Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa 9305
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la sentencia apelada, haciendo lugar a la acción revocatoria entablada por Mario Raul Martinez contra Gabriel Angel Schiavoni y Zunilda María Lasala, declarando la inoponibilidad de la cesión gratuita instrumentada por escritura del 5 de octubre de 2009 por las acciones y derechos hereditarios que le corresponden al primero en la sucesión de su padre, respecto del crédito ejecutado en expte. 4051/2007. Las costas de ambas instancias a los demandados. Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).
Expte. n°: JU-9305-2013 MARTINEZ MARIO RAUL C/ SCHIAVONI GABRIEL ANGEL Y OTRO/A S/ACCION REVOCATORIA O PAULIANA N° Orden: 127 Libro de Sentencia nº: 58 En la ciudad de Junín, a los 8 días del mes de Junio del año dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, GASTON MARIO VOLTA Y JUAN JOSE GUARDIOLA, en causa nº JU-9305-2013 caratulada: "MARTINEZ MARIO RAUL C/ SCHIAVONI GABRIEL ANGEL Y OTRO/A S/ACCION REVOCATORIA O PAULIANA", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola, Volta y Castro Durán.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Guardiola dijo:
I. En la sentencia dictada a fs. 231/237 se hizo lugar a la defensa de prescripción opuesta por los demandados Gabriel Angel Schiavoni y Zunilda María Lasala, declarando prescripta la acción revocatoria intentada por Mario Raul Martinez; imponiéndose las costas en el orden causado. Para resolver de ese modo el Sr. Juez Dr. Sheehan, luego de encuadrar correctamente la cuestión en el régimen del Código Civil derogado, específicamente sujeto al plazo anual de su art. 4033, a tenor de lo dispuesto por el art. 2537 CCyCN, entendió que al incoarse esta acción con fecha 5 de junio de 2014, el mismo ya se encontraba cumplido. Ello por cuanto el acreedor que se acoge a la excepción contemplada en dicha norma respecto al inicio de su cómputo (el momento en que tuvo noticia del hecho) corre con la carga de acreditar la fecha que invoca. Y en el caso la publicidad ficta por la inscripción de la cesión de derechos hereditarios (concertada en forma gratuita por su deudor en favor de su progenitora por escritura del 5/10/2009 - ver fs. 43/45 del expte 6456/2008 "Schiavoni Miguel Angel s/ Sucesión atraillado-) -y aunada su agregación en el proceso respectivo- , con los efectos que la doctrina y jurisprudencia ( plenario de la CNCivil "Discoli") le atribuyen, si bien admite prueba en contrario conforme doctrina legal de la SCBA sentada en Acuerdo 85250 "Esker", la misma se relaciona con la actividad diligente que debe haber realizado el acreedor y la acreditación de las circunstancias fácticas que invoca. De lo contrario el inicio del cómputo del plazo respectivo quedaría librado a la voluntad del accipiens.
En base a la negativa que efectuaron los demandados ( fs. 45 y 49)tras efectuar una reseña temporal de la frustración de la garantía de cobro por la cautelar trabada en el proceso ejecutivo (expte JU 4051/2007 acollarado), sostiene que con una valoración contextual que el actor pudo y debió extremar los recursos disponibles a su alcance para obtener información sobre la existencia de otros bienes en cabeza del deudor sobre los que dirigir su ejecución atento la imposibilidad de satisfacción su crédito sobre el inmueble hipotecado. Afirma que resulta poco creíble que aguardara tres años y medio desde la subasta de aquel hasta consultar en la MEV sobre la existencia de una sucesión iniciada cuatro años antes, cuando conocía que su embargo no tenía preferencia alguna.
Como derivación de ello, al tener por operada la prescripción a octubre del año 2010, concluye que no puede asignársele efectos interruptivos al embargo de acciones y derechos hereditarios peticionada en el cobro ejecutivo el 26/10/2012 o a las medidas cautelares en relación a la cesión requeridas en expte. 7264/2013 con fecha 11/10/2013.
Apeló el actor ( fs. 242).
