Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 64.041
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada de fs.317/328, en cuanto hizo lugar a la demanda por escrituración interpuesta por Nancy Adela y Alicia Beatriz Mas de Aranza contra Bernardo Juan Puyau, y rechazó la excepción de incumplimiento contractual opuesta por el demandado reconviniente, desestimándose de esta manera el primer agravio formulado por éste último;
2En consecuencia, se confirma la condena al demandado Bernardo Juan Puyau, para que previo pago del saldo de precio reajustado establecido en la presente sentencia, proceda a escriturar a favor de las actoras el inmueble objeto de esta litis, dentro del plazo y bajo el apercibimiento establecidos en la sentencia apelada;
3Hacer lugar al segundo agravio formulado por el demandado reconviniente y modificar la sentencia apelada de fs.317/328, fijándose en la suma de $ 737.034,15 el saldo de precio reajustado que deberán abonar las actoras reconvenidas al demandado reconviniente, en el momento en que se otorgue la escritura traslativa de dominio; elevándose de esta manera el monto de $ 92.592,50 fijado en dicho pronunciamiento de la anterior instancia.
Habiendo quedado firme por falta de agravio lo decidido en la sentencia apelada, en el sentido de que el monto de condena lo es “sin fijarse intereses compensatorios, lo que no va en desmedro de los correspondientes moratorios en caso de incumplimiento de la presente” (fs.327); 4) Imponer en el orden causado las costas de primera instancia por la acción de escrituración …
Causa nº: 2-64041-2018 "MAS DE ARANZA NANCY Y OTRA C/PUYOU JUAN S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - AZUL
Sentencia Registro nº: 138 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los once días del mes de Octubre del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Extraordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados “Mas de Aranza Nancy y ot. c/ Puyou Juan s/ Cumplimiento de Contrato” (Causa N° 64.041), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes- Dra. Longobardi - Dr.Galdós-. Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1era. ¿Es justa la sentencia apelada de fs.317/328?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Doctor Peralta Reyes, dijo:
I. El presente proceso -que ha tenido una extensa e inusual duración- fue promovido con fecha 4 de diciembre de 1991, mediante la demanda de cumplimiento de contrato y escrituración incoada por Nancy Adela Mas de Aranza y Alicia Beatriz Mas de Aranza contra Juan Puyau, con relación al inmueble ubicado en Avda. 25 de Mayo esquina Falucho de Azul, Nomenclatura catastral: circunscripción I, sección H, quinta 136, manzana 136 c, parcela 1, partida 12.538. Dicha demanda tuvo basamento en el boleto de compraventa que las partes suscribieron con fecha 1 de mayo de 1988 (agregado a fs.11/11vta.), por medio del cual el demandado vendió el referido inmueble a las actoras en el precio total y convenido de australes veintisiete mil, habiéndose pagado en ese acto – mediante cheques- la suma de australes siete mil seiscientos noventa y cinco con cincuenta, que representaba un porcentaje del 28,5% del total del precio. El saldo restante sería abonado por las compradoras a los treinta días de la fecha del boleto, en oportunidad de suscribirse la escritura traslativa de dominio ante la Escribana Antonia Ferrarello, siendo soportados los gastos de escrituración por las partes de acuerdo a las leyes vigentes. Se hizo constar en la cláusula cuarta que el vendedor entregaría el inmueble “totalmente desocupado y libre de todo gravamen, embargo o inhibición y con sus impuestos y demás cargos que lo afecten completamente pagos por el vendedor hasta la fecha”. Por último, se consignó que en la operación intervino Inmobiliaria Sarno (ver el citado instrumento que luce agregado a fs.11/11vta.).
Ahora bien, en su escrito de demanda sostuvieron las actoras que el vendedor incumplió las obligaciones asumidas en la transcripta cláusula cuarta del boleto de compraventa, lo que obstruyó el otorgamiento del acto escriturario. En este sentido adujeron las actoras que tuvieron que abonar cargas pendientes que obstaban la escrituración, habiendo pagado la suma de australes cinco mil ochocientos noventa y seis correspondientes al juicio “Basel S.A. c/Puyau Juan”, en el cual se había decretado embargo sobre la propiedad, y abonado la suma de australes dos mil novecientos setenta y ocho con veintiocho, correspondientes al juicio “Municipalidad de Azul c/Puyau Juan s/apremio”. Dijeron las actoras que la prueba de la negativa a escriturar por parte del accionado la constituye la escritura efectuada por la escribana designada (con fecha 7-12-89), suscripta por ellas y con nota de la notaria haciéndose constar la negativa a firmar del demandado (ver copia de fs.6/9 y escrito de demanda de fs.12/13). Esta demanda fue posteriormente ampliada por las actoras, quienes acompañaron constancias y solicitaron medidas probatorias tendientes a acreditar los pagos que alegaron haber realizado, correspondientes a deudas del demandado (ver presentación de fs.22/23). Y señalaron en la última parte de este escrito ampliatorio que “la parte actora se allana y pretende el pago del saldo de precio o las sumas que restaran para saldar el precio. Todas las sumas deberán determinarse judicialmente considerando las sumas que la parte actora ha abonado por deudas de la propiedad que correspondían abonar al demandado. Es decir que se pretende la compensación de sumas hasta la concurrencia de la menor. Asimismo deberán ajustarse ambas sumas utilizando iguales criterios de actualización a fin de mantener la equidad de las prestaciones” (fs.23, lo destacado me pertenece).
II. Dicha demanda fue contestada –con fecha 3 de agosto de 1992- por el accionado Bernardo Juan Puyau, quien negó que las actoras hayan abonado deudas correspondientes al inmueble objeto de autos (fs.50vta.), y adujo que fue él quien realizó el pago tendiente a levantar el embargo trabado en los autos “Basel Cía. Financiera S.A. c/Puyau Bernardo y otro s/cobro ejecutivo” (fs.52vta.). Opuso excepción de incumplimiento contractual al sostener que la actora “continúa debiendo su prestación en una proporción abultadamente mayor a la parte ya cumplida” (fs.63).
En la última parte de su escrito de responde aludió el accionado a la frustración del contrato y expresó que “es de tener en cuenta por V.S. el tiempo transcurrido entre la firma del boleto de compraventa y la época en que se interpone esta demanda, a efectos de comparar el valor de las prestaciones a cargo de una y de otra parte. Este pedido se funda en la ilegitimidad que resultaría de aprobar un enriquecimiento injusto por alguna de las partes, o que una de ellas deba realizar un sacrificio excesivo respecto de la utilidad que recibiría de darse cumplimiento estricto a lo estipulado al momento de la celebración. De esta manera se llegaría a un resultado que ninguna de las partes esperaba cuando contrató, y se produciría así la frustración del contrato para una de ellas. Así, la doctrina y jurisprudencia están de acuerdo que en estos casos procede sin más la modificación de aquellos valores para lograr de esa manera el restablecimiento de la equidad de las prestaciones, logrando superar de esta manera una situación a todas luces injusta” (fs.54vta./55; lo destacado me pertenece). Seguidamente citó un antiguo precedente de la Suprema Corte Provincial, donde se señaló que la alteración de la base del negocio, cuando provoca un grave desequilibrio de la equivalencia entre las prestaciones recíprocas, autoriza la revisión judicial del contrato (S.C.B.A., 3-3-70, in re “Pérez N. y otro c/ Municipalidad de Ayacucho”, Ac. y Sent. 1970, V. I, p.42). El demandado dedujo reconvención por cumplimiento de contrato al manifestar que existe incumplimiento culpable por parte de las accionantes (fs.55), y en la parte probatoria solicitó pericia de tasación por Ingeniero Civil, a los efectos de ajustar el precio (fs.56).
Sólo resta acotar aquí que al contestar la reconvención, con fecha 7 de diciembre de 1992, las actoras se limitaron a ratificar la demanda deducida y a señalar –en forma genérica- que ellas cumplieron sus obligaciones, siendo la contraria la incumplidora. Seguidamente, se allanaron a cumplir con el saldo de precio cuando el accionado cumpla con el acto escritural (fs.65/65vta.). Se desprende de este escrito que las actoras no refutaron los argumentos del demandado referidos a la frustración del contrato, al enriquecimiento injusto de una de las partes, al sacrificio excesivo de la otra parte y a la necesidad de revisión judicial para restablecer la equidad de las prestaciones; siendo este dato de relevancia a los fines de la solución del caso, como lo pondré de resalto en el último tramo del presente voto.
