Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2021-52110326-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 292/2021 (AD PASO) dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 19499-409-2020.
2Tener por rectificada la declaración aduanera objeto de autos, conforme arts. 225 y 958 del CA y por abonados los tributos adeudados en virtud del pago acreditado a fs. 12 de las actuaciones administrativas vinculadas.
3Costas a la demandada vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-36854168-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 11 de Abril de 2024 RUGGERI c/ Dirección General de Aduanas s/ Apelación" , expediente nº EX-2021-52110326- -APN- SGASAD#TFN.-
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, a fin de resolver en los autos caratulados “MASSALIN PARTICULARES SRL Y HUGO A. RUGGERI c/ Dirección General de Aduanas s/ Apelación" , expediente nº EX-2021-52110326- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Mediante RE-2021-52109201-APN-SGASAD%TFN se presentan por apoderado la firma Massalin Particulares SRL y el despachante de aduanas Sr. Hugo A. Ruggeri e interponen recurso de apelación en los términos del art. 1132 del Código Aduanero (CA), contra la Resolución N° 292/21 de la Aduana de Paso de Libres, dictada el 11/05/21, en el expediente administrativo SIGEA 19499-409-2020, mediante la cual se resolvió asignar a las actuaciones el trámite de autodenuncia, conforme lo establecido en el art. 917 del CA, por la infracción prevista en el art. 954 ap. 1, inc. a) del mencionado texto legal, modificado por la Ley 25.986. En este sentido la resolución apelada revocó el 75% (setenta y cinco por ciento) de la multa por aplicación del art. 954 ap. 1, inc. a) e intimó al pago del 25% (veinticinco por ciento) de la misma, es decir la suma de $ 4.693.648,33. Sostienen que la resolución apelada resulta nula por violación de la ley aplicable. Ello por cuanto no expresa los fundamentos por los cuales omite considerar la solicitud de ampliación de la declaración presentada en los términos de los arts. 225 y 958 del CA ni expresa los argumentos por los cuales entiende que se ha configurado la infracción imputada, apartándose del dictamen del sector jurídico de la Aduana de Paso de los Libres. Afirman que la resolución recurrida resulta violatoria del debido proceso. Alegan que el error incurrido en la declaración surgía claramente de su simple lectura y que era de fácil comprobación mediante su confronte con la documentación complementaria acompañada. Asimismo se agravian por cuanto sostienen que nunca se corrió vista de la multa dispuesta. Expresan que al haber solicitado oportunamente la ampliación de la declaración realizada y haber abonado la diferencia de impuestos internos resultantes de la liquidación ampliatoria se extinguieron los efectos punibles. Ofrece prueba. Cita jurisprudencia. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Mediante IF 2022-82588723-APN-DTD#JGM se presenta la representación fiscal y contesta el traslado ordenado. Niega los hechos y derecho invocados por la actora, no reconocidos expresamente. Realiza consideraciones en relación al planteo de nulidad de la resolución apelada. Asimismo se refiere a los principios de veracidad y exactitud de la declaración aduanera, como así también hace hincapié en el bien jurídico tutelado por el art. 954 del CA y la responsabilidad de los actores aduaneros en cuanto al suministro preciso y concreto de todos los elementos de juicio e información necesaria para que el servicio aduanero pueda ejercer sus facultades de control y, en su caso, determinar los tributos correspondientes. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas relacionadas. Formula reserva del caso federal. Solicita se rechace la apelación interpuesta, con costas.
III. Mediante IF-2022-89712952-APN-DTD#JGM vta. la demandada acompaña en formato digital las actuaciones administrativas SIGEA 19499-409-2020, ofrecidas como única prueba por ambas partes. Según PV-2022-118264047-APN-VOCXX#TFN se declara la causa como de puro derecho. Con la PV- 2023-61520120-APN-VOCXVII#TFN se elevan las actuaciones al conocimiento de la Sala F y por IF- 2024-25639076-APN-VOCXVII#TFN quedan los autos en estado de dictar sentencia.
