Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa C-16352-MP2E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación articulado por la parte actora y confirmar la decisión en crisis, con costas de Alzada en el orden causado (art. 51 inc. 1 -segunda parte-, CCA).
2Diferir la regulación de honorarios por trabajos de alzada para su oportunidad.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa C-16352-MP2E "MARTINEZ RUIZ MARIA TERESA c. INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A s. PRETENSION ANULATORIA - PREVISION", con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: señores Jueces doctores Riccitelli, Ucín y Mora.
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial rechazó la solicitud de medida cautelar formulada por la accionante María Teresa Ruíz Martínez.
II. Declarada por esta Alzada la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la demandante, y puestos los autos al Acuerdo para dictar sentencia, corresponde plantear y votar la siguiente:
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Ucín dijo:
I.1. El magistrado de grado se pronunció con el alcance indicado.
Para así decidir, relató que la actora María Teresa Martínez Ruiz inició demanda de pretensión anulatoria con el objeto que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución N° 23.978 dictada por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), en cuanto la juzgó atentatoria de la garantía constitucional de movilidad jubilatoria; y, en subsidio, de reconocimiento de derechos contra la Provincia de Buenos Aires (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires) y el IPS, a fin de que se le traslade a su haber previsional la subcategoría aplicable conforme su trayectoria desempeñada en el Poder Judicial al momento del cese, según lo establecido en las Acordadas SCBA 4093/22, 4191/25 y sus modificaciones.
Agregó que, en forma concordante, solicitó se dicte medida cautelar de innovar y se ordene al IPS la inmediata aplicación del suplemento salarial establecido en el Ac. 4093/22. Meritó que -a tal fin- la actora alegó que la falta de aplicación del referido suplemento salarial menoscaba su haber jubilatorio, a la vez que invocó el carácter alimentario del derecho comprometido y destacó el tiempo que insumirá el dictado de la sentencia, con el consecuente perjuicio irreparable.
Abocado a dar respuesta a tal petición cautelar, juzgó no acreditado el presupuesto del peligro en la demora exigible para su admisión, pues no avizoró presente en el caso el riesgo de un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior. Explicó que la actora no ha sido abruptamente privada de un concepto del haber previsional que percibe en forma normal y regular, sino que pretende precautoriamente que se le reconozca el invocado derecho a que se incorpore en su haber jubilatorio un complemento retributivo cuyo otorgamiento -según sostuvo- fue dispuesto para el personal activo del Poder Judicial provincial, el que entiende aplicable por extensión al colectivo de agentes en pasividad.
Derivó de ello -con cita de un precedente de esta Alzada- que el pedido cautelar no persigue restablecer una situación jurídica preexistente, sino una nueva posición, distinta y más ventajosa de la que goza.
2. No conforme con lo resuelto, la accionante dedujo recurso de apelación.
Inicialmente, esgrimió que el juzgador manifestó dogmáticamente la supuesta ausencia del requisito de peligro en la demora y omitió analizar los fundamentos expuestos, la documentación acompañada y la prueba ofrecida en el escrito de demanda. Reprochó así que no formuló consideración alguna respecto a las razones expuestas para dar cuenta del peligro en la demora, a saber: el carácter alimentario del haber previsional, la avanzada edad (70 años), la situación de vulnerabilidad en atención al delicado estado de salud (afecciones cardíacas, respiratorias y linfáticas, entre otras).
Añadió que tampoco se contemplaron los derechos y garantías constitucionales que amparan el reclamo de autos.
Acusó que la prescindencia de considerar debidamente sus circunstancias personales, ha sido apuntalada -en su visión, sin asidero alguno- en el hecho de no haber percibido con anterioridad los incrementos previsionales reclamados. Estimó que tal circunstancia no puede ser óbice para el rechazo de la medida precautoria.
Luego, con especial referencia al tiempo que insumirá la resolución del presente proceso, arguyó que el recaudo del peligro en la demora constituye la justificación del dictado de las medidas cautelares, ello en orden a evitar que el pronunciamiento judicial que reconozca el derecho llegue demasiado tarde. Agregó que la expresada inexistencia de un "contexto de suma gravedad" no encuentra sustento alguno, pues -aseveró- la controversia involucra a una persona de avanzada edad, que padece de un delicado estado de salud, y concierne a un reclamo de carácter alimentario.