III. Luego de un dilatadísimo trámite procesal se arribó al dictado de la sentencia de la anterior instancia, que ha llegado apelada a esta alzada (fs.317/328), donde se hizo lugar a la demanda de escrituración incoada por las actoras y se rechazó la excepción de incumplimiento opuesta por el demandado, condenándose a éste último a escriturar el inmueble a favor de Nancy Adela y Alicia Beatriz Mas de Aranza, dentro del plazo de treinta días de adquirir firmeza la resolución, bajo apercibimiento de hacerlo el juez. Asimismo, se hizo lugar a la reconvención deducida por Juan Puyau (rectius: Bernardo Juan Puyau), condenándose a las actoras a abonar al momento en que se otorgue la escritura la suma del saldo de precio contractual que se estableció en la suma de $ 92.592,50. Las costas por la acción de escrituración se impusieron al demandado, mientras que las costas por la reconvención se adjudicaron a las actoras reconvenidas (ver fs.327vta./328).
Las diversas motivaciones de la sentencia apelada se irán analizando en el decurso del presente voto, en atención a las características que presenta el proceso, razón por la cual no resulta necesario resumirlas en este preliminar apartado del pronunciamiento.
IV. El aludido pronunciamiento fue apelado – únicamente- por el demandado Bernardo Juan Puyau, quien expresó sus agravios mediante el escrito que obra agregado a fs.395/399.
Sobre la base de lo expresado en la sentencia, sostuvo el apelante que los hechos de la causa han quedado plasmados del siguiente modo: a) se abonó solamente el 28,5% del total del precio del boleto de compraventa; b) la posesión del inmueble fue entregada a las actoras en el momento de la firma del boleto; c) el demandado pagó la totalidad de las deudas que tenía el inmueble al momento de la escrituración (fs.396). Como corolario de ello consideró errónea la aserción del juzgador de que ambas partes incumplieron, afirmando que de su parte hubo un cumplimiento que hasta resulta excesivo, quedando demostrada su buena fe por el hecho de que tan solo percibió el 28,5% del precio de la compraventa, y ha esperado treinta años para poder hacerse del saldo del 71,5% (fs.396/396vta.). En este mismo orden de ideas se muestra el primer agravio del apelante, quien se queja porque no se receptó la excepción de incumplimiento contractual, destacando que fue él quien pagó la totalidad de las deudas y gravámenes que pesaban sobre el inmueble, mientras que las actoras “pretendían descontarse algo que no habían pagado, no siendo por ello cierto que ofrecieran pagar el saldo” (fs.396vta./397).
El segundo agravio del apelante versa sobre el monto en que se fijó el saldo de precio contractual ($ 92.592,50), el cual consideró reducido y violatorio del derecho de propiedad, al estar calculado sobre la base de una pericia de tasación practicada en el año 2009. Realizó cálculos tomando los valores del dólar estadounidense a la fecha de esa pericia y al momento actual, a los fines de mostrar un resultado que calificó de perjudicial y atentatorio de su derecho de propiedad. También recurrió a la valuación fiscal del inmueble en apoyo de su pretensión recursiva (fs.397/398). Se agravió por la imposición de costas de la acción de escrituración y refirió sobre las costas de los peritos, cuestionando la base de cálculo que se tomó para la regulación de honorarios (fs.398/398vta.). En el último tramo de su expresión de agravios solicitó el demandado la realización de pericia de tasación en esta alzada, a los fines de determinar el valor actual de la propiedad y calcular el crédito que a él le corresponde (fs.398vta., punto 3). Y más adelante denunció como hecho nuevo que el inmueble objeto de autos se encuentra en estado de obra y con modificaciones ya realizadas (fs.411/411vta.). Luego de haber contestado el pertinente traslado la parte actora (fs.412/415), este tribunal resolvió no admitir el hecho nuevo denunciado y rechazar la prueba ofrecida en el escrito de expresión de agravios (fs.416/418).
Posteriormente, se llamaron autos para sentencia (fs.423) y se practicó el sorteo de rigor (fs.424), habiendo quedado las actuaciones en condiciones de ser estudiadas a los fines del dictado de la presente sentencia.
V. Cabe puntualizar, en primer término, que no es de recibo el planteo articulado por la parte apelada, cuando afirma que la expresión de agravios es insuficiente al no contener una crítica concreta del fallo recurrido (fs.413/413vta.). Por el contrario, el escrito recursivo satisface la carga técnica de fundamentación exigida por el art.260 del código de rito, por lo que debe desestimarse esta alegación contenida en la pieza procesal de fs.412/415 (citado art.260 del Cód. Proc.).
VI. También es conveniente poner de resalto, de manera previa, que si bien la contienda de autos se encuentra regida por el Código Civil, dado que los hechos sucedieron durante la vigencia de este cuerpo normativo (conforme se puntualizó en la sentencia apelada), el actualmente vigente Código Civil y Comercial resulta una valiosa pauta hermenéutica que esta alzada ha ponderado en diversos precedentes (art.7 del C.C. y C.; esta Sala, causa n°63975, “Barbarroja…”, del 11-6-2019, entre muchas otras).
VII. Conforme emana de la reseña efectuada supra, el argumento basal de la postura esgrimida por las actoras radica en el incumplimiento que le atribuyen al demandado, con respecto a las obligaciones por éste asumidas en la cláusula cuarta del boleto de compraventa, según la cual el vendedor entregaría el inmueble “totalmente desocupado y libre de todo gravamen, embargo o inhibición y con sus impuestos y demás cargos que lo afectan completamente pagos por el vendedor hasta la fecha”. Obsérvese que esta cláusula fue expresamente transcripta en el escrito de demanda (fs.12vta.), por lo que a partir de ella se construyó el planteo procesal de las accionantes. En ese sentido adujeron las actoras que “entre otras causas, obstruyó el acto escritural, el incumplimiento por parte del demandado de las obligaciones asumidas en la cláusula 4° del boleto”; agregando que fue necesaria la actividad de ellas para llegar a la escrituración, pues debieron “abonar cargas pendientes que obstaban al perfeccionamiento dominial” (fs.12vta.).
Y afirmaron las demandantes haber pagado las sumas dinerarias reclamadas en los autos “Basel S.A. c/Puyau Juan”, en el cual se había decretado embargo sobre la propiedad, así como también haber abonado la suma correspondiente al juicio “Municipalidad de Azul c/Puyau Juan s/apremio” (fs.12vta.). Siempre en esta tesitura, en su escrito de ampliación de demanda acompañaron constancias y solicitaron medidas probatorias tendientes a acreditar los pagos que alegaron haber realizado, correspondientes a deudas del demandado (ver fs.22/23). Así las actoras adjuntaron comprobante de pago -en fotocopia- de la Intendencia Municipal de Azul, señalando que con el mismo se acredita que ellas abonaron deudas del inmueble de autos que eran a cargo del demandado.
También acompañaron liquidación expedida por la Inmobiliaria Sarno de señas entregadas y con las cuales se habrían abonado deudas que gravaban la propiedad; y adjuntaron comprobante de pago al Dr. Zenón Arias –en copia- para imputar a los mencionados autos “Basel Cía. Financiera c/Puyau Bernardo s/cobro ejecutivo”, en los cuales se había anotado embargo sobre el inmueble (fs.22). Agregaron detalle de la deuda de pavimento que gravaba el inmueble, aún no abonada por el vendedor, y ofrecieron prueba informativa, de reconocimiento y testimonial, tendiente a acreditar la autenticidad de la documentación allegada (fs.22vta./23). Y en esta misma pieza dijeron las actoras que se allanaban al pago del saldo de precio o de las sumas que restaran para saldar el precio, pero considerando las sumas que afirmaron haber abonado por deudas de la propiedad que correspondían abonar al demandado, por lo cual pretendieron “la compensación de sumas hasta la concurrencia de la menor”.