IV. De la compulsa de las actuaciones administrativas surge que se originaron con la presentación efectuada el 21/09/2020 por el despachante de aduana Sr. Hugo A. Ruggeri, en representación de la importadora Massalín Particulares S.R.L., mediante la cual solicitó, en los términos del art. 225, ap. 2 (texto según Ley 25.986) y art. 958 del CA, la ampliación de la declaración respecto de la destinación de importación (DI) 20042IC25000158L, mediante la cual se importó a consumo la cantidad de 900.000 atados de cigarrillos de diez (10) unidades cada uno. La DI tramitó por canal verde de selectividad, fue oficializada el 15/09/2020 ante la Aduana de Paso de los Libres y librada en la misma fecha. La solicitud de ampliación se efectuó a fin de corregir el precio de venta que correspondía en virtud del algoritmo establecido en la Resolución General (RG) AFIP N° 2326/07, Anexo VIII, que debió pagarse bajo el código (419) Impuesto Interno Cigarrillos y se había indicado equivocadamente en la documentación del despacho original.
En dicha presentación la importadora alegó que el error incurrido en la declaración era de fácil comprobación mediante su simple lectura y fundó su petición en los motivos que inspiraron la redacción del nuevo art. 225 del CA, en cuanto a que se deben alentar las autodenuncias y rectificaciones efectuadas espontáneamente por el importador cuando éste, en forma sorpresiva, detecta la diferencia. A fs. 5 de las actuaciones obra la documentación del DI, de la cual surge que se declararon 900.000 unidades (paquetes de 10 cigarrillos) clasificadas en la Posición Arancelaria (P.A.) 2402.20.00.200V, valor en aduana u$s 598.702,78, país de origen y procedencia Brasil y en el campo “información adicional” se colocó la cantidad de 450.000 unidades, valor FAS (Fondo Asistencia Social) 5,88, valor FET (Fondo Especial del Tabaco) 8,1627 y precio de venta al público 84.
Seguidamente, a fs. 8 se presentó la rectificación del despacho en la que se declaró, en el campo “información adicional”, la cantidad de 450.000 unidades, valor FAS 11,76, valor FET 16,3254 y precio de venta al público 168 sin modificarse los demás datos declarados en cuanto a cantidad, valor en aduana, P.A., origen y procedencia. Se procedió, entonces, a ajustar el monto de los impuestos internos para cigarrillos correspondientes y el 30/09/2020 (fs. 12 de las actuaciones) se confeccionó la liquidación manual 20042LMAN12603Z mediante la cual se acreditó el pago del importe correspondiente a la diferencia del impuesto interno conforme art. 15 del Capítulo I, Título II de la Ley Nº 24.674, calculada en base al precio por unidad de 20 paquetes de cigarrillos y la correcta aplicación de la fórmula establecida en la RG AFIP 2326/07.
Cabe destacar que esta particularidad en el modo de determinación del impuesto interno que establece el art. 15 del Capítulo I, Título II de la Ley Nº 24.674 y sus modificaciones, como así también el algoritmo establecido en la RG AFIP N° 2326/07 en su Anexo VIII, tiene su origen en que las citadas normas toman, como parámetro para la determinación de la base imponible para el cálculo del impuesto, el precio de venta del atado de 20 (veinte) paquetes de cigarrillos mientras que, en el caso de autos, se importaron atados de 10 unidades, con lo cual el error en la declaración original radicaría en que, a los efectos del correcto cálculo del impuesto interno, se debió colocar el precio de venta del atado de 20 unidades. Todo ello de acuerdo a lo expresado por la importadora a fs. 10 de las actuaciones.
Ahora bien, a fs. 22-26 el jefe de la Sección Inspección Ex Ante de la Aduana de Paso de Los Libres, mediante Nota N° 16/2021 expresó que a la solicitud de rectificación presentada por la importadora se le debía aplicar el trámite de autodenuncia en los términos del art. 917 del CA. Ello por cuanto consideró que se encontraba configurada la infracción establecida en el art. 954, ap. 1 inc. a) del CA en virtud del perjuicio fiscal evidenciado en el menor importe de tributos ingresado.
