Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 35932-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso del Fisco Nacional y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento apelado con los alcances que surgen de los Considerandos VI y VII;
2Imponer las costas de la instancia de origen generadas con motivo de la prescripción a la actora (cfr. arts. 68 y 279 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria en los términos del art. 197 de la ley 11.683);
3Distribuir los accesorios esta instancia en el orden causado (cfr. arts. 68, segunda parte, del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria en los términos del art. 197 de la ley 11.683) y
4Hacer saber que no corresponde, en esta oportunidad, tratar el recurso interpuesto contra la regulación de honorarios, en los términos del Considerando IX.
Expte. N° 21265/2024.-
“MASCARDI, ALEJANDRO ENRIQUE (TF 35932-I) c/D.G.I. s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
///nos Aires, 26 de septiembre de 2025.- AMD Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I. Que, por medio del pronunciamiento del 23/05/2024 la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación decidió, por mayoría, confirmar en todas sus partes las resoluciones que determinaron los Impuestos a los Bienes Personales y a las Ganancias (períodos fiscales 2004 a 2007); los actos que intimaron al ingreso de los saldos de las declaraciones en el Impuesto sobre los Bienes Personales y de los intereses sobre diferencias de anticipos no ingresados (períodos fiscales 2006 y 2007) y el acto sancionatorio aplicado en el Impuesto a las Ganancias (período fiscal 2007). Todo ello con costas.
Por otra parte, hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la contribuyente respecto de las sanciones correspondientes al Impuesto a las Ganancias (períodos fiscales 2004 a 2006), con costas.
Para decidir de tal modo, en primer término los integrantes del voto mayoritario reseñaron los antecedentes del caso y, en lo que aquí interesa, admitieron la defensa de la actora invocando la naturaleza penal de las infracciones fiscales, la imposibilidad de aplicar retroactivamente normas que empeoren las condiciones de los infractores y el contenido de las leyes 26.476 y 26.860 (que, a criterio del Tribunal, colocaban al contribuyente en una situación violatoria de la garantía contenida en el artículo 2 del C.P.N.).
En esas condiciones, respecto del período fiscal 2004, señalaron que: “[e]l plazo de prescripción comenzó a correr el 1º de enero de 2006 y finalizó el 1º de enero de 2011, razón por la cual surge evidente que, a la fecha del dictado de la resolución sancionatoria, ocurrida el 11/05/2016, las acciones del Fisco ya se encontraban prescriptas, no resultando aplicable suspensión alguna, toda vez que la denuncia penal se presentó el 29/12/2011, fecha en la cual el plazo de prescripción ya se encontraba cumplido […]”.
Acerca del período fiscal 2005, indicaron que: “[e]l plazo de prescripción se inició el 1/01/2007 y se produjo la suspensión con la presentación de la denuncia penal, en fecha 29/12/2011, habiendo transcurrido 4 años, 11 meses y 28 días. Posteriormente, la Corte dictó sentencia que quedó firme el 18/12/2014 1 (fs. 791). Ello así, se retoman los plazos de la prescripción desde los 180 días posteriores a dicha fecha, reanudándose el plazo con fecha 14/09/2015, pero faltaban solo 3 días para que opere la prescripción, por ende, se cumplió el plazo con fecha 17/09/2015, razón por la cual surge evidente que, a la fecha del dictado de la resolución sancionatoria, el día 21/09/2017, las facultades del Fisco se encontraban prescriptas […]”.
Sobre el período fiscal 2006, manifestaron que: “[e]l plazo de prescripción se inició con fecha 1º de enero de 2008, produciéndose la suspensión con la presentación de la denuncia penal, efectuada con fecha 29/12/2011, habiendo transcurrido 3 años, 11 meses y 28 días hasta la denuncia. Con fecha 22/08/2013 se dictó la sentencia penal, que quedó firme el 2/09/2013 (vid. fs. 687) y por ende corresponde retomar el plazo de la prescripción desde los 180 días posteriores a dicha fecha, reanudándose el plazo con fecha 31/05/2014, debiendo computarse el tiempo restante (1 año y 3 días), que finalizó el 02/06/2015, por lo que se concluye que, al dictarse la resolución sancionatoria el 11/05/2016, las acciones y poderes del Fisco se encontraban prescriptas […]”.