Expresa sus agravios a fs. 254/257vta. En primer lugar critica al fallo sosteniendo que la fecha de real conocimiento de la liberalidad atacada no resultó expresamente controvertida por los dos accionados, y de tal modo no representa un hecho litigioso. Se ocupa en este sentido de transcribir los planteos de la excepción de prescripción, interpretando que al menos tácitamente la contraria aceptó el punto de inicio del plazo respectivo, centrando su defensa a partir de las fechas denunciadas en relación a la fecha de interposición de esta acción, pasando por alto la existencia del hecho interruptivo consistente en el pedido medidas cautelares en proceso previo. Se disconforma igualmente del valor que asigna al hecho de una sucesión de igual apellido al de su deudor en la Mesa Virtual de los tribunales o a la agregación de la escritura de cesión de derechos, cuando la doctrina y jurisprudencia descartan como conocimiento real y efectivo la divulgación ficticia resultante de la inscripción en un registro público. Destaca que tal valoración se pone en contradicción con la afirmación previa de que no puede imponérsele al acreedor la prueba de un hecho negativo, sobre la base una supuesta falta de diligencia cuando de manera inmediata a saber que la sucesión Schiavoni informada en la MEV se correspondía con la del padre de su deudor solicitó su embargo, para luego y una vez colocada la nota respectiva accediendo al proceso sucesorio pasó a tomar conocimiento de la existencia de la escritura de cesión gratuita allí incorporada. Concluye en que se termina premiando al deudor que se insolvento realizando una liberalidad a favor de su madre con el único e inocultable propósito de no cumplir sus obligaciones Ejerció a fs.264vta. su derecho a réplica el Dr. Ayala en representación de los demandados ( ver fs. 219), sin formular consideraciones en torno a la prescripción de la acción, sino defendiendo el rechazo de la acción por la fecha del crédito -al tener sentencia de fecha posterior al de la cesión-, las razones de su celebración y la inexistencia del estado de insolvencia. Firme el llamado de autos para sentencia de fs. 266, las actuaciones han quedado en condiciones de ser resueltas (art. 263 del CPCC).
II. En ese menester, resulta ineludible comenzar señalando que el tema aquí debatido vinculado al cómputo del plazo de prescripción de la acción pauliana ha dividido a la doctrina y jurisprudencia durante la vigencia del Código de Vélez cuyo art. 4033 resulta aplicable al sublite, sin que la redacción del art. 2563 inc. f ("en la acción de fraude, desde que se conoció o pudo conocer el vicio del acto") del CCyCN -aunque más orientativo- permita suponer que se acallara la discusión definitivamente. Una reseña muy completa de las distintas posiciones (aunque haciendo hincapié en la registralista por la que se inclina) la encontramos en el imprescindible Tratado de la prescripción liberatoria del Prof. Edgardo López Herrera ( Abeledo Perrot 2a ed. p. 551 y ss).
Con los riesgos que toda simplificación (tanto en su denominación como en sus argumentos) implica, podemos decir que en el conflicto "ficción" vs. "realidad" ( cuyo origen lo encontramos en la misma fuente del precepto, el art. 1166 del proyecto de García Goyena al hacer referencia al "día en que tuvieron noticia de la enajenación, o en que esta se hizo pública") especial incidencia han tenido los efectos que se atribuyen en la especie a la inscripción registral en cuanto a la oponibilidad a terceros interesados (arts. 2505 del CCiv. ref. ley 17711 y 2 de la ley 17801). Algunos (vgr. Spota - Tratado-Parte General ed. Depalma To. I vol 3-8 (10) ps. 597/600-; Highton -Código Civil del que además es Directora, ed. Hammurabi To.6B p. 863/4- ; criterio que con anterioridad y en forma aun más rígida sostenía Machado - Exposición y comentario..., 1922 To. XI p. 323- en relación a la misma publicidad de la escritura ) se aferran a la idea de que si el registro es público y de fácil acceso, no hay motivos para pensar que ha existido imposibilidad de conocer la transmisión real ni para hacer una excepción a la oponibilidad de lo inscripto a todo tercero; máxime que la interpretación a una excepción a la regla general sobre actio nata- desde la celebración del acto- debe ser estricta, no sujeta a la desidia o desinterés del acreedor. Otros en la vereda opuesta ( vgr. Salvat - JA 1923 To. XI p. 1316 "Lara c/ Monge y Jurado Olivera"; Obligaciones act. por Galli To. III n° 2242-; Borda -Tratado- Obligaciones To. II 6° ed. N° 1128 p. 89 ; Cifuentes - Código Civil Comentado y Anotado, ed. La Ley To. IV p. 858) desechan que ello haga presumir el conocimiento por el acreedor burlado y que si se prescindiera del conocimiento directo o efectivo, o si se quiere noticia real que exige la norma, la acción revocatoria resultaría prácticamente ilusoria.