Por otro lado, reprochó la omisión de toda referencia a la Acordada 4191/25, y la exclusiva consideración de la Acordada 4093/22. Sostuvo que las acordadas referidas -y las que en lo sucesivo se dicten- pergeñan un mecanismo sistemático de aumentos salariales en perjuicio del derecho de los jubilados, toda vez que -en su opinión- transgrede los principios de progresividad y no regresión plasmados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 26) y en la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (art. 4 incs. "d" y "j").
Censuró que se haya razonado que la tutela requerida " no tiene por finalidad restablecer una situación jurídica preexistente, sino que persigue ubicarla en una posición nueva, distinta y más ventajosa de la que viene gozando ". En contraposición, postuló que se la privó ilegítimamente de un derecho que -esgrimió- tiene adquirido según el régimen especial de movilidad automática de los haberes previsto en los arts. 4 y 7 del decreto-ley 7918/72. Completó que la admisión del cuestionado mecanismo de aumentos salariales, con la acusada privación al sector pasivo, quebranta principios y garantías constitucionales que bregan por su protección.
I I. El recurso no prospera.
1. De manera preliminar, y en atención a la manifestación del "hecho sobreviniente" formalizada ante esta Alzada mediante presentación electrónica del 21-8-2026, cabe consignar que, si bien el dictado de la resolución n° 2039/2026 SCBA constituye una circunstancia sobreviniente que habrá de ser ponderada al momento de resolver la cuestión de fondo, tal extremo -por sí solo- no resulta suficiente, en esta etapa preliminar del proceso, para modificar el criterio adoptado por esta Cámara en las causas C-15783-MP2E "Lerena" y C-15536-MP2E "Salas" , ambas sent. del 15-7-2025; C-16585-MP1E "Antelo" , sent. del 16-12-2025; C-16718-DO1E "D´Angelo" y C-16702-MP2E "Fernández Daguerre" , ambas del 3-3-2026; C-16743-DO1E "Tamagno" , sent. del 12-3-2026; C-16777-DO1E "Fontana" , sent. del 17-3-2026; C-16722-DO1E "Romiti" , sent. del 19-3-2026; C-16848-DO1E "Yapur" , sent. del 26-3-2026; C-16818-MP1E "Albarenque" , sent. del 31-3-2026; C-16938-DO1E "Barrionuevo" y C-16907-DO1E "Stea" ambas del 7-4-2026; entre otras).
Por tal motivo, y al no hallar razones para soslayar, en la especie, la aplicación de ese temperamento, se reproducirán, a continuación, las principales líneas argumentativas de aquellos fallos (sustancialmente concordantes con el pronunciamiento de grado que aquí viene apelado), en cuanto resulten aplicables al presente caso y con las modulaciones que, en razón de las particularidades del sub lite , sea menester efectuar.
2. Este Tribunal ha sostenido reiteradamente que las medidas precautorias reflejan una actividad de tipo preventiva dentro del proceso que, enmarcada en una objetiva posibilidad de frustración, riesgo o estado de peligro, según un razonable orden de probabilidades acerca de la existencia del derecho que invoca el peticionante, y exigiendo el otorgamiento de garantías suficientes para el caso de que la petición no reciba finalmente auspicio, anticipa los efectos de la decisión de fondo a dictarse ordenando la conservación o mantenimiento del estado de cosas existentes o, a veces, su innovación según sea la naturaleza de los hechos sometidos a juzgamiento (cfr. doct. esta Cámara causas G-621-BB1 "Márquez" , sent. del 12-2-2009; C-3861-MP1 "Kranevitter" , sent. del 2-7-2013; C-8722-MP1 "Andino", sent. del 4-4-2019; C-13682-AZ1E "Puppio" , sent. del 16-5-2024; entre otras).
Lo anterior, junto a la normativa que corresponde aplicar al proceso bajo análisis (arts. 22 al 26, CCA), delinean los presupuestos esenciales que habilitan el despacho de medidas cautelares, a saber: (i) el derecho invocado debe ser verosímil en relación con el objeto del proceso (cfr. doct. esta Cámara causas C-1417-AZ1 "Piriz" , sent. del 8-6-2010; C-7139-MP2 "Artiles" , sent. del 23-5-2017; C-13001-DO1 "Acosta" , sent. del 14-12-2023); (ii) debe existir la posibilidad de sufrir, por quien introduce el planteo cautelar, un perjuicio inminente o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (cfr. doct. esta Cámara causas C-2747-DO1 "Villasol" , sent. del 6-12-2011; C-7386-NE1 "Borda" , sent. del 7-9-2017; C-12754-BB1E "Biobahía S.A." , sent. del 7-9-2023 y, (iii) la tutela requerida no debe afectar gravemente el interés público (cfr. doct. S.C.B.A. "Club Estudiantes de La Plata", sent. del 26-10-2005; esta Cámara causas C-1745-BB1 "Massot" , sent. del 16-6-2010; C-6960-MP1 "Echague" , sent. del 23-2-2017; C-11482-NE1E "Sandoval" , sent. del 15-3-2022).