Sin embargo, en cuanto al período fiscal 2007, apuntaron que: “[e]l plazo de prescripción se inició el día 01/01/2009 y se suspendió con la denuncia penal, presentada en fecha 29/12/2011, transcurriendo hasta dicha fecha 2 años, 11 meses y 28 días. Como se expuso, la Corte dictó sentencia que quedó firme con fecha 18/12/2014, y por ello, se reanudó el plazo el 15/09/2015, debiendo computarse el tiempo restante de 2 años y 3 días, que se cumplió el día 18/09/2017. Ello así, la resolución sancionatoria se emitió en término, pues debe adicionarse el plazo de 120 días contemplado en el artículo 65.1 de la ley de rito […]” (páginas 61/85 del PDF de los antecedentes de la causa).
II. Que, el 13/08/24 el Tribunal Fiscal reguló los honorarios de los letrados y profesionales intervinientes por el Fisco Nacional. Esa regulación fue apelada por considerarse exiguo el monto reconocido (páginas 88/90 y 93/107 del PDF de los antecedentes de la causa).
III. Que, disconforme con lo resuelto, el 1/08/24 apeló el Fisco Nacional, quien fundó su recurso el 2/08/24 y cuyo traslado no fue contestado (páginas 93/107 y 110 del PDF de los antecedentes de la causa).
La apelación del Fisco Nacional se centra en la admisión de la excepción de prescripción que opuso la contribuyente, respecto de los poderes para aplicar multas conectadas con el Impuesto a las Ganancias (períodos fiscales 2004, 2005 2 y 2006). Entiende que debe atenderse a lo expresado por el artículo 68, inciso “a” de la ley 11.683 (en cuanto a la influencia de la comisión de “nuevas infracciones” en el cómputo del plazo de prescripción).
Reseña diferentes pronunciamientos que estima favorables a su posición y expresa que: “[h]abiéndose producido la interrupción del plazo de la prescripción de las infracciones de los períodos fiscales 2004, 2005 y 2006, por la comisión de la infracción correspondiente al ejercicio 2007, procede establecer como inicio del cómputo de la prescripción de los períodos mencionadas el día 01/01/2009 […]” (sic).
Luego, postula que corresponde tener en cuenta la suspensión contenida en el artículo 65, inciso “d” de la ley 11.683. Al respecto, aduce que: “[e]l Fisco Nacional interpuso denuncia penal el 29/12/2011 por el delito previsto en la Ley N° 24.769, la que dio origen a la causa “Mascardi Alejandro Enrique s/ infracción ley N° 24.769” (Expte. N° 2715/2011) que tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 2. En dicha causa se dictó sentencia el 22/08/2013, sobreseyendo al recurrente por los períodos 2004 y 2006, sin embargo, respecto de los períodos fiscales 2005 y 2007, la sentencia definitiva fue dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 18/12/14. En este punto, V.E. advertirá que, al formularse la denuncia penal pertinente, quedó en suspenso la potestad sancionatoria del Organismo recaudador, la que fue recobrada al haberse dictado el pronunciamiento definitivo en la causa penal […]” (sic).
Cita jurisprudencia y explica que: “[c]on la interposición de la denuncia penal de fecha 29/12/2011 se produjo la causal de suspensión previsto en el artículo 65 inciso d) de la ley de rito, retomándose el cómputo de la prescripción, una vez transcurridos los 180 días hábiles administrativos desde que devino firme la sentencia judicial en la causa penal respectiva.
En el caso de autos, el Fisco se encontraba impedido de aplicar las multas discutidas en autos hasta tanto se dictara la sentencia en sede penal, hecho que tuvo lugar el 22/08/2013 para los períodos 2004 y 2006 y el 18/12/2014 para los períodos fiscales 2005 y 2007. Además, la mencionada suspensión se extiende hasta los 180 días hábiles posteriores al momento en que aquellas quedaron firmes.
En base a ello, para el caso de las multas correspondientes a los períodos 2004 y 2006, el plazo de prescripción para aplicarlas comenzó a correr nuevamente el día 22/05/2014, mientras que para las multas correspondientes 3 para el período 2005 y 2007 comenzó a correr nuevamente el 18/09/2015. Cabe agregar que al plazo de prescripción aún le restaban 2 años y 3 días al momento de radicar la denuncia penal […]” (sic).
Recuerda que las Resoluciones involucradas (N.º 68/2016 -DV DEOA- y N.º 121/2017 -DV DEOA-) fueron emitidas los días 11/05/2016 y 21/09/2017, respectivamente.
Además, califica como incorrecta y arbitraria la valoración realizada por el Tribunal de grado respecto de la inaplicabilidad de las suspensiones contenidas en las leyes 26.476 y 26.860.