Y sin desconocer el envilecimiento del signo monetario que se produjo durante el período de altísima inflación por el que había atravesado la economía nacional, puntualizaron las demandantes que “deberán ajustarse ambas sumas utilizando iguales criterios de actualización a fin de mantener la equidad de las prestaciones” (fs.23). El modo en que quedó trabada la litis fue correctamente descripto por el juzgador, quien sostuvo que la discrepancia entre las partes se presenta en que las actoras “consideran que el Sr.Puyau incumplió su obligación de suscribir la escritura y de entregar el inmueble libre de gravámenes, mientras que éste último sostiene que las actoras no abonaron el remanente del precio, deviniendo de ello el incumplimiento de la prestación a su cargo.
Ahora bien, de la lectura de la demanda se advierte que las actoras admitieron que existe un saldo del precio impago (ver fs.23), pero como alegan haber abonado deudas de la propiedad –que entienden se encontraban a cargo del Sr. Puyau-, aquél debería determinarse deduciéndosele el monto correspondiente a ellas” (ver sentencia apelada a fs.318vta./319).
Y terminando de delinear lo que emerge de los escritos constitutivos del proceso, resta puntualizar que el demandado negó que las actoras hayan abonado deudas correspondientes al inmueble objeto de autos (fs.50vta.), aduciendo que fue él quien realizó el pago tendiente a levantar el embargo trabado en los autos “Basel Cía. Financiera S.A. c/Puyau Bernardo y otro s/cobro ejecutivo” (fs.52vta.; ver apartado II del presente voto).
VIII. Pues bien, el argumento medular del planteo esgrimido en la demanda y en su escrito ampliatorio (analizado en el anterior apartado VII), se ha desmoronado –con estrépito- luego de las categóricas aserciones vertidas en la sentencia apelada, las que han llegado firmes a esta instancia por cuanto las actoras no interpusieron recurso de apelación contra dicho pronunciamiento (art.260 del Código Procesal).
En efecto, luego de concluir el sentenciante en que no se encuentra controvertida la obligación pendiente del demandado de escriturar el inmueble, y que, por ende, corresponde hacer lugar a la demanda y condenar a Bernardo Juan Puyau a otorgar la escritura traslativa de dominio, puso bien de resalto en qué consiste la cuestión esencial del litigio. Así destacó que tanto las actoras reconvenidas como el demandado reconviniente pretenden la misma cosa, es decir, el cumplimiento del contrato que los vincula, y la única divergencia gravita en la cuantificación del saldo de precio que aún no se le ha abonado al vendedor demandado (ver fs.321vta., anteúltimo párrafo, refiriéndose en la parte final al “actor” cuando en rigor debe leerse “demandado”). Y seguidamente señaló el magistrado que “la controversia se suscita porque las actoras consideran que se debe deducir del saldo de precio las erogaciones que denuncian haber sido efectuadas por ellas, mientras que el demandado sostiene que fue él quien se hizo cargo de las deudas que aquéllas dicen haber afrontado y que motivaron las cautelares que gravaban el inmueble” (fs.321vta./322).
En este sendero puso en claro el juzgador que al día 7 de diciembre de 1989, el inmueble objeto de autos se encontraba libre de gravámenes, conforme emana de la copia de escritura pública que no fue otorgada por no haberla querido firmar el vendedor demandado (ver instrumento de fs.6/9). Y ya en la faena de esclarecer esta crucial temática, destacó la escasez de los elementos probatorios aportados por las actoras respecto de quien realizó los pagos para que se procediera al levantamiento de los embargos que pesaban sobre el inmueble. Tras ello ponderó la declaración testimonial de la Escribana Nicolina Antonia Ferrarello (fs.276/277), cuando se le preguntó si fueron las actoras quienes abonaron los gravámenes, a lo cual respondió “que no le consta, porque las compradoras no han depositado ningún dinero en la escribanía” (repregunta segunda de fs.277). Agregando la notaria, en respuesta a la pregunta octava (fs.276vta.), que para el día 30/11/88 se habían levantado los embargos (ver sentencia apelada a fs.322, segundo y tercer párrafo).
Siguió puntualizando el sentenciante que, igualmente, a fs.272 obra un recibo emitido por el Dr. Zenón Arias (representante de Basel Cía. Financiera S.A.), en concepto de pago de capital, gastos y honorarios correspondientes a los autos “Basel c/Puyau” (sic), en cuyo cuerpo dice textualmente “recibí de Bernardo Puyau”. Y agregó el juzgador que del mismo tenor obra un recibo emitido por la Asesoría Legal de la Municipalidad de Azul (fs.273), en donde consta que el contribuyente “Bernardo Puyau” abonó en concepto de pago total el crédito reclamado en autos “Municipalidad de Azul c/Puyau Bernardo s/Apremio”, no constando intervención alguna de las actoras (ver sentencia a fs.322, párrafos cuarto y quinto).
A modo de conclusión expuso el juez que los documentos expuestos no fueron desconocidos, como así tampoco negados puntualmente por las actoras, por lo que les es aplicable el apercibimiento del art.354 inciso 1 del Código Procesal, en lo que hace al reconocimiento por falta de contradicción. Y coronando su desarrollo argumental expresó el juzgador que “la actitud procesal asumida lleva a tener por demostrado que los gastos abonados con el fin de levantar los gravámenes que pesaban sobre el inmueble objeto de autos fueron satisfechos por el Sr. Bernardo Puyau” (ver sentencia a fs.322., in fine/fs.322vta.). O sea que ante la firmeza adquirida por la sentencia apelada en este aspecto del litigio (art.260 del Cód. Proc.), ha quedado definido que los pagos relativos a los gravámenes que pesaban sobre el inmueble fueron realizados por el vendedor demandado Bernardo Juan Puyau, quedando desprovista de todo asidero la estructura argumental sobre la cual se asentó la demanda incoada por las actoras. De esta manera se ha consolidado la postura del demandado cuando negó “que la actora haya abonado deuda alguna respecto del inmueble de mi propiedad y objeto de estos autos” (fs.50vta.). Quiere ello decir que las actoras sólo pagaron el porcentaje del 28,5% del total del precio que se consignó en el boleto de compraventa suscripto entre las partes (fs.11/11vta.), siendo improcedente la compensación requerida en la demanda al solicitarse que se consideraran “las sumas que la parte actora ha abonado por deudas de la propiedad que correspondían abonar al demandado” (ver la reseña efectuada en el apartado I de este voto). Esta es la conclusión indubitable que se desprende de las constancias de autos (arts.260, 375, 384, 456 y ccs. del Cód. Proc.).
IX. Ahora bien, despejada la cuestión examinada en el apartado anterior, corresponde adentrarse en la otra temática del litigio que, en rigor, es la única a la que habrá de abocarse esta alzada, de acuerdo con los límites del recurso de apelación interpuesto –únicamente- por el demandado.
Al acoger la reconvención por cumplimiento de contrato deducida por el demandado, se ocupó el magistrado del planteo esgrimido por el accionado (intitulado “Frustración del contrato”), a través del cual solicitó la actualización de los valores de las prestaciones en juego, para así llegar a una solución que permita a las partes lograr el resultado o beneficio que habían esperado obtener en el momento de la celebración del contrato (ver sentencia apelada a fs.322vta.). Este planteo procesal del accionado lo desarrollé en el apartado II del presente voto, donde destaqué que –al contestar el traslado de la reconvención- “las actoras no refutaron los argumentos del demandado referidos a la frustración del contrato, al enriquecimiento injusto de una de las partes, al sacrificio excesivo de la otra parte y a la necesidad de revisión judicial para restablecer la equidad de las prestaciones” (arts.330, 354, 355, 356 y ccs. del Código Procesal). Esta falta de oportuna refutación del planteo de revisión contractual formulado por el demandado, está poniendo en evidencia –una vez más- la fragilidad de las posturas procesales esgrimidas por las actoras a lo largo de este dilatadísimo proceso. Más aún, en el escrito de contestación de los agravios presentado en esta alzada, las actoras consintieron expresamente la revisión del contrato y el consecuente reajuste del saldo de precio que se formalizó en la sentencia apelada, al expresar que “el juzgador tiene límites a la hora de introducirse en los contratos”, y considerar que “el fallo de primera instancia lo hizo de una forma acorde al principio de justicia y equidad” (fs.413vta.). Quiere ello decir que al haber consentido las actoras el reajuste del saldo de precio de la compraventa, solamente están pretendiendo que el mismo se limite a la cuantía establecida en el fallo apelado, cuestionando la pretensión revisionista del demandado que persigue su elevación.
