Abriendo la norma
Cámara Civil y Com
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Modificar la Sentencia de Primera Instancia de la siguiente manera: a)
Elevar los rubros concedidos en concepto de: Incapacidad psicofísica a la suma de Pesos SETENTA MIL (70.000,00) y Daño Moral a la suma de Pesos TREINTA Y CINCO MIL ($35.000,00); b) hacer lugar a la demanda impetrada por la Sra. Silvia María Massaro contra el Sr. Esteban Jorge Carossia condenando a éste último a abonar a la accionante dentro del plazo de diez días de ejecutoriada la presente, la suma total de pesos CIENTONUEVE MIL NOVESCIENTOS VEINTE ($109.920,00) (quedando comprendido el capital de condena por los siguientes conceptos y montos: I) la suma de $70.000,00 en concepto de Incapacidad psicofísica, II) la suma de $35.000,00 en concepto de daño moral; III) la suma de $3.000 en concepto de resarcimiento de gastos asistencia médica, de farmacia y ropa; …
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL MASSARO SILVIA MARIA C/ DOM CAR S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
JUZ CIV. Y COM.
NRO.:1 CAUSA: 2567/1 RSD: 178 /12
Folio: 911 En la ciudad de San Justo, Provincia de Buenos Aires, a los 11 días del mes de octubre de dos mil doce, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Primera del Departamento Judicial La Matanza, Doctores José Nicolás Taraborrelli, Ramón Domingo Posca y Eduardo Angel R. Alonso para dictar pronunciamiento en los autos caratulados “Massaro Silvia María c/ Dom Car S.A. y Otros s/ Daños y Perjuicios” (Causa Nro.: 2567/1), habiéndose practicado el sorteo pertinente art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resulto que debía ser observado el siguiente orden de votación: DR. TARABORRELLI, DR. ALONSO; DR. POSCA, resolviéndose plantear y votar las siguientes:
Primera cuestión: ¿Es justa la resolución apelada?
Segunda cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSE NICOLAS
TARABORRELLI dijo:
I. Antecedentes del caso Se trata de la colisión entre dos micros de larga distancia pertenecientes a la misma empresa demandada, de cuyo accidente resultó victima la actora que viajaba como pasajera en uno de ellos. La Sra. Juez Colega de la instancia de origen dictó sentencia haciendo lugar parcialmente a la demanda condenando a la empresa de transporte de pasajeros y a su aseguradora –en la medida de la cobertura contratada- al pago de los daños y perjuicios causados a la actora –como víctima del hecho-, con mas sus intereses y costas, desestimando la demanda contra el chofer del micro en el cual se transportaba a la accionante, con imposición de costas.
II. Los recursos de apelación y sus fundamentos A fs. 569 apela la sentencia el actor, recurso que es concedido a fs. 570. A fs. 579 recure la sentencia la demandada y la citada en garantía, haciéndose lugar al mismo a fs. 581 vta. Y finalmente a fs. 588 la empresa accionada recurre la sentencia a fs. 588 bis, otorgándosele dicho apelación a fs. 589.
Radicados estos autos en esta Jurisdicción de Alzada según sorteo realizado a fs. 592, el codemandado Esteban Jorge Carossia desiste del recurso de apelación deducido contra el pronunciamiento de primera instancia; y a fs. 599/603 expresa agravios por empresa de transporte y su aseguradora, en estos términos sobre los siguientes rubros: a) Incapacidad sobreviniente. Daño Psíquico y tratamiento. Que la Sra. Juez fija una indemnización global de $60.800 que incluye una partida de $1.920 por gastos de tratamiento, más no discrimina a cuanto corresponde a cada uno de los dos rubros primeros, lo que dificulta la tarea de control que propician los agravios, pero que le aparece evidenciado es el exceso que configura semejante monto en los términos del art. 1.083 del Cód. Civ. La Magistrada adoptó las conclusiones del perito médico denostando las impugnaciones de mi parte. El experto consideró que la dolencia tenga como causa el hecho de litis y pese a serle inquirido el perito no indicó constancia médica que diera cuenta de que la actora fue asistida a causa del hecho traído a juicio por las lesiones de marras. La relación causal no se encuentra probada. Que la magnitud de la dolencia no condice con el 10% de incapacidad computado para compensarla. b) La Sra. Juez consideró la incapacidad psíquica del 20% promediando el 10% al 30% estimado por el perito, lo que motiva queja. El daño psíquico leve no equivale a la incapacidad de tamaño grado, el 20%. Tampoco es acertado que le atribuya al hecho el 50%, pues el perito psicólogo refiere que en el cuadro psicopatológico de la actora intervienen tres elementos constitutivos, que son el hereditario, la historia vital y el factor desencadenante, en todo caso correspondería atribuirle al hecho de autos el 33,33%. Se deduce del cálculo de incapacidad informado en la sentencia para cuantificar el daño, esto es 10% física más 9% psíquica igual 19%, con aplicación de la capacidad restante y que en ningún momento se consideró de carácter permanente y que el perito psicólogo dice que un tratamiento adecuado contribuiría considerablemente a restablecer una vida los más normal posible. c) Los gastos otorgados en concepto de reposición de ropa, traslado y terapéuticos con excesivos. d) Resulta abultada la indemnización de daño moral. Finalmente argumenta –el quejoso- que la Sra. Juez otorgó sumas más elevadas por los rubros reclamados que las cuantificadas por la propia actora.
A su turno la actora a fs. 604/614 expresa sus agravios y que en apretada síntesis son los siguientes: a) Se queja del rechazo de la demanda contra el chofer Carossia que conducía la unidad nro. 50 que transportaba a la actora, sobre la base de que debe responsabilizarse al mismo del hecho por las siguientes razones: 1.- El mismo era el conductor de un vehículo de gran tamaño que transportaba pasajeros;
2. - que por ser profesional su conducta tuvo que ser juzgada con mayor estrictez y con aplicación del art. 1113 del Cód. Civ. 3. - Circulaba a velocidad excesiva, que era de madrugada, llovía torrencialmente, con gran intensidad, que intentó maniobrar a fin de esquivarlo no lográndolo e impacto al otro micro. Que vio al micro volcado y pudo intentar esquivarlo. b) Se agravia del monto otorgado por incapacidad psicofísica dando según su opinión los fundamentos que ameritan le elevación de su monto, considerando la quejosa que su incapacidad total es del 29%. c) Motiva agravio también la suma de $25.000 concedida en concepto de daño moral y plantea su elevación a la suma de $75.000.