Sobre el particular postula que: “[y]erra la sentencia en su voto mayoritario, toda vez que las leyes mencionadas no tienen aplicación para resolver la cuestión de autos, toda vez que la fecha de sanción de la primera ley es anterior al 01/01/2009 -fecha de inicio del cómputo de la prescripción-, y en el caso de la segunda, no debe aplicarse en atención a encontrarse ya suspendido el plazo de la prescripción por la tramitación de la causa penal desde el 29/12/2011 […]” (sic).
Subsidiariamente, argumentó en favor de la aplicabilidad de esas normas, expresando que ellas introducían suspensiones de carácter “general”.
IV. Que, a su turno, el Sr. Fiscal General emitió su dictamen, opinando que, para poder reconocer el efecto de las “nuevas infracciones” previsto por la ley tributaria, resultaba necesario que existiera un acto o pronunciamiento que tuviera por debidamente configurada la comisión de la nueva infracción que se intenta reconocer como causal de interrupción.
V. Que, efectuada la reseña que antecede, resulta oportuno recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que se pongan a consideración del Tribunal, sino tan solo en aquellas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre muchos otros y esta Sala, in re, “Massuh S.A. c/D.G.I.”, expte. N.º 38.066/2011, del 17/11/2021 y “HSBC Argentina Holdings S.A. -TF 48911-I c/D.G.I.”, expte. N.º 19.801/2021, del 1/07/22, pronunciamiento confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fecha 27/12/2024, entre muchos otros).
Y, además, tampoco es obligación de los juzgadores ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que se estimen apropiadas para resolver 4 el conflicto (cfr. doc. Fallos: 274:113; 280:320; 291:390; 310:267; 321:1776 y esta Sala, in re, “Strazzolini, Ronaldo Emilio c/E.N. –A.F.I.P. –D.G.I.”, expte. N.º 71.973/2018, del 16/07/2021 y “EIDICO S.A. -TF 46884-I c/D.G.I.”, expte. N.º 22.019/2017, sentencia del 5/12/2022).
VI. Que, en este contexto, para dar respuesta a los agravios de la recurrente es menester dilucidar cuál es el inicio del cómputo del plazo de prescripción en los casos de las sanciones aplicadas por las Resoluciones N.º 68/16 y 121/17 (emitidas los días 11/05/16 y 21/09/17) para los períodos fiscales 2004, 2005 y 2006.
Así, en la especie toma preponderancia el hecho que las decisiones del Tribunal deban valorar las circunstancias existentes al momento del fallo, aunque ellas sean sobrevinientes. En efecto, las decisiones judiciales deben atender a la situación existente al momento de su dictado (cfr. Fallos: 216:147, 243:146, 244:298, 259:76, 267:499, 298:33, 304:1649, 311:870, 312:555, 313:344, 316:2016 y 328:4640; entre otros), incluso cuando aquellas fueran sobrevivientes al inicio de la acción (cfr. Fallos: 335:1673 y 315:2684; entre otros). En estas condiciones no puede soslayarse que, con la adquisición de firmeza de las partes no apeladas del pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación, el contribuyente ha incurrido en la comisión de una “nueva infracción” (correspondiente al período fiscal 2007) que produce el desplazamiento del término inicial, para todas las sanciones en los períodos cuestionados, al día 01/01/09.
Al respecto, conviene recordar que la interrupción del curso prescriptivo solo puede generarse una vez que se hubiera juzgado el hecho al que se le pretende asignar dicho efecto y en la medida en que se hubiera condenado al imputado, a través de una decisión administrativa o judicial firme (cfr. Fallos: 312:1351 y 322:717 y, en un sentido similar, Diez, F.J. y Ruetti, G.J. “Procedimiento tributario. Ley 11.683 comentada”, La ley, Bs. As., 2016, pág. 541 y Díaz Sieiro, H., Veljanovich, R.D. y Bergroth, L. “Procedimiento tributario. Ley N.º 11.683”, Ed. Macchi, Bs. As., 1993, págs. 433/434).