Y aclarada la circunstancia antedicha cabe precisar que, a los fines de receptar la revisión contractual, señaló el magistrado que “entre el momento de la suscripción del contrato y la del presente resolutorio han transcurrido casi 30 años, durante los cuales se han producido distintos avatares en la economía nacional que impactaron directamente en las relaciones económicas de los particulares”
(fs.322vta.). Habiendo añadido –con cita de Pizarro- que el contexto de inflación que vivió nuestro país en el período señalado produjo un efecto pernicioso, cual ha sido la redistribución de la riqueza de los acreedores a favor de los deudores, pues la inflación afecta en forma grave (o lisa y llanamente destruye) las principales funciones del dinero: ser unidad de cuenta, instrumento de cambio e instrumento de pago; no sirve como medida de valor de bienes pues, por su propia inestabilidad, se convierte en un metro cada vez más corto al que los particulares miran con desconfianza a la hora de contratar (fs.322vta.).
Esta aseveración del fallo recurrido resulta indiscutible, puesto que a la inusual extensión que ha experimentado el presente proceso, se le debe agregar la circunstancia de que las actoras tomaron posesión del inmueble al momento de celebrarse el contrato, tal como se puntualizó en la sentencia apelada con arreglo a lo que emanó de la prueba de absolución de posiciones (fs.319, segundo párrafo). Y a ello se suma que las compradoras accionantes sólo abonaron un 28,5% del precio de la compraventa (como lo señalé en el apartado anterior), por lo que el vendedor ha tenido que aguardar el extensísimo lapso de duración de este juicio sin haber podido satisfacer su legítimo derecho a percibir el importante saldo de precio que se le adeuda (arts.1071, 1198 y ccs. del Cód. Civil).
Pero, además, no puede dejar de destacarse que en la época en que se formalizó el boleto de compraventa (cuyo precio se estipuló en australes), se produjo en el país un fenómeno inflacionario de gran magnitud, que desembocó en la sanción de la ley de convertibilidad del austral n° 23.928, publicada en el Boletín Oficial del día 28 de marzo de 1991, en la cual se estableció un rígido parámetro de cambio entre el austral y el dólar estadounidense, tal como se precisa en la sentencia apelada (fs.323). Esta difícil coyuntura económica ha llevado a la doctrina a calificar al proceso hiperinflacionario de los meses de mayo, junio y julio de 1989 como hecho imprevisible y extraordinario, habiéndose expresado que “claramente se visualizó en toda esa época un acontecimiento fuera del alcance de toda previsión y que contenía aquellos caracteres de extraordinariedad útiles para invocar la teoría de la imprevisión”, y, más aún, en el supuesto de que no se aplicara la teoría de la imprevisión, “cualquier órgano jurisdiccional habría estado obligado a obtener el mismo efecto por aplicación de la teoría del abuso del derecho contenida en el art.1071 del Código Civil” (conf. Larroza, Imprevisión contractual, en Contratos Teoría General, Stigliz director, tomo II, Bs. As. 1993, págs.382 a 386). O sea que ya fuera por conducto de la teoría de la imprevisión o por aplicación del abuso del derecho (arts.1071 y 1198 del Código Civil), la revisión del contrato se impone ante las inusuales características del proceso de hiperinflación por el que atravesó el país, el cual afectó plenamente al contrato de compraventa objeto del presente litigio. Obsérvese que el boleto de compraventa se celebró el día 1-5-88, la fallida escritura que obra a fs.6/9 tiene fecha 7-12-89, y la demanda de autos fue entablada el día 4- 12-91 (arts.163 inc.5, 375, 384 y ccs. del Cód. Proc.).
X. Incursionando en los cálculos concretos que realizó el sentenciante para establecer la adecuación del contrato, es de señalar que tomó como punto de partida el porcentaje del monto original del contrato adeudado por las actoras, es decir el 71,5%, teniendo en cuenta que éstas solamente pagaron el 28,5% del total del precio (como se dijo en el apartado VI). Y como el precio del contrato fue de australes 27.000 (boleto de fs.11), determinó el saldo de precio original en la suma de australes 19.304,50 (ver pauta de inicio sentada a fs.323vta.). Cabe acotar aquí que este saldo de precio de la compraventa debía ser pagado a los 30 días de la fecha del boleto, en oportunidad de suscribirse la escritura que estaba prevista para el día 1-7-88, conforme fue pactado expresamente por las partes (cláusula segunda B) del boleto de fs.11). Puede apreciarse, de esta manera, el increíble alongamiento que ha tenido el conflicto en examen. Retomando los cálculos de la sentencia, seguidamente se procedió a actualizar ese monto original sobre la base del índice de precios al consumidor (nivel general), hasta el día 31-3-91 (en que comenzó a regir la ley de convertibilidad del austral), con más un interés puro del 6% anual, lo que arrojó un monto de australes 456.647,29, que convertidos a pesos dieron $ 45,67. Adicionando intereses a partir del día 1-4-91, sobre la base de las tasas pasiva y pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires, se arribó a un resultado verdaderamente irrisorio, lo que pone de manifiesto el enorme desequilibrio producido en las prestaciones contractuales como consecuencia del agudo y sostenido proceso inflacionario que caracterizó a la economía nacional. Y así concluyó el juez en que, utilizando las señaladas pautas de actualización, el saldo de precio a abonar al vendedor asciende a $ 190,47. Queda así claramente de manifiesto lo irrisorio de este último monto que, por tal razón, fue descartado por el sentenciante de grado (ver cálculos de fs.323vta./324).
En efecto, procurando ubicar un parámetro razonable para la revisión del contrato, recaló el juez en la pericia de tasación practicada en el proceso por el perito Julio César López, que fue presentada a los autos con fecha 20 de abril de 2009 (ver fs.127/127vta.). Y así se inclinó por el parámetro derivado de esta pericia de tasación, al puntualizar que “resulta evidente que entre el saldo de precio impago actualizado, y el valor de tasación del inmueble al año 2009 (fs.127vta.), hay una diferencia sustancial que altera significativamente el sinalagma contractual, al no haberse previsto contractualmente mecanismos de actualización del precio” (fs.324). Aseveró el magistrado que el caso de autos plantea un dilema que debe resolverse a la luz del principio de la buena fe contractual consagrada en el art.1198 del Código Civil, a los fines de evitar la producción de una situación contraria al espíritu del art.1071 del mismo código (aludiendo al abuso del derecho), restableciendo el equilibrio contractual fracturado. Y con mención de doctrina precisó que cuando la relación de equivalencia entre las prestaciones se destruye, ya propiamente no cabe hablar de contraprestación; se trata de los supuestos conocidos entre nosotros como doctrina de la imprevisión (fs.325/325vta., con cita de Juan Manuel Aparicio, La frustración del fin del contrato, R.D. P. y C., 2014-1, pág.169). Siempre en este orden de ideas señaló en párrafos anteriores, que los contratos pueden ser revisados en base al principio general de la buena fe, en la medida que el cumplimiento a rajatabla de las cláusulas contractuales –que no contemple las variaciones que en la realidad pueden producirse entre las fechas de celebración del contrato y de su cumplimiento- conduzca a una solución disvaliosa que altere la necesaria equidad que debe gobernar el contrato (fs.325, con cita de Alejandro Borda, “La revisión del contrato. A cuarenta años de la ley 17.711”, L.L. 2008-C- 988).