En el siguiente acto procesal conforme la pieza que corre glosada a fs. 616/619 contestan los demandados y la citada en garantía los agravios reseñados por la actora, bajo la siguiente réplica: a) Que el micro interno 50 viajaba a velocidad reglamentaria y al salir de la curva se encontró con otro micro de la misma empresa obstruyendo transversalmente los dos carriles y que momentos antes había volcado, ante lo cual maniobró para esquivarlo sin poder evitar embestirlo y la Sra. Juez lo exoneró de responsabilidad. Plantea la imprevisibilidad del obstáculo con el que se encontró el chofer Carossia al salir de una curva constituyó un obstáculo insalvable configurando de ese modo el “casus” de la exoneración de responsabilidad (art. 513, 514 y 1113 del C. C.). b) Responde a los cuestionamientos sobre la valuación de los daños titulados incapacidad sobreviniente. Daño Psíquico y de tratamiento. Si bien considera exiguos los montos otorgados por cada uno de los rubros reclamados, ningún agravio expresa sobre lo atinente al costo de tratamiento psicológico futuro. Tampoco son admisibles las quejas relativas a que no se consideró cuantificar en el daño psicofísico la supuesta perdida de chance matrimonial, ni el costo de un personal domestico sustituto para cumplir tareas del hogar, toda vez que no se alegó en la demanda (art. 34 inc. 4, y 163 inc. 6 del Cód. Proc. c) Contesta las quejas del bajo monto en concepto de daño moral y señala que la dilación del proceso no fue causada por los demandados y que la sanción que la recurrente reclama se incluya en la cuantificación del daño moral no forma parte del mismo y cita fallos de la dos Salas de esta Cámara Civil y Comercial. d) Tampoco es procedente el reclamo de la actualización monetaria por estar vedada por los arts. 7 y 10 de las leyes 23.928/ y 25.561.
A su turno y en fs. 620/22 responde la actora el traslado conferido con motivo de los fundamentos al recurso concedido a los demandados y su aseguradora en contra de la sentencia recaída en autos. Pide finalmente que se rechacen esos agravios y se hagan lugar a los que expresó la actora, con costas.
L A S O L U C I O N
Centrados los agravios expuestos por los quejosos apelantes y sus respectivas respuestas, que constituyen el marco cognoscitivo de la apertura de esta instancia recursiva de revisión judicial de la sentencia pronunciada en primera instancia, puesta en crisis por sendos recursos de apelación, por una cuestión metodológica pasaré a considerar en primer término el agravio propuesto por la actora y que gira en torno a la eximición de responsabilidad del chofer del miro interno 50 que transportaba a la accionante.
III. El sobreseimiento definitivo no hace cosa juzgada en sede civil.
Aplicación de la responsabilidad objetiva al chofer del micro Existe actualmente una pacífica jurisprudencia que afirma que el sobreseimiento definitivo no hace cosa juzgada en lo civil toda vez que no es equivalente a la sentencia absolutoria, en cuanto a sus efectos sobre la acción civil (Cám. Nac. Civ, en Pleno de la Capital Federal, 2/VI/46, autos: “Amoruso Miguel G. C/ Casella José L., J. A., T. 1946-I, p. 803; LL. 42, p. 156; Bustamante Alsina Jorge, Teoría General de la Responsabilidad Civil, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., año 1989, pág. 530). Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia Nacional declaró también que “no cabe tener por acreditado en el juicio civil lo resuelto por el sobreseimiento definitivo en el proceso criminal con el alcance del art. 1.103 del Cód.
Civ., ya que la absolución es inconfundible con dicho sobreseimiento, que se dicta sin dejar al damnificado la oportunidad de ejercitar su derecho de defensa” (CSN, 25/XI/60, autos: “Quirós Mario c/ Gobierno Nacional, J. A., T. 14961-II, p. 566, cit. por Bustamante Alsina, op. cit. pág. 530). Respecto a esto último dijo Boffi Bogero, Ministro que integraba la Corte en esa época y en ese fallo, que: “el sobreseimiento definitivo se dicta antes de que el proceso llegue a plenario, lo que equivale a manifestar que el damnificado no ha tenido oportunidad de “ejercer el derecho de defensa”, consecuentemente, tener por acreditado en lo civil lo resuelto por el sobreseimiento definitivo con el alcance del precitado art. 1.103, entrañaría impedir en este aspecto el derecho de defensa de quien, como damnificado, tampoco pudo ejercerlo en la esfera criminal” (Bustamante Alsina Jorge, op. cit. págs. 530/1).
Para la tesis mayoritaria (Orgaz, Salvat-Acuña Anzorena, De Gáspari-Morello, Trigo Represas, Borda, Bibiloni, Aguiar, Salas, Borda, Segovia) también favorecida por la jurisprudencia, el sobreseimiento definitivo nunca ejerce cosa juzgada sobre la sentencia civil que puede ser dictada libremente por el juez, en cualquier sentido (Doctrina citada por Llambías Jorge J., Cód. Civ. Anotado, Tº III-B., Ed. Abeledo- Perrot, Bs. As. Año 1984, pág. 409). En la especie, el sobreseimiento definitivo dictado en la causa penal no tiene influencia ni hace cosa juzgada en sede civil por cuanto versa sobre la culpa del imputado, en cambio en sede civil se le imputa la responsabilidad al chofer –como guardián de hecho de la cosa riesgosa o peligrosa: “el micro de larga distancia”- y la valoración que hace el juez penal de la conducta culposa del mismo al sobreseerlo definitivamente, dista diametralmente –en forma opuesta- a la valoración y consideración por el juez civil de la aplicación –al presente caso bajo examen- de la teoría del riesgo creado del art. 1.113 del Cód.
Civ., sin perjuicio de que la culpa (la imprudencia y la falta de pericia en el manejo y conducción) del chofer de la unidad colisionante potencia a la cosa riesgosa (art. 512 del Cód. Civ.).
Cuando se decreta el sobreseimiento del imputado no hace cosa juzgada en cuanto a la inexistencia de culpa. De modo tal modo que el sobreseimiento recaído por inexistencia de culpa (penal) no ata al juez en lo civil, y puede decidir que, no obstante, ha habido culpa (civil) del agente dañador demandado en concepto del resarcimiento de daños y perjuicios causados. Va de suyo, que cuando la culpa resulta irrelevante para atribuir o imputar el deber de reparar –en los casos en que corresponde aplicar la responsabilidad objetiva (art. 1.113 del Cód. Civ.), nada obsta a que el juez en lo civil fije el monto indemnizatorio con prescindencia de ese sobreseimiento definitivo. Resulta que el criterio de los tribunales represivos es más estricto que el de los civiles y se admite que un mismo descuido o negligencia o imprudencia es insuficiente para originar una resolución en la justicia penal de privación de la libertad y en cambio es bastante para responsabilizar a su autor por el daño causado en sede civil, para lo cual ha de tenerse en cuenta el antiguo concepto proveniente del Derecho Romano, según el cual la mínima culpa o culpa levísima esta suficiente para comprometer la responsabilidad aquiliana del autor del hecho.