Asimismo, en relación a la aplicación al caso del art. 225 del CA consideró que de la documentación complementaria aportada no se infería la inexactitud en cuestión, por ende, no se cumplió el requisito establecido en el art. 958 del CA.
Posteriormente, el sector jurídico de la Aduana de Paso de Los Libres, para su intervención, se remitió al Dictamen 005/2021 emitido en otra actuación idéntica en cuanto al objeto, sujeto y causa de la cual agregó copia en las actuaciones administrativas de autos. En dicho dictamen concluyó que: “…reuniéndose los requisitos de tiempo y forma, que establece el art. 225 del CA, en el caso que nos ocupa, desde que el pedido de ampliación se ha formulado con anterioridad a los cinco días posteriores al libramiento de la mercadería y no dándose las condiciones a que se refieren los incisos a) y b) del apartado 2 de dicha norma, surgiendo la inexactitud advertida de la propia lectura de la declaración aduanera, correspondería hacer lugar a la ampliación solicitada en los términos de dicha norma, y en su caso, de corresponder, tenerse por abonados los tributos originalmente adeudados que aparecen abonados a fs. 12”
No obstante, a fs. 32-33, el 11/05/2021 el Jefe la Aduana de Paso de los Libres dictó la resolución 292/2021 aquí apelada.
V. Previo a adentrarme en el análisis de las cuestiones de fondo, corresponde expedirme sobre el planteo de nulidad de la resolución apelada.
La actora alega que la resolución recurrida no hace expresa consideración de los argumentos y de las cuestiones propuestas en tanto fueren conducentes a la solución del caso. Sostiene que no expresa las razones por las que el servicio aduanero no se pronuncia sobre la solicitud de ampliación de la declaración en los términos del art. 225 del CA ni de la configuración de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. a) del CA. En este sentido afirma que el acto administrativo debe decidir sobre todas las peticiones, por lo que considera que, en el caso de autos, se ha afectado gravemente el debido proceso.
Asimismo la recurrente sostiene que la Aduana ha incurrido en una contradicción al expresar que comparte plenamente los términos del dictamen legal, pero resuelve exactamente lo contrario.
Respecto a lo esgrimido, cabe señalar que la nulidad es un modo excepcional de extinción de las obligaciones. Como tal debe ser analizada con suma prudencia y evaluarse con rigurosidad la consecución de cada uno de los extremos esbozados por la recurrente en su planteo a fin de determinar si los mismos son suficientes para convencer a este juzgador y declarar la invalidez e ineficacia de los actos jurídicos llevados a cabo por la Administración.
En esta inteligencia, en primer lugar y en relación a lo esgrimido respecto de la afectación al debido proceso, surge de las constancias de las actuaciones administrativas que se ha llevado adelante el procedimiento con la intervención de las áreas correspondientes, las cuales han emitido sus informes y opiniones.
Así también la actora ha tenido oportunidad de interponer el recurso de apelación de autos contra la resolución dictada, instancia que permite su revisión, al mismo tiempo que posibilita el ofrecimiento de todas las pruebas que considere hacen a su defensa y la exposición de todos los argumentos que estime convenientes sin restricción alguna.
En este orden de ideas, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
Por otra parte, la doctrina y jurisprudencia tienen resuelto que no es necesario que se analicen la totalidad de los argumentos de las partes, bastando con considerar aquellas que, entiende el juzgador, son relevantes a los fines de alcanzar la solución de la causa.
No se evidencia, entonces, la alegada violación del debido proceso, ya que los presuntos vicios del procedimiento no le causan a la parte indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado mediante la intervención de este Tribunal. Resulta así de aplicación al caso la doctrina de la corte suprema de Justicia de la Nación, que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior. (Entre otros fallos: 205-549 y 267-393).