Esas dos tesis antagónicas aparecen sin embargo mitigadas en su concreta aplicación al compatibilizar la exigencia de conocimiento con la valoración de si "la ignorancia del verdadero estado de las cosas proviene de una negligencia culpable", para decirlo con las palabras del art. 929 del Código Civil, o más sencillamente en función de su excusabilidad según la naturaleza y circunstancias del acto (ver mi voto en "Sedrán, Luis Rubén c. Samperi, Rosario y otras" 03/04/2008 sent. publicada en LLBA 2008 (julio), 661). Ya analizando la norma actual expresa Pascual Alferillo que el arranque del plazo es "desde que sea conocido efectivamente o se presuma, conforme a las circunstancias de hecho, que debió ser razonablemente conocido por la parte: Es decir la falta de conocimiento de la deficiencia invalidante del acto jurídico obsta al ejercicio de la acción, sin premiar la negligencia al presumir en algunas hipótesis que la debió conocer" (en Código Civil y Comercial del que es Director con Garrido Cordobera, y Alejandro Borda To. 3 Astrea p. 715)
Tampoco es posible soslayar la distinción entre conocimiento y cognocibilidad general y legal ya que la publicidad registral sólo opera vía certificaciones, informes y copias y nunca por la mera inscripción en forma directa por el usuario del servicio (SCJ Mendoza Sala I 26/3/2001 "Navarrete Rodriguez c. García Gervasio" LLGran Cuyo 2001, 493; STJ Chaco Pcia. del Chaco c. Gonzalez 5/9/2013 AR/JUR/53038/2013) o como dijo nuestro Superior en el mencionado caso Esker Ac. 85250, esa función publicitaria "al menos a los fines prescriptivos, no consagra una presunción iure et de iure de conocimiento, sino habilita la posibilidad de conocer" (del voto del Dr. Soria).
Ello también tiene su correlato en materia probatoria. Como explica Borda "el accionante tiene el derecho de acreditar que tuvo un conocimiento posterior del acto, en cuyo caso la prescripción corre desde entonces. En rigor, la prueba del acreedor debería encaminarse a demostrar que no tuvo conocimiento del acto antes de esa fecha; pero como esta prueba negativa es imposible, su tarea es mucho más simple: demostrar la fecha en que tuvo noticias del acto. Esta prueba, claro está, no demuestra que el acreedor no tuvo otras noticias anteriores; y el demandado tiene derecho a demostrar que las tuvo"
En idéntico sentido expresa Félix Trigo Represas en "Código Civil Comentado" Ed. Rubinzal Culzoni Directores Kemelmajer de Carlucci-Kiper- Trigo Represas To. "Privilegios-Prescripción" p. 645: "El momento inicial del cómputo es, pues en principio, la fecha del acto impugnable; el cual se presume conocido desde entonces. De todas formas, como el impugnante ha sido extraño a dicho acto, se acepta que pueda probar haberlo ignorado y que recién tuvo conocimiento del mismo tiempo después; en cuyo caso tendrá a su cargo la prueba de la reserva u ocultamiento del negocio, o bien, lo que quizá es más sencillo y terminante: la fecha en que 'realmente' tuvo noticias de la realización del acto impugnado. En este último supuesto, el demandado podría a su turno intentar acreditar lo contrario: 'que en verdad el accionante sabía', desde más de un año atrás, del acto cuestionado" (el encomillado simple me pertenece)
Y, por su parte, Llerena ("Concordancias y Comentarios del Código Civil Argentino" 1931 To. 10 p. 542) decía: "Se supone que han tenido noticias del hecho desde que éste se hizo público (con cita de Goyena). Al que alega la ignorancia en este caso corresponde establecer los hechos que conduzcan a presumir esa ignorancia. Si la forma en que se ha llevado a cabo el acto que se ataca, o las circunstancias especiales, hacen verosímil que el acto haya permanecido ignorado, se supondrá esta ignorancia y al que alega el conocimiento corresponde probarlo".
III. A la luz de las precedentes consideraciones estimo que si bien el sentenciante de grado no se apartó en el desarrollo teórico de las pautas aplicables, arriba en su juicio valorativo a conclusiones que no comparto. En primer lugar si bien los términos de los planteos prescriptivos de la acción de fs. 45 y 49 autorizaban , sin incurrir en incongruencia, a abordar el tópico del conocimiento por parte del actor ("el accionante sabía desde más de un año atrás de la existencia del acto cuestionado" a renglón seguido de la reseña de cuando se interpuso esta demanda), insistiendo en que como principio rige la fecha del acto impugnable, no puede dejar de señalarse que no existió una objeción puntual y concreta a las indicadas por el acreedor como determinantes de su conocimiento efectivo.