En este punto es preciso destacar que la pericia de tasación sobre la que se asentó la conclusión medular de la sentencia, no fue motivo de impugnación alguna, por lo que se erige en un elemento de valía en la dificultosa tarea de restablecer el equilibrio de un contrato que ha quedado desquiciado a través del tiempo (arts.384, 473 y 474 del Cód. Proc.). Más aún, como ya lo puse de relieve en el tercer párrafo del apartado IX, en su escrito de contestación de agravios presentado en esta alzada, las actoras consintieron expresamente la revisión del contrato y el consecuente reajuste del saldo de precio que se formalizó en la sentencia apelada, al expresar que “el juzgador tiene límites a la hora de introducirse en los contratos”, y considerar que “el fallo de primera instancia lo hizo de una forma acorde al principio de justicia y equidad” (fs.413vta.). O sea que como ya lo destaqué supra, al haber consentido las actoras el reajuste del saldo de precio de la compraventa, solamente están pretendiendo que el mismo se limite a la cuantía establecida en el fallo apelado, cuestionando la pretensión revisionista del demandado que persigue su elevación.
Pues bien, sobre la base de esta pericia de tasación presentada al expediente con fecha 20 de abril de 2009 (y no impugnada por las partes), que fijó el valor estimado del inmueble a ese momento en la suma de $ 129.500 (ver fs.127vta.), determinó el magistrado el monto del saldo de precio que las actoras reconvenidas (compradoras) deben pagarle al demandado reconviniente (vendedor). Y luego de indicar que el trámite del juicio se ha demorado treinta años, expresó que “debe tomarse una pauta de valoración objetiva dada por la tasación de la propiedad efectuada el 20/04/2009 que era de $ 129.500, a la que se le aplicará el porcentaje del saldo impago, o sea 71,5% del precio, que arroja un monto de $ 92.592,50” (fs.326vta., último párrafo). A continuación manifestó el primer juzgador: “La razón del temperamento seguido en el presente tiene por fin evitar hacer recaer las consecuencias económicas de la elongación del proceso exclusivamente sobre una de ellas (compradora o vendedora), por lo que corresponde que las reconvenidas abonen al reconviniente el monto antes citado $ 92.592,50, sin fijarse intereses compensatorios, lo que no va en desmedro de los correspondientes moratorios en caso de incumplimiento de la presente” (fs.327, primer párrafo).
XI. Luego de las extensas -pero necesariasmotivaciones hasta aquí expuestas, me encuentro en condiciones de abordar los agravios esgrimidos en esta instancia por el vendedor demandado.
1. El primer agravio del apelante se centra en el rechazo por el juzgador de la excepción de incumplimiento contractual, lo que fue decidido como consecuencia del acogimiento de la demanda de escrituración, al considerarse que no está controvertida la obligación pendiente del demandado de escriturar el inmueble, y al señalarse que las actoras en todo momento ofrecieron pagar el saldo que restaba abonar, debiendo cumplirse ambas prestaciones en un mismo momento (fs.321vta., primeros dos párrafos, y fs.327vta., punto 1) de la parte resolutiva). Este primer agravio se encuentra centrado en que no puede considerarse en igualdad de cumplimiento a ambos contratantes, porque las actoras pretendieron descontarse sumas de dinero que no habían pagado, no siendo por ello cierto que ofrecieran pagar el saldo (fs.396vta./397). Pero la circunstancia de que las actoras no hayan probado los pagos que dijeron haber realizado para levantar las deudas y gravámenes que pesaban sobre el inmueble, no resulta relevante frente a lo sostenido por el juzgador en el sentido de que no está controvertida la obligación pendiente del demandado de otorgar la escritura traslativa de dominio; más aún, ambas partes están plenamente contestes en que debe cumplimentarse la escrituración, pues la única divergencia se centra en la cuantificación del saldo de precio que aún no le ha sido pagado al vendedor demandado (ver las consideraciones del fallo apelado que relaté en el segundo párrafo del apartado VIII). Esto es lo realmente trascendente a los fines de la temática debatida en estas actuaciones, y el apelante no ha criticado en forma idónea dichas conclusiones de la sentencia apelada, por lo que el agravio en análisis merece ser desestimado (art.260 del Cód. Proc.).
2. El segundo agravio del recurrente versa sobre la cuantía del reajuste de precio establecido en el pronunciamiento de grado ($ 92.592,50), el cual consideró reducido y violatorio de su derecho de propiedad, al estar calculado sobre la base de una pericia de tasación practicada en el año 2009. Tal como ya lo anticipé en el apartado IV, el apelante realizó cálculos tomando los valores del dólar estadounidense a la fecha de esa pericia y al momento actual, a los fines de mostrar un resultado que calificó de perjudicial y atentatorio de su derecho de propiedad; habiendo recurrido también a la utilización de la valuación fiscal del inmueble, en apoyo de su planteo revisionista (fs.397/398). Este segundo agravio es de recibo, con los alcances que expondré a continuación.
3. El juez de primera instancia ha llevado a cabo una minuciosa tarea de adecuación de un contrato de compraventa cuyas prestaciones han quedado absolutamente desequilibradas como consecuencia del agudo fenómeno hiperinflacionario desatado en el país en el año 1989 (que impactó de lleno en el iter de la ejecución contractual); así como también por la inusitada y sorprendente extensión del presente proceso, ya que a la fecha transcurrieron más de treinta años desde la celebración del boleto de compraventa. Estas circunstancias conforman un plexo fáctico de marcada complejidad en la necesaria faena de restablecer el equilibrio del sinalagma contractual, pues, al decir de Stigliz, “el contrato, considerado como instrumento de intercambio de bienes y servicios, está sometido al principio de justicia conmutativa”, de allí “la trascendencia que, de más en más, va ganando la noción de sinalagma y los mecanismos tendientes a su preservación”. Recuerda este autor a continuación que “los contratos bilaterales o sinalagmáticos son aquellos que presuponen un intercambio. Y es la reciprocidad de las obligaciones lo que caracteriza a dicha categoría contractual. Esa correspectividad es la que potencia el intercambio de bienes o de servicios que, al cabo, es lo que constituye la función económica esencial del contrato. Así, la bilateralidad o, como se prefiera, el principio conmutativo o sinalagmático, presupone una relación de equivalencia. Y cuando aludimos a ella, hacemos referencia al intercambio de prestaciones, cada una de las cuales, a juicio de las partes, al tiempo del perfeccionamiento del contrato, es equivalente a la otra. Es lo que se enuncia como sinalagma genético”. Más adelante expresa este tratadista: “En consecuencia, la onerosidad –éste es el tema- se traduce en términos de comparación, entre el provecho o beneficio, por un lado, y sacrificio por otro, a tal punto que desde la génesis del contrato las partes de él u ocasionalmente terceros, portan la legítima expectativa de esperar, confiadamente, que en etapa de ejecución, se produzca el cumplimiento de las obligaciones asumidas, según el criterio de equivalencia y reciprocidad adoptado en etapa formativa. Y ello habremos de enunciarlo como sinalagma funcional” (conf. Stigliz, Contratos civiles y comerciales, Parte general, 3era. edición, actualizada y ampliada, La Ley, Bs. As. 2015, tomo II, págs.97 y 98).
Y tal como continúa exponiendo el autor citado en el párrafo anterior, en “situaciones tales como cuando la prestación a cargo de una de las partes se tornara excesivamente onerosa, por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles (art.1091 CCCN), al quedar emplazadas las hipótesis, según el caso, en infracción al sinalagma genético o al funcional, consiente y autoriza la revisión del contrato. Lo expresado importa afirmar que ‘cualquier corrección de un contrato dentro del marco de su legalidad debe tener como propósito mantener el equilibrio de la relación de cambio que el mismo regula’. Como lo justifica que todo contrato de ejecución diferida sea revisado si, por hallarse expuesto a sufrir las alteraciones derivadas de ‘situaciones económicas’ como lo constituiría la inflación estructural o la hiperinflación coyuntural, éstas incidan en él, a tal punto que, por fracturarse el sinalagma funcional, se transgreda la relación de equivalencia” (conf. Stigliz, ob. cit., tomo II, pág.98; lo destacado en negrita pertenece al suscripto).