Por lo expuesto no se infiere una conculcación de las garantías procesales que tienen por objeto asistir a la recurrente durante el desarrollo del proceso y le permiten ejercer la defensa de sus derechos, por el contrario, sus derechos han sido ejercidos en debido tiempo y forma, a través de los mecanismos previstos en las normas aplicables.
En cuanto a lo alegado por la actora en relación a la presunta contradicción en la que ha incurrido la Administración, cabe destacar que tanto la LPA (art. 7, inc. d) como el Decreto 618/1997 (art. 10) establecen como requisito esencial del acto administrativo, el dictamen previo de los servicios de asesoramiento jurídico permanente. De esta forma, los actos administrativos que se dicten sin contar con el correspondiente dictamen de asesoría jurídica, cuando resulte requisito esencial del acto administrativo, resultará nulo de nulidad absoluta. Ello por cuanto el instituto del debido procedimiento adjetivo debe entenderse desde la doble perspectiva de la garantía del administrado y de la legalidad del accionar administrativo.
En el caso de autos, el requisito del dictamen jurídico, como se expresó precedentemente, se encuentra cumplido.
Ahora bien, el dictamen jurídico es una opinión consultiva, que posee la naturaleza jurídica de un acto no jurídico de la administración. Cuando es emitido en el marco de las normas referidas en el párrafo anterior, dicho dictamen no tiene carácter vinculante ni para la administración ni para el contribuyente. De lo contrario sería necesario poner en conocimiento de este último las conclusiones arribadas en el mismo, dado que, necesariamente servirán de fundamento del acto administrativo a dictarse.
Los casos en los que el dictamen jurídico resulta vinculante se encuentran específicamente establecidos legalmente.
En el caso de autos, en el cual el dictamen jurídico es de carácter no vinculante —aunque si obligatorio—, el apartamiento de sus conclusiones—amén de ser compartidas o no—, no convierte en nulo al acto administrativo.
Por lo expuesto hasta aquí, corresponde rechazar el planteo de nulidad opuesto por la recurrente.
VI. En cuanto al fondo de la cuestión, corresponde determinar si se ajusta a derecho la resolución apelada. Para ello, en primer lugar, resulta necesario analizar si efectivamente se ha cometido la infracción imputada.
En lo que aquí interesa el art. 954, ap. 1, inc. a) del CA sanciona a aquellos que, al cumplir cualquiera de las operaciones de importación o exportación, efectuaren ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjese o hubiere podido producir un perjuicio fiscal (entre otros supuestos).
Se tutela de este modo el principio de inalterabilidad de las declaraciones de importación establecido en el art. 224 del CA y su concordante en materia de exportación (art. 321 del CA). Dicho principio permite que los despachos se realicen en confianza, es decir sin verificación previa o con verificación de solo una parte, lo cual agiliza los trámites aduaneros y economiza costos.
Ahora bien, como excepción al principio referido, el art. 225 del CA, en su nueva redacción conforme Ley 25.986 establece la posibilidad de rectificar, modificar o ampliar la declaración aduanera. Ello permite que la inexactitud que se corrige no configure la infracción tipificada en el art. 954 del CA y por ende se extingue su punibilidad.
Se diferencia del instituto de la autodenuncia establecido en el art. 917 del CA, que permite la corrección de una declaración inexacta y la reducción de la pena de multa por la configuración de la infracción. En el primer caso, para que se autorice la rectificación de la declaración, con la consecuente extinción del efecto punible de la inexactitud, conforme el art. 225 del CA, es necesario que se cumplan dos requisitos:
1. material: dado por la necesidad de que el error que se intenta corregir surja manifiesto de la lectura de los documentos de declaración o sus complementarios anexos y 2) temporal: dado por la necesidad de que la rectificación, modificación o ampliación deba ser solicitada por el interesado antes de que le sea informado que la destinación será sometida a control o antes del libramiento de la misma si no hubiera sido sometida a verificación. Luego de la reforma del artículo en comentario se estableció que la rectificación, modificación o ampliación podrá ser solicitada hasta pasados 5 días desde el libramiento, si el interesado justifica debidamente el error incurrido.