En ese marco debía analizar si razonablemente se encontraba satisfecha su carga de demostrar el conocimiento posterior. Y es aquí donde surgen mis diferencias (arts 384 y 375 del CPCC)
Entiendo que no es posible asimilar en sus efectos publicitarios la inscripción registral referida a actos dispositivos sobre inmuebles (u otras cosas registrables) del deudor con la vinculada a la anotación personal de una cesión hereditaria, ni la diligencia exigible a un acreedor respecto a la existencia de bienes en el patrimonio de su deudor con la indagación de una eventual transmisión hereditaria que no conllevó una publicidad posesoria exteriorizadora ni todavía se había traducido en una modificación de su titularidad registral.
Recordemos que en el ámbito provincial la solicitud de informe respecto de las anotaciones personales, formulada para conocer sobre la existencia de inhibiciones (así la que obra en la ejecución hipotecaria), si no media una rogación específica no anoticia sobre cesiones hereditarias inscriptas (RPBA DTR 216/1966; 20/1991 y 28/1993). A ello se aduna que la registración se hace por causante - y es como normalmente se requieremás allá de que se lo relacione con cedente y cesionario. El mosaico registral es variado según las distintas jurisdicciones ya que si bien algunas lo informan cuando se solicita por cedente (Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal DTR 6/1999 y 8/1999) otras, como la bonaerense, no. Al margen de ello, las cesiones de derechos hereditarios no siempre se publicitan por ese medio en forma previa a la inscripción de la declaratoria de herederos o hijuelas particionarias (ver XII Congreso Nacional de Derecho Registral Potrero de Funes 2001 Tema1).
Lógico es hacer soportar las consecuencias de una omisión prolongada al acreedor que ve frustradas sus expectativas de cobro con una medida ejecutiva trababa sin primer grado de preferencia en procurar conocer la existencia de otros bienes en cabeza de su deudor, mas en mi opinión ello no es una conducta exigible en relación a si se ha deferido una herencia. Estimo que no puede juzgarse como inexcusable el no haber tomado previamente el recaudo de efectuar averiguaciones via MEV de sucesiones abiertas cuyo causante por la homonimia de su apellido sea pariente al que su deudor hereda, prescindiendo incluso de que por el último domicilio del de cujus - amén de posible prórroga de jurisdicción - múltiples son los departamentos judiciales y juzgados a consultar.
En este sentido teniendo en cuenta la diversidad de criterios imperante en la materia con anterioridad a la sanción del nuevo Código, entiendo que no es pregonable retroactivamente en la especie la oponibilidad que ahora se consagra en el art. 2302 inc. b, con proyección en la cuestión (María Cristina Palacios en "Código Civil y Comercial Comentado, anotado y concordado" Ed. Astrea-Fen To. 7 p. 993) .
Considero entonces que es partir del hallazgo del proceso sucesorio (que fue informado en el ejecutivo fs. 50 el 26 de octubre de 2012) en que principia el plazo anual. No tomo en cuenta la fecha de diligencia del embargo sobre los derechos hereditarios, toda vez que aunque la agregación de su cesión no resulta del detalle de trámites informados en la MEV, el expediente estaba a disposición de la consulta personal por su patrocinante. Me permito también señalar que aquí tampoco transcurrió el plazo decenal (art. 4023 Código derogado y 2537 CCCN)desde la existencia del acto impugnable en que, según se ha entendido, al absorber a cualquier otro plazo -Colmo-, operará igualmente la prescripción de la acción revocatoria, hayan o no conocido los acreedores durante ese interín el otorgamiento del acto en cuestión (Trigo Represas ob. y pag cit). Así las cosas, la acción de fraude entablada no está prescripta. En efecto, el 11/10/2013 se promovió un proceso de medidas cautelares, anticipando el objeto de este proceso (ver fs. 16vta. y 18 expte JU 7264/2013 acollarado). Innegable es la idoneidad de las mismas para interrumpir la prescripción (CC0201 LP 112850 RSD-129-10 S 07/09/2010; idem 91478 RSD-173-00 S 14/07/2000 Juba B253777). La expresión "demanda" contenida en el art. 3986 del CCivil comprende todas aquellas peticiones judiciales que importen una manifestación de voluntad en sentido inequívoco de mantener vivo el derecho, el propósito de no perderlo, aunque no lo sean en sentido técnico procesal (SCJMendoza Sala I "Fernandez Jodar c/ Arab" 23/10/1997 LLGran Cuyo 1998,72; SCBA Ac 38918 S 16/02/1988, L 86344 S 07/02/2007, C 92585 S 14/05/2008 entre otros). La mediación obligatoria con los efectos previstos en el segundo párrafo de dicho artículo arts. 40 ley 13951 y 31 Decreto 2530/21010 fue formalizada el 23/12/2013 - fs. 5 de estas actuaciones- en el plazo previsto por el art. 207 CPCC (fs. 33 expte medidas cautelares) y la demanda el 5/6/2014 (fs. 17 de las presentes).
