Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 4 de San Isidro · Causa SI-29594-2023
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 7 ley 23.928, según ley 25.561 y 11 ap. 2 ley 27.348 (modif. art. 12 ley 24.557) y dec. 669/19.-
2Hacer lugar, parcialmente, a la demanda interpuesta por la Sra. VALERIA SOLEDAD MASSAFERRO GIMENES y en consecuencia condenar a PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. a abonar a la actora dentro de los diez (10) días de notificada y mediante depósito en autos, la suma de PESOS SETECIENTOS VENTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 01/100 ($ 721.697,01) en concepto de las indemnización contemplada en el art. 14 ap. 2 inc. a) de la LRT.- i) Actualizar dicho monto, -desde que el crédito se hizo exigible y hasta la liquidación que se practique por Secretaría-, conforme índice RIPTE; adicionar al capital ajustado un interés puro al 3 % anual. Estimándose como índice inicial a aquel correspondiente al de la ruptura del vínculo y como dividendo al último publicado.- ii) En caso de incumplimiento, aplicar sobre el resultado que arroje el cálculo dispuesto en el punto presente, '.un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación.' (conf. art. 12 inc. 3 ley 24.557).
3Rechazar la demanda incoada por la actora, en cuanto pretende la reparación de la disminución de la capacidad laborativa derivada del daño psicológico (art. 726 Cód. Civil).- …
EXPTE Nº SI-29594-2023
En la ciudad de San Isidro, el Tribunal del Trabajo Nro. 4 de éste Depto. Judicial, de conformidad con lo establecido en el art. 5 del Anexo Único aprobado por Acuerdo n° 3975, procede al dictado de la sentencia definitiva en el expediente nro. SI-29594-2023 , "Massaferro Gimenes Valeria Soledad c/ Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A s/ Accion de revisión Res. comision medica jurisdiccional ley 15057" , con arreglo al siguiente orden de votación: doctores Mollo, Mena y Garcia Cossovich .-
EL DR. MOLLO DIJO:
I)
En fecha 29/08/2023 se presenta la Sra Massaferro Gimenes Valeria Soledad por sí, conjuntamente con su letrado patrocinante Dr. Gonzalo Martin Tabernero, promoviendo formal demanda contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. tendiente al cobro de la suma de $ 1.617.825,00; enumera los conceptos reclamados, practica liquidación, ofrece prueba, funda en derecho, y solicita se haga lugar a la demanda interpuesta en todas sus partes, con costas.-
En fecha 28/09/2023 contesta demanda Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., por intermedio de su letrada apoderada Dra. Oporto Ariana Ayelen, reconoce la existencia del contrato de afiliación hacia la empleadora de la actora como también el haber recibido denuncia del accidente sufrido por esta última y el haber dado tratamiento médico adecuado, contesta planteos de inconstitucionalidad, impugna reclamo patrimonial, ofrece prueba y solicita el rechazo de la acción con costas.-
Por auto del dia 9/10/2023 se abre la causa a prueba por el plazo de sesenta días, proveyéndose las pruebas ofrecidas.-
A través de la presentación electrónica del día 4/07/2024 la Sra Massaferro Gimenes le revoca el patrocinio al Dr Gonzalo Martin Tabernero y se presenta en ese mismo acto con el Dr Gabrieli Kevin Matías, teniéndose presente dicha circunstancia y teniendo a este último letrado por presentado parte y constituido el domicilio electrónico conforme providencia del dia 1/08/2024.-
Por proveído del 31/10/25 se ha intimado a las partes para que manifiesten lo que consideren respecto de su prueba pendiente bajo apercibimiento de tener por desistida la misma, encontrándose el desistimiento efectuado por la demandada en fecha 3/11/25 y haciendo efectivo el apercibimiento allí dispuesto a la actora atento su silencio.-
A través de la providencia de fecha 2/12/25 se intima a ambas partes por el termino de cinco días a fin que presenten sus respectivos alegatos en forma escrita, encontrándose agregado el de la actora en fecha 3/12/2025.-