En el segundo caso mediante el cual también se autoriza la rectificación de la declaración, pero con reducción de la pena por infracción puesto que la misma no se extingue, solo es necesario el cumplimiento del requisito temporal o de oportunidad. A diferencia de la rectificación del art. 225 del CA, no es necesario que la inexactitud a rectificar surja de la propia declaración o documentación complementaria. Conforme lo establecido por el Decreto 142/2010 que incorpora el art. 96 bis al Decreto 1001/1982, el plazo para la comunicación de la infracción en los términos del art. 917 del CA es de treinta (30) días desde la fecha del libramiento de la destinación.
Estos casos de excepción al principio de inalterabilidad de la declaración tienen su razón de ser en la necesidad de alentar conductas que permitan sincerar los posibles errores cometidos por los operadores aduaneros en vez de favorecer su ocultamiento y especulación sobre evitar posibles sanciones. Por ello, cumplidos los requisitos o condiciones que establecen las normas comentadas, el carácter infraccional de la inexactitud en la declaración se extingue o bien sin extinguirse, se reduce considerablemente el monto de la sanción que pudiera corresponder.
Es por ello que resulta fundamental en el caso de autos determinar si se encontraban reunidos los requisitos de los arts. 225 y 958 del CA a fin de autorizar la rectificación sin configurarse la infracción imputada o, por el contrario, si existió la infracción y correspondía dar, a la presentación efectuada por la importadora, el tratamiento de autodenuncia conforme lo establecido por el art. 917 del CA y la resolución apelada, La actora, en su apelación manifiesta que no se configuró la infracción imputada por cuanto, el error al completar el algoritmo establecido reglamentariamente para la liquidación de los impuestos internos a los cigarrillos, surge en forma expresa del propio cuerpo de la declaración en el campo “información del ítem”.
Por otra parte la recurrente afirma que solicitó oportunamente la ampliación de la declaración realizada, es decir dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha del libramiento de la mercadería sin que la misma fuera sometida a verificación. Asimismo abonó el total de los impuestos internos resultantes de la liquidación ampliatoria.
Todo ello, afirma, extinguió los efectos punibles de la inexactitud en la declaración original. Sentado ello y a fin de determinar la existencia o no de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. a) del CA, corresponde efectuar un análisis de la documentación presentada por la actora ante el servicio aduanero.
Conforme surge de la compulsa de las actuaciones administrativas resulta que a fs. 5, el 15/09/2020, mediante DI 20042IC25000158L, se oficializó la importación a consumo de 900.000 paquetes, conteniendo cada uno de ellos la cantidad de 10 cigarrillos. En oportunidad de aplicar la fórmula establecida en la RG AFIP N° 2326/07 a fin de determinar los impuestos según Ley 24.674, se colocaron los valores de paquetes de 10 cigarrillos, cuando debieron colocarse los valores de atados de 20 unidades, dado que así lo establece la formula mencionada. Ello trajo como consecuencia el ingreso de un importe de impuestos internos menor al que correspondía.
Advertido el error, una vez librada la mercadería sin que fuera sometida a verificación, la importadora solicitó, dentro del plazo de cinco (5) días la rectificación de la declaración comprometida DI 200442IC2500159M, adjuntó la declaración rectificada provisoria mediante DI 20042IC2500613O (fs. 8 de las actuaciones), acompañó documentación complementaria y justificó el error cometido. Asimismo procedió al pago de la diferencia de tributos internos determinada en la liquidación rectificada, sin que mediare observación alguna por parte del servicio aduanero.