Por lo demás, lo antedicho se halla ineludiblemente vinculado con lo que se ha dado en denominar la base objetiva del negocio, pues -en el decir del mismo autor- “las partes portan la legítima expectativa de que la referida base subsista en etapa de ejecución y hasta la extinción misma del negocio, en razón de que al tiempo de concluir el negocio la consideraron útil (conveniente) y justa. Si a pesar de ello, ya perfeccionado el contrato, se produce una alteración extraordinaria e imprevista (y, por tanto, no regulada por preceptos de autonomía), exterior, relevante y ajena a las partes, no cabe duda de que contraría la buena fe, el equilibrio contractual o la justicia conmutativa, que la parte que resulte perjudicada desproporcionadamente en razón de que su prestación se torna excesivamente onerosa, deba ‘someterse’ a lo concertado cuando la referida alteración incide sustancialmente en la base objetiva considerada al tiempo de concluido el contrato” (conf. Stigliz, ob. cit., tomo II, pág.101, lo resaltado me pertenece). En el mismo sentido expone Lorenzetti, citando a Larenz, al referirse a la base objetiva del negocio, señalando que “si, posteriormente, se realiza una transformación fundamental de las circunstancias, posibilidad en la que no habían pensado las partes contratantes y que de ningún modo habían tenido en cuenta al ponderar sus intereses y al distribuir sus riesgos, puede ocurrir que el contrato, de ejecutarse en las mismas condiciones, pierda por completo su sentido originario y tenga consecuencias totalmente distintas de las que las partes habían proyectado o debieran razonablemente proyectar” (Tratado de los contratos, parte general, 3era. edición. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2018; en el mismo sentido Alterini, Contratos civiles, comerciales, de consumo, parte general, Abeledo Perrot, Bs. As. 1998, págs.445 a 447; aquí debe destacarse que esta posibilidad de revisión contractual ya había sido remarcada con énfasis en obras señeras de la materia: Morello, La adecuación del contrato, Librería Editora Platense, La Plata, 1994, págs.11 a 21 y 30 a 34; Mosset Iturraspe, Interpretación económica de los contratos, Rubinzal Culzoni, Santa Fe 1994, págs.283 a 292 y 310 a 311).
Precisamente, en la época en que sucedieron los hechos de autos, o sea con anterioridad a la ley de convertibilidad, era doctrina pacífica de la Casación Provincial con relación a la reclamación por depreciación monetaria, que “la mora o culpa en que haya incurrido el vendedor, si bien debe ser tenida en cuenta para ciertos aspectos del pronunciamiento a dictar, no justifica que aquél se vea despojado o gravemente perjudicado para ventaja o lucro del comprador, respecto al saldo de precio que se ha depreciado más allá de lo previsible por efecto del fenómeno inflacionario (conf causa Ac. 38.065, sent. del 25-VIII-87)” (S.C.B.A., Ac.44.397 del 16 de julio de 1991, “Servetti”, entre otros). Y del relato efectuado en el decurso del presente voto se desprende, sin dudar, que la prestación que debía recibir el vendedor consistente en el importante saldo de precio adeudado (71,5%), se le ha tornado excesivamente onerosa por las sobrevinientes circunstancias fácticas descriptas, lo que debe conducir a un reajuste del saldo de precio de la compraventa del modo más equitativo posible y con sujeción a las constancias que emanan de la causa (conf. López de Zavalía, Teoría de los contratos, Parte general, Bs. As. 1984, págs.462 y sgtes.; arts. 1071, 1198 y ccs. del Cód. Civil; arts.959, 960 y 1091 del C.C. y C., aplicable como pauta hermenéutica; arts.163 inciso 5, 375, 384, 474 y ccs. del Cód. Proc.). En virtud de las consideraciones jurídicas hasta aquí vertidas, considero plenamente procedente el reajuste del saldo de precio del contrato de compraventa objeto de este litigio, por lo que seguidamente habré de abocarme a los aspectos concretos del segundo agravio expuesto por el demandado, quien propicia la elevación del monto del saldo de precio determinado en el fallo de la anterior instancia, brindando dos parámetros en respaldo de su planteo.
4. Y tal como lo anticipé en el punto 2 de este apartado, entiendo que debe acogerse este segundo agravio del demandado (fs.397/398), donde se critica la cuantía del reajuste de precio establecido en la sentencia ($ 92.592,50), el cual consideró reducido y violatorio de su derecho de propiedad, al estar calculado sobre la base de una pericia de tasación practicada en el año 2009 (ver pericia de fs.127/127vta.), de la cual han pasado más de diez años.
En este escrito recursivo refiere el apelante a la cotización del dólar estadounidense a la época en que se realizó la pericia de tasación (año 2009), y afirmó que el valor de $ 92.592,50 fijado en la sentencia importaba, en el año 2009, la cantidad de u$s 25.229,56. Mientras que al día en que se presentó la apelación (5-7-2018), con la cotización del dólar de ese momento, la cantidad resultante es de u$s 3.367, o sea sustancialmente menor (fs.397vta.).
Sin embargo, a los fines de la determinación concreta del reajuste del precio de la compraventa, en atención a las especiales y particularísimas circunstancias del sub caso, entiendo que no resulta pertinente tomar como parámetro válido el valor del dólar estadounidense, si bien es cierto que -como lo afirma el apelante- es un uso muy afianzado en el mercado inmobiliario nacional, vincular la valuación de los inmuebles con el valor de esta moneda extranjera. Pero lo cierto es que la inusitada duración de este proceso y el excesivo tiempo transcurrido desde la celebración del boleto de compraventa (más de treinta años), tornan imposible encontrar una adecuada y armónica relación entre ambos parámetros, pues en el transcurso de este prolongado período –signado por múltiples avatares económicos y financieros- no ha habido un exacto paralelismo entre el valor de los inmuebles y el valor del dólar estadounidense.
Más aún, han existido momentos en que la valuación de los bienes raíces se ha depreciado con respecto al dólar, y otros en los que ha sucedido lo contrario, todo ello estrictamente ligado a las marcadas alteraciones del tipo de cambio, a las características y ubicación de los inmuebles en cuestión, y al desenvolvimiento de la oferta y de la demanda en el mercado inmobiliario (arts.163 inc.5, 384 y ccs. del Cód. Proc.). Pero lo cierto es que además del parámetro del dólar, el apelante también ha traído otra pauta objetiva que considero de suma utilidad para definir el reajuste del precio en los presentes actuados, consistente en la valuación fiscal del inmueble que se puede visualizar en la página web de ARBA y que para el corriente año 2019 se eleva a la suma de $ 1.030.817 (dato que he cotejado en esa página web con el número de partida del inmueble 12.538).
Entiendo que este parámetro de la valuación fiscal actualizada, expresamente admitido por el vendedor apelante al haberlo traído en su pieza recursiva como elemento de ponderación, es el que mejor se compadece con la realidad económica actual a los fines de lograr un adecuado restablecimiento del equilibrio de las prestaciones. Es cierto que, como lo destaca el apelante, no es posible tomar el valor emergente de la pericia de tasación practicada en el año 2009, en atención a la marcada depreciación que desde esa época ha experimentado nuestra moneda, por lo que adoptar la valuación fiscal actual del inmueble como pauta certera y objetiva para determinar el reajuste del precio de la compraventa, resulta un criterio adecuado a los fines de dirimir la compleja controversia planteada en autos (arts.1071, 1198 y ccs. del Cód.
Civil; arts.959, 960 y 1091 del C.C. y C., aplicable como valiosa guía interpretativa; arts.163 inc.5, 375, 384 y ccs. del Cód. Proc.).
Quiere ello decir que si la valuación fiscal actual del inmueble se eleva a $ 1.030.817, aplicando el porcentaje del saldo de precio adeudado por las actoras (71,5%), se obtiene un monto de condena de $ 737.034,15, que será el que deberán pagar las actoras reconvenidas al demandado reconviniente en el momento en que se otorgue la escritura traslativa de dominio, modificándose de esta manera la sentencia apelada y elevándose así el monto de $ 92.592,50 fijado en dicho pronunciamiento de grado (fs.326vta./327 y fs.327vta., punto 3). Dejo desde ya propuesta al acuerdo esta solución del caso en juzgamiento.