En la audiencia celebrada en fecha19/06/2026 se ordena el pase de los autos al Acuerdo a fin de dictar sentencia.-
II)-
Hechos acreditados .-
II.i. Existencia del vínculo laboral. Celebración de contrato de Afiliación. Denuncia. Trámite ante Comisión Médica. Accidente Trabajo. -
Conforme los términos expuestos en los escritos de demanda y contestación, analizados conjuntamente con la documentación adjunta a los escritos de inicio y de responde, los informes de la SRT y AFIP y el informe contable de fecha 12/11/2023, se halla acreditado (arts. 31, 34, 50, 54 inc. d) y 89 ley 15.057; 354 inc. 1 párr. 1, 385 y 401 CPCC):
a) Que entre la Sra Massaferro Gimenes Valeria Soledad y la empresa Prolix Group SA se configuró una relación contractual de carácter laboral (art. 21 LCT), en la cual la accionante mantuvo la calidad de trabajadora (art. 25 LCT) y la persona jurídica la de empleadora (art. 26 LCT) .-
b) Que entre la empleadora de la actora y Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. se celebró un contrato de afiliación en los términos de la Ley 24.557, el cual se hallaba vigente al momento de la denuncia del siniestro que se invoca.-
c) Que en fecha 13/12/2022 se formuló ante la accionada la denuncia de un accidente de trabajo padecido por la accionante, la que fue registrada bajo el siniestro nro 02269060/001/01, indicando en la misma que dirigiéndose al trabajo en colectivo sufre un traumatismo.-
d) Que Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A brindó a la actora prestaciones médicas desde el momento de la denuncia y hasta el 15/02/2023 en que fue otorgada el alta médica sin incapacidad (art. 20 ley 24.557).-
e) Que la actora con fecha 13/03/2023 inició el expediente administrativo nro.111301/23 ante la Comisión Médica 391 - San Isidro por 'Divergencia en la Determinación de la Incapacidad'; habiendo dictaminado aquélla en fecha 28/07/2023 que la actora no posee incapacidad respecto de la contingencia de fecha 13 de diciembre de 2022.-
f) Que el 13/12/2022, mientras la actora se dirigía a su lugar de trabajo en colectivo, éste frenó de manera abrupta haciendo que la Sra Massaferro Gimenes pierda el equilibrio y se golpee de manera violenta contra las barandas metálicas de la unidad y luego con el piso lastimándose así el tórax, la rodilla y el tobillo derecho, contando a esa fecha con 34 años de edad.-
II.ii) Disminución de la capacidad laborativa .-
Conforme lo relatado en el escrito de inicio, la actora sostiene que padece una disminución de la capacidad física que alcanza al 10 % y psicológica de 5%.-
Previo al análisis de la prueba pericial producida, pondero en primer término que si bien es cierto que la misma no tiene fuerza vinculante, en razón que el juzgador no debe perder su condición de tal para convertirse en mero homologador de dictámenes periciales médicos (Augusto M. Morello, Anales de las VII Jornadas Argentinas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Rosario 1983, pág. 119) , corresponde destacar que si la pericia ha sido regularmente incorporada como prueba al proceso, y sus conclusiones además de contener motivación clara y lógica, se basan en hechos o datos probados con rigor técnico científico, tiene eficacia probatoria y el juez para descalificarla debe tener fundadas razones para el rechazo (Carlos Alberto Livellara, Valor probatorio del dictamen pericial médico en el proceso laboral, Revista de Derecho Laboral, Procedimiento laboral-II, t° 2007-2, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 308) .-
A través del dictamen de fecha 21/05/2025, el médico tratante indica que la actora presenta respecto del aparato respiratorio y examen de toráx, dolor a la palpación de la séptima costilla izquierda y en cuanto a la expansión torácica encuentra en vértices y bases y en la región infra-clavicular, elevación anormal, finalmente de la espirometria indica compromiso respiratorio no obstructivo leve..