Cabe destacar que de la lectura del DI en cuestión surge que en el campo “información adicional” se colocó la cantidad de 450.000 atados de cigarrillos en vez de 900.000. Ello tiene su explicación en lo expresado precedentemente en cuanto a la particularidad de la fórmula que debe aplicarse para el cálculo y determinación de los impuestos internos correspondientes. El error incurrido por la importadora consistió en colocar los valores de atados de 10 cigarrillos en vez del valor de atados de 20 unidades, como lo establece la norma aplicable. Dichos valores fueron corregidos con la declaración rectificada. De lo expresado precedentemente se infiere que los datos rectificados constituyen los declarados como información adicional sin que varíen los concernientes a: valor de la mercadería, detalle, peso, posición arancelaria, origen, procedencia y cantidad. Ello evidencia que, de haberse realizado una comprobación física, la inexactitud no habría sido detectada, puesto que no existe diferencia alguna entre lo declarado y lo que se habría podido comprobar. Por el contrario la diferencia detectada es únicamente respecto de los valores de venta declarados a los efectos del cálculo de los impuestos internos correspondientes y ello surge de la lectura de la propia declaración.
Cabe destacar que el servicio aduanero, en su rol de agente recaudador de los impuestos internos conforme Ley 24.674 y RG AFIP 2326/07 conoce los valores correspondientes a la mercadería alcanzada por la normativa referida —en el caso atados de 20 cigarrillos— con lo cual resultaba manifiesto, del repaso de la declaración, que los valores informados eran erróneos.
En virtud de lo expresado precedentemente, se colige que en el caso de autos se encuentran reunidos los requisitos establecidos en el arts. 225 y 958 del CA. Ello por cuanto la inexactitud resultaba evidente de la simple lectura de la propia declaración, no obstante resultar improbable su detección mediante la comprobación física por parte del servicio aduanero. Asimismo la solicitud de rectificación se efectuó dentro de los 5 días posteriores al libramiento de la destinación y se abonaron los impuestos internos correspondientes a la liquidación rectificada. Consecuentemente se extinguieron los efectos punibles de la infracción imputada.
A mayor abundamiento, resulta necesario destacar que el propio departamento jurídico de la Aduana de Paso de los Libres, en su dictamen, efectuó un análisis de los alcances de las normas en cuestión y concluyó que, en el caso de autos, correspondería hacer lugar al pedido de rectificación conforme lo establecido en el art. 225 del CA.
Por los motivos precedentemente indicados considero procedente la rectificación solicitada en los términos de los arts. 225 y 958 del CA y por consiguiente extinguidos los efectos punibles de la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a) del CA.
Corresponde, entonces, hacer lugar al recurso interpuesto y revocar la resolución apelada, considerando rectificada la declaración aduanera objeto de autos —conforme arts. 225 y 958 del CA— y teniendo por abonados los tributos adeudados en virtud del pago acreditado a fs. 12 de las actuaciones administrativas vinculadas.
VII. Que por la forma en que se resuelve la presente no corresponde analizar los demás agravios de la actora.
VIII. Respecto de las costas del proceso, no advierto razones que ameriten apartarme del principio general de la derrota, por lo que estimo ajustado a derecho imponerlas a la demandada perdidosa.
Por ello, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución N° 292/2021 (AD PASO) dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 19499-409-2020.
2. Tener por rectificada la declaración aduanera objeto de autos, conforme arts. 225 y 958 del CA y por abonados los tributos adeudados en virtud del pago acreditado a fs. 12 de las actuaciones administrativas vinculadas.
3. Costas a la demandada vencida.
Así lo voto.
El Dr. Garbarino dijo:
Adhiero, en lo sustancial, al voto del Dr. González Palazzo. ASÍ LO VOTO.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución N° 292/2021 (AD PASO) dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 19499-409-2020.
2. Tener por rectificada la declaración aduanera objeto de autos, conforme arts. 225 y 958 del CA y por abonados los tributos adeudados en virtud del pago acreditado a fs. 12 de las actuaciones administrativas vinculadas.
3. Costas a la demandada vencida.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, envíese a la guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (cfr. Art. 1162 del C.A.).
Date: 2024.04.11 12:46:44 -03:00 Date: 2024.04.11 15:13:49 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.11 15:13:50 -03:00
Fin de la sentencia