5. Sólo resta refutar algunas aserciones volcadas por las actoras en su pieza de contestación de la expresión de agravios, donde señalan que la de autos se trata de una deuda de dinero comprendida en la ley de convertibilidad n° 23.928, por lo que no podría receptarse el intento del demandado reconviniente de “transformar una deuda de dinero en una de valor, para luego tomar un importe actualizado a más de 32 años de realizado el contrato y sobre el mismo aplicar su guarismo. Esto es un planteo antijurídico, que no tiene apoyatura en normativa legislativa alguna (por ello no cita norma, ni jurisprudencia en su apoyo)”.
Cabe señalar, en primer lugar, que como ya lo anticipé supra, las actoras consintieron expresamente la revisión del contrato realizada por el juez de grado, ya que no apelaron la sentencia y solamente están pretendiendo que el mismo se limite a la cuantía establecida en el fallo apelado, cuestionando la pretensión revisionista del demandado que persigue su elevación (ver apartado IX, tercer párrafo; art.260 del Cód. Proc.). Pero, además, las actoras consintieron la pericia de tasación presentada en el expediente en el mes de abril de 2009 (fs.127/127vta.), ya que no formularon ninguna clase de cuestionamiento a este trabajo pericial (arts.384, 473 y 474 del Cód. Proc.). Quiere ello decir que si las actoras han consentido -en forma expresa- la pericia de tasación que fijó el valor del bien al mes de abril de 2009, y si también consintieron –por falta de apelación- la sentencia de la anterior instancia que determinó el reajuste del precio sobre la base de dicha pericia, también han admitido -de una manera implícitaque en el caso de autos –por sus especiales características- se está ante una obligación de valor encuadrable en la categoría ya existente en doctrina y jurisprudencia y receptada en el actualmente vigente art.772 del C.C. y C.
Sostener en esta instancia que se trata de una obligación de dinero, significa para las actoras ponerse en contradicción con sus propios actos anteriores, deliberados y plenamente válidos, lo que de ningún modo puede ser admitido por estar reñido con el principio contractual de buena fe (art.1198, primer párrafo, del Cód. Civil; con Rezzónico, Principios fundamentales de los contratos, Bs. As. 1999, págs.469 y sgtes.). Y a lo expuesto se agrega otro concepto que resulta definitorio, pues si bien –en principio- la obligación de pagar el precio de una compraventa es una obligación dineraria, lo cierto es que, por sus especiales características, el caso de autos no puede ser encuadrado en esta categoría obligacional, sino que debe ser considerado un supuesto de obligación de valor.
En efecto, tal como ya lo puse de resalto, es notable la extensión que ha experimentado el presente proceso (habiendo transcurrido más de treinta años desde la formalización del boleto), y las actoras han estado en posesión del inmueble desde aquél lejano momento de celebración del contrato, habiendo abonado sólo un 28,5% del precio de la compraventa; por lo que el vendedor ha tenido que aguardar el extensísimo lapso de duración de este juicio sin haber podido satisfacer su legítimo derecho a percibir el importante saldo de precio que se le adeuda (arts.1071 y 1198 del Cód. Civil; ver apartado IX, quinto párrafo).
Pretender abonar un monto reducido en concepto de saldo de precio no sólo configura un abuso del derecho de las accionantes y un proceder contrario al deber de buena fe, sino que consagraría un verdadero enriquecimiento sin causa de su parte, a expensas de un correlativo empobrecimiento del vendedor demandado, pues estarían desligándose de su obligación mediante el pago de un valor irrisorio y sin apego a ningún parámetro económico actual (art.1794 del C. C. y C., aplicable como pauta de interpretación). Ya en la época del código anterior se señalaba como un supuesto de obligaciones de valor, a las provenientes del enriquecimiento sin causa (conf. Llambías, Tratado de derecho civil, obligaciones, tomo II-A, Bs. As. 1982, pág.173), y la doctrina actual, en comentario al nuevo código, recepta -sin dudarlo- este encuadramiento (conf. Pizarro-Vallespinos, Tratado de obligaciones, tomo I, Santa Fe 2017, pág.463, con cita de Lambías en nota al pie de página). En función de las consideraciones antedichas y partiendo de la base de que la obligación de autos es de valor, por encontrar su fuente en el enriquecimiento sin causa de las compradoras, no existe ningún valladar para proceder al reajuste del precio de la compraventa en la forma en que ya lo he dejado planteado; resultando inaudibles los argumentos de la parte apelada que procuran sostener lo contrario (citados arts.1071 y 1198 del Cód. Civil, art.1794 del C.C. y C.).
También debe desestimarse otra alegación esbozada por la parte apelada, cuando afirma haber introducido mejoras en el inmueble, porque en el mismo escrito de responde de la expresión de agravios se admite que al momento de realizarse la pericia de tasación del año 2009, “el bien ya había sido mejorado sustancialmente, por ejemplo con la construcción de una losa y habitaciones”. Si se considera que el anterior magistrado basó su decisión en dicha pericia de tasación (consentida por las partes), y se tiene en cuenta que las actoras se han limitado en esta instancia a tratar de mantener la cuantía del reajuste de precio fijado en la sentencia apelada (sobre la base de la aludida tasación), no es posible advertir cuál sería el sentido de esta referencia a las mejoras introducidas en el inmueble. Es evidente que se está ante una manifestación insustancial de la parte apelada que, por ende, no merece ser atendida.
XII. En virtud de las consideraciones antedichas, propicio al acuerdo adoptar la siguiente resolución: 1) Confirmar la sentencia apelada de fs.317/328, en cuanto hizo lugar a la demanda por escrituración interpuesta por Nancy Adela y Alicia Beatriz Mas de Aranza contra Bernardo Juan Puyau, y rechazó la excepción de incumplimiento contractual opuesta por el demandado reconviniente, desestimándose de esta manera el primer agravio formulado por éste último; 2) En consecuencia, se confirma la condena al demandado Bernardo Juan Puyau, para que previo pago del saldo de precio reajustado establecido en la presente sentencia, proceda a escriturar a favor de las actoras el inmueble objeto de esta litis, dentro del plazo y bajo el apercibimiento establecidos en la sentencia apelada; 3) Hacer lugar al segundo agravio formulado por el demandado reconviniente y modificar la sentencia apelada de fs.317/328, fijándose en la suma de $ 737.034,15 el saldo de precio reajustado que deberán abonar las actoras reconvenidas al demandado reconviniente, en el momento en que se otorgue la escritura traslativa de dominio; elevándose de esta manera el monto de $ 92.592,50 fijado en dicho pronunciamiento de la anterior instancia. Habiendo quedado firme por falta de agravio lo decidido en la sentencia apelada, en el sentido de que el monto de condena lo es “sin fijarse intereses compensatorios, lo que no va en desmedro de los correspondientes moratorios en caso de incumplimiento de la presente” (fs.327).
XIII. En cuanto a las costas del juicio, en orden al principio objetivo de la derrota, en la sentencia apelada se impusieron por la acción de escrituración al demandado que se consideró perdidoso, y por la reconvención a las actoras reconvenidas que en este aspecto se consideraron perdidosas (fs.327, considerando VI).
El demandado apeló la condena en costas por la acción de escrituración, aduciendo que no reviste la calidad de derrotado, porque la circunstancia de que no se haya podido escriturar fue debido a la falta de pago del saldo de precio por parte de las actoras (fs.398, punto c). Tal como lo señalé en el punto 1 del apartado XI de este voto, ambas partes están plenamente contestes en que debe cumplimentarse la escrituración, pues la única divergencia se centra en la cuantificación del saldo de precio que aún no le ha sido pagado al vendedor demandado. Y en este orden de ideas surge evidente que el vendedor demandado no ha sido perdidoso en punto a la acción de escrituración, ya que en su contestación de demanda no se opuso a la escrituración del inmueble, sino que se limitó a negar que las actoras hubieran abonado deudas correspondientes al inmueble vendido, y a solicitar la modificación de los valores para lograr el restablecimiento de la equidad de las prestaciones, solicitando pericia de tasación a los efectos de ajustar el precio (ver apartado II del presente voto).