También examina el tobillo derecho y su movilidad señalando flexión plantar 30º. flexión dorsal 10º. inversión 30º. eversión 10º - todas pasivas y activas-
Con el examen realizado el experto concluye que la actora sufrió traumatismo de tórax en ocasión de accidente in-Itinere, con fractura de séptimo arco costal, entendiendo que los hallazgos de los estudios complementarios son ajenos a la patología traumática y además sufrió traumatismo de tobillo derecho en ocasión del mismo siniestro presentando disminución funcional y hallazgos en los estudios complementarios, por ello valora la incapacidad de 3% respecto al traumatismo de tórax y 5 % respecto al tobillo derecho, determinando así una incapacidad física del 8% de la T.O. en forma parcial y permanente de acuerdo al Decreto 659/96, Baremo de la ley 24.557 que al adicionar los factores de ponderación establece para la Sra. Massaferro Gimenes Valeria Soledad una incapacidad de 8,44 % de la t.o en relación causal con el siniestro denunciado.-
No soslayo las impugnaciones efectuadas por la demandada en fechas 4/06/25 y 7/7/25 expresando la falta de relación causal entre el hecho denunciado y las secuelas informadas, más el Dr Malfatti en presentacion del dia 25/06/25 ratifica el informe presentado e indica que tanto las lesiones sufridas como sus secuelas guardan relación verosímil con el infortunio denunciado, ya que, al analizarlas, las mismas cumplen con los criterios de cronología y evolución, como así también los de intensidad y topografía, concluyendo así que hay una relación total con el presente reclamo.-
En razón de lo expuesto, teniendo en cuenta los elementos empleados para realizar la experticia (exámen físico de la Sra Massaferro Gimenes Valeria Soledad realizado por el perito y estudios) y las conclusiones a las que el experto ha arribado, ratificado a través de la contestación a las impugnaciones efectuadas, estimo que el dictamen reúne las características y condiciones suficientes para validarlo como tal, toda vez que los fundamentos y conclusiones del mismo comprenden todos los requisitos de lógica, técnica, ciencia y equidad para crear en mi certeza respecto de las conclusiones allí indicadas.-
Consecuentemente estimo probado que la Sra Massaferro Gimenes Valeria Soledad tiene disminuída su aptitud física laborativa en un 8,44 % de la total obrera, detentando exclusiva vinculación con el siniestro sufrido por aquélla en fecha 13/12/2022 (arts. 44, 54 inc. d) y 89 ley 15.057; 474 y cc. CPCC).-
En segundo lugar, la perito psicóloga Lic. Graciela Cassarino Badessich, en la presentación electrónica de fecha 5/01/2024, ha indicado que la actora no posee incapacidad psíquica alguna derivada del siniestro laboral en cuestión; para arribar a esa conclusión la experta ha señalado haber llevado a cabo una Entrevista psicológica forense y diferentes técnicas. Teniendo en cuenta los elementos señalados que obran en la experticia, considero que aquella reúne las características y condiciones suficientes para validarla como tal, toda vez que los fundamentos del dictamen, reúnen todos los requisitos de lógica, de técnica, de ciencia y de equidad para crear en mi certeza respecto de las conclusiones allí indicadas, análisis que me lleva a determinar respecto a la inexistencia de incapacidad laboral psicológica padecida por la actora Sra. Massaferro Gimenes Valeria Soledad como consecuencia del siniestro padecido por aquella el 13/12/2022 (arts. 44, 54 inc. d) y 89 ley 15.057; 474 y cc. CPCC).-
II.iii)-
Monto del Valor del Ingreso Base .-
En primer término, corresponde señalar que el art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11 ley 27.348), prevé: a) el promedio mensual de todos los salarios devengados por el trabajador (conf. art. 1 Convenio N° 95 OIT), b) que corresponde considerar aquellos devengados en el año anterior a la primera manifestación invalidante o en el tiempo de prestación de servicio, si fuera menor, y c) que los salarios mensuales que integran el promedio se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables).-
Ahora bien, a fin de establecer el ingreso base mensual tomo las remuneraciones informadas por AFIP (presentacion de fecha 1/07/2025) correspondientes al período comprensivo de los doce (12) meses anteriores al 13 de diciembre de 2022 y el informe contable acompañado en fecha 12/11/2023 .-
Luego tomo como referencia la información suministrada por la Secretaría de Seguridad Social a través de la página web https://www.argentina.gob.ar/trabajo/seguridadsocial/ripte y logro establecer que el índice RIPTE de destino correspondiente a diciembre de 2022 equivale a 22194,74 posteriormente tomo el RIPTE de origen correspondiente a cada uno de los meses en los cuales el trabajador devengó salarios y al dividir el valor de destino por cada uno de los valores de origen, se arriba al valor de ajuste, el cual se debe multiplicar por cada uno de los salarios informados por la Afip, antes indicados; ascendiendo el monto total de remuneraciones reajustadas correspondientes al período comprendido a $ 1.012.706,08 mientras que el ingreso base mensual alcanzó a $ 84.392,17 ($ 1.012.706,08 /12) (art. 12 ap. 1 ley 24.557) (arts.31 inc.g), 34, 50, 54 inc. d) y 89 ley 15.057; 354 inc. 1 párr. 1°, 385, 401, 474 y cc. CPCC).-
III)-
Hechos no acreditados .-
No se ha acreditado en autos el siguiente hecho (arts. 89 ley 15.057 y 375 CPCC):
- Que se encuentren abonados los rubros que integran la liquidación de autos.-
IV)-
La decisión .
a)-
Prestaciones .-
Reclamo con fundamento en la ley 24.557 .-
Conforme lo considerado en el punto II.i.f), no cabe duda que el siniestro denunciado en autos, corresponde a un accidente "in itinere" en los términos previstos en el art. 6 ap. 1 de la ley 24.557.-
Ahora bien, en el punto II.ii) de la presente, ha quedado probada la inexistencia de incapacidad psíquica por parte de la actora; como así también que la misma padece una incapacidad física del 8,44 % conforme Baremo previsto en el Dec. 659/96.-
Asimismo en el punto II.iii) ha quedado probado que el Ingreso Base Mensual alcanzó a $ 84.392,17.-
En consecuencia, teniendo en cuenta la edad de la actora al momento del siniestro, que ha quedado acreditada en el punto II.i.f) (34 años), y el porcentaje de incapacidad física que el mismo le ha generado (8,44%), corresponde realizar el siguiente cálculo conforme lo dispuesto por el art. 14 ap. 2° inc. a):
$ 84.392,17 x 53 x 8,44 % x (65/34) = $ 721.697,01
Efectuado el cálculo, y teniendo en cuenta que la suma resultante del mismo resulta superior a aquella que surge del monto establecido en la Res. SRT 51/2022 "Conf. procedimiento establecido por el art. 17 bis. ley 26.773 'texto inc. art. 16 ley 27.348'" ($ 8.433.218,00 x 8,44 % = $ 711.763,59), corresponde establecer en pesos setecientos veintiún mil seiscientos noventa y siete con 01/100 ($ 721.697,01) la correspondiente reparación en concepto de las prestaciones contempladas en el art. 14 ap. 2° inc. a) de la LRT.-
V)-
i)
Prohibición de indexar. Art. 11 Ley 27.348. Actualización de créditos. -
Luego de efectuar el cálculo de la prestación que entiendo procede en favor del promotor del pleito y en mérito al deber de control de constitucionalidad que debemos ejercer los jueces, habré de abocarme a tratar este punto respecto del art. 11 de la ley 27.348 en cuanto modifica el inc. 2 del art. 12 de la LRT 24.557.-
En palabras de la SCJBA "El control judicial difuso, adoptado por nuestro país, faculta a todos los magistrados del territorio a ejercer el control de constitucionalidad, sin hacer diferencias entre jueces nacionales y provinciales." (SCBA LP L 117573 S 28/09/2016, del voto de la Dra. KOGAN en mayoría, correspondiente a los autos "Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A. s/Apelación de resolución administrativa.") .-
La ley 27.348 a través de su art. 11 modifica el régimen de la ley 24.557 en aspectos que resultan sustanciales. A efectos de ponderar el monto del ingreso base mensual -IBM-, ordena su actualización con el índice RIPTE; luego, en el inc. 2, establece que "Desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina."