IV. Admitida la procedencia temporal de la acción pauliana, desde lo sustancial su progreso en el presente no ofrece escollos.
Los requisitos del art. 962 CCivil se encuentran satisfechos.
En primer lugar la insolvencia supone carencia de bienes patrimoniales para que los acreedores por medio de su ejecución individual o colectiva logren hacer efectivos sus créditos ( Zannoni en Código Civil del que es coordinador y director Belluscio, Astrea To. 4 p. 440). Es el desequilibrio entre activo y pasivo, en razón del cual se manifiesta impotente para afrontar el cumplimiento de las obligaciones exigibles, al no existir bienes que puedan ser a ellas afectados (C0001 QL 8771 RSD-60-10 S 15/09/2010 Juba B2904757). El demandado está incurso en mora en relación al crédito base de esta acción de inoponibilidad desde el 23/11/2006 (ver título y sentencia de fs. 67/69 juicio ejecutivo), fue subastado el inmueble en la ejecución hipotecaria y no ha intentado paralizar la presente demostrando solvencia o dando garantías suficientes. La relación directa e inmediata entre la celebración del acto (cesión gratuita de los derechos hereditarios) y ese estado de insolvencia, en cuanto a su provocación o agravamiento; es decir el perjuicio concreto al acreedor no precisa mayores explicaciones ya que al haberse desprendido gratuitamente de una porción del haber relicto de su padre contribuyó a frustrar cualquier expectativa de cobro. " En los negocios gratuitos es claro el detrimento que sufre el patrimonio del deudor, por lo cual si ese negocio produce la insolvencia o agrava la ya existente, nada más debe probarse para que proceda la acción revocatoria" (Rivera, Instituciones Parte General LexisNexis To. II p. 856)
Que el crédito del actor es de fecha anterior al acto impugnado resulta del propio título ejecutivo, siendo irrelevante la fecha de la sentencia por la cual se mandó llevar adelante la ejecución.
La justificación que se intenta en lo que hace a la causa de la cesión, relacionándola con la incapacidad de una hermana, también desde lo jurídico es inatendible (más allá de la motivación benefactora o filantrópica) en tanto además de no ser parte del acto atacado, por lo que sus derechos en modo alguno se ven afectados con lo que aquí se decida, tampoco aun como beneficiaria indirecta de una liberalidad goza de una protección preferente a los de cobro de un acreedor preexistente.
V. Corresponde así decretar la ineficacia relativa en lo que hace a la inoponibilidad de la cesión de derechos y acciones hereditarias de la sucesión del padre del deudor Miguel Angel Schiavoni, celebrada gratuitamente entre el ejecutado aquí demandado a favor de su madre litisconsorte pasiva, respecto del crédito del actor Mario Raul Martinez reconocido en expte. 4051/2007.
Las costas de ambas instancias por la acción triunfante - sin que corresponda una diferente por la excepción de prescripción desechada, al tratarse de una defensa más al progreso de la demanda, además dudosa de derecho- deben ser soportadas por los demandados vencidos (arts. 274 y 68 del CPCC).
ASI LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Volta y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde:
REVOCAR la sentencia apelada, haciendo lugar a la acción revocatoria entablada por Mario Raul Martinez contra Gabriel Angel Schiavoni y Zunilda María Lasala, declarando la inoponibilidad de la cesión gratuita instrumentada por escritura del 5 de octubre de 2009 por las acciones y derechos hereditarios que le corresponden al primero en la sucesión de su padre, respecto del crédito ejecutado en expte. 4051/2007. Las costas de ambas instancias a los demandados. Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).
ASI LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Volta y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí: FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, GASTÓN MARIO VOLTA Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, ANTE MI, DRA. MARIA. V. ZUZA (Secretaria).-
/NIN, (Bs. As.), 8 de Junio de 2017.
AUTOS Y VISTO:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del C.P.C.C.-, se resuelve: REVOCAR la sentencia apelada, haciendo lugar a la acción revocatoria entablada por Mario Raul Martinez contra Gabriel Angel Schiavoni y Zunilda María Lasala, declarando la inoponibilidad de la cesión gratuita instrumentada por escritura del 5 de octubre de 2009 por las acciones y derechos hereditarios que le corresponden al primero en la sucesión de su padre, respecto del crédito ejecutado en expte. 4051/2007. Las costas de ambas instancias a los demandados. Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).
Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse los autos al Juzgado de Origen.- FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, GASTÓN MARIO VOLTA Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, ANTE MI, DRA. MARIA. V. ZUZA (Secretaria).-
Fin de la sentencia