de la resolución, que el Instituto demandado debía dar cumplimiento a la orden impartida en el plazo perentorio de cinco (5) días bajo apercibimiento de aplicar sanciones pecuniarias a razón de 2 jus por cada día de demora.
2.2. Esta Alzada, en reiterados pronunciamientos, ha señalado que tal accesoria resulta una decisión prematura, pues implica -de alguna manera- conjeturar acerca de una actitud reticente por parte de la obligada al cumplimiento de la manda judicial, lo que no se compadece con la letra del art. 804 del Código Civil y Comercial (cfr. doct. esta Cámara causas A-5854-MP0 "Romera" , sent. de 14-07-2015; A-8508-DO0 "Reinaga" , sent. de 26-03-2019; A-9408-BB0 "Cassina" , sent. de 04-02-2020; A-9587-AZ0 "Sosa" , sent. de 11-02-2020; A-9924-MP0 "Giannini" , sent. del 13-10-2020; A-9817-BB0 "Cesetti" , sent. del 18-02-2021; A-12282-BB0E "Patrón" , sent. del 11-04-2023, por mayoría; A-12880-MP0E "Martinez de Hoyo" , sent. del 17-08-2023, por mayoría; A-13169-MP0E "Miño" , sent. del 31-10-2023, por mayoría, A-15060-AZ0E "Alvares ", sent. del 28-04-2026, por mayoría; A-17268-AZ0E "Lloveras", sent. del 28-05-2026).
En efecto, esa norma prescribe que los jueces podrán imponer en beneficio del titular del derecho condenaciones conminatorias pecuniarias a quienes no cumplieron deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Así, se requiere -de un lado- que el incumplimiento haya acaecido para habilitar la prerrogativa judicial de sancionar al reticente y -del otro- que la condenada no haya cuestionado la penalidad, con justificación total o parcial de su proceder (cfr. doct. esta Cámara causas A-11565-BB0E "Suero" , sent. del 15-05-2022, por mayoría; A-12220-MP0E "Bagazette" , sent. del 28-03-2023, por mayoría, A-17268-AZ0E "Lloveras", cit.).
Valga recordar que las astreintes tienden a obtener el efectivo cumplimiento de un mandato judicial cuando es resistido por el obligado mediante la aplicación de una condena pecuniaria que lo afecta mientras no haga lo debido, y solo deben efectivizarse o mantenerse en tanto se verifique la desobediencia a la orden jurisdiccional (cfr. doct. SCBA causa Ac. 90.941 "Sociedad de Fomento Cariló", sent. del 8-03-2006; esta Cámara causas A-8662-AZ0 "Ullua" , sent. de 07-02-2019; A-8862-MP0"Hernández", sent. de 16-05-2019; A-9531-MP0 "Colaneri" , sent. de 28-02-2020; A-14463-DO0E "Molina", sent. 01-07-2025 ; A-14933-MP0E "Fernandez", sent. del 12-02-2026 entre otras).
Y ello, en definitiva, resulta conteste con la finalidad propia de tales conminaciones como medio para compeler la observancia de una resolución del magistrado, cuyo fundamento, en la especie, radica en el vencimiento del plazo establecido para su obediencia sin que esta se haya verificado y la existencia de una advertencia previa (con la debida determinación de las pautas para su cálculo) de hacerlas efectivas en caso de reticencia (cfr. doct. esta Cámara causa A-11081-MP0 "Piñero" , sent. de 24-08-2021).
De allí que el apercibimiento contenido en el propio cuerpo de la decisión que hace lugar al requerimiento cautelar devino anticipado, máxime cuando ningún obstáculo existe para que el juez a quo pueda fijar este tipo de sanciones en cualquier momento procesal en el que efectivamente verifique el incumplimiento de lo decidido (art. 37 del CPCC; doc. esta Cámara causas A-11427-MP0E "Zubiaurre" , sent. del 09-12-2021, por mayoría; A-11432-AZ0E "Madrid Rosas" , sent. del 09-12-2021, por mayoría; A-11931-MP0E "Sanchez", sent. del 05-07-2022, por mayoría; A-11967-MP0E "García", sent. del 05-07-2022, por mayoría; A-12119-MP0E "Ribera", sent. de 27-09-2022, por mayoría; A-12262-MP0E "Reyna" , sent. del 27-10-2022, por mayoría; A- 16354-AZ0E "Czerniecki" , sent del 16-04-2026).
En otros términos, el órgano de grado mal pudo haber comprobado de modo fehaciente el incumplimiento injustificado a una disposición judicial contenida en el mismo pronunciamiento en el que formuló la intimación bajo apercibimiento de aplicar astreintes. Extremo que brinda sustento a la objeción ensayada por la Fiscalía de Estado en orden a la prematuridad de tal emplazamiento (cfr. doct. esta Cámara causa A-12136-NE0E "González" , sent. del 23-08-2022, por mayoría).
III. Si lo expuesto es compartido, propongo al Acuerdo receptar favorablemente el recurso de apelación interpuesto por la representación fiscal y dejar sin efecto el apercibimiento contenido en la decisión de fecha 25-06-2026 (arts. 804 del Código Civil y Comercial, 37 del CPCC -aplicables por vía del art. 25 de la ley 13.928- y doc. esta Cámara causas A-10723-MP0E "Benegas Laria" , sent. del 04-05-2021; A-11119-MP0E "De Jesús", sent. del 17-08-21; A-11296-MP0E "Martín" , sent. del 28-10-2021, todas por mayoría de opiniones). No habiendo mediado contradicción las costas deberían imponerse en el orden causado.
Con el alcance indicado, voto la cuestión planteada por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
Si bien adhiero al voto del distinguido colega Dr. Ucín, se me hace un deber aclarar que ello resulta así en razón de la existencia de opinión mayoritaria de esta Cámara respecto al temperamento que cabe adoptar ante circunstancias como la que aquí se plantea (cuando, en forma concomitante a la sentencia definitiva o la resolución que reconoce una medida cautelar se fija un apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias en caso de no cumplir en término con lo resuelto) -criterio con el que, por cierto, no coincido-, pero que acompañaré en esta oportunidad debido a la situación de transitoria desintegración del Cuerpo -con la dificultad que ello conlleva para concitar mayorías decisorias- y la necesidad garantizar la seguridad jurídica y coherencia del Tribunal -que podría mellarse si, ante la integración aleatoria del órgano, de modo eventual se adoptaran sentencias contrapuestas en casos medularmente similares- por resultar ello prudente, dejando a salvo mi opinión sobre el particular (conf. arg. voto Dr. Genoud en causa B. 75.663, "Morera", res. del 23-11-2020; voto Dra. Kogan a la segunda y tercera cuestión en causa B. 58.959, "Parodi", sent. del 20-11-2024).
Voto, en suma, por la afirmativa .
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
Hacer lugar al recurso de apelación articulado por la representación estatal y dejar sin efecto el apercibimiento contenido en la decisión de fecha 25-06-2026 (arts. 804 del Código Civil y Comercial, 37 del CPCC -aplicables por vía del art. 25 de la ley 13.928- y doc. citada). Las costas de Alzada se imponen en el orden causado.
Notifíquese por Secretaría electrónicamente cfr. art. 10, Anexo Único del Acuerdo SCBA N° 4013/21 -t.o. Ac. SCBA 4039/21- y ofíciese a la Asesoría de Incapaces interviniente. Fecho, devuélvanse las actuaciones al Tribunal de origen.
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente conforme art. 10 Anexo único del Acuerdo 4013/21 -t.o. Ac. SCBA 4039/21- y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1002-2026
Fin de la sentencia