Es sobre este inc. 2 del art. 12 en su nueva redacción que habré de detenerme para su análisis.
La reciente jurisprudencia dictada por nuestro Superior Tribunal en el precedente 'Muzichuk, Claudio Rubén c/ La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente de Trabajo - Acción Especial. (L. 129800, 14/07/2025) en el que ratificó la declaración de inconstitucionalidad del DNU 669/19 realizada por el tribunal de origen, cuya decisión que fue replicada en los autos 'Silva, Alfredo Alejandro c/ Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente de Trabajo - Acción Especial' (L. 133905, 17/09/2025), pese a que la situación no era similar a la del expediente citado en primer término, en razón que en la instancia de grado había sido declarada su validez como decreto delegado (art. 76 Const. Nac.) en tanto el mismo cumplimentaba la manda legislativa establecida en el artículo 11.3 de la LRT, criterio último que era sostenido por éste órgano; para así decidir, sostuvo -en lo sustancial- que dicho reglamento no cumple con los requisitos exigidos por el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional. Entendió que, en el caso, no se verifican las circunstancias excepcionales que justifican su dictado, tanto en lo relativo a la configuración de la emergencia, como a la imposibilidad de seguir el procedimiento legislativo.-
Previo a éstos pronunciamientos, se encuentra el citado precedente "Barrios", (SCBA, L. 124.096, sent. del 18-4-2024) que, además declarar la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar, interpela a considerar el menoscabo que sufre el resarcimiento de la persona trabajadora accidentada como consecuencia del proceso inflacionario en afectación de su dignidad y el derecho de propiedad, desatendiendo uno de los objetivos del Derecho que es la reparación de los daños y violentando además los derechos y garantías consagrados al respecto tanto en la Carta Magna Nacional y Provincial como en Convenios Internacionales de igual rango.
El destacado "análisis/argumentos económicos" que se explican en el precedente citado, es aplicable a todo crédito, máxime, cuando se trata de uno de carácter alimentario perteneciente a un trabajador accidentado - sujeto de tutela constitucional preferente art. 14 bis CN , art. 39 CPBA.-
La Suprema Corte dispuso en el caso referido que las deudas dinerarias deben ser indexadas para conservar su valor y de allí satisfacer el imperativo constitucional. Comparó incluso la evolución de la tasa activa con índices como el IPC y el RIPTE, en un ejercicio numérico que ejemplificó magistralmente el impacto de la arrolladora depreciación monetaria que sufrimos en nuestro país. Concluyó en definitiva que la aplicación de la citada tasa bancaria -cuando luce negativa- en comparación con el poder adquisitivo de la moneda, importa afectación constitucional. Las tablas incluidas en el voto del ministro Soria, que concitara la adhesión de sus colegas, son explícitas en tal sentido.
Por ello, la Suprema Corte ha resuelto que el juez o tribunal interviniente "debe realizar adecuaciones en las relaciones jurídicas concernidas, en cuanto fuere necesario para observar la incolumidad del crédito". Incolumidad, significa "sano, sin lesión ni menoscabo".
Se impone la indemnidad. Principio que, no es vano recordarlo, en la Provincia de Buenos Aires rige explícitamente por mandato constitucional (art. 39, ap. 3°, Const. Provincial), y que es obligación de los Jueces resguardar mas aún, cuando se trata de créditos alimentarios pertenecientes a sujetos de especial tutela y, en casos como este, cuando se encuentra afectada su integridad psicofísica.-
Ahora bien, bajo el prisma rector de los precedentes citados, entiendo que, la aplicación literal del inc. 2 del art. 12 de la Ley 24.557 modificado por el art. 11 de la ley 27.348, resulta insuficiente e irrazonable. No cumple la finalidad a la que apunta toda la normativa relativa a la reparación de los infortunios laborales, resultando así violatoria de los preceptos constitucionales del art. 14 bis, 16 y 75 inc. 22 en cuanto colisiona con preceptos normativos supralegales integrados al bloque constitucional como aquellos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otras normas supranacionales con jerarquía constitucional.
A efectos de ilustrar la postura que propicio, resulta útil graficar la evolución de la tasa de interés activa del Banco de la nación Argentina que se establece en el inc. 2) del art. 12 de la ley 24.557 en su redacción modificada por el art. 11 de la ley 27.348 en diferentes períodos hasta la fecha:
Luce así patente la desproporcionalidad y la consecuente confiscatoriedad que sufre el crédito del trabajador siniestrado con la aplicación de la norma en su actual redacción.-
Es por ello que, para el caso en concreto, propicio se declare la inconstitucionalidad del art. 11 de la ley 27.348 en cuanto modifica el art. 12 inc 2) de la ley 24.557 y en consecuencia su inaplicabilidad al caso de autos.-
Esto nos lleva a la conclusión que para el cálculo de la prestación dineraria correspondiente, se le aplicará un mecanismo de actualización que contemple la depreciación de la moneda a efectos de mantener incólume el crédito de autos.-
V.ii)-
Pautas para la liquidación .
En razón de lo expuesto, entiendo acertado clarificar las pautas para el cálculo; teniendo en cuenta que he propuesto actualizar el crédito, -previa inconstitucionalidad de los arts. 7 de la ley 23.928, según ley 25.561 y 11 ap. b) ley 27.348 (modif. art. 12 ley 27.348)-, utilizando el índice RIPTE, deviene acertado tomar como referencia la información suministrada por la Secretaría de Seguridad Social a través de la página web https://www.argentina.gob.ar/trabajo/seguridadsocial/ripte, y con los datos brindados por la misma, corresponde en primera instancia establecer el índice RIPTE de origen, -fecha en que el crédito se hizo exigible-, y el de destino, -fecha actual-, a continuación dividir éste último por el primero, operación que arrojará como resultado el valor de ajuste, el cual se deber multiplicar por el monto de capital nominal; al monto actualizado se le adicionará el interés del 3 % anual.-
Por último debo destacar que en supuesto de autos no resulta aplicable la capitalización prevista en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, en tanto el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), no constituye una tasa de interés moratorio de las establecidas en el art. 768 inc. c) de ese ordenamiento, sino que se trata de un índice de actualización, resultando improcedente dicha operación sobre éste último.-
V.iii)-
Sanción por incumplimiento .
A partir de la mora en el pago del capital actualizado propongo aplicar sobre el resultado que arroje dicho cálculo los emolumentos dispuestos por el art. 12 apartado 3° de la ley 24.557 (conforme el art. 11 de la ley 27.348); es decir '. un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación.'. -
VI)-
Decreto 549/2025. Inaplicabilidad .-
Cabe señalar que el artículo 3 del Decreto 549/2025 establece que: "La TABLA DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES LABORALES, sustituida por el artículo 1° del presente decreto, entrará en vigencia a los CIENTO OCHENTA (180) días corridos, contados desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL, esto es, a partir del 2 de febrero de 2026, y desde esa fecha resultará de aplicación a toda valoración o determinación de incapacidad laboral que no haya sido aún dictada, independientemente de la instancia administrativa o judicial en la que se encuentre". Sin embargo, en el caso de autos, la incapacidad laboral del actor fue oportunamente determinada a través de la pericia médica producida en la causa, -la cual este voto hace propia-, dictamen que fue elaborado conforme el baremo vigente al momento de su confección, esto es, el previsto por el Decreto 659/96 y sus modificatorios. En tales condiciones, no corresponde la aplicación del nuevo baremo al presente supuesto, no sólo porque el mismo no se encontraba vigente al momento del siniestro, ni de la evaluación pericial, sino además porque se trata de una norma de naturaleza sustancial que integra uno de los elementos centrales de la fórmula indemnizatoria del sistema de riesgos del trabajo. Su aplicación retroactiva importaría una alteración de los parámetros legales utilizados para la determinación de la incapacidad laboral, con afectación del principio de irretroactividad de la ley, de la seguridad jurídica y del derecho de propiedad del trabajador. En consecuencia, la valoración de la incapacidad efectuada en autos debe fundarse en las previsiones del baremo establecido por el Decreto 659/96 y sus modificatorios.-
ASÍ LO VOTO.