Es que, teniendo en cuenta el carácter penal de las sanciones tributarias (cfr. Callelo, C. “La comisión de nuevas infracciones como causal de interrupción de la prescripción”, Doctrina Tributaria Errepar, Tomo XXXVI, 2014, págs. 1/2), no es posible sino concluir que, la expresión “comisión de nuevas infracciones” contenida en inciso “a” del artículo 68 de la ley 11.683, debe entenderse en 5 sentido técnico de una conducta posterior, típica, antijurídica y culpable (cfr. Sala I, in re, “CTI Norte Compañía de Teléfonos del Interior S.A.”, sentencia del 07/09/23; “Sol Naciente Seguro de Personas S.A.”, sentencia del 14/09/15; “Frigorífico La Colorada S.A. (TF 34654-I)”, sentencia del 20/08/19 y “Tropini y Salcedo S.A.”, sentencia del 19/08/21); y que, el requisito de firmeza del acto sancionatorio, se encuentra relacionado con la presunción de inocencia que rige en todo proceso de esta naturaleza (cfr. Fallos: 293:50).
Frente a ello, la sanción aplicada respecto del período fiscal 2007 resulta apta para ser considerada una “nueva infracción” y, por ende, interruptiva del curso de la prescripción de las facultades del Fisco, toda vez que, si bien sus alcances y legitimidad fueron cuestionados ante el Tribunal Fiscal de la Nación, lo cierto es que su confirmación en esa instancia no fue apelada, circunstancia que determina que hayan operado los efectos de la cosa juzgada en la especie.
VII. Que, teniendo en cuenta la fecha de inicio del cómputo de la prescripción (se reitera, 1/01/09) y considerando las fechas relevantes de la denuncia penal (29/12/2011), de las sentencias penales (22/08/2013 para los períodos 2004 y 2006 y 18/12/2014 para el período 2005) y lo previsto por el artículo 65.1 de la ley de rito, se concluye que las potestades sancionatorias del Fisco no se encontraban prescriptas al momento de dictarse las resoluciones cuestionadas.
En efecto, para los períodos fiscales 2004 y 2006, el plazo de prescripción (reiniciado una vez transcurridos los 180 días hábiles posteriores a la firmeza de la sentencia penal) vencía con posterioridad la emisión de la Resolución N.º 68/2016, de modo que la Resolución N.º 68/2016, de fecha 11/05/2016, fue dictada en término.
Por su parte, para el período fiscal 2005 corresponde adicionar, al momento de reanudación del plazo, los ciento 120 contemplados en el artículo 65.1 de la ley 11.683, por lo que la Resolución N.º 121/2017, de fecha 21/09/2017, también resultó dictada dentro del término de la prescripción.
A mayor abundamiento, debe dejarse sentado que el cómputo precedente no se ve afectado por lo dispuesto en las leyes 26.476 y 26.860, a poco que se repare en que, indistintamente de la consideración que se les otorgue a las suspensiones articuladas por esas normas, la emisión de los actos fue realizada con anterioridad al vencimiento computado según las disposiciones de la L.P.T. 6 (esto es, sin la necesidad de valerse de las extensiones introducidas por esas normas especiales).
Estas circunstancias precedentemente descriptas determinan la admisión del recurso del Fisco Nacional y la revocación del pronunciamiento apelado, en cuanto admite la excepción de prescripción opuesta por la contribuyente, respecto de las sanciones correspondientes al Impuesto a las Ganancias (períodos fiscales 2004 a 2006).
VIII. Que, con respecto a las costas de la instancia de origen asignadas con motivo de la prescripción corresponde, en atención al modo en que se resuelve, adecuar la distribución efectuada en el Tribunal Fiscal de la Nación y disponer que las mismas se encuentren cabeza de la actora (cfr. arts. 68 y 279 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683).
Por otro lado, y en lo que concierne a las costas de esta instancia, cabe apuntar que la naturaleza de la cuestión decidida justifica el apartamiento del principio objetivo de la derrota y la distribución de ellas en el orden causado (cfr. artículo 68, segunda parte, del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683).
IX. Que, previo a tratar el recurso interpuesto contra la regulación de honorarios, en atención al modo en que se resuelve, deberán regularse los emolumentos de los letrados del Fisco Nacional, con el objeto de evitar un dispendio jurisdiccional. Oportunamente elévese la causa.
Como corolario de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: 1º) admitir el recurso del Fisco Nacional y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento apelado con los alcances que surgen de los Considerandos VI y VII; 2º) imponer las costas de la instancia de origen generadas con motivo de la prescripción a la actora (cfr. arts. 68 y 279 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria en los términos del art. 197 de la ley 11.683); 3º) distribuir los accesorios esta instancia en el orden causado (cfr. arts. 68, segunda parte, del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria en los términos del art. 197 de la ley 11.683) y 4º) hacer saber que no corresponde, en esta oportunidad, tratar el recurso interpuesto contra la regulación de honorarios, en los términos del Considerando IX.
Se deja constancia que la Dra. María Claudia Caputi no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia