Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 3 de San Isidro · Causa SI-41718-2017
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la demanda interpuesta por HUGO MARTIN MASIAS condenando a EXPERTA A.R.T. S.A. a abonar al actor dentro de los diez días y mediante depósito judicial en autos (art. 277 LCT) la suma de $ 470.177,00 en concepto de la incapacidad física por enfermedad establecida dentro del marco de lo normado por la ley 24.557, 26.773 y 27.348 (art. 14 inc. a. de la ley de Riesgos del Trabajo y Dec. 1694/09).
Deberá por Secretaría actualizarse conforme la capitalización dispuesta por el art. 770 inc. b) desde la fecha de la PMI en el caso 9 de Agosto de 2.017 y hasta la notificación de la demanda 26 de marzo de 2.018, continuando los mismos desde el día siguiente según el promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días (30) del Banco de la Nación Argentina (art. 768 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación -Ley 26.994- 12, apartado 2 ley 24.557 t.o. art. 11 ley 27.348.
En caso de incumplimiento en el pago de la indemnización dentro del plazo estipulado y correspondiente, será de aplicación lo establecido por el art. 770 inc. c) del Código Civil y Comercial acumulándose los intereses al capital y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina hasta el efectivo pago (art. 12 inc. 3) de la ley 24.557). …
Expte SI-41718-2017
En la Ciudad de San Isidro, se reúnen los integrantes del Tribunal del Trabajo N°3 los Sres Jueces Dres. Gustavo A. Canabal, Fabricio J. Coello Grassi y Adán Borlenghi de conformidad con lo establecido en el art. 5 del Acuerdo 3975/20, a los efectos de pronunciarse en la causa " MASIAS HUGO MARTIN C/ EXPERTA ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL " Expte N° SI-41718-2017 y en atención al resultado de la audiencia de vista de la causa , se procede a practicar el sorteo de ley, resultando de éste que la votación debe tener lugar en el siguiente orden: Dres: CANABAL - COELLO GRASSI - BORLENGHI estudiados los autos se resolvió plantear y vota las siguientes:
C O N S I D E R A N D O S
1. ¿Cuáles son los hechos pertinentes que deben ser tenidos por probados o no probados según estén o no controvertidos?
2. ¿Se encuentra acreditado el nexo de causalidad entre el daño físico incapacitante por la enfermedad reclamada y el trabajo realizado por el accionante?
3. ¿Posee el reclamante secuelas incapacitantes producto de la enfermedad denunciada?
4. ¿Observa la profesional algún padecimiento psicológico?
5. ¿Cuál era el valor mensual del ingreso base del actor a los efectos del cálculo de la indemnización por accidente dentro del marco normativo de la L.R.T.?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. CANABAL, DIJO:
De acuerdo a lo estatuido por los arts. 57 y 89 de la ley 15.057 la sentencia debe pronunciarse según el mérito de la causa y lo establecido en los arts. 330 y 354 inc 1º del CPCC.
Conforme los escritos de demanda y contestación el área de debate no comprende los siguientes hechos:
a) Que el reclamante se encuentra en relación de dependencia con la empresa FATE S.A.I.C.
b) Que Experta ART S.A. reconoce el contrato de afiliación con la empleadora del actor, cubriendo contingencias derivadas de la ley 24.557 en los términos que determina el art. 26 de la L.R.T.
c) Que dicha cobertura se encontraba vigente al momento de la denuncia de la enfermedad, siendo su número de afiliación el 452.286.
d) Que la demandada reconoce dicha reclamo administrativo pero afirmando que fue rechazo por no constatar la patología (art. 34 ley 15.057).
e) Que la edad del trabajador al momento de toma de conocimiento de la enfermedad denunciada era de 34 años.
Así lo voto.
A la misma cuestión los Sres. Jueces Dres. Coello Grassi y Borlenghi, votan en igual sentido por compartir los fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. CANABAL, DIJO:
Manifiesta el reclamante que producto de su débito laboral para la empresa FATE S.A.I.C. padece una enfermedad auditiva, habiendo tomado conocimiento de la misma en el día 9 de agosto de 2.017 donde le envía carta documento a la A.R.T., afirmando en la misma que dicha patología sobrevino como consecuencia de realizar las tareas habituales -como chofer de autoelevador- con ruidos permanentes en el sector pero sobretodo el generado por el motor y los productos transportados, durante toda la jornada laboral y a lo largo de más de 6 años (art. 31 ley 15.057).
Rechaza dichas cuestiones la demandada al contestar el traslado inicial correspondiente, negando que las tareas realizadas por el trabajador para FATE S.A.I.C. hayan provocado el problema auditivo. Que tomó conocimiento de la denuncia de la enfermedad efectivamente el 9 de agosto de 2.017. Negando también en forma cerrada la modalidad de trabajo (art. 34 de la ley 15.057).
A fin de resolver la cuestión planteada, tendré en cuenta la prueba pericial técnica y sus ampliaciones realizadas por el Ingeniero Alejandro Germán Caffaro (conforme art. 44 de la ley 15.057) en donde señala que la demandada le informó el personal de FATE S.A.I.C. expuesto de acuerdo al puesto de trabajo en el caso del Sr. Masías depósito y chofer de autoelevador en donde evalúa el riesgo con el código 90001 - ruido (conforme lo determina la S.R.T) , asimismo surge la constancia de visita el día 31 de marzo de 2.016 la planilla actualizada de R.A.R. (relevamiento de agente de riesgo) confeccionada por la empresa donde se señala que todo el personal de las áreas enumeradas anteriormente se encuentran expuestas al agente de riesgo 90001 (ruido) entre ellos el reclamante HUGO MARTIN MASIAS. Siguiente con su informe agrega que con fecha 31 de octubre de 2.016 se exhibió desvíos en los exámenes periódicos (RUIDO) y el análisis de protectores auditivos endoaurales. También establece en su experticia el técnico que de la documentación aportada por EXPERTA A.R.T. con fecha 18 de marzo de 2.018 se observan 6 investigaciones de enfermedad profesional por hipoacusia en distintos empleados, incluyendo en el puesto de trabajo "chofer de autoelevador".
Dicho informe ampliado se encuentra firme y consentido por las partes.
El reporte del profesional técnico es impepinable y exime de cualquier otro medio probatorio, será la base de la evaluación que realizaré a continuación con la experticia médica, ello me hace considerar que existió un nexo causal entre la posibles patología -hipoacusia, problema auditivo- y las tareas realizadas por el actor.
Voto en forma afirmativa.
A la misma cuestión los Sres. Jueces Dres. Coello Grassi y Borlenghi, votan en igual sentido por compartir los fundamentos.
A LA TERCERA CUESTION EL DR. CANABAL, DIJO:
Resulta de impepinable cuestionamiento conforme los lineamientos de las cuestiones anteriores, que el legitimado se encontraba cubierto por contingencias de enfermedad y/o accidente de trabajo dentro del marco normativo de la Ley de Riesgos del Trabajo siendo la obligada la demandada Experta A.R.T. S.A.
La accionada reconoce el contrato de afiliación con la empleadora del actor FATE S.A.I.C. también quedó acreditado que el Sr. Masías realizó la denuncia administrativa y que la misma fue rechazada por la A.R.T. por no poder constatar la patología denunciada (art. 34 ley 15.057).
El trabajador denunció en su escrito constitutivo que producto del trabajo para FATE S.A.I.C. luego de muchos años y producto del permanente ruido enfermó y producto de ello se le provocó una importante disminución auditiva, conforme lo establece el art. 31 de la ley 15.057.
Luego de estas consideraciones preliminares y a fin de resolver el interrogante planteado, analizaré la pericia médica (art. 44 ley 15.057).
A fin de dar respuesta al interrogante planteado, luce agregado electrónicamente el informe médico del Dr. Sergio Emilio Hambra afirma el profesional que luego de evaluar antecedentes médicos, estado actual, estudios complementarios -radiológico, fotográfico, mediciones con goniómetro audiometría -, arriba a la siguiente consideración médica: el Sr. Masías sufrió pérdida auditiva del oído izquierdo y que la misma surgió como consecuencia a exposición a altos umbrales de ruidos-sonidos compatibles con los denunciados en el trabajo (art. 45 ley 15.057).
Señala el experto que por dicha pérdida auditiva tiene un 6 % de incapacidad de la t.o.
Aduna factores de ponderación por dificultad para el desarrollo de sus tareas 0,6 % y por la edad 0,6 %, siendo entonces el total de minusvalía del 7,2 %. Reconociendo que en el informe original cometió un error aritmético.
Conforme se concluyó en la cuestión anterior existió un nexo causal entre la patología -pérdida auditiva- y las tareas realizadas por el actor, que suma a lo señalado por el Dr. Hambra.
Indica en su experticia que dicha disminución física es parcial y permanente.
Ratificando el galeno su informe original ante las impugnaciones que le formulara la parte demandada.
Concluyo entonces y es mi convicción que el grado de incapacidad que posee el accionante es del 7,2 % de la Total Obrera, ello como consecuencia del trabajo y que tomó conocimiento el 9 de agosto de 2.017 conforme lo establecido en las cuestiones anteriores, no encontrando razones de valor para apartarme de dicho análisis.
Así lo voto.
A la misma cuestión los Sres. Jueces Dres. Coello Grassi y Borlenghi, votan en igual sentido por compartir los fundamentos.
A LA CUARTA CUESTION EL DR. CANABAL, DIJO:
A fin de dar respuesta al interrogante planteado, luce agregado electrónicamente el informe pericial psicológico realizado por la Licenciada Sandra Amelia Icardi, señalando como conclusión que el reclamante al momento de la entrevista personal presenta signos de trastornos de ansiedad con depresión, llegando a la interpretación decisoria que el Sr. Masías en relación causal con la enfermedad que padeciera, es portador de una incapacidad psicológica del 20 % de la total obrera RVAN grado III.
Ahora bien dicho informe se encuentra realizado sin evaluar el resultado del examen físico realizado por el Dr. Hambra, en donde el mismo señala una mínima incapacidad auditiva del 6 %, a su vez el informe psicológico entiendo no es lo suficiente claro en la base valorativa para poder encuadrar la incapacidad psíquica exclusivamente al trabajo que realizó el reclamante para su empleadora, por último establece la auxiliar de justicia que un tratamiento con sesiones terapéuticas podría hacer cesar y/o mejorar su secuela incapacitante, terapia que recomienda para el actor.
Establece en su experticia la profesional -a pesar de esto último señalado- que el Sr. Masías posee una manifestación de trastorno con manifestación ansiedad-depresiva señalando un 20 % de incapacidad psíquica (art. 44 ley 15.057)
Reiterando que le recomienda al actor un tratamiento de psicología individual con la finalidad de mejorar su situación y tal vez revertir su incapacidad. Y que la evaluación la realiza sin constatar lo señalado en el informe pericial médico.
Luego de un profundo análisis del resultado pericial psicológico y teniendo en cuenta que el informe fue realizado sin tener en cuenta el informe pericial médico realizado por el Dr. Hambra y siendo que el diagnóstico del informe pericial psicológico señala que el Sr. Masías padece de una incapacidad psíquica del 20 %, no advierto que se encuentre debidamente demostrado en autos la existencia de nexo causal adecuado con la enfermedad de marras y la baja incapacidad física fijada, amén de que un tratamiento de psicoterapia podría mejorar al reclamante.
Dicha relación causal que interesa a la Ley de Riesgos del Trabajo es un concepto perteneciente a la órbita de la ciencia jurídica y no a la médica y aun cuando se requiera el conocimiento científico-técnico de la medicina por el cual se convoca a los expertos como auxiliares de la justicia, es atribución exclusiva de los jueces, evaluadas las circunstancias de cada caso concreto, la determinación de la existencia y el alcance de dicho nexo.
Arribo a este análisis en la inteligencia que la experta psicólogo recomienda para el demandante que se someta a un tratamiento de sesiones de psicoterapia y que se peritó sin analizar la una incapacidad física señalada por el Dr. Hambra.
Parece torticero entender que los sucesos de autos hubiesen impactado en un 100 % en la esfera psíquica del legitimado y el nexo causal sea el prudente para ocasionar el 20 % de incapacidad señalado por la profesional.
Por todo ello es mi convicción que la incapacidad psíquica debe reducirse en un 85 % de la señalada por la profesional de la psicología, es decir que el actor padece -en relación al accidente de autos- un 3 % de incapacidad psicológica permanente y parcial de la total obrera.
Cabe por último señalar antecedentes en igual sentido en la CSJN "Lucca de Hoz, Mirta Liliana c/ Taddei, Eduardo y otro s/ accidente acción civil" L 515 L XLIII del 17/8/2010 y "Robledo, Jorge Fernando c/ Provincia ART S.A. s/ accidente" CNT Sala X de fecha 28/08/2019".
Considero entonces que el accionante padece una incapacidad psíquica del 3 % de la total obrera.
Así lo voto.
A la misma cuestión los Sres. Jueces Dres. Coello Grassi y Borlenghi, votan en igual sentido por compartir los fundamentos.
A LA QUINTA CUESTION EL DR. CANABAL, DIJO:
Contesta la cuestión planteada, el experto contable en forma electrónica -a pedido del Tribunal-, señalando que el IBM del actor es por un importe de $ 38.731,54 conforme los lineamientos establecidos por el art. 11 de la ley 27.348 (que sustituye al art. 12 de la ley 24.557). Firme y consentida por las partes.
Por lo que considero a éste importe a los efectos de establecer el ingreso base de conformidad a lo establecido por el art. 11 inc. 1° de la ley 27.348 ($ 38.731,54).
Así lo voto.
A la misma cuestión los Sres. Jueces Dres. Coello Grassi y Borlenghi, votan en igual sentido por compartir los fundamentos.
Siendo mi íntima convicción voto estas conclusiones (art. 57 inc. 5 de la ley 15.057).
A la misma cuestión los Sres. Jueces Dres. Coello Grassi y Borlenghi, votan en igual sentido por compartir los fundamentos.
I. Hugo Martin Masías, por intermedio de su letrada apoderada Dra. María Agustina Luisa Rodríguez, promueve demanda contra Experta A.R.T. S.A. Dice que su representado trabajando para su empleadora FATE S.A.I.C. y producto de sus tareas con altos niveles sonoros especialmente al conducir una máquina autoelevadora a lo largo de muchos años contrajo problemas de disminución auditiva. Que tomó conocimiento de la incapacidad el 9 de agosto de 2.017. Que la aseguradora de la patronal es Experta ART. Que continua con dificultad auditivas. Que cuantifica dicha incapacidad psico-física en 22 % de la total obrera. Peticiona por último se haga lugar a la demanda en todas sus partes, con intereses y costas. Amén de plantear una serie de inconstitucionalidades de la ley 24.557.
II. A fs. 48/53 contesta la demandada Experta A.R.T. S.A. mediante su letrado apoderado Dr. Gastón De Cillis, reconoce la cobertura y el contrato de afiliación con la empleadora del accionante FATE S.A.I.C. Reconoce la denuncia pero afirma que el actor jamás concurrió a la citación médica y por lo tanto no se pudo constatar la patología denunciada. Desconoce además la modalidad laboral invocada por la reclamante. Por ello solicita se rechace la demanda con costas.
III. Con fecha 28 de octubre de 2.026 se realiza la vista de causa en la forma que ilustra el acta respectiva, luego de lo cual el Tribunal se pronuncia sobre los hechos a tenor de los correspondientes antecedentes a cuyos términos se remiten los señores jueces, quienes acto seguido deciden plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es procedente la demanda interpuesta?
2. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION EL DR. CANABAL DIJO:
De conformidad con lo resuelto anteriormente quedó establecido que el accionante trabajó en relación de dependencia para la empresa FATE S.A.I.C. que ésta tenía un contrato comercial con Experta A.R.T. sobre los riesgos derivados de la L.R.T (24.557). Que en éste marco contractual la A.R.T. recibió la denuncia de un acontecimiento dañoso -por una enfermedad- como consecuencia del contrato de trabajo sufrido por el Sr. Masías. Que producto de su trabajo para su empleadora se le desencadenó una enfermedad auditiva con disminución de dicho sentido.
Asímismo se concluyó en la segunda cuestión que existió un nexo causal entre la pérdida auditiva y las tareas realizadas por el actor, con fecha de toma de conocimiento el 9 de agosto de 2.017.
Que de conformidad con lo señalado en la segunda y tercera cuestión, he concluido basándome en el informe médico del perito, que el reclamante tiene disminución auditiva como consecuencia de la labor realizada para la patronal cuantificando dicha enfermedad en un 7,2 % de incapacidad de la t.o.
En igual sentido se produjo el informe psicológico confeccionado por la licenciada Icardi y de acuerdo a lo resuelto en la cuarta cuestión el Tribunal estableció que producto del accidente de marras el trabajador presenta un daño psíquico que lo incapacita en un 3 % de la t.o. en forma parcial y permanente.
Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 659/96 "in fine" se debe aplicar el criterio de la incapacidad restante, utilizándose la de mayor magnitud como parámetro, por lo tanto y atento las dos incapacidades fijadas por las profesionales intervinientes en autos, establezco como incapacidad total de la actora un 9,984 % de la t.o. en forma parcial y permanente.
Precisado el ámbito de imputación de responsabilidad de la demandada (sistémico) y teniendo en cuenta que la incapacidad laboral que afecta al Sr. Masías alcanza al 9,984 % de la total obrera, que conforme la quinta cuestión el ingreso base mensual del trabajador era $ 38.731,54 habiendo tomado conocimiento de la enfermedad el día 9 de agosto de 2.017 y que la edad del accionante al momento de dicho conocimiento era de 34 años, corresponde establecer en $ 391.814,00 el número de acuerdo a la ley especial reclamada (arts. 1, 2, 11, 15 inc. ap. 2 y concordantes de la ley 24.557). A dicho importe deberá adunarse el 20 % que establece el art. 3 ley 26.773 es decir la suma de $ 78.363,00. Siendo el total la suma de $ 470.177,00.
Recordando que el art. 14 de la L.R.T. establece que ..."una indemnización de pago único, cuya cuantía será igual a cincuenta y tres (53) veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por un coeficiente que resultará de dividir el número sesenta y cinco (65) por la edad de la damnificada a la fecha de la primera manifestación invalidante ..."
Conforme lo establecido como piso de RIPTE por la Nota S.C.E. 5649/17 el importe que le corresponde por la minusvalía es menor a la que antes arrojó la fórmula, por lo tanto será aquel el monto por lo que prospere la acción es decir la suma de pesos 470.177,00.
En relación a la actualización del monto de condena histórico la doctrina legal sentada por el Tribunal Bonaerense indica que "corresponderá a los jueces de la instancia establecer el mecanismo específico de preservación del crédito más idóneo para emplearse en el caso, en modo consistente con la plataforma de hecho que está en la base del litigio"
En dicha inteligencia la S.C.B.A. ha resuelto en las causas "Galarza, Daniel Alejandro c/ Prevención A.R.T. S.A. s/ Accidente in itinere" y "Vera, Carlos Issac c/ Gobierno de la Provincia de Buenos Aires s/ Acción de revisión" y más recientemente "Fernández, Hilda Noemí c/ Ozuna, José Antonio s/ Despido" claras directrices en relación a la forma de actualización de los créditos dentro del marco de la Ley de Riesgos del trabajo apartándose con toda claridad del fallo que hasta ahora el Tribunal que integro venía manteniendo con el antecedente del Superior Tribunal Provincial "Barrios L. 124.096 SCBA". Y si bien entiendo que la aplicación literal del art. 12 ap. 2 de la ley 25.557 t.o. actualizado por el art. 11 de la ley 27.348 con la tasa activa del Banco Nación, no compensa debidamente la actualización de las contingencias por accidente y/o enfermedades, a fin de evitar cuestiones recursivas dichos antecedentes señalados me llevan a adoptar la postura sostenida en "Galarza", Vera" y "Fernández".
Por lo tanto la forma de actualización del monto que prospera deberá ser liquidado por Secretaria conforme la capitalización dispuesta por el art. 770 inc. b) desde la fecha de la PMI en el caso 9 de Agosto de 2.017 y hasta la notificación de la demanda 26 de marzo de 2.018, continuando a partir del día siguiente según el promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días (30) del Banco de la Nación Argentina, desde el nacimiento de la obligación hasta la fecha de la presente (art. 768 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación -Ley 26.994- 12, apartado 2 ley 24.557 t.o. art. 11 ley 27.348.
En caso de incumplimiento en el pago de la indemnización dentro del plazo estipulado y correspondiente, será de aplicación lo establecido por el art. 770 inc. c) del Código Civil y Comercial acumulándose los intereses al capital y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina hasta el efectivo pago (art. 12 inc. 3) de la ley 24.557).
Atento como fueron resultas las cuestiones se torna abstracto el resto de las inconstitucionalidades planteadas.
ASI LO VOTO
A la misma cuestión los Sres. Jueces Dres . Coello Grassi y Borlenghi , votaron en el mismo sentido por compartir los fundamentos del juez preopinante.
A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. CANABAL DIJO:
De acuerdo al resultado de la votación que antecede corresponde hacer lugar a la demanda interpuesta por HUGO MARTIN MASIAS condenando a EXPERTA A.R.T. S.A. a abonar al actor dentro de los diez días y mediante depósito judicial en autos (art. 277 LCT) la suma de $ 470.177,00 en concepto de la incapacidad física por enfermedad establecida dentro del marco de lo normado por la ley 24.557, 26.773 y 27.348 (art. 14 inc. a. de la ley de Riesgos del Trabajo y Dec. 1694/09).
Deberá la actualización ser liquidada por Secretaria conforme la capitalización dispuesta por el art. 770 inc. b) desde la fecha de la PMI en el caso 9 de Agosto de 2.017 y hasta la notificación de la demanda 26 de marzo de 2.018, continuando a partir del día siguiente el promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días (30) del Banco de la Nación Argentina conforme art. 768 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación -Ley 26.994- 12, apartado 2 ley 24.557 t.o. art. 11 ley 27.348.
En caso de incumplimiento en el pago de la indemnización dentro del plazo estipulado y correspondiente, será de aplicación lo establecido por el art. 770 inc. c) del Código Civil y Comercial acumulándose los intereses al capital y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina hasta el efectivo pago (art. 12 inc. 3) de la ley 24.557).
Intimar al actor para que dentro el plazo de 48 horas acredite en el expediente la titularidad de una cuenta bancaria abierta a su nombre (ley 26.590) a fin de que la demandada se encuentre en condiciones de transferir el monto indemnizatorio correspondiente (art. 17 de la ley 24.557), bajo apercibimiento de que la demandada deba depositar dicho monto a cuenta abierta a nombre del Tribunal (art. 12 de la ley 15.057).
Propongo imponer las costas a la demandada por haber resultado vencida (art. 24 de la ley 15.057).
Propicio regular los honorarios de los Sres. profesionales intervinientes Dra. María Agustina Luisa Rodríguez en 10 %, Dr. Esteban Corti en 5%, Dr. Gastón De Cillis 11 %, perito médico Sergio Emilio Hambra en 3 %, perito ingeniero Alejandro Germán Caffaro en 3 %, perito psicóloga Sandra Amelia Icardi en 2 % y perito contador Juan Martín Rodriguez Villegas en 2 %, con más los porcentajes legales arts. 1, 2, 9, 15 inc. d), 28 inc. h), 43, 54 y 57 in fine de la ley 14.967 y Acordada SCBA n° 3938/19 y de acuerdo a lo normado por la ley 24.432, amén de los arts. 175, 179, 187, 193, 207 y 215 de la ley 10.620. Deberá agregarse en caso de corresponder el IVA respectivo.
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión los Sres. Jueces Dres . Coello Grassi y Borlenghi , votaron en el mismo sentido por compartir los fundamentos del juez preopinante.
CON LO QUE TERMINO EL PRESENTE ACUERDO.
Los términos y citas legales del Acuerdo que antecede el Tribunal RESUELVE:
1. Hacer lugar a la demanda interpuesta por HUGO MARTIN MASIAS condenando a EXPERTA A.R.T. S.A. a abonar al actor dentro de los diez días y mediante depósito judicial en autos (art. 277 LCT) la suma de $ 470.177,00 en concepto de la incapacidad física por enfermedad establecida dentro del marco de lo normado por la ley 24.557, 26.773 y 27.348 (art. 14 inc. a. de la ley de Riesgos del Trabajo y Dec. 1694/09).
Deberá por Secretaría actualizarse conforme la capitalización dispuesta por el art. 770 inc. b) desde la fecha de la PMI en el caso 9 de Agosto de 2.017 y hasta la notificación de la demanda 26 de marzo de 2.018, continuando los mismos desde el día siguiente según el promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días (30) del Banco de la Nación Argentina (art. 768 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación -Ley 26.994- 12, apartado 2 ley 24.557 t.o. art. 11 ley 27.348.
En caso de incumplimiento en el pago de la indemnización dentro del plazo estipulado y correspondiente, será de aplicación lo establecido por el art. 770 inc. c) del Código Civil y Comercial acumulándose los intereses al capital y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina hasta el efectivo pago (art. 12 inc. 3) de la ley 24.557).
Intimar al actor para que dentro el plazo de 48 horas acredite en el expediente la titularidad de una cuenta bancaria abierta a su nombre (ley 26.590) a fin de que la demandada se encuentre en condiciones de transferir el monto indemnizatorio correspondiente (art. 17 de la ley 24.557), bajo apercibimiento de que la demandada deba depositar dicho monto a cuenta abierta a nombre del Tribunal (art. 12 de la ley 15.057).
2. Imponer las costas a la demandada por haber resultado vencida (art. 24 de la ley 15.057).
3. Regular los honorarios de los Sres. profesionales intervinientes Dra. María Agustina Luisa Rodríguez en 10 %, Dr. Esteban Corti en 5%, Dr. Gastón De Cillis 11 %, perito médico Sergio Emilio Hambra en 3 %, perito ingeniero Alejandro Germán Caffaro en 3 %, perito psicóloga Sandra Amelia Icardi en 2 % y perito contador Juan Martín Rodriguez Villegas en 2 %, con más los porcentajes legales arts. 1, 2, 9, 15 inc. d), 28 inc. h), 43, 54 y 57 in fine de la ley 14.967 y Acordada SCBA n° 3938/19 y de acuerdo a lo normado por la ley 24.432, amén de los arts. 175, 179, 187, 193, 207 y 215 de la ley 10.620. Deberá agregarse en caso de corresponder el IVA respectivo.
4. Regístrese, liquídese por Secretaría y a cargo del Actuario y notifíquese.
FABRICIO JORGE COELLO GRASSI
PRESIDENTE
GUSTAVO ALBERTO CANABAL ADAN BORLENGHI JUEZ JUEZ
Firmas
Funcionario firmante: CANABAL Gustavo Alberto - JUEZ
Funcionario firmante: COELLO GRASSI Fabricio Jorge - JUEZ
Funcionario firmante: BORLENGHI Adan - JUEZ
Funcionario firmante: ROMANO Luciana Inés - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 2110-2026
Fin de la sentencia