Los Dres. MENA y GARCIA COSSOVICH por compartir sus fundamentos, adhieren al voto que antecede.-
POR LO QUE RESULTA DEL ACUERDO QUE ANTECEDE, EL TRIBUNAL RESUELVE:
1. Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 7 ley 23.928, según ley 25.561 y 11 ap. 2 ley 27.348 (modif. art. 12 ley 24.557) y dec. 669/19.-
2. Hacer lugar, parcialmente, a la demanda interpuesta por la Sra. VALERIA SOLEDAD MASSAFERRO GIMENES y en consecuencia condenar a PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. a abonar a la actora dentro de los diez (10) días de notificada y mediante depósito en autos, la suma de PESOS SETECIENTOS VENTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 01/100 ($ 721.697,01) en concepto de las indemnización contemplada en el art. 14 ap. 2 inc. a) de la LRT.-
i) Actualizar dicho monto, -desde que el crédito se hizo exigible y hasta la liquidación que se practique por Secretaría-, conforme índice RIPTE; adicionar al capital ajustado un interés puro al 3 % anual. Estimándose como índice inicial a aquel correspondiente al de la ruptura del vínculo y como dividendo al último publicado.-
ii) En caso de incumplimiento, aplicar sobre el resultado que arroje el cálculo dispuesto en el punto presente, '.un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación.' (conf. art. 12 inc. 3 ley 24.557).
3. Rechazar la demanda incoada por la actora, en cuanto pretende la reparación de la disminución de la capacidad laborativa derivada del daño psicológico (art. 726 Cód. Civil).-
4. Imponer las costas a la accionada Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en calidad de vencida (arts. 24, 89 Ley 15.057; 68 CPCC), regulándose los honorarios de los profesionales intervinientes; por la parte actora, Dres. Gonzalo Martin Tabernero en el 10% y Gabrieli Kevin Matías en el 10%,y por la demandada Dra Oporto Ariana Ayelen en el 17 % (arts. 9, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 28 inc. h), 43 y 51 ley 14.967); y regular los de los peritos: contador Nicolás B. Ruggero en el 4%,Médico Legista Dr Mario A. Malfatti en el 4% y Psicóloga Lic. Graciela Cassarino Badessich en el 4 % (arts. 207 ley 10.620; 1 punto 7. dec. 6732/87).-
Adicionar a tales importes, -tanto respecto de los letrados como de los peritos intervinientes-, el 10 % en concepto de aportes de ley (arts. 12 inc. a) ley 6.716, 193 ley 10.620 y 33 ley 12.724 (modif. por la ley 13.948), 35 inc. "e" ley 12.207 y 40 inc. c) ley 12.163). Intimar a los profesionales a fin que den cumplimiento a lo dispuesto en dichas normativas.-
Los porcentajes determinados para los emolumentos, se computarán sobre el monto resultante de capital con intereses que surja de la liquidación a practicar por la Actuaria.-
Adicionar el 21 % en concepto de IVA, en el supuesto que los profesionales intervinientes detenten la condición impositiva de responsables inscriptos.-
5. Procédase por Secretaria a la apertura de cuenta judicial automática en la forma prevista en el Ac. 4233/26.
Firmas
Funcionario firmante: MENA Cristian Fabian - JUEZ
Funcionario firmante: MOLLO Mariano Gabriel - JUEZ
Funcionario firmante: GARCIA COSSOVICH Alvaro - JUEZ
Funcionario firmante: MAZZIOTTI Veronica - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 340-2026
Fin de la sentencia