Estos recaudos informan y delimitan el contenido valorativo que debe seguir todo juez para otorgar la tutela precautoria, exigiendo una mayor o menor presencia de los presupuestos legalmente establecidos, empero sin llegar a justificar la total prescindencia de cada cual (cfr. doct. S.C.B.A. causas B. 64.668, "Ferreiro", res. del 1-2-2006; B. 66.615, "Jesus", res. del 15-3-2006 B 64.769 "C. d.", sent. de 8-11-2006; esta Cámara causas C-2808-MP2 "Cámara Argentina de Publicidad en Vía Pública" , sent. de 16-2-2012; C-9014-DO1 "Pelazzini ", sent. del 18-7-2019; C-12004-MP2E "Goncalves" , sent. del 9-8-2022, entre otros).
2.1. Sentado lo anterior, es pertinente abordar -en forma inicial- el recaudo peligro en la demora, elemento de admisibilidad cautelar que debe ser meritado mediante una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el propósito de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar pueden restar eficacia -o virtualidad- al ulterior reconocimiento del derecho pretendido, originado por la sentencia de mérito dictada como acto final y extintivo del proceso (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 329:803; 2111; 3890; 4161; 5160; esta Cámara causas C-13962-AZ1E "Gibe S.A." , sent. del 4-6-2024; C-13996-AZ1E "Carrizo" , sent. del 4-6-2024, entre otras).
Por tal razón, la concurrencia de este recaudo deberá resultar en forma objetiva del examen sobre los distintos efectos que podrían provocar las conductas, actos o acciones que se pretenden evitar con el mandato precautorio, entre ellos, su potencial y grave incidencia económica y social (argto. doct. C.S.J.N. Fallos 331:108, esta Cámara causa C-9563-NE1E "Centro de Exportadores de Cereales y otros" , sent. del 21-1-2020).
2.2. Las circunstancias del sub lite no permiten visualizar ese grave o inminente perjuicio en la demora. En la especie, tal como lo avizoró el magistrado de grado, la reclamante no resultó abruptamente privada de un concepto de su haber previsional que percibía en forma normal y regular, sino que lo que pretende precautoriamente es que se reconozca - ex nunc - el derecho que entiende le asiste a que se incorpore, en su haber jubilatorio, un complemento retributivo respecto del cual también invoca, como circunstancia sobreviniente, el dictado de la resolución SCBA n° 2039/2026.
Es decir, el pedido cautelar en examen no tiene por finalidad restablecer una situación jurídica preexistente, sino que persigue ubicarse en una posición nueva, distinta y más ventajosa de la que viene gozando. Sin abrir juicio sobre el derecho sustancial que eventualmente pueda ser reconocido en la sentencia de fondo, lo cierto es que la circunstancia descripta no permite evidenciar -al presente- un contexto de suma gravedad que justifique la adopción de otro tipo de solución para el presente (cfr. argto. doct. esta Cámara en causas C-13182-NE1E "Vazquez María" , sent. del 3-10-2023; C-14048-DO1E "Fernandez" , sent. del 15-8-2024; C-14408-MP2E "Vazquez Elizabeth", sent. del 3-9-2024; C-14439-DO1E "Fortin" , sent. del 29-10-2024; C-15294-AZ1E "Rojas" , sent. del 25-3-2025; C-15386-DO1E "Barrera" , sent. del 25-3-2025; C-15783-MP2E "Lerena" ; sent. del 15-7-2025; C-15536-MP2E "Salas" , sent. del 15-7-2025; A-16488-DO0E "Ceresetto" , sent. del 18-11-2025; A-16585-MP1E "Antelo" , sent. del 16-12-2025; C-16938-DO1E "Barrionuevo" y C-16907-DO1E "Stea" , ambas del 7-4-2026 entre otras).