En definitiva, el planteo del demandado relativo al reajuste del precio terminó recibiendo acogida, si bien es cierto que también se ha hecho lugar a la acción de escrituración por no mediar controversia al respecto. Por tales razones no es posible catalogar al demandado como vencido, debiendo imponerse en el orden causado las costas de primera instancia por la acción de escrituración, revocándose esta parcela de la sentencia apelada (arts.68 y 71 del Cód. Proc.); habiendo quedado firme por falta de agravio que las costas por la reconvención se imponen a las actoras reconvenidas perdidosas (art.68 del Cód. Proc.). Por lo demás, carece de todo asidero y debe ser desestimado el agravio del demandado relativo a las costas de los peritos intervinientes (fs.398vta., punto e), puesto que estos honorarios deben ser soportados por las partes con arreglo a lo decidido en esta sentencia y con sujeción a la forma en que han sido impuestas las costas del juicio (art.68 del Cód. Proc.). En cuanto a las costas de alzada, en función del resultado obtenido en este trámite recursivo, se imponen en un setenta por ciento (70%) a las actoras reconvenidas, y en el restante treinta por ciento (30%) al demandado reconviniente, ya que si bien fue desestimado el primer agravio de éste último, el segundo de sus agravios referido al reajuste del saldo de precio de la compraventa ha merecido acogimiento y reviste mayor relevancia y significación económica (art.68 del Cód. Proc.). Finalmente, en atención a lo decidido en la presente sentencia, corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada en la sentencia apelada a fs.328, debiendo en su momento practicarse una nueva regulación con arreglo a las normas arancelarias aplicables y a las bases sentadas en este pronunciamiento (art.31 del dec. ley 8.904/77; art.31 de la ley 14.967). En virtud de ello ha perdido sustancia el agravio del demandado referido a la base regulatoria, aspecto que deberá ser planteado en su oportunidad (fs.398, punto d).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Longobardi y Galdós, por los mismos fundamentos, adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Doctor Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada de fs.317/328, en cuanto hizo lugar a la demanda por escrituración interpuesta por Nancy Adela y Alicia Beatriz Mas de Aranza contra Bernardo Juan Puyau, y rechazó la excepción de incumplimiento contractual opuesta por el demandado reconviniente, desestimándose de esta manera el primer agravio formulado por éste último; 2) En consecuencia, se confirma la condena al demandado Bernardo Juan Puyau, para que previo pago del saldo de precio reajustado establecido en la presente sentencia, proceda a escriturar a favor de las actoras el inmueble objeto de esta litis, dentro del plazo y bajo el apercibimiento establecidos en la sentencia apelada; 3) Hacer lugar al segundo agravio formulado por el demandado reconviniente y modificar la sentencia apelada de fs.317/328, fijándose en la suma de $ 737.034,15 el saldo de precio reajustado que deberán abonar las actoras reconvenidas al demandado reconviniente, en el momento en que se otorgue la escritura traslativa de dominio; elevándose de esta manera el monto de $ 92.592,50 fijado en dicho pronunciamiento de la anterior instancia.
Habiendo quedado firme por falta de agravio lo decidido en la sentencia apelada, en el sentido de que el monto de condena lo es “sin fijarse intereses compensatorios, lo que no va en desmedro de los correspondientes moratorios en caso de incumplimiento de la presente” (fs.327); 4) Imponer en el orden causado las costas de primera instancia por la acción de escrituración, revocándose esta parcela de la sentencia apelada (arts.68 y 71 del Cód. Proc.); habiendo quedado firme por falta de agravio que las costas por la reconvención se imponen a las actoras reconvenidas perdidosas (art.68 del Cód. Proc.); 5) Desestimar el agravio del demandado relativo a las costas de los peritos intervinientes (art.68 del Cód.
Proc.); 6) Imponer las costas de alzada, en función del resultado obtenido en este trámite recursivo, en un setenta por ciento (70%) a las actoras reconvenidas, y en el restante treinta por ciento (30%) al demandado reconviniente, ya que si bien fue desestimado el primer agravio de éste último, el segundo de sus agravios referido al reajuste del saldo de precio de la compraventa ha merecido acogimiento y reviste mayor relevancia y significación económica (art.68 del Cód. Proc.); 7) Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada en la sentencia apelada a fs.328, en atención a lo decidido en la presente sentencia, debiendo en su momento practicarse una nueva regulación con arreglo a las normas arancelarias aplicables y a las bases sentadas en este pronunciamiento (art.31 del dec. ley 8.904/77; art.31 de la ley 14.967); habiendo perdido sustancia el agravio del demandado referido a la base regulatoria, aspecto que deberá ser planteado en su oportunidad.
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Longobardi y Galdós, por los mismos fundamentos, adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 11 Octubre de 2019. –
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada de fs.317/328, en cuanto hizo lugar a la demanda por escrituración interpuesta por Nancy Adela y Alicia Beatriz Mas de Aranza contra Bernardo Juan Puyau, y rechazó la excepción de incumplimiento contractual opuesta por el demandado reconviniente, desestimándose de esta manera el primer agravio formulado por éste último; 2) En consecuencia, se confirma la condena al demandado Bernardo Juan Puyau, para que previo pago del saldo de precio reajustado establecido en la presente sentencia, proceda a escriturar a favor de las actoras el inmueble objeto de esta litis, dentro del plazo y bajo el apercibimiento establecidos en la sentencia apelada; 3) Hacer lugar al segundo agravio formulado por el demandado reconviniente y modificar la sentencia apelada de fs.317/328, fijándose en la suma de $ 737.034,15 el saldo de precio reajustado que deberán abonar las actoras reconvenidas al demandado reconviniente, en el momento en que se otorgue la escritura traslativa de dominio; elevándose de esta manera el monto de $ 92.592,50 fijado en dicho pronunciamiento de la anterior instancia.
Habiendo quedado firme por falta de agravio lo decidido en la sentencia apelada, en el sentido de que el monto de condena lo es “sin fijarse intereses compensatorios, lo que no va en desmedro de los correspondientes moratorios en caso de incumplimiento de la presente” (fs.327); 4) Imponer en el orden causado las costas de primera instancia por la acción de escrituración, revocándose esta parcela de la sentencia apelada (arts.68 y 71 del Cód. Proc.); habiendo quedado firme por falta de agravio que las costas por la reconvención se imponen a las actoras reconvenidas perdidosas (art.68 del Cód. Proc.); 5) Desestimar el agravio del demandado relativo a las costas de los peritos intervinientes (art.68 del Cód.
Proc.); 6) Imponer las costas de alzada, en función del resultado obtenido en este trámite recursivo, en un setenta por ciento (70%) a las actoras reconvenidas, y en el restante treinta por ciento (30%) al demandado reconviniente, ya que si bien fue desestimado el primer agravio de éste último, el segundo de sus agravios referido al reajuste del saldo de precio de la compraventa ha merecido acogimiento y reviste mayor relevancia y significación económica (art.68 del Cód. Proc.); 7) Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada en la sentencia apelada a fs.328, en atención a lo decidido en la presente sentencia, debiendo en su momento practicarse una nueva regulación con arreglo a las normas arancelarias aplicables y a las bases sentadas en este pronunciamiento (art.31 del dec. ley 8.904/77; art.31 de la ley 14.967); habiendo perdido sustancia el agravio del demandado referido a la base regulatoria, aspecto que deberá ser planteado en su oportunidad.
Regístrese, notifíquese por Secretaría y devuélvase a su Juzgado de origen. Firmado: Dra. María Inés Longobardi - Presidente – Cám. Civ. y Com. Sala II - Dr. Víctor Mario Peralta Reyes – Juez – Cám. Civ. y Com. Sala II - Dr. Jorge Mario Galdós – Juez – Cám. Civ. y Com. Sala II. Ante mí: Claudio Marcelo Camino – Secretario – Cám. Civ. y Com. Sala II.
Fin de la sentencia