En efecto, se sentenció en autos a fs. 521/4, al rechazarse la excepción de prescripción opuesta como de previo y especial pronunciamiento -que se encuentra firme y consentida- que S. S. funda su pronunciamiento en la doctrina legal elaborada por la S.C.J.B.A. en cuanto y en tanto surge del escrito de demanda que el reclamo excede el marco de la relación contractual denunciada, es decir, que los hechos por los que se demanda revelan claramente que el resarcimiento que se pretende esta referido a un deber mucho más amplio, anterior y distinto a toda relación contractual, que es el de no dañar a otro, que cae dentro del campo o la órbita de la responsabilidad extracontractual y la circunstancia que haya mediado una relación contractual no inhibe esta conclusión. Criterio éste, que V. S., al dictar sentencia definitiva aplica según surge de fs. 545/562, condenando a la empresa de transporte demandada y a su aseguradora citada en garantía en la medida del contrato de seguro, con costas, desestimando la demanda impetrada contra el chofer del micro, con imposición de costas, por no hallarlo culpable (arts. 512 del Cód. Civ.), apartándose –según se desprende de su fallo –ver fs. 552- de los principios objetivos que sienta el art. 1113 del Cód. Civ.(art. 184 del Cód. de Com.) toda vez –dice- que se trata de un dependiente de la demandada.
Respecto a este último tópico –me permito disentir con todo el respeto de me merece la distinguida colega y Magistrada sentenciante-, pues entiendo que habiéndose encuadrado jurídicamente el presente caso bajo examen, dentro del régimen de la responsabilidad extracontractual, no corresponde escudriñar si el chofer actuó con o sin culpa, precisamente porque no le es aplicable el factor subjetivo de imputación, siendo de aplicación –en mi opinión- el factor objetivo de atribución responsabilidad civil (art. 1.113 del Cód. Civ.) y que la culpa (art. 512 y 1109 del Código Civil) potencia el riesgo de la cosa.
En efecto, en el plenario caratulado: “Corsetti de Patrignani Irene v.
Martínez Regino y otros”, de la Cám. Nac. de Apel. en lo Civ., de fecha 26/10/93 (JA 1994-I-239), se resolvió que: “No corresponde aplicar la prescripción anual del art. 855 inc. 1 del Cód de Com. –ver texto reformado por la ley 22.096- a la acción indemnizatoria deducida por el pasajero contra el dependiente que conduce un transporte”. Ahora bien, en los fundamentos propiciados –en dicho plenario- por la mayoría -en forma impersonal- se dijo, que para explicar la naturaleza de la responsabilidad del deudor contractual por acto del tercero, se ensayaron diversas teorías, debiéndose examinar el deber de reparar del “dependiente” del transportador. En tal sentido, desde antiguo las doctrinas nacional y extranjera, estimaron sin controversias que el tercero dependiente que ejecuta la prestación tiene una responsabilidad aquiliana, puesto que no hay nexo negocial alguno entre el referido auxiliar y la victima del daño.
Este es el criterio que aplicó –como ya dije- la Sra. Juez de Primera Instancia, aspecto de la sentencia recurrida que se encuentra firme y no ha sido objeto de queja por ninguna de las partes en este proceso, de allí su aplicación a la presente litis. Hasta aquí los fundamentos de la mayoría –que votaron dicho plenario-. Sin embargo, entiendo que resulta un desacierto la aplicación de los (arts. 512 y 1.109 del Cód. Civ.) al caso de autos para determinar si el chofer dependiente actuó con culpa o sin culpa, que con motivo o a causa del transporte lesiona a un pasajero, -siendo en mi opinión- aplicable el art. 1.113, segundo apartado, segunda parte del Cód. Civ. sobre la base de los siguientes argumentos, a saber.
El conductor de un transporte, dependiente de la empresa tiene la guarda material del vehículo (cosa riesgosa o peligrosa) y por la situación de hecho, y es el que ejecuta los actos materiales de cumplimiento de la obligación, precisamente por lo que ocurre en la vía pública (en la calle, en la ruta) durante el desarrollo y ejecución del contrato, siendo preciso determinar que en estos supuestos el factor de atribución de responsabilidad del chofer conductor de la unidad (micro de larga distancia) es objetivo (por la regla del art. 1.113 del Cód. Civ.) es decir la responsabilidad por riesgo o vicio de la cosa, que al comando de la unidad el chofer causa daños o perjuicios a sus pasajeros. El dependiente conductor debe indemnizar al pasajero no por el incumplimiento de una obligación contractual que él no debe, sino por otra obligación nacida de otra fuente: el “acto o hecho ilícito objetivo” que protagoniza, que se le imputa por el factor de atribución objetivo y del que resulta el daño al transportado, que erige a éste en acreedor del resarcimiento.
La obligación del conductor del vehículo de transporte deriva de la violación del deber genérico de “no dañar al prójimo” (art. 19 C. N.).
En su consecuencia, los requisitos legales de la responsabilidad de los daños causados por el “riesgo o vicio de la cosa” (micro de larga distancia) son los siguientes: a) el daño sufrido por el pretensor de la indemnización; b) la relación de causalidad adecuada entre la acción o hecho de la cosa peligrosa y el daño causado; c) la calidad de dueño o guardián de la cosa en la persona del demandado, y d) el factor de atribución objetivo de responsabilidad.
Coincidentemente, buena parte de la doctrina, a la que se suma el Prof. Trigo Represas, se inclina en sostener que probada la intervención de la cosa y su conexión causal con el daño producido, es dable suponer que el detrimento se ha generado por el vicio o riesgo de la cosa; o sea que existe sobre el aspecto una presunción de causalidad; y ello es así porque la propia norma legal pone a cargo del dueño o guardián que desee exonerarse de responsabilidad, la prueba de que el perjuicio obedeció a una causa ajena, lo que a “contrario sensu” importa presumir “iuris tantum” que el daño obedece al riesgo o vicio de la cosa (Trigo Represas- López Mesa, Tratado de la responsabilidad civil, Tº III, Ed.