Por fuera de las alegaciones generales habitualmente invocadas en procesos de esta índole -como la edad avanzada, el paso del tiempo, alguna dolencia médica o el contexto económico-, la parte actora no ha desarrollado elementos argumentativos -por fuera de su mera alegación- ni probatorios específicos que permitan advertir, en concreto, la configuración de un perjuicio singular de entidad necesaria para justificar la tutela anticipada pretendida. La ausencia de una suficiente acreditación del agravio que la denegatoria cautelar le ocasionaría en su situación particular impide afirmar la concurrencia del requisito en examen, sin que quepa asumir que toda pretensión cautelar de naturaleza previsional deba necesariamente prosperar de modo automático por el solo hecho de enarbolar derechos de tal carácter, bajo una suerte de presunción absoluta que no se deriva razonablemente de los textos legales ni constitucionales aplicables.
El criterio propiciado no importa desconocer la amplitud con que deben ser interpretadas las normas que rigen la materia, en razón del carácter integral e irrenunciable de los derechos consagrados en las leyes de jubilaciones y pensiones, su imprescriptibilidad y las características de las contingencias que la previsión social tiende a cubrir (cfr. arg. doct. S.C.B.A. causas A. 70.727 "Wakun", sent. del 16-8-2017; A. 71.219 "Loray", sent. del 3-5-2018; A. 72.029 "Beperet", sent. del 5-9-2018; A. 71.358 "Tiramonti", sent. del 7-11-2018; A. 75.113 "Alderete", sent. del 27-5-2021; esta Cámara causa C-13094-MP2E "Santillán" , sent. del 28-11-2024; art. 39 inc. 3, Const. Provincial). Sin embargo, el espíritu tuitivo que emana de la citada cláusula constitucional no exime al juzgador de verificar estrictamente los presupuestos establecidos por la normativa procesal para la procedencia de medidas precautorias como la aquí cuestionada. Como se adelantó, la exigencia de acreditar un peligro concreto en la demora reviste especial intensidad cuando se trata de medidas de carácter positivo que modifican situaciones jurídicas existentes y se anticipan, en los hechos, al contenido sustancial de la sentencia definitiva (art. 22 inc. 3, CCA).
En fin, no se advierte que la no inclusión provisoria del concepto cuya incorporación se encuentra controvertida en autos -hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo- pueda configurar un perjuicio irreparable que justifique el adelantamiento cautelar de sus efectos. Máxime cuando la actora, percibe regularmente su haber previsional conforme al régimen vigente, sin que se acredite -en concreto, y más allá de un genérico alegato- que dicha prestación resulte insuficiente para afrontar sus necesidades esenciales o que su situación personal revista particularidades de excepción que ameriten una tutela anticipada.
Por el contrario, el objeto de la medida se dirige a obtener, de forma anticipada, un beneficio económico complementario que no integraba su haber al momento de la presentación de la demanda. De allí que, aun ponderando el nuevo elemento invocado por la recurrente (dictado de la Resolución SCBA N° 2039/26), no se advierte de qué modo la falta de incorporación inmediata de aquel concepto pueda ocasionarle, durante el tiempo que insuma la sustanciación del proceso, un perjuicio actual e inminente susceptible de tornar ineficaz la sentencia definitiva. Y, en esa lógica, tampoco resulta suficiente fundar la urgencia en la mera invocación del carácter alimentario de las jubilaciones, máxime cuando no se encuentra en tela de juicio que la actora percibe normalmente su haber, sujeto a las actualizaciones generales reconocidas por la normativa previsional aplicable.
De modo que, en la especie, aún con la introducción de un extremo novedoso respecto del contexto ponderado al resolverse los precedentes ya citados en materia cautelar, tal circunstancia, por sí sola, no permite tener por configurado el peligro en la demora que exige el otorgamiento de la tutela pretendida.
3. En ese orden, y al no haberse acreditado el peligro en la demora en el derecho de la actora, queda sellada la suerte negativa del pedimento cautelar incoado, desde que, ausente uno de los presupuestos necesarios para su otorgamiento, deviene innecesario analizar la existencia de los restantes requisitos de admisibilidad (cfr. S.C.B.A. causa B. 65.043 "Trade", res. del 4-8-2004; esta Cámara causas C-4540-MP2 "Giusti" , sent. del 18-2-2014; C-8975-MP1E "Perez" , cit.; C-11537-BB1E "Amorosi" , sent. del 8-3-2022; C-15783-MP2E "Lerena" ; cit.; C-15536-MP2E "Salas" ; cit.; A-16488-DO0E "Ceresetto" , cit.).
Tal premisa, entonces, desautoriza aquel último agravio volcado en el memorial en tratamiento relativo a la supuesta falta de consideración de la Acordada SCBA 4191/25 y del mecanismo de aumentos salariales que la recurrente entiende pergeñado por su intermedio (cfr. presentación electrónica del 17-9-2025, apdo. "III.ii"). Es que, lejos de advertirse omisión o desatención alguna por parte del juzgador de grado, se vislumbra que la prescindencia de valoración de tal postulado (el que se encuentra estrechamente ligado al recaudo de la verosimilitud en el derecho invocado) no ha sido más que la derivación lógica -expresamente anunciada en la decisión atacada- de la falta de verificación en el caso del presupuesto del peligro en la demora, circunstancia que tornó inoficiosa -en los términos expuestos por el a quo - toda consideración sobre la configuración de los restantes requisitos de admisibilidad para el otorgamiento de la tutela preventiva solicitada (conf. res. del 9-9-2025, apdos. "IV.4." y "IV.5.").
Aclarado lo anterior, mal no viene recordar que la interinidad del juzgamiento en el terreno cautelar no es equivalente a la liviandad en su tratamiento. No hay, por regla, una relación de absoluta dependencia, influencia o subordinación de un recaudo sobre el otro. Todos deben ser justificados; el interesado en la tutela no se encuentra relevado de probar la bondad de su derecho y el riesgo que emana de las circunstancias, debiendo arrimar los elementos idóneos para producir la convicción en el ánimo del Tribunal acerca de la apariencia y probabilidad de cada uno de ellos (cfr. esta Cámara causa C-12500-DO1E "Girgenti" , sent. del 28-3-2023). Hay verosimilitud o no la hay. Y hay temor de daño o este último no existe (doct. S.C.B.A. causa I. 67.706 "Domínguez Arregui", res. del 10-9-2014).
Entonces, sin desconocer que en el marco del juicio cautelar es dable efectuar un prudente balance en punto a la concurrencia de los presupuestos legales -de forma tal de ponderar la configuración de cada uno aminorando, en su caso, el rigor en la nitidez de la presencia de cualquiera de ellos cuando la del otro luzca incontrovertible- (doct. S.C.B.A. causa I. 1.949 "Guerrero", res. del 6-9-2006), en el ejercicio de tal labor el intérprete judicial ha de encontrar límites precisos, puesto que mal podría trazar una diagonal en la que soslaye, por completo, la justificación independiente de cada uno de los extremos (art. 22 y ccds., CCA; cfr. doct. esta Cámara causas C-5892-BB1 "IACA Laboratorios S.A.", sent. del 20-10-2015; C-9014-DO1 "Pelazzini" , sent. del 18-7-2019). Tal lo que acontece en el caso, en tanto la falta de configuración del mentado recaudo de peligro en la demora -conforme lo antes expuesto-, obsta un examen menos riguroso de los restantes.
Por tanto, la pretensión cautelar formulada por la accionante no puede prosperar, y ello exime del análisis de los restantes tópicos planteados (conf. arts. 22, 23, 56 inc. 3 y ccds., CCA; esta Cámara causa C-10441-MP1E "GI SA", sent. del 27-4-2021).
III. Si lo expuesto es compartido, se propone al Acuerdo rechazar el recurso de apelación articulado por la parte actora y confirmar la decisión en crisis. Las costas de alzada deberían imponerse en el orden causado al no haber mediado contradicción (art. 51 inc. 1 -segunda parte-, CCA).
A la cuestión planteada, doy mi voto por la negativa.
El señor Juez doctor Mora, por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Ucín, vota la cuestión planteada también por la negativa.
El señor Juez doctor Riccitelli no vota la presente por hallarse en uso de licencia (conf. arts. 47 y 48, ley 5.827).
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Rechazar el recurso de apelación articulado por la parte actora y confirmar la decisión en crisis, con costas de Alzada en el orden causado (art. 51 inc. 1 -segunda parte-, CCA).
2. Diferir la regulación de honorarios por trabajos de alzada para su oportunidad.
Regístrese y notifíquese por Secretaría electrónicamente (conf. art. 10, Anexo Único del Acuerdo SCBA N° 4013/21 -t.o. Ac. 4039/21-). Hecho, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1019-2026
Fin de la sentencia