La Ley, Bs. As., año 2.004, pág. 358). Y para que el dueño o guardían de la cosa se liberen de responsabilidad se exige la prueba de la culpa de la víctima o de un tercero extraño y que ésta configurase una circunstancia imprevisible e irresistible –característica del caso fortuito o la fuerza mayor-, ya que de lo contrario subsistiría el deber de indemnizar (Entre otros, fallos: CSJN, 1/3/94, “Bullarini c/ Pcia. de Córdoba, LL., 1994-C-178; CNCiv., Sala A, 20/9/77, “Rodríguez de Migliore c/ Ferrocarriles Argentinos”, ED., 79-317, cits. por Trigo Represas-López Mesa, op. cit. pág. 361). El chofer del micro tiene la guarda material de esa cosa, que está en su poder y puede por lo tanto ejercer de hecho su comando, control y dirección; pues al tener la cosa en una mera relación fáctica, de por sí convierte al detentador en “guardián”.
Con ese entendimiento, como con claridad lo ejemplifican los hermanos Mazeaud, el pastor es el guardián de su rebaño, y el guardián de un automóvil en marcha lo será su conductor, aun cuando no sea más que un dependiente o empleado del propietario del vehículo (Mazeaud, Lecciones, cit. parte II, T. II, p. 225, Nº 518, cits. por Trigo Represas-López Mesa, op. cit. pág. 374; Salas Acdeel E., La responsabilidad por los daños causados por las cosas, Ed. Valerio Abeledo, Bs. As. año 1945, págs. 80/96; Meilij Gustavo Raúl, Efectos Jurídicos de los accidentes de tránsito, Ed. Ariel, Bs. As., año 1978, págs. 121, punto 228 (CNCiv. Sala C, 18/2/75, voto del Dr. Belluscio, JA, 26-301, nº 24.263, cit por Meilij Gustavo R., op cit.).
Jorge Mosset Iturraspe en Responsabilidad por daños, t. IIB, nota 44, p 29 (cit. por Meilij Gustavo Raúl, op. cit. pág. 122) opina que la norma del art. 1.113 del Cód. Civ. se aplica aun al dependiente. Por ello se ha sentenciado que: “De cualquier manera, y siempre situándonos en el ejemplo del dependiente de la empresa transportista, no hay que olvidar además que en función de las normas del art. 1113 del Cód. Civ., la responsabilidad emergente de una accidente de automotor correspondiente al conductor del vehículo, se extiende a su propietario y al principal a cuyo servicio se encontraba afectada la unidad ( C. N. Civ. Sala B, 18/2/76, LL, 1976-D-64, nº 73.404; Sala D, 21/12/71, ED, 44-978, nº 937, cit por Meilij Gustavo R., op. cit. págs. 122/3).
Ahora bien, sentadas las premisas legales aplicables al presente caso, que constituyen el fundamento del presente voto, pasaré a considerar los agravios expuestos por la actora a fs. 604/6 mediante los cuales se pretende demostrar la responsabilidad del chofer del micro interno 50, y su replica reproducida por los demandados y la citada en garantía según la pieza que corre agregada a fs. 616/7, argumentando que al salir de una curva constituyó para el conductor un obstáculo insalvable (el micro volcado sobre el ancho de la ruta) obstruyendo totalmente la circulación y que se erigió en causa única y exclusiva del choque, configurándose de ese modo el “casus” que lo exonera de toda responsabilidad (art. 513, 514 y 1113 parte segunda apartado segundo del CC).
Así ha quedado trabada la cuestión introducida por las partes en esta instancia recursiva; veamos entonces si le asiste razón en sus críticas –a la actora quejosa- que ponen en crisis parcialmente la sentencia recurrida.
Desde ya adelanto que el ensayo esbozado por los demandados en cuanto y en tanto la colisión se produjo por un caso fortuito o fuerza mayor, cuestión introducida en esta instancia recursiva ya fue resuelta en la sentencia de primera instancia y estos aspectos de la parcela del fallo han quedado firme, consentida y ejecutoriada por las partes, de allí que volver a introducir –a modo de réplica- esta cuestión en la Alzada deviene improcedente. Por otra parte al responder la demanda a fs. 123/4 platea la eximente de responsabilidad sobre la base de un caso fortuito o fuerza mayor originado por copiosa lluvia en forma de temporal que impedía según dice la visibilidad, afectando la estabilidad de los micros. El hecho se produjo en la zona bautizada popularmente con el nombre de “curva de la muerte” y ahí es donde se produce el deslizamiento de la unidad nº 36, quedando volcado en medio de la ruta y es en ese instante por la carencia mínima de visibilidad que tornó inadvertible para el chofer del micro nº 50 que marchaba detrás del 36, el derrape de éste, por lo que no puede dejar de embestirlo. Sin embargo, surge del escrito de los demandados que da respuesta a los agravios de la actora, que vuelven a ensayar un planteado de caso fortuito o fuerza mayor, pero sin argumentar las copiosas lluvias y tormentas que impedían la visibilidad, sino en base a que el micro volcado sobre la ruta obstruía totalmente la circulación con lo que el conductor Carossia al salir de una curva constituyó para el nombrado un obstáculo insalvable que se originó en única y exclusiva causa del choque, configurándose de ese modo el caso fortuito y/o la fuerza mayor que exime de responsabilidad. Se observa sin hesitación, que los demandados –con el escrito de contestación de los agravios expuestos por la actoracambian los argumentos fundantes de su defensa, y precisamente de conformidad a la regla legal del art. 272 del Cód. Proc., el Tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia. Por lo tanto esta propuesta de los adversarios de la actora deviene improcedente.
Despejada la cuestión precedente, corresponde ahora someter a consideración las quejas de la actora en cuanto le sindica la responsabilidad al chofer del micro en el cual ella viajaba.
En efecto, para ello pasaremos revista a todos los medios probatorios colectados en estas actuaciones, a saber: A) A fs. 262/3 de la causa penal acolita nro. 71.834, que tengo ante mi vista, ofrecida “ad effectun videndi et probandi”, presta declaración indagatoria el demandado Carossia y expresa que: “...llovía muy fuerte, que había vientos fuertes, siendo la visibilidad no buena causa de lo manifestado, en el momento que se hace cargo de la unidad lo pasa la unidad treinta y seis, y al arrancar el dicente muy tranquilo, no ve más a la unidad mencionada, y al llegar al kilómetro ciento noventa y cuatro pasando la ciudad de Sevigne, y al salir de la última curva a los cincuenta metros aproximadamente se encuentra con una cosa negra cruzada en la ruta que después se entera que era el micro treinta y seis que había volcado, frenó realizó rebajes y todo lo que estaba a su alcance para evitar el choque pero igualmente lo embiste en la parte delantera del micro volcado, calcula que fue en las ruedas de la parte delantera derecha del micro que el dicente conducía, agrega que el deciente venía conduciendo a una velocidad de unos setenta kilómetros horarios y luego de frenar cree que impactó con el otro micro a una velocidad de treinta kilómetros, al embestir al otro micro lo acomoda lo deja sobre la banquina, casi paralelo a la ruta y su micro queda sobre la banquina de la mano derecha, con el frente del mismo tocando el agua, en la misma dirección que llevaba (...) Y agrega que el colectivo que chocó se encontraba saliendo de la curva a unos cuarenta o cuarenta y cinco metros aproximadamente...”.
B) A fs. 113 de dicha causa se encuentra agregado un croquis ilustrativo del lugar en donde se produjo el accidente que representa el escenario o teatro de los hechos, donde se describen las circunstancias del lugar, de las personas y de las cosas riesgosas co-protagonista, donde se indican la trayectoria y la ubicación de los micros después del impacto. Asimismo de las tomas fotográficas adunadas a fs. 108/111 se observa que el pavimento de la ruta se encontraba mojada por la lluvia. C) De la pericia accidentológica incorporada a la causa penal a fs. 272 vta. bajo el título II. Descripción de los factores: a) Factor ambiental: indica que el lugar de ocurrencia es la ruta provincial nro. 2, con la jerarquía de simiautopista, con doble carril de circulación, con un ancho total de 6,80 mts. ancho, y banquinas laterales asfaltadas de 2,50 a 0,90 mts. de ancho, y los otros dos carriles lo hacen en sentido opuesto separados por un cantero central parquizado de a la altura del km. 194, zona rural, no cuenta con iluminación artificial.
El sector considerado es un tramo recto saliendo de una curva. Los carriles construidos por asfalto bituminoso en buen estado. Es una noche de poca visibilidad a consecuencia de la intensa lluvia reinante y con fluido tránsito vehicular hacia Buenos Aires. b) Factor vehicular: Participaron en el hecho dos micros. c) Factor humano: Los conductores de los dos micros, poseen carnet de conducir habilitante. III.- Análisis accidentológico: el hecho de produjo aproximadamente a las 2,15 horas. El interno 50 reviste el rol de embestidor físicomecánico y la unidad 36 el de embestido. Del estudio de los discodiagramas extraídos del tacógrafo del interno 50 se obtuvo que la velocidad de circulación al momento del impacto era de 25 a 28 km.
Para la unidad 36 se estableció mediante una formula matemática que la velocidad mínima de circulación al inicio de las huellas de derrape era de 95,67 k./hs. Y para la unidad 50 venía desarrollando en general velocidades máximas inferiores a los 90 km./hs. y previo a la colisión inicia una deceleración brusca y al llegar a una velocidad de 25 a 28 km./hs. las púas registraron una vibración (momento de la colisión) según informa la pericia del discodiagrama II de fs. 190. IV.- Puntos de colisión: La primer colisión (unidad 36) se produce contra el guard-rail izquierdo y la segunda entre ambas unidades (impacto del interno 50 contra el 36) producido en el carril derecho de la ruta (ver rayones y vidrios en planimetría).
D) A fs. 150 y 229 de la causa penal declaran como testigos Solarz e Impini relatando que se había desatado una intensa lluvia, corroborado ello con la declaración indagatoria del demandado y la pericia accidentológica. En su consecuencia, con los elementos de pruebas valorados precedentemente, que son interpretados bajo el método de “la sana crítica”, estimo que teniendo en consideración las circunstancias que rodearon al accidente: de las cosas riesgosas o peligrosas, de las personas, del lugar, del tiempo reinante, le atribuyo o imputo la responsabilidad objetiva el chofer del micro identificado con el nro. 50 sobre la base de que: 1º) Cuenta con licencia profesional para conducir este tipo de unidades de larga distancia, o sea que es un experto; 2º) La demandada al contestar la demanda dice que respecto al lugar del hecho, se produjo saliendo de la denominada “curva de la muerte”, desprendiéndose de ello que un perito en la conducción de esos micros conoce la zona y el lugar, de la cual se infiere que debería poner mayor cuidado diligencia y previsión, y con la agravante –que el mismo confiesa en sede penal- que la visibilidad no era buena porque era de noche y llovía copiosamente y con ráfagas de viento.
Agregando al contestar demanda la citada en garantía, textualmente a fs. 123 vta., referente a la circulación de las dos unidades de transporte que: “…lo hacían (…) a velocidad reglamentaria y separados entre sí por una distancia superior a doscientos metros (…) la carencia de mínima visibilidad (…) tornó inadvertible para el chofer del colectivo 50 que marchaba detrás del 36 (…) por lo que no pudo dejar de embestirlo”. 3º) Declara que circulaba a 70 km./hs. y de la pericia accidentológica se acredita técnicamente que lo hacía a menos de 90 km./hs. y que el impacto contra la otra unidad se produjo entre los 25 a 28 km./hs., de lo que se deduce que teniendo en cuenta que era de noche, con casi la visibilidad nula, con lluvia copiosa y viento, y mucho tránsito hacia Buenos Aires, y tomar una curva con un micro de esa naturaleza y con pasajeros –que conocía que era peligrosa- estimo sin hesitación que circulaba a velocidad excesiva, sin el debido cuidado y previsión, violando las normas de seguridad.
Siendo por ende todas estas circunstancias potenciadoras del riesgo o vicio de la cosa, es decir, que la culpa (la negligencia, la impericia e imprudencia) potencian al riesgo (arts. 512, 902, 1.109, 1.113. del Cód. Civ., y arts. 51, inc. 3, de la ley 11.430).
Respecto a la velocidad de circulación es uno de los factores principales en la producción de los accidentes de tránsito. La mayor o menor velocidad que el conductor imprime tendrá incidencia directa en el dominio que este tenga de la máquina. Y ambos elementos “velocidad” y “dominio” constituyen supuestos tenidos en cuenta y regulados por las normas de tránsito. En efecto, la conducción de un vehículo deberá ser hecha dentro de los limites de velocidad y manteniendo el pleno dominio sobre éste, según las circunstancias del caso. Recuérdese que el automotor en ciertas circunstancias es una cosa indócil. Esta obligación de seguridad lleva al conductor a reducir la velocidad y aun detener la marcha, de no hacerlo así, su rodado puede ser causa de accidente.
Por todo ello se hace lugar a los agravios expuestos por la actora en contra de esta parcela de la sentencia recurrida objeto de críticas.
IV. La incapacidad psicofísica.
A fs. 599790 se agravian de este rubro los demandados, señalados que al concederse una suma global, sin discriminar los conceptos dificulta la tarea de control que propician los agravios. Respecto a este tópico no le asiste razón al quejoso, por cuanto es de buena técnica judicial valorar, clasificar y cuantificar económicamente la incapacidad psicofísica sobreviniente causada a la persona humana con motivo de un accidente y con mayor razón cuando –como en la sentencia pronunciada por la Señora juez colega, se encuentra –en esta aspectodebidamente reseñada, considerada y fundada, que no admite dudas de ninguna naturaleza. Además, “obiter dicta” el tratamiento y consideración de dicho rubro en forma global, responde a una cuestión psicosomática de la persona humana, pues el hombre es psíquica y físicamente un todo integral, de cuerpo, psiquis, espíritu y alma. De allí que el daño a la persona se lo designa como daño a la integridad psicosomática, pues el daño a la salud compromete el entero modo de ser de la persona. Es un daño que afecta el bienestar integral de la misma, es un daño a la vida de relación laboral, familiar y social.
Respecto a que no hay constancias de asistencia médica a la actora después de ocurrido el hecho, ello resulta desacertado e inválido, pues a fs. 51/73 obran certificaciones médicas acreditándose especialmente en el de fs. 53 que: “...a raíz del accidente ocurrido el 26/5/98 presenta politraumatismos con hematomas en cara, cabeza y tórax y miembros inferiores con dolor precordial intenso (...) Se indica reposo por 30 días”. El certificado lleva fecha 27/5/98 y fue reconocido conjuntamente con la documental de fs. 52 y 53 como auténticas a fs. 315. Que a fs. 370/2 corre incorporada una pericia médica, con la cual se acredita que la actora padece una incapacidad física del l0% de la T.O./T.V., siendo portadora de una alteración en la región cervical, que se expresa por la disminución de la lordosis fisiológica y la presencia de dolor en las máximas excursiones (cervicalgia) y que debiera valorarse como causal la aparición de la patología cervical (cervicalgia), que es portadora la actora, con el accidente denunciado (sic.).
Oportunamente fue motivo de objeción por las demandadas a fs. 376, cuestionando la relación causal, recibiendo respuesta explicativa a fs. 381, basando sus conclusiones en la falta de antecedentes de patología artrósica de la actora y del entorno familiar directo, su edad (31) años, el tipo de tareas laborales denunciadas (docente), permite establecer de manera más que razonable, que la presencia de la cervicalgia que es portadora, tenga como causa originaria, el infortunio padecido denunciado en los presentes autos. A fs. 390 agrega que el perito emitió su dictamen en base al examen Clínico-semiológico a lo que fueron agregados los estudios complementarios, habiendo resultado negativas las primeras y positivas las segunda; reiterando que guardan relación causal y finaliza expresando que: “De no haber mediado el hecho traumático padecido, con especial incidencia en la región cervical, la deshidratación discal, es un hallazgo que puede cursar sin alterar el Estado de Salud Practica”, de la accionante (sic.).
Estas explicaciones del médico fueron contestadas por los demandados a fs. 394/5, reiterando la inexistencia de relación causal, observaciones que a modo de agravio reitera en su escrito de fs. 600/1. En tal sentido, sentencio que dicha pericia médica en su conjunto reúne los requisitos exigidos por los arts. 472 y 474 del Cód. Civ., por lo tanto le otorgo fuerza y validez probatoria, y doy por acreditada la relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño a la salud de la actora, según el curso natural y ordinario de las cosas y de conformidad con la experiencia de la vida diaria o más científicamente hablando desde el plano jurídico, las máximas de experiencia del juez (arts. 901 y 906 del Cód.
Civ.).
Los demandados se agravian también con referencia al porcentaje de incapacidad psíquica otorgado del 20%, siendo también inaceptable que el hecho tuvo una incidencia del 50%. En efecto, de las explicaciones que corren foliadas a fs. 335 vta. la perito psicóloga aclara que: “debemos tener en cuenta que la personalidad es una construcción dinámica e histórica del sujeto a partir de lo innato y lo adquirido, de lo constitucional, lo hereditario y la historia vital de cada persona. A su vez esos factores: a- lo constitucional, b- la historia virtal, c- el factor actual desencadenante, dan origen al estado psíquico actual de la peritada” (sic). En suma, entiendo que le asiste razón al quejoso apelante, en cuanto corresponde determinar que el factor concausal del accidente de autos, incidió en su psiquis en el porcentaje del 33,33% aplicable sobre el acertado promedio establecido por S. S. del 20%, arrojado un total de incapacidad psíquica del 6,66%.
Que atento al tiempo transcurrido desde la fecha del suceso de autos y la fecha en que se practicó el peritaje psicológico y los informes psicológicos cuyas constancias fotocopiadas obran a fs. 12, cuyo original consta agregado a fs. 21 de fecha 20/5/2.000 (documentación reconocida como autentica a fs. 369/369 vta.) que guarda relación y conexión con el peritaje psicológico producido a fs. 316/318 y 334/337 y lo declarado por el psicólogo Ciciaro a fs. 369 que asistió psicológicamente a la actora desde octubre del 2000 hasta mayo del 2001, y con aplicación del criterio jurídico de esta Sala, al considerar que toda lesión psíquica que dure en el tiempo más de dos (2) años se la considera permanente (arts. 1068, 1083 y 1086 del Código Civil y sus concordantes externos los artículos 90 y 91 del Código Penal. Por lo tanto este embate no debe prosperar. De lo que se deduce, que si después de transcurrido con exceso los dos años computados desde que se produjo el accidente a la fecha en que la actora fue peritada, con lo cual su incapacidad psíquica se considera permanente, el tratamiento psicoterapéutico constituye un paliativo para restablecer la vida lo más normal posible, aconsejándose un tratamiento de una duración aproximada de dos años, con una frecuencia semanal (ver fs. 335, al final (sic.); dictamen de fecha 22/2/2.002 (según cargo estampado a fs. 337), lo cual conduce a resarcir ambos rubros.
Por todo ello, estimo que la incapacidad psicofísica que padece la actora con motivo del accidente de autos, queda reducida al porcentaje del 15,99%. (T.O./T.V.), graduación calculada aritméticamente por el sistema de la capacidad restante.
Ahora bien, resta dar tratamiento y consideración a las quejas escozadas por la actora sobre este rubro en análisis de conformidad a su escrito que corre agregado a fs. 604/614.
En efecto, teniendo en consideración las condiciones personales de la actora, que a la fecha del accidente tenía 28 años de edad, soltera, de profesión docente, que percibía a la fecha del accidente una remuneración mensual de $370,00, corroborado con las declaraciones testimoniales obrantes a fs. 54/56, del beneficio de litigar sin gastos que tengo ante mi vista, y el informe de fs. 288 de los autos principales, la edad de vida útil de la mujer que actualmente alcanza a los 74 años de edad, el porcentaje del 15,99% de incapacidad psicofísica parcial y permanente que padece a actora a causa del accidente y su incidencia en la vida de relación, laboral, familiar y social, que constituye un daño a la salud humana, que repercute en toda su integridad psicosomática y en su entero modo de vivir, al alterar en su dimensión su estado de bienestar general, considerando que por salud se entiende según definición de la Organización Mundial de la Salud: “...un estado completo de bienestar psíquico, mental y social”, es decir lo que hace, en definitiva, idéntica asímisma, singular y única, irrepetible y no intercambiable, nos referimos al ser mismo del hombre, cuyo daño a la salud afecta al proyecto de vida de la persona humana (Carlos Fernando Sessarego, Protección a la persona humana, en la obra colectiva Daño y Protección a la Persona Humana, Ed. La Rocca, Bs. As., año 1993, págs. 19/80; y arts. 1.068, 1.083, 1.086 del Cód. Civ., y art. 165 del Cód. Proc.), estimo que corresponde elevar razonable, equitativa y prudentemente la suma fijada por S.S. y por dicho rubro, al importe de Pesos SETENTA MIL (70.000,00).
Finalmente, resultan inadmisibles las quejas formuladas por la recurrente en cuanto no se consideró cuantificar el daño por la pérdida de chance matrimonial ni el costo de un personal doméstico sustituto para cumplir tareas en el hogar que la actora no puede realizar a causa de su incapacidad, toda vez que nada de ello se reclamó en la demanda, ni fue tema de debate entre las partes, por lo tanto no puede ser considerado como un capítulo de tratamiento en ésta instancia superior, por no haber sido propuesto al Juez de Primera Instancia (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 272 del Código Procesal). En su consecuencia, se rechazan estos agravios propuestos por la actora.
V. Gastos de reposición de ropa, traslados y medicamentos.
La Sra. Juez colega de la instancia de origen fijo la suma de pesos TRES MIL ($3.000) por el concepto de gastos médicos, de farmacia y traslados en concepto de daño actual. La demandada se queja por cuanto considera que dicho importe es exiguo.
Ahora bien, sometiendo a revisión judicial la cuantificación económica de dicho rubro en cuestión y analizando las pruebas producidas en autos, entre ellos, los certificados médicos de fs. 21, 51, 52, 53, los estudios que corren glosados desde fs. 54 a 73, la índole de las lesiones sufridas, los tratamiento médicos que necesariamente fue sometida, los gastos de traslado a los centros médicos que por la gravedad de sus lesiones psicofísicas se presume debió sufragar (art. 163 inc. 5° del Cód. Proc.), que los mentados rubros guardan relación con la índole de las lesiones padecidas por la actora (avaladas por la pericias médica producida en autos), y sin perjuicio de que no se requiere una acreditación documentada en forma específica de dichos gastos, pues se entienden que son notorios, sin importar si fue asistido médicamente en un nosocomio público y aplicando la facultad que confiere el art. 165 del Cód Proc y atendiendo a la reparación integral del art. 1083 del C.C., considero justo, razonable y prudente confirmar el monto por dicho concepto a la suma de Pesos TRES MIL ($3.000,00) (arts. 1.083, 1.086 del Cód. Civ. y art. 165 del Cód. Proc.).
VI. Daño moral.
Apelan la cuantificación económica de este rubro tanto la actora por reducido y por elevado los demandados.
Surge del art. 1.078 del C. Civ. con claridad suficiente que el bien perjudicado puede ser la persona humana y se requiere una traducción o estimación pecuniaria, directa o indirecta. De donde no habría daño a la persona por un mal a ella causado, si no fuera posible una cuantificación dineraria. El llamado daño moral no es, entonces, un daño extraeconómico o extraordinario; aunque puede calificárselo, como extrapatrimonial porque recae sobre la persona y no sobre el patrimonio (Mosset Iturraspe, J. Responsabilidad por daños, t. V, El daño moral, Rubinzal Culzoni, Santa fe, 1999, p. 9 y ss. , Pizarro R. D., Daño moral, Hammurabi, Bs. As., 1996, p. 35 y ss. Zabala de González, M. Resarcimiento de daños, Hammurabi Bs. As., 1999, p. 178 y ss.).En cuanto al monto de la indemnización, en el estado actual del Derecho Argentino, la determinación de la cuantía de la indemnización por daño moral constituye un problema de solución aleatoria y subjetiva, librado al criterio del juzgador. Ello es así, evidentemente, por la falta de correspondencia entre un perjuicio espiritual y el patrón dinerario con que se resarce. Pero, además, debido a que falta todo criterio normativo regulador, que establezca algunas pautas comunes, con lo cual el tema queda abandonado a la intuición y discrecionalidad judicial.
Sin perjuicio considero oportuno fijar pautas a efectos de contar con ciertos parámetros orientadores en la materia, a saber: edad de la víctima, sexo, sus circunstancias personales, aspectos que hacen a la vida de relación, condición socioeconómica, posibilidades de reinserción en el mercado laboral, gravedad del daño, repercusión de las secuelas en la vida de relación, como también la índole del hecho generador del daño, las circunstancias vividas y protagonizadas en el momento del accidente, las angustias vividas durante el accidente, los politraumatismos sufridos y la dolencia incapacitante que padece, etc.. Como se observa todas estas pautas giran en torno a la víctima y no alrededor del victimario pues la tendencia generalizada de la jurisprudencia apunta a la teoría resarcitoria que le da fundamento jurídico. Se ha sentenciado que la fijación del importe del daño moral es de difícil determinación, ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre lesión a las afecciones intimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, es decir, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las victimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una ponderada discrecionalidad del juzgador (C. N. C. Civ. sala F, 18-08-92 LL, 1994-B-277).
En cuanto al reclamo de la incrementación del monto del resarcimiento del daño moral por la demora en la tramitación del juicio, en razón de que ello no ha sido sometido a la decisión del Juez de Primera Instancia, éste Tribunal no puede fallar sobre dicho capítulo, por así establecerlo el artículo 272 del Cód. Proc., declarándose improcedente dicho agravio Atento a las pautas vertidas, las circunstancias personales de la víctima mencionadas “ut supra“ al tratar el resarcimiento de la incapacidad psicofísica, realizando un análisis de los elementos de prueba producidos en autos, entre ellos, las declaraciones testimoniales de Velazco, Pacheco y Aragonez que lucen glosadas a fs. 247, 248/249, 251 respectivamente, (los cuales describen la personalidad de la actora antes y después del accidente, especialmente las secuelas dejadas por el mismo en su persona, mostrándose retraída, callada e indecisa, etc.), la pericia médica, las constancias de la atención médica incorporadas a la causa, estimo que el monto fijado por S.S. en la sentencia de primera instancia en concepto del resarcimiento de daño moral corresponde que sea elevado a la suma de pesos TREINTA Y CINCO MIL ($35.000,00) (arts. 522 y 1078 del Cód. Civil).-
Finalmente, y atento a que la actora al proponer su demanda practicó una liquidación provisoria de los distintos rubros y montos que componen los daños padecidos por la misma, reclamando en concepto de capital el importe denunciado en el escrito introductorio, y/o –bajo la ingeniosa formula jurídica-forense de aplicación y uso corriente- consistente en lo que en más o en menos surja de la prueba a producirse, y teniendo en consideración de que estamos en presencia de una deuda de valor que el Juez liquida en la oportunidad de dictar la sentencia, convirtiéndose en una deuda de dinero, estimo como ha quedado demostrado “ut supra”, que de las pruebas producidas en autos autoriza al Juez fijar un monto superior al reclamado provisoriamente en el escrito de demanda.
VII.-Las costas de Primera Instancia.
En el presente Voto se propone condenar como responsable del hecho al demandado Esteban Jorge Carossia, por lo tanto el mismo resultaría vencido por aplicación objetiva del principio de la derrota, por ende, correspondería que se lo condene al pago de las costas generadas en Primera Instancia. (art. 68 del C.P.C.C.)
Que habida cuenta del resultado del presente pleito, corresponde que se impongan las costas generadas en ésta Instancia recursiva a los demandados vencidos y su aseguradora –en la medida de la cobertura contratada- por aplicación del principio objetivo de la derrota (arts. 68 del C.P.C.C.).-
Por todas las consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales expuestas, VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA Por análogos fundamentos, los Dres. Alonso y Posca también VOTAN PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ
DOCTOR JOSÉ NICOLÁS TARABORRELLI dijo:
Visto el Acuerdo que antecede, propongo a mis distinguidos colegas: 1°) SE MODIFIQUE la Sentencia de Primera Instancia de la siguiente manera: a) SE ELEVEN los rubros concedidos en concepto de: Incapacidad psicofísica a la suma de Pesos SETENTA MIL (70.000,00) y Daño Moral a la suma de Pesos TREINTA Y CINCO MIL ($35.000,00); b) SE HAGA LUGAR a la demanda impetrada por la Sra. Silvia María Massaro contra el Sr. Esteban Jorge Carossia condenando a éste último a abonar a la accionante dentro del plazo de diez días de ejecutoriada la presente, la suma total de pesos CIENTONUEVE MIL NOVESCIENTOS VEINTE ($109.920,00) (quedando comprendido el capital de condena por los siguientes conceptos y montos: I) la suma de $70.000,00 en concepto de Incapacidad psicofísica, II) la suma de $35.000,00 en concepto de daño moral; III) la suma de $3.000 en concepto de resarcimiento de gastos asistencia médica, de farmacia y ropa; IV) la suma de $1.920,00 en concepto de gastos psicoterapéuticos), con más los intereses fijados en Primera Instancia desde la fecha de su exigibilidad (26 de mayo de 1998) hasta su efectivo e íntegro pago, e imponiéndose las costas generadas en dicho estadio al demandado Esteban Jorge Carossia por resultar vencido (art. 68 del C.P.C.C.), revocándose la imposición de costas a la parte actora; 2º) SE CONFIRMEN los rubros de gastos de tratamiento psicoterapéuticos en la suma de $1.920, y gastos médicos, de farmacia y ropa en la suma de $3.000 3º) SE CONFIRME el resto de la sentencia en cuanto ha sido materia de agravios. 4°) SE IMPONGAN las costas generadas en ésta Instancia Recursiva a los demandados vencidos y su aseguradora –en la medida de la cobertura contratada-, ello atento al modo en que se resuelve la presente contienda judicial y por aplicación del principio objetivo de la derrota (arts. 68 del C.P.C.C.); 5°) SE DIFIERA la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad, (art. 31. Decreto Ley 8904/77).-
ASI LO VOTO
Por análogos motivos los Dres. Alonso y Posca adhieren y votan en igual sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo que antecede, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: el resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, este Tribunal
1. MODIFICAR la Sentencia de Primera Instancia de la siguiente manera: a)
ELEVAR los rubros concedidos en concepto de: Incapacidad psicofísica a la suma de Pesos SETENTA MIL (70.000,00) y Daño Moral a la suma de Pesos TREINTA Y CINCO MIL ($35.000,00); b) HACER LUGAR a la demanda impetrada por la Sra. Silvia María Massaro contra el Sr. Esteban Jorge Carossia condenando a éste último a abonar a la accionante dentro del plazo de diez días de ejecutoriada la presente, la suma total de pesos CIENTONUEVE MIL NOVESCIENTOS VEINTE ($109.920,00) (quedando comprendido el capital de condena por los siguientes conceptos y montos: I) la suma de $70.000,00 en concepto de Incapacidad psicofísica, II) la suma de $35.000,00 en concepto de daño moral; III) la suma de $3.000 en concepto de resarcimiento de gastos asistencia médica, de farmacia y ropa; IV) la suma de $1.920,00 en concepto de gastos psicoterapéuticos), con más los intereses fijados en Primera Instancia desde la fecha de su exigibilidad (26 de mayo de 1998) hasta su efectivo e íntegro pago, e imponiéndose las costas generadas en dicho estadio al demandado Esteban Jorge Carossia por resultar vencido (art. 68 del C.P.C.C.), revocándose la imposición de costas a la parte actora; 2º) CONFIRMAR los rubros de gastos de tratamiento psicoterapéuticos en la suma de $1.920, y gastos médicos, de farmacia y ropa en la suma de $3.000 3º) CONFIRMAR el resto de la sentencia en cuanto ha sido materia de agravios. 4°) IMPONER las costas generadas en ésta Instancia Recursiva a los demandados vencidos y su aseguradora –en la medida de la cobertura contratada-, ello atento al modo en que se resuelve la presente contienda judicial y por aplicación del principio objetivo de la derrota (arts. 68 del C.P.C.C.); 5°) DIFERIR la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad, (art. 31. Decreto Ley 8904/77).-REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fdo.: Dr. José Nicolás Taraborrelli, Dr. Ramón Domingo Posca, Dr. Eduardo Angel R. Alonso. -Jueces- Ante mi: Dra. Edith Irene Rota.-Secretaria-
Fin